Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la ceremonia de inauguración de las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho, realizada en el Museo Nacional De Antropología
México, D. F., a 22 de marzo de 2010
Muy buenos días a todos, saludo con especial respeto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al diputado Moreira, que representa, junto con otros de sus compañeros, al Poder Legislativo; al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y también muy especialmente a quienes representan a una sociedad civil especial, aquellos líderes de la sociedad civil que habiendo sido fustigados por el dolor de la violencia han asumido de su vida una plataforma para reconstruir a México sobre una base distinta.
Su ejemplo para sublimar el dolor y el sufrimiento, y convertirlo en propuesta, convertirlo en lucha cívica, convertirlo en exigencia y convertirlo en testimonio es una de las fortalezas de México.
También celebro que sea en este lugar en donde se inicien estos trabajos. El Museo Nacional de Antropología es un archivo de nuestra memoria concreta de piedra, de nuestra memoria de cristal, y aquí venimos a discutir dónde estamos, lo que somos y lo que queremos construir como país.
El Estado se compone, entre otros elementos, del Gobierno, de la Nación, del Orden Jurídico y del Territorio. No hay una diferencia esencial entre la Nación y el Estado, sino como un elemento que integra al otro.
Y cuando discutimos la necesidad de construir un acuerdo para consolidar la cultura de la legalidad y los deberes de las personas, es lo que estamos buscando: La alineación de la sociedad y del Gobierno, la capacidad de hacer valer los principios y valores que sustentan la convivencia, la capacidad de llevar a cabo los deberes que le imponen a unos y a otros adelante para construir un futuro mejor.
Una buena parte de la fortaleza del Gobierno se construye desde la ciudadanía; desde la ciudadanía se celebran los procesos políticos que deciden la representación y determinan quién debe gobernar.
Así se determina el espacio parlamentario Legislativo y el espacio Ejecutivo, y juntos construyen la cabeza del Poder Judicial, que es el otro Poder, que así recibe una legitimación indirecta a través de representantes que han sido electos directamente.
Desde la ciudadanía se señalan los mandatos y las exigencias que construyen la tarea del legislador, un legislador que debe atinar a consolidar normas en las cuales se puedan reconocer a todas las personas; normas que sean razonablemente cumplibles, normas que induzcan a una obediencia digna en función de los principios y los valores que dirigen.
Porque todos en un principio somos ciudadanos, la tarea del Servicio Público nos viene después de habernos consolidado como ciudadanos, inclusive sobre esa misma ciudadanía es de donde se construye el sentido recto del deber para cumplir como funcionarios públicos.
Porque aquí todos venimos a buscar los mecanismos que nos obliguen -a todos por igual- a vernos y a respetarnos cada uno en el otro; no solo respetar al otro, sino respetarse uno mismo en el otro.
Estos son los deberes que buscamos identificar y que queremos promover: los deberes del respeto y la empatía.
La violencia surge cuando no podemos reconocernos en el otro. Quien violenta, quien agrede, ya sea autoridad o persona particular, tiende a cosificar al otro, tiende a no verlo como un ser de la misma especie, como un enemigo de su propia especie y en ese sentido tenemos que reconciliar para fortalecer la justicia y la seguridad, tenemos que reconciliar.
Así pues, este también es un ejercicio de reconciliación, de encontrar qué soluciones inevitablemente merecen ser enfrentadas por la fuerza; es así, por la fuerza legal a manos de la autoridad.
¿Cómo debemos organizar el ejercicio de esa fuerza para que sea democrática, respetuosa de las personas, capaz de proteger a las víctimas, que en su ejercicio no brutalice a nadie, pero que sea eficaz para proteger a los demás?
Hoy por hoy en el Congreso, especialmente en el Senado se discute una siguiente fase para consolidar un Sistema de Seguridad que ahonde ahora en las potencias de las entidades federativas, que busque ahora, en la prioridad de las inversiones públicas, fortalecer las capacidades estatales para ir acercando la solución cada vez más a los ciudadanos, para ir desplazando en el tiempo aquellas fuerzas federales que no tienen como tarea natural la seguridad pública, sino la defensa de la integridad territorial y la atención a las emergencias.
Esa es una discusión que debe acelerarse para llegar a consolidar instituciones de seguridad democráticas, que bien entrenadas, bien visualizadas, bien controladas, sean capaces de infundir confianza en la ciudadanía.
Yo recuerdo alguna vez que un familiar muy cercano a mí fue víctima de un asalto; inmediatamente nos impusimos el deber de denunciar y debo recordar el temor que le dio a esa víctima cuando, ante la autoridad, tuvo que repetir los hechos, decir dónde vivía y cómo se llamaba en un grado de comunicación mayor con la autoridad y cómo sintió esta incertidumbre de verse expuesta ante una nueva agresión potencial, entregándosele a alguien que no le inspiraba confianza.
En una sociedad democrática solo la autoridad puede usar la fuerza para proteger al inocente y solo la autoridad puede emplear la fuerza para someter a quien se resiste a ser sometido, tratándose de un delincuente.
Pero esa autoridad es ciega y sorda si no tiene ni el respaldo, ni la vigilancia, ni la supervisión, ni la colaboración de la ciudadanía; no le llega la información atendible que todos conocemos sobre las situaciones de riesgo que existen en nuestro alrededor inmediato; dónde están los picaderos, dónde se dan los fenómenos de violencia, dónde se concentran gentes que no tienen otra inspiración más que causar temor a sus vecinos y a sus compañeros; esa es la información que requiere una autoridad diligente para poder proteger. Y en ese sentido, el Estado tiene que cumplir el reto de progresar en la construcción de instituciones.
Otra reforma que está en el Congreso es aquella que pueda acercar a la ciudadanía con la política. Regreso: La Reforma Política en su esencia está diseñada para fortalecer al Estado.
¿Cómo? Fortaleciendo la incidencia de los ciudadanos en la definición de la representación política, revirtiendo el desprestigio que en muchos espacios está teniendo la política y que es algo peligrosísimo en una sociedad democrática que exige consolidar sus instituciones para resolver sus grandes problemas como la falta de crecimiento, inequidad social, inseguridad y la necesidad de reconstruir o retomar el desarrollo social y económico.
Y que necesita puentes más cercanos entre sus ciudadanos y sus políticos, y que necesita espacios donde sus ciudadanos puedan representarse cuando no se ven expresados o reconocidos por las fuerzas políticas y que induzcan a las fuerzas políticas para buscar a los líderes ciudadanos como un mecanismo para fortalecer la representación y que también mejore la gobernabilidad.
Una sociedad democrática también procesa conflictos. La unidad nacional que México hoy tiene, a pesar de las confrontaciones aquí denunciadas, está consolidada, porque es el paraguas mediante el cual los políticos procesan sus diferencias y los ciudadanos procesan sus diferencias.
Sin embargo, sería un error darla por hecho. Esa unidad nacional debe ser preservada constantemente porque nos ampara, como este techo, a todos y aquí todos podemos tener orígenes, lugares y visiones distintas, pero nos reunimos a coincidir, a encontrar las fortalezas de nuestras coincidencias y los mecanismos para respetar nuestras diferencias.
Así pues, también desde aquí se afirma la autoridad moral de los jueces. La función judicial tiene un especial problema porque normalmente dirime controversias y al centrarse o resolverse estas controversias puede generar el reconocimiento de mayores derechos en una parte o en la otra en lo que se disputan.
La Judicatura tiene que argumentar ante los justiciables la razón de su sentencia, tiene que explicar los principios y las razones que nutren a las leyes; las normas no son mandatos vacíos, son producto de la experiencia humana, son aspiraciones y anhelos de seres humanos que deciden darles fuerza de Estado.
Así pues, yo celebro el inicio de estas Jornadas; reitero el compromiso del Gobierno Federal y de la Administración Pública a hacerlo; me parece fundamental que se haga desde el ámbito de los Derechos Humanos, porque éstos deben ser protegidos por la autoridad, pero también tienen que ser profundamente velados, cuidados, celados, promovidos y multiplicados desde la sociedad, desde la convivencia.
Si los seres humanos como seres particulares no asumimos nuestros deberes de respeto y de cooperación con los demás, el Estado es débil, la sociedad es poco cohesionada y la ocasión para el violento, el tramposo, el corrupto, el ocurrente, se agranda.
Bajo esta ratificación del principio seguiremos atentos a cuáles son los caminos, porque mucha de la consolidación de un Estado democrático en México pasa por la culturización de nuestros deberes y de nuestros derechos; por asumirnos como corresponsables los unos con los otros, por darle al Estado las herramientas para resolver sólo las controversias reales, que entre menos sean, mejor; y son menos cuando entre todos podemos construir una convivencia más civilizada, más humana y más razonable.
La paz se construye desde cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros.
Así pues, sepa usted, señor Presidente, que cuenta con el compromiso del Gobierno Federal como una de las ramas obligadas, porque creemos profundamente en un proyecto de un Estado democrático que se construya sobre la cercanía de los políticos con los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí por los mejores valores y principios de México.
Muchas gracias.
**
La
Sin duda, todos son hombres muy ocupados. La mañana de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitó a participar en un acto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al secretario de Gobernación y al procurador general de la República. Todos confirmaron, pero no todos asistieron. El ministro presidente de la Corte asistió y después de su participación llegó a tiempo para estar en la sesión del pleno del alto tribunal. Gómez Mont asistió y salió corriendo para ir a Nuevo Léon a dar la cara del gobierno federal en el frente de la guerra contra el narco que está abierto en ese estado. El que de plano no asistió al acto en que se habló de la necesidad de crear una cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos fue el procurador general de la República.
Columna Bajo Reserva/El Universal, 23 de marzo de 2010, dice.
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