6 abr 2008

El periodista Misha Glenny; La McMafia




Durante varios meses Misha Glenny se dedicó, a tiempo completo, a investigar el funcionamiento del crimen organizado. Su propósito escribir un libro -recién salió a la venta en español-, titulado McMafia. El crimen sin fronteras, Ed Destino.
Después de la investigación, el reportero llegó a la conclusión de que la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico es interminable. Por lo que plantea la necesidad de cuestionar si la lucha contra el crimen organizado está funcionando y, si no, cambiar la forma de atacarlo. ¡Bien!
No he leído el libro, sólo opiniones de Glenny, pero seguramente vale la pena, como el Ilícito, Ed Debate, 2006, de Naím.
Por lo pronto Guillermo Altares lo entrevista para El País Semanal, 06/04/2008;
"La globalización es la edad de oro de la mafia"
Tras dedicarse durante casi veinte años a recorrer Europa del Este y los Balcanes como periodista de la BBC, las transformaciones en el paisaje que le rodeaba obligaron a Misha Glenny a cambiar de especialidad: de las revoluciones políticas pasó a investigar otro tipo de movimientos telúricos, más profundos y peligrosos: el poder creciente de las mafias. Pero su nuevo trabajo le llevó por escenarios muy distintos e insospechados: desde la frontera noroeste de Estados Unidos, inundada de marihuana, hasta tugurios de Nigeria donde se planifican y ejecutan timos por Internet que ni el David Mamet de Casa de juegos sería capaz de imag
inar.
Glenny, un británico de 49 años de origen ruso, ha recogido estos años de investigación en McMafia, un libro de 500 páginas que aparece a la vez en numerosos idiomas este mes de abril.
Es un viaje al reverso tenebroso de la globalización, a los rincones oscuros de un mundo en cuyos pasillos abiertos se mueve cada vez con mayor agilidad la gigantesca hidra del crimen organizado. Los protagonistas de McMafia ya no son sólo los tipos de la coppola (la tradicional gorra siciliana) que controlan miles de millones de euros en armas y drogas desde la silla de paja de un chamizo, ni los macarras búlgaros que llevan collares de oro que servirían para sujetar el ancla de un transatlántico: son personajes mucho más sofisticados y hábiles que saben aprovechar los puntos flacos del sistema en el que viven. Y en un mundo global, eso quiere decir todo el planeta. La entrevista tiene lugar en Bruselas, donde Misha Glenny ha acudido a un congreso internacional como experto en crimen organizado.
P: -Su libro acaba diciendo que estamos en la edad de oro de la mafia. ¿No cree que es una afirmación demasiado pesimista? Porque parece que la mafia siempre ha vivido en una permanente edad dorada...
R: -La extensión de lo que llamo la economía en la sombra, en la que las organizaciones criminales de todo el mundo tienen un papel esencial, es mucho más grande que nunca, sobre todo después de la caída del comunismo y como consecuencia de la globalización, que es la edad de oro de la mafia. Aunque el capital fluye de una forma espectacular, siguen existiendo frenos importantes, como la Política Agrícola Común, que ofrecen oportunidades para que el crimen organizado logre fabulosos beneficios. Eso coincide además con la caída del comunismo y con una gigantesca transición que no sólo afectó al este de Europa y a Asia central, sino a lugares como Suráfrica. Y también está la emergencia de China. No siempre es posible satisfacer las aspiraciones materiales de la gente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, a través de los métodos que legalmente permite la globalización. Un ejemplo: Albania se hundió a la vez que se hundieron los mercados del este de Europa en los que tenía algunas exportaciones cruciales, como los cítricos. Trató entonces de vender sus naranjas y limones a Europa occidental, pero no pudo porque la Política Común protege a los cultivadores de Portugal, España, Italia y Grecia. No logró competir con estos subsidios. ¿Qué ocurrió? Que muchos de estos campesinos destruyeron sus cultivos de cítricos y plantaron cannabis a cambio, y lo venden en cantidades industriales. Y estos ejemplos se multiplican en todo el mundo. Mientras se produjo la transición, el crimen organizado trabajó rápido y con inteligencia y desarrolló un sistema global, que representa una economía alternativa.
-Uno de los aspectos más terroríficos de su libro es que, cuando se habla de mafia, uno espera encontrarse con Nápoles, Palermo, tal vez Sofía o incluso Moscú, pero no con lugares como Vancouver, Nigeria, Suráfrica, Israel o Bombay. ¿Tanto ha cambiado el panorama?
-Israel es un ejemplo fascinante de esto. Cuando vas allí, la única cosa de la que la gente quiere hablar es del conflicto con los palestinos. Cuando expliqué que quería investigar el crimen organizado, la gente me preguntaba: ¿por qué? Es una sociedad que en los últimos diez o doce años ha sufrido una liberalización dramática, y algo tenía que estar ocurriendo. Pero cuando fui a ver a la responsable de la lucha contra el crimen organizado, fue muy franca: Israel se gasta muchísimo dinero en la seguridad, pero todo se dedica al asunto palestino. Y lo que ocurre con el crimen organizado es que tiene una capacidad enorme para detectar los sitios en los que se producen las mejores oportunidades. En los años noventa, en Israel se produjo una inmigración enorme de judíos rusos, el 15% de la población, que hablan otra lengua, con valores culturales muy diferentes y con un sentido de la identidad muy superior al de los otros inmigrantes que crearon ese país. Eso produjo muchos cambios y trajo nuevos hábitos de consumo, entre otros un flujo muy importante de narcóticos. Y también el tráfico de mujeres, que es una industria horrible, pero enorme.
-Pero eso no es algo nuevo. El gran periodista francés de principios del siglo pasado Albert Londres relató en uno de sus libros más conocidos, El camino de Buenos Aires, la trata de blancas de Polonia a Argentina?
-Pero se está expandiendo cada vez más. Por ejemplo, si se mira a Londres. En el Reino Unido existe esa legislación peculiar que hace que la prostitución como tal no sea ilegal, pero sí los anuncios, al igual que tratar de captar clientes. La prostitución estaba durante largo tiempo restringida a mujeres británicas que operaban en lugares muy definidos, y no era un gran problema. Pero a principios de los noventa comenzaron a aparecer anuncios con postales en las cabinas, y, de repente, estaban en todas partes, en todas las pequeñas ciudades. Fue una invasión enorme que se produjo en todo el mundo. El uso de prostitutas por parte de los hombres en todos los países occidentales se incrementó de forma dramática. Cuando era estudiante en la universidad no podía imaginar que ninguno de nosotros fuese con prostitutas. Y ahora hay muchísimos jóvenes que se van de fin de semana sólo para hombres a un país báltico, y en el paquete está incluido la visita a un burdel. Es un fenómeno que está fuera de control.
-¿Nosotros como consumidores podemos hacer algo para luchar contra el crimen organizado, como lo que logró la campaña contra los diamantes de sangre?
-Sin duda, y esto está cambiando gracias al trabajo de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. El papel de Global Witness fue fundamental en la lucha contra los diamantes de sangre: es una pequeña ONG, con sede en Londres, cuyos representantes fueron a Angola y dijeron que estaban haciendo una investigación para un documental. Demostraron los lazos entre la guerrilla de UNITA y los diamantes en una investigación realmente peligrosa. Pero sabían que si conseguían que en Estados Unidos unos pocos senadores o congresistas se interesasen por el tema podrían lograr mucha publicidad. Eso se convirtió en los Protocolos de Kimberly, contra los diamantes de sangre. Incluí esta historia en el libro para demostrar que tenemos poder para hacer cosas: identificar la naturaleza precisa de los problemas que afectan a la economía en la sombra e identificar el lugar donde las economías lícita e ilícita se encuentran. Demasiadas veces en Occidente, los Gobiernos definen el crimen organizado como un cuerpo ajeno, exterior: los bárbaros a las puertas, que están esperando para destruir nuestra civilización e infectarnos con su maldad. Y no es así.
-Sin embargo, es cierto que, en un mundo globalizado, las mafias de Europa del Este, sobre todo búlgaras y kosovares, se han hecho muy poderosas, por ejemplo, en España?
-Esta idea de que, si mantienes a un país fuera de la UE, sus redes de crimen organizado no pueden entrar es falsa. Si perteneces al crimen organizado, siempre puedes cruzar una frontera; es la gente normal, los fontaneros, los camareros, los que son discriminados si se mantienen cerradas las fronteras. Con la caída del comunismo y el aumento de la inmigración, esto se convirtió en un claro problema. Pero no olvidemos que España ha sido un lugar de asentamiento para las mafias sobre todo por una industria determinada: la cocaína. Este desembarco se ha visto también propiciado por una de las operaciones más claras de la mafia: el chantaje a cambio de la protección, que crece al abrigo de la construcción.
-En Bulgaria o Rumania hay muchos policías españoles, británicos o alemanes que trabajan sobre el terreno, y su teoría es que, desde dentro de la UE, es mucho más fácil luchar contra la criminalidad organizada. ¿Está usted de acuerdo?
-Tienen toda la razón. La gente que en la UE quiere mantener a esos países fuera hace un regalo espectacular al crimen organizado. Tenemos que hacer que estos países entren lo antes posible. El paro es también un caldo de cultivo terrible para el crimen organizado, porque dispone de recursos humanos gigantescos para reclutar.
-¿Es ése el motivo por el que Kosovo, que cuenta con un 50% de desempleo, es considerado por algunos como una pequeña Colombia en Europa?
-No es una Colombia porque no produce cocaína, pero es un gran punto de distribución de heroína y de trata de blancas en Europa. También es un ejemplo de manual de cómo un lugar de actuación tradicional de las mafias se expande a causa de un conflicto. Hay una ciudad en el sur de Serbia, de mayoría albanesa, que es el centro de distribución de la heroína que viene desde Bulgaria, donde es introducida por mafias turcas. Y allí es vendida tanto a grupos albaneses como serbios. Una ruta pasa por Kosovo, Macedonia y entra en la UE a través de Italia, y otros cargamentos van hacia el norte, a través de Belgrado, luego Austria y Alemania. Desde 1999, con el protectorado de Naciones Unidas, el producto interior bruto de Kosovo ha ido decayendo. Además, una vez que terminó la guerra, los países de la UE devolvieron a muchos albaneses que estaban refugiados, y eso redujo el importe de las remesas. La combinación de una economía que decrece y de un paro galopante, más las mujeres y la heroína, sólo puede convertir a Kosovo en un Estado mafioso. Se ha trabajado muy poco en un asunto esencial: cómo funciona este Estado. Ahora mismo hay cinco autoridades a la vez, y ninguna sabe lo que hace la otra. Lo único que funciona en medio de estas situaciones caóticas es la mafia.
-El juez italiano Giovanni Falcone, antes de ser asesinado cerca de Palermo en 1992, escribió que había contraído una deuda con la Mafia que sólo se pagaría con su muerte. ¿Ha conocido, a lo largo de sus investigaciones, a mucha gente con ese tipo de deudas?
-Sí, mucha gente. Uno de los personajes más extraordinarios que he conocido es Walter Maierovitch, el magistrado brasileño que trabajó con Falcone, y que fundó en São Paulo un instituto dedicado al juez italiano que investiga el crimen organizado. Son personas con las que estableces lazos muy profundos, y eso es lo que me ocurrió con Maierovitch. Trabajó con Falcone en el caso Buscetta [un mafioso que en los años ochenta rompió la ley del silencio y se convirtió en un pentito, en un arrepentido], un momento clave en la lucha contra la Mafia. Era fascinante hablar con él sobre Falcone y su determinación. Todos los que se dedican a esto son plenamente conscientes de que están arriesgando la vida, de que pueden ser asesinados en cualquier momento; pero han tomado la decisión moral de que tienen que seguir adelante. También quise hablar con los propios mafiosos, y lo conseguí en algunas áreas. Y no siempre representan el mal absoluto, porque proporcionan empleos en zonas donde nadie más está presente y dan servicios a la comunidad. Y creo que están haciendo un buen trabajo.
-¿Es su teoría del buen gánster?
-Sí, son personas que en tiempos de cambios revolucionarios proveen empleos y consiguen que los servicios funcionen. Aunque está integrada por tipos bastante siniestros, la mafia rusa entró, en sus orígenes, en esta categoría. Fueron las personas que manejaron la transición al capitalismo, porque el Estado era sencillamente incapaz de hacerlo. Y eso ocurrió en muchos otros lugares de Europa del Este. La ausencia del Estado permitió en Rusia el robo masivo de los inmensos recursos naturales del país. El problema que se produce cuando la mafia se convierte en reguladora del mercado es que no hay ningún tipo de responsabilidad democrática, ni de transparencia. El dinero se queda en la parte alta de la organización, aunque hay gente que les respeta porque consiguen empleo.
-Siempre se ha dicho que la principal diferencia entre la Mafia y la Camorra es que la organización siciliana, al tener una cúpula estructurada, es mucho más discreta en los últimos años que la organización napolitana, que vive en medio del caos con familias enfrentadas? ¿Las cosas son mucho más peligrosas cuando no hay un jefe claro?
-Lo que ocurrió al principio de los noventa es que se produjo un cambio en la forma en que el crimen organizado se entendía a sí mismo y sus negocios. Las estructuras tradicionales de la mafia de Nueva York y de Sicilia eran antiguas y muy poco eficientes. Lo que la gente comenzó a entender es que conceptos como la familia o la lealtad son valiosos hasta cierto punto, pero los intereses económicos son más importantes. Estados Unidos introdujo una legislación en los setenta, aunque no se comenzó a aplicar hasta los ochenta, que ha sido el arma más eficaz contra el crimen organizado: RICO. A causa de las estructuras familiares es mucho más fácil utilizar RICO porque es una ley que permite procesar a alguien sólo por pertenecer a un grupo criminal, sin necesidad de haber cometido ningún delito concreto. Otras estructuras mafiosas se mostraron mucho más descentralizadas, como la Camorra o la ?Ndrangheta. Y es un fenómeno más acentuado en las mafias colombianas o rusas, que están preparadas para que les corten la cabeza, para que el capo sea detenido, y que el cuerpo pueda seguir funcionando. Cuando el cartel de Cali fue descabezado en los años noventa no pasó nada con el precio de la coca en Nueva York. Aplicar la ley es muy difícil porque las estructuras mafiosas han aprendido de sus debilidades del pasado.
-¿Cuál fue el momento en que pasó más miedo investigando el libro?
-Fue antes de ir a Colombia, que era un país que no conocía. Tanto en Bogotá como en el norte o el sur, todo el mundo que conoces ha sufrido algún tipo de tragedia personal. Pero luego no ocurrió nada concreto. Ir a Odesa, en Ucrania, a entrevistar a un gánster también fue bastante aterrador, y en general en Rusia, donde el Estado está volviendo con fuerza. Sientes, como en la época de la URSS, que sólo eres un ser humano y que el Estado ruso no se lo piensa dos veces si te interpones en su camino. Visité también áreas con índices altísimos de criminalidad; pero si tienes cuidado, y si cuando te encuentras con gánsteres lo has organizado bien y siempre eres claro, es relativamente seguro. Pasé por situaciones mucho más peligrosas durante las guerras en la antigua Yugoslavia o en Sarajevo, donde te disparaban y bombardeaban constantemente. El único lugar donde me sentí totalmente seguro es en Japón con los yakuza, porque sientes que todo está muy estructurado.
-La impresión que uno saca de su libro es que la mafia es menos salvaje de lo que pensamos, que en general sólo recurre al asesinato como última instancia. ¿Es eso cierto?
-Para tratar de entender el crimen organizado hay que analizar cuáles son sus negocios, en qué están metidos. Los yakuza lo entendieron perfectamente porque para ellos la guerra de principios de los años noventa fue un desastre: no sólo porque perdieron su personal, sino porque se arruinaron en muchos negocios. En Los Soprano, el personaje de Tony contiene mucha sabiduría sobre el crimen organizado, y él siempre comprende esto. Los tipos que le rodean o la panda de Brooklyn, no; pero él, sí: ?Evita meterte en una guerra porque tu gente morirá y es tu recurso más importante?. Si empiezas una guerra, te atraerás la atención de los medios de comunicación y de la policía, que se verá obligada a actuar para parar la violencia. Desde los noventa, los yakuza siempre han tratado de evitar la violencia, pero sí han proyectado una imagen creíble de que serían capaces de utilizarla. Tienen que dejar claro que, si cruzas una línea, te aniquilarán.
-¿Y qué dijo su familia cuando les anunció que, una vez que las guerras balcánicas habían terminado, iba a dedicarse ahora a la mafia? La verdad es que no les hizo mucha gracia...
-No les gusta que viaje tanto, pero sí les interesan los libros. Mi hija de 13 años, que acababa de hacer un proyecto sobre Afganistán en la escuela, me pidió que no fuese, estaba aterrorizada. Trato de tranquilizarles lo más posible. Pero el libro todavía no ha sido publicado, no sé cómo reaccionará la gente que aparece en él.
-La guerra contra los narcóticos en Afganistán parece casi imposible de ganar. ¿Representaría la legalización de las drogas un gran golpe para las mafias?
-Los talibanes van a ganar esa guerra, estoy seguro. La guerra contra las drogas es lo que llamo 'el traje nuevo del emperador'. El emperador está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo, es una lucha que empezó en los años veinte o, en su forma moderna, con la presidencia de Reagan. La guerra contra las drogas garantiza al crimen organizado unos recursos económicos gigantescos en todo el mundo. Hablé con varios grandes exportadores de marihuana en Canadá y todos estaban contra la legalización porque viven muy bien gracias a la prohibición. Los criminales están totalmente de acuerdo con los tipos en Washington que quieren mantener las políticas actuales. En Afganistán y en Colombia significa los talibanes y la guerrilla de las FARC, que no serían capaces de mantenerse sin la industria del opio y la cocaína. Y estamos perdiendo la guerra en Afganistán a causa de esa inútil guerra contra la droga. Hay que elegir: ¿queremos vencer a Al Qaeda o no? Si queremos derrotar a esa organización, tenemos que redefinir la política sobre las drogas. No significa una legalización total inmediata, se pueden dar pasos intermedios, pero a largo plazo es una locura. Cuando hablo con políticos sobre esto, lo fascinante es que, en privado, te dicen que tienen que dar este paso: y me refiero a policías, políticos y altos funcionarios con mucha experiencia. Todos confiesan en privado que hay que hacer algo, pero en público todo el mundo tiene demasiado miedo para reconocerlo.
-¿La guerra contra el terrorismo de Bush ha sido buena, mala o indiferente en la lucha contra el crimen organizado global?
-En 1995, el presidente Bill Clinton dio un discurso en Naciones Unidas en el que trazó una equivalencia entre la lucha contra la mafia y contra el terrorismo. Fue él quien acuñó la frase del lado oscuro de la globalización. Cuando llegó Bush al poder desmanteló las estructuras de lucha contra el lavado de dinero que Clinton había organizado porque estaba convencido de que dañaban la competitividad de los bancos estadounidenses. Ésa es una de las claves, porque si llegas a su dinero es cuando realmente les haces daño. El crimen organizado comenzó a hacer más dinero que nunca. Después del 11-S, los servicios de seguridad de Estados Unidos no sabían dónde encontrar el dinero precisamente porque esas estructuras habían sido desmanteladas. La gran diferencia no está en los métodos, sino en que organizaciones como Al Qaeda tienen objetivos mucho más políticos, como acabar con la civilización occidental, y el crimen organizado no: quieren el dinero, la diversión, los Ferrari, las cosas materiales.
-Supongo que habrá grandes zonas de sombra en las que Al Qaeda y el crimen organizado coinciden para financiarse.
-Sí. En la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina sabemos que Al Qaeda está presente, al igual que en el negocio de los diamantes de sangre. Lo que les conecta es la economía en la sombra. Puedes perseguir a Osama Bin Laden en las montañas entre Pakistán y Afganistán, pero mientras no combatas sus medios de financiación, no vas a acabar con Al Qaeda. Tienes que ir a las fuentes del problema, que están en la economía en la sombra y no en esa estrategia ridícula de Bush y Blair, basada en grandes medios militares preparados para invadir países.
-Ha citado a Los Soprano. ¿No cree que series como ésta pueden haber trivializado la imagen que tenemos de la mafia?
-En absoluto. Hay dos series alucinantes que creo que retratan la mafia de forma totalmente realista: Los Soprano y The Wire. Son retratos maravillosos y han hecho más para comprender el crimen organizado que cualquier otra cosa, ya sea en televisión, en libros, en campañas policiales? Olvídate de todo: si quieres entender cuáles son los motivos del crimen organizado, sus formas de actuación, tienes que ver estas series, porque te muestran cómo actúan, cómo buscan sus oportunidades de negocio, y muestran a los mafiosos como actores racionales.

Hacia Pekin

Las Olimpiadas de la vergüenza/RAMIN JAHABEGLOO, filósofo iraní, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
Publicado en El País, 06/04/2008;
Celebrar unos Juegos Olímpicos supone invocar la historia", declaró Pierre de Coubertin, fundador de las Olimpiadas de la era moderna. Los Juegos Olímpicos que deben celebrarse este verano en Pekín ya suponen invocar el nombre del Tíbet, invocar a monjes budistas vestidos de túnicas color azafrán y a un Dalai Lama amante de la paz y que busca por modos no violentos la libertad para su reprimido pueblo. Sin embargo, las autoridades chinas lo ven de forma totalmente distinta.
Para esas autoridades, el Tíbet forma históricamente parte de China y el Dalai Lama y sus seguidores son unos reaccionarios oscurantistas que van contra el progreso económico y social que en los últimos 58 años ha proporcionado el régimen chino a una cultura atrasada. Según las autoridades de Pekín, todas las protestas de los monjes budistas y de otros tibetanos son fruto de una conspiración orquestada por el Dalai Lama desde Dharamsala, sede de su Gobierno en el exilio. Según la versión oficial china, el Dalai Lama, con ayuda de la CIA, ya dirigió una insurrección violenta contra las tropas chinas, después de que Pekín se hiciera con el poder en la región en 1950. Pero la campaña subversiva fracasó y el Dalai Lama se vio obligado a huir a la India, donde ha vivido exiliado durante medio siglo.
O sea, para los políticos y altos funcionarios de Pekín, el Dalai Lama no es tanto un religioso budista de credo no violento como un rebelde secesionista.
No obstante, después de la ofensiva desatada contra los manifestantes tibetanos en Lhasa, la peor de las dos últimas décadas, Pekín es ahora observado atentamente -y condenado- por la comunidad internacional. Y ello en un momento en que los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. China se teme que las protestas de las últimas semanas puedan apartar al mundo, o a buena parte de él, de las Olimpiadas. El problema tibetano está de nuevo en muchas mentes de todo el planeta.
Es cierto que, en teoría, los Juegos Olímpicos tienen que centrarse en el deporte y no en la política, pero el espíritu olímpico y su promoción comportan la defensa de una determinada ética deportiva y el fomento del respeto a los derechos humanos. Y las pruebas constantes de que en el Tíbet el régimen chino realiza persecuciones y vulnera los derechos humanos no pueden conciliarse con el espíritu que proclama el Artículo 2 de la Carta Olímpica, que busca "el respeto por principios éticos fundamentales universales".
De hecho, el haber elegido Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de 2008 sin tener en cuenta la situación de los derechos humanos en China ya va en contra de la ética de dichos juegos, que se basa en "el espíritudel humanismo, la fraternidad y el respeto a los individuos que inspira el ideal olímpico". Esa ética precisa que "los Gobiernos de los países que alberguen los Juegos Olímpicos se comprometen a que sus países respeten escrupulosamente los principios fundamentales de la Carta Olímpica" (Código Ético del COI, E, Relaciones con los Estados).
Ahora, tras los últimos acontecimientos, ha llegado el momento de que los países que se preparan para asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín aborden el problema tibetano y animen al régimen chino a hacer honor a sus compromisos olímpicos mejorando la situación de los derechos humanos en ese territorio y en toda China. Sí, las Olimpiadas son un acontecimiento deportivo, pero conllevan el respeto a ciertas normas internacionales y a los valores éticos del olimpismo.
La falta de ilusión que suscitan los Juegos Olímpicos pone de manifiesto el desencanto respecto a los valores éticos que se percibe en la comunidad internacional. Para revitalizar la credibilidad de las Olimpiadas es preciso reformularlas, convirtiéndolas en una plataforma desde la que desarrollar un marco de valores éticos globales que suponga un contrapeso de las descarnadas prioridades económicas y políticas.
Si queremos que la Carta Olímpica tenga sentido en el siglo XXI y que los Juegos Olímpicos sean algo más que un acontecimiento deportivo de índole especulativa, hay muchas razones para que éstos incluyan un imperativo ético que aliente y fomente los derechos humanos, utilizándolos para educar. En manifiesto contraste con el historial del régimen chino en materia de derechos humanos de carácter universal, como los relativos a la pena de muerte, la tortura, la libertad de expresión y la represión en el Tíbet, la Carta Olímpica y el Código Ético mencionan explícitamente el concepto de derechos humanos y aluden a la "conservación de la dignidad humana", al "desarrollo armonioso del ser humano", al "respeto por principios éticos fundamentales universales" y a la "dignidad del individuo".
No debemos olvidar que el objetivo del olimpismo es situar en todo momento el deporte al servicio del desarrollo moral del hombre, con vistas a establecer una sociedad no violenta preocupada por la conservación de la dignidad humana. En consecuencia, ha llegado el momento de exigir a China que, si va a albergar un acontecimiento internacional tan importante como los Juegos Olímpicos de verano de 2008, rinda cuentas a sus socios extranjeros. Los líderes chinos deben comprender que, si se niegan a respetar los derechos humanos en el Tíbet, se enfrentarán a una campaña extremadamente vigorosa, implacable y omnipresente, seguida de un boicot a las Olimpiadas.
El boicot de los Juegos Olímpicos tiene una larga historia. En 1976, veintiséis países africanos boicotearon los de Montreal por la participación en los mismos de Nueva Zelanda, que en ese momento seguía teniendo relaciones estrechas con el régimen racista surafricano. En 1980, Estados Unidos lideró un amplio boicot contra los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú. A ese boicot se sumaron Japón, Taiwan, Alemania Occidental, Canadá y otros sesenta y un países.
El mundo está convocado a acudir a Pekín este verano para la celebración de las Olimpiadas. Por el momento, ningún Estado importante ha accedido a boicotearlas. Sin embargo, los ciudadanos de muchos países apoyarían a sus Gobiernos si éstos llegaran a adoptar esa medida.
En 1936, Avery Bundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, manifestó sus dudas ante lo que creía rumores diseminados por conspiradores judíos sobre la existencia de campos de concentración en la Alemania de Hitler, y decidió que las Olimpiadas debían celebrarse allí, a pesar del carácter totalitario del régimen nazi. Al contrario que en 1936, hoy en día los ciudadanos del mundo saben a ciencia cierta lo que está ocurriendo entre bambalinas en el Tíbet. Por eso ha llegado el momento de que todos los personajes públicos del mundo actual hagan oír sus voces disidentes en nombre de quienes no pueden permitirse ese lujo en el Tíbet a causa de la represión china. Ha llegado el momento de decir "no" a las Olimpiadas de la vergüenza.

Reunión en Sochi, Rusia

Bush-Putin-Medvénev
George W. Bush, y Vladímir Putin, firmaron hoy un "marco estratégico" que sienta las bases de la relación bilateral para el futuro, pero mantuvieron sus diferencias en asuntos como la defensa
Los dos dirigentes, y el presidente electo ruso, Dimitri Medvédev, así lo dejaron claro en la rueda de prensa que ofrecieron tras una mañana de reuniones en la ciudad balneario rusa de Sochi, en lo que ha sido la última cumbre entre Bush y Putin.
Los mandatarios se mostraron optimistas acerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo en el futuro sobre sus discrepancias, aunque subrayaron que "queda mucho trabajo" por delante.
"La declaración refleja las discrepancias existentes, ante todo en el dossier político militar. Pero es importante destacar que reafirmamos nuestra disposición de trabajar para superarlas", dijo Putin.
El "marco estratégico" sienta las bases de la relación entre ambos países para el futuro en áreas como la no proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo o la economía. Pero también expone las diferencias en torno al escudo de defensa antimisiles que EE UU planea en Europa del Este.
Rusia expresa en el texto que "no está de acuerdo con la decisión" de establecer el escudo en Polonia -donde se desplegarán diez lanzaderas de misiles interceptores- y la República Checa -donde se levantará un radar-. Putin ha propuesto en ocasiones anteriores Azerbaiyán como sede alternativa. Moscú ve el dispositivo como una amenaza contra su territorio.
EE UU asegura que el objetivo es impedir ataques de países hostiles de Oriente Medio.
Para calmar los temores de Rusia, EE UU ha ofrecido garantías como permitir que expertos rusos inspeccionen el sistema o el no activarlo hasta que Irán, u otro país hostil en el área, efectúe una prueba de misiles balísticos contra Europa.
El documento afirma que Moscú "aprecia las medidas que Estados Unidos ha propuesto y declara que, si se acuerdan y se ponen en marcha, serán importantes y útiles para calmar las preocupaciones rusas". No obstante, Putin declaró que "el diablo está en los pequeños detalles.
La última cumbre/Editorial
El presidente Bush y su homólogo, Putin, ratifican que la guerra fría ya no volverá
El País, 07/04/2008:
No es probable que se vean de nuevo, al menos en su calidad de jefes de Estado. El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norteamericano, George W. Bush, se han entrevistado por 29ª vez, en esta ocasión en Sochi, ciudad balnearia del mar Negro, para acordar que se siga hablando de sus desacuerdos; las diferencias abundan, pero la situación no tiene nada de grave. Como establece una declaración sobre el Marco Estratégico bilateral, que han suscrito ambos líderes, la guerra fría ya nunca más volverá.
El contencioso abarca la oposición rusa a la independencia de Kosovo, reconocida por Estados Unidos y gran parte de Occidente; la actitud más contemporizadora de Moscú ante el desarrollo del programa nuclear iraní; la ampliación de la OTAN, en especial a Georgia y Ucrania, aunque sin compromiso vinculante alguno, ya encarrilada en la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Bucarest, y a la que también asistió Putin, y con un cariz tanto o más amenazador, según lo entiende Moscú, la futura instalación de un escudo de 10 lanzamisiles en Polonia, apuntando a Asia central, que tendría que sobrevolar cielo ruso.
Ninguna de esas diferencias se ha resuelto en la cumbre, pero el documento subraya la mutua voluntad de luchar contra el terrorismo; el apoyo norteamericano al ingreso de Rusia en la Organización Mundial de Comercio, y el propósito de reducir los respectivos arsenales nucleares. Es un mapa intrincado de acuerdos y desacuerdos, que los dos gobernantes legan a sus sucesores -aunque, Putin, también a sí mismo, ya que será primer ministro del presidente electo Dmitri Medvédev, que jurará el 7 de mayo- para asentar sobre bases firmes la relación global entre las dos potencias.
El lenguaje del cuerpo, en la larga rueda de prensa de despedida, denotaba alguna pesadumbre, sobre todo en el caso de Bush, por no haber podido ir más lejos en esa vía testamentaria, a la vista ya del fin de su mandato en enero de 2009, pero nada de la agresividad de Putin en la reunión de la OTAN en Múnich, en febrero de 2007, y ni tan siquiera en Bucarest, la pasada semana, en la que acusaba a Occidente de demonizar a Rusia.
El mundo de George W. Bush y Vladímir Putin ya no es ni siquiera el de Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, cuando en los ochenta comenzó todo. Y la humanidad debe congratularse de que así sea.

Reglas de operación del

REGLAS de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
DOF, 10/03/2008;
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Seguridad Nacional.
REGLAS DE OPERACION
COMITE TECNICO
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
Antecedentes.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 16 de la Ley de Seguridad Nacional, se establece el Consejo de Seguridad Nacional para la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional, que estará integrado por el Titular del Ejecutivo Federal, los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes, así como el Procurador General de la República y el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el cual se reunirá con la periodicidad que determine su Presidente y, en caso contrario, cuando menos, bimestralmente.
En la Quinta Sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 2007, el pleno adoptó el acuerdo primero mediante el cual se aprobó la creación del Comité Técnico encargado de agilizar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en materia de Seguridad Nacional, mismo que será presidido por el Secretario de la Función Pública, quien lo coordinará. Asimismo, se aprobó convocar al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Comité Especializado.
Con el objeto de establecer la integración, facultades y funcionamiento del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, es necesario emitir y aprobar sus reglas de operación, a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones encomendadas, para agilizar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional, garantizando los principios de economía, eficacia, eficiencia imparcialidad y honradez.
REGLAS DE OPERACION
PRIMERA.- El Comité Técnico estará integrado por once miembros de la manera siguiente: el Secretario de la Función Pública, quien lo presidirá, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como un representante con nivel de Oficial Mayor u homólogo de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, así como de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En caso de ausencia del Presidente, el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad presidirá la reunión. Con excepción del Presidente, los demás miembros del Comité Técnico no podrán nombrar suplentes.
El nombramiento de los miembros del Comité Técnico es de carácter honorífico, por lo que no recibirán emolumento alguno.
SEGUNDA.- El Comité Técnico contará con un Secretario, que será designado por el propio Comité a propuesta de su Presidente, quien comparecerá a las sesiones con voz pero sin voto, y no será integrante del Comité.
TERCERA.- El Comité Técnico sesionará por lo menos una vez cada tres meses, y será convocado por el Secretario a petición de su Presidente, por sí o a solicitud de cualquiera de sus miembros.
De cada sesión se levantará el acta correspondiente, que firmarán los miembros comparecientes, y será responsabilidad del Secretario remitirles copia de la misma, una vez que se hayan recabado las firmas respectivas.
CUARTA.- Podrán asistir como invitados a las sesiones del Comité Técnico, cuando así se considere conveniente, servidores públicos representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes concurrirán con voz pero sin voto.
A todas las sesiones del Comité Técnico asistirá con el carácter de invitado permanente, con voz pero sin voto, un representante de la Oficina de la Presidencia de la República.
QUINTA.- El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:
a) Integrar un catálogo con la descripción de los bienes muebles, arrendamientos y servicios, que por sus características básicas relevantes y finalidad intrínseca, encuadren en el régimen de excepción previsto en el artículo 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, procurando homologar los requerimientos y estandarización de los aspectos técnicos de cada bien, arrendamiento o servicios necesarios para las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional;
b) Integrar un registro general de proveedores de seguridad nacional, que concentre la información sobre el nombre, denominación o razón social, domicilio, personalidad jurídica de los representantes o apoderados; experiencia en el sector; bienes, arrendamientos o servicios que comercializan; antecedentes de incumplimiento; instalaciones; certificados de calidad; antigüedad como proveedor, y demás aspectos pertinentes para garantizar su capacidad de respuesta, evaluar su solvencia técnica y económica, así como su capacidad para cumplir en tiempo y forma las prestaciones contractuales;
c) Integrar un registro de precios de referencia de los bienes, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional, que concentre cotizaciones actualizadas de los diferentes bienes, arrendamientos y servicios requeridos, remitidas a las propias instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional por las personas físicas o morales incluidas en el registro general de proveedores antes citado;
d) Mantener actualizado el catálogo de bienes muebles, arrendamientos y servicios, así como los datos de los registros de proveedores de seguridad nacional y de precios de referencia antes indicados;
e) Proporcionar a las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional la información que se le requiera para facilitar, cuando así les convenga, las contrataciones consolidadas que permitan adquirir bienes, arrendamientos o servicios estandarizados a mejores precios;
f) Instruir al Secretario en todo lo necesario para lo previsto en los incisos a) a e) anteriores;
g) Informar, a través de su Presidente, al Consejo de Seguridad Nacional respecto de las acciones realizadas en cumplimiento a las funciones encomendadas, y
h) Las demás que sean necesarias para cumplir con sus facultades.
SEXTA.- Corresponde al Presidente del Comité Técnico:
a) Elaborar y someter a consideración de los miembros del Comité Técnico el orden del día, así como convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité que sean necesarias;
b) Presidir las sesiones del Comité;
c) Coordinar las actividades a realizar por el Comité en cumplimiento a las facultades encomendadas;
d) Autorizar la participación de los invitados a las sesiones del Comité Técnico;
e) Dirigir los debates en las sesiones, someter a votación los asuntos presentados al Comité Técnico y emitir su voto de calidad en caso de empate;
f) Informar al Comité Técnico sobre el seguimiento y resultado de los acuerdos adoptados;
g) Presentar, cuando así se lo requiera el Consejo de Seguridad Nacional, un informe respecto de las acciones realizadas por el Comité Técnico en cumplimiento de sus facultades;
h) Proponer al Comité Técnico la designación del Secretario, y
i) Encomendar al Secretario vigilar que el archivo de documentos presentados en las sesiones esté debidamente integrado, así como actualizar la información contenida en el catálogo y registros mencionados en los incisos a), b) y c) de la Regla Quinta, cuidando de su conservación y resguardo.
SEPTIMA.- Corresponde al Secretario:
a) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico que sean necesarias, a petición del Presidente;
b) Integrar la carpeta con los asuntos a tratar en las sesiones del Comité y enviarla con la suficiente anticipación a cada uno de los miembros, anexando la convocatoria y el orden del día para la sesión;
c) Asistir a las sesiones del Comité con derecho a voz pero no voto;
d) Pasar la lista de asistencia correspondiente a cada sesión y verificar el número de asistentes para que haya quórum; así como recabar las firmas de los asistentes y anexarla al acta que se levante con motivo de la sesión;
e) Dar lectura al acta de la sesión anterior y tomar nota de las observaciones de los miembros del Comité Técnico, a fin de verificar que las mismas, cuando procedan, se incorporen al acta respectiva;
f) Levantar el acta correspondiente a cada una de las sesiones y recabar la firma de los asistentes, debiendo conservar el original de la misma y entregar copia de ésta a cada uno de los miembros;
g) Expedir y firmar las certificaciones y constancias necesarias que se deriven de las sesiones del Comité Técnico;
h) Verificar todos los documentos de apoyo necesarios e indispensables para el desarrollo de las sesiones y realizar todas las acciones que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno;
i) Registrar todos los acuerdos tomados por el Comité y controlar el seguimiento de los mismos hasta su total cumplimiento;
j) Recabar la información y documentación correspondiente al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico y hacerlo del conocimiento de sus miembros;
k) Llevar el archivo de documentos presentados en las sesiones del Comité Técnico, así como vigilar que esté debidamente integrado;
l) Actualizar la información contenida en el catálogo y registros mencionados en los incisos a), b) y c) de la Regla Quinta, cuidando de su conservación y resguardo;
m) Elaborar una base de datos que permita a las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, consultar la información mencionada en los incisos a), b), c) y e) de la Regla Quinta, y
n) Realizar las demás funciones y actividades que le encomiende el Presidente, o el Comité Técnico en pleno.
OCTAVA.- Corresponde a los miembros:
a) Asistir a las sesiones limitando su participación al ámbito de las facultades del Comité Técnico;
b) Analizar el orden del día y la documentación e información sobre los asuntos a tratar y pronunciar los comentarios que estimen pertinentes;
c) Emitir el voto respecto de cada asunto que se someta a consideración del Comité Técnico;
d) Firmar las listas de asistencia que se levanten con motivo de las sesiones del Comité;
e) Proponer la asistencia de invitados a las sesiones del Comité Técnico, cuando así lo juzguen conveniente, justificando previamente su participación ante el Presidente;
f) Solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día, siempre y cuando sea competencia del Comité Técnico, con una anticipación de diez días hábiles en los casos de sesiones ordinarias y de cinco días hábiles en sesiones extraordinarias. A la mencionada solicitud se deberá acompañar el soporte documental e información que se requiera;
g) Firmar las actas de las sesiones en las cuales hayan participado;
h) Solicitar al Presidente se convoque a sesión al Comité Técnico, y
i) Realizar las demás funciones y actividades que les encomiende el Presidente, en cumplimiento de las facultades encomendadas al Comité Técnico.
NOVENA.- Los invitados participarán en las sesiones del Comité Técnico, previa invitación de su Presidente, a quienes corresponde:
a) Asistir oportunamente a las sesiones que sean convocados, con voz pero sin voto;
b) Proporcionar información para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Comité Técnico;
c) Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en las sesiones del Comité Técnico, y
d) Guardar confidencialidad de los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su participación en las sesiones del Comité Técnico.
DECIMA.- El Comité Técnico funcionará de la siguiente manera:
a) Celebrará sesiones que podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez cada tres meses cuando menos y las extraordinarias cada vez que se requiera.
b) Para la celebración de las sesiones, la convocatoria a sus miembros deberá ir acompañada de la orden del día, en la que deberá señalarse la fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, así como de la información y documentación correspondiente. La convocatoria se remitirá con acuse de recibo, al domicilio que para tales efectos tengan registrados con el Secretario.
c) Habrá quórum para la celebración de las sesiones ordinarias cuando concurran la mayoría de sus miembros y cuando al menos uno de esos miembros sea el Presidente del Comité Técnico o su suplente; para las sesiones extraordinarias será necesaria la asistencia de al menos ocho de sus miembros. Las decisiones del Comité serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de sus miembros presentes. Cada miembro presente tendrá derecho a emitir un voto en cada una de las votaciones que se llevará a cabo durante las sesiones del Comité. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
d) En ausencia del Presidente del Comité Técnico o del Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, las sesiones no podrán llevarse a cabo.
e) El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de sesión si se toman por unanimidad y son confirmadas por escrito por cada uno de sus miembros. El Comité Técnico podrá igualmente recibir los votos por escrito de los ausentes para lograr unanimidad en sus resoluciones. Cuando así se obtenga la unanimidad, el hecho se hará constar en el acta que elabore el Secretario, y los escritos con los que se obtuvo la unanimidad se agregarán a ésta como anexos y formarán parte integral del acta.
f) El Comité Técnico podrá distribuir entre sus miembros funciones específicas, nombrar comisiones, así como designar delegados para la ejecución de actos concretos.
g) Los miembros del Comité Técnico serán convocados por el Secretario, mediante oficio que se les enviará cuando menos con cinco días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias y para las extraordinarias con una antelación de tres días hábiles a la celebración de la sesión. No será necesario el oficio si todos los miembros del Comité Técnico están presentes en la reunión.
DECIMA PRIMERA.- Las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, podrán acceder a la información contenida en la base de datos que establezca el Secretario, a efecto de que pueda ser utilizada como investigación de mercado y/o de precios, prevista en diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, para la elaboración del escrito previsto en los artículos 40, segundo párrafo de dicha Ley y 49 del Reglamento, para el dictamen simplificado de procedencia de excepción a la licitación pública a que se refiere el artículo 41, fracción IV de la propia Ley, mismo que tiene por objeto acreditar que el procedimiento se funda y motiva en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para el Estado.
Los procedimientos de contratación se llevarán a cabo en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
DECIMA SEGUNDA.- Los recursos humanos, técnicos y materiales que sean necesarios para realizar las actividades señaladas en los incisos l) y m) de la Regla Séptima, así como para el funcionamiento de los demás aspectos que requiera el Comité Técnico, serán aportados por sus miembros, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
DECIMA TERCERA.- Las presentes Reglas surtirán sus efectos a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, y podrán ser modificadas o adicionadas en cualquier momento por acuerdo del Comité Técnico, dando aviso de ello al citado Consejo.
DECIMA CUARTA.- Estas Reglas son de observancia obligatoria para todas las instancias participantes en el Comité Técnico.
DECIMA QUINTA.- Los asuntos no previstos en estas Reglas, así como cualquier duda que surja sobre la interpretación y cumplimiento de las mismas, serán analizados y resueltos por acuerdo del Comité Técnico.
Realizado y agotado el proceso de opinión, revisión y comentarios de estas Reglas de Operación, el Consejo de Seguridad Nacional las aprueba en la Sexta Sesión 2007, celebrada el diez de diciembre del año dos mil siete.
CERTIFICACION
Wanda Sigrid Arzt Colunga, Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, fracción I de la Ley de Seguridad Nacional, CERTIFICO.- Que las presentes Reglas de Operación del Comité Técnico de Seguridad Nacional que se encuentran contenidas en 7(siete) fojas, corresponden fielmente a las aprobadas por el pleno del Consejo de Seguridad Nacional, en el Acuerdo Primero de la Sexta Sesión 2007, celebrada el diez de diciembre del año dos mil siete. Lo anterior, con el propósito de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento al Acuerdo adoptado.- México, D.F., a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.-
Wanda Sigrid Arzt Colunga, Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.- Rúbrica.
El suscrito Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los artículos 11 y 13, relacionados con el artículo 33 fracción XII del Reglamento Interior de la citada Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005 y reformado por Decreto publicado en la misma fuente informativa el 21 de junio siguiente.
Certifica
Que las presentes fotocopias que se expiden en seis fojas útiles por un solo lado y una foja útil por ambos lados, concuerdan fielmente con la constancia que de la misma obra en los archivos de esta Unidad.- México, D.F., a 14 de febrero de 2008.- Lic. Moisés Herrera Solís.- Rúbrica.

Dos reportajes de R Ravelo

La Hidra de Tijuana/reportaje
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso 1640, 6/04/2008;
Con un triunfalismo policiaco de resonancias mitológicas, un funcionario de la DEA se refirió así a la aprehensión del líder del cártel de Tijuana, Javier Arellano Félix, El Tigrillo, en 2006: “Hemos arrancado la cabeza de la serpiente”. Alrededor de un año y medio después, en marzo de 2008, quedaría en plena libertad el mayor de los hermanos narcotraficantes, Francisco Rafael (preso varios años en México y extraditado a EU por Calderón), quien podría burlar los afanes “hercúleos” de la DEA, la PGR y los gobiernos de México y Estados Unidos…
El 14 de agosto de 2006, Michael Braum, jefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), anunció “el descabezamiento” del cártel de Tijuana y festejó con siete palabras la captura de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.
“Hemos arrancado la cabeza de la serpiente”, expresó en medio del júbilo bilateral en el que se fundieron altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la DEA tras la aprehensión de quien era considerado el líder del cártel más poderoso y violento de México.
Pero el 4 de marzo último, es decir, 19 meses después de la detención de El Tigrillo, un juez estadunidense le suturó una nueva cabeza a “la serpiente” del cártel de Tijuana al poner en libertad a Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos, quien fue regresado a México sin ninguna causa penal en su contra, a pesar de que apenas en abril de 2007 había sido extraditado a Estados Unidos bajo los cargos de posesión de cocaína y asociación delictuosa.
Esta liberación –que puso en entredicho los sistemas de justicia de México y Estados Unidos– se concedió en medio de la guerra que libra Felipe Calderón contra el narcotráfico y que ha costado cerca de 3 mil ejecuciones.
Con su nuevo jefe, el cártel de Tijuana inicia así su etapa de rearticulación cuando parecía agonizar tras la muerte o captura de unos 600 integrantes (operadores y gatilleros), incluyendo el asesinato de Ramón y la detención de Benjamín y Francisco Javier.
Según informes de la DEA y reportes de la PGR, a pesar de la caída de esos tres personajes –considerados en su momento como los más violentos y sanguinarios del grupo criminal–, el cártel de Tijuana mantuvo actividades dentro y fuera de su feudo, bajo el control de la contadora pública Enedina Arellano Félix (según la PGR) y con la participación del menor de los hermanos, el médico Eduardo.
Al respecto, la PGR y la DEA se contradijeron: la primera sostenía la tesis de que Eduardo tenía dotes de líder y le atribuía capacidad para recomponer al cártel, mientras la segunda daba como un hecho el exterminio de la organización con la captura de El Trigrillo. Inclusive, un análisis psicológico difundido en Washington por Michael Braum caracterizaba a Eduardo como “un tipo gris y sin luz propia”.
Un largo litigio
A principios de los años ochenta, Francisco Rafael Arellano Félix y sus hermanos Benjamín y Ramón comenzaron a colocar los cimientos de la organización que, en su etapa de esplendor (1982-2004), fue considerada la más poderosa y violenta, con una estructura horizontal (y no piramidal, como el resto de los cárteles competidores) que seguía el diseño narcoempresarial puesto de moda en los setenta por el líder del cártel del Pacífico, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Su enorme poder y capacidad de fuego fueron evidentes desde el arranque de su vida criminal. Con sus escándalos callejeros y las balaceras que protagonizaban en discotecas y bares lujosos de Tijuana y Culiacán (los Arellano Félix son oriundos de Sinaloa), pronto saltaron a la fama como un grupo de vándalos que cruzaban cargamentos de mariguana hacia Estados Unidos. En aquella época les llamaban Los Narcojuniors.
El grupo, que gozaba de una férrea protección policiaca, asesinaba, secuestraba y movía cuantiosos cargamentos de droga sin que nadie lo molestara. Después, ante su fulgurante ascenso económico, enfrentó la necesidad de invertir sus ganancias, y entonces apareció la figura de Jesús Labra Avilés, El Chuy Labra, tío de los Arellano.
De acuerdo con expedientes históricos de la PGR –gracias a los cuales pudo ser capturado Labra Avilés en 2000–, éste se convirtió en el principal consejero y estratega de sus sobrinos para “lavar” las ganancias del narcotráfico, las cuales invertían, según las investigaciones iniciales, en bienes raíces y en casas de cambio.
El éxito financiero del cártel de Tijuana llegó a tal punto que tejió toda una red de lavado de dinero en Perú, de acuerdo con informes de las autoridades peruanas, e inclusive trabó relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero para entonces la buena estrella de Francisco Rafael Arellano ya tenía tiempo de haberse extinguido: en 1980 cruzó a Estados Unidos, como lo hacía habitualmente, para entregar alrededor de 250 gramos de cocaína a un consumidor que resultó ser un agente encubierto de la DEA. Su nombre: Ramón Torresillos Rendón.
Al poner en las manos del comprador la bolsa con el polvo blanco, éste le entregó el pago correspondiente, y cuando Arellano contaba el dinero fue arrestado.
Ante la Corte Federal del Sur de California, que integró la causa 80CR0561K, Francisco Rafael narró así el momento de su captura:
“Fui miembro de una organización para distribuir cocaína en 1980 y que negoció la venta a un individuo que en realidad era agente encubierto de la DEA (…) Fui uno de los cuatro individuos que entregó nueve onzas de cocaína. Yo mismo recogí el pago por la droga, y cuando estaba contando el dinero unos agentes me comunicaron que estaba bajo arresto.”
Francisco Rafael estuvo entonces preso en Estados Unidos sólo del 7 de agosto al 12 de septiembre de 1980, cuando salió libre bajo fianza. Pero cometió un error: decidió no agotar el juicio y regresar a México, donde continuó en las andanzas del resto de sus hermanos.
Siempre discreto –aunque no por ello pacífico– y admirador del exboxeador Julio César Chávez –con quien sus hermanos solían convivir y festejar sus triunfos–, Francisco Rafael Arellano siguió disfrutando de la impunidad y de su riqueza en la época en que la mayoría de los grupos de narcotraficantes –actualmente antagónicos– estaban unidos.
En Tijuana y Culiacán son ampliamente conocidos los convivios que los hermanos Arellano solían tener con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, entre otras celebridades.
“Todos convivían como una familia”, dijo una fuente allegada al cártel de Tijuana que fue testigo de aquellos “días felices”, cuando “el pastel se repartía en partes iguales y todos obtenían jugosas ganancias”.
Pero de pronto sobrevino la guerra: Los Arellano Félix echaron de Baja California a El Chapo “y le arrebataron el territorio (Mexicali) que le había heredado Félix Gallardo”, el capo de capos de la historia reciente.
El cártel vivía tiempos de esplendor cuando, en 1993, Francisco Rafael fue capturado bajo los cargos de posesión de armas y cohecho. Por estos delitos fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión. (En México nunca fue acusado de narcotráfico.)
El festejo de la extradición
Durante su encarcelamiento, Francisco Rafael Arellano Félix vivió un infierno. Desde el interior del penal de Almoloya –hoy del Altiplano– vio cómo se derrumbó su imperio criminal con el asesinato de su hermano Ramón, quien en un arranque se enfundó una pistola y abordó un Volkswagen sedán con un firme propósito: viajar a Mazatlán para matar a Ismael Zambada García, El Mayo.
“Me lo voy a quemar”, dijo a sus hermanos, a quienes les exigió la parte de dinero que según él le pertenecía y, tras un acuerdo, le entregó su fortuna a su esposa, quien se marchó con sus hijos a Estados Unidos.
Ramón llegó a Mazatlán en pleno carnaval. El 10 de febrero de 2002, cuando iba al encuentro de El Mayo, se desató una balacera y un policía asestó un balazo a una persona desconocida. Al revisar el cuerpo, las autoridades hallaron un documento que identificaba al muerto como Jorge Pérez López. Pero la PGR y la DEA confirmaron, horas después, que se trataba de Ramón Arellano Félix.
La tragedia de los Arellano no terminó ahí: poco después cayó prisionero Benjamín, quien fue recluido en La Palma. En ese tiempo, Francisco Rafael libraba todavía una ardua batalla legal a la que buscaba poner fin mediante sus relaciones políticas.
Y es que Francisco Rafael pudo haber sido liberado en México desde marzo de 2000, ya que en esa fecha la Secretaría de Gobernación elaboró un proyecto para otorgarle su preliberación debido a su buena conducta y a su participación en tareas educativas y otras labores dentro del penal. Por aquellas fechas, el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social era Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con una publicación del diario Reforma el 24 de mayo de 2002, la Comisión Dictaminadora de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, en una sesión efectuada el 3 de marzo de 2000, analizó la valoración jurídico-criminológica de Rafael Arellano y emitió una conclusión contundente: que el proceso de readaptación (de Rafael) “ha sido favorable y (…) es oportuna su incorporación a la sociedad”.
Aunque nunca se firmó, el dictamen fue reforzado con otros elementos que catalogaban positivamente a Rafael: “Para otorgarle este beneficio, se tomó en consideración su buena conducta y participación en tareas educativas y laborales y, como lo indica el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, en la opinión positiva que consta en el oficio 310 del 2000”.
Mediante sus defensores, Rafael Arellano promovió un amparo ante un juez federal, pero le fue negado. Así, la batalla legal continuó seis años más hasta que, en septiembre de 2007, fue absuelto de los delitos de posesión de armas y cohecho, lo que puso en evidencia –otra vez– las fallas de la PGR en la integración de las averiguaciones previas con las que consignaron al primogénito de la familia Arellano Félix.
Derrotada la PGR en los tribunales y exhibidas sus inconsistencias legales, Rafael se preparaba así para abandonar el penal de La Palma. Sin embargo, desde febrero de 2004 el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición por el delito pendiente cometido en 1980 y, horas antes de salir de la cárcel, le fue notificada una nueva orden de aprehensión, esta vez con fines de extradición.
El trámite de extradición se inició ante la PGR cuando el titular del área jurídica e internacional era Alejandro Ramos Flores. Por medio del oficio ASJ-4566 del 26 de febrero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo del conocimiento de la PGR que el gobierno de Estados Unidos requería la extradición de Francisco Rafael Arellano Félix.
El gobierno estadunidense, a través de Jerry K. Mitchell, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en México, entregó a la cancillería (y a la PGR) la nota diplomática 175, en la que ese país se comprometía a no imponer a Rafael Arellano Félix “la sanción de pena de muerte ni cadena perpetua en caso de que sea extraditado”.
El oficio CJA1/094 retrata a Rafael como un sujeto sumamente peligroso, a diferencia de lo que consideraba la Secretaría de Gobernación en el proyecto de preliberación de marzo de 2000. El gobierno de Estados Unidos lo requería por ser un sujeto “buscado para ser procesado por delitos federales contra la salud. El reclamado está sujeto al proceso 80CR561-K de fecha 13 de agosto de 1980”.
Los delitos: asociación delictuosa y posesión de cocaína con la intención de distribuirla. Según la nota diplomática 174, el 12 de septiembre de 1980 Francisco Rafael cubrió una fianza y se le notificó que su juicio quedaba programado para el 8 de octubre, pero el procesado no compareció, por lo que se giró en su contra una orden de aprehensión.
Así, tras ser absuelto en México de todos sus cargos, el mayor del clan Arellano fue extraditado a Estados Unidos el 17 de septiembre de 2006. Un mes antes, promovió un amparo contra la inminente extradición, el cual le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras ese fallo, tanto la PGR como el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, festejaron la extradición de quien es considerado “el capo mayor” de los Arellano Félix.
“Soy el primero en señalar ejemplos en los que se puede hacer mucho más (…) Esta extradición es otro paso significativo en el camino de la cooperación entre Estados Unidos y México respecto a la continua batalla contra las drogas y la violencia”, dijo Garza, quien meses atrás también había celebrado con un brindis la extradición de una veintena de capos, ordenada por el presidente Felipe Calderón en enero de 2007 a pesar de que muchos de ellos (Osiel Cárdenas, Ismael Higuera, El Mayel, entre otros) aún compurgaban sentencias en México.
Pero Rafael Arellano Félix volvió a salirse con la suya. Mediante un arduo litigio, librado en la Corte Federal del Sur de California, sus abogados vaticinaron: “Pronto estará en libertad”. Y cumplieron, pues Rafael sólo estuvo preso seis meses en Estados Unidos y salió libre por una reducción de pena y debido a que el delito de 1980 estaba prescrito.
Según el abogado mexicano Américo Delgado de la Peña, defensor de Rafael Arellano Félix, la extradición de su cliente no procedía, y a pesar de ello –dice– se “aventaron el tiro” de enviarlo a Estados Unidos.
–¿Por qué no procedía la extradición? –se pregunta al veterano defensor.
–De conformidad con la ley de extradición, no procede el envío de una persona cuando está prescrita la acción, ya que en el caso los hechos sucedieron en el año de 1980, pero la Suprema Corte resolvió, a mi juicio, con cálculos equivocados.
“Ante el tribunal estadunidense, el señor Arellano se declaró culpable de haber participado en la operación de venta menor (de cocaína), exclusivamente. No se le pudo juzgar por el desacato a las obligaciones de la fianza por virtud de que no fue materia de la extradición porque este hecho no fue materia del juicio de extradición.”
Así, el cártel de Tijuana –considerado por la DEA como “una serpiente sin cabeza” tras la captura de Francisco Javier, El Tigrillo– vuelve a tener en Francisco Rafael un líder potencial. La toma de Cancún/reportaje
Ricardo Ravelo, reportero
Revista Proceso, 1640, 6/04/2008;
Diversos expedientes y testimonios de testigos protegidos revelan que la plaza más codiciada por los ocho cárteles del país, Cancún, originalmente en manos del cártel de Sinaloa, fue tomada en 2004 por Los Zetas con el apoyo de funcionarios y agentes de la PGR. Los propios documentos indican que el titular de esta dependencia, Rafael Macedo de la Concha, obligado a hacer frente a la violencia, concentró su atención en acusaciones prefabricadas contra el personal de la delegación de Quintana Roo, sin frenar aquella cruenta ocupación de exmilitares mexicanos y exkaibiles contratados al efecto.
MÉRIDA, YUC.- A finales de 2004, Los Zetas decidieron ampliar sus dominios territoriales y pusieron la mira en una de las plazas más boyantes en el negocio del narcotráfico: Cancún, Quintana Roo, considerada la puerta de entrada de cuantiosos cargamentos de droga provenientes de Colombia y de otros puntos de Sudamérica.
Con apoyos oficiales que, según testimonios contenidos en el expediente 11/2005, fueron aportados por la PGR y la SIEDO, el grupo armado de Los Zetas arremetió contra la célula encabezada en Cancún por Ismael El Mayo Zambada, a quien desplazaron con el apoyo de una veintena de exkaibiles, todos ellos desertores del ejército guatemalteco, que habían sido contactados en la ciudad de Petén, Guatemala.
Para la ocupación de la plaza más codiciada por los ocho cárteles que operan en el país, Los Zetas dispusieron además de un fuerte respaldo de altos mandos de la PGR, pues según se desprende del expediente AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/329/2004, tenían buenas relaciones con funcionarios de primer nivel cuando el titular de la PGR era el general Rafael Macedo de la Concha.
Tras dominar el estado de Tamaulipas –su feudo– y ocupar otras plazas como Campeche, Tabasco y Veracruz, Los Zetas concibieron su plan de llegar a Quintana Roo, dominado por el cártel de Juárez, primero, y por el de Sinaloa, después.
Para lograr sus objetivos, Jorge Briceño López, El Cholo, dispuso que otros tres miembros de Los Zetas, sólo identificados como El Talibán, El Talibancillo –hermano de aquél– y El Chamoy, se desplazaran de Tamaulipas a Cancún con una misión: entrar en contacto con la policía para obtener protección y posteriormente perpetrar “levantones”, secuestros y asesinatos de personas dedicadas a la venta de droga.
–Nos vamos a chingar a todos –decían los sicarios protectores de Los Zetas, quienes se dieron a la tarea de rentar casas e investigar a empresarios vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Estas actividades no podían ejecutarse sin el apoyo policiaco. Y, tanto a nivel federal como local, lo obtuvieron.
En pocas semanas, es decir, de septiembre a noviembre de 2004, Cancún y buena parte de la Península de Yucatán ya estaba plagada de Zetas y exkaibiles. Y comenzó la guerra por la plaza: se enfrentaron a sus rivales sinaloenses y a un nutrido grupo de agentes federales de investigación que en principio se resistieron a trabajar con el llamado “ejército del narco”, según dijeron, “porque ya estaban arreglados con el cártel de Sinaloa”.
De acuerdo con el expediente ya citado, fue el 25 de noviembre de 2004, para ser precisos, cuando estalló la guerra: nueve personas fueron ejecutadas, entre ellas tres agentes de la AFI (Roberto Alcántara Pérez, Luis Octavio Guzmán Ruiz y Fernando Pérez Nájera), presuntamente ligados al cártel del Golfo, quienes aparecieron tirados en un paraje cercano al aeropuerto de Cancún con el tiro de gracia.
Otras cuatro personas fueron encontradas en la cajuela de un Stratus completamente calcinadas, aunque nunca fueron identificadas.
Así mismo, dos personas más –Eduardo Solís Flores y Óscar Leonardo Martín Flores– que se hacían pasar como “afis” fueron identificadas como “madrinas” al servicio de los policías ejecutados.
Un día después, el 26 de noviembre, Los Zetas presuntamente secuestraron a dos “afis” más, José Ramón Pérez y José Guadalupe Chagoya Martínez, quienes aparecieron cerca de Playa del Carmen con tiros en las piernas, aunque más tarde testimonios del expediente 11/2005 reforzaron la versión de “autosecuestro”.
PGR contra PGR
A pesar de que los expedientes revelan que eran Zetas, exkaibiles y exmilitares mexicanos desertores del Ejército los causantes de las ejecuciones de “afis” y de otras personas protectoras de unos mil expendios de cocaína, el procurador Macedo de la Concha sólo ordenó a José Luis Santiago Vasconcelos integrar la averiguación para consignar a todos los funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, incluido el delegado, Miguel Ángel Hernández Castrellón.
Así, el 1 de marzo de 2005 un juzgado federal ejercitó acción penal contra 27 agentes y altos funcionarios de la PGR en Quintana Roo, por su presunta participación en el asesinato de tres agentes de la AFI; también se les acusó de delitos contra la salud, en la modalidad de protección al narcomenudeo, así como de delincuencia organizada.
Las cabezas de ese grupo de agentes y funcionarios, presuntamente protectores del narcomenudeo, de acuerdo con la PGR, eran Gustavo Mendoza González y Jesús Arturo Herrera Villarreal, agentes del Ministerio Público Federal, y el delegado de la PGR, Miguel Ángel Hernández Castrellón, quien permaneció en el cargo de febrero de 2002 a diciembre de 2004.
Hernández Castrellón es oriundo de Durango. Fue director del Ministerio Público Especializado en las oficinas centrales de la PGR y trabajó al lado del subprocurador Jorge Campos Murillo, a quien Macedo de la Concha incorporó a la PGR a pesar de su dudosa reputación.
A tres años de estos hechos, sólo 10 personas han recobrado su libertad al desmoronarse la investigación por inconsistente. Los otros 17 detenidos esperan sentencia, que podría ser condenatoria y llegar hasta los 25 años de cárcel, a pesar de que la mayoría de los testigos protegidos utilizados por la PGR para reforzar la investigación han reconocido que nada de lo que declararon inicialmente les consta y que todo fue parte de un ardid fraguado dentro de la SIEDO.
Por ejemplo, en el expediente 11/2005 aparece la declaración de un testigo de cargo identificado con la clave “María”, cuyo verdadero nombre es Carlos Armando Cazola Cabrera. Dice conocer a varios de los entonces funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, como Armando Alfredo Villalobos Valdés, coordinador regional de la AFI, así como a María del Carmen Gómez, La Prieta; Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo, y Everardo Castro Colorado, El Colorado, quienes, afirma, brindaban protección a las “tienditas” expendedoras de cocaína, adonde iban a cobrar agentes estatales, municipales “y varios ‘afis’”.
Ante el agente del Ministerio Público Federal, “María” amplió sus declaraciones, y allí se le preguntó sobre la relación del delegado de la PGR, Hernández Castrellón, con el narcotráfico.
–(…) En razón de que manifestó no conocer al licenciado Miguel Ángel Hernández Castrellón, ¿por qué hace imputaciones en su contra?
–(…) Un amigo al que conozco como Carlos, quien es gerente del hotel “Girasol”, ubicado en la zona hotelera, me manifestó que una persona de nombre Raúl Martins, quien era dueño del centro nocturno The One, le manifestó que le daba la atención al delegado y a diversos agentes; que la atención consistía en dinero, sin que me dijera la cantidad, y además le brindaba las mujeres que trabajaban en dicho sitio; pero de manera personal no me consta que el entonces delegado (Hernández Castrellón) hubiera recibido dinero o favor alguno de parte del señor Raúl Martins.
–(…) Que diga si sabe si el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, Armando Alfredo Villalobos Valdez, haya recibido cantidad alguna de dinero por protección…
–No.
–Que diga por qué Armando Alfredo Villalobos Valdez excluía la organización de los hermanos Arellano Félix para negociar protección.
–Que porque eran órdenes de México, sin decirme nada más…
Para la PGR, que investigaba a los funcionarios federales y no a Los Zetas y exmilitares, no fue suficiente lo dicho por el testigo “María” y, para ampliar los datos del caso, ordenaron un careo entre Hernández Castrellón y su testigo de cargo:
En la diligencia, Hernández Castrellón cuestionó:
–Que diga mi careado si alguna vez participó conmigo en la comisión de algún ilícito o estuvo presente cuando yo lo cometí.
–(…) No estuve presente y tampoco participé con mi careado en la comisión de algún ilícito –respondió “María”.
Otro testigo, cuya clave es “Samantha” –cuyo verdadero nombre es Ana Margarita Aguilar Loroño–, acusó a Hernández Castrellón de proteger al narco y de haber participado con otros colaboradores en la preparación del aterrizaje de una avioneta con droga, descargada en una zona de pescadores conocida “como Isla Blanca o Isla Arenas” y entregada a un sujeto llamado El Pollo.
Al ser careada con Hernández Castrellón, “Samantha” –quien había sido contratada por el entonces delegado de la PGR como escribiente en la delegación– incurrió en contradicciones, y Hernández aclaró que la avioneta cayó en la isla Holbox y que la droga se la entregaron los pescadores a una persona conocida como El Huevo, además de que los pescadores fueron arraigados y posteriormente procesados por esos hechos.
Lo que la PGR no investigó –y estas omisiones colocan al exprocurador Rafael Macedo de la Concha y a la SIEDO bajo la sospecha de haber brindado protección a Los Zetas, según se desprende del expediente criminal– es cómo el grupo armado del cártel del Golfo (la mayoría de ellos son exmilitares) planearon la ocupación de la plaza de Cancún.
Los preparativos
En el auto de término constitucional 10/2006, el presunto narcotraficante guatemalteco William Mendoza González o Pablo Sub Tiul, conocido como El Dando, El Cerebro o El Kaibil, refiere en su declaración ministerial rendida ante un juzgado federal de Puente Grande, Jalisco, que se retiró del ejército de Guatemala y aguardó en su casa el momento de ser llamado por Los Zetas para operar en México.
Narra que un amigo de nacionalidad guatemalteca, también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez –quien ahora dice llamarse Juan Carlos Fuentes Castellanos–, alias El Trinquetes o El Stanley, le preguntó si quería ir a trabajar a México como encargado de dar seguridad a un empresario.
Según su testimonio, su amigo le aseguró que recibiría 3 mil pesos quincenales para empezar y que luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo. Como a William Mendoza le pareció atractivo el ofrecimiento, dijo que sí, y su amigo le indicó que posteriormente le avisaría cuándo partirían…
Para concretar el plan, William Mendoza recibió más tarde la instrucción de acudir al domicilio de un sujeto llamado El Ponchado, ubicado en el barrio de Santa Fe, municipio de Poptum, departamento de Petén, Guatemala. Al domicilio –indica Mendoza en su relato– fueron llegando más sujetos, hasta completar 13, exkaibiles guatemaltecos 12 de ellos.
William Mendoza detalla los pormenores de aquel encuentro:
El Ponchado nos dijo que trabajarían para darle seguridad a un empresario mexicano y a su empresa, pero sin decir en qué lugar de México, lo que todos aceptaron porque les pagarían 3 mil pesos cada 15 días y aumentarían el sueldo cada seis meses, de manera que acordaron que el 12 de mayo de 2004 viajarían a México.
Al llegar esa fecha, los 12 exkaibiles y exmiembros de la Policía Nacional de Guatemala volvieron a reunirse en la casa de El Ponchado, de donde, como a las 11:00 de la noche, partieron para llegar a la frontera con Tenosique, Tabasco, en México; al llegar a la garita donde está la aduana de México, las autoridades aduanales dieron permiso por 62 horas para pasar a México…
Luego un sujeto pasó por ellos para llevarlos al puerto de Veracruz, donde pernoctaron. Dos días después llegó el resto del grupo y partieron hacia Tampico, Tamaulipas. Nos hospedamos en un hotel, donde fueron recogidos por dos sujetos, quienes nos dijeron que éramos bienvenidos al grupo de Los Zetas.
El grupo de exkaibiles fue sometido a entrenamiento riguroso en territorio tamaulipeco, al amparo del poder político local. Por varias semanas estuvieron en los municipios de Valle Hermoso bajo las órdenes de un sujeto apodado El Cholo, cuyo nombre real es Jorge Briceño López.
Luego El Cholo les dijo que iban “a cambiar de estaca” (célula o grupo), por lo que el conjunto se desplazó hacia Cancún para ocupar la plaza. Entre los dirigentes de Los Zetas apareció El Chamoy, sujeto que trasladó a los exkaibiles a Quintana Roo, entidad a la que arribaron el 20 de noviembre de 2004.
La historia de William Mendoza especifica:
El Chamoy nos juntó a El Vives, El Mili (exmilitares) y se entrevistó con El 50, alias Talibán, quien junto con su hermano, El 52, alias El Talibancillo, La Canica, El Packman y La Avispa habían llegado a Cancún desde septiembre de 2004 con el fin de controlar la plaza de Cancún, para lo cual estaban en pláticas con la ley, es decir, con los diferentes cuerpos de policía del lugar.
Para empezar, El 50 tenía problemas para controlar la plaza, porque los elementos de la Agencia Federal de Investigación no querían trabajar con él, ya que estaban arreglados con la contra, al parecer, con la gente del Mayo Zambada. El 50 tenía dos informantes que trabajaban en las oficinas de la AFI en Cancún. Por esos informantes, se supo que los de la AFI se metieron a la casa de El 50, la cual catearon; se llevaron seis kilos de cocaína y entre 10 y 15 mil dólares americanos, por lo que El 50 le pidió a sus informantes que le llevaran a los policías a un lugar que se localiza a la salida de Cancún.
En dicha casa se encontraron silenciadores, droga, dinero y emblemas militares; gorras, camisetas manchadas de sangre, producto de algunas torturas y muertes perpetradas en ese lugar. Los Zetas, según el expediente de este caso, apoyados por exkaibiles, ejecutaron las matanzas que mantienen en la cárcel a más de 20 altos funcionarios de la PGR, entonces a cargo de la delegación de esa dependencia en Quintana Roo.
Conforme al expediente y a la información proporcionada por varios testigos protegidos, el procurador Rafael Macedo de la Concha omitió investigar a Los Zetas y exmilitares mexicanos que penetraron en la plaza de Cancún y arremetió legalmente contra altos funcionarios de la PGR que hoy exigen sentencia y “un juicio justo” porque, aseguran, “lo que nos hicieron fue una maniobra de muy mala fe”.
–¿La PGR protegió a Los Zetas? –se pregunta a los implicados.
–El expediente es muy claro. Ni duda cabe.

Gastos secretos


Millonaria partida para gastos secretos/reportaje.
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Revista Proceso 1640, 6/04/2008;
La decisión del gobierno federal de impedir que se conozcan las partidas secretas, según lo publicó el Diario Oficial de la Federación, las deja a salvo de cualquier supervisión. A partir de ahora el Congreso no podrá auditar las compras, arrendamientos o pagos de servicios que realicen por lo menos 11 dependencias gubernamentales, con el argumento de que son erogaciones relacionadas con la seguridad nacional.
El gobierno de Felipe Calderón decidió mantener en secreto, y aun incrementar, el gasto discrecional que cualquier área de su administración haga en servicios considerados necesarios para la seguridad nacional.
El pasado 10 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitidas por la oficina de la Presidencia de la República. En la práctica, estas reglas crean partidas secretas de gasto público en dicho rubro.
Además de los recursos que cada secretaría de Estado tiene asignados para este tipo de gasto, principalmente los dedicados al combate a la delincuencia organizada, el presidente Calderón cuenta con un presupuesto propio de seguridad nacional, que este año ascendió de 12 y medio millones de pesos a 33 millones y medio.
Con el establecimiento de estas reglas, el mandatario extiende a su gabinete de seguridad nacional una carta blanca en lo que respecta al manejo de recursos, pues con ellas evitará que la Cámara de Diputados audite las compras, arrendamientos o pagos de servicios que se realicen con el argumento de que abarcan aspectos de dicho rubro.
Además, las reglas aumentan la discrecionalidad para que ese gabinete, formado por los integrantes de 11 dependencias, haga adjudicaciones directas. Evitan incluso la supervisión por parte de los órganos internos de control (OIC) de cada dependencia involucrada y mandan a la reserva, hasta por 12 años, la información implicada, con la agravante de que cualquier infracción grave en el manejo de los recursos prescribe a los cinco años.
Vigentes desde el mismo 10 de marzo, las Reglas de Operación cierran el paso a revisiones como la practicada el año pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al presupuesto ejercido en 2006 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
A pesar de que sólo auditó una muestra de 257 millones de pesos –21.7% de los mil 187 millones de pesos presupuestados para el Cisen en el último año del gobierno de Vicente Fox–, la ASF encontró que 20 millones se entregaron a proveedores de servicios sólo mediante un acta circunstanciada y que otros 22 millones de pesos se ejercieron con cargo al presupuesto de años posteriores.
En su reporte, dado a conocer el 27 de marzo, la auditoría comprobó además que un vehículo y 19 equipos de cómputo fueron transferidos a la Presidencia; y más grave aún, que un avión del Cisen fue utilizado por funcionarios de otras dependencias gubernamentales.
Al revisar 59 órdenes de vuelo de la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, por el período enero-diciembre de 2006, la ASF encontró que trasladó a funcionarios ajenos al Centro sin contar con la autorización del titular de la Secretaría de Gobernación, en ese momento Carlos Abascal Carranza.
Por este hecho, que implicó la utilización de recursos del Cisen para fines ajenos a sus tareas de investigación y análisis, el organismo fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados pidió una investigación para el posible establecimiento de responsabilidades del funcionario o los funcionarios que permitieron esa desviación.
Si las Reglas de Operación hubieran estado vigentes al momento de la auditoría, no se habría conocido que el Cisen gastó 54 millones y medio de pesos en la contratación de servicios de noticias en español, de telefonía, de comunicación de voz satelital, de renovación y actualización de licencias de software o en el mantenimiento de una aeronave.
La opacidad promovida por la Presidencia de la República quedó establecida en las Reglas de Operación del Comité Técnico de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación bajo la certificación de Sigrid Arzt Colunga, secretaria técnica del CSN, cargo que depende directamente del presidente de la República.
Ese comité fue creado el 10 de diciembre de 2007 por el CSN, instancia que se formó a finales del sexenio pasado luego de que en enero de 2005 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional.
El CSN se ha convertido en uno de los principales actores del gobierno calderonista. Lo preside el propio Calderón y lo integran los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes. También participan el procurador general de la República y el director general del Cisen.
El CSN cuenta con un secretario ejecutivo, que recae en el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con un secretariado técnico, que está bajo el mando de la académica Sigrid Arzt como parte de la estructura de la Oficina de la Presidencia de la República.
En el primer año del gobierno de Calderón, el secretariado técnico tuvo un presupuesto de 12 millones 581 mil 233 pesos. Para 2008 dispondrá de 33 millones 556 mil pesos, casi el triple.
Esta instancia tiene un gran poder de operación. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, además de manejar la información generada por el CSN, propone lineamientos y la ejecución de acciones, controla el inventario de la infraestructura estratégica del país y mantiene la relación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional, entre otras facultades.
Reservas
La Presidencia de la República mantiene en reserva la información sobre la estructura de la oficina que encabeza Arzt, y ahora pretende que tampoco se conozca la manera en que ejercerá su presupuesto en caso de que la Cámara de Diputados quiera revisarlos mediante la Auditoría Superior de la Federación.
De los 33 millones y medio de pesos que dispondrá esa oficina de Los Pinos, 23 millones y medio serán para “servicios personales”, 1 millón 247 mil para “materiales y suministros” y 8 millones 771 mil para “servicios generales”.
Es decir, más allá de los 20 millones de pesos que en su mayor parte se destinan al pago de sueldos, quedará en secreto la forma en que se gasten por lo menos 10 millones, pues de acuerdo con las Reglas de Operación no se sabrá qué empresas o personas serán quienes cobren ese dinero ni bajo qué concepto.
En teoría, el comité se encargará de “agilizar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional”. Pero en los hechos su tarea consistirá en garantizar el secreto de los gastos discrecionales que haga el gobierno de Calderón en el sector.
Sus operadores serán Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública –dependencia que pretende mantener como reservada por tres años la declaración patrimonial del expresidente Vicente Fox– y Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Vega es el presidente del Comité Técnico, que además de Pérez-Jácome tendrá “un representante con nivel de oficial mayor u homólogo” de las dependencias que integran el CSN.
Calderón cuidó que ese Comité no se salga de su control, pues en las reglas estableció que en todas las sesiones de aquél “asistirá con el carácter de invitado permanente, con voz pero sin voto, un representante de la Oficina de la Presidencia de la República”.
La regla quinta de la publicación crea un régimen de excepción que no sólo garantiza el secreto, sino una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos y la impunidad en caso de que se incurra en irregularidades graves.
Según esa disposición, el Comité Técnico del CSN tiene la tarea de integrar un catálogo con la descripción de los bienes muebles, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional, un registro general de proveedores y otro de precios de referencia.
Con el registro del nombre, razón social, domicilio, apoderados, experiencia, bienes o servicios y antecedentes de los proveedores, el comité pretende que el Consejo de Seguridad Nacional contrate bajo criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.
En esas bases de datos quedarán las compras “que por sus características básicas relevantes y finalidad intrínseca encuadren en el régimen de excepción previsto en el artículo 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Ese artículo establece también que las dependencias y entidades “bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a tres personas o de adjudicación directa”.
En su fracción IV precisa que ese tipo de contrataciones se podrá hacer cuando “se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
La referencia a la Ley de Transparencia alude a su artículo 13, según el cual este tipo de información tiene el carácter de reservado. Más aún, cuando se trata de seguridad nacional, la misma Ley de Adquisiciones establece, en su artículo 40, excepciones relativas a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Dice esa disposición que el titular del área responsable de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de seguridad nacional no está obligado a rendir ningún informe al Órgano Interno de Control de la dependencia cuando esas operaciones se realicen con fundamento en el artículo 41 de la ley.
Lo que hizo el gobierno de Calderón a través del Comité Técnico fue fijar reglas para obstruir la revisión de los gastos que las dependencias aduzcan como de seguridad nacional y ampliar las facultades discrecionales de su gabinete de seguridad para hacer compras, arrendamientos o pago de servicios por adjudicación directa o invitación a terceros.
Pero como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reserva por 12 años lo referente a seguridad nacional, extiende también una garantía para que queden sin castigo los posibles abusos cometidos al amparo de esta discrecionalidad.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala en su artículo 34 que en el caso de infracciones graves en el manejo de recursos públicos las sanciones prescriben a los cinco años, un tiempo muy inferior al permitido para que se conozca la información reservada como de seguridad nacional.
La información sobre ese tipo de gasto ni siquiera podrá ser conocida por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, creada como un pretendido control a las acciones del Ejecutivo federal en esa área. La Ley de Seguridad Nacional señala que en sus relaciones con ese órgano legislativo, la oficina que ahora está bajo el control de Sigrid Arzt omitirá “cualquier información cuya revelación indebida afecte la Seguridad Nacional, el desempeño de las funciones del Centro (Cisen) o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”.
Blindaje presidencial
De acuerdo con el diputado del PRD Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, los candados puestos a la supervisión del gasto por parte de la ASF van contra el artículo 74 de la Constitución. Este artículo le da a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de fiscalizar el ejercicio del gasto público.
En el caso de las partidas secretas, ese mismo ordenamiento señala que no las habrá “fuera de las que se consideren necesarias”, con ese carácter, en el presupuesto de egresos de la federación. Además, las “emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”. Más allá de lo establecido en la Constitución, Calderón le da ese trato al gasto de su gabinete de seguridad nacional.
Suárez del Real asegura que “la rendición de cuentas quedaría sepultada por este esquema de discrecionalidad en el que se quiere esconder el gasto en áreas que no reúnen las características de alta seguridad”.
Y señala una paradoja: “Si tanto queremos proteger los asuntos de seguridad nacional, por qué no tenemos un satélite propio que se encargue de la transmisión de datos”. Recuerda que sólo 7% de Satmex es propiedad pública. “Como Estado somos un cliente más de una empresa particular”.
las Reglas de Operación van más allá de las excepciones, como las encontradas en la revisión del gasto ejercido por el Cisen en 2006. Una de éstas fueron los 20 millones de pesos auditados que se pagaron mediante “actas circunstanciadas” por no requerir de comprobantes.
Según la regulación de las partidas de seguridad pública y nacional, en los casos en que no exista documentación que compruebe las erogaciones, la instancia gubernamental que las haya dispuesto deberá acreditarlas mediante actas circunstanciadas en las que se asiente el motivo y el monto de la erogación, ante la presencia de dos testigos designados por esa misma instancia y, posteriormente, formalizada por el titular de la unidad.
Además de los recursos, la ASF también revisó el desempeño del Cisen. La conclusión no fue nada favorable. Según el fiscalizador, “no se identifican mecanismos de control interno para evaluar el impacto de las acciones que en materia de seguridad nacional el Cisen realiza para contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad, y fortalecer el estado de derecho”.
Directo, le dice que carece de “indicadores de desempeño y de instrumentos formales de retroalimentación” que permitan la evaluación de su trabajo. Más: le indica que “no elaboró los lineamientos generales del plan estratégico” de seguridad nacional que le ordena la Ley de la materia.
La ASF señala también que la Agenda Nacional de Riesgos que por ley el Cisen debe elaborar cada año, en 2006 la formuló sin respetar los procedimientos establecidos en el “Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado por la Secretaría de la Función Pública el 27 de septiembre de 2006.
Ante esas observaciones, el Cisen apeló al secreto por razones de “seguridad nacional” y coincidió con el argumento esgrimido por el Comité Técnico para reservar cualquier información relacionada con la materia.
“Es necesario advertir que la publicación de datos asentados en los resultados de la Auditoría de Desempeño número 234, aun tratándose del producto de ejercicio de facultades de fiscalización, deberá apegarse (a la Ley de Transparencia y la de Seguridad Nacional).”
Por lo tanto, expone, “está vigente una reserva por ministerio de ley sobre la información cuya difusión implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, así como aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actuar o potenciar cualquiera de las amenazas” a la seguridad del país.
Y continúa: la publicación de información no reservada que está en poder del Cisen “debe apegarse invariablemente al principio de información confidencial gubernamental” establecido en la Ley de Seguridad Nacional.