Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez, en la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de las Reformas al Sistema de Justicia Penal, realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, D. F., a 25 de junio de 2010 |
Representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor Magistrado Vázquez Marín;
Señores senadores y diputados representantes de la Cámara de Senadores y Diputados, que a su vez representan el Pacto Federal y a la soberanía popular;
Señores representantes de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados; de las Procuradurías de Justicia de los estados;
Compañeros representantes de las dependencias del Gobierno Federal que tienen una misión fundamental en el ámbito material de esta reforma: Seguridad Pública y Procuraduría General de la República.
Señoras y señores representantes de los organismos académicos y sociales que tienen una vinculación y un compromiso directo con el tema que hoy nos ocupa;
Señoras y señores:
Es para mí un honor, como Presidente de este Consejo, comparecer a su Primera Sesión Extraordinaria y celebrar y reconocer que tanto su inauguración como su primer acto de responsabilidad política sean bajo la tutela y protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como abogado y como servidor público, soy un hombre que siempre ha respetado, venerado e, inclusive, ayudado a construir y defender la jerarquía del Poder Judicial Federal en su mayor y mejor expresión, como garante de nuestro sistema constitucional, como intérprete permanente de la Constitución y, con ello, como responsable de la coherencia y consistencia del poder público, en el marco de reglas en las que hemos retratado nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y nuestros compromisos de conducta como Estado y como nación.
Lo que se discute hoy es una política pública que representa la defensa de los valores y derechos fundamentales de los seres humanos en una sociedad moderna.
En nuestra evolución democrática hemos caminado largos y penosos senderos para construir las instituciones que hoy existen, y dibujado nuevos senderos para consolidarlas en el presente y en el futuro.
La transición democrática en su primera fase se construyó sobre la voluntad de competir bajo reglas escritas, pactadas, previstas y cumplidas por los actores en competencia; con el compromiso que bajo estas premisas se aceptarían sus resultados en paz, y así establecer los mecanismos de integración del poder público y de la competencia por el poder público que resultaran pacíficos, logrando la alternancia y la sucesión y transmisión del poder de manera institucional.
Ese es uno de los propósitos fundamentales de la democracia.
La otra, el de construir un régimen político institucional en el cual los derechos y libertades fundamentales fueran respetados, promovidos y garantizados. Ahí nuestra transición democrática estaba en déficit y hoy apura para ponerse al corriente.
La necesidad de consolidar instituciones públicas que tengan la fuerza suficiente para defender a todos de las agresiones a las que los violentos o poderosos quieran someter; la voluntad social de darle al poder herramientas necesarias para que pueda tener la fuerza suficiente para protegernos a todos de aquellos que pretenden vulnerar los valores fundamentales de la vida y la dignidad, es una lógica democrática.
Que el Estado cumpla hoy su función es una exigencia política y es una exigencia ética. Y esto es lo que estamos discutiendo en este Consejo, bajo el amparo de este Consejo, y resulta fortuito que lo hagamos bajo el amparo de la intérprete constitucional. La transición política del país ha buscado consolidar un Estado constitucional, democrático, social y de derecho; un Estado como sociedad políticamente organizada, que decide establecer los rumbos y los caminos bajo los cuales construir, dar fuente y desahogar las lógicas del poder.
Democrático porque debe de partir de la participación ciudadana como fuente de legitimidad. Democrático también porque se construye sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Ahí encuentra su origen y su fin, porque busca estar construido de mujeres y hombres libres, y porque está construido para garantizar la existencia y la calidad de vida de mujeres y hombres libres; social porque parte de la inequidad y de la necesidad de superarla, y de Derecho porque construye el principio de libertad personal, señalándole a las personas que pueden hacer todo aquello que no le esté prohibido pero impone a los servidores públicos, que son administradores del poder, que sólo pueden hacer aquello que el Congreso democráticamente electo les faculte.
Esto pasa por el dilema del uso de la fuerza; esto pasa por las reglas para poder hacer uso de la fuerza y pasa de las reglas para poder procurar impartir justicia, sobre todo, tratándose de ver por el respeto de los derechos fundamentales de libertad.
Hoy en este año debemos de asumir un compromiso con las generaciones que nos precedieron.
En México se ha derramado sangre, y no poca, para garantizar los espacios de libertad.
Honramos a quienes entregaron vida por ver que, primero, fuéramos mexicanos y que, luego, en México se viviera en un contexto de justicia, de seguridad y de libertad.
Hoy nos toca, frente a las generaciones futuras, defender lo que tenemos y acendrar el camino.
Debemos defender instituciones que sean capaces de reconocernos a todos como seres libres y dignos.
Debemos defender la majestuosidad y la necesidad de la justicia; debemos saber poner límites al poder público para evitar la arbitrariedad; debemos dar potencias al poder público para que evite la opresión, la violencia, la miseria y la cobardía.
Estos son los dilemas de una sociedad democrática como la mexicana, siempre en construcción; estos son los dilemas a los que estamos llamados a resolver aquí y ahora.
Y estamos llamados jueces, diputados, senadores, servidores públicos, académicos, representantes de la sociedad y debemos responder a ese llamado con compromiso, con seriedad, con honradez, con verdad y con honor.
Como Presidente de este Consejo hoy avalo a todos y cada uno de sus miembros; agradezco su colaboración. Represento frente a ellos el compromiso del Jefe del Estado mexicano de colaborar en la construcción.
Queremos que sea en el contexto histórico de esta Administración, si es posible, cristalizar los avances para lograr las metas propuestas.
Aunque la Constitución nos da ocho años, creemos que el juego de reglas a imponerse debe estar listo en los próximos años y luego generar, de ese nuevo juego de reglas, la transición necesaria para acabar de consolidar las inversiones físicas y de capacitación de recursos humanos, necesarias para poder operar los principios de justicia sobre esta nueva racionalidad.
Creemos que esto podemos acelerarlo bajo una propuesta que yo pongo a consideración del Consejo.
(Propuesta)
La Reforma de la Justicia Penal toca profundamente nuestro sistema de derechos y libertades.
El principio de igualdad y no discriminación nos obliga a no establecer diferencias bajo la excusa del Pacto Federal, que puedan implicar desigualdades fundamentales, de tal manera que en algún estado del país haya mayores márgenes de certeza y certidumbre jurídica y, con ello, de espacios de libertad que en el otro.
Que la justicia penal tenga que convivir con modelos autoritarios y democráticos, según sea el celo y el talante de cada uno de los procesos estatales.
La materia de la defensa de los derechos civiles y políticos, cuando menos en la cultura occidental, es un rasgo fundamental del desarrollo democrático.
De ahí que sea necesario analizar con toda seriedad si tratándose de derechos fundamentales, que tienen que ser reconocidos y respetados por todos, deben estar sometidos a reglas idénticas en todo el país; que tratándose de derechos fundamentales, que son la base de nuestro sistema constitucional, deban tener la misma entidad en todo el país.
Que si no es necesario para garantizar esto, la necesidad de generar un Código Nacional de Procedimientos Penales que, entre otros propósitos, organice la capacidad del Estado para vulnerar derechos fundamentales de manera idéntica en todo el país.
Que tratándose de derechos fundamentales, que son aspecto básico del Estado moderno de Derecho, no deben existir diferencias en su protección en perjuicio de unas zonas del país respecto a otras.
Si de veras tomamos en serio las reformas en materia de derechos humanos que se han dictado desde el Senado y hoy se discuten en la Cámara de Diputados, hay un principio ahí que es fundamental: Su universalidad. Que no queden en estados de protección diferenciados, de manera que se rompa este principio de igualdad y que se rompa este principio de universalidad.
También un código nacional nos puede dar ventajas prácticas importantes. Siendo nacional debe distribuir competencias y reglas para resolver los conflictos de competencia; siendo nacional debe generar las reglas de colaboración que existan entre los diversos niveles de autoridad: Federación-estado y en algunas materias municipios.
Siendo nacional debe establecer los diversos procedimientos para la validación de actos que se realicen en una y otra parte del territorio, y con ello de su defensa.
Siendo nacional sólo puede jugar un solo estándar de pruebas y de evidencias que faculten a la autoridad, para determinar aquellos actos de molestia que irrumpen contra los derechos fundamentales, desde cateos, desde arraigos, desde órdenes de aprehensión; al final su reglamentación tendría que ser respetuosa de las normas fundamentales.
Lo someto a reflexión porque me parece que puede ser una medida más sencilla y más simple de que los trabajos de esta Comisión se apuren y puedan consolidarse en el tiempo.
Lo hago convencido, como hombre de ideas, como abogado, como ciudadano y, repito, como servidor público, que las reglas que protegen y tutelan los derechos de libertad son centrales a la idiosincrasia democrática, la que queremos imprimir al sistema político y constitucional mexicano.
Porque una democracia donde las libertades fundamentales no se respeten se desfonda, se torna contra sí mismo.
Que es a partir de esas nociones y de esos principios, en donde se puede consolidar la verdadera fuerza del Estado en su legitimidad de ejercicio y de origen.
Así pues, sin hacer una ventaja inusitada el hablar al final de esta sesión, lo someto a una reflexión futura.
Ya me ha pasado aquí que cuando someto a reflexiones se generan más debates que reflexiones. Ojalá que no sea mantra de estas sesiones, o karma que vaya a surgir un nuevo debate; cuando menos aquí estamos todos presentes y hay constancia de lo que se dijo, para que luego no se polemice conmigo por lo que no dije.
Y con ello, y generando esta reflexión y esta aclaración, agradezco a todos los miembros de este Consejo su compromiso; se los agradezco en nombre de un pueblo sediento de justicia; se los agradezco en representación de una generación que ha tenido el honor de servir para la transformación de la República, y como padre que busca que la generación de sus hijos no pase por las condiciones de lucha a la que ha estado sometida esta generación.
