Diego Monroy: una vida de escándalo

Monseñor Monroy: una vida de escándalo impune
Rodrigo Vera
Revista Proceso # 1783, 2 de enero de 2010;
Con el nombramiento de Enrique Glennie Graue como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe para los próximos cinco años, Diego Monroy deja el santuario inmerso en escándalos por su proclividad a los negocios; algunos lo acusan incluso de simonía y de entregar al magnate Carlos Slim la Plaza Mariana. El cronista guadalupano Horacio Sentíes dice que ahora el principal misterio de la Basílica no es la aparición de la Virgen, sino la desaparición de las enormes sumas de dinero que deja su culto.

Tras 10 años de realizar multimillonarios negocios con el culto guadalupano –al grado de que terminó aliándose con el empresario Carlos Slim–, monseñor Diego Monroy Ponce renunció a la rectoría de la Basílica de Guadalupe sin haber rendido cuentas sobre el manejo que hizo del más importante y rico santuario mariano a nivel internacional.
Su salida se dio a conocer el miércoles 22 de diciembre. En su lugar se nombró al sacerdote Enrique Glennie Graue, que estaba a cargo de la VI Vicaría de la Arquidiócesis de México. Los cambios los hizo el superior jerárquico de ambos, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México y quien finalmente decide el rumbo del santuario.
Horacio Sentíes, cronista de la Villa de Guadalupe, comenta al respecto:
“El pueblo de México tiene todo el derecho a saber cómo administró Diego Monroy las cuantiosas riquezas que entran al santuario, cómo manejó los donativos y limosnas que le aportó el mismo pueblo. Sin embargo, protegido por el cardenal Rivera, Monroy se va sin rendir cuentas, lavándose las manos como Pilatos. Sus negocios siempre los realizó en lo oscurito, como se dice coloquialmente.”
Agrega que el periodo de Monroy –de 2000 a 2010– se caracterizó no por lo religioso, sino por el sesgo “empresarial y de negocios” que le dio a la Basílica de Guadalupe.
“A Monroy el aspecto devocional y religioso no le importó. Todo fue hacer negocio tras negocio a expensas del culto guadalupano. Durante años estuvo recaudando donativos entre los fieles para construir la Plaza Mariana. También estuvo vendiendo por adelantado los nichos que supuestamente habrá en ese lugar. Pero jamás nos informó cuánto dinero logró juntar ni dónde está actualmente. Ese dinero de los mexicanos simplemente se esfumó.
“Monroy terminó aliándose nada menos que con Carlos Slim para realizar ese ambicioso proyecto empresarial. Ahora, Slim ya está construyendo esa plaza en lo que será la ampliación del atrio de la Basílica. De inmediato se nota que será un desarrollo para hacer negocios.”
–Pero Slim ha dicho que donará la construcción de ese centro religioso-comercial…
–No creo que Slim sea tan espléndido como para donar una obra tan costosa. ¡Por favor! ¡Que no nos salgan con cuentos! En ese tipo de obras siempre hay arreglos por debajo de la mesa. Tratan de engañarnos poniendo a Slim como el gran benefactor guadalupano. Nos han engañado tantas veces que ya no les creemos. ¿Cuánto invertirá Slim ahí? ¿Cuánto reclamará por su inversión? Lo ignoramos.
Cronista de La Villa durante más de 30 años, autor de los libros La Villa de Guadalupe, historia, estampas y leyendas, y La Villa de Guadalupe, crónica centenaria, entre otros, Sentíes señala que ni siquiera se ha dicho cuál es el proyecto arquitectónico con el que se está levantando la Plaza Mariana:
“Se han manejado como cuatro proyectos arquitectónicos distintos. Primero nos dijeron que la diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Luego que fue el arquitecto Javier Sordo Madaleno. Ahora se dice que Slim impuso a su propio arquitecto. Total que no sabemos nada. Todo es pura confusión.”
–¿El sucesor de Monroy está obligado a informar?
–Sí, como nuevo rector del santuario, el padre Glennie tiene, por lo menos, la obligación moral de decirnos dónde quedaron los donativos de los fieles para construir la Plaza Mariana, a cuánto ascienden, cuánto costará la construcción, qué acuerdos se tomaron con Slim… todo eso. ¡Caray!, hasta las sirvientas informan cuánto dinero se gastan al hacer el mandado.
Nombramiento por “dedazo”

Sentíes repara en que Glennie ni siquiera pertenecía al cabildo de la Basílica de Guadalupe, por lo que no conoce las necesidades del santuario. “Es una persona totalmente externa. Su designación fue una medida unilateral tomada por el cardenal Rivera”, dice.
En efecto, apenas el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Rivera designó a tres nuevos miembros del cabildo, entre ellos Glennie, de quien de inmediato se dijo que sería el sucesor de Monroy, cuyo segundo quinquenio al frente del santuario concluía el último de diciembre.
Por dedazo del cardenal, Glennie se impuso sobre los restantes 15 miembros del cabildo, todos con derecho a suceder a Monroy, a quien el cardenal pudo haber reelegido para un tercer quinquenio. Pero no lo hizo, aparentemente por instrucciones del Papa Benedicto XVI enviadas a través de su nuncio apostólico en México, Christophe Pierre.
Ese mismo día 12, Pierre se reunió con el cardenal y los miembros del cabildo. Juntos concelebraron incluso la misa del mediodía. Fuentes confidenciales señalaron que el Vaticano rechazó a Monroy debido a sus escándalos de corrupción, ventilados puntualmente por Proceso. Monroy era un cartucho quemado. El cardenal tuvo que sustituirlo por Glennie, otro de sus incondicionales, pero del que espera mayor cautela.
Eso sí, por conveniencia común se acordó cuidarle las espaldas a Monroy… y seguir manteniendo en secreto los múltiples negocios que venía manejando y heredó a su sucesor.
A través de un comunicado emitido el 22 de diciembre, el cardenal dio a conocer los cambios y le agradeció su labor a Monroy:
“El cardenal Norberto Rivera Carrera hace pública su profunda gratitud a monseñor Diego Monroy por su absoluta entrega y dedicación al servicio de la Basílica de Guadalupe, quien durante 10 años acogió cordialmente incontables peregrinaciones provenientes de México y de varios países.
“Su amor por la Virgen de Guadalupe quedó de manifiesto en distintas y continuas acciones, así como su preocupación por los millones de fieles que han acudido al santuario.”
Y a Glennie –quien fue rector del Seminario Mayor de México y párroco del templo de Santo Domingo–, el cardenal le deseó que “el Señor y la Virgen de Guadalupe iluminen su nueva encomienda”.
Así, Rivera Carrera dio por concluida la rectoría de Monroy, marcada por negocios ilícitos, acuerdos secretos, acelerado enriquecimiento personal y hasta sospechas por el asesinato de un miembro del cabildo que denunció sus corruptelas ante el Vaticano.
Por ejemplo, en un contrato “secreto” efectuado el 31 de marzo de 2002, Monroy vendió en “exclusividad” los “derechos de propiedad” de la imagen guadalupana a la trasnacional Viotran, con sede en Orlando, Florida. Con ello, esta empresa estadunidense era la única que podía explotar la imagen. Por la venta del copyright Monroy recibió 12.5 millones de dólares (Proceso 1321).
Sin embargo, esta venta fue calificada de “ilegal” por los especialistas en derechos de autor, quienes argumentaban que la imagen guadalupana, aparte de su carácter religioso, es un símbolo nacional de “dominio público” que no puede venderse en exclusividad con fines lucrativos, como lo hizo Monroy, avalado por el cardenal Rivera.
Especialistas en derecho canónico señalaban que Monroy estaba cometiendo delito flagrante de “simonía” por mercantilizar esa importante imagen de culto. Le correspondía como castigo –decían– la suspensión de su ministerio sacerdotal. Pero no se procedió contra él.
Un cúmulo de irregularidades

En abril de 2003, el entonces jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, le regaló a la Basílica un área de casi 30 mil metros cuadrados para que en ella se ampliara el actual atrio. Diego Monroy anunció que ahí construiría la llamada Plaza Mariana, el complejo religioso-comercial más ambicioso del país.
De inmediato, Monroy empezó a pedir donativos, principalmente entre los fieles guadalupanos de México y de Estados Unidos, con el fin de financiar la construcción de la obra. Abrió dos cuentas bancarias para recolectar el dinero.
También empezó a vender por adelantado los 115 mil nichos que, se dice, tendrá la Plaza Mariana, los cuales generarán ingresos por alrededor de 5 mil millones de pesos.
Por si fuera poco, Monroy lanzó una tarjeta telefónica en Estados Unidos con la imagen de la guadalupana, en colaboración con la empresa Starcom, que vende tarjetas de prepago en ese país y Canadá. Los ejecutivos de la empresa revelaron que 25% de las ganancias se iba a los bolsillos de Monroy, para que construyera la Plaza Mariana (Proceso 1592).
Cuando los usuarios introducían la “tarjeta guadalupana” en un teléfono público, se escuchaba una bendición con la voz grabada de Monroy. “Grabé 32 mensajes distintos. Son mensajes de aliento, de esperanza”, explicaba éste.
Así, por éstos y otros medios, Monroy juntó durante años millonarias sumas de dinero para financiar la obra, que sin embargo no se empezaba a levantar. En 2009, el gobierno capitalino comenzó a presionar a Monroy para que iniciara la construcción y le advirtió que de no hacerlo podría quitarle el terreno donado por López Obrador.
Fue hasta 2010 –siete años después de recibir la donación– cuando el Grupo Carso, de Carlos Slim, empezó la edificación de la Plaza Mariana. El 31 de agosto de ese año, el magnate anunció que la obra sería un regalo de la Fundación Carlos Slim:
“Va a ser una plaza y la vamos a donar; vamos a construirla a cuenta de la Fundación”, aseguró Slim.
El costo de la obra se calcula en 900 millones de pesos. Si realmente la regala Slim, ¿qué se hará entonces con el dinero recaudado por Monroy entre los fieles? ¿A cuánto asciende su monto? ¿Dónde está? Nunca se ha explicado.
Sin embargo, desde hace varios años algunos líderes de comerciantes de La Villa, entre ellos Jesús Badillo, dirigente de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, habían advertido que Slim estaba metido en el proyecto desde su inicio, sólo que hasta ahora el empresario dio la cara abiertamente.
En lo que toca a las irregularidades cometidas por Monroy durante su rectorado, éstas eran reportadas con todo detalle al Vaticano por uno de los mismos canónigos de la Basílica de Guadalupe, monseñor Jesús Guízar Villanueva, sobrino de San Rafael Guízar y Valencia.
En sus reportes confidenciales al Papa Benedicto XVI –cuyas copias tiene este semanario–, Guízar Villanueva se quejaba de que Monroy había convertido al santuario en una jugosa “empresa” alejada de sus fines pastorales.
Hablaba del “afán desmedido por el dinero” que tenía el rector, quien logró acumular “riquezas inexplicables”, entre ellas lujosas residencias en la Ciudad de México y Michoacán, su estado natal.
También lamentaba que Monroy hubiera impuesto como tesorero del santuario a su “querido”, el “laico Héctor Bustamente”, con quien solía realizar viajes de placer por todo el mundo o encabezar afiebradas orgías en el propio santuario.
El canónigo Guízar Villanueva pedía en sus informes al Vaticano: “no que se me crea, sino que se me oiga y se investigue a fondo”. Solicitaba una “auditoría” o una “visita canónica” al santuario.
Guízar estaba esperando respuesta papal cuando, sorpresivamente, fue encontrado golpeado y bañado en sangre en su dormitorio, en enero pasado. Murió en el hospital. Sus familiares sospechan que se trató de un homicidio (Proceso 1769).
Fueron estos antecedentes de Monroy los que –según fuentes confidenciales– influyeron para que ya no fuera reelegido rector por tercera ocasión.
Ahora, alejado de esa responsabilidad, Monroy planea abrir un museo de “nacimientos” navideños en su residencia de Quiroga, en Michoacán.
“La casa donde yo nací la quiero donar a mi pueblo para que sea una casa de cultura. Quiero darla para que albergue este museo”, dijo Monroy en una entrevista difundida el pasado 22 de diciembre en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame).
Y explicó que ha logrado juntar una colección de mil 600 nacimientos de distintos países, que datan del siglo XIII a la fecha.
Entusiasmado con su excéntrico hobbie, Monroy habló de las figuritas de cera, barro, hoja de lata, cobre y otros materiales con las que suele adornar sus primorosos “nacimientos”. Sobre todo le gustan las figuritas del señor San José: “Yo me imagino a San José como el más guapo de Nazaret”, dijo. Y habló sobre uno de sus nacimientos preferidos: se compone de 400 figuras de cera que representan los pasajes más relevantes de la Biblia.
“Los nacimientos siempre tienen un valor catequético. Presentarlos al público mueve a la reflexión”, explicó Monroy, quien para nada abordó el espinoso tema del dinero que recaudó y no se sabe dónde está.
Para Horacio Sentíes, el cronista de La Villa, Monroy es sólo el último encargado del santuario que logró enriquecerse con el culto a la Virgen del Tepeyac, que cada año jala alrededor de 20 millones de peregrinos a la Basílica:
“Muchos de los antecesores de Monroy han hecho lo mismo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Yo siempre he dicho que el principal misterio de la Basílica no es la aparición de la Virgen, sino la desaparición de las enormes sumas de dinero que deja su culto”, dice el cronista.
–¿El nuevo rector podrá impulsar un cambio drástico en ese sentido?
–No, no lo creo. Glennie le dará continuidad a los negocios que le heredó Monroy. Será el rector de la continuidad. Finalmente, el cardenal Rivera sigue estando detrás de ambos. Y nos esperan más sorpresas cuando empiece a funcionar la Plaza Mariana.

Reportaje de la Marcela Turati

Una puñalada a la justicia
Marcela Turati
 Revista Proceso # 1783, 2 de enero de 2011;
El asesinato de la señora Marisela Escobedo –quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí– a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país. El crimen también dejó al descubierto que, si bien el modelo se acerca a los criterios jurisdiccionales del primer mundo, nunca dejó de arrastrar los peores vicios del pasado.
 Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.
“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.
Un sicario asesinó a Escobedo la noche del 16 de diciembre frente a la casa de gobierno, donde acampaba pidiendo el encarcelamiento de Barraza. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Cuando se difundió el video en los noticieros nacionales, el gobernador César Duarte anunció que exigiría la destitución de los jueces que ocho meses antes absolvieron al culpable: de inmediato, el Supremo Tribunal de Justicia los separó de su cargo, el presidente del Congreso anunció su desafuero para que se les castigara penalmente, y el presidente de la CEDH presentó una demanda de juicio político en su contra. En el vendaval, otros políticos anunciaron que acabarían con el fuero de los jueces y les reducirían el salario.
El Heraldo de Chihuahua publicó que los tres habían “reprobado” su examen de admisión para ser jueces orales, pero habían sido contratados mediante influencias políticas.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados reaccionó mediante un desplegado abierto que cuestionó la invasión de poderes por parte del gobernador: “(Fue) evidente lo que todo mundo sabe: el sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo al poder Ejecutivo (…) ¿De aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte un auto de libertad o una sentencia absolutoria, será suspendido, desaforado y sujeto a proceso penal?”
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coadyuvante en el caso de Rubí, consideró el asesinato como un “crimen de Estado” y señaló que debe sancionarse a todos los eslabones del sistema: policías, agentes del MP, peritos y jueces responsables.
Por su parte, cuatro jueces de tribunales orales entrevistados por este semanario se dijeron preocupados.
“Si los jueces, a partir de los elementos que se les da en el juicio, consideran que no se ha demostrado la culpabilidad y absuelven, y se considera que está mal su fallo, entonces debemos concluir que los jueces deben condenar a todos. Y si esa es la conclusión, entonces prescindamos de los jueces”, opinó el juez Carlos Martínez García, quien recalcó que aún cuando un juzgador emita una sentencia cuestionable, hay una instancia superior que puede corregir el fallo.
Con 18 años de experiencia, Martínez señala que si se reduce “la ya de por sí disminuida autonomía judicial” algunos jueces dejarán de absolver a inocentes para no enfrentar consecuencias similares, y el ciudadano de a pie pagará las consecuencias porque si es acusado será siempre condenado.

Chihuahua, el modelo

El nuevo sistema inició en la capital del estado de Chihuahua en enero de 2007 y en Juárez un año después, lo que convirtió a la entidad en la primera del país que adopta este modelo para todos los delitos, imprudenciales y dolosos.
El modelo fue publicitado como el remedio a todos los males: gracias a las técnicas de mediación entre partes pocos asuntos se convertirían en demandas penales; aliviarían la saturación en las prisiones al ser pobladas tan sólo con criminales peligrosos; policías con licenciatura  investigarían los delitos con métodos científicos y ya no patrullarían sin rumbo; existiría un cuerpo de defensores de oficio independientes de la procuraduría; los juicios serían orales y a la vista de todos; habría casos que concluirían en 10 días y los imputados de delitos no graves atenderían sus juicios en libertad y no en prisión preventiva.
Poco a poco, según sus impulsores, se extinguirá la figura del policía que tortura a inocentes en mazmorras y a punta de tehuacanazos los obliga a declararse culpables; la confesión dejaría de ser la madre de todas la pruebas; desaparecerían las pilas de expedientes polvosos acumulados por años en los juzgados, los años de espera para una sentencia y los “usted disculpe” a quienes eran mantenidos en la cárcel por error.
La reforma se convirtió en el sello de gobierno del exmandatario chihuahuense José Reyes Baeza, quien tuvo en Patricia Rodríguez, abogada como él, su principal impulsora desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El gobierno estadunidense, a través de la organización Proderecho, financió la capacitación de los nuevos agentes del sistema, quienes tuvieron maestros ingleses, costarricenses, argentinos y chilenos. El gobierno construyó nuevas instalaciones y creó un laboratorio científico para analizar todo tipo de evidencias y destinó mil 600 millones de pesos para la reforma.
Sin embargo, la presentación en sociedad de la nueva justicia coincidió con la peor etapa de inseguridad, que convirtió a Chihuahua en el estado puntero nacional de homicidios y a Juárez en la ciudad más violenta del mundo.
Con tantos homicidios y delincuencia desbordada, el nuevo sistema de justicia no redujo los índices de impunidad y en investigación de delitos. En consecuencia, la gente percibió que el nuevo procedimiento favorece a los criminales y se criticó al garantismo del nuevo sistema, que privilegia la presunción de inocencia, y a los juicios con el acusado en libertad.
“Lo que estamos viviendo tiene su origen desde la misma implantación del nuevo sistema que, aunque es bueno, siempre representó un capital político, siempre sujeto a golpeteos; y en las campañas pasadas fue bandera de los candidatos del PRI y del PAN que tomaron el clamor social de hartazgo hacia la impunidad. Aparentemente hay un rompimiento en el PRI entre el gobierno anterior y esta administración, y como el nuevo sistema representa un emblema de Reyes Baeza se le comenzó a criticar. Y tristemente, a raíz de la muerte de la señora, el sistema se convirtió en rehén de la política, y esta persecución puede influir en las decisiones de los jueces con tal de no ser perseguidos”, opina otro juez, que pidió el anonimato.
Para este hombre, hubo otras fallas de inicio: no se explicó correctamente a la ciudadanía en qué consistiría el nuevo sistema, se crearon expectativas que sobrepasaban su verdadero alcance, se vinculó al juicio oral con el combate a la impunidad (“aunque la impunidad depende de la persecución del delito y no de su aspecto procesal”, dice uno de los juzgadores) y se capacitó insuficientemente a la policía investigadora.
Otro juez, que también pidió el anonimato, señaló que el ataque del Congreso del estado a los “privilegios” de los jueces es errado, ya que recibir un buen salario y tener fuero es una garantía de imparcialidad, “para evitar corrupción y para tener la tranquilidad de que no se sufrirán las consecuencias por aplicar la ley”.
Coinciden en que si la ley está mal, hay que cambiarla pero no culpar de ella a sus operadores. Señalan, sin embargo, que el código penal ha sufrido en cuatro años tantos remiendos por parte de los legisladores (al menos 113 al Código Penal) que el sistema cada vez se parece más al antiguo, con más causales de prisión preventiva, con más garantías hacia quien se dice la víctima, con más recovecos para subsanar las fallas investigativas del MP. “Es cada vez más inquisitorial”, opinó otro juez.
Estos jueces son capacitadores en otros estados de la República donde se implementará el nuevo sistema. Al Poder Judicial de Chihuahua se le considera el alumno más avanzado.

Caso Rubí, prueba de fuego

Las quejas y los ajustes comenzaron desde el estreno del sistema.
Los policías municipales de Chihuahua se decían desalentados por este nuevo procedimiento que presume la inocencia de los acusados y se quejaban de que la justicia era como una puerta giratoria: en cuanto atrapaban a un maleante los jueces lo liberaban. Por su parte, las víctimas se desesperaban al ver que el imputado enfrentaba su proceso en libertad y la ciudadanía veía que la inseguridad, en vez de disminuir, aumentaba.
Un operador del nuevo sistema comenta que siempre hubo tironeos entre la procuraduría y el tribunal: como los agentes del MP no integraban bien las pruebas, los jueces liberaban incluso a los criminales cuya captura el gobierno había mostrado como trofeo. Lo mismo ocurrió cuando el Ejército y la Policía Federal comenzaron a operar en el estado sin conocimiento previo de técnicas de investigación: si los detenidos llegaban torturados y la única prueba era su confesión, salían libres.
Se dieron varios casos de detenidos presentados a los medios como multihomicidas, a quienes a la hora del juicio el fiscal sólo culpó de posesión de armas por falta de elementos. Un caso que destapó El Diario de Juárez fue el de las 36 personas a las que el gobierno presentó a los medios como los perpetradores de 900 homicidios, a quienes, ante los tribunales, presentaron cargos por 63 asesinatos y únicamente contra 14 de ellos. En los medios chihuahuenses también se publicaron casos en los que delincuentes quedaron libres porque el MP ni siquiera se presentó al juicio.
En ese contexto de cuatro años de hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia transcurrió el juicio a Sergio Barraza, pareja sentimental de la adolescente Rubí Frayre Escobedo. Para deshacerse de ella, la asesinó a golpes, metió su cuerpo en un tambo, le prendió fuego y luego lo tiró en un chiquero. Barraza confesó el crimen a su padrastro, a un amigo y a dos policías; incluso indicó dónde arrojó el cadáver. Su abogado pidió un juicio abreviado: se declararía culpable a cambio de reducirle la pena a 20 años de cárcel, pero aparentemente la señora Escobedo rehusó porque quería la pena máxima para él.
Sin embargo, el día del juicio ante el tribunal oral Barraza se abstuvo de declarar. A criterio de los jueces, los peritos no presentaron evidencia científica para establecer que él era el asesino y cómo la había matado. Como el nuevo sistema desestima las confesiones que no se hacen ante el juez, el imputado fue absuelto. El acusado pidió perdón a la madre, pero los jueces, en vez de dejarlo continuar, exigieron guardar silencio.
Después ocurrió lo que ya se conoce.
En la repartición de culpas no sólo salen mal parados los jueces, también los policías investigadores.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, en su desplegado, también cuestionó: “¿Reconocen la ineficacia de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, al no haber logrado detener a Sergio Barraza Bocanegra cuando se libró la orden de reaprehensión? (…) ¿Reconocen que en la selección de un gran número de operadores (jueces, defensores, coordinadores y ministerios públicos) del Nuevo Sistema de Justicia Penal imperó el amiguismo y el favoritismo?”
Al respecto, el visitador De la Rosa opina: “El Departamento de Estado de Estados Unidos envió enormes cantidades para capacitar a los jueces y los defensores, pero no fue significativo el dinero para los ministerios públicos, los operadores activos del sistema. Esta policía no está mentalizada para búsqueda de evidencias, sólo de culpables. El 95% de las evidencias están basadas en confesiones y no en consecución de pruebas científicas”.
Otro que pasó la factura de la delincuencia a la PGJE fue el expresidente municipal de Juárez, Reyes Ferriz, que a cuatro días de terminar su mandato se quejó de que si bien la policía municipal aprehendió en flagrancia a 10 mil delincuentes, más de 9 mil 500 quedaron en libertad porque no se les enjuiciaba (Proceso 1771).
Aunque en lo que va del año Juárez superó los 3 mil homicidios dolosos, según información de El Diario, sólo 12 agentes del MP y 33 elementos de la Policía Estatal Investigadora se encargan de las indagatorias. El mismo periódico averiguó que muchas veces los agentes del MP no llegaban a las audiencias por falta de personal y de vehículos.
“Lo recomendable es que cada agente procese 20 homicidios al año, pero en Juárez cada elemento procesa 300. ¿Cómo pueden hacerle para reunir pruebas? Según el nuevo sistema, debe dedicarse a investigar un caso de 72 a 96 horas, y aclararlo. Con los niveles de violencia les están dando como ocho horas para que rindan resultados. Por eso tenemos una tasa del 96% de impunidad”, dice De la Rosa.
Se sabe que faltan muchos MP y policías ministeriales, pero hay pocos aspirantes a esas plazas por los asesinatos y los bajos salarios.

Garantismo vs. cadena perpetua

Desde su campaña para gobernador, César Duarte anunció que revisaría “el garantismo” porque promueve la impunidad y promovió la pena vitalicia a secuestradores, multihomicidas y extorsionadores. Cuando la sociedad todavía no se reponía de la noticia del asesinato de la señora Escobedo a las puertas del palacio, un juez dictó la primera condena de por vida a un secuestrador de 18 años perteneciente a la banda de La Muñeca.
El gobernador se mostró complacido. Uno de los jueces, que pidió el anonimato, cuestiona si el endurecimiento de penas no se convertirá en una bomba de tiempo:
“La cadena perpetua sólo formará una olla de presión en las prisiones. ¿Qué va a generar esto? ¿Más motines? ¿Qué pasa con un animalito acorralado? Si se retiran las esperanzas de reinsertarse a la sociedad y la oportunidad de salir, buscará trabajos más fuertes dentro, hará todo para salir, y en el paquete vamos todos. La inseguridad no se combate con penas más severas ni con más gente en la cárcel, sino con mejores oportunidades y con acceso al empleo bien pagado.”
De por sí, el King’s College de Londres ubica a México como el sexto lugar mundial en el total de gente encarcelada (con 227 mil 21 presos) y con su capacidad penitenciaria excedida en 33%. Para algunos es el momento de decidir si se dará marcha atrás al nuevo sistema. Para otros es necesario reforzarlo.
“Es el momento donde el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores y gobernadores deben sentarse y decidir si van a seguir con el nuevo sistema de justicia, cuánto nos va a costar o qué cambios le harán al viejo para acercarnos a la oralidad, y si puede México acercarse al nuevo sistema o nada más simular que se hacen juicios orales. ¿Hay dinero para hacer funcionar el sistema?”, plantea De la Rosa.
En contraparte, un juez cuestiona: “¿Dónde va a quedar esta reforma integral si se le golpea políticamente? ¿Queremos volver a la confesión bajo tortura a la antigüita? ¿Al sigilo de la privacidad del juez que resuelve en su oficina? ¿Queremos jueces a modo? ¿O le apostamos por mejorar todo el sistema?” l
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Flamas, para que no se olvide
Marcela Turati

Chihuahua, Chih.- Marisela Escobedo no descansa sola. En el lugar donde su cuerpo quedó sin vida, ciudadanos anónimos han plantado veladoras; con sus flamas encendidas día y noche encontraron la manera de protestar contra la inseguridad, de hacer vigilia, de rendir homenaje a la madre que exigía cárcel para el homicida de su hija y que fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno.
Este edificio, que es el corazón político del estado, se convirtió en lugar de peregrinación ciudadana; en sus paredes, como en un Muro de los Lamentos, los ciudadanos dejan mensajes expresando su rabia, su indignación, su sentimiento de orfandad. Porque se sienten huérfanos de autoridades, de instituciones y de paz.
“Aquí mataron a la señora, aquí quedó”, dice un padre de familia acompañado de tres pequeños, bien abrigados, que se detienen unos minutos para ver la ofrenda de flores y velas que cobija a un niño Jesús en pañales que alguien colocó justo en el lugar donde la madre-activista quedó tendida porque un balazo le traspasó la cabeza; aunque ella dos años antes había sido herida por el dolor de perder a su hija más pequeña –asesinada a golpes, calcinada en un bote, sus restos aventados a un chiquero–, a quien le prometió justicia.
“¿Y por qué la mataron, papá?”, pregunta uno de los chiquillos. El padre suspira y dice: “Porque era una mujer valiente”.
“Marisela, te mataron en la puerta del Palacio, ¿qué podemos esperar los demás?, ¿dónde podemos escondernos?, ¿hay algún lugar seguro?”, se lee en un mensaje escrito a lápiz en una hoja de cuadrícula y colocado bajo una veladora. Otros mensajes: “Si no pueden, renuncien”, “Marisela, nosotros nos quedaremos para exigir justicia por ti y por Rubí. Descansa en paz”, “Gobierno asesino”.
Cada tercer día, cuando las velas están a punto de rodear la casa de gobierno y de cercarlo, desaparecen tramos enteros en la noche. Cartulinas moradas, pegadas a las paredes, dan cuenta del robo. Los voceros del palacio han dicho que por seguridad del gobernador deben mantener libre la puerta trasera del recinto, pero los ciudadanos no hacen caso y colocan nuevas velas.
“Mataron a mi hermano, vine a colocar una vela por él”, comenta una joven que, como otros, llegan a orar por algún un familiar asesinado o desaparecido.
Todos los días, a las 11 de la mañana, se hace un pequeño homenaje por la muerte de la mujer que conmovió a todos los ciudadanos. “Quizás algún día la vi en la calle, me la topé; me hubiera gustado caminar con ella”, lamenta un ama de casa.
En la plaza de enfrente permanece el tendido de mantas que la mamá valiente instaló el día que decidió acampar afuera del despacho del gobernador –hasta Navidad si era necesario– para ser escuchada. De unos tendidos de hilos cuelgan pósters con la foto del hombre que asesinó a su hija, las mantas blancas con grafitis improvisados por la prisa que tenía de justicia (“¡Justicia, privilegio del gobierno! ¿Y Rubí?”), también las fotos ampliadas y plastificadas de los jueces que absolvieron al agresor, ridiculizados con orejas de burros.
Nadie se atreve a quitarlas. Marisela sigue presente en la plaza aunque su familia ya no está acampando con ella, aunque sus hijos veinteañeros hayan cruzado hacia Texas deseando no volver la vista atrás y se llevaran con ellos a Heidi, su nieta, lo único que recuperó de Rubí.
Luis Fong, uno de los fundadores de las caminatas sabatinas contra la muerte, dice que un funcionario de la Dirección de Gobierno llamó a varios activistas para negociar el asunto de las veladoras. Le dijeron que la única negociación es que atrapen a los asesinos de Rubí y de Marisela.
“La gente se apropió del asunto de las velas y empezó a poner más, se pensó cercar el palacio, pero la noche del 23 trabajadores del gobierno se llevaron unas velas, aunque ellos lo niegan. Luego pidieron a la gente que no pusiera en la parte trasera, pero la manifestación no tiene coordinación y la gente viene a mostrar su indignación de que ni siquiera en el palacio de gobierno se puede tener seguridad, a expresar admiración por Marisela y sus hijos, o aprovecha para reclamar el clima de muerte que padecemos los chihuahuenses”, dice el activista, que dirige la revista La Gota.
Las velas siguen apareciendo. En cuanto una luz se apaga, otra nueva se enciende.
Todas las noches el historiador Jesús Vargas, al salir del trabajo hacia su casa, pasaba por la plaza, donde veía a la madre y a las personas que la acompañaban. El centro siempre estaba deshabitado, como lo están varios rumbos de la ciudad desde que el miedo se pasea por las calles.
“La primera expresión de protesta fue por medio de las flamas de las veladoras y realmente observar esas pequeñas chispas frente a la puerta del palacio de gobierno provocaba un sentimiento de impotencia y de ternura. A mí me trajo en la memoria inmediatamente la respuesta que los vecinos de Tlatelolco expresaron el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Y rápidamente estas primeras manifestaciones silenciosas atrajeron a muchos ciudadanos anónimos que día con día han manifestado su tristeza, su impotencia, su desesperanza, su dolor, no sólo por Marisela sino por todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro estado, y desgraciadamente en nuestro país.”
El historiador rememora todo lo que ha visto ese palacio de estilo porfiriano, con toques afrancesados, que antes era el antiguo Colegio de los Jesuitas, donde quedó cobijado el sitio del fusilamiento del cura Hidalgo; desde cuyo balcón principal habló el presidente Madero en octubre de 1911; que sirvió de velatorio para el cuerpo del gobernador Abraham González, sacrificado por órdenes de Victoriano Huerta, y de donde salió Francisco Villa cargando el féretro. En este lugar desembocan todas las protestas ciudadanas; por eso enfrente está levantada la Cruz de Clavos, donde se insertaron 300 clavos, uno por cada una de las víctimas de feminicidio, que pronto resultaron insuficientes para colgar los siguientes nombres, como los de Rubí Frayre y Marisela Escobedo.
Hasta los turistas que pasean por el centro para ver las luces navideñas instaladas por fuera del palacio o el árbol de Navidad en la plaza aledaña, irremediablemente se fijan en las veladoras, preguntan a qué se deben, y no falta quien les cuente la historia aún reciente y dolorosa de aquella madre a quien la mataron por el amor de su hija, a la vista de todos. l

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CSG, Aguayo y de nuevo Primitivo y la NED

Textos publicados y una carta de primitivo

Sergio Aguayo Quezada / 'Va porque va...'

Reforma, 5 enero 2011,,

La miscelánea

En mi columna "Aspirante a líder" (15 de diciembre de 2010) incurrí en una imprecisión: en el juicio por difamación que gané en los tribunales mexicanos no fueron declaradas ilícitas las 29 publicaciones que presenté. Como ya habían prescrito 27, sólo fueron dos las calificadas como ilegales. Sin embargo, esos textos contenían lo esencial de la información falsa de los otros escritos. Aclaración hecha a sugerencia del abogado del demandado. (o sea Primitivo Rodríguez?)

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Aspirante a líder/Sergio Aguayo Quezada

Reforma, 15 de diciembre de 2010;

Para Carlos Salinas de Gortari "México está en peligro" y su propuesta de salvación viene en su libro: Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana.

Un obstáculo a su proyecto son los "intelectuales orgánicos" que "dominan hoy el debate de las ideas" y presentan "versiones simplificadas de la realidad" en las cuales "domina el estereotipo". Los personaliza con Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer y el autor de esta columna. Su planteamiento es "discutir con ellos y cuestionar sus posiciones con miras a construir una nueva hegemonía que parta de la sociedad civil". Respondo a sus críticas y reseño su libro.

En las dos páginas y media que Carlos Salinas me dedica, hace suyas las añejas acusaciones de que estoy "vinculado con agencias extranjeras [de Estados Unidos] especializadas en operaciones de espionaje e intervención". Aparece entonces la primera gran debilidad de su texto: el autor ignora información que lo contradice. En este caso no aclara que demandé judicialmente al principal difamador y que en agosto de 2007 la Suprema Corte ratificó el fallo de un tribunal que había calificado de ilícitas 29 publicaciones, y le ordenó indemnizarme con 400 mil pesos. El difamador me solicitó un descuento de 90 por ciento. Se lo concedí, me pagó aceptando tácitamente su responsabilidad y cesaron ese tipo de calumnias (toda la información en www.sergioaguayo.org).

Otra debilidad es que el autor no discrimina entre fuentes. En el capítulo dedicado a los intelectuales orgánicos cita a pensadores de izquierda como Antonio Gramsci y Eric Hobsbawm para luego darle valor a textos poco confiables. Recurre a Pepe Grillo, sección de chismes sin verificación documental del diario La Crónica de Hoy, para sostener la versión de que fui empleado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen. Nunca lo fui, pero sí investigué la dependencia cuando estaba preparando el libro, La Charola. Para no utilizar espacio en esta columna puede descargarse gratuitamente el capítulo 1 de este libro en www.sergioaguayo.org, en donde explico con todo detalle cómo accedí a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que entonces custodiaba el Cisen.

Salinas también me acusa de manipular evidencia para presentar una "visión distorsionada y parcial de la realidad" cuando escribo sobre "diversos personajes". Lo asegura pero no lo demuestra porque una tercera debilidad de su libro son las ambigüedades e imprecisiones (en el espacio que me dedica detecté 14).

La revisión de otras partes de Democracia republicana me permite asegurar que estamos ante un libro poco riguroso, que divaga constantemente y que omite información de manera deliberada. Eso empobrece el diagnóstico y las soluciones propuestas. Por ejemplo el ex Presidente se indigna con la "pésima calidad educativa" pero al proponer soluciones hace malabarismos para exculpar al poderosísimo sindicato magisterial. Es tan cauteloso que en ninguna parte del libro menciona a Elba Esther Gordillo, la lideresa que él puso en el cargo en 1989 y que se ha convertido en la política más poderosa de este país (a costa de la educación).

Esas fallas reducen a una enumeración de buenas intenciones el capítulo dedicado a su tesis de que estamos en la "hora de los ciudadanos participativos" que deben organizarse en "agrupaciones independientes del Estado". Comparto la prioridad que concede a la participación ciudadana pero me sorprende que no discuta la manera en que enfrentarán a partidos decididos a reducir al mínimo la incidencia social en la vida pública.

Carlos Salinas es un político en busca de lugar. Se rebela contra el retiro y eso se advierte en los últimos párrafos donde recuerda que cuando fue Presidente, el liberalismo social tuvo una "oportunidad como gobierno" que no pudo "institucionalizarse y consolidarse como alternativa". Exhorta entonces a la ciudadanía a tomar la bandera de ese liberalismo para librar una "lucha de posiciones, de desgaste del adversario" que incluye la confrontación con "ideas frescas a la sofisticada propaganda" de los intelectuales orgánicos que tanto detesta. Nada dice sobre el papel que jugará su partido, el PRI, en esta movilización.

En el fondo Carlos Salinas se autopropone, con discreción y modestia, como dirigente social y el libro es una dispersa disertación de 975 páginas. Ya veremos si logra convencer a un sector de la ciudadanía. Por ahora estamos ante las divagaciones y las adjetivaciones de un aspirante a líder social.

Las citas del libro de Carlos Salinas provienen de las páginas 11, 537, 723, 721, 21, 695, 25, 722 y 723 respectivamente.

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1. Aguayo saca a la NED de la foto.

A la agencia estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) le fue con Sergio Aguayo como a León Trosky con José Stalin: la sacaron de la foto.

En su reciente libro, Vuelta en U, Aguayo destaca el papel de los “actores externos” en la transición democrática de México. A pesar de ello, no menciona siquiera una vez a la NED, organización clave en observaciones electorales, en especial la presidencial de 1994. Además, sin la asesoría y patrocinio económico de la NED no habría subsistido Alianza Cívica, ONG creada entre otros por Sergio Aguayo, Rogelio Gómez Hermosillo y Emilio Álvarez-Icaza. Más aún, la vida de Aguayo, incluidos sus bienes e ingresos, podría dividirse en antes y después de su relación con la NED.

A mediados de los años 80 del siglo pasado, Estados Unidos decidió cambiar la forma en que se gobernaba México. Entre los hechos que convencieron a Washington de hacer cuanto fuese necesario para sacar al PRI de Los Pinos estuvieron la corrupción, el fraude electoral, las crisis económicas y financieras, la complicidad con el narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Pero la mayor razón para tomar esa decisión fueron las iniciativas mexicanas de diálogo y paz en Centroamérica, opuestas a los intereses geopolíticos y a la guerra de Estados Unidos contra el gobierno sandinista y las insurgencias armadas en El Salvador Y Guatemala. Los gobiernos del PRI habían dejado de ser útiles y confiables para Washington.

A la NED y a sus brazos operativos –el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano Internacional, el Centro para la Iniciativa Privada Internacional, y el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional- correspondería llevar a cabo parte de la tarea para lograr la entrada del PAN a Palacio Nacional.

En 1988 la NED inicia el financiamiento y asesoría a ONG opositoras al PRI. En la lista de esas ONG estuvieron de 1988 a 1994 Democracia, Solidaridad y Paz Social (DEMOS PAZ), Consejo para la Democracia, Frente Cívico Potosino, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Mujeres en Lucha por la Democracia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Alianza Cívica.

2. Aguayo pone llave a su correspondencia con la NED.

En su libro de fuentes documentales publicado este mes, La transición en México, 1910-2010, Aguayo no incluye la correspondencia postal y electrónica que ha tenido con la NED, con su brazo operativo el Instituto Nacional Demócrata y con su “red de redes global” el Movimiento Internacional para la Democracia. Correspondencia ésta que es de igual o mayor importancia a la de cualquier otra fuente que Aguayo publica en ese libro.

Desde hace más de doce años he pedido a Aguayo haga pública dicha correspondencia por ser de interés general. Estudiantes, académicas/os y periodistas podrían examinarla para conocer qué papel ha jugado Estados Unidos de los años 90 a la fecha para bien o para mal de la democracia. No lo ha hecho.

Con todo, si alguien encuentra esa correspondencia en el libro La transición en México, 1910-2010, o en el archivo digital que lleva adjunto, le agradecería me lo haga saber para retractarme de lo aquí dicho, y también, para obsequiarle las obras completas de Julian Assange.

3. Aguayo y Wikileaks.

Sergio Aguayo sostiene que la NED es una ONG independiente que promueve la democracia en el mundo sin interés distinto a este noble propósito. La NED sería una especie de Madre Teresa de la democracia.

¿Por qué, entonces, Aguayo decidió borrar a la NED de la foto en que aparecen, bien peinados y boleados, otros actores de menor peso? ¿Creyó Aguayo que si daba a la NED el lugar que merecía en Vuelta en U alimentaría las sospechas de que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, de que es agente de la CIA? Por otra parte, ¿la correspondencia de Aguayo con la NED, el Instituto Nacional Demócrata, y el Movimiento Mundial por la Democracia revelaría secretos más apetitosos sobre la intromisión estadounidense en México que las filtraciones de Wikileaks?

Por borrar a la NED de la foto y esconder en la castaña su correspondencia con ella, Aguayo dejó desabridos y sin picante los recientes libros que publicó.

Primitivo Rodríguez Oceguera

P.D. En respuesta a las referencias que sobre un servidor hizo Aguayo el pasado miércoles en Reforma, ese mismo día mandé la siguiente carta al diario. Espero que sea publicada, aunque Aguayo se opusiera.

Alejandro Junco de la Vega

Director General

Reforma

México, DF.

15 de diciembre, 2010.

Señor Director:

En su artículo para Reforma “Aspirante a líder,” del pasado miércoles 15, Sergio Aguayo recurre a mentiras al hablar de la demanda civil por difamación que presentó contra un servidor. Peor aún, no menciona mi nombre para evitar que haga uso del derecho de réplica y exhiba su falta de honestidad intelectual.

Contrario a lo que escribe Aguayo, la Suprema Corte de Justicia no falló sobre si había yo lo había difamado, materia que no le correspondía, sino sobre la constitucionalidad de la Ley de Imprenta.

Por otra parte, no solicité a Aguayo “un descuento de 90 por ciento” de los 400 mil pesos de castigo que me impusieron Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Le dije que tal castigo era desproporcionado e injusto, entre otras razones porque a fin de establecer la reparación económica, los Magistrados no investigaron, como ordena la ley, los ingresos y bienes de Aguayo, que son millonarios. Por lo mismo, le propuse darle el doble de lo que fija como techo de reparación económica la ley sobre derecho al honor del D.F.

Aguayo ignora en su artículo el dato que más importa y que conoce bien: el caso de su demanda se encuentra actualmente para dictamen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las serias irregularidades legales en que incurrieron los Magistrados que me condenaron, y a la mentira en que está fundamentada la demanda: que acusé a Aguayo de ser agente de la CIA.

Para no caer en dimes y diretes, invito a Aguayo a un debate público sobre lo que aquí afirmo y cuanto guste añadir sobre mi persona. Si respeta su palabra, aceptará feliz esta invitación.