Poderosos poetas

Poderosos poetas/YURI HERRERA

Babelia El País, 14/11/2009;

Las narrativas sirven para darle sentido a la historia. En México, por ejemplo, si la conquista fue una historia trágica, la independencia la contamos como una épica y el advenimiento de la democracia unas veces como comedia y otras como epopeya. Mirar nuestro devenir en términos poéticos es una manera de entender cómo nos ha pasado el tiempo y de cargar de propósitos el futuro. El éxito de un gobernante depende en buena medida de la narrativa que sepa contar a los ciudadanos. La promesa de aquel culto borracho de que sólo vendrían "sangre, sudor y lágrimas" no evitó que cayeran las bombas nazis, pero sí le dio sentido a la resistencia. Sin embargo, Churchill hay pocos. Lo que abundan son los que no saben contar su historia, tal vez porque no sienten el compromiso de explicar nada. Dentro de la clase política mexicana, el más reciente empobrecimiento de la poesía comenzó, tal vez, a fines de 2005, inmediatamente después de que la policía detuvo a una pareja de secuestradores y liberó a sus prisioneros, y el director de la Agencia Federal de Investigaciones -hoy todopoderoso director de la Secretaría de Seguridad Pública- autorizó que se devolviera a los protagonistas del hecho a la casa de seguridad donde habían ocultado a los cautivos, para que la televisión pudiera transmitir "en tiempo real" la liberación. A pesar de que el montaje fue descubierto de inmediato y de que no sólo fue criticado ferozmente sino que, a la postre, dio argumentos a los abogados defensores de los secuestradores, el uso de este tipo de ficción parece haberse vuelto una costumbre en la vida política mexicana. Es como si uno de estos poetas de gobierno hubiera tropezado con Más allá del bien y del mal y leído: "¿Por qué el mundo que nos concierne en algo no iba a ser ficción?", y entonces haya pensado no que aquello era una diatriba contra Platón, sino un programa de gobierno. Pues lo que se ha hecho recientemente, más que prefigurar poéticamente la historia que realizamos, ha sido privilegiar la ficción televisiva con la esperanza de que la realidad se ajuste a ella. No hablo sólo de ese otro caso patentemente inverosímil, el de un pastor boliviano que, hace unas semanas, secuestró un avión en Cancún con el objetivo de que sobrevolara siete veces la ciudad de México y luego le permitieran hablar con el presidente para alertarlo de que se acercan grandes catástrofes. Pronto se descubrió que ni el tipo iba armado, ni los pasajeros se enteraron de que había un problema, ni era necesario que docenas de agentes "asaltaran" el avión cuando ya había sido desalojado todo el mundo; mas para entonces ya se había transmitido en directo, desde un sitio a un centenar de metros del avión, la heroica hazaña que sucedió, cuán oportunamente, justo después del anuncio de nuevos impuestos. Hablo también de la narrativa que el gobierno se cuenta a sí mismo con una serie de gestos y declaraciones: la reinstauración del besamanos priísta el día del informe de gobierno, en Palacio Nacional, ya sin el estorbo de diputados opositores que pudieran perturbar el autoengaño; o las declaraciones de algunos secretarios de Estado, que serían risibles de no ser porque quienes las dicen actúan como si tuvieran sustento en el mundo real: "La guerra se está ganando". "La crisis económica será sólo un catarrito". "El nuevo impuesto no va a afectar a los pobres". La ficción ayuda a decir la verdad cuando desborda los clichés y las fórmulas maniqueas que hacen del mundo un lugar simple. Y sirve, si acaso -parafraseo a Harold Bloom-, para conocernos mejor a nosotros mismos, no por lo que diga, sino en virtud del ejercicio intelectual que propone al narrar complejamente la condición humana: en última instancia, hacernos responsables de nuestros horrores y virtudes. Pero responsabilidad es una palabra vedada entre los poderosos poetas. Satisfechos con su ficción televisiva, deben encerrarse en un cuarto limpio y bien iluminado en el que, mientras el país se desmorona, ellos se repiten: "Sí, todo tiene sentido".

Las bases militares en Colombia

Bases militares estadounidenses en Colombia/Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia (EL PAÍS, 12/11/09):

El acuerdo firmado el pasado 30 de octubre entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, para permitir la presencia de tropas y el estacionamiento de aeronaves de guerra norteamericanas en siete bases estratégicas colombianas, tendrá unas graves implicaciones en la determinación de la futura política exterior colombiana apenas comparables a las que resultaron cuando, a comienzos del siglo XIX, el país perdió el istmo de Panamá.

En los documentos internos del Pentágono de enero de este año, antes de existir cualquier negociación con Colombia, ya aparecían señaladas las bases como parte de la estrategia de “aseguramiento estratégico” de los Estados Unidos en el hemisferio suramericano.

Pasado el 11 de septiembre, los Estados Unidos resolvieron comenzar a levantar sus 800 bases en el mundo y construir un nuevo tipo de ellas, las denominadas “bases expedicionarias”, que les permitieran vigilar, desde corredores geográficos determinados, a través de distintos sitios de abastecimiento, distintas aéreas del mundo.

Los nuevos enclaves militares norteamericanos en Colombia y, más concretamente, la base de Palanquero, localizada en el corazón del país y considerada la fortaleza emblemática de nuestra Fuerza Aérea, cumplirá este objetivo de aseguramiento estratégico de Suramérica y la costa occidental de África a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.

Aunque los cancilleres de los países firmantes del acuerdo han insistido en que las bases solamente reforzarán la lucha de Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo, está claro que por el tipo de equipos que vendrán a ellas como aviones C-17, que cargan hasta 70 toneladas de material bélico, aviones Orion dedicados al espionaje electrónico, los poderosos aviones Awad, verdaderas plataformas volantes de inteligencia y los Boeing 707, los nuevos equipos no serán para transporte masivo de narcotraficantes, fumigación aérea de cultivos ilícitos o localización de terroristas en las selvas amazónicas.

Así lo han intuido los países del hemisferio que, reunidos varias veces en UNASUR, bajo el liderazgo de Brasil, han expresado su preocupación por esta peligrosa presencia norteamericana en la región. Ni siquiera las múltiples visitas de altos funcionarios del Departamento de Estado ni las cartas personales de Hillary Clinton a los mandatarios regionales han logrado atenuar la convicción que existe de que las nuevas bases no lanzarán operaciones en la zona. Y no es para menos.

Con excepción de las bases de Howard en Panamá y la de Manta en Ecuador, que acaba de ser levantada, nunca habían existido, hasta hoy, bases militares norteamericanas en Suramérica. Lo cual explica por qué el acuerdo firmado le hace daño no solamente a Colombia, sino al propio Gobierno de Obama que, con esta decisión, manda una señal equivocada, digamos “tradicional” para ser benignos, respecto al todavía esperado replanteamiento de sus relaciones con Latinoamérica.

Lo único más grave que los acuerdos ha sido la forma como se ha manejado la información sobre ellos, de manera casi clandestina, a escondidas de la opinión pública y sin la participación de los Congresos de los dos países. El de Colombia, inclusive, desconoció la recomendación que le hizo el Consejo de Estado -organismo asesor, según la Constitución, del poder Ejecutivo-, que le aconsejó, dada la trascendencia del tema, llevarlo a la discusión del Congreso de Colombia y someterlo después al análisis de la Corte Constitucional.

La mayoría de los medios colombianos, por su parte, han mantenido el asunto, de manera inexplicable, dentro de una especie de campana neumática, haciéndole indirectamente el juego al Gobierno del presidente Uribe, quien ordenó firmar el peligroso instrumento la madrugada del pasado 30 de octubre con la lánguida presencia del embajador de Estados Unidos como representante de su contraparte y los ministros colombianos responsables del tema.

El Senado colombiano, que estaría obligado a autorizar esta presencia de naves militares y tropas extranjeras, y el propio Congreso, que tendría que convertir en ley este acuerdo que nos compromete con una política hegemónica propia de los tiempos de la guerra fría, no han dicho, oficialmente, ni esta boca es mía. Y aunque en una primera etapa lo previsible es que los países del área guarden una prudente espera, es fácil prever lo que sucederá cuando desde las nuevas bases se empiecen a lanzar -como se hará porque para eso fueron establecidas- operaciones especiales de vigilancia electrónica sobre Suramérica.

Finalmente, no puede descartarse que las FARC aprovechen esta inoportuna presencia para comprometer militarmente a los Estados Unidos en la guerra colombiana, lo cual terminaría de complicar el efecto de internacionalización del conflicto interno colombiano que ha conseguido el presidente Uribe con esta decisión que no solamente compromete el futuro de la política exterior de Colombia, sino que ya tiene enredadas nuestras relaciones con Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Los martires jesuitas de El Salvador

Los mártires de El Salvador/Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su última obra es La teología de la liberación en el nuevo horizonte político y religioso

Publicado en EL PERIÓDICO, 14/11/09;

Con nocturnidad, alevosía y sin piedad. Así asesinaron los militares del Ejército de El Salvador al filo de la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a seis jesuitas y dos mujeres salvadoreñas. Entraron en la residencia disparando y el primer tiro fue a dar al corazón de monseñor Romero en una fotografía suya que colgaba de la pared. Diez años después de su asesinato, sabían que seguía vivo en la memoria del pueblo salvadoreño y querían matarlo de nuevo. Luego sacaron a los jesuitas al patio, les obligaron a tumbarse boca abajo y les dispararon a la cabeza.

¿Por qué los mataron?, se preguntaba desconsolado su compañero, el teólogo Ion Sobrino, que se libró de la matanza por encontrarse de viaje en Tailandia impartiendo unas conferencias. «Por ser conciencia crítica en una sociedad en pecado y conciencia creativa de una sociedad distinta –respondía–. Porque analizaron la realidad y sus causas con objetividad, dijeron la verdad del país en sus publicaciones y declaraciones públicas, desenmascararon la mentira y practicaron la denuncia profética. ¡Y eso no se perdona!».

Aquellos asesinatos eran, en realidad, la crónica de una muerte anunciada que había comenzado en 1976 con el estallido de una bomba en la UCA y continuó en los años sucesivos hasta la colocación de bombas en 15 ocasiones en diversas zonas de la universidad: la residencia de los jesuitas, las dependencias de la administración, el centro de cómputo. Y todo por defender el diálogo como método para erradicar la violencia, para lograr la reconciliación de los sectores enfrentados y conseguir un clima de paz fundado en la justicia. Pero para el Ejército salvadoreño, los gobernantes y los oligarcas, trabajar por la paz era lisa y llanamente una traición y quienes querían transitar por el camino de la reconciliación eran considerados traidores.

Los asesinatos de los jesuitas y de las dos mujeres se sumaban a los casi 70.000 que se habían producido hasta entonces en una guerra que duraba ya más de 10 años en el pequeño país centroamericano, que se desangraba a borbotones y perdía a gente de toda clase y condición: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, políticos, intelectuales, científicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, escritores, campesinos, líderes locales, educadores, economistas, etcétera. El Ejército se ensañó especialmente con los líderes de comunidades de base y del movimiento campesino, con los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los teólogos y las teólogas de la liberación, que se convirtieron en blanco privilegiado de las balas al ir desarmados y no contar con protección. Eran, precisamente, los más cercanos a los sectores populares, al «pueblo crucificado», por emplear el lenguaje teológico de Ignacio Ellacuría, y, por ello, resultaban ser presa fácil de la violencia militar.

De nuevo, la Iglesia perseguida, pero ahora no por el comunismo, sino por un Gobierno católico, apostólico y romano como el de Napoleón Duarte, de la Democracia Cristiana. Eran los propios católicos instalados en los puestos de mando del Ejército y del poder ejecutivo quienes disparaban u ordenaban disparar contra los otros católicos, a quienes acusaban de subversivos y enemigos de la patria, cuando su único delito era defender la justicia, poner en práctica la parábola del buen samaritano, colocarse del lado de los empobrecidos. «¡Cuidado, monseñor, que el comunismo ha entrado en la Iglesia!», le dijo Juan Pablo II a monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, durante su última visita al Vaticano. «Santidad, no son los comunistas quienes asesinan a los sacerdotes en El Salvador», le respondió con firmeza y seguridad.

Y mientras la Iglesia de la liberación era perseguida y sus líderes más representativos, asesinados, ¿cuál fue la actitud del Vaticano? Yo creo que puede hablarse de cierta complicidad, ya que desde el comienzo condenó la teología de la liberación, impuso silencio a algunos de sus principales cultivadores y los acusó –también a los jesuitas de la UCA– de marxistas sin sentido crítico, de desviarse de la doctrina católica, de politizar la fe y ponerla al servicio de la subversión e incluso de apoyar la violencia. Acusaciones todas ellas infundadas que no se correspondían ni con su estilo de vida ni con su teología y que dejaban a los teólogos solos e indefensos ante los escuadrones de la muerte.

Las cosas no han cambiado. El Vaticano sigue condenando a los teólogos y teólogas de la liberación –el último, Ion Sobrino, compañero de los asesinados en El Salvador– y se resiste a reconocer como mártires a quienes trabajaron por la paz y fueron perseguidos por mor de la justicia, contraviniendo así las Bienaventuranzas, que son la carta fundacional del cristianismo.

Anatomía de la corrupción

Anatomía de la corrupción/Manuel Castells

Publicado en LA VANGUARDIA, 14/11/09;

La corrupción es un rasgo sistémico de la sociedad y la política a lo largo de la historia. Constatarlo no es resignarse sino alertar sobre su corrosivo efecto. Porque si no podemos confiar en nuestros representantes y gestores, ¿por qué hacer el primo respetando leyes, pagando impuestos y haciendo cola para que nos llegue algo de la riqueza que producimos? La percepción de corrupción política, según datos internacionales, se relaciona directamente con la crisis de credibilidad de la política. El goteo de casos erosiona la confianza sobre la que se basa el funcionamiento de las instituciones y la seguridad de nuestras vidas. Y lo peor es la escasa sensibilidad de la clase política a la indignación ciudadana. En cuanto salta un asunto, se acude al guión habitual. Presunción de inocencia. Son unas pocas ovejas negras. Ya decidirán los tribunales. Se hacen comisiones de investigación que se diluyen con el tiempo. Y los de enfrente son peores y la culpa es de los medios que se alimentan de escándalos. Y así se instala en nuestras mentes el cinismo y la desesperanza, malos consejeros en tiempos de crisis.

¿De dónde viene la corrupción política en las sociedades contemporáneas? Llevo años investigando el tema y de eso trata mi reciente libro Comunicación y poder.Hay múltiples factores pero tres son clave porque apuntan a posibles medidas.

Primero: la corrupción está frecuentemente vinculada a la financiación de los partidos. Sabemos que hay controles legales. También sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. Y es que el sistema de financiación legal es poco realista. Habría que aceptar un gasto público adecuado a las necesidades reales de los partidos una vez que decidimos que son las ruedas de la democracia. Al mismo tiempo se necesita una fiscalización mucho más estricta del uso de los fondos que reciben. Por otro lado, hay que reconocer la interrelación entre intereses sociales y política, aceptando que particulares, empresas e instituciones hagan donaciones a partidos para ser oídos. Esto es legítimo mientras se regulen estos lobbies y se hagan transparentes las donaciones. En Europa se ha criticado esta práctica porque aventaja a los adinerados. No necesariamente. Obama demostró que se puede prescindir de los lobbies empresariales recibiendo muchas pequeñas donaciones de ciudadanos individuales. Lo cual daría un mayor control a los ciudadanos sobre los partidos: si no nos gustan les cerramos el grifo. Hoy las donaciones se hacen en un área gris aprovechando vacíos legales. Y en otros casos, son directamente ilegales y a cambio de favores. La mayoría de los escándalos de corrupción en el mundo y en España se refieren a financiación de partidos, donde los intermediarios se quedan una tajada. Por eso no basta con regular y controlar a los partidos. Son los partidos los que deben tomar la iniciativa de endurecer sus controles internos.

Me congratulo del discurso franco y de las medidas de transparencia anunciadas por el president Montilla, así como del esbozo de estrategia común con Artur Mas. Tendremos que esperar a que se traduzcan en hechos para confiar en la autorregeneración de los partidos. Concretamente, así como en relación con la justicia hay que partir de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, en la gestión interna de los partidos, teniendo en cuenta la experiencia pasada, bueno sería partir de la presunción de culpabilidad y apartar de inmediato a aquellos sobre quienes pesen sospechas fundadas. Existen hoy día cargos dirigentes de partidos que han sido condenados judicialmente por financiación ilegal en el pasado. Y es que es complicado para los partidos abandonar a quienes manejan su lado oscuro, no sólo por lealtad sino porque pueden contar muchas cosas. Si los partidos no adoptan medidas sistemáticas contra su propia corrupción pierden credibilidad.

Segundo, la mayoría de los casos de corrupción son en el ámbito local. Están frecuentemente ligados a licitación de obra pública, a recalificación de terrenos y a planes especiales. Aquí convergen un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y la especulación inmobiliaria y el sistema de corrupción política y medro personal. Claro que la inmensa mayoría de los alcaldes, concejales y funcionarios son ciudadanos sacrificados al servicio de la comunidad. Pero es el sistema el que está viciado y no todos son ángeles. La especulación urbanística fue limitada en Europa a partir de mecanismos introducidos en 1944 en Inglaterra por la ley Utwhatt, que estableció altísimos gravámenes fiscales sobre las plusvalías obtenidas por la recalificación del suelo. Esta es la madre del cordero especulativo. Limítense los planes especiales, establézcanse controles a niveles supramunicipales y grávense en más del 50 por ciento las plusvalías urbanísticas y veremos disminuir rápidamente la circulación de maletines. Pero eso es ir en contra del sistema de financiación legal de los propios municipios. Ahí estriba la dificultad. Se trata de un cambio de modelo urbanístico.

En fin, hay un problema de información del ciudadano. Con la ley en la mano tenemos derecho a acceder a casi toda la información relativa a la gestión estatal, autonómica y municipal. Y podríamos saber todo lo que ocurre si hubiese sistemas informáticos participativos que pudiéramos usar fácilmente. Es más, hay en Catalunya sistemas como Gencat que están en la punta de la innovación europea y que informan eficazmente al ciudadano sobre los servicios disponibles. Pero no sobre las bases de datos internas de las administraciones porque eso es una decisión política. Ábranse esas bases, estimúlese la participación ciudadana y ya no tendremos que esperar a garzones y reporteros para saber lo que de verdad pasa porque la sociedad civil no es tonta y también sabe leer datos.

Sospecho que si no hacemos cosas tan obvias es porque seguir con la rutina protege la partitocracia. Por eso la corrupción tiene una raíz profunda en la distancia que se ha ido creando entre representantes y representados. Si la corrupción socava la democracia, sólo una profundización de la democracia podría ir diluyendo la corrupción.

El muro

Había trampa/Javier Rupérez, embajador de España

Publicado en ABC, 14/11/09;

No lo podíamos creer: subidos en la gris muralla de hormigón, gentes de toda edad y condición agitando banderas y profiriendo gritos de libertad mientras al pie de la horrenda construcción aparecían las primeras piquetas del derribo y policías alemanes de uno y de otro lado contemplaban el espectáculo con gesto estólido en el que alternaban irritación, impotencia y complicidad. El Muro de Berlín, erigido por la República Democrática Alemana en 1961, se venía abajo el 9 de noviembre de 1989, hace ahora veinte años, sin disparar un solo tiro, en un ambiente festivo y reconciliador. El símbolo más visible y hosco de la Guerra Fría era en pocas horas pasto de una incontenible marea humana decidida a terminar con la monstruosa existencia. Los alemanes, y con ellos toda Europa, y con ella gran parte del mundo, volvían a recuperar el sentido unitario de un destino en paz, libertad y democracia.

No lo podíamos creer, tan acostumbrados como estábamos a contemplar como irreversible la división de Europa, y del mundo, en dos bloques enfrentados a muerte y frente a los cuales sólo cabía procurar que las diferencias no se tradujeran en episodios bélicos mediante la cuidadosa codificación de unas reglas de conducta basadas en el estricto respeto a la soberanía nacional. Es decir, Yalta, las áreas de influencia, la sumisión de los países de la Europa Oriental a la bota soviética. Pero eso es lo que había: o Yalta o la hecatombe nuclear. Y en 1975, cuando la URSS mostraba su aparentemente sólida arrogancia, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, la benemérita CSCE, sólo podía atreverse a comenzar una tímida apertura hacia el respeto de los derechos humanos a cambio de ofrecer a Moscú la tan codiciada garantía del respeto a las fronteras establecidas tras la II Guerra Mundial. Una de ellas, la que separaba a las dos Alemanias y a los dos bloques, tenía una consistencia física de cemento armado. Era el vergonzoso Muro, elevado por el régimen comunista de la Alemania Oriental para evitar que todos sus habitantes huyeran del paraíso socialista y se establecieran en el Oeste. De hecho más de tres millones y medio de personas lo habían conseguido entre 1950 y 1961, cuando la barrera es construida y antes de que el Berlín occidental se convirtiera en una isla democrática aislada y asediada por las asechanzas del comunismo científico.

No podíamos creer que la República Democrática Alemana pudiera desaparecer sin que se la oyera exhalar un mínimo suspiro o expresar protesta o resistencia. Había sido la hija preferida de la URSS, la culminación del secular deseo ruso para disminuir mediante la división el permanente temor al poderío alemán, la manera de conseguir un estado tapón frente al Occidente, habilitado en tiempo de paz para desplegar ingentes cantidades de fuerzas y armamentos militares y en caso de guerra destinado a recibir los primeros impactos de la respuesta enemiga, mientras el territorio ruso quedaba bajo el lejano amparo de la distancia. No más Napoleón. No más Hitler. Y con tan onerosos encargos, la RDA se había comportado con filial sumisión a lo que Moscú ordenaba. Frente a los díscolos polacos, o húngaros, o checos, o rumanos, los alemanes orientales eran un prodigio de fiabilidad y obediencia, de ortodoxia marxista leninista, de dictadura del proletariado. Tanto que muchos creyeron haber encontrado la piedra filosofal del nuevo y buen alemán, capaz de encarnar las virtudes tradicionalmente asociadas a la imagen de su pueblo -laboriosidad, disciplina, rigor- sin los contratipos -militarismo, revanchismo, conquista-. Una mezcla ideal destinada a perpetuar en la historia europea y mundial un estado marxista alemán estrechamente asociado al imperio soviético. Y tanto se empeñaron en conseguirlo que llegamos a creérnoslo: al fin había aparecido una sociedad socialista en donde la mangancia no era la regla ni la ineficacia el patrón.

Claro es, había trampa. Y aunque su siniestra imagen hubiera llegado a ser un elemento más del paisaje de la postguerra, la perfidia de su significado no escapaba a nadie que mantuviera un mínimo de racionalidad democrática, desde Kennedy -«soy un berlinés»- hasta Reagan -«señor Gorbachov, eche abajo este Muro»- y a los miles de germano orientales que arriesgando la vida habían decidido intentar la casi imposible aventura de pasar al otro lado: más de doscientas personas perecieron en el intento y otras miles fueron detenidas y torturadas por la siempre eficaz, eso sí, policía política del régimen, la con razón temida STASSI. Y los monigotes que al servicio de Moscú habían ordenado la construcción del espantoso invento, -con su adición de perros, «zonas muertas», «vopos», ametralladoras- tenían que explicar que el Muro tenía como finalidad evitar que los ciudadanos de la RDA escaparan hacia el Oeste, pero que ello era imprescindible dado que en determinados estadios de construcción del socialismo los deberes impuestos sobre la población son de tal dureza que pocos pueden soportarlos. Me pareció obsceno la primera vez que lo escuché de un diplomático germano oriental. Me parecieron vomitivas las veces que tuve que escucharlo de sus conmilitones ideológicos españoles, todavía entonces postrados hasta la extenuante servidumbre ante los amos del Kremlin.

Claro que había trampa. La RDA no sólo fue uno de los estados mas totalitarios en reciente memoria sino que, además, su eficacia productiva pura propaganda, letal la destrucción medioambiental sufrida en sus instalaciones industriales, secular el retraso educativo y científico de sus instituciones. El Muro no pudo resistir el impacto de la presión de los que siempre pensaron aberrante su existencia y terrible el alcance de las vergüenzas que ocultaba. El sentido gozoso de la celebración a los veinte años de su caída debe hacerlo con un deber de restitución histórica. Los que celebraron la efemérides bebiendo champagne en su cima sabían que su gesto no sólo alcanzaba la destrucción del símbolo sino también, y sobre todo, lo que detrás de él se ocultaba: la sordidez de las sociedades aherrojadas en los dogmas del marxismo leninismo, del socialismo real. Nunca más.

Jacobo Silva y Gloria Arenas

El Estado, “socio” del narco

JOSé GIL OLMOS,

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009

Después de una década de aislamiento penitenciario, los exguerrilleros del ERPI Jacobo Silva y Gloria Arenas expresan su visión de la realidad nacional a mediados del sexenio de Felipe Calderón: encuentran que las condiciones sociales que los motivaron a alzarse en armas todavía prevalecen, pero agravadas. Por eso, aseguran, el Estado mexicano ya está aplicando una estrategia represiva y se alía con el narco para contener el inminente estallido social.

Al salir de la prisión después de 10 años, lo primero que sorprende a Jacobo Silva y Gloria Arenas, exdirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), es la militarización del país y el poder creciente del narcotráfico.

Luego viene una cascada de preocupaciones: el desempleo, la violencia, la inseguridad y la criminalización de la protesta social. Finalmente, ven que el país está a un paso del precipicio, en los albores del estallido social.

Jacobo, conocido como el comandante Antonio cuando era integrante de Ejército Popular Revolucionario (EPR) y luego dirigente del ERPI, fue detenido el 19 de octubre de 1999 en un operativo militar encubierto. Tiene una cicatriz entre las cejas, producto de la tortura. La huella de los golpes se le acentúa, endureciendo su gesto cada vez que habla de un tema delicado:

“Percibo un país en el que se han agudizado las condiciones que a nosotros nos hicieron incorporarnos a la lucha armada. Veo que esta militarización es en extremo preocupante porque se ve como algo cotidiano e incluso, para algunos sectores, como algo necesario.

“Eso es alarmante, porque va conduciendo poco a poco a que no haya preocupación por el aumento de la represión, a que (las personas) se acostumbren a los asesinatos, detenciones y desapariciones, que ahora les llaman levantones. Antes era muy poco lo que había, y ahora es cotidiano.”

A su vez, Gloria, conocida antes como la coronela Aurora, tiene una expresión más sonriente que Jacobo, su pareja. Pero cuando se le pregunta cómo aprecia la situación del país, se pone seria y advierte: “Parece que tenemos una paciencia infinita y que siempre vamos a aguantar más el desempleo y la inseguridad, pero en lo profundo veo un hartazgo a punto de estallar”.

Antonio y Aurora estuvieron presos una década, acusados de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y daños, delitos por los que fueron sentenciados a 49 años de prisión.

El pasado 28 de octubre ella salió del penal de Chiconautla, Estado de México, y al día siguiente él fue liberado de la cárcel de alta seguridad El Rincón, de Tepic, Nayarit, después de haber ganado dos amparos contra la justicia federal.

En entrevista, los dos exguerrilleros acusados de haber atacado un convoy del Ejército el 16 de julio de 1996, en Guerrero, señalan que a pesar del enorme hartazgo social que perciben, no consideran que la sociedad esté bien organizada, más allá de movimientos aislados como el de Atenco y el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Asimismo señalan que la inconformidad social va creciendo por debajo de la aparente calma y que el Estado ya se dio cuenta, por lo que ya echó a andar una estrategia de represión consistente en criminalizar la protesta social y desvirtuar a la guerrilla asegurando que está aliada con el narcotráfico. Ellos rechazan esto categóricamente.

“Los gobiernos del PAN han sido un fracaso. El gobierno de Felipe Calderón es un gobierno del miedo, la mentira y la desesperanza. Con eso llegó al poder y con eso se mantiene, porque son sus principales instrumentos”, sostiene Jacobo.

–¿Cómo ven al país después de 10 años que pasaron en la cárcel?

–Apenas estamos saliendo. Es muy pronto, pero tenemos una primera impresión: el país es diferente y a la vez no. Cuando ingresamos a prisión me preguntaban qué era ser presa política, porque yo así me declaraba. Creían que era una política, pero presa. Hoy que salgo ya nadie me cuestiona por qué luchamos. Lo que veo es que la gente está de acuerdo en la necesidad de hacer algo, lo que sea, pero hacer un cambio –responde Gloria Arenas

Jacobo Silva dice, por su parte, que poco se puede ver desde una cárcel de máxima seguridad, y que si se guiara nada más por lo que pudo conocer desde ahí diría que no hay futuro para el país.

“Pero al salir y entablar una relación con esta gente de La otra campaña que nos apoyó todo este tiempo –explica–, se ve que todavía hay lugar para la esperanza y que el país tiene futuro. Difícil, es cierto, pero para mí no hay lugar para el desánimo, porque si no lo hubo en la cárcel de máxima seguridad, (donde estuve) aislado de la sociedad y de la familia, menos ahorita, al ver a gente muy joven preocupada por hacer un cambio social.”

Advierte que existe un potencial de estallido social por el notorio descontento de amplios sectores de la población, “solamente que a veces no se identifica el enemigo o no se encuentra la causa común que puede hacer confluir esos descontentos, y porque desgraciadamente el Estado ha logrado aislar esos movimientos, y cuando estallan ha sido de manera parcial o muy localizada, como los casos de Atenco y Oaxaca”.

–Dicen ustedes que se ve un potencial estallido, pero no se nota una organización de la sociedad.

–Esa sería la desgracia que actualmente hay en el país. Los núcleos sociales son pequeños, dispersos, localizables; no han logrado hasta el momento esa unidad. El potencial existe, se ve, así lo han demostrado las protestas que hay contra la militarización disfrazada del combate al narcotráfico. No hay seguridad de que este descontento se manifieste en un estallido, pero podría dar lugar a éste –comenta Jacobo.

Agrega que es como en 1910:

“Antes del estallido de la Revolución se decía que no había posibilidad de un estallido, todo el mundo pensaba que se iba a festejar la Independencia con bombo y platillos. Sin embargo hubo un estallido porque el descontento ahí estaba. Solamente gente sagaz como John Kenneth Turner lo detectó, y personalidades políticas como Madero encontraron que había ese potencial. Podría ser que en este momento hubiera posibilidad de un estallido.”

Narcoestado

Gloria y Jacobo sostienen que las versiones publicadas de que grupos guerrilleros y narcotraficantes en México se han aliado como en Colombia, forman parte de una estrategia del gobierno federal para justificar la represión.

En todo caso, afirman, los cárteles están asociados con sectores del Estado mexicano en un negocio que les deja grandes ganancias. Abunda Gloria Arenas:

“Lo fácil es decir: la guerrilla está en la ilegalidad y el narco también, lo lógico es que se unan. Sin embargo este fenómeno no se ha dado en México. Yo llegué a escuchar declaraciones de Eduardo Medina Mora, cuando era el procurador, rechazando que hubiera alianza de los grupos armados y el narcotráfico. Dijo que, de acuerdo con sus investigaciones, no era así.

“La actuación del EZLN ha sido muy clara: no se permite alcohol y mucho menos la siembra de drogas en sus territorios. La actitud del ERPI ha sido la misma, incluso de denuncia pública de que el narcotráfico es parte del Estado o de que ya tiene un espacio dentro del Estado, que han logrado una alianza que permite que sicarios del narcotráfico hagan detenciones de luchadores sociales para entregarlos al Ejército. O viceversa, casos en los que el Ejército ha detenido a luchadores sociales y los entregan a los paramilitares de los narcotraficantes. Entonces, es lo contrario, no vemos que existe la narcoguerrilla en México.”

Jacobo asegura que el narcotráfico en realidad ha optado desde hace muchos años por la alianza con fuerzas que están dentro del Estado, lo cual se ha evidenciado con tantos militares descubiertos en tratos con los narcotraficantes.

“Así que en vez de narcoguerrilla hay un narcoestado, y cuando hay conflictos es entre diferentes cárteles, cada uno apoyado por diferentes fuerzas del Estado. Al narcotráfico no le interesa la guerrilla y a ésta no le interesa la alianza con el narcotráfico. Qué bueno que así sea. No solamente con el EZLN, sino desde antes, cuando estábamos en el EPR era muy clara la política de deslinde total y absoluto respecto del narcotráfico”, precisa el excomandante del EPR y del ERPI.

Gloria Arenas insiste: “El narcotráfico hace alianza con quien le conviene, con quien tiene el poder. Es un negocio enorme, es una empresa enorme. Lo que quieren es asegurar sus ganancias, y quien se las puede asegurar es el Estado”.

–¿En algún momento el narcotráfico puede ser un enemigo para la guerrilla?

–Sí, es una fuerza que está en contra de las fuerzas que vienen de abajo y que quieren transformación, porque finalmente al narcotráfico yo lo veo dentro de las empresas capitalistas, claro que de manera ilegal, pero finalmente es una empresa que está, incluso, sosteniendo no sé hasta dónde la economía del país, o por lo menos en algunas zonas es una fuente de ingresos para la población. Por eso no hay que menospreciar la importancia que tiene económicamente el narcotráfico.

Represión estratégica

La pareja fue detenida un año antes de que Vicente Fox llegara a Los Pinos prometiendo una transición política en el país. Desde la cárcel vieron el transcurrir errático del foxismo y la llegada incierta de Felipe Calderón. Para ambos, el gobierno del PAN representa lo mismo que del PRI durante siete décadas, con la agravante de que han incrementado la marginación social, la pobreza y la represión sólo para favorecer a la clase empresarial.

“No se ve una gran diferencia. En todos estos años lo que se hizo es perfeccionar las medidas neoliberales, saquear más al país. Pienso que comparativamente se cree que es mejor que gobierne el PRI porque es nacionalista. Pero creo que, si el PRI hubiera continuado, hubiera hecho lo mismo que el PAN”, precisa Arenas.

Para Silva, la única diferencia entre esos gobiernos es de estilo: “El PAN se caracteriza por ese puritanismo aparente, pero en realidad es lo mismo”.

Advierte que los panistas han agudizado la pobreza del país, lo cual está generando el hartazgo social. Por eso, aseguran, sigue vigente el cambio social mediante la vía armada, no obstante que desde hace años los grupos guerrilleros se encuentran aparentemente inactivos.

A decir de Gloria Arenas, cuando ambos participaron en el EPR y en el ERPI aprendieron que la viabilidad de la lucha armada no se da por voluntarismo sino de acuerdo al momento y por decisión de la gente.

“Lo que ya no es válido en este momento son algunas concepciones que se tenían antes, y hay grupos que aún las tienen. Por ejemplo, la idea de que una organización guerrillera es la vanguardia de todo el movimiento, tanto pacífico como armado, y que es una forma de lucha superior a la pacífica o a otras, y que por eso éstas tienen que supeditarse a la vía armada. Creo que eso ya está rebasado.

“El EZLN en 1994 rompió con esa concepción, hizo reflexionar al movimiento armado y no armado. Creo que han pasado varios años en los que se ha profundizado y reflexionado. Entonces esas concepciones de la toma del poder para instaurar un gobierno o dictadura del proletariado para a partir de ahí hacer todas las transformaciones, también está rebasada. La que no está rebasada es la necesidad de cambio y de todas las formas de lucha que puedan contribuir” a lograrlo.

–¿Incluyendo la armada? –se le plantea.

–Incluyendo la armada.

Jacobo Silva añade que hay gran dispersión de los grupos armados, lo que refleja las profundas diferencias políticas y de concepción que hay entre ellos, lo que debilita la lucha social:

“Hay un cierto debilitamiento porque siempre que hay una escisión o división disminuye la posibilidad de hacer grandes esfuerzos. Eso no se puede negar. Ahora, ¿qué tanto es desfavorable o favorable (una escisión) en comparación con una unidad ficticia? Yo creo que vale más, que es más sana una dispersión basada en una cosa real que una unidad basada en cuestiones ficticias”, justifica el exguerrillero que tomó la decisión de escindirse del EPR y formar el ERPI.

“Eso es lo que ha hecho que existan divisiones, diferencias entre quienes mantienen las posiciones más rígidas y los que tienen una posición más flexible –explica–. Esa dispersión es sintomática, quiere decir que hay un proceso de reflexión y la capacidad de criticar el propio pasado, las concepciones propias, y creo que se va incrementando el espectro de las fuerzas que tienen la visión más democrática, más acorde con la realidad y que ha tomado la experiencia mundial respecto del modelo de socialismo que se trataba de construir hace décadas”, sostiene.

Esas diferencias, añade Jacobo, difícilmente podrán superarse en el corto plazo y por lo mismo no se puede pensar, por el momento, en un pacto de unidad entre los diferentes grupos armados. Sin embargo, no descarta una alianza coyuntural como se hizo en el pasado en países de Centroamérica.

“Ya desde antes de caer en prisión, dentro del ERPI se había discutido sobre aprender la gran lección que dio el EZLN, que es la del trabajo subterráneo lento, que no se notara, para que cuando estallara fuera algo grande o relativamente mayor de lo que sería si se mostrara todo lo que se tiene y se puede hacer. Fue una gran lección que nos sorprendió y desde aquel tiempo la tratamos de asimilar y aplicar. Por eso hubo esa escisión desde aquel tiempo y el ERPI tomó ese camino. Es posible que otras fuerzas hagan lo mismo”, señala el exguerrillero.

Pero la disminución de las acciones bélicas no significa que no puedan realizarlas como antes, aclara Gloria Arenas. Desde su punto de vista, las organizaciones guerrilleras decidieron replegarse estratégicamente:

“Es evidente que lo que más puede influir en este repliegue es la decisión de dar espacio a la lucha pacífica y ponerse en un segundo plano. Eso es lo que puedo percibir. Puede ser que exista un poco de debilitamiento en algunos grupos, pero son décadas y esos debilitamientos se superan de alguna forma. No creo que eso sea lo determinante. Si se guarda silencio no sólo en cuanto a la acción armada, sino también en la expresión, creo que más bien es que se está trabajando en otro sentido”.

Lo que sí es seguro es que el Estado ya se prepara para reprimir un posible estallido, dice Arenas:

“Nosotros todavía discutimos si habrá un estallido social, pero el Estado ya lo ve claro y está tomando medidas en ese sentido, porque le ha dado una figura delictiva a cada acción que realiza la gente para protestar, como es la retención de funcionarios, el bloqueo y demás. El Estado se está preparando, es una estrategia a futuro. Creo que parte de esa estrategia es la alianza con el narcotráfico y también la justificación ideológica de la militarización”.

Los poetas a través de sus cartas

Los poetas a través de sus cartas

RAFAEL VARGAS

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009

Con unos cuantos días de diferencia, han aparecido recientemente dos epistolarios cuyos autores son figuras tutelares de la poesía del siglo XX: André Breton y T. S. Eliot.

El pasado 15 de octubre, la prensa francesa anunció la aparición del primer epistolario de André Breton que nos será dado conocer: Lettres à Aube, o Cartas a Aube, la hija que Breton tuvo con su primera mujer, la pintora Jacqueline Lamba, con quien vivió ocho años, de 1934 a 1942.

El libro, editado por Gallimard, preparado y anotado por Jean-Michel Goutier, con un postfacio de Jean-Marie Le Clézio, será el primero y único por un buen rato, ya que Breton prohibió la publicación de su correspondencia mientras no se cumplieran 50 años de su muerte, ocurrida el 28 de septiembre de 1966. Según la voluntad del poeta, sólo Jacqueline (1910-1913) y Aube podrían publicar las cartas que él les había enviado, si así lo deseaban.

Aube Solange Breton, nacida el 5 de diciembre de 1935, lo pensó durante mucho tiempo, y sólo se decidió ahora, que se ha convertido en la única sobreviviente directa del poeta –Elisa, la segunda esposa de Breton, murió en 2000– y se ha hecho cargo de la herencia de su padre. (El lector seguramente recordará que en 2003 el Estado francés se negó a comprar el invaluable acervo de documentos y piezas artísticas que Breton acumuló en su pequeño departamento del número 42 de la calle Fontaine, en París, que se ha ido vendiendo entre particulares.)

Trata de personas

ILEGALES “sobre pedido”

JUAN BALBOA,

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009

Datos compartidos por el Cisen y la PGR, así como el FBI y los órganos de inteligencia de La Habana, demuestran que en los últimos seis años miles de cubanos han huido de su país a través de las costas de Quintana Roo. Por eso México y Cuba negocian ahora un protocolo de deportación dentro de su acuerdo migratorio, a fin de cortar esta ruta. No obstante, las autoridades se enfrentan a traficantes peligrosos

–Los Zetas y mafias cubanas en Estados Unidos– que cobran hasta 15 mil dólares por persona y trabajan sobre pedido para poderosos empresarios deportivos y acaudaladas familias en Miami.

LA HABANA.- Integrantes de Los Zetas –vinculados con el cártel del Golfo– y cubanos radicados en Florida han armado una compleja estructura para traficar seres humanos en el llamado corredor del sur, que inicia en Quintana Roo y concluye en Tamaulipas, a las puertas de Estados Unidos.

Según información de organismos de inteligencia de México y Cuba, el gran negocio ahora es el tráfico de indocumentados cubanos “por pedido” de familiares, cazatalentos o promotores deportivos, quienes pagan entre 10 mil y 15 mil dólares por persona, dice el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz.

El hecho no es nuevo: la Secretaría de Gobernación mexicana y el Ministerio del Interior cubano detectaron desde 2005 la alianza de los cubanos de Miami con el grupo armado del cártel del Golfo, conocido como Los Zetas, para traficar indocumentados.

Integrantes de la delegación de la Secretaría de Marina que participa en las pláticas con autoridades de Cuba en la elaboración de un protocolo para las deportaciones, confirmaron a Proceso que el intercambio de información con Estados Unidos y Cuba ha facilitado conocer con “mayor precisión” la estructura y vínculos entre estos grupos criminales.

Declaraciones de cubanos detenidos por las autoridades mexicanas han permitido que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR) le den seguimiento a sus movimientos bancarios y conozcan la compleja estructura que los traficantes mantienen en la Península de Yucatán para trasladar ilegalmente a personas provenientes de Cuba y de Centroamérica.

De esa forma se ha comprobado que utilizan todo tipo de vehículos terrestres y media docena de lanchas rápidas, así como casas de seguridad en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Mérida.

Destacan los testimonios de Nairobi Claro y Noriel Veloz, así como el que rindió el 21 de septiembre pasado Ditsán Farradaz Ulloa, involucrado en el secuestro y tortura de 14 cubanos entre el 3 y el 13 de septiembre pasados en una casa de seguridad en Cancún, Quintana Roo.

El Cisen y la PGR comparten información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y las instancias de inteligencia de Cuba, confirmó el representante de la Armada de México entrevistado por el corresponsal.

El 8 de junio de 2008, Nairobi Claro y Noriel Veloz, originarios de Cuba pero residentes en Florida, fueron detenidos como presuntos responsables de la introducción ilegal de 33 cubanos a México. Ambos fueron “rescatados” por un comando cuando se les trasladaba a una estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Un mes después fueron detenidos Leonel Ballestero Pérez y Onel Ernesto del Sol Valdés (también identificado como Alberto Meza Rodríguez), acusados de delincuencia organizada y tráfico de ilegales. En sus declaraciones confirmaron su vinculación con Los Zetas.

La migración ilegal de cubanos por territorio mexicano está desbordada: tan sólo en 2008 fue de unas 14 mil personas. Aunada a la presencia en Quintana Roo de grupos de cubanos procedentes de Miami y el aumento de la violencia, entre 2007 y 2008 provocó en la Península de Yucatán más de 30 ejecuciones. Las víctimas fueron jefes y agentes policiacos, pescadores, vendedores de droga y agentes de migración. Pero también cayeron traficantes de personas.

Por ejemplo, en julio de 2007 el cubano Luis Lázaro Lara Morejón fue asesinado de 10 balazos en una brecha de la carretera Cancún-Mérida. Dos meses después Maximiliano Reyna Molas, un cubano residente en Florida, fue acribillado en el estacionamiento del mercado de artesanías Coral Negro, en la zona hotelera de Cancún. A finales de 2007 su hermano Juan Carlos Reyna Molas fue emboscado por un comando armado en el fraccionamiento residencial Santa Fe, de la misma ciudad.

A partir de 2007 el director general del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, se unió a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las negociaciones para un nuevo entendimiento migratorio con Cuba. El funcionario hizo tres viajes a La Habana entre 2007 y 2008, lo que fue interpretado como una muestra de la preocupación del gobierno mexicano por el aumento de la migración ilegal de cubanos y por los riesgos que representan para el país.

La PGR ha rastreado los nexos de estos grupos delictivos en La Habana con los cubanos llegados de Estados Unidos que operan en Quintana Roo, así como sus puentes con organizaciones en Florida, en donde mantienen un negocio estimado en más de 80 millones de dólares anuales, como afirmó el lunes 2 en un programa de televisión, Lázaro Barredo, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La ruta preferida de los traficantes de personas va desde Isla de la Juventud, en Cuba, a Isla Mujeres, Contoy y Holbox, en Quintana Roo. Otra va de la provincia cubana de Pinar del Río a Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Ilegales de élite

Lanchas reportadas como robadas en Florida –la mayoría con sistema satelital y tres motores de 200 caballos de fuerza, capaces de alcanzar más de 150 kilómetros por hora– permiten a los traficantes vinculados a Los Zetas cumplir con los pedidos de familiares y empresarios deportivos.

El tráfico de deportistas por la ruta del sur de México es actualmente uno de los mejores negocios de los traficantes de cubanos.

Durante las últimas semanas de octubre pasado, cinco jugadores de la Serie Nacional de Beisbol de Cuba abandonaron la isla hacia México por la vía marítima, según confirmó el blog “Terreno de Pelota”.

Se trata de jugadores conocidos en la isla: el jardinero Juan Carlos Linares Izquierdo y el receptor Yaniel Cabezas Hernández, del equipo La Habana; Yoannis Negrón, lanzador de Matanzas; el jugador de cuadro Adalberto Ibarra Reyes, y el lanzador Ricardo Estévez Pozo, del equipo de Camagüey.

La lista es larga y parece que la puerta de entrada a México es grande. Dayán Viciedo Pérez, con 300 hits conectados, 36 jonrones y 162 carreras impulsadas en la liga cubana, habilidoso tercera base, lanzador y jardinero, recaló el 20 de mayo de 2008 en las costas de Quintana Roo, a bordo de una lancha rápida.

Viciedo fue contratado hace un año por los Medias Blancas de Chicago. Firmó por 10 millones de dólares. Como tercera base y cuarto bat de la sucursal en Birmingham, promedia .274 con 10 jonrones, 68 carreras impulsadas y 129 hits.

No sólo beisbolistas han dejado el país con ayuda de promotores o familiares, sino también boxeadores con medallas olímpicas que se han convertido en profesionales en Estados Unidos.

La empresa Arena Box Promotions, después de gastar más de un millón de dólares para contratar a dos pugilistas cubanos, sacó ilegalmente en junio de 2008 a uno de ellos: Erislandy Lara, excampeón del mundo en la categoría de los 69 kilos. Actualmente radica en Miami bajo el amparo de Arena Box Promotions, en un convenio con la promotora Golden Boy, propiedad de Oscar de la Hoya.

El pasado 13 de octubre, en una entrevista en un periódico de Florida, el promotor Turco Ahmet Oner reconoció que “trató de ayudar en la fuga Guillermo Rigondeaux”, doble campeón de boxeo olímpico. Y todo indica que lo logró: apenas el 17 de septiembre, Rigondeaux se convirtió en campeón continental en un hotel de Miami. En la misma función, otros dos cubanos se alzaron con la victoria: Yudel Jonson –exmedallista olímpico en Atenas– y Yordanis Despaigne.

Intercambio de datos

El acuerdo migratorio alcanzado el 20 de octubre de 2008 entre Cuba y México logró que el gobierno de la isla aceptara de regreso a sus ciudadanos repatriados. A partir de entonces las salidas ilegales de cubanos a México disminuyeron “enormemente”, confirmó a Proceso el embajador de México en Cuba, Gabriel Jiménez Remus, quien destacó la coordinación y el intercambio de información entre ambos países.

Desde que se firmó el convenio para garantizar una migración “legal, segura y ordenada”, dice el embajador, 79 personas han sido repatriadas a Cuba. Y asegura que uno de los logros de las autoridades ha sido la reducción de la violencia en la región, auque reconoció que no se ha logrado desmantelar la red de traficantes de personas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba avaló las declaraciones de su embajador en México, Manuel Aguilera de la Paz, quien el pasado 27 de octubre afirmó que el acuerdo migratorio ha dado buenos resultados. Sin embargo, el diplomático se mostró preocupado por las “violaciones a los derechos humanos de los indocumentados por mafias de origen cubano radicadas en Miami”, en contubernio con grupos mexicanos.

La migración ilegal de cubanos a México se calcula entre 11 mil y 14 mil personas al año, pero disminuyó entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009. Se espera que este año se registre la cifra más baja desde 2003, cuando se detectaron los primeros grupos de ilegales cubanos en el estado de Quintana Roo.

“Son pocos los que han llegado a México en 2009, comparados con el flujo de años anteriores. Sólo están logrando llegar a México los que contratan a la mafia de Miami y los llamados Zetas”, explica un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. No deja dudas: “Es una migración de élite, una migración de aquellos que tienen dinero. Son salidas solicitadas y, muchas veces, pagadas con anticipación”.

Los pactos de la mafia

Los pactos de la mafia

MATTEO DEAN

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009
En el verano de 1992, el Estado italiano y la Cosa Nostra comenzaron una negociación. El objetivo: poner un alto definitivo a los ataques de la mafia siciliana contra las instituciones.

La revelación de Massimo Ciancimino, hijo del Vito, el exalcalde de Palermo condenado por vinculación con la organización criminal, refuerza una vieja sospecha de la sociedad italiana.

Actualmente bajo proceso por lavado de dinero, Massimo Ciancimino reveló a los jueces el interés que dos altos mandos de la Agrupación Operaciones Especiales de los Carabineros le expresaron hacia finales de mayo de 1992 para abrir un diálogo entre las instituciones italianas y la Cosa Nostra.

Según explicó él mismo a los jueces, Massimo fue contactado para que le pidiera a su padre Vito –señalado por la Procuraduría de Palermo como “la más explícita infiltración mafiosa en la administración pública”–, para que intercediera entre las partes.

Para probar sus afirmaciones, el pasado mes de julio, Ciancimino entregó a los jueces copia de una hoja en la que se leen –escritas a mano– las 12 peticiones que la Cosa Nostra le hacía al Estado italiano.

Ola de atentados

Las primeras revelaciones de Massimo Ciancimino, rendidas “en calidad de persona informada de los hechos”, en el marco del juicio de apelación promovido por Marcello Dell’Utri (exabogado de Silvio Berlusconi y hoy senador de la República, ya condenado en primera instancia a nueve años de reclusión por “asociación mafiosa”), obligaron a la magistratura italiana a abrir nuevas investigaciones acerca de la presunta negociación.

El 19 de julio pasado, en la ciudad de Palermo, la sociedad civil y algunos representantes del gobierno nacional y local recordaban el 17 aniversario de la matanza de Via D’amelio, la calle en la que en esa misma fecha pero de 1992, un coche cargado con 100 kilogramos de explosivos mató al fiscal antimafia Paolo Borsellino y su escolta de cinco agentes.

Sin embargo, la conmemoración tuvo una novedad: tras las revelaciones de Ciancimino, los jueces de la Procuraduría de Palermo decidieron volver a abrir el caso a causa de los cambios sustanciales del contexto en el que se llevó a cabo el crimen.

Para los jueces encargados de las investigaciones, fue fundamental determinar que la Cosa Nostra habría intentado comunicarse con el Estado italiano antes del atentado. Hasta hace pocos meses, en efecto, el homicidio de Borsellino y de su escolta era considerado el enésimo episodio de una temporada muy violenta instrumentada por parte del entonces “jefe de jefes”, Salvatore Riina, por las condenas definitivas dictadas por la Corte Suprema en enero de 1992 al propio Riina y otros 342 mafiosos que sumaron un total de 2 mil 665 años de cárcel.

Ahora que los jueces de Palermo tienen en sus manos el llamado “papello”, es decir la lista de peticiones de la Cosa Nostra, fechada el junio de 1992, la nueva hipótesis es que el juez Borsellino pudo estar al tanto de esa negociación y, tras oponerse a ello, se habría convertido en un objetivo de la mafia.

Salvatore Borsellino, hermano del fiscal asesinado, no tiene duda alguna al respecto. En varias declaraciones a la prensa, Salvatore afirma que su hermano tuvo conocimiento de la tentativa de negociación y se negó a ello, sobre todo a raíz del homicidio de su amigo y colega, el fiscal antimafia Giovanni Falcone. Por esta razón habría sido “eliminado”, con la colaboración de elementos de las instituciones. El hermano del fiscal asesinado fue tajante: “El homicidio de Paolo fue un homicidio de Estado”.

Falcone y Borsellino eran los dos fiscales principales del llamado Grupo Antimafia de la Procuraduría de Palermo. Este grupo de jueces logró instrumentar el más grande proceso a la mafia nunca visto en Italia, el llamado “maxiproceso”. Tras la confirmación de las condenas en enero de 1992, la Cosa Nostra decidió cobrar venganza y atacar al Estado. Primero, en marzo, asesinó brutalmente a Salvo Lima, diputado local de la extinta Democracia Cristiana, entonces partido de mayoría en el país y punto de referencia de Giulio Andreotti, el siete veces primer ministro italiano.

Luego, el 23 de mayo de 1992, hizo volar un tramo de la autopista que conduce a Palermo, con 600 kilogramos de explosivo. En ese momento pasaba el automóvil del fiscal Falcone, el cual murió junto con su esposa y su escolta.

La Cosa Nostra realizó varios atentados con bombas hasta principios de 1993, en Florencia y en Roma. El “ataque mafioso al Estado” amainó solamente con la detención de Salvatore Riina, el 15 de enero de 1993, y el ascenso a la jefatura de la organización criminal de Bernardo Provenzano.

Las peticiones

Según la prensa italiana, entre las principales demandas de la Cosa Nostra destacan la anulación del llamado “maxiproceso”, permitiendo la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos; la anulación del artículo 416-bis del Código Penal, que tipifica el delito de “asociación mafiosa”, y del artículo 41-bis, que endurece las condiciones de detención de los sentenciados por esa causa, y la introducción de reformas al sistema judicial, para que los fiscales fueran nombrados por el Poder Ejecutivo.

Massimo Ciancimino explicó a los jueces que el rol de su padre era mediar entre las partes. Según el hijo del exalcalde de Palermo, muerto en 2001, Vito Ciancimino modificó tales peticiones “por considerarlas excesivas” y entregó el nuevo listado –“revisado y corregido”– al entonces coronel (y hoy general) de los Carabineros, Mario Mori.

El papel de Mori en la negociación no está del todo claro, según Ciancimino, pero en la copia entregada a los jueces aparece una nota: “Entregado personalmente en las manos del coronel Mori de la Agrupación Operaciones Especiales”. Mario Mori fue investigado y absuelto de la acusación de encubrir a importantes exponentes de la Cosa Nostra (entre ellos, al sucesor de Riina, Bernardo Provenzano), y ha negado la existencia de cualquier negociación con la mafia, así como su encuentro con Vito Ciancimino.

En el llamado “papello” también aparecen los nombres de dos personajes políticos de relieve: Virginio Rognoni y Nicola Mancino. El primero fue ministro de Defensa hasta finales de 1992 y tenía a su cargo a los Carabineros; el segundo fue nombrado ministro del Interior el 1 de julio de 1992, y hoy es vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano ejecutivo independiente del Poder Judicial italiano

Y si bien Rognoni no ha declarado aún nada, Mancino ha negado cualquier participación en la presunta negociación. Inclusive ha desmentido que fuera él quien avisó al fiscal Borsellino de la negociación y que fuera el “contacto político” de las negociaciones.

En un torbellino de declaraciones rendidas en las últimas semanas frente a los jueces italianos, Massimo Ciancimino comentó que su padre “dialogó mucho también con Bernardo Provenzano, el número dos de la Cosa Nostra, después de Riina”. A los pocos días de haber recibido la lista de peticiones por el mismo Riina, Vito consultó a Provenzano, quien es descrito “como una persona más razonable y menos violenta”. Según testimonios de mafiosos arrestados que colaboran hoy con los jueces, Provenzano era contrario a la escalada violenta instrumentada por Riina.

Ciancimino asegura que Provenzano ordenó a su padre mantener el diálogo con el gobierno y que luego habrían buscado convencer al ‘loco’ (Riina)”. El plan, dice el hijo del exalcalde de Palermo, era que Provenzano retomara las negociaciones una vez “quitado del medio a Riina”.

La declaración acerca de la posible responsabilidad de Provenzano en la detención de Riina fue confirmada el pasado 4 de noviembre, cuando Massimo Ciancimino, por enésima vez frente a los jueces, declaró: “Bernardo Provenzano señaló a los Carabineros la zona exacta del escondite en el que Riina pasó el último periodo en calidad de prófugo de la justicia”.

Otro documento implica a Silvio Berlusconi. Se trata de una carta confiscada en febrero de 2005 tras el cateo de la vivienda de Vito Ciancimino. Redactada presumiblemente a principio de los años noventa, según la Procuraduría de Palermo, registra el chantaje de Provenzano a Berlusconi, entonces conocido sólo por sus cualidades empresariales y por ser dueño de los tres mayores canales televisivos nacionales.

Bernardo Provenzano le pedía a Berlusconi “poner a disposición uno de sus canales televisivos; si no, se realizará el evento luctuoso”. Los resultados de tal amenaza son actualmente desconocidos.

Sin embargo, el mismo Giovanni Brusca, el ejecutor material del asesinato de Falcone y hoy colaborador de la justicia, habría confirmado a los jueces italianos la intención de la mafia de “contactar con Silvio Berlusconi, ya que pensábamos pudiera ser el siguiente primer ministro”.

Lo único que se conoce con certeza es que, a mediados de 1993, Bernardo Provenzano se convirtió en el nuevo “jefe de jefes” de la Cosa Nostra hasta su detención, el 11 de abril de 2006. Inmediatamente después de su ascenso terminó la ola de atentados de la mafia italiana y el 27 de marzo de 1994 Berlusconi fue elegido, por primera vez, primer ministro italiano, conquistando la mayoría absoluta de votos solamente en una región del país: en Sicilia.

Los Zetas y la Ndrangueta

“Los Zetas” y la ‘Ndrangheta La conexión

HOMERO CAMPA,

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009;

Presionadas por deudas, la familia italiana Schirripa contactó a distribuidores de droga mexicanos que operaban en Nueva York para enviar cocaína a la región italiana de Calabria. Así comenzó la alianza entre dos poderosas organizaciones del crimen organizado: el cártel del Golfo y la ‘Ndrangheta. A partir de entrevistas, expedientes judiciales, informes policiacos y la transcripción de llamadas telefónicas, la periodista mexicana Cynthia Rodríguez, corresponsal de Proceso en Roma, reconstruye la historia de esta colusión en el libro Contacto en Italia, que la editorial Debate pondrá en circulación en México a partir de esta semana.

Giulio Schirripa, italiano de 37 años residente en Nueva York, estaba desesperado: adeudaba miles de dólares y nadie le otorgaba crédito para financiar el envío de cocaína a su tierra de origen: Marina de Gioiosa Ionica, un pueblo de 6 mil 500 habitantes en las orillas del mar Jónico, en la región de Reggio Calabria, Italia.

Pese a ser el menor de los Schirripa, Giulio era el principal operador del negocio familiar: él y su hermano Vincenzo compraban la droga en Nueva York a 28 mil dólares el kilo; su novia Stacey Minlionica se encargaba de la logística para enviarla a Italia en paquetes no mayores de 10 kilos; su madre, Teresa Roccisano, y su hermana Anna María se encargaban de transmitir los mensajes entre los miembros del clan y negociaban encuentros con compradores y financistas; y su padre, Pascuale Schirripa, se encargaba de distribuir la cocaína en distintas localidades de Calabria: Siderno, Locri, Bovalino, Gioiosa Ionica, Polistena, Gioia Tauro, Palmi…

Entre los acreedores de los Schirripa en Calabria se encontraban Giuseppe Sansotta y Pascuale Pugliese, vinculados con la red de clanes que forman la poderosa mafia de la región: la ‘Ndrangheta.

Pero el negocio se había atascado por las deudas de Giulio: debía 50 mil dólares a los sicilianos de la Cosa Nostra asentados en Nueva York y tenía que pagarles 2 mil 500 dólares semanales sólo de los intereses. Además, le urgía tener 100 mil dólares para pagar cinco kilos de coca que había encargado a uno de sus distribuidores habituales, el ecuatoriano Luis Calderón, El Tío, quien trabajaba para cárteles colombianos.

El 17 de febrero de 2008, los Schirripa encontraron la aparente salvación: dos nuevos distribuidores de droga. Se trataba del paraguayo Javier Guerrero y del ítalo-estadunidense Christopher Anthony Chris Castellano, dueño de un club nocturno en Grand Island. Giulio los había contactado en el barrio Corona, de Queens, y –sin mayores condiciones– le entregaron tres paquetes de cocaína para enviarlos a Italia.

Había una novedad: Javier Guerrero y Chris no trabajaban con los colombianos, sino para una célula del cártel del Golfo que operaba en Nueva York.

Así empezó el contacto entre dos organizaciones del crimen organizado que operan a nivel internacional: la ‘Ndrangheta italiana y el cártel del Golfo de México.

Cynthia Rodríguez –periodista mexicana residente en Italia– reconstruye la historia de esta asociación entre células de ambos grupos delictivos. Lo hace a partir de entrevistas, expedientes judiciales e informes policiacos, así como de las trascripciones de 5 mil llamadas telefónicas que la policía italiana interceptó a los miembros de la familia Schirripa, uno de los clanes de la ‘Ndrangheta. La historia aparece en el libro Contacto en Italia, escrito por Rodríguez, que empezará a circular en México esta semana bajo el sello de Debate.

Las deudas de Giulio

Rodríguez explica que desde febrero de 2008 la DEA estadunidense y el Departamento de Operaciones Especiales de Italia (ROS, por sus siglas en italiano) vigilaban los movimientos de la familia Schirripa y monitorearon sus llamadas telefónicas.

De hecho, la DEA comunicó a los agentes italianos que Javier Guerrero, uno de los contactos de Giulio, “trabajaba para el mexicano José Cerda, un miembro del cártel del Golfo involucrado en un operativo en el que se incautaron casi 650 kilos de mariguana. Junto con Cerda, en Nueva York colaboraban Santiago Maldonado y Mario Velásquez, quienes en marzo de 2008, y por intermedio de Christopher Castellano, se habían reunido con los hermanos Schirripa para negociar la compraventa de cocaína”.

El 1 de abril de ese año, Giulio viajó a Calabria. Una semana después, el 7 de abril, la droga negociada con los mexicanos llegó al pueblo de Marina de Gioiosa Ionica: 10 kilos de coca divididos en tres paquetes iguales. El servicio exprés de correos de Italia los entregó en la casa de María Argiro, amiga de Teresa Roccisano, la madre de Giulio.

En principio, esa cantidad de droga parecía suficiente para que la familia Schirripa saldara sus deudas y reinvirtiera en el negocio. Pero algo salió mal: el 9 de abril, uno de los “clientes” llegó al domicilio de los Schirripa en un vehículo blanco y regresó uno de los paquetes de droga. De ello se percató el Escuadrón de Cazadores de los Carabineros que vigilaba la casa de los Schirripa desde una distancia de dos kilómetros.

El “cliente” que devolvió la droga no era cualquiera. Se trataba de Aldo Carmelo Bombarderi, quien tenía nexos de amistad y familiares con uno de los clanes más poderosos de la ‘Ndrangheta: los Aquino-Coluccio, algunos de cuyos miembros están acusados de los delitos de asociación mafiosa, portación indebida de armas, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.

¿Qué había pasado? La cocaína de ese paquete era de pésima calidad. “Ese tipo, el amigo de aquél (Javier Guerrero), nos dio un puño”, le dijo en clave Giulio a su mujer Stacey durante una conversación telefónica.

De nuevo, Giulio estaba en problemas: en Calabria no le querían comprar esa droga y en Nueva York los miembros de la célula del cártel del Golfo presionaban a su mujer Stacey, a su hermano Vincenzo y a su socio Chris para que les pagara el costo de la cocaína.

Es reveladora la llamada que Giulio y Chris iniciaron a las 19:13 horas del 10 de abril de 2008:

Giulio: Esta mierda, que he rebajado hasta 20 o 25 (en referencia al precio), nada, ninguno la quiere (…) Escucha, aquí estos malditos la cocinan (en referencia al modo en que en Calabria se prueba la calidad de la droga) una por una, cero, nada, ni siquiera uno solo.

Chris: Esta bien, pero, ¿qué hacemos con estas personas (del cártel del Golfo)? Ellos no quieren escuchar estas pendejadas. Sabes que una vez que la agarramos, es nuestra (…) Si dejas esa cosa (la droga) allá (en Calabria) pensarán que nos los chingamos. Te lo digo en serio.

Giulio: Pero no puedo, no.

Chris: Regrésala bro, regrésala. Escucha, escucha: no estarán felices de tenerla de nuevo, pero al menos así pueden estar seguros de que la tenemos nosotros y que no se las robamos ¿qué nos queda?

En la conversación, Giulio insiste en que la droga de uno de los paquetes es de pésima calidad. “Al ojo parece buena. Le han metido algo para hacerla parecer buena y bonita, pero cuando se cocina, porque es lo que hacen aquí, pues viene nada”, le dice a Chris.

Éste, por su parte, le dice que deben “continuar trabajando” con los mexicanos “porque tienen mucho de esta cosa”.

“Podemos aclarar las cosas con ellos, pero ellos también tienen que trabajar con nosotros porque no podemos agarrar toda la responsabilidad de los 120 kilos enteros”, insiste Chris.

El 11 de abril, Giulio enterró el paquete con droga que no podía vender en una zona boscosa ubicada a unos 100 metros detrás de su casa. Los carabineros lo tenían vigilado. Esa misma noche, los agentes desenterraron la droga sin que los Schirripa se dieran cuenta y la llevaron a la oficina del Escuadrón de Cazadores de Calabria. El análisis dio positivo a la cocaína.

“Así –narra Cynthia Rodríguez– los lazos entre la familia Schirripa, Pascuale Pugliese, Giuseppe Sansotta, María Argiro y la ‘ndrina (clan) Aquino-Coluccio –plenamente identificada con la ‘Ndrangheta a través de Aldo Carmelo Bombarderi y con el cártel del Golfo a través de Christopher Castellano y Javier Guerrero– dejaron de ser una simple sospecha. La indagación que había iniciado en febrero de 2008 tenía muchos elementos que fortalecían el evidente nexo.”

Pánico

El 19 de abril, los Schirripa encontraron a una persona que estaba dispuesta a financiar su deuda con los mexicanos del cártel de Golfo: Diego Lamanna, con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes en su natal Polistena, en Calabria, y a quien la policía identificó como cercano a otro clan de la ‘Ndrangheta: los Longo-Versace.

Giulio y Pascuale Pugliese viajaron a Nueva York el 20 y 21 de abril, respectivamente. El 1 de mayo, Pugliese regresó a Calabria. Llevaba 2 kilos de cocaína. La DEA y el ROS avisaron a los sistemas de aduanas para que lo dejaran pasar con la droga. Pero Giulio le comentó a Pugliese que “los mexicanos insistían en el pago pendiente o, en su caso, viajar a Italia para inspeccionar la droga que no habían podido vender”.

Fue entonces que los Schirripa se dieron cuenta que la droga no estaba donde la habían enterrado. Entraron en pánico. Sobre todo porque los mexicanos empezaron con las amenazas. A Chris le “pusieron una pistola en la cabeza”, por ejemplo.

El 21 de mayo, Giulio envió de Nueva York a Calabria 2 kilos más de cocaína a través del servicio postal. El paquete terminó en manos de Lamanna para venderlo y con ello pagarle a los mexicanos. Pero Lamanna demoraba los pagos. Desesperado, Giulio viajó a Calabria el 29 de mayo para “acelerar los trámites”. Un primo de Giulio, Luigi Albanese, volaría a Nueva York con el dinero para la célula del cártel del Golfo, pero “tuvo problemas con su pasaporte” y no pudo viajar.

La noche del 1 de junio, Lamanna le avisó a Pugliese que el dinero no lo tendría “antes del martes”. Inmediatamente Pugliese contestó con otro mensaje: “Estás loco”. Esperó más de 10 minutos y, al no obtener respuesta, a las 21:15 envió uno más: “Me has abandonado”. Tres minutos después, Lamanna replicó: “Te he abandonado, los güevos… Para el martes”.

“De esta manera, los agentes se dieron cuenta de que, además del problema con el pasaporte de quien haría el papel de correo, no había liquidez en el grupo, probablemente porque Lamanna, a su vez, estaba en espera del pago de la droga que él mismo había distribuido”, escribe Rodríguez en su libro.

El enojo de los mexicanos se refleja en una conversación telefónica que sostuvieron el 5 de junio Luigi Albanece, primo de Giulio, e Ignacio Díaz, alias Nacho o El Español, de la célula del cártel del Golfo en Nueva York.

Nacho: No me vengas a decir que el domingo porque a mí me habían dicho “para mañana” y esa gente (del cártel del Golfo) me ha dicho que si mañana no estás aquí, ellos se van, se van ya. Me dijeron así: “mira, si nosotros venimos, ‘pam’”. Y de 10 días que ellos llevan aquí esperándote… ¡10 días esperándote!

Luigi: Sí, sí…

Nacho: Hablamos como dos hombres ¿sí o no?

Luigi: Sí, sí…

Nacho: Con respeto, por lo tanto, me has faltado el respeto hasta el fondo. Me habían dicho que el domingo estaría aquí.

Luigi: Sí, sí, sí, ¡no, no!, pero tuve un problema con el pasaporte, con el boleto.

Nacho: ¡No me llamaste!

Luigi: No, porque Giulio me dio el número de teléfono ahorita… porque antes no tenía el número para llamarte, ¿me explico?

Nacho: Estás jugando conmigo, loco. Soy un hombre y no se juega con esto. Tú sabes que con esto no se juega (…) Me habías dicho que estarías aquí, esa gente vino de México, ¡y ha estado aquí todos estos días! ¿Sabes cuánto debo pagar al que está aquí?: 2 mil 500 dólares.

Luigi: No, no, tienes ahí los 60 y 93 (miles de dólares)

Nacho: Escucha, debes pagarme los cuatro (kilos) (…) y ahorita me tienen que pagar los tres, cada uno cuesta 31 (miles de dólares)

Luigi: Ahora, del otro no sabía, él (Giulio) me explicó que debía darte su parte.

Nacho: ¿Su parte? Te estoy pidiendo lo que es mío.

Luigi: Sí.

Nacho: Este es un problema y sabes lo que puede suceder, un problema muy gordo que después se puede lamentar y llorar.

Finalmente, los Schirripa liquidaron la deuda con los mexicanos el 4 de julio de 2008. Para ese momento las entregas de droga se empezaron a regularizar y a crecer: el próximo envío sería de al menos 20 kilos. Y, según Rodríguez, las autoridades italianas consideraban que el cártel del Golfo estaba probando una nueva ruta para el tráfico de drogas hacia Europa y que por ello inició con cantidades de droga relativamente pequeñas. Pero antes de que la ruta se estableciera, en septiembre el ROS y la Fiscalía Nacional Antimafia llevaron a cabo el operativo Solare y detuvieron al clan de los Schirripa y sus socios de la ‘Ndrangheta.

De hecho, este caso forma parte de las investigaciones que de manera paralela realizaron la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Nacional Antimafia y el ROS de Italia, que concluyeron en los operativos Project Reckoning y Solare realizados en septiembre de 2008, que significaron un duro golpe para el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas.

Rodríguez cita a Michael B. Mukasey, abogado general de la DEA, quien el 17 de septiembre de 2008 expuso los resultados del operativo Project Reckoning realizado en varias ciudades de Estados Unidos: el decomiso de 60.1 millones de dólares en efectivo, 176 armas, 16 mil 711 kilos de cocaína, 23 mil 250 kilos de mariguana, 471.2 kilos de metanfetaminas y 8.61 kilos de heroína, así como la captura de 175 narcotraficantes de diversas nacionalidades: mexicanos, guatemaltecos, panameños, colombianos e italianos.

Ese mismo día, en Italia, Pietro Grasso, fiscal nacional Antimafia, declaró: “La novedad en este operativo internacional (llamado Solare en Italia) es el papel que ha adquirido México como punto de partida del narco, sustituyendo