Reunión de Interpol

Las Naciones Unidas y la Interpol acordaron el domingo ampliar su cooperación en momentos en que el crimen organizado atenta contra las misiones de paz.
La ONU tendrá acceso a la base de datos y de análisis de Interpol, con la cual se ayudará para desmantelar las pandillas de delincuentes que operan en países como Kosovo y Haití, donde el estado de derecho es precario, señaló Alain Le Roy, subsecretario general de las Naciones Unidas para operaciones de pacificación.
Comunicado de prensa de INTERPOL12 de octubre de 2009
La histórica reunión ministerial organizada por INTERPOL y las Naciones Unidas marca el rumbo para reforzar la función crucial de la policía en las tareas de mantenimiento de la paz
Lee Hsien Loong, Primer Ministro de la República de Singapur, ha declarado ante los delegados que desplegar funcionarios policiales encargados del mantenimiento de la paz para la reconstrucción de Estados destruidos también contribuye a la seguridad nacional.
La reunión ministerial organizada por INTERPOL y la ONU congrega a casi 800 delegados procedentes de 153 países, entre ellos 66 ministros.
Alain Le Roy, Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, ha señalado que el vínculo evidente entre delincuencia y conflicto pone de manifiesto la necesidad de aumentar la cooperación con INTERPOL.
INTERPOL puede proporcionar a los policías de la ONU encargados del mantenimiento de la paz acceso a sus bases de datos policiales de ámbito mundial, ha declarado el Secretario General, Ronald Noble.
Ceremonia de apertura de la reunión ministerial organizada por INTERPOL y la ONU.
Asisten a esta reunión, convocada por INTERPOL y las Naciones Unidas, ministros de más de 60 países para reforzar el apoyo de la comunidad internacional al papel que desempeña la policía en las tareas de mantenimiento de la paz en todo el mundo. SINGAPUR – En el marco de la alianza entre INTERPOL y las Naciones Unidas, más de 60 ministros de todo el mundo han respaldado un plan para situar entre las prioridades en materia de seguridad internacional el refuerzo de la función de la policía en las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz.
Reunidos bajo los auspicios de la 78a reunión de la Asamblea General, los ministros de asuntos exteriores, justicia e interior, así como altos mandos policiales de 153 países van a aprobar una declaración según la cual INTERPOL y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (DOMP), así como los gobiernos de los países participantes elaborarán un plan de acción para promover las labores policiales en el campo del mantenimiento de la paz a escala internacional como una tarea esencial equivalente a la que realizan las fuerzas militares para ayudar a restablecer el respeto de la ley y a reconstruir las sociedades.
Lee Hsien Loong, Primer Ministro de Singapur, ha declarado ante los ministros y altos dirigentes policiales que los funcionarios de policía están asumiendo cada vez más responsabilidades en las tareas de mantenimiento de la paz a escala internacional.
“En nuestro mundo globalizado, una ola de disturbios o la pérdida del control político en un país constituyen una amenaza para la seguridad regional e internacional. Cuando asignamos policías a operaciones de mantenimiento de la paz para reconstruir Estados destruidos, promover la buena gobernanza y fomentar una paz duradera, también estamos contribuyendo a nuestra propia seguridad”, ha afirmado el Primer Ministro.
El Secretario General de INTERPOL, Ronald Noble, ha destacado que en zonas aquejadas por conflictos el origen de los problemas de seguridad se desliza rápidamente de las cuestiones bélicas a la delincuencia organizada. Ha descrito el acuerdo con la ONU como “una alianza de todas las naciones”, que comprometerá a INTERPOL a aportar conocimientos policiales a escala internacional y a proporcionar a los policías que trabajan en primera línea acceso a los recursos mundiales de su organización en países que sufren conflictos o que se recuperan de ellos, a fin de ayudarles a consolidar la paz y a combatir la delincuencia transnacional.
“Si se pide a los agentes de la ONU encargados del mantenimiento de la paz enviados a zonas que han sufrido conflictos o a Estados frágiles que realicen funciones policiales y que combatan la delincuencia transnacional, será necesario dotar a esos equipos de más funcionarios procedentes de los cuerpos policiales y darles acceso a las bases mundiales de INTERPOL”, ha declarado el Sr. Noble.
INTERPOL puede proporcionar a los policías de la ONU encargados del mantenimiento de la paz acceso al único sistema mundial de comunicación policial protegida; a bases de datos mundiales, entre ellas las de nombres de delincuentes, huellas dactilares, perfiles de ADN, pasaportes robados y vehículos robados; también puede prestar apoyo especializado en investigaciones relacionadas con los principales ámbitos delictivos, incluidos los prófugos, las drogas, el terrorismo, la trata de personas y la corrupción. Todas estas razones hacen de INTERPOL un aliado natural en las tareas policiales de mantenimiento de la paz.
“Los terroristas y los miembros de las organizaciones delictivas se aprovechan del vacío jurídico existente y utilizan los países dotados de instituciones débiles como refugio para la comisión de sus actividades ilícitas, con lo que fomentan la radicalización de las personas, alimentan la corrupción, engendran aún más inestabilidad y representan una amenaza mucho más allá de las fronteras del país en cuestión”, ha añadido el máximo dirigente de INTERPOL.
El Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Alain Le Roy, ha declarado que el reconocimiento de que “existe un vínculo evidente entre delincuencia y conflicto” y de que la delincuencia organizada y los delitos graves están muy extendidos en estas zonas de conflicto, pone de manifiesto la necesidad de aumentar la cooperación con INTERPOL.
“Cada vez con más frecuencia los elementos delictivos alimentan las guerras al proporcionar a los beligerantes los recursos necesarios para financiar sus costosas actividades militares. Asimismo, socavan el estado de derecho y constituyen una amenaza para la seguridad de las personas. En el pasado se ha podido observar claramente que los conflictos que no se nutren de los beneficios de la delincuencia suelen acabar antes”, ha afirmado el Sr. Le Roy. En la declaración que se aprobará hoy en la reunión ministerial se prevé la elaboración de un plan de acción en los próximos 12 meses, en el marco de un proceso que conducirá a una primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno sobre el papel de las fuerzas policiales a escala internacional en las tareas de mantenimiento de la paz.

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Ecuador desistiría de emitir circular de Interpol contra Juan Manuel Santos
El gesto se interpreta como una nueva señal de la distensión en las relaciones entre Colombia y Ecuador.
En julio pasado, cuando Interpol negó ese recurso, Ecuador anunció que insistiría en el tema durante la reunión del Comité Directivo, que se realizó el pasado sábado en Singapur. Sin embargo, no ocurrió así.
Aunque el tema podría ser tratado durante la Asamblea General de ese organismo, que ayer comenzó en Singapur, una fuente de la delegación colombiana dijo que es poco probable que ocurra, después de que no se habló del caso en el Comité Directivo.
En julio, un juez de Sucumbíos (Ecuador) ordenó la captura de Santos para procesarlo por el bombardeo en el que cayó abatido 'Raúl Reyes'. Ese país pidió una circular azul (de ubicación), antesala a la circular roja (captura internacional).
En la Asamblea de Interpol, la delegación colombiana, de la que hacen parte el director de la Policía, general Óscar Naranjo, y el director del DAS, Felipe Muñoz, le pedirá a Venezuela que colabore en la captura de alias 'Pablito', guerrillero del Eln que se fugó la semana pasada y que se cree huyó a ese país.

La planta judicial en España

La planta judicial, obsoleta/Fernando de Rosa Torner, vicepresidente del CGPJ

Publicado en EL PAÍS, 12/10/09;

La planta y demarcación establece la estructura de la organización judicial de un Estado a través de la definición del número de sus juzgados y tribunales, su tipo y su distribución en el territorio. Su adecuada configuración es relevante para la forma de la prestación del servicio público de la Justicia y para la propia efectividad de la tutela judicial de los derechos.
La planta judicial española, cuyo último diseño data de 1988, está obsoleta, debiendo adaptarse a las circunstancias demográficas y socioeconómicas de la sociedad actual. La población española ha aumentado considerablemente, pasando de 38 millones en 1988 a casi 47 millones en la actualidad, sufriendo una serie continuada de cambios que modifican sus características y su distribución territorial: incremento de la litigiosidad en determinadas áreas y materias, repentino crecimiento de algunas localidades, aumento de la población inmigrante…
Según datos del Consejo de Europa, en España existen 10,1 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, estando lejos tanto de la media europea (19,8), como de otros Estados europeos: Portugal (17,4), Alemania (24,5), Austria (20,2) o Polonia (25,8). Resulta estrictamente necesario aumentar el número de jueces y magistrados, por lo que cabe pedir al Gobierno un esfuerzo presupuestario en este sentido. En este punto debemos tener en cuenta tres elementos capitales: primero, es necesario definir la carga de trabajo razonable de los órganos judiciales. Segundo, la mera creación de juzgados y tribunales que respondan a la vigente organización, propia del siglo XIX, reproduce los defectos organizativos y dificulta la aplicación de modernas técnicas de gestión, por lo que considero imprescindible avanzar de forma efectiva en la implantación de la nueva oficina judicial. Por último, hay que reflexionar sobre el propio tamaño del sistema de justicia -que no puede seguir aumentando permanentemente: de algo más de seis millones de asuntos en 1999 hasta superar los nueve millones en 2008-, introduciendo mecanismos de reducción de la litigiosidad.
La puesta en marcha del sistema judicial para la resolución de un asunto supone un gran esfuerzo económico para el Estado, que debe afrontar la retribución de un gran número de personas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios de distintos cuerpos, abogados y procuradores en casos de justicia gratuita…), los costes relativos a los edificios, los referidos a la infraestructura informática, etcétera. Hay que impulsar medidas que conduzcan a una reducción de costes para los poderes públicos, impulsando medios más baratos de solución de los conflictos y simplificando trámites e instancias procesales, optimizando de esta forma los recursos disponibles. Siguiendo la experiencia exitosa de otros países, se deben impulsar los medios alternativos de resolución de conflictos (mediación, conciliación, arbitraje…), porque aportan una mayor rapidez, eficacia y ahorro económico. Hay que estudiar una posible extensión de las tasas judiciales, introduciendo mecanismos para que los ingresos generados sean destinados a la financiación de la Administración de Justicia. Por último, es necesario debatir sobre la despenalización de determinadas faltas, sobre una racionalización de la segunda instancia y sobre los criterios de la condena en costas en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social, entre otras cuestiones.
La planta judicial debe evolucionar también sobre la idea de especialización de órganos judiciales, mediante la separación de jurisdicciones allí donde sea aconsejable, sobre todo a través de la atribución del conocimiento de determinadas materias, con carácter exclusivo, a un concreto órgano de la circunscripción. La especialización competencial permite garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo al órgano judicial, posibilita un mejor conocimiento de la materia por parte de todas las personas que prestan servicio en el órgano y suele determinar un incremento de la previsibilidad de decisión, facilitando la resolución extrajudicial del conflicto y disminuyendo el uso de los recursos.
El enorme avance de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías aconseja una revisión del criterio tradicional de distribución territorial, el partido judicial, estableciendo en determinadas materias una “territorialización”; es decir, juzgados que asuman el conocimiento especializado de una materia y extiendan su jurisdicción a varios partidos judiciales. El CGPJ ha aprobado las líneas generales relativas a la territorialización de los juzgados de Familia y Capacidad de las Personas, cuya concreción necesitará una reforma legislativa. También hay que aplicar este criterio a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Merece una valoración positiva el acuerdo parlamentario sobre la creación de los jueces de Adscripción Territorial, que reclamaba el CGPJ desde la aprobación, el 12 de diciembre de 2008, del Plan de Modernización, como medio de fomentar la sustitución por jueces profesionales en los casos de ausencia del titular.
Espero que estas reflexiones contribuyan al diseño de un nuevo mapa judicial que permita avanzar hacia una mayor calidad y eficacia en la solución de conflictos, con un mejor servicio a los ciudadanos y más eficiencia en el gasto de los recursos públicos. Ése es nuestro objetivo. El objetivo de todos.

Conferencia en Gobernación, hoy |12 de octubre

Conferencia de prensa ofrecida por el Secretario De Gobernación, Fernando Gómez Mont, estuvo acompañado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles.
México, D. F., a 12 de octubre de 2009 Conferencia
-DR. LUIS ESTRADA: Se cede la palabra al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Buenas tardes, señoras y señores.
Abrimos este espacio con ustedes con el ánimo de mantener un flujo permanente de información sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Asimismo, en beneficio de la opinión pública y tomando en cuenta que miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros actores han realizado algunos pronunciamientos durante esta mañana, estimamos pertinente hacer las siguientes precisiones:
En primera instancia, como señalamos ayer, la extinción de Luz y Fuerza del Centro es una medida apegada estrictamente a Derecho y conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Para la expedición de este Decreto se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y reglamentarias. Por tanto, el Ejecutivo Federal sostiene y sostendrá la legalidad de la medida.
El Artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales prevé como causa de extinción de los organismos descentralizados que su funcionamiento no resulte conveniente para la economía nacional o el interés público.
Al verificarse en la causa legal procedía la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Por su parte, el Artículo 15 de la propia ley señala que para la extinción de organismo descentralizado deben seguirse las mismas formalidades que para su creación.
En el caso concreto, Luz y Fuerza del Centro fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994. Por lo tanto, su extinción se llevó a cabo mediante un instrumento de la misma naturaleza.
En el momento en el que se creó el organismo descentralizado, como todas las empresas paraestatales, quedó sujeto a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que prevé precisamente las causas y formalidades que deben seguirse para su extinción.
Es importante resaltar que en el procedimiento de extinción de Luz y Fuerza del Centro se cumplieron todas las formalidades que exige el orden jurídico nacional para tales fines, entre otros, la propuesta y opinión de desincorporación por extinción que emite la coordinadora del sector, en este caso, la Secretaría de Energía.
El dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. La propuesta al Ejecutivo Federal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es de destacar que la Auditoría Superior de la Federación reconoció de la problemática de Luz y Fuerza del Centro, tan es así, que con motivo de la revisión del informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006, emitió la recomendación titulada: Evaluación de las obligaciones derivados de los pasivos laborales a cargo de Luz y Fuerza del Centro, en la que recomendó: Que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Es de considerarse que no tendría sentido que la recomendación fuera a la Secretaría de Energía, de no ser porque la propia Auditoría consideró que la aplicación del Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se encontraba en la esfera del Poder Ejecutivo; es decir, que le correspondía a éste determinar su extinción.
Por último, partiendo de la situación insostenible que enfrentaba Luz y Fuerza del Centro, de la legalidad del decreto y del hecho de que el Ejecutivo Federal será escrupulosamente respetuoso de los derechos de los trabajadores, es que hemos ofrecido un canal de comunicación permanente a los trabajadores a fin de que los puntos de vista se hagan valer en el ámbito de la institucionalidad, se canalice la conflictividad por la vía del diálogo y se construyan conjuntamente alternativas para esta nueva etapa de la historia del sistema público del servicio eléctrico mexicano.

Preguntas y respuestas:

Brenda Herrera, de Enfoque:- Quisiera preguntarle, Secretario, se habla ya por parte de los legisladores de promover una controversia constitucional ante este Decreto que publicaron la madrugada del domingo. Un comentario respeto a eso.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: El Ejecutivo Federal es y será respetuoso de los procedimientos previstos en la Constitución.
He dicho que hemos sostenido y sostendremos la legalidad de la medida. Presentamos nuestros argumentos; lo haremos en los espacios procesales que resulten pertinentes para los efectos de esta discusión.
Claudia Flores, de Televisa: -Buenas tardes, señor Secretario. La Unión Nacional de Trabajadores ya ha advertido que va haber movilizaciones, que podría haber incluso una huelga generalizada para apoyar a los electricistas.
Y nada más saber si ha habido algún reporte de intentos de sabotaje, que tenga usted conocimiento. Gracias.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Hasta este momento yo no tengo ningún reporte de sabotaje. Se han atendido los problemas cotidianos o regulares que implican la prestación del servicio satisfactoriamente por la Comisión Federal de Electricidad.
Y en este sentido esperamos que todas las partes se conduzcan con apego a la legalidad.
La sociedad exige de todos nosotros que nos conduzcamos de manera pacífica, respetuosa y seria, en donde nos reconozcamos los unos y los otros con decoro y con respeto.
Reitero, nosotros sostenemos un canal de comunicación, una mesa de diálogo que tenga por efecto verificar que los derechos de los trabajadores queden debidamente respetados y que dé y que tenga como efecto hacer todo lo que le toca al Gobierno Federal, para acercar opciones productivas y laborales que tiendan a reconducir económicamente a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Félix Muñiz, de Radio 13:- Sí, Secretario, nada más preguntarle si el amparo procedería en este caso, que es de lo que están hablando los trabajadores que recurrir a un amparo, no a la controversia.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: A nosotros no nos toca valorar si es admisible o no el juicio de amparo en este sentido; les toca a los propios jueces federales ante quienes se presenten las demandas correspondientes.
Nosotros sostenemos que lo que hemos hecho está apegado plenamente a la Constitución y a la ley, y al espíritu de la Constitución y de la ley.
¿Qué quiere decir esto?
Hemos actuado ante la necesidad de una dificilísima situación que imperaba en Luz y Fuerza del Centro. Ante la obligación de preservar la debida administración del dinero de los contribuyentes que no es más que el producto de su trabajo, ingenio e inversión y que le es entregado al gobierno para cumplir diversos fines, como es la atención a la pobreza, como es la prestación de la seguridad pública, de la salud pública y que esos recursos deben ser cuidados con esmero y con prudencia y que en ese mismo sentido los derechos de los trabajadores deben ser respetados en el presente caso la oferta que ha hecho el Gobierno Federal, es de respetar los derechos de los trabajadores derivados de la liquidación, efecto que reconoce el propio Contrato Colectivo de Trabajo, respetar las liquidaciones que por ley y por contrato les tocan, inclusive aquellas prestaciones que por extinción prevé el propio Contrato Colectivo de Trabajo.
Entonces, aunado a acercar otro tipo de oportunidades, opciones y vías para que se puedan reconducir dichos trabajadores, tanto en el sector del servicio público eléctrico como la economía en general.
Susana Hernández, de Milenio: -Yo les quiero preguntar si sanear las finanzas precisamente de Luz y Fuerza del Centro significará pasarle el costo a los usurarios y con ello retirar el subsidio que actualmente existe o si el gobierno garantiza que no habrá un alza en las tarifas y también preguntarles qué puede haber respecto de un estallido social ante las movilizaciones que haya en la calle.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: El gobierno ha dicho que sostendrá su política de tarifas públicas, sin ningún cambio por esta situación.
Lo que se ha señalado es que hoy con el dinero de los contribuyentes, por la vía de los impuestos o del propio cobro de tarifa, se ha venido subsidiando la operación de Luz y Fuerza del Centro, hasta un grado que ya no era sostenible.
Lo que se busca es que dicha red sea operada de manera más eficiente, para llegar a un estado donde no tenga que ser apoyada de manera extraordinaria como lo ha venido haciendo en los últimos años y que pueda depender de su propia operación, que debe ser rentable y eficiente, para prestar el servicio público.
Es decir, que pueda su operación ser financiada a través del pago de los usuarios, como sucede en todo el resto del país.
Lo que no puede ser ya es que haya una diferencia para la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país, distinta al resto del país, en donde no se tiene que estar dando este apoyo.
-¿Pero podrían elevarse las tarifas de energía eléctrica?
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Eso habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo que yo le digo es que no alterará en ningún caso la política de tarifas públicas de los servicios que presta el Estado por este hecho.
-¿Pero no existe riesgo de un estallido social?
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: El Estado mexicano y toda la ciudadanía está comprometida con mantener y ensanchar las vías institucionales para procesar nuestras diferencias.
Ante un momento difícil del país se van adoptando aquellas decisiones que permitan darle viabilidad y futuro a las obligaciones principales que tiene el gobierno frente a los más vulnerables y frente a la ciudadanía. En este sentido o en este contexto es que se inscriben las medidas.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de honradez, de seriedad y de compromiso para mantener y fortalecer la institucionalidad en la vida de México.
Éste si bien es un deber principal del gobierno, es un deber que nos toca a todos. Existen los espacios.
Hoy en México se respetan las libertades democráticas y existen los espacios para manifestar el descontento, para establecer canales de comunicación y de diálogo a fin de resolver nuestras diferencias.
Somos gente de paz y queremos consolidar las vías pacíficas en este país por lo que yo creo que es, en este sentido, por los antecedentes de México y por su capacidad de transitar en su historia, los espacios institucionales para manejar la conflictividad de las diferencias están garantizados.
Edith Gómez, de W Radio:- Ayer el Presidente de la República en su mensaje en un tono conciliador y de confianza hacia los trabajadores y el Sindicato les dijo que se va a recontratar a la mayor parte de ellos, en ese tono.
Hoy el Secretario del Trabajo utiliza más bien un tono amenazante hacia los trabajadores que no decidan en el tiempo perentorio asumirse a las liquidaciones.
¿Por dónde se va caminar? ¿Es necesario el tono amenazante ya, que utilizó hoy el Secretario del Trabajo, para caminar por esta situación tan difícil?
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Lo que es importante señalar es que el gobierno ha hecho una oferta a los trabajadores, para entregarles una cantidad adicional a la que por ley y contrato colectivo tienen derecho para su indemnización voluntaria.
Es un estímulo para ellos a fin de tener claridad sobre su liquidación, tener una cantidad extraordinaria y poder enfrentar las siguientes situaciones de la mejor manera posible. Eso es un estímulo, un incentivo.
Y en este sentido tengo que señalar que me han informado que ya hay centros para las liquidaciones abiertos, que hay que dejar claro que las consultas que se pueden hacer tanto en la página de internet como en el teléfono 01-800, la página de internet es www.lfc.gob.mx y el teléfono es el 01-800-80105589, creo que es 589, son consultas para que los propios trabajadores vayan conociendo la cantidad de liquidación a la que tienen derecho.
La consulta no les genera ningún compromiso, por consultar no están manifestando su conformidad. El chiste es que tengan todos los elementos de información y de juicio para poder tomar sus decisiones.
Es importante evitar la desinformación y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que de manera oportuna cada uno de los trabajadores conozca cuáles son sus alternativas y que sobre ello tome sus decisiones.
Es nuestra obligación abrir esos espacios y esas decisiones para que ellos responsablemente tomen su alternativa frente a sus propios intereses, que son lo importante en este sentido.
Aquí lo importante al final son los intereses de cada uno de los trabajadores.
Eduardo Castillo, de AP: -Lo que queremos saber si nos puede comentar si en este momento el Gobierno Federal tiene detectado alguna otra entidad paraestatal o estatal o dependencia, en una situación de ineficiencia operativa y financiera como Luz y Fuerza.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: El Gobierno a través de diversas medidas constantemente está trabajando sobre la productividad y la eficiencia de los organismos productivos que están en el sector público.
Luz y Fuerza del Centro lo intentamos durante mucho tiempo, se llegó a esta decisión después de haber intentado durante mucho tiempo tratar de solucionar la situación de Luz y Fuerza del Centro.
El propio sindicato era corresponsable de la gestión, parte del diagnóstico, del problema que se ha señalado, es que el propio sindicato interfería de una manera muy importante en la administración, que la capacidad de modernizar a Luz y Fuerza del Centro estuvo impedida y obstaculizada por el propio ritmo y la propia falta de productividad del sindicato para hacer las obras de modernización que se hacían, tardándose tres veces más y a un costo mucho mayor que las que hacía la Comisión Federal de Electricidad.
Señores, el análisis que le hemos presentado a la sociedad es de una comparación entre una empresa pública y otra…
No es un análisis distinto, entre una empresa pública y otra, y los resultados de una y otra son totalmente diferentes.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad se ha avanzado sustancialmente en la productividad y en la responsabilidad en la prestación del servicio, por lo que su funcionamiento está plenamente garantizado, no es deficitario, no tiene que ser subsidiado con recursos adicionales de los contribuyentes.
Es a ese rendimiento, es a esos resultados a los que aspiramos en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.
-DR. LUIS ESTRADA: Muchas gracias.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Les agradezco mucho su presencia. En este momento es muy importante.
Estaremos en comunicación constante. La situación, créanme, justifica que ustedes y yo nos vayamos a ver más seguido en los próximos días, de lo que ha venido sucediendo desde que estoy a cargo de la Secretaría.

¿Sigue el SNTE?

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio.

¿Quién sigue?

Ejecentral.com.mx, 12 de octubre de 2009;

Un ex Presidente de México (seguramente fue CSG, cercano al columnista) comentó, cuando comenzó a circular la información que el gobierno se preparaba para liquidar la Compañía de Luz y Fuerza, que en su cuarto año, con el desgaste natural que eso conlleva, con tantos frentes abiertos –guerra contra el narcotráfico, guerra contra el presupuesto, guerra (perdida) contra la pobreza-, sería una equivocación intervenir al organismo descentralizado y acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas que, a su juicio, era el más combativo en el país. “Se debió haber hecho al iniciar el gobierno”, decía, entendiendo también que eso hubiera sido imposible porque Felipe Calderón arrancó su mandato con un país dividido y una tercera parte del electorado enardecido en su contra. El ex Presidente evocaba el manual de operación convencional para una acción de tal envergadura.
Calderón lo hizo al revés. Con una ruta totalmente opuesta a la que siguió Carlos Salinas –la analogía natural-, cuando a los 41 días de haber asumido la Presidencia tras unas elecciones manchadas por sospechas de fraude descabezó al sindicato petrolero, en una acción sorprendente y sorpresiva. Calderón telegrafió lo que iba a hacer en su discurso del 2 de septiembre en el que afirmó que desmantelaría monopolios. Al que colocó en la picota fue al SME, al que desde antes que anunciara su propósito de segundo periodo de mandato, ya había designado como la primera víctima, como subproducto de la liquidación del organismo descentralizado. Lo adelantó de manera discreta la secretaria de Energía, Georgina Kessel, cuando hablaba insistentemente sobre el tema con líderes de opinión, y en una petición directa a la Secretaría de Hacienda el 28 de septiembre para liquidar la empresa.
El final del SME abre las interrogantes sobre cuál es el sindicato que le sigue. Las apuestas espontáneas apuntan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya líder es Elba Esther Gordillo, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps. En los preparativos para la requisa de las instalaciones de Luz y Fuerza, previo a la liquidación de la empresa, el SNTE mantuvo un perfil muy bajo. Los petroleros actuaron de otra forma. La disidencia sindical se movilizó a favor del SME, y fue sujeta a una vigilancia especial de la Policía Federal, lo que le dio armas de negociación a Romero Deschamps, para su próxima negociación contractual con Pemex.
Romero Deschamps, por todas las señales que emite el gobierno, no sólo puede estar tranquilo, sino que inclusive puede capitalizar su respaldo a la liquidación de Luz y Fuerza –con la inacción y el silencio basta-, para negociar un punto que trae en el portafolio desde hace tiempo: las pensiones para los petroleros. En su caso, el desmantelamiento del SME lo beneficia coyunturalmente. Pero en el SNTE, la historia es distinta. Desde hace tiempo hay una fuerte corriente de opinión en el gobierno en contra de la alianza electoral que forjó Calderón con Gordillo. Las personas que trabajaron los detalles de la alianza previamente a las elecciones de julio de 2006 fueron Juan Camilo Mouriño, Fernando González y Miguel Ángel Jiménez. González, yerno de la maestra, fue premiado con la subsecretaría de Educación. Mouriño murió hace casi un año y Jiménez fue defenestrado como director de la Lotería Nacional y perseguido judicialmente. Es decir, la correlación de fuerzas dentro del equipo cercano a Calderón que apoyó la alianza y los compromisos con Gordillo, se modificó.
Quien siempre pensó que la alianza con Gordillo era demasiado cara, es Margarita Zavala, esposa del Presidente, pero con una trayectoria propia, voz e influencia dentro del PAN. Con la llegada de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación en remplazo de Mouriño, Zavala y toda esa corriente más ideológica que pragmática en el PAN, sumaron un aliado. Gómez Mont no ha dejado de insistir: Gordillo le resulta demasiada cara a Calderón y al PAN. En otro momento, estas posiciones políticas no hubieran sido nada más allá de la presión y tensión que se puede vivir en la Presidencia. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido un cambio de coordenadas dentro de Los Pinos, precisamente en paralelo a las discusiones sostenidas sobre el futuro de Luz y Fuerza y el SME.
Informaciones que han salido de Los Pinos mismos, muestran que el ánimo en contra de la maestra Gordillo se está encendiendo de manera creciente. Asesores del Presidente que siempre acuden a las reuniones de discusión y planeación estratégica están pidiendo que se ajusten cuentas con el SNTE y con Gordillo, argumentando el incumplimiento de los compromisos políticos. La maestra ya escuchó sobre el tono y la orientación de los reclamos, y hace menos de dos semanas comentó con varios gobernadores que son cercanos a ella que las críticas que se le están haciendo en Los Pinos no tienen justificación, pues sí cumplió con los acuerdos políticos, no sólo los electorales pactados, sino los políticos, manteniendo al magisterio bajo control en estos tiempos de crisis.
Pero a diferencia de hace algunos meses, la maestra Gordillo no tiene las estrellas de Los Pinos alineadas detrás de ella, sino que se observa una descomposición política en su relación institucional con el Gobierno. Qué va a hacer el presidente Calderón con esa relación, no se sabe en este momento. Pero el consenso que se está formando en Los Pinos es adverso. La imagen pública del SNTE, objetiva o subjetivamente, es peor que la del SME, y la campaña mediática en contra de Gordillo en medios afines al panismo ha sido permanente. Gordillo ya está estableciendo alianzas por fuera del gobierno y sumando figuras políticas de otros partidos. Está viendo seguramente lo que viene. La pregunta es ¿realmente vendrá? Si hay una lógica en la acción política del gobierno, tendrá que darse el ajuste de cuentas con Gordillo, siempre y cuando el conflicto político con el SME, que apenas empiece, les salga como lo esperaban, bien y sin turbulencias, lo que falta por ver.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa

Mensaje del Presidente Calderón

Mensaje a la Nación del Presidente Felipe Calderón
Domingo, 11 de Octubre de 2009 Discurso
Ciudad de México
Mexicanas y mexicanos:
Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos tenemos que cambiar y cambiar a fondo, corregir de raíz los graves problemas que tenemos por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor.
Es por esa razón que hoy publiqué un Decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada, hasta ayer, del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos.
He tomado esta decisión con base en lo que dispone el Artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público.
Éste era el caso de Luz y Fuerza del Centro, por varias razones:
El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible, sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz.
Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del Programa de Oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema; o bien, recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante.
Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año.
En poco tiempo, Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Además, debido al Contrato Colectivo de Trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades, o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran, en muchas ocasiones, a las preocupaciones e intereses del sindicato.
Por ejemplo, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el Contrato Colectivo de Trabajo. Y estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al organismo, también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio de electricidad que se debía prestar.
Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía.
Este bajo desempeño no sólo era muy costoso para todos, también afectó a la economía nacional. Muchas empresas, fábricas o comercios dejaron de instalarse en la Zona Centro del país porque no era posible darles la electricidad que necesitaban, y muchas de las empresas ya establecidas en México, perdían productividad frente a sus competidores, por los cambios de voltaje, por los cortes de luz, por muchas deficiencias que registra el servicio y que también padecen muchas familias mexicanas en esta zona.
Muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o de plano en otros países, donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable. Esto impidió la creación de miles de empleos en el Centro de México. Era urgente que el Gobierno Federal corrigiera estos problemas.
Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio y, sin embargo, por diversas razones esos esfuerzos no dieron resultado.
Hoy, ya no era posible seguir así.
Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro queremos iniciar una nueva etapa en la prestación del servicio público.
Quiero ser muy enfático en esto: el servicio eléctrico no se privatiza, de ninguna manera; ni en el Centro del país ni en ninguna otra parte.
El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, será la Administradora en este proceso de liquidación y prestará el servicio eléctrico en esta zona, con lo cual se garantiza el servicio con toda normalidad.
Ahora buscaremos mejorar día con día el servicio de electricidad, hasta lograr que sea moderno y eficaz. La mejoría del servicio también se traducirá en la instalación de más empresas, de más fábricas, de más talleres o comercios en la Zona Centro del país, lo que ayudará a generar más y mejores empleos, que tanto necesitamos los mexicanos.
Sé que hay una preocupación en los hogares de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por esta situación. A ustedes especialmente me dirijo.
Quiero asegurarles que se respetarán plenamente todos sus derechos y prestaciones. Todos serán indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, pero además, el Gobierno Federal les otorgará un bono adicional a las prestaciones establecidas, tanto en la Ley como en el Contrato.
Es por ello que las indemnizaciones que recibirán estarán muy por encima de lo que señala la ley.
Para darles una idea, aunque la indemnización varía, dependiendo de la antigüedad o el sueldo de cada trabajador, en promedio les vamos a entregar, a quienes reciban voluntariamente su indemnización, hasta 33 meses de sueldo; es decir, dos años y medio de ingresos, en promedio, insisto, por concepto de indemnización.
Y por lo que toca a los trabajadores jubilados, quiero ser muy claro que el Gobierno Federal les va a garantizar el pago íntegro y puntual de sus jubilaciones.
Y, además de la indemnización a la que me he referido, el Gobierno Federal a mi cargo ha dispuesto varias medidas para ayudarles a superar este difícil momento.
Es por ello que he dado las siguientes instrucciones:
A la Administradora, para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional.
A la Secretaría de Economía, para que ponga en marcha esquemas de asesoría, de apoyo y financiamiento, a fin de que los trabajadores puedan iniciar pequeñas empresas proveedoras de la industria eléctrica, o bien en otras actividades económicas de su preferencia.
A la Secretaría del Trabajo, para que dé orientación y capacitación, a fin de que los trabajadores puedan encontrar nuevas opciones de empleo y se les dé preferencia, tanto en la Bolsa de Trabajo, como en los Programas de Reinserción Laboral de la propia Secretaría.
Mexicanas y mexicanos:
Ante la crisis internacional, es momento de unir esfuerzos con una meta común: la recuperación económica del país.
Ante el esfuerzo de todos, el Gobierno Federal es el primer obligado a hacer un uso más eficiente de los recursos de los mexicanos y corregir las ineficiencias y los gastos excesivos en el propio Gobierno; eso es lo que estamos haciendo hoy en Luz y Fuerza del Centro.
Queremos destinar esos recursos a prioridades como: a combatir la pobreza y la desnutrición, a cuidar la salud y mejorar la educación de nuestros niños, a construir más infraestructura para el desarrollo, a la seguridad pública, a construir más universidades.
Lo he dicho y lo reitero. Hoy tenemos que cambiar lo que no funciona en el país, porque ya no quedan otras opciones, porque el tiempo y los recursos se nos agotan.
Hoy, cambiar a fondo no sólo es la mejor, es la única alternativa; y por eso, el Gobierno Federal seguirá impulsando los cambios profundos que el país necesita, no sólo para superar la crisis, sino para convertirse en el México próspero, justo y fuerte que queremos heredarle a las generaciones del mañana.
Y sé que unidos, los mexicanos lo vamos a lograr.
Muchas gracias por su atención.

Sin Luz y Fuerza

Columna JAQUE MATE/Sergio Sarmiento
Sin Luz y Fuerza
Reforma, 12 de octubfe de 2009;

"Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro". Decreto presidencial

Finalmente el gobierno de la República decidió intervenir y liquidar Luz y Fuerza del Centro. La medida era quizá inevitable. La compañía se había convertido en un hoyo negro imposible de llenar. Sus costos casi duplicaban sus ventas. A pesar de gozar de un monopolio, la empresa siempre recibió subsidios del gobierno. Para el 2009 la transferencia ha sido de casi 42 mil millones de pesos. Sus pérdidas de energía, de más de 30 por ciento, casi triplican las de la Comisión Federal de Electricidad. Su pasivo laboral era insostenible. La empresa, además, ya no podía proporcionar energía a los nuevos desarrollos habitacionales, comerciales o industriales de su zona de monopolio.

Esto no significa que su liquidación será fácil. Si bien el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) surgió dividido de la elección interna de este 2009, la determinación del gobierno de liquidar la empresa ha unido a los grupos en conflicto de Martín Esparza y Alejandro Muñoz. Ya en el pasado Luz y Fuerza estuvo en liquidación durante años. Carlos Salinas de Gortari, que recibió del SME un respaldo crucial en la elección presidencial de 1988, la rescató de la liquidación en 1994 y la convirtió en organismo público descentralizado, pero endosó el costo a los contribuyentes.

Luz y Fuerza es quizá el ejemplo más notorio de cómo los organismos públicos terminan convirtiéndose en botín de algunos grupos, en este caso el sindicato. Pero será muy difícil darle la vuelta a la empresa. Ésta no puede privatizarse sin enmendar la Constitución, lo cual es políticamente imposible. Por eso se ha entregado el control formal de las instalaciones al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del gobierno federal, que a su vez las ha entregado para su operación a la Comisión Federal de Electricidad.

Muchas de las pérdidas de electricidad de la empresa son producto de la facilidad con la que se ha permitido a personas y empresas colgarse de las redes de distribución sin hacer pago alguno. La extinción de Luz y Fuerza no resolverá este problema. Para ello se requiere una acción decidida de las autoridades, pero no sólo federales, sino de la Ciudad de México y los estados y municipios del centro del país que no se atreven a actuar en contra de quienes realizan estos robos de energía.

El SME no aceptará pasivamente la desaparición de Luz y Fuerza, a pesar de que el gobierno ha anunciado que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores. A través de retos legales y movilizaciones tratará de forzar al gobierno a echarse para atrás. Contará para ello con el apoyo de otros sindicatos, entre ellos el de mineros y los de la Unión Nacional de Trabajadores.

El costo de la liquidación de los trabajadores será enorme. Según el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la indemnización conforme a la ley y al contrato colectivo de trabajo obligará a una erogación de 16 mil millones de pesos. Hacienda está comprometiendo otros 4 mil millones de pesos adicionales como incentivo a los trabajadores para que acepten la liquidación. Este costo valdrá la pena si, efectivamente, se crea una empresa de electricidad más eficiente. El problema es que muchos de los factores que han generado la ineficiencia de Luz y Fuerza -el monopolio estatal sobre la electricidad, la legislación laboral y los robos de electricidad- no han desaparecido. Existe el riesgo así de que este costoso esfuerzo no lleve a una mejoría real del servicio.

Columna Plaza Pública

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa
Manotazo eléctrico
Reforma, 12 de octubre de 2009;
La palabra final en la "Plaza pública" del viernes era "manotazo". Me referí así a una de las opciones que consideraba el gobierno para quitarse de encima el conflicto permanente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, escondido tras el deterioro del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Ése fue el camino escogido; el sábado por la noche el gobierno dio un manotazo. Sus tropas asaltaron las instalaciones de LyF horas antes de que entrara en vigor el decreto que extingue a ese organismo, con lo que se acentúa el carácter autoritario de la medida, que genera la causa mayor que a su vez es causal de terminación de las relaciones laborales.
Aunque estrecha e indisolublemente relacionados, hay dos asuntos en la decisión presidencial de acabar con Luz y Fuerza, uno de carácter administrativo y otro de naturaleza laboral. El primero, de ser cierto el curso de que dan cuenta los considerandos del decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial inusualmente publicado en domingo, se realizó en sigilo. A partir de una reflexión de la Auditoría Superior de la Federación en torno de la cuenta pública de 2008, el 28 de septiembre la Secretaría de Energía habría propuesto la desincorporación por extinción de LyF, y el 5 de octubre la Comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación habría emitido un dictamen aprobatorio, que se convirtió en el decreto firmado por Calderón el sábado y puesto en vigor antes de su publicación. No es, por supuesto, un tiquismiquis legaloide el considerar contraria a la ley la ocupación de las instalaciones de LyF. Si el SME como sindicato o sus integrantes a título individual emprenden una lucha jurídica contra esa disposición, podrán alegar en la demanda de amparo correspondiente esa invasión de sus recintos de trabajo por la Policía Federal y por miembros del Ejército. También podrán imputar al firmante del decreto y a los secretarios de Estado que lo refrendaron irresponsabilidad al nombrar liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y encargarlo de una operación para la cual carece de elementos de toda naturaleza. Encargar a la CFE esa operación resulta así de una triangulación de funciones en que la ley no queda bien servida, lo cual debe enrostrarse a quienes se llenan la boca con lemas sobre el Estado de Derecho.
En el ámbito laboral, el SME podrá argumentar en defensa de su contrato colectivo que la fuerza mayor alegada como causal de terminación de la relación de trabajo fue creada por el propio gobierno, y nadie ni el gobierno mismo puede ser beneficiario de acciones ilegales. El SME resistió ya la liquidación decretada en 1975 por el presidente Echeverría y anulada años después por el presidente Salinas, que se comprometió a ello por necesidades electorales. También son razones políticas, por cierto, las que explican ahora la liquidación, más que las de orden financiero alegadas.
Tanto el decreto como las declaraciones de los miembros del gabinete que ayer domingo encararon el asunto, insistieron en el respeto a los derechos de los trabajadores al punto de que no sólo se cumpliría la ley y el contrato colectivo para indemnizar a los despedidos sino que se les añadirían compensaciones de gran prodigalidad. Conforme a lo anunciado, los electricistas recibirían en promedio el equivalente a dos años y medio de sus salarios. Los 22 mil jubilados continuarán recibiendo, vitaliciamente, la paga a que tienen derecho, con cargo al gobierno federal, y con incrementos anuales acordes al movimiento del índice nacional de precios. Los electricistas tendrán que examinar con cuidado esa oferta, porque el modo de exponerla no explicó que pudiera estar condicionada a cláusulas escritas "con letra chiquita" que eventualmente signifiquen algo diferente a lo ofrecido.
De ser verdaderas las cifras aportadas por los funcionarios, quedan evidentes lagunas informativas que será preciso colmar. Se ha achacado buena parte de las dolencias financieras del organismo en liquidación al alto costo de la mano de obra, a su pasivo laboral. Pero ahora que se hacen las cuentas presumiblemente finales, se sabe que la liquidación a los trabajadores tendrá un costo de cuando más 20 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se insiste en que el agujero financiero de LyF es de 42 mil millones de pesos. De esta cifra sólo una breve porción ha de corresponder a los pasivos laborales, puesto que se puede acabar con ellos con sólo la mitad del subsidio que debe entregar cada año la Federación.
El manotazo gubernamental fue cuidadosamente preparado. Se consumó horas después de que el equipo mexicano aseguró su presencia en el campeonato mundial de futbol el año próximo en Sudáfrica, meta que puso en buen punto el ánimo de un extenso segmento de la población. Previamente, la propaganda oficial logró que se creyera urgente acabar con una doble lacra, la operación deficitaria del organismo eléctrico y los abusos de su personal. La prédica del gobierno cayó en la buena tierra de una sociedad harta de la corrupción y de los privilegios, sobre todo cuando los reciben los asalariados, como si no hubiera prebendas mayores para la reducida minoría que concentra la riqueza. La liquidación de LyF será bienvenida en anchas porciones de la sociedad, y hasta algunos de sus componentes, los adictos al autoritarismo reprocharán al gobierno su "generosidad".
El conflicto por la extinción de LyF apenas comienza.
Cajón de Sastre
El decreto que define la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su liquidación, expedidas por la Secretaría de Energía, no se refieren a la red de fibra óptica que posee ese organismo público, y que constituye parte de un patrimonio que mejor administrado por el gobierno hubiera debido impedir el deterioro de la antigua Compañía mexicana de luz y fuerza. Se trata de un tendido de más de mil kilómetros que permite a quien lo opere ofrecer el servicio de triple play, un negocio apetecible que hubiera podido ofrecer directamente la empresa y con su rendimiento subsanar sus deficiencias, en vez de lo cual se otorgó en concesión a la empresa WL Comunicaciones, cuyos principales accionistas fueron secretarios de Energía en el gobierno de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

La opinión de Jesús Silva-Herzog

La mosca y la telaraña/Jesús Silva-Herzog Márquez

Reforma, de octubre de 2009;

Pocos materiales tan duros como el filamento que producen las arañas. Su tela, han comprobado los científicos, es más resistente que el acero. Lo que a los ojos del hombre resulta casi imperceptible, apenas una geometría de agua y moco, es una red impenetrable y dura. Los insectos que quedan atrapados por las telarañas no tienen otro futuro que ser almuerzo. Algo parecido podría decirse del ámbito político. Nada tan poderoso como el tejido de los mitos. Nada tan resistente como la superstición, el tabú, la ideología. Hecha de aire, de recuerdos, de palabras sagradas, de expectativas, la ideología apresa la política: sujeta su imaginación y ablanda su voluntad. Una compacta red de símbolos puede más que el muro de los hechos. Define los contornos de lo posible y así demarca los alcances de la política.

Felipe Calderón ha sido una mosca solemne atrapada por una trama de mitos. En tono grave acató el veredicto de sus antecesores y las doctrinas de sus adversarios. Nada de lo importante era realizable: había que consolarse con la política de la irrelevancia. Nos dijo, en plan de predicador del realismo que ese era el continente de la política: acatar la tiranía de lo posible. Así celebró la magra reforma energética como una medida para defender la "soberanía energética"; así elogió una reforma electoral en la que no cree como una contribución a la democracia. La decisión de liquidar la compañía de Luz y Fuerza implica una afortunada ruptura con las telarañas que han atado a su gobierno y a los anteriores. El Presidente finalmente se decidió a enfrentar intereses poderosos, bien pertrechados políticamente y con notable capacidad movilizadora. En buena hora lo ha hecho: el país necesita un gobierno dispuesto a dar batallas y enfrentar intereses poderosos, no simplemente gestionar los términos del rapto nacional.El Presidente ha encontrado en las últimas horas una determinación que, durante su gobierno, sólo se ha asomado en la lucha contra el narcotráfico y que se recuerda de sus ya lejanos días como candidato. Ha elegido una buena batalla porque se dirige en contra de una empresa que simboliza los peores manejos de la administración pública. La compañía era, efectivamente, insostenible. De mantener las cosas, los contribuyentes de todo el país -no solamente aquellos que padecían su mal servicio- tendrían que pagar cada vez más dinero a su sostenimiento. Cada día tendrían que desviarse recursos para las grandes prioridades nacionales, destinándose a una cazuela sin fondo. La magnitud del desfalco es realmente extraordinaria: este año el subsidio a la compañía equivale prácticamente al presupuesto del programa Oportunidades y al doble del presupuesto de la Universidad Nacional.

El decreto del Ejecutivo federal inaugura una línea de argumentación que debe derivar en el desarrollo de la decisión, en la formulación de una auténtica política reformista. El funcionamiento de la empresa "no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público", se dice en el decreto de liquidación. La política del gobierno federal coloca en primer plano lo que debe ser prioridad: la tutela del interés general. Se trata de un acto de manumisión frente los poderes captores que usan al Estado en beneficio de sus clientelas. El gobierno rompe de esa manera la telaraña de intimidaciones que había atrapado a sus predecesores; se sacude de los impedimentos imaginarios para liquidar una compañía que lo había convertido en rehén. La determinación del presidente Calderón es encomiable. No lo es por ser ostentación de valentía. La política del arrojo suele tener mirada corta e impulsos de vanidad. En este caso, se trata de una audacia comprometida con el futuro. Por onerosa que la liquidación resulte en el corto plazo, por ruidosa que sea la protesta, por estridentes que sean las críticas, el gobierno ha puesto en primer lugar el interés público.

La decisión parece, sobre todo, un llamado a la profundización del arrojo. Encarar con inteligencia el cúmulo de intereses que detienen el avance del país debe ser la ruta a seguir en el tiempo que le queda a esta administración. Emplear al máximo el poder del Ejecutivo para profundizar esta veta de acción. La empresa de energía que ha sido liquidada no es la única muestra de los abusos pertrechados en las transacciones políticas y arraigados en el temor a desatar el conflicto. Desde hoy podemos medir a Felipe Calderón con el rasero de una buena decisión. Que su futuro esté a la altura de esta resolución: que sea guardián del interés público y no el cuidador de los acomodos del pasado.

¿Qué se propone uno con la filosofía? Se preguntó Wittgenstein en algún lugar. "Enseñarle a la mosca a escapar del frasco", respondió. La política, podría decirse, se propone lo mismo. Aparece la política cuando la mosca se atreve a escapar de la telaraña.

Posicionamiento del PVEM

El vicecoordinador del PVEM, Pablo Escudero Morales, señaló que es acertada y oportuna la medida tomada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa de decretar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Aseguró, el también presidente de la Comisión de la Función Pública, que es apremiante exigir que se respeten los derechos laborales de los más de 43 mil empleados, tanto sindicalizados como los de confianza.
Subrayó que estarán pendientes en San Lázaro para vigilar que los derechos laborales de los jubilados, que ascienden a más de 23 mil trabajadores, sean salvaguardados.
Escudero Morales advirtió que la desaparición de la empresa significará en el futuro un ahorro muy significativo para el Ejecutivo.
El presidente de la instancia legislativa informó que propondrá que la CFE otorgue el derecho de prelación para contratar primero a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro respecto a otros trabajadores, bajo las nuevas condiciones laborales que se establezcan.
Por último, agregó que estarán atentos para que no exista ningún intento de privatización, y que se conduzca este proceso con plena transparencia.

***

Nota de Ricardo Gómez

El Universal Ciudad de México Lunes 12 de octubre de 2009 13:55
La bancada del Partido Vede Ecologista de México en el Senado respaldó este lunes la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de liquidar la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Sin embargo, los legisladores de esta fracción presidida por Jorge Legorreta advirtieron que se mantendrán pendientes y vigilarán que no se atente contra los derechos de los trabajadores.
Para la bancada verde en el Senado la decisión fue correcta debido a las pérdidas financieras que Luz y Fuerza del Centro registró durante los últimos años.
También mostró su beneplácito por el anunció del presidente Felipe Calderón de que no se privatizará el sector eléctrico.
La bancada del PVEM consideró que las cifras dadas a conocer, demostraron la inviabilidad financiera de dicha empresa, lo que justificó su liquidación.
Consideraron que esta y otras decisiones demuestran el interés del gobierno federal hacia el sector eléctrico y energéticos del país. mma

Itinerario Político

Columna Itinerario Político/ Ricardo Alemán
itinerario, ria. Real Academia
(Del lat. itinerarĭus, de iter, itinĕris, camino).
1. adj. Perteneciente o relativo a un camino.
2. m. Dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, paradas, etc., que existen a lo largo de él.
3. m. Ruta que se sigue para llegar a un lugar.
4. m. Guía, lista de datos referentes a un viaje.
5. m. Mil. Partida que se adelanta para preparar alojamiento a la tropa que va de marcha.
6. m. p. us. derrotero (‖ de las naves).

El Universal, 12 de octubre de 2009
SME: se voló la cabeza
Podrán decir misa los líderes del SME y sus aliados, pero lo cierto es que resultó impecable la estrategia para liquidar Luz y Fuerza; sin un solo golpe, sin poner en riesgo el servicio y las instalaciones, con un generoso bono para los despedidos y, sobre todo, sin alentar la esquizofrenia de la privatización y la ilegalidad.
Y podrán decir misa en el gobierno de Felipe Calderón, pero lo cierto es que todos saben que detrás de la liquidación —además del insostenible factor económico— prevalecieron las razones político electorales y el papel que en 2012 estaba llamado a jugar el SME.
En el primer caso, veremos gritos y sombrerazos de los ambiciosos y torpes líderes sindicales, a los que juzgarán con severidad la historia y el sindicalismo. No sólo “mataron la gallina de los huevos de oro”, sino que corruptos y locos de poder volaron la cabeza al viejo SME, otrora ejemplo de sensatez laboral.
En el segundo, por más que hablen de la insostenible crisis de la empresa, lo cierto es que era una crisis igual de grave que hace años. Lo que fue insostenible fue la torpe alianza política del SME con los golpistas adversarios del gobierno de Calderón. En efecto, la situación de la empresa era insostenible, igual que la improductividad del sindicato y su costoso contrato colectivo. Pero si a todo eso se le suma el factor político y la sucesión de 2012, fue inevitable el manotazo del gobierno.
Para los que dudan del fondo político electoral de la liquidación de LyFC, basta leer lo que el mismo sábado —antes del golpe— dijo Alejandro Muñoz Reséndiz, a quien Martín Esparza hizo fraude en la elección para dirigir al SME. Dijo: “No nos hagamos. Este tema es político a escala nacional por otro rollo; el de la Presidencia de la República. Se agarró López Obrador del SME, vía Martín Esparza, como trampolín en la carrera rumbo a Los Pinos. Luego Martín empezó a revivir muertos y a decirles vénganse, a todos los que andaban por ahí sobándose heridas electorales… Es un cachorrito que se ha metido en las patas de los lobos que lo están utilizando”. (Tomado de Excélsior, domingo 11 de octubre).
Está claro que Martín Esparza jugó ruleta rusa con un sindicato corrupto, ineficaz y repudiado socialmente. Olvidó que su responsabilidad es con los trabajadores, no con el poder político. Lo primero era salvar a la empresa, para salvar los empleos y luego al sindicato. Y en la ruleta rusa le voló la cabeza al sindicato. Pero es apenas el inicio de la guerra de 2012.
EN EL CAMINO
El pasado lunes 5, aquí dijimos —antes que nadie—, que estaba listo el fin de Luz y Fuerza. Menudearon insultos y ofensas. No se equivoquen, ni bola de cristal ni trato inconfesable. El trabajo se llama reportear.

Martín Esparza en Sa Lázaro

Tras la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, rechazó que vayan a realizar actos de sabotaje en las instalaciones de la paraestatal como vía de protesta. “A nosotros nos interesa la empresa, el desarrollo del país, jamás vamos a sabotear ninguna instalación, no tenemos a dónde irnos a vivir, estamos en este país y aquí nos vamos a quedar”.

En conferencia de prensa Esparza Flores afirmó que defenderán a la CLyFC mediante el aspecto jurídico y político. “Es una mala decisión del gobierno, hay violación a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, y detrás de todo está el interés de la iniciativa privada”. Por lo anterior, informó que buscarán el apoyo de las distintas fracciones parlamentarias para interponer una Controversia Constitucional ante el decreto presidencial, pues desde el punto de vista del SME, la decisión violenta la Carta Magna.
Dijo que es falso el argumento del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, al decir que los privilegios de los trabajadores costaba a los mexicanos 42 mil millones de pesos, toda vez que el presupuesto prácticamente se destinó en su totalidad al pago de la energía adquirida a CFE.
Los trabajadores, abundó, le decimos al Ejecutivo que no tenemos privilegios, son derechos establecidos en la Constitución. “El fondo es acabar con los sindicatos e impulsar la reforma (Laboral) de —Javier— Lozano, que el mejor sindicato es el que no existe, para que todos entren en la contratación de outsourcing”.
Esparza Flores citó la iniciativa del ex legislador de Francisco Fraile García (PAN), en el que hace un análisis financiero de los ingresos del 2000 al 2007, en donde la participación en el gasto corriente de la empresa en el 2000 representó 17 por ciento; 2001, 17.9 por ciento; 2002, 18.8 por ciento; 2003, 14.6; 2004, 14.1; 2005, 13.7; 2006, 12.5 por ciento y en el 2007 14.1 por ciento.
En ese orden, recalcó que el porcentaje de participación de compra a CFE en el gasto corriente en el año 2000 representó el 62.2 por ciento de lo asignado; en el 2001, 60 por ciento; 2002, 61.4; 2003, 58.7; 2004, 59.7; 2005, 68.7; 2006, 63.3 por ciento y 2007 el 76.3 por ciento.
Lo anterior, dijo es por concepto de las transferencias a CFE por el costo de la energía en bloque. “¿Quién es el responsable de esto, quién fija las tarifas del país, somos los trabajadores o la Secretaría de Hacienda, Energía, Economía?”, cuestionó.

Nota # 389, Notislegis

Algunas reacciones de la medida

Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann
Calderón va en serio

Excélsior, 12 de octubre de 2009;

Se tardó 38 días, pero el Presidente pasó de las palabras a los hechos. Va en serio en aquello que anunció el 2 de septiembre de que piensa hacer los cambios de fondo que el país necesita. Ya comenzó con uno en el que no necesitaba la aprobación del Congreso: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Esta decisión se encontraba en el ámbito exclusivo del Ejecutivo federal. Evidentemente la fue preparando. Primero, presentó en su iniciativa de presupuesto de 2010 una partida menor a la que necesitaba la empresa para cubrir su déficit. Y como dicho déficit se debe en gran parte a las prebendas que reciben los trabajadores sindicalizados que operan la compañía, pues esto irritó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Su líder, Martín Esparza, prometió movilizaciones para evitar la reducción presupuestal.
Pero el gremio sindical se encontraba dividido. Esparza se había enfrentado a Alejandro Muñoz, el tesorero del SME, en la elección para dirigir al sindicato. Todo indica que hubo irregularidades. Se dice que hubo más votos que electores y que votaron agremiados fallecidos. Esparza ganó por un margen de 352 votos, una diferencia de menos de uno por ciento. Muñoz se inconformó. La Secretaría del Trabajo decidió no entregar la toma de nota a Esparza al aducir irregularidades. Ello incrementó la ira de Esparza quien tuvo una postura dubitativa. Por un lado, se resistía a caer en la provocación del gobierno a radicalizarse pero, por el otro, hablaba de emplazar a la empresa a huelga.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato. Un servicio eléctrico malísimo con precios altísimos que ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos. De esta forma, los contribuyentes de todo el país tenían que pagar 40 mil millones de pesos al año para subsidiar las prebendas de un sindicato con un contrato leonino. En medio de este debate, Esparza cometió un error. Inauguró un nuevo gimnasio del SME que había costado más de cien millones de pesos. La cancha era de la calidad de las que usan los equipos profesionales de basquetbol en Estados Unidos. Mientras el país padece una profunda crisis económica, el SME enseñaba sus excesos con cargo a los contribuyentes de todo México.
Pocos fueron los que salieron a la defensa del SME. Los usuarios, las verdaderas víctimas de la ineficiencia de Luz y Fuerza, por supuesto que no. A los medios llegaron montones de quejas que daban cuenta del mal servicio y la corrupción. Sólo los partidos de izquierda, sobre todo sus miembros más radicales, defendieron al SME debido a la alianza política que tenían. También otros sindicatos se solidarizaron, quizá por aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar”.
El gobierno se encargó de poner en la agenda el tema de Luz y Fuerza. El ambiente era inmejorable para liquidar a la empresa. Pero muchos nos preguntábamos si se atreverían. Y es que, en el pasado, el gobierno calderonista prometía mucho pero luego se echaba para atrás y entregaba resultados magros. No obstante, el 2 de septiembre el Presidente había ofrecido cambios de fondo. Más allá del discurso, tenía que demostrarlo. El sábado lo hizo. Se atrevió a lo que ningún otro Presidente se había atrevido desde los años ochenta: enfrentarse a uno de los sindicatos más poderosos y radicales de México liquidando la empresa pública más ineficaz de todas.
Ahora el servicio que daba Luz y Fuerza lo proveerá la que quizá sea la empresa pública más eficaz del país: la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una excelente noticia para todos los usuarios del centro de la República.
Imagino, también, que todos los beneficiarios del statu quo en México han de estar preocupados. El Presidente que prometió cambios de fondo está cumpliendo. Enhorabuena. Ya era tiempo.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato.

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Columna Horizonte político/José A. Crespo
Shock eléctrico
Excélsior, 12 de octubre de 2009;}
Nadie creyó que la negativa de Javier Lozano a tomarle nota a Martín Esparza se debiera al interés del gobierno federal por democratizar el sindicalismo. Por ejemplo, **Lozano no ha cumplido sucesivos fallos judiciales que desde hace dos años le instruyen dejar sin efecto la toma de nota al secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Y ni qué decir de la estrecha alianza del gobierno federal con Elba Esther Gordillo, a la que se le han dado cargos y canonjías como a ningún otro aliado del gobierno, sin que ello le quite el sueño a Felipe Calderón. Pero, del otro lado, los partidos de izquierda, con gran simplismo, consideran cualquier cuestionamiento al viejo sindicalismo autoritario como un rechazo a todo sindicalismo, a su concepto mismo. Evidentemente no es así.
El motor aducido por el gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la búsqueda de una racionalidad administrativa en el estratégico rubro de la electricidad: la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más personal del requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios que ni en Suecia disfrutan. La crisis económica y el hoyo fiscal han motivado que el gobierno emprenda lo que muchos antes han preferido eludir, por el costo político que supone enfrentar a un sindicato que disfraza sus injustificables privilegios —que ni los trabajadores suecos tienen— de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Andrés López Obrador ha condenado con razón los privilegios de los grandes consorcios, pero que ni se mencionen los de sus aliados políticos. Los gobiernos han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede, por fin, ponerles término. Coincido con René Delgado quien el sábado escribió: “El (SME) defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo… Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo” (Reforma, 10/X/09). El SME jaló la cuerda hasta reventarla. Terminó por matar su gallina de los huevos de oro.
La izquierda alega, por otro lado, que el gobierno en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales. ¿Hay acaso alguna iniciativa que sugiera tal propósito? ¿Podría este gobierno dar semejante paso cuando ya vimos lo que ocurrió con su iniciativa sobre la reforma petrolera? ¿Podría realizarse la respectiva modificación constitucional sin el concurso del PRI, buena parte del cual sigue atrincherado en el añejo nacionalismo revolucionario, lo mismo que el PRD? Se ve difícil. Pareciera que, para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional.
Afirma el SME que LyF no pertenece al gobierno federal, sino al pueblo de México y a los trabajadores de la empresa. No pertenece, en efecto, al gobierno federal, pero tampoco a los trabajadores (como en los hechos ocurría), sino al Estado. Es decir, teórica y retóricamente, al pueblo. En cuyo caso, como accionista teórico de este voraz elefante blanco, respaldo su liquidación, lo que no obsta para exigir al gobierno que tome muchas otras medidas de austeridad y recortes en su propia, inflada y cara burocracia. Probablemente la mayoría de la sociedad tomará esta decisión como algo positivo, si no se sale de control; algo que distinguirá al actual gobierno de la anodina gestión de Vicente Fox. Pero también parece haber amplia coincidencia, entre quienes respaldan el decreto, de que Calderón debe también tomar medidas correctivas respecto del sindicato petrolero, el magisterial y otros. Algo que quitaría cualquier sesgo partidista a la eventual desaparición del SME, pero cuya realización parece poco probable. Habrá, con todo, una renovada presión de la opinión pública en ese sentido.
La izquierda alega que el régimen en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales.

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Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Una empresa, un sindicato, un tabú
Excélsior, 12 de octubre de 2009;
La administración de Calderón tomó la noche del sábado la decisión política más importante del sexenio al decidir liquidar Luz y Fuerza del Centro y ejecutar así lo que se había aprobado desde diciembre de 1974, en el gobierno de Luis Echeverría, y que durante 35 años, una y otra vez, se había postergado por consideraciones políticas y electorales. Rompió, también, con el tabú de que este tipo de empresas y sindicatos no podían ser tocados. Vendrán, sin duda, días complejos en esta historia, pero por lo menos el sábado se demostró que no había problema alguno en tomar las instalaciones, hacer que las mismas siguieran funcionando y establecer con claridad un plan de liquidación para los trabajadores.
La mejor demostración de la crisis que vivía LyFC es que la liquidación de la empresa y de todos sus trabajadores equivale a un tercio de lo que se entregó este año de subsidio para el gasto corriente de la misma: 42 mil millones recibió Luz y Fuerza de subsidio y la liquidación de su contrato colectivo costará 16 mil millones, más otros cuatro mil millones que destinarán al pago de compensaciones adicionales para sus trabajadores. Sus pensionados y jubilados no tendrán, como se anunció, ninguna modificación en sus percepciones y en su régimen de retiro, pese a la liquidación de la empresa.
Es un tema político clave porque el Ejecutivo logró ejercer sus atribuciones y liquidar una empresa que resultaba inviable y onerosa para el conjunto del país, incluidas las dos terceras partes de los mexicanos que no recibían servicio de ella pero si tenían que pagar fiscalmente sus rezagos. Una empresa que prestaba un pésimo servicio, cada día más desfasado de las necesidades del país y las de la Ciudad de México. Un servicio caro, mucho más caro que el de la CFE y menos eficiente en todos los sentidos. Se acaba con un sindicato que aprovechó todas las coyunturas políticas y la complacencia de las distintas administraciones, desde la nacionalización de LyFC en 1960, hasta el día de ayer, para construir un contrato colectivo leonino que fue el que en última instancia terminó catalizando la quiebra de la empresa. Con una dirigencia sindical, además, que tras un discurso supuestamente de izquierda cayó en los mismos abusos y excesos de las corrientes más criticadas del movimiento obrero oficial.
La decisión del sábado en la noche impone también al gobierno una norma de acción para el futuro: tendrán que revisarse los números y la actuación de otras instancias públicas y tomar medidas en ese sentido. No todo lo que administra o impulsa el Estado debe tener números negros, pero no puede existir un despilfarro tan notable como el que se vivía en LyFC. Y eso incluye unos sindicatos cuyos recursos y prácticas casi nunca son transparentados. Y allí existe una demanda ciudadana inocultable para que se avance en ese sentido.
Como existe esa misma demanda para que, también, los partidos políticos transparenten sus recursos, sobre todo los que reciben del erario. De la misma forma que los dirigentes del SME reclaman ahora que les regresen “su” empresa, aunque dilapiden recursos y se la hayan literalmente acabado con sus excesos, ahora los dirigentes de los partidos, en particular del PRD, pero también del PRI, están indignados porque el líder del PAN, César Nava, tuvo la osadía de presentar una iniciativa de ley que recorta 50% sus ingresos federales y 100% los locales. En 2010, que no es año electoral federal, los partidos recibirán la friolera de seis mil millones de pesos entre recursos de la Federación y de los estados. Con el recorte planteado, su presupuesto estaría en unos dos mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable, pero que según el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, es “demagógica y electorera”, y exige que no se recorte el presupuesto partidario, mientras que, olvidando que tiene en sus filas al diputado prófugo Julio César Godoy, dice que con esa reducción de recursos entrará en los partidos dinero del narcotráfico.
¿Para qué quieren los partidos seis mil millones de pesos al año y el doble cuando es electoral?, ¿cómo pueden exigir que se recorten gastos en todos los ámbitos y ellos no están dispuestos a sacrificar ni un centavo?, ¿con qué cara pueden explicárselo a la sociedad? No será fácil, pero esperemos que la liquidación de LyFC sea el primer paso para dejar de derrochar el dinero que no tenemos.

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PRI y PAN respaldan la medida; PRD recurrirá a la Suprema Corte
Ricardo Gómez
El Universal, Lunes 12 de octubre de 2009
Los situación en números rojos provocó la decisión, señalan senadores
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, dijo que era “inevitable” decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y enfatizó que no se trata de un asunto de partidos políticos.
Dijo que aunque no pertenece al PAN, hay que reconocer cuando se toman decisiones por el bien del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que las condiciones financieras y operativas de la empresa estaban deterioradas y consideró que esa situación se generó también porque más de 30% de la luz se la roban. Además, señaló que ni la calidad del servicio ni la productividad han mejorado.
Consideró que la empresa debe ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores liquidados ser recontratados en esta entidad.
El legislador adelantó que se opone a la privatización del sector, aunque nadie ha realizado esa propuesta aún.
Por separado, el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el panista Rubén Camarillo, respaldó la medida tomada por el gobierno federal y advirtió que no cederán a chantajes de grupos que no comparten esa visión.
Dijo que la situación “está más que clara, pues se trata de una empresa que cavó su propia tumba”, por años de corrupción e incapacidad.
Descartó que a raíz de ese fallo pueda venir un estallido social.
“Delicado” el acto “unilateral”
El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez (PRD), advirtió que no permitirán una privatización del sector; consideró “delicado” el acto “unilateral” del gobierno, de aprovecharse de un conflicto sindical, para no asumir sus responsabilidades.
El legislador perredista abrió la posibilidad de crear una comisión para atender el caso, lo cual platicará con los senadores Labastida y Camarillo.
Además, impulsará un punto de acuerdo para convocar desde el Senado y construir un consenso sobre el futuro de la empresa. Denunció que el gobierno ha usado a la empresa para subsidiar a grupos empresariales en zonas de importancia para el país.
Consideró “justificable” que el gobierno haya argumentado el cambio para una mejora en el servicio, “cosa en la que no estamos en desacuerdo”, pero tendrá que hacerse en el contexto de conservarla como una empresa del Estado mexicano, cuyo contrato colectivo con el sindicato no se pierde si pasa a Comisión Federal de Electricidad.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, adelantó que ya analizan interponer una controversia constitucional contra el decreto de desaparición de LyFC.
Advierten confrontación social
Por su parte, el diputado del PRI Carlos Flores Rico cuestionó también la acción del gobierno pues consideró que actuó de manera “precipitada e inopinada”, y advirtió que esto podría llevar a una confrontación social que genere más conflictos políticos.
“No se argumenta la causa del uso de fuerza mayor esgrimida ni la justificación de la gestión empresarial”, dijo y agregó que la decisión del Ejecutivo es “desproporcionada y provocadora”.
Mencionó que la medida parece “una represalia del gobierno federal, ante su incapacidad de resolver un problema sindical… tiene mucho de resentimiento ideológico ante una organización sindical combativa y no obedece a un planteamiento serio y responsable”.
“Salinas está detrás”, dice AMLO
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mano peluda” del ex presidente Carlos Salinas, está detrás del golpe “arbitrario e ilegal” contra LyFC.
López Obrador reiteró su respaldo incondicional al Sindicato Mexicano de Electricistas y confirmó que este lunes a las cinco de la tarde emitirá una postura de apoyo a esa organización en la Cámara de Diputados.
El presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, advirtió a su vez que bajo ninguna circunstancia permitirán una privatización del sector.
Dijo que no fueron los trabajadores los que tenían la responsabilidad en el funcionamiento de la empresa, sino el Estado mexicano y acusó al PRI y al PAN de abandonar el consorcio.
En contraparte, el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, lanzó un llamado para que se tranquilicen los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, tras el anuncio de la desaparición de la empresa.
El dirigente sostuvo que desaparecer a LyFC es una medida necesaria y oportuna que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.
“Es un paso valiente, es una decisión histórica la que realizó el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional la respalda de forma enfática”, dijo.
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Un pleito laboral que terminó en liquidación
Redacción El Universal Lunes 12 de octubre de 2009
El contexto actual de crisis económica, así como el conflicto interno en la sucesión de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), llevaron al gobierno federal a tomar la decisión de liquidar a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Bajo el argumento de la falta de viabilidad económica, el gobierno del presidente Felipe Calderón decidió invertir 20 mil millones de pesos para poner fin a la empresa que suministra energía eléctrica a la zona centro del país.
Estos son los hechos que desencadenaron en la liquidación de LyFC.
El 16 de junio comenzó la votación interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas para renovar 13 carteras, entre éstas, la de secretario general.
Se dijo que la votación estaba abierta para 43 mil trabajadores sindicalizados activos y 22 mil jubilados. Contendieron la Planilla Verde, Unidad y Democracia Sindical, encabezada por Martín Esparza y cuyos simpatizantes acusaron al gobierno federal de “meter las manos en el proceso” y de apoyar a Alejandro Muñoz quien, quien encabezó la Planilla Naranja, Transparencia Sindical. Muñoz basó su campaña en las acusaciones en contra de Esparza por enriquecimiento ilícito.
El 20 de junio Transparencia Sindical acusó irregularidades en el proceso interno favoreciendo a la planilla de Martín Esparza, quien negó las imputaciones en su contra y pidió esperar los resultados de la votación el 26 de junio, fecha en que se cerró la elección interna del SME.
El 2 de julio declararon ganador del proceso electoral a Martín Esparza en la cartera de secretario general, en medio de impugnaciones de la planilla opositora Transparencia Sindical.
El 5 de julio, el candidato opositor, Alejandro Muñoz, denunció que en todo el proceso hubo diversas irregularidades como inducción del voto, amenazas para que se sufragara en favor de Martín Esparza, así como votos repetidos y “se hizo votar a los muertos”.
En medio de protestas e impugnaciones de un numeroso grupo de personas que se concentraron fuera de la sede del SME, el 14 de julio Martín Esparza Flores tomó protesta como dirigente de esa organización sindical por un tercer periodo consecutivo al frente del SME hasta el año 2011, sin contar con la toma de nota de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Denuncia ante la JFCA
El 15 de julio, Alejandro Muñoz presentó una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo por irregularidades en el proceso de elección en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 3 de septiembre trabajadores de Luz y Fuerza realizaron un mitin frente a la sede de la Secretaría del Trabajo para exigir al titular de la dependencia, Javier Lozano, la toma de nota.
Sin embargo, el 10 de septiembre la Secretaría del Trabajo dijo que hubo “inconsistencias” en el proceso de elección del SME. El sindicato acusó al secretario Lozano de violar la autonomía sindical.
El 22 de septiembre, Lozano Alarcón rechazó las acusaciones del sindicato de electricistas de entrometerse y violar la autonomía sindical.
El 5 de octubre, la Secretaría del Trabajo anunció que por inconsistencias en la elección no se otorgaba la toma de nota a Martín Esparza.
El 10 de octubre, el gobierno federal anunció la liquidación de Luz y Fuerza.

Posiciones encontradas

Abogados discuten la legalidad del proceso
Nota de Carlos Avilés

El Universal Lunes 12 de octubre de 2009
El decreto que emitió el presidente Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro generó opiniones encontradas entre los abogados especialistas en materia laboral. Mientras unos consideran que la medida es arbitraria, ilegal y que atenta contra lo dispuesto en la Constitución, otros estiman que es correcta y no viola disposición alguna.
En lo que sí coinciden los especialistas, es en que el futuro de los trabajadores y de Luz y Fuerza quedará en manos de un juez federal, quien tendrá que determinar si suspende o no, temporalmente, el proceso de liquidación que puso en marcha la administración del presidente Calderón.
Desde el punto de vista legal, explican, el sindicato de electricistas cuenta con dos opciones para defenderse. La primera, mediante un juicio de amparo en contra del decreto presidencial; y la segunda, a través de una impugnación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La única alternativa realmente importante, afirman, es el amparo, ya que la Junta suele ratificar todo lo que hace el Ejecutivo.
Opiniones encontradas
Para los abogados laboralistas Arturo Alcalde y Néstor de Buen, el decreto que emitió el Presidente es arbitrario, primero, porque no tenía facultades para extinguir la empresa y liquidar a los trabajadores; y, segundo, porque dicha decisión no tenía bases de justificación, en la medida en que no había amenaza de huelga ni el servicio estaba en riesgo.
Arturo Alcalde afirma que el gobierno sí podía desaparecer a Luz y Fuerza, bajo el argumento de los problemas económicos que enfrenta, pero siguiendo el proceso adecuado, que es un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, mismo que no se llevó acabo.
Esta opinión no la comparte el también abogado laboralista Jorge Cervantes, quien afirma que el titular del Ejecutivo sí tiene atribuciones para extinguir a Luz y Fuerza —en especial si enfrenta tantos problemas económicos—, mediante un decreto, sin necesidad de iniciar ningún proceso ante la Junta federal.
Jorge Cervantes recuerda que, en esencia, el gobierno sigue los mismos pasos que se aplicaron en la liquidación de Aeroméxico, con la diferencia de que en aquel caso la situación se originó por una huelga y por la quiebra de la empresa.
El también especialista en derecho laboral considera que será muy difícil revertir la medida adoptada por el Ejecutivo federal y, en especial, la liquidación, porque si se respeta lo establecido en el contrato, el gobierno no tendrá mayores problemas.