( En el TEPJF) Circo de tres pistas/Jaime Sánchez Susarrey

Circo de tres pistas/Jaime Sánchez Susarrey
Publicado en Reforma, 21 Jul. 12
López Obrador no está demandando que se abra una investigación y se determine si efectivamente se violó la ley o no. Lo que su Señoría está exigiendo es que su sentencia se ejecute
El Informe Circunstanciado que el IFE adjuntó a las impugnaciones del Movimiento Progresista es devastador. Si esa primera evaluación es correcta, y no hay razones para suponer que no lo sea, el fallo del Tribunal Federal Electoral sobre las impugnaciones de la coalición de izquierda será muy probablemente adverso.
El contenido del Informe es el siguiente:
No se aportan elementos de prueba para acreditar que se presentó la compra y coacción de votos.
Los partidos siempre tuvieron acceso a los medios de impugnación.
Se garantizó la emisión del voto de forma libre y secreta.
No se cuenta con los elementos para determinar si hubo rebase de topes de gastos de campaña.
Las encuestas no son propaganda electoral.
No existe certeza de que las tarjetas Soriana y Monex fueron recibidas por los medios que refieren.
Su simple existencia no revela que su entrega haya sido condicionada.
Las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista carecen de valor probatorio.
El IFE ha atendido todas las quejas, por lo que no hay omisión o inacción de la autoridad.
Lo anterior significa, en resumen, que la integración de las quejas y las pruebas es completamente insuficiente y no resisten un examen jurídico. A lo que se añaden dos consideraciones fundamentales: la compra y coacción del voto no es causal de nulidad de una elección presidencial, como tampoco lo es que algún partido hubiese rebasado los topes de campaña.
En el segundo caso lo que procede, porque así lo marca la ley, es una multa proporcional al monto con que el partido hubiese rebasado el tope de campaña. Por eso en 2003 se multó al PRI con mil millones de pesos y al PAN con poco más de 300 millones de pesos por haber rebasado los límites en la elección presidencial de 2000.
Esto significa que la demanda de anulación de la elección presidencial no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Aun cuando se demostrara, si efectivamente se aportaran las pruebas, que el PRI rebasó los topes de campaña, lo que procedería legalmente sería una multa. Nada más.
Por otra parte, el Movimiento Progresista ha solicitado la invalidez de la elección que no es idéntica a la anulación de la elección. Para hacerlo tomó como precedente el fallo del Tribunal Federal Electoral en la elección de Morelia en 2011, donde se invocó inequidad en la contienda para invalidar la elección. El motivo fue el logo del PRI en el calzoncillo del boxeador Márquez en una pelea en Las Vegas, que fue transmitida por TV Azteca.
Pero en el caso del fallo de Morelia hay dos hechos que vale recordar. De entrada, la diferencia de votos a favor del partido ganador era de menos de 1 por ciento. Y además, el mismo Trife decidió, sobre la base del mismo expediente, no invalidar la elección para gobernador en Michoacán.
Es por eso que la demanda de invalidez de la elección presidencial con un resultado de 6.66 por ciento a favor de Peña Nieto, que se traduce en más 3 millones de votos, no tiene posibilidades de prosperar.
Todo lo anterior lo sabe y lo entiende el presidente de la República. Por eso Felipe Calderón recibió a Peña Nieto en Los Pinos. El revuelo que causó la entrevista entre los líderes del PRD es entendible, pero no atendible.
La propia secretaria general del PAN, Cecilia Romero, lo explicó con toda claridad: "De hecho, el conteo rápido, el PREP y los cómputos distritales fueron prácticamente iguales. De hecho, Enrique Peña Nieto tiene un reconocimiento como candidato ganador y cualquiera de las impugnaciones presentadas no llevará, de acuerdo con la legalidad que nos rige actualmente, a una anulación".
Quienes también lo saben y lo entienden son AMLO y sus más cercanos. Por eso el miércoles pasado por la tarde le dieron un giro a la denuncia. La cuestión ya no está en la compra de votos ni en el exceso de gasto, sino en la procedencia -supuestamente- ilícita de esos recursos.
Se planteó, incluso, la posibilidad de que provinieran del crimen organizado.
En esa conferencia, López Obrador adelantó cuál será su respuesta en caso que su demanda de anular o invalidar la elección no sea satisfecha por el Trife. Después de haber acusado a Enrique Peña Nieto de haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita, advirtió que si hay impunidad, "vamos a proceder contra las autoridades responsables".
En otras palabras, López Obrador no está demandando que se abra una investigación y se determine si efectivamente se violó la ley o no. Lo que su Señoría está exigiendo es que su sentencia se ejecute. Él ya determinó que el PRI y Peña Nieto violaron la ley y deben ser sancionados con la pena máxima: la anulación o invalidez de la elección. Un fallo diferente equivaldrá a colusión e impunidad.
Así que quienes albergaban alguna duda acerca de si AMLO aceptaría la resolución del Trife ya tienen la respuesta. No, no lo hará y, por lo tanto, tampoco reconocerá la legalidad de la elección presidencial.
De ahí las contradicciones y oportunismo de AMLO y el Movimiento Progresista. La solicitud de la invalidez de la elección presidencial no se extiende a las elecciones de senadores y diputados. No importa que hayan sido los mismos ciudadanos, las mismas urnas y los mismos votos. Por eso el 1o. de septiembre los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se sentarán en su curul y recibirán puntualmente su dieta.
En este circo de tres pistas, hay un solo personaje que desconcierta: el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, que se sumó a Jesús Zambrano para exigir que la PGR investigue el presunto lavado de dinero. ¿Para qué y por qué? Es materia de otro artículo.

Emilio Secretario ejecutivo de CiDH de la OEA

Felicidades Emilio!
Dice la columna Templo Mayor de Reforma de este sábado 21 de julio que con "CON LA LLEGADA de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suman tres los mexicanos en puestos de primer nivel en el sistema de justicia de las Américas.
Y ES QUE uno de los siete comisionados de la CIDH es el también mexicano José de Jesús Orozco, quien, por cierto, actualmente preside ese organismo colegiado y lo hará hasta abril próximo.
ADEMÁS, está Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quien se desempeña como juez de la Corte Interamericana, organismo cuyas sentencias son vinculatorias para los Estados que integran el sistema.
SIN DUDA, tres razones de orgullo para los abogados mexicanos"
Coincido con Reforma.
A Emilio me hubiera gustado verlo de Ombusdman en México para bueno ya habrá tiempo para que amanezca mañana..
Comparto el comunicado oficial, el posicionamiento de Gobernación y una nota de El País.
El comunicado de CIDH:
Comunicado de Prensa
CIDH selecciona a Emilio Álvarez Icaza para Secretario ejecutivo.
19 de julio de 2012
Washington, D.C. – En ejercicio de su autonomía e independencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó hoy a Emilio Álvarez Icaza para el cargo de Secretario Ejecutivo y, en los términos del Artículo 11 de su Reglamento, remitió el nombre de la persona seleccionada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), proponiendo su designación por un período de cuatro años.
Emilio Álvarez Icaza Longoria, de nacionalidad mexicana, es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de dicho país. En 1999 fue elegido Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal; posteriormente, fue elegido Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cargo que desempeñó hasta 2009. Asimismo, ha ejercido el periodismo en distintos medios de comunicación, y es profesor de derechos humanos en nivel de posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM, entre otros cargos académicos. Ha publicado libros y numerosos artículos en medios mexicanos y de otros países. Fue Director General del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y cofundador de Alianza Cívica, ambas organizaciones de la sociedad civil de México. Actualmente es consultor independiente, experto en temas de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, sociedad civil y políticas públicas; e integra el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México.
La selección de Emilio Álvarez Icaza fue el resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo. El llamado a concurso para este puesto fue publicado el 16 de noviembre de 2011, abriendo el período para la recepción de candidaturas, el cual culminó el 1º de mayo de 2012. Se recibieron 111 candidaturas para el puesto. Los nombres de los y las prestigiadas cinco finalistas y sus hojas de vida fueron publicados en la página Web de la CIDH el 1º de junio de 2012, fecha en que dio inicio el plazo de un mes para recibir observaciones. La CIDH agradece a quienes participaron en este proceso a través del envío de 116 observaciones sobre las candidaturas, las cuales fueron ponderadas por los Comisionados y las Comisionadas. La Comisión en pleno entrevistó en su sede a los y las cinco finalistas.
La Comisión valora que, durante este proceso, los Estados Miembros y los órganos políticos de la OEA, así como los sectores de la sociedad civil, hayan respetado el principio de autonomía e independencia de la Comisión Interamericana para la adopción de esta decisión, característica esencial para el cabal cumplimiento de la alta misión que tiene encomendada.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comunicado de Gobernación
Boletín No.239/12
Secretaría de Gobernación
México, D.F., a 19 de julio de 2012
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de su titular, Alejandro Poiré, celebran el nombramiento de Emilio Álvarez Icaza como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta designación significa, sin duda, una alta distinción y reconocimiento, en virtud de la importancia internacional que tiene ese organismo defensor de los derechos humanos.
El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se congratula por la designación de Álvarez Icaza y le desea éxito en esta nueva encomienda, la cual, agregó el encargado de la política interior del país, es un reconocimiento a su trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Álvarez Icaza, agregó el titular de Gobernación, ha sido un promotor destacado de causas que comparte el Gobierno Federal con diversas organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación considera que la llegada del Doctor Alvarez Icaza a esta importante institución defensora de los derechos humanos, significará también la oportunidad de seguir consolidando los avances en materia de derechos humanos en México.
Nota de El País 
La OEA elige a Álvarez Icaza para dirigir su Comisión de Derechos Humanos
El exdefensor del Pueblo de México DF impulsó con Javier Sicilia el Movimiento por la Paz
En los últimos dos años ha sido un líder de la defensa de los civiles en la cruda gerra al narco
Nota de PABLO DE LLANO El País, México 20 JUL 2012 -
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha designado al mexicano Emilio Álvarez Icaza (1965) nuevo jefe de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con una sólida trayectoria en la denuncia de la violación de los derechos civiles, desde la dirección de la defensoría del Pueblo de Ciudad de México al liderazgo, junto al poeta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz contra la violencia en México, Álvarez Icaza es una de las figuras de referencia del activismo civil en este país lastrado por el crimen.
Ocupará el puesto que deja el abogado argentino Santiago Cantón, que ha estado 11 años en el cargo y ahora dirigirá el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El promotor de los derechos civiles mexicano trabajará ahora en Washington (EE UU), donde comandará la dirección de la Comisión, revisará con su equipo las denuncias de violaciones de derechos humanos que les lleguen, atenderá las audiencias con las víctimas y elaborará informes.
Es la primera vez que un mexicano es elegido para este cargo. Álvarez Icaza también optó a la jefatura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su país, pero el Senado lo rechazó.
Su contribución a la defensa de las víctimas civiles de la guerra contra el narco del Gobierno de Felipe Calderón, presidente de México hasta el próximo mes de diciembre, ha sido notable en los últimos dos años. En 2011 impulsó el Movimiento por la Paz con Javier Sicilia, después de que el hijo de este poeta fuese asesinado por el crimen organizado junto a otras seis personas. Desde entonces, el Movimiento por la Paz ha sido una de las herramientas más efectivas en este país para ponerle cara a las familias que padecen un conflicto que en los últimos seis años ha causado más de 60.000 muertos.
Álvarez Icaza ha resaltado en una entrevista con el diario Reforma que su elección como director ejecutivo de la CIDH es “emblemática por lo que está viviendo México”. De todas formas, él no podrá intervenir en cuestiones relacionadas con su país –por la normativa de la Comisión–; serán los comisionados de la CIDH en México quienes las atenderán.
Este sociólogo mexicano de 47 años ha trabajado en el área de los derechos civiles desde principios de los años 90. De 2001 a 2009 fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo en el que fomentó que el Gobierno de la capital aprobase normativas como la aprobación del aborto y de los matrimonios homosexuales.

La Ley General de Víctimas a la SCJN!

Inician controversia por ley de víctimas
Ante las diferencias que sostiene con el Poder Legislativo, el Gobierno federal emprendió una controversia constitucional ante la SCJN por  la ley general de víctimas.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que dejará el tema en esa instancia para sea quien decida si las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo llegar al Poder Legislativo sobre esa legislación cumplió los tiempos que establece la Constitución.
"La controversia constitucional presentada por el Ejecutivo se refiere únicamente al acto del Senado de la República, a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo", indica el pronunciamiento.
"La Suprema Corte es el órgano facultado para dirimir controversias entre Poderes. Por ello, el Ejecutivo Federal recurrió a ella, pues es prioritario superar este debate entre Ejecutivo y Legislativo, a fin de contar con una Ley que sí funcione y que resuelva con eficacia y prontitud el problema de las víctimas".
En opinión del Gobierno de la República, dicha legislación requiere correcciones y reformas constitucionales.
En su comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró el llamado para que los legisladores y organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos continúen con el diálogo para contar con una Ley General de Víctimas que garantice la atención a las víctimas del delito y de la violencia.
El comunicado..Boletín 240
México, D.F., 20/07/2012
El Poder Ejecutivo Federal presentó, el pasado jueves 19 de julio, una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ésta determine si las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo llegar al Poder Legislativo sobre la Ley General de Víctimas se presentaron en los tiempos que establece la Constitución.
Cabe recordar que el Ejecutivo Federal recibió el decreto de Ley General de Víctimas el pasado 1º de junio y 30 días después, atendiendo lo que establece el Artículo 72 de la Constitución, lo regresó al Poder Legislativo con observaciones, mismas que fueron devueltas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La controversia constitucional presentada por el Ejecutivo se refiere únicamente al acto del Senado de la República a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
La SCJN es el órgano facultado para dirimir controversias entre Poderes. Por ello, el Ejecutivo Federal recurrió a la Corte, pues es prioritario superar este debate entre Ejecutivo y Legislativo, a fin de fortalecer el diálogo con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil para contar con una Ley que sí funcione y que resuelva con eficacia y prontitud el problema de las víctimas.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hace un nuevo llamado para que, de manera paralela al proceso que se lleve a cabo en la SCJN, los legisladores y organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, continúen con el diálogo para que nuestro país cuente con una Ley General de Víctimas que verdaderamente ayude a las víctimas del delito y de la violencia, y les garantice la atención que necesitan y merecen.
Para la Secretaría de Gobernación resulta indispensable que los instrumentos que conforman el proceso legislativo sean perfectamente sólidos y congruentes entre sí, a fin de garantizar la consistencia, viabilidad y eficacia de nuestras leyes.