Otro negociante del poder
Alvaro Delgado, reportero
Publicado en la revista Proceso, 1650, 15 de junio de 2008;
El senador Gustavo Madero Muñoz, nuevo encargado de sacar adelante el proyecto petrolero de la Presidencia, representa a la “nueva clase política” que elogió el líder de su partido, Germán Martínez, cuando defendió a Juan Camilo Mouriño de las acusaciones por hacer negocios privados con el Estado cuando era funcionario público. Como el secretario de Gobernación, Madero forma parte de la red de intereses que tejió Calderón como legislador, aquella que, voraz y sin escrúpulos, ve la función pública como una oportunidad de hacer negocio.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios.
Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V.
Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño.
Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular.
Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V.
El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.
Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua.
Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue ratificado por éste en el cargo.
Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.
De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos.
A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque.
Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.
Negocios con los amigos
Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón.
Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh).
El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software.
Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una.
El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.
El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 a 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. Álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.
A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación.
Luego, mientras era presidente ejecutivo del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas.
El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una asamblea extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario.
La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mil pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por 1 millón 613 mil pesos.
Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (1 millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A., con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos).
Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos.
Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del consejo de administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo.
Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.
“Decencia pública”
Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por 1 millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos.
En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V., un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”.
En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:
“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”
La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.
Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electronic Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos.
Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril de 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias.
El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.
Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”.
Cuatro días después, el 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de ese mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “programa de contabilidad”.
El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.
Y ese mismo día se contrató el modelo “administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.
Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos.
Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales:
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
Acto de autoritarismo”
Álvaro Delgado, reportero.
BOGOTÁ.- Manuel Espino evoca el regaño de Vicente Fox a Felipe Calderón, en 2004, para repudiar la remoción de Santiago Creel de la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, a quien –asegura– “lo están haciendo víctima” de un acto de autoritarismo y de falta de congruencia en la separación partido-gobierno.
“Es peor de lo que le pasó a Felipe”, dice Espino, quien considera que con la decisión instrumentada por el presidente del PAN, Germán Martínez, se ha generado una situación enrarecida en ese partido del que Calderón resultó candidato presidencial después de que, tras el regaño de Fox, renunció a la Secretaría de Energía y se dedicó a edificar su proyecto político.
En entrevista con el reportero la tarde del viernes 13, en un breve receso del foro Inseguridad, dolor evitable, organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que preside, y que fue inaugurada por el mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, justo cuando Calderón está en España, Espino insiste en su sorpresa por la repentina destitución de Creel.
“No he tenido oportunidad de platicar de ese tema con el presidente del partido ni con el senador Creel. Pero, a juzgar por lo que he visto, solamente me preocupa la forma. Y si nos atenemos al criterio muy mexicano de que, en política, la forma es fondo, no me gusta el fondo que estoy viendo. Espero que no sea lo que parece, que sea solamente descuido en el manejo del cambio de coordinador.
–¿Y qué parece? –se le pregunta
–Un acto de autoritarismo.
Y es que, expone, a cualquier militante, no sólo a los personajes prominentes, no se le puede hacer lo que a Creel. “No se le puede destituir de un cargo sin una suficiente justificación ni explicación y tampoco permitiendo que parezca un menosprecio al trabajo de esa persona”.
En ese sentido, “me parece que es peor de lo que le pasó a Felipe” en 2004, cuando Fox le llamó la atención por asistir a un mitin con cervezas y carnitas organizado, en Tlajomulco, Jalisco, por Francisco Ramírez Acuña, el efímero secretario de Gobernación quien, por cierto, canceló de último momento su participación en el foro organizado por la ODCA.
Y añade un matiz al paralelismo entre los casos de Calderón y Creel: “Me parece que por lo menos en el gobierno de Fox se fue congruente con aquella tesis de que estando en el gobierno no hay que tratar de influir en los procesos internos del partido y menos en un cargo tan importante”.
–¿Y aquí no hubo congruencia?
–Aquí no.
Calderón, en una burbuja
Asistente también a esta reunión de la derecha latinoamericana, que tiene en Álvaro Uribe Vélez su “paradigma” por su embate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Fox evadió referirse a la remoción de Creel, a quien la facción calderonista identificó siempre como su delfín desde que fue secretario de Gobernación.
En una conferencia de prensa que utilizó en su totalidad para denostar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Fox –quien se hizo acompañar de Marta Sahagún, “mi compañera, mi amor, mi enamorada, mi socia, mi compañera de sueños y andanzas”, como se solazó ante la audiencia– soslayó las preguntas de reporteros sobre el supuesto embate de Calderón contra el foxismo.
“Nada, nada”, insistió el copresidente de la Internacional Demócrata de Centro y, poniéndose de pie, lanzó un elogio a Calderón: “Va a ser el mejor presidente que ha tenido México”.
–¿Mejor que usted?
–¡No, pues claro!
Sin embargo, Espino tiene otra percepción de Calderón: “Yo creo que el presidente Calderón está muy solo y necesita más acompañamiento de su equipo, necesita más ayuda. No una ayuda incondicional, sino una ayuda sincera que le haga saber la diversidad de opiniones que hay en torno del trabajo de gobierno, opiniones que conocen, muchas veces, los miembros de su equipo, pero no se los transmiten”.
Recuerda que en otras ocasiones ha visto a Calderón escuchar a sus colaboradores, pero ahora, “por comentarios de otras personas, da la impresión de que no le están ayudando dándole opiniones sinceras, que podrían hasta incomodarlo, pero que son sensatas”.
–¿Está en una burbuja?
–Hay esa percepción, que yo comparto.
Asegura que é le ha ofrecido a Calderón todo el apoyo de la ODCA para coordinarse con el gobierno en, por ejemplo, materia de seguridad. Ha buscado a la canciller Patricia Espinosa y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pero ha resultado estéril.
“Es una pena que mandatarios de otros países sí quieran aprovechar el servicio de la ODCA que, como aquí, facilita los encuentros de diálogo sincero, donde la gente no viene a rendirle pleitesía al gobierno, sino a compartir puntos de vista. Allá, en México, no ha sido posible.”
–¿Aprecia una lógica facciosa?
–Yo, honestamente, creo que les falta ser más incluyentes. Tienen que acordarse de que las elecciones se ganan con el 50 más uno por ciento de los votos, no con 50 menos uno por ciento de los votos. Ese menos uno por ciento les está haciendo falta.
El reto, insiste, es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo año. “Yo espero que, al menos, se conserven los 207 diputados que ahora tenemos y que fue la cosecha del anterior comité nacional”.
El efecto Creel
Jenaro Villamil, reportero.
La decisión de relevar a Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas causó el efecto de una implosión en el seno del PAN. Puestas al descubierto, inocultables ya, las desavenencias entre los legisladores y los dirigentes del blanquiazul no sólo ponen al borde de la crisis a esta organización derechista, sino que están descarrilando la reforma energética del presidente Calderón.
La reforma energética del gobierno de Felipe Calderón se descarriló la semana pasada tras la abrupta remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores del PAN.
Este hecho se suma a la presión desatada por la consulta ciudadana del próximo 27 de julio y a la confirmación de que los tiempos legislativos y políticos no son adecuados para que las bancadas, en especial las del PRI y las del Frente Amplio Progresista, acepten discutir y aprobar esa reforma antes del informe presidencial del 1 septiembre.
Los plazos son fatales para la reforma. Ésta no podrá aprobarse antes del 22 de julio, fecha en la que culminarán los foros de debate en el Senado, ni antes del 27 de julio, cuando se realice la consulta ciudadana en la Ciudad de México, pero tampoco en un período extraordinario en agosto, pese a la opinión de los legisladores del PRI.
Para los distintos actores legislativos consultados por Proceso, la discusión se extenderá hasta el período ordinario de septiembre y con una “alta probabilidad” de que el tema energético se empalme con el inicio formal del proceso electoral federal de 2009 en octubre próximo. Y todas las encuestas revelan que este tema puede afectar electoralmente al PAN.
El primer indicio de crisis se produjo en la tarde del lunes 9. De manera abrupta, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, le informó a Santiago Creel que lo destituía como coordinador de los 52 senadores del PAN. El argumento: que con esta medida se “relanzaba” la reforma petrolera y se preparaba el partido para la contienda electoral de 2009.
Germán Martínez quiso ofrecerle un “intercambio” a Creel: dejarlo en la presidencia del Senado a cambio de que el senador chihuahuense Gustavo Madero lo relevara en la coordinación. Creel le respondió que esa no era facultad del presidente del PAN, sino del pleno del Senado y que duraría en su encargo hasta el 31 de agosto.
A pesar de la larga historia de desencuentros y diferencias entre Creel y el equipo calderonista, la medida sorprendió a los propios coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, porque en ese momento negociaban con Creel la realización del próximo período (extra) ordinario, previsto para el jueves 19, así como la construcción de una “tercera vía” o un método legislativo para replantear los puntos más rechazados y criticados de la reforma energética presidencial.
A lo largo de los 10 debates realizados en la casona de Xicoténcatl ha quedado claro que no se cuenta con los votos necesarios para aprobar la “maquila” en refinación, la exploración en aguas profundas ni la apertura privada en materia de petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
“Es una medida de cierta desesperación para reencarrilar la iniciativa. Calderón cree que cambiando al coordinador van a ser más eficientes en la defensa de su reforma. Sin embargo, el problema no está en el Senado ni la eficacia o no de los legisladores del PAN. El problema es el contenido de las iniciativas”, afirma Carlos Navarrete.
Entrevistado por Proceso poco después de conocerse el cese de Creel, Navarrete criticó las medidas gubernamentales:
“El presidente Calderón no está leyendo bien a la opinión pública. No van a poder frenarnos ante la posibilidad de la consulta ciudadana. No van a poder reencarrilar la propuesta. Hasta mediados de agosto no podrán sacar una reforma y el PRI está a punto de definir si se van hasta septiembre para discutir las iniciativas.”
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió el mismo día del relevo en la coordinación del PAN que el trabajo realizado con Santiago Creel había sido “altamente satisfactorio” y esperaba que la designación de su sustituto no entorpeciera los acuerdos.
Beltrones dijo que fue una “volada” el rumor difundido por algunos senadores del PAN que plantearon que el PRI estaba condicionando la aprobación de la reforma energética a cambio de una nueva reforma en política social. “De ninguna manera”, atajó el priista.
Sin embargo, hace unos días crecieron los indicios de un mayor acercamiento entre el PRI y el PRD, sobre todo en materia de reforma energética. Carlos Navarrete señaló que existen “puntos de encuentro” con los legisladores priistas, mientras que Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía y otrora aliado inamovible del gobierno calderonista, reconoció que no se aprobarán las iniciativas tal como fueron enviadas por el Ejecutivo federal y defendió lo expresado en los foros de debate.
“Sí se han tocado cosas de fondo. Lamento que no le hayan informado al presidente de la República de los asuntos de fondo que se han tratado”, afirmó Labastida en respuesta a las quejas expresadas por Calderón el jueves 12 de que los debates no han entrado a los detalles técnicos de sus iniciativas y sólo se han limitado a asuntos políticos e ideológicos.
“Hemos dicho varias veces que no estamos por el ‘no absoluto’, pero estamos por una reforma que le sirva al país, y eso implica que le vamos a hacer los cambios que sean necesarios a la iniciativa que envió el presidente”, dijo Labastida en conferencia de prensa después del décimo debate.
La consulta
El creciente apoyo a la propuesta de una consulta ciudadana, según las distintas encuestas recientes, se convirtió en el principal “foco rojo” para el equipo calderonista, que considera esta medida como un intento de “descarrilar” su reforma energética.
La empresa GEA-ISA, en su encuesta nacional de mayo pasado, reveló que 78% de los encuestados opinaron que sí se debería realizar una “consulta directa” a los ciudadanos. En su tercera encuesta, levantada entre el sábado 7 y el domingo 8, esta empresa, cercana al entorno presidencial, reveló que 76% opinó que debía convocarse a una consulta “antes de que los legisladores decidan sobre el tema” y 69% respondió que debía consultarse “si se acepta o rechaza una reforma en materia petrolera previamente aprobada por los legisladores”.
La empresa de María de las Heras indicó en su sondeo del lunes 9, publicado en Milenio diario, que 48% de los encuestados vía telefónica está a favor de la consulta. En abril pasado este porcentaje fue de 35%.
El Universal publicó el miércoles 11 otra encuesta en la que 62% de los capitalinos encuestados está a favor de realizar la consulta ciudadana. Sólo 18% consideró que ésta implica un gasto innecesario.
La posibilidad de la consulta fue expresada primero por el ministro en retiro, Juventino Castro, quien argumentó en el tercer foro de debate que esta propuesta es viable, toda vez que halla fundamento en el artículo 26 constitucional.
Durante su participación en los debates del 29 de mayo, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se robó los reflectores al proponer una consulta para el 27 de julio y solicitarle a las autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal que la organizaran.
Las reacciones en contra de la propuesta fueron airadas. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, rechazaron esa posibilidad. Argumentaron que era anticonstitucional, que la ciudadanía no estaba preparada para un tema tan complejo y que la verdadera consulta se había realizado antes en las elecciones del 2 de julio de 2006.
En comunicados enviados el 28 de mayo, el lunes 2 y el viernes 6, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, conformado por Carlos Monsiváis, Lorenzo Meyer, Rolando Cordera, Elena Poniatowska, Arnaldo Córdova y David Ibarra, entre otros, apoyaron la idea de la consulta y propusieron que se extendiera a otras entidades.
Ante el rechazo de los diferentes funcionarios federales, los intelectuales rebatieron: “¿A qué se enfrenta ahora la ciudadanía? A la tesis estrepitosa que ve en la ignorancia de los ciudadanos, sinónimo de la consulta, el descarrilamiento de la reforma energética (Santiago Creel). La operación ‘quirúrgica’ está a la vista: se trata de eliminar el derecho de los ciudadanos a tener un punto de vista nacional sobre su patrimonio; se quiere, sin metáforas, privatizar a la opinión pública, reducirla al juicio de un grupo autocalificado de expertos, los únicos, según repiten, autorizados para decidir el rumbo del país”.
El domingo 8, el Gobierno del Distrito Federal instaló un comité promotor de la consulta del próximo 27 de julio en el que, con excepción de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, gobernadas por el PAN, participarán las demás jurisdicciones políticas, así como los presidentes de 408 municipios de 26 entidades, gobernados por alguno de los tres partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), incluyendo a municipios conurbados del Estado de México como Ecatepec.
En paralelo, se formó una coordinación, encabezada por Manuel Camacho Solís, que plantea organizar otra consulta el 3 de agosto en aquellos sitios donde no se realice el plebiscito, apoyado por el gobierno capitalino y las autoridades municipales del FAP. En esta coordinación participan los seis coordinadores legislativos del frente, Claudia Sheinbaum, del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.
Consultado por Proceso, Camacho asegura que este grupo busca “contribuir a disminuir las diferencias políticas”; “no queremos que los conflictos internos de los partidos limiten la capacidad de organización”.
Exregente capitalino en el sexenio salinista, Camacho recuerda que el plebiscito organizado por grupos ciudadanos para definir la autonomía política en el Distrito Federal fue importante para que él pudiera convencer al gobierno federal a favor de la elección directa del jefe de gobierno.
“El peso de la opinión pública me dio los argumentos para sugerirle a Salinas la reforma del Distrito Federal y tener la fuerza suficiente adentro del gabinete”, sostiene.
Los desencuentros
La remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas no sólo fue la culminación de una serie de contradicciones y desencuentros entre el exprecandidato presidencial y el equipo calderonista, sino un reflejo de los enredos panistas provocados por la reforma energética.
El primer traspié de Santiago Creel se dio a finales de enero pasado, cuando el coordinador de la bancada del PAN aceptó debatir con Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro de Petróleos Mexicanos y la reforma energética.
Presionado por Los Pinos, el 28 de enero Creel reculó y descartó el debate con el excandidato presidencial porque no pretendía “abrir una puerta mediática”.
“No le abriré espacios mediáticos a nadie que pudiera interferir con procesos internos de otros partidos”, afirmó Creel, en clara referencia al relevo panista en la dirigencia nacional.
Antes de que el gobierno federal presentara el paquete de cinco iniciativas, Creel dejó entrever que la iniciativa no provendría del Ejecutivo, sino de las bancadas del PAN. Rechazó establecer “plazos fatales” para aprobar la reforma, a pesar de las presiones del coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones.
“El consenso ya está en este momento del lado del Congreso. El Ejecutivo presentó su diagnóstico, ahora nos toca a nosotros, quienes integramos el Congreso, hacer una propuesta”, afirmó Creel.
El gobierno federal expresó su molestia por la ausencia física de Creel, presidente del Senado, durante la visita de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, para presentar las iniciativas el 7 de abril. El coordinador panista negó que buscaran aprobar fast track la reforma.
El 10 de abril, la toma de la tribuna agarró por sorpresa a panistas y priistas. Pasaron cinco días para que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se comunicara con Creel y establecieran una estrategia para que el Senado sesionara en una sede alterna.
La resistencia del gobierno federal a aceptar el debate petrolero contrastó con una posición más dialogante del exsecretario de Gobernación, quien negoció en el seno de la Junta de Coordinación Política la realización de los foros de consulta.
El signo más visible del desencuentro entre Creel y la dirigencia panista se registró desde el 13 de mayo, primer día del debate petrolero. Germán Martínez abandonó el recinto de Xicoténcatl después de su participación, dejando solos a los panistas frente a la posición crítica que expresaron Cuauhtémoc Cárdenas y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes.
Paradójicamente, las diferencias y contradicciones entre Creel y el gobierno federal, así como el veto de las televisoras, no afectaron la imagen del panista. Por el contrario, el viejo rival de Calderón apareció como el político de Acción Nacional con mayor índice de aceptación y reconocimiento (24% en Reforma, 42% en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica), muy arriba de Josefina Vázquez Mota (17 y 18%), de Juan Camilo Mouriño (12 y 16.5%) y del propio Germán Martínez.
A pesar de este nivel de aceptación, el dirigente nacional del PAN insistió en que el cambio de Creel era necesario para “relanzar” la reforma energética y para preparar mejor al PAN con vistas a las elecciones de 2009. Involuntariamente, el mismo Germán Martínez empató así los tiempos electorales con la reforma de Pemex.
La venganza del duopolio
Jenaro Villamil, reportero.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, y el exsenador panista, Javier Corral, aseguran a Proceso que la remoción de Santiago Creel como coordinador del grupo parlamen-tario del PAN en el Senado se debió a las presiones de Televisa y TV Azteca. Lo cierto es que los dos consorcios no le perdonan a Creel el hecho de haber participado en proyectos y decisiones que tocaron sus intereses. Su irritación es aún mayor ante el predictamen de un proyecto legislativo que podría llegar a convertirse en una ley de medios, tan temida por ellos.
Un mes antes de que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, anunciara su cese como coordinador de los senadores de ese partido, Santiago Creel, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, encabezó el 6 de mayo el último informe del Grupo Plural, conformado por 19 legisladores para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones.
En esa ocasión, Creel saludó el esfuerzo de sus pares que durante seis meses de trabajo redactaron 22 informes técnicos. Si bien no propuso fecha ni plazo para la presentación de un dictamen, el panista afirmó que era necesario “ir a este segundo paso”: “la toma de decisiones de carácter político de cada uno de los temas que han sido estudiados, ponderados, reflexionados por el Grupo Plural”.
El aval de Creel a los trabajos de ese grupo y la cercanía que mantuvo con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, para impulsar la reforma a la ley de medios, enfureció a las televisoras, en especial a Televisa.
El propio Navarrete lo confirmó así en conferencia de prensa el martes 10, cuando se confirmó el cese de Creel. El perredista acusó a los “poderes fácticos” de presionar para que el panista fuera removido a cambio de que Televisa y TV Azteca le dieran mayor cobertura en pantalla a las posiciones gubernamentales a favor de la reforma petrolera.
Consultado por Proceso, Navarrete asegura que, la tarde del lunes 9, Germán Martínez le dijo a Creel: “Ya no eres funcional para defender la reforma energética, por el veto de las televisoras”. Así mismo expresa su preocupación porque, dice, el cambio de mando en la bancada del PAN fractura la alianza informal que ambos partidos habían mantenido para sacar adelante la mencionada ley.
Javier Corral, exsenador del PAN y uno de los principales críticos de la Ley Televisa, coincide con Navarrete en que el veto de las televisoras fue uno de los argumentos que Germán Martínez le expuso a los poco más de 40 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en la reunión interna realizada la noche del lunes 9, un año después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraran anticonstitucionales varios aspectos fundamentales del paquete de contrarreformas conocido como Ley Televisa.
“El mensaje es desastroso. El gobierno de Calderón ha sido incapaz de enfrentar a las televisoras”, dice Corral a Proceso y cita su propio caso. Desde hace tres años y medio Televisa entabló un litigio contra él por una deuda de menos de un millón de pesos contraída durante su campaña a la gubernatura de Chihuahua. Afirma que ni el gobierno ni el PAN lo han apoyado en este litigio; en contraste, asegura, la televisora contrató a un despacho de nueve abogados para que active la demanda en su contra.
La animadversión de las televisoras contra Creel se agudizó a raíz del apoyo del legislador panista a la reforma constitucional en materia electoral de 2007 y del impulso que él mismo le dio, como presidente del Senado, a los trabajos del Grupo Plural que coordinó como secretario técnico Julio Di Bella. El exdirector de Canal Once es cercano al entorno de Creel.
En su conferencia de prensa del martes 10, el dirigente nacional del PAN admitió que le pidió la renuncia a Creel, pero no mencionó la presión ejercida por el duopolio televisivo para levantar el “veto” en pantalla a la reforma energética de Calderón, a cambio de que Creel dejara la coordinación de la fracción panista.
“Nadie tiene poder de intromisión o de veto sobre nuestros liderazgos”, afirmó Germán Martínez. También negó que las recientes encuestas publicadas por Reforma, El Universal y las realizadas por la empresa de Liébano Sáenz, que ubican a Creel como la figura pública panista con mayor porcentaje de aceptación para la candidatura presidencial, hubieran influido en la decisión.
Lo que el dirigente nacional panista sí reconoció es que este cambio se hizo para “promover nuevas estrategias” rumbo a las elecciones intermedias de 2009. Hasta ahora, Creel se ha negado a hablar sobre las causas que motivaron su cese, pero no oculta que la presión de las televisoras fue uno de los factores que determinaron su salida de la coordinación del PAN.
La reforma maldita
Ante el gobierno federal y las fracciones legislativas del PRI, PAN y PRD, los ejecutivos y representantes de las televisoras han expresado su descontento por la existencia de un documento de predictamen, de 368 cuartillas, titulado Sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El texto compendia las principales propuestas de una reforma que ha sido considerada como una “amenaza” para los intereses de Televisa y TV Azteca.
Dividido en 22 secciones –10 de telecomunicaciones y 12 de radio y televisión–, el documento establece desde sus primeros párrafos el problema central del sector:
“La industria de la televisión mexicana se dejó en manos de grupos empresariales afines al gobierno, mientras la política del Estado se ha caracterizado por una política de laissez faire”.
En su diagnóstico, reproduce los siguientes datos sobre el nivel de concentración mediática: Televisa con 243 canales de televisión y TV Azteca con 179 “controlan el 92.3% del total de las emisoras concesionadas y se convierten en las únicas cadenas con canales de cobertura nacional”.
Según los datos de 2005, Televisa acaparó 68% de la audiencia televisiva y captó 71.2% de la inversión publicitaria en la televisión abierta, mientras que TV Azteca tenía 28.3% de la audiencia y captó 28.2% de la inversión publicitaria. Las otras opciones de televisión abierta (Canal Once, Canal 22, Canal 28, Proyecto 40) apenas alcanzaron 3.2% de la audiencia y menos de 2% de la inversión publicitaria.
Ante este panorama, algunas de las recomendaciones que el Grupo Plural adopta como propias para la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión son las siguientes:
–Establecer como máximo 15 años para el período de concesiones, en lugar del plazo actual de 20 años.
–Constituir un organismo regulador con la estructura institucional y las facultades adecuadas para evitar que sea “capturado” por las principales empresas dominantes del sector.
–Desaparecer la figura de “permisos” en materia de radio y televisión porque “atenta contra el principio de igualdad que protege la Constitución” y se pronuncia a favor de que todas sean “concesiones”, incluyendo a los medios de comunicación del Estado sin fines de lucro.
–Crear una reclasificación de los medios públicos para que existan medios audiovisuales culturales; medios audiovisuales educativos; medios audiovisuales indigenistas; medios audiovisuales con vocación social o comunitaria. Esta reclasificación abriría la posibilidad a nuevas alternativas en medios electrónicos, al tiempo que permitiría el financiamiento privado en estas nuevas figuras.
–Apoyar a las estaciones de radio en AM, así como a las comunitarias y a las indígenas para facilitar el proceso de digitalización.
–En materia de programación, contenidos y publicidad se proponen medidas que limitan la excesiva comercialización de la pantalla televisiva, así como la apertura y el apoyo a la producción independiente.
–Mantener el tope publicitario de 18% para televisión y 40% en radio, pero que se mida por hora y se incluya la publicidad insertada en el contenido de la programación como si fuera información o parte de los contenidos.
–Establece que “no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo de eventos deportivos o de espectáculos”, lo que derivaría en una severa limitación a la publicidad intensiva que se transmite durante los partidos de futbol, los programas musicales y de variedades”.
–Prohíbe la difusión de publicidad de bienes o servicios prohibidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
–Propone transmisiones de emisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social, así como 15 minutos para difundir lenguas, culturas y derechos indígenas, de acuerdo con los propios convenios signados por el Estado mexicano en esta materia.
–En materia de contenidos, establece que la regulación debe ser equilibrada. “No se debe caer en la censura, pero sí delimitar obligaciones y responsabilidades que puedan afectar derechos de terceros.”
–En materia de telecomunicaciones, una de las propuestas más novedosas es la creación de un Consejo Consultivo de Usuarios de Telecomunicaciones, una entidad independiente de la autoridad, formada por especialistas y defensores de los consumidores, con facultad para poder emitir recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
–Eliminar las “restricciones actuales” que limitan la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones. El documento subraya que el marco vigente –que establece un tope de 49% de capital externo– “crea incentivos a la realización de actos de simulación difíciles de supervisar por la autoridad”. La apertura al capital privado no se propone en radio y televisión.
–En materia de interconexión, los legisladores proponen 13 puntos de solución para facilitar tarifas basadas en costos, evitar las prácticas de dominancia, comunes en las empresas de telefonía, y permitir la interconexión de redes convergentes.
–Otorga facultades a la Cofetel para que pueda determinar la dominancia de una empresa tanto en telecomunicaciones como en radio y televisión. El documento subraya que “el poder monopólico de algunas empresas preestablecidas ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las telecomunicaciones en México y el mundo”.
–Propone incorporar una legislación específica en materia de derecho de réplica. En específico, la modificación del artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que regula de forma muy limitada el derecho de réplica. El análisis establece que uno de los principales problemas en esta materia es que “se deja a la estación la consideración y decisión para proceder a otorgar el derecho de réplica”.
Derecho de réplica y radiodifusoras
Con la remoción de Creel, los concesionarios frenaron la posibilidad de que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se discuta y apruebe en el próximo período ordinario de sesiones o en un período extraordinario para cumplir con el compromiso establecido el 7 de septiembre de 2007, cuando el Senado instaló el Grupo Plural.
Sin embargo, los focos de alerta se mantienen porque el propio Creel, como presidente del Senado, planteó que en el próximo periodo extraordinario, que inicia el jueves 19, el tema del derecho de réplica puede incluirse en el paquete complementario de reformas electorales.
El senador Alejandro Zapata Perogordo, cercano a Creel, presentó la primera iniciativa sobre la materia el 13 de diciembre de 2007; de inmediato generó una oleada de reacciones negativas entre los comentaristas de Televisa y de TV Azteca, así como entre los especialistas, quienes consideraban ambiguos varios de sus planteamientos y violatorios a la libertad de expresión.
El 25 de marzo pasado, un grupo de diputados del PAN, encabezados por José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan, presentó otra iniciativa que enmienda muchos de los puntos de las del senador Zapata Perogordo, reduce sustancialmente las sanciones, amplía hasta un año el lapso de presentación de la réplica (en lugar de los siete días de la iniciativa de Zapata) y establece que las partes podrán dirimir el conflicto de manera amigable.
El 21 de abril, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó una tercera iniciativa, mucho más favorable a los intereses de las televisoras. En ésta se elimina la posibilidad de sanciones y se propone la figura del Defensor de Audiencia, que sería nombrado por los propios medios, como responsable del cumplimiento de la réplica.
Finalmente, el miércoles 4, un grupo de senadores del PRI, encabezados por su coordinador Manlio Fabio Beltrones, presentó otra iniciativa de reformas al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir que las 859 estaciones de radio en Amplitud Modulada (AM) puedan transitar a Frecuencia Modulada (FM), sin necesidad de licitar ni pagar contraprestación al Estado.
Un artículo transitorio de esta iniciativa establece que el Ejecutivo federal, a través de Cofetel, llevará a cabo un programa de reconversión tecnológica para otorgarles temporalmente las FM a las AM y permitir su tránsito a la digitalización.
El dictamen recupera partes sustanciales del diagnóstico que realizó el Grupo Plural sobre la situación crítica de la mayoría de estaciones de radio en AM que han perdido competitividad ante las FM, han disminuido drásticamente sus ingresos publicitarios y tienen altos costos de operación.
“Es una iniciativa justiciera”, afirmó Beltrones en conferencia de prensa el miércoles 11, pero reconoció que difícilmente se aprobará antes del período ordinario que inicia en septiembre. La iniciativa abriría la posibilidad de discutir las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, aunque sólo fuera parcialmente el tema de las radiodifusoras.
Hasta ahora, las televisoras no han expresado su rechazo a la iniciativa de Beltrones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mantenido silencio, pero algunos de los grupos radiofónicos más fuertes, dominantes en FM, han señalado que esta iniciativa “no pasará”.
Las traiciones de Creel
Ernesto Villanueva, analista.
El cese del coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Santiago Creel, se ha prestado a múltiples interpretaciones. Hay, incluso, quienes ven en esa decisión del PAN una claudicación frente a las televisoras. Más allá de que se trata de una decisión interna del partido en el gobierno, vale la pena recordar a qué intereses responde Santiago Creel, quien últimamente ha buscado reciclarse como uno de los “buenos” y “demócratas”. Hagamos un poco de memoria.
Primero. El viernes 7 de febrero de 2001, apenas nombrado secretario de Gobernación, Santiago Creel se comprometió a que el gobierno federal instalaría el Consejo Nacional de Radio y Televisión, previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión. No fue instalado sino dos años después, y desde entonces no ha dejado de violar su propia normatividad. De acuerdo con su Manual de Operación, el Consejo debe sesionar al menos seis veces por año. De 2003 a 2008 (Creel fue secretario de Gobernación hasta mediados de 2005) ha realizado tan sólo 10 reuniones para analizar temas de forma. Además, la testimonial figura del invitado especial de la sociedad civil ha recaído en representantes de la ultraderecha mexicana, como se observa en las actas de las sesiones respectivas.
No es todo. El 5 de marzo de 2001, Creel convocó a crear la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos de Comunicación, como una cortina de humo donde habrían de trabajar representantes de la sociedad civil, concesionarios, legisladores y servidores públicos. Durante más de un año, y después de 57 reuniones de entretenimiento político, se pudo saber que esa fue sólo una medida de distracción que lastimó la buena fe de quienes participaron en dicha tarea.
Segundo. El 10 de octubre de 2002, sin cumplir con las condiciones y tiempos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Santiago Creel aprobó y defendió el Reglamento de Contenidos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Allí, por un lado, redujo los tiempos oficiales de transmisión en más de 90% –medida que sigue teniendo consecuencias en el acceso equitativo a los medios– y, por el otro, creó un “derecho de réplica”, con dos problemas: a) Es ilegal porque un reglamento no puede crear derechos no previstos en la ley que justifica su existencia, y b) Está redactado de tal forma que su ejercicio es sólo una ilusión. Y por si lo anterior fuera poco, el “Reglamento Creel” citaba en el derecho de réplica un artículo del Código Penal que no existe.
A la sazón, frente a los argumentos de Creel a favor de la opacidad para justificar el reglamento de referencia, el entonces senador Javier Corral decía: “Ese es un criterio antijurídico del secretario de Gobernación, para cubrir una decisión de albazo reglamentario, porque está perfectamente consciente de que si se nos hubiera comunicado o anticipado un pormenor de las disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, éstas no se hubieran realizado”. (Nota de Juan Arvizu, El Universal, 24-10-2002.)
Tercero. El 25 de mayo del 2005, seis días antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación, entregó el permiso P-05/2005 a la empresa Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., cuya estructura accionaria la conforman Televisa Juegos, S.A. de C.V., y Grupo Televisa, S.A., el cual tendría una vigencia de 25 años, con prórrogas hasta por 15 años. Permitía así la apertura de 65 centros de apuestas remotas, conocidos como “books”, y de 65 salas de sorteos de números o “bingos”. Además, Promociones e Inversiones de Guerrero obtuvo autorización para manejar 53 negocios de ambos tipos. Lo anterior, a pesar de que durante los 70 años de priato sólo se autorizaron 116 centros de apuestas remotas y 47 salas de sorteos.
Ante la ola de críticas que levantaron los permisos de Creel, éste dijo en primer lugar que las autorizaciones se habían extendido, con el “mejor ánimo”, para “democratizar” ese mercado; en segundo, que los permisos no los había otorgado él, sino un consejo –que estaba integrado por funcionarios de Gobernación y un representante externo sin voto–, y, en tercero, que la decisión tenía base legal –aunque luego se supo que él mismo había aprobado en octubre de 2004 el reglamento a modo para hacer esta operación.
¿Alguien puede creer que otorgar a Televisa permisos de juego favorece el mejor desarrollo de la juventud tan sólo por “el mejor ánimo” de Creel? ¿Puede alguien afirmar que Creel es “víctima de los malos” después de infligir tantos daños a la nación?
No. Santiago Creel sólo ha respondido a sus propios intereses, y su lealtad ha sido únicamente consigo mismo. Por su propia incapacidad perdió la contienda interna del PAN para designar candidato a la Presidencia de la República, y su desempeño como coordinador parlamentario fue ineficaz para su partido. Acaso a ello se debe que los partidos de oposición lamenten que ya no tendrán a un interlocutor de pocas luces.
Nada más lejos estoy de coincidir con el PAN, pero creo firmemente que la salida de Creel reside en su falta de operación política, independientemente de la suma de traiciones al interés público que su ambición por el poder privilegió. Nada más, pero nada menos.
Posdata: Es buena noticia que la Universidad de Guadalajara haya designado como defensor del público a José Luis Vázquez, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la principal escuela en su tipo de México. l
(evillanueva99@yahoo.com)
