Entrevista al EPR

Calderón ya está marcado"

Entrevista de Proceso con el EPR

José Gil Olmos, Rosalía Vergara y Pedro Matías, reorteros

Proceso : 12/11/2006:)

Los jóvenes que hicieron retroceder a los elementos de la Policía Federal Preventiva el jueves 2 provienen de las colonias y barrios populares de la ciudad de Oaxaca: son los hijos de la indignación, asegura la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en este estado sureño, en entrevista con Proceso. Los eperristas también dicen que la experiencia que encabeza la APPO “nos ha enseñado que el accionar militar revolucionario está determinado por las condiciones políticas”, y añaden que “el accionar militar es el último recurso cuando las formas de lucha pacíficas quedan agotadas”. Y en cuanto a Felipe Calderón, advierten: deberá enfrentar la autodefensa popular, la movilización masiva y la unidad de todo el pueblo.

OAXACA. OAX.- En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recibió a Ernesto Zedillo con una advertencia: “Bienvenido a la peor pesadilla”. En el 2000 las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) lo hicieron con Vicente Fox en un acto en el que lanzaron disparos al aire y le espetaron: “México no es una empresa”. Hoy, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es el que vaticina que el principal problema de Felipe Calderón no será su llegada a Los Pinos el 1 de diciembre, “sino todos los años que pueda durar”.

Este grupo armado que nació en 1994, pero que irrumpió en el escenario hasta 1996 en el vado de Aguas Blancas, Guerrero –un año después del asesinato de 17 campesinos en ese lugar–, sostiene que el gobierno de Calderón “será espurio y antidemocrático”, y advierte al panista que deberá enfrentar la organización, la autodefensa popular, la movilización masiva y la unidad de todo el pueblo.Los eperristas no descartan la respuesta militar.

El Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia Militar de Zona del EPR, aceptó ponerse en contacto con Proceso a pesar de las condiciones difíciles en que se encuentra luego de los bombazos del lunes 6 en la Ciudad de México. Las gestiones para establecer el encuentro se realizaron desde antes de ese lunes. Sin embargo, después de las explosiones, los mandos decidieron contestar por escrito a un cuestionario. Uno de los representantes del PDPR-EPR entregó las respuestas personalmente a los reporteros el viernes 10 en la capital oaxaqueña, como señal de confianza y para no dar lugar a dudas sobre la autenticidad del grupo.

El grupo guerrillero advierte que el conflicto de Oaxaca ya marcó al sexenio de Felipe Calderón, pues en ese estado se está aplicando la mano dura de la ultraderecha y El Yunque.“Son (estos sectores) los que gobiernan, y la actitud fascista de nueva cuenta se está imponiendo”, dice la dirigencia eperrista en su respuesta a una de las preguntas.

–Frente al endurecimiento, ¿cómo va a responder el EPR cuando asuma Calderón la Presidencia?

–Se tendrá que responder con mucha responsabilidad y compromiso, pero también con mucha eficacia, en el aspecto organizativo, político y militar.

–¿Con Calderón en la Presidencia se alentará el surgimiento de nuevos focos de insurgencia en el país?

–Desde luego que sí, porque a mayor pobreza, represión y antidemocracia, mayor descontento social y popular; esto se multiplicará en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a Calderón, no sólo su principal problema será el 1 de diciembre, sino todos los años que pueda durar.

En cuanto al futuro inmediato, el grupo armado sostiene que, ante la cancelación de la vía electoral como ruta para el cambio democrático, se fundarán nuevas organizaciones armadas, que surgirán como parte del desarrollo del proceso histórico.

Después de los bombazos del lunes 6, que se adjudicaron cinco organizaciones guerrilleras: el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación (BPL), el PDPR-EPR manifiesta que quien asuma su responsabilidad deberá hacerlo “acorde a sus intereses y aspiraciones”.

Oaxaca, el germen

El conflicto social de Oaxaca ha llamado la atención de diversas agrupaciones armadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) consideran que aquí se están construyendo “formas organizativas innovadoras, redes de sostenimiento, de vigilancia, de información, de solidaridad que han permitido contrarrestar el poder represor de los grupos policiacos y paramilitares”.Para el EPR, “la incorporación de nuevos sectores de jóvenes, de las colonias (populares) y barrios es lo que ha inyectado valor y nuevos bríos a esta nueva etapa de lucha…, es necesario consolidar las estructuras organizativas del pueblo, desarrollar la construcción política permanente, profundizar la educación política revolucionaria y fomentar la preparación en vivo de la autodefensa popular en las mujeres y hombres libres de Oaxaca, y prepararnos concienzudamente para los tiempos venideros”.

–¿Qué representa para el EPR el conflicto de Oacaxa?

–Representa la ineficiencia del neoliberalismo, la incapacidad del foxismo y el hartazgo de todo un pueblo a este sistema represivo y empobrecedor que es el capitalismo. Pero también representa el símbolo de lucha en la autodefensa popular, como vimos todos ese 2 de noviembre glorioso y victorioso de nuestro pueblo de Oaxaca.Y es que, tanto para este núcleo armado como para otras fracciones subversivas, la refriega del 2 de noviembre en las afueras de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), en la que la Policía Federal Preventiva (PFP) fue obligada a retirarse a pedradas, cohetones, bombas molotov y petardos, ya es referencia obligada para las nuevas luchas sociales.

Sin embargo, la dirigencia del PDPR-EPR se deslinda de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

–¿Están ustedes dentro de esta asamblea (de la APPO)? –pregunta Proceso.

–Estamos dentro del pueblo oaxaqueño, que por años nos ha dado cobijo, y junto a él hemos desarrollado el trabajo organizativo y de construcción política revolucionaria. Históricamente, desde el nacimiento de nuestras primeras estructuras clandestinas hasta el día de hoy, no hemos dejado de estar inmersos en la lucha popular en nuestro estado.

Pero la dirigencia eperrista matiza que su apoyo a la APPO también es parte de su lucha popular, así como de la solidaridad y responsabilidad “política e histórica” con las diversas formas de lucha.

–¿No creen que su apoyo puede ser utilizado por el gobierno para decir que se confirma que el EPR ha estado siempre detrás de la APPO? –insiste Proceso

–El gobierno y el estado siempre buscarán pretextos para implementar la represión. La guerra sucia que hoy imponen tanto Fox, Calderón y Ulises Ruiz sobre la APPO y la barricada de Cinco Señores no es más que el escalamiento del conflicto en su etapa represiva. “Los ‘levantones’ que están sufriendo los jóvenes al salir de las barricadas que dan seguridad a Radio Universidad a manos de la policía buscan infructuosamente detener a algún militante nuestro, pero la mayoría de esta juventud rebelde que salió a defender nuestra máxima casa de estudios el 2 de noviembre no pertenece a la APPO, ni a alguna organización popular o social; estos jóvenes han salido de las colonias, de los barrios, de las escuelas y son hijos de la indignación”.

“Se equivocaron”El EPR difiere de los analistas que consideran que el movimiento que encabeza la APPO en el estado ha servido para que los movimientos armados se reagrupen, luego de una larga crisis interna que sufrieron a partir de 1997 y de la cual se escindieron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Tendencia Democrática Revolucionaria, entre otros.

“El movimiento de la APPO viene a fortalecer al movimiento popular nacional y, por consiguiente, contribuye al desarrollo del proceso revolucionario en México. (Pero) la reunificación no se puede hacer en estos momentos porque nunca hubo 14 organizaciones en nuestro PDPR-EPR; la estructura histórica sobre la que hasta hoy está basada es la columna vertebral de lo que fue el PROCUP-Pdlp (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres). La unidad interna en su consolidación es la que día a día abonamos y construimos desde las bases”.Ante las acciones contra la APPO, como los “levantones”, detenciones arbitrarias, allanamientos, casos de tortura y desapariciones, el EPR asevera que es una “guerra sucia la que llevan a cabo la policía ministerial, la AFI (Agencia Federal de Investigación), el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la PFP vestida de civil y los pistoleros de Ulises”.Lo que están tratando de hacer las fuerzas federales y estatales es “atemorizar a los jóvenes que defienden las barricadas”, subraya el EPR.Hasta el vienes 10, continúa, se han realizado 120 detenciones, aunque 40 personas ya están libres. Sin embargo, hay 40 desaparecidos, y en lo que va del conflicto ha habido 15 muertos.Ante esta situación, la dirigencia del EPR destaca que “la defensa a la APPO la tenemos que hacer todos desde sus respectivas trincheras de lucha. La defensa al pueblo oaxaqueño la tendremos que hacer en función del compromiso y la responsabilidad que todos hemos asumido en esta lucha histórica; la autodefensa es un recurso legítimo de nuestro pueblo que se ejerce acorde a las necesidades de las masas, sin caer en la tentación de actuar aisladamente”.

–¿Vicente Fox se equivocó al mandar a las fuerzas federales para disolver el movimiento social de Oaxaca?

–Se equivocó, porque la PFP agravó más el conflicto. Se equivocó, porque analizó que con la entrada de la PFP y la toma del Zócalo la solución estaba a la vuelta de la esquina, pero jamás pensó que el pueblo saldría a las calles a repudiarlos, a sacarlos y a enfrentarlos como fue el caso de la huida de la PFP de Ciudad Universitaria. “Se equivocaron no sólo Fox, sino también (Carlos) Abascal (secretario de Gobernación), Eduardo Medina Mora (titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal), Ardelio Vargas (jefe del Estado Mayor de esa misma secretaría), Diódoro Carrasco (diputado federal por el PAN) y Ulises Ruiz, y si continúan imponiendo la fuerza policiaco-militar, seguirán equivocándose, porque el pueblo ya aprendió a repelerlos y a enfrentarlos”.

–¿Creen que el conflicto de Oaxaca marcará lo que será el sexenio de Felipe Calderón?

–Ya lo marcó. Para el sexenio de Calderón (si es que llega hasta el final) la organización, la autodefensa popular, la movilización masiva y la unidad de todo el pueblo serán las características principales de la lucha, en rechazo a su gobierno espurio y antidemocrático.

El EPR considera que la represión contra el movimiento social oaxaqueño producirá el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros o reactivará a los que ya existen.“No cabe duda que se reactivará la lucha del pueblo oaxaqueño…, también la expresión armada asumirá su responsabilidad, analizando y calibrando el momento más adecuado para llevar a cabo acciones que den respuestas contundentes y certeras no sólo a la represión en Oaxaca sino a todo a este sistema opresivo.“Agregamos que como un destacamento organizado del pueblo, nuestro partido y ejército están claros del papel que nos corresponde desempeñar en estos momentos dentro de la lucha en nuestro estado y del país; la experiencia nos ha enseñado que el accionar militar revolucionario está determinado por las condiciones políticas; el accionar militar es el último recurso cuando las formas de lucha pacíficas quedan agotadas. Para la acción político-militar siempre tomamos en cuenta que sea el propio desarrollo de las formas organizativas de pueblo el que determine el desarrollo y cauce de la lucha, para lograr en este caso la caída del cacique Ulises Ruiz y enfrentar a la ultraderecha y El Yunque en el poder.”Añade: “Bajo ninguna circunstancia nuestro Partido y ejército accionarán aislados de los intereses del movimiento popular oaxaqueño…, tenemos claro que todo accionar militar revolucionario debe fortalecer el propio movimiento y no ser causa de un retroceso, estancamiento, fracaso, golpes o derrota del mismo”.

En lo que respecta al Congreso Constitutivo de la APPO en el que se elegirá a los nuevos dirigentes de ese movimiento social –se inició el viernes 10 y concluye este domingo 12–, el EPR desea que sus integrantes salgan fortalecidos.Y remata: “Comprendamos que el momento político ya es otro. Tomemos nuestras precauciones y medidas de seguridad para evitar la represión, pero también profundicemos en la discusión que el proceso de lucha de nuestro pueblo ha sido y será de todos los oaxaqueños. Dejemos la soberbia y el de decidir siempre sin tomar en cuenta a las bases”.

Explosiones de más poder

Se multiplican.../Rodrigo Vera, reportero (entrevista)

Tomado de la Revista Proceso: 12/11/2006:)

Especialmente durante el sexenio foxista –salpicado de hechos represivos y una marcada derechización–, los grupos guerrilleros se han multiplicado, debido entre otros factores a que los cauces de participación política en el país se cierran cada vez más. Los bombazos de la madrugada del pasado lunes 6 en la Ciudad de México fueron perpetrados por grupos guerrilleros que ya empiezan a implantar una “estrategia militar”, en respuesta principalmente a la salida represiva que el gobierno de Vicente Fox le está dando al conflicto de Oaxaca.

Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) –que se adjudicó los bombazos– es, de entre las 10 organizaciones insurgentes que han operado durante el gobierno foxista, la “más activa y la que más ha crecido”, sostiene el investigador Jorge Lofredo, fundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).Y afirma categórico: “Esos bombazos son un acto indiscutible de la guerrilla. Tiene todo su modus operandi. No me cabe ninguna duda”

.–Con las explosiones del lunes 6, ¿la guerrilla da un giro a sus acciones?

–A partir de los bombazos, está retomando una estrategia militar, pues en los últimos tiempos su estrategia era política. Antes se manifestaba sobre todo de manera testimonial: emitía comunicados, expresaba públicamente sus puntos de vista. Pero hasta ahí. Ahora, los bombazos hicieron que lo militar se impusiera sobre lo político.

–¿Estamos entonces ante el comienzo una etapa beligerante?

–Es prematuro señalar si hay un cambio de etapa. Puede haber más ataques armados.

Para Lofredo, la guerrilla “expandió” incluso sus “mensajes políticos” a través de los recientes bombazos:“Anteriormente, las detonaciones iban dirigidas a los bancos, símbolos del poder económico. Ahora, el mensaje político de la guerrilla se expandió hacia las instituciones que simbolizan el poder político, como es la sede del PRI, partido al que pertenece Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, y la sede del Tribunal Federal Electoral, institución que, según esos grupos, avaló el fraude electoral de los pasados comicios presidenciales”.

Los nuevos blancos TDR-EP se adjudicó los bombazos a través de un comunicado en el que señaló textualmente:“Mientras permanezcan las fuerzas federales de ocupación en territorio oaxaqueño, mientras Ulises Ruiz permanezca oficialmente al frente del gobierno oaxaqueño y siga siendo respaldado por el gobierno federal panista…, los militantes y combatientes de nuestras estructuras revolucionarias armadas seguiremos accionando política y militarmente contra los responsables políticos de esta situación”.

En el documento se advierte que habrá más ataques “contra las 40 principales empresas nacionales y trasnacionales, así como contra las instituciones políticas y gubernamentales espurias que financiaron y operaron el fraude de Estado”.

El Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, la Organización Insurgente Primero de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación también firmaron ese comunicado.Agrega Jorge Lofredo:“Desde hacía meses, Tendencia Democrática Revolucionaria ya venía anunciando que, militarmente, atacaría en el momento y el lugar que considerara adecuado. Y ya vemos que lo hizo”.

Para el investigador del Cedema, Tendencia Democrática es la fracción subversiva más fuerte. La mayor parte de las actividades de propaganda político militar han sido autoría suya, dice Lofredo.

–¿Y cuáles son sus antecedentes?

–Tendencia Democrática surgió en 1999, en el estado de Guerrero, y es producto de una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Su congreso constitutivo se dio en el 2000. A partir de ahí empezó a manifestarse públicamente a través de comunicados y de su órgano informativo Pueblo en lucha. Cabe destacar que siempre ha reivindicado cada acción que ejecutan sus comandos.

El investigador pone como ejemplo el asesinato, en Guerrero, el 6 de julio de 2005, de José Rubén Robles Catalán, quien fuera secretario de Gobierno en la administración de Rubén Figueroa Alcocer, acusado de la masacre de Aguas Blancas ocurrida a finales de junio de 1995. Y también del ajusticiamiento del líder campesino guerrerense Miguel Ángel Mesino, el 18 de septiembre de 2005.

“Esas ejecuciones las realizó el Comando Popular Revolucionario la Patria es Primero, que opera justamente en Guerrero. Sus células las conforman entre cinco y 10 milicianos, y operan en distintos puntos del país”, dice el investigador del Cedema.Y los enumera: En Morelos, se encuentra el Comando Jaramillista Morelense, que se ha adjudicado la explosión de petardos en sucursales bancarias. En el Distrito Federal y el Estado de México, está el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro, que también lanza ataques contra bancos. Mientras que en Oaxaca trabaja el Comando Magonista de Liberación.

El peligro, la ultraderecha

TDR-EP es la organización que ha demostrado tener una mejor estructura. Sin embargo, durante el sexenio foxista, el Cedema ha detectado a otros nueve núcleos armados activos:Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR); Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CCRP-CJ28J); Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR LCB); Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP); Organización Revolucionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento (OR2D-NBCA); Organización Insurgente Primero de Mayo (OI-1ºM); Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Brigadas Populares de Liberación (BPL).

Todos estos grupos reparten volantes y comunicados, dan conferencias de prensa y entrevistas, y ejecutan acciones militares, la mayoría de carácter “limitado”.Dice Lofredo:“En total, son 10 las organizaciones guerrilleras que, sabemos, están en activo, aunque puede haber más. Se incrementaron durante el sexenio foxista, ya que en el período que va de 1996 a 2000 sólo identificamos a cuatro.

–¿A qué se debe este incremento?

–Bueno, los propios grupos armados han dicho que se debe a que los cauces políticos se están cerrando y esto se reflejó claramente en las elecciones del pasado 2 de julio. Otro factor son las divisiones internas. El EPR, por ejemplo, se fracturó por diferencias personales.“Actualmente, uno de los principales peligros que las guerrillas visualizan es la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, puesto que, según se dicen en sus comunicados, el panista alcanzó el poder mediante un fraude electoral”.

–¿Los grupos subversivos dan otras razones de su rechazo a Calderón?

–Sí. Para ellos Calderón es la garantía de la llegada de la ultraderecha al poder, lo cual implica la profundización de la guerra de baja intensidad contra los movimientos sociales, las comunidades y los pueblos. Vislumbran que su gobierno será ultraderechista y represor, y que con él habrá una abdicación de la soberanía nacional.Oaxaca, “centro neurálgico”

El investigador del Cedema –una institución no gubernamental abocada principalmente a recopilar la información elaborada por las propias células de la guerrilla– publicará un libro sobre los movimientos subversivos que han operado en el país de 1996 a la fecha, en el que analiza la relación de éstos con el actual conflicto oaxaqueño, en particular con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Lofredo comenta al respecto:“La gran movilización popular de la APPO tiene el apoyo y las simpatías de los grupos autodenominados insurgentes. ¡Todos!, todos los grupos armados apoyan a la APPO. Tan fuerte es su movimiento social que superó con mucho a la dinámica de la guerrilla, que estaba sumida en conflictos internos interminables. Hoy, el problema oaxaqueño le abre la posibilidad de una unificación armada.”

–¿Hay miembros subversivos en las organizaciones que integran a la APPO?

–Están participando en el conflicto oaxaqueño. ¡Hombre!, es imposible que un grupo guerrillero se mantenga al margen de ese conflicto. Sin embargo, es inorgánica esa participación en las acciones de la APPO, pues sólo participan de manera individual algunos insurgentes.

El investigador señala que Oaxaca tiene toda una tradición guerrillera que se remonta a la década de los setenta, cuando en la región irrumpió el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Después, el estado se convirtió en “un centro neurálgico” en la nueva etapa de los movimientos guerrilleros, la cual arrancó –dice– en 1996, a partir de que se dio a conocer el EPR.Este grupo, ese mismo año, realizó ataques en Huatulco, Tlaxiaco y la ciudad de Oaxaca. Y en el 2000, cuando Fox visitó el estado antes de asumir como presidente, fue recibido, en Nazareno Etla, con una manifestación de “propaganda político-militar” organizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

Más recientemente, el 30 de agosto pasado, un grupo armado de TDR-EP se presentó sorpresivamente en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, en un paraje del distrito de Ixtlán. Los insurgentes detenían a los vehículos para entregar a sus ocupantes un comunicado en el que pedían la salida de Ulises Ruiz y manifestaban su apoyo a la APPO.

Muchos pensaron que no se trataba de la guerrilla, sino que era un “montaje” armado por el gobierno o por el Ejército Mexicano para justificar la represión. Jorge Lofredo señala:“Esta acción fue una advertencia más de Tendencia Democrática. Otros grupos guerrilleros se han manifestado también con propaganda en la que apoyan a la APPO, o bien atacando a sucursales bancarias, como sucedió en octubre pasado en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca.“Siempre se ha querido negar a la guerrilla. Recuerdo que en 1996, cuando en Chiapas se realizaban diálogos de paz para solucionar el conflicto en esa entidad, apareció el EPR. Y entonces también se dijo que era un montaje para reventar los diálogos y perjudicar así al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.

Pero el apoyo de la guerrilla a la APPO, aclara Lofredo, tampoco significa que haya vínculos directos entre sus respectivos líderes:–La demanda fundamental de la APPO es la salida de Ulises Ruiz.

¿Comparte la guerrilla ese objetivo? –se le pregunta.

–¡No!, ¡no! Para los grupos insurgentes, la caída de Ulises es sólo un paso de una lucha más grande. Su objetivo a largo plazo es llegar al socialismo, a la instauración de una república nacionalista y popular. Indica el investigador que La otra campaña que realiza el subcomandante Marcos, así como las protestas contra el fraude electoral y la movilización social de Andrés Manuel López Obrador, son otros factores que influyen en el resurgimiento de la guerrilla.“Aunque estas manifestaciones sociales tienen ciertas divergencias, en el fondo las unifica el rechazo popular al actual sistema político”, comenta.

–¿Hay relación entre el EZLN y los nuevos grupos armados?

–No. Se mantienen a una gran distancia. El propio EZLN y el subcomandante Marcos les han pedido que no intervengan en La otra campaña, cuyo objetivo es un cambio social por la vía pacífica, no por las armas.

–¿Los grupos guerrilleros están preparados para acciones armadas?

–Sí, claro, lo acaban de demostrar con los pasados bombazos. Fue una demostración cabal y contundente... Y estas bombas ya son más poderosas que las anteriores. ?

¡Bombardeo psicológico!

Bombardeo psicológico/Ricardo Ravelo, reportero

Revista Proceso, 12/11/2006:)

Tras los estallidos del lunes 6, un estudio de la policía capitalina revela que durante el sexenio foxista las autoridades locales recibieron cientos de alertas de bomba, muchas de ellas auténticas. Un cruce de información con instancias federales de inteligencia hace temer que haya más detonaciones en la Ciudad de México y una intensa “guerra psicológica” en los días previos al 1 de diciembre.La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal movilizó a todos sus grupos expertos en explosivos; las cámaras localizadas en las calles funcionan día y noche; los patrullajes son permanentes en la ciudad y la Policía Preventiva incrementó sus rondines por instituciones e instalaciones estratégicas. La razón, según diversos reportes de inteligencia recibidos por la dependencia capitalina, es que habrá más bombazos y una “guerra psicológica” para desestabilizar al país –en particular la capital– e impedir que Felipe Calderón tome posesión como presidente de la República el próximo 1 de diciembre.

La madrugada del lunes 6, las bombas tomaron por sorpresa a la policía capitalina, a pesar de que en los últimos cinco años sus expertos han desactivado decenas de artefactos que estuvieron a punto de explotar. Otros sí estallaron en bancos, instituciones, empresas privadas, centros comerciales e instalaciones estratégicas.

En un detallado estudio que realizó la SSP capitalina y al cual este semanario tuvo acceso, se dice que tales acciones fueron perpetradas por “grupos subversivos” que pretenden generar un clima de inestabilidad a través de la violencia. El diagnóstico se basa en información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en fuentes hemerográficas.

Las autoridades policiacas explican que los grupos a los que atribuyen los bombazos del lunes 6 “realizan actividades de contrainteligencia para engañar a las autoridades, aparentando ser delincuentes y no pertenecientes a un grupo organizado. En cada grupo existe un mando, operan en equipo de entre ocho y 10 sujetos, y cuentan con logística y coordinación.

“A partir de su objetivo –continúa el estudio–, se tienen identificadas tres de sus principales acciones subversivas: allegarse recursos económicos, crear un clima de inseguridad e inestabilidad e infiltración en movimientos existentes. Estos grupos se caracterizan por la utilización de armas prohibidas (AK-57, AR-15, 9MM, 45) y explosivos, así como de documentos falsos. Entre otras acciones violentas, tratan de generar desestabilización en el ambiente político y social mediante ataques armados a instituciones e instalaciones estratégicas, embajadas, instituciones trasnacionales y empresas; homicidios de personajes políticos, sindicales, empresariales, exguerrilleros, policías y militares; delitos contra la seguridad nacional, como la conspiración, sedición, sabotaje, terrorismo, subversión y motín” .

Según el documento de la SSP del Distrito Federal, esas organizaciones son el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro, el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero y Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo. Sus integrantes, se detalla, “generalmente van encapuchados y evitan matar a ciudadanos inocentes. Sin embargo, no tienen consideraciones con policías y militares”.

Con base en su ideología, estas organizaciones parecen tener un histórico pleito con la derecha. Algunos de sus mensajes más frecuentes, trasmitidos en volantes y boletines, llaman a “no permitir que la derecha conservadora y reaccionaria imponga un presidente espurio y no aceptar, bajo ningún concepto, el escamoteo y la burla de que está siendo objeto la mayoritaria voluntad ciudadana depositada en las urnas. ¡Ni siquiera bajo protesta!”.

En otro de sus comunicados, que también se cita en el documento policiaco, advirtieron: “Si a pesar de todo los señores del poder y del dinero decidiesen consumar la usurpación del gobierno de la República, que no quepa duda: ¡más temprano que tarde, tendrán que pagar las consecuencias!”.

La caja negra

Entre la noche del domingo 5 y la madrugada del lunes 6, activistas de estos grupos entraron en acción. En forma sigilosa colocaron ocho bombas, de las cuales seis estallaron: dos en el edificio del PRI, otras tantas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos más en una sucursal de Scotiabank en la avenida Arenal, delegación Tlalpan. No estallaron otros dos artefactos, uno localizado en un Sanborns frente a la sede del PRI, en Amado Nervo e Insurgentes, y otro localizado en el Scotiabank de Amatenango y el Eje 3 Oriente.

En el primer caso, la bomba no explotó debido a una falla en su elaboración; la que estaba en el banco fue reportada oportunamente por Efraín Romero, director de Seguridad Pública de la delegación Coyoacán, a quien le fue reportado el hallazgo de un morral que contenía una mochila de tela y que había sido colocado junto al cajero automático del Scotiabank.

Tras recibir la información, Romero dio una orden telefónica:–Urge que vayas rápido a revisar qué pasa en ese lugar –le dijo a Alejandro Delgado Águila, director de la Unidad de Policía Sectorial 1, en Universidad.Eran cerca de las 12 de la noche y Delgado iba saliendo de una agencia del Ministerio Público, adonde acababa de hacer un trámite. Al llegar al sitio indicado, le confirmó a Romero que cerca del cajero automático había un morral, en apariencia un bulto olvidado.En el interior había una mochila negra y, dentro de ésta, una caja de madera que a simple vista “parecía una bomba”, dice el policía.

Alejandro Delgado procedió a desactivar la fuente de poder: una batería de alto voltaje. Luego pidió el apoyo del grupo Zorros-Fuerza de Tarea y solicitó que le llevaran “con urgencia” un traje antibomba para terminar de desactivar el artefacto.Entrevistado por Proceso el jueves 9 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local, Delgado cuenta: “Cuando me entregaron el traje antibomba y los contendores para explosivos, continué desarmando el artefacto. Por fortuna, me apresuré a quitarle la fuente de energía. Eso fue vital para todos los que estábamos en el lugar, porque de lo contrario hubiera explotado, causándonos la muerte a todos. Me dicen que lo que hice fue muy osado, pero en ese momento no tenía otra opción. Había que salvar vidas. “Y todas las circunstancias se dieron a nuestro favor: haber llegado a tiempo y desactivar el explosivo en menos de tres minutos... Cerca de las 12:15 de la noche, cuando llegaron mis compañeros con el traje antibomba, se escuchó la primera explosión en Tepepan y medio minuto después oímos la segunda. Seguramente la que seguía era donde estábamos nosotros. Si esto estalla, no se lo estaría contando.”

–Cuando llegó al lugar y desactivó la fuente de poder, ¿qué sintió? ¿Tuvo miedo? –se le pregunta.

–No sentí miedo. Yo estoy entrenado para ese trabajo. Es como el médico que va a realizar una biopsia: sabe lo que va hacer. Eso sí me daría miedo porque no soy médico. Cuando escuchamos las explosiones, ordené a todas las patrullas realizar recorridos para ver si no había más bombas colocadas en otros sitos y para revisar los daños causados. “Estábamos a poca distancia de las explosiones: como a cinco kilómetros del Tribunal Electoral y a escasos 800 metros del banco en Tepepan. De inmediato corté la circulación en la calle donde estábamos, pedí que se retiraran los policías y terminé de desactivar la bomba completamente, pues pensé que tendría algún otro mecanismo peligroso.”

Alejandro Delgado Águila fue entrenado en el manejo de explosivos en Estados Unidos (con el FBI), Colombia (donde lo entrenó la Policía Nacional), Israel y Francia. Es uno de los más calificados expertos mexicanos en la materia.“Se puede colocar una bomba en una cajetilla de cigarros, de cerillos, y hasta en un puro”, dice el policía, quien afirma haber desactivado unas 30 bombas en el Distrito Federal durante los últimos cinco años.

Luego de cortar todos los alambres y desmontar las piezas, Delgado puede hablar de los materiales utilizados para fabricar las bombas que estallaron el lunes 6: “Era una caja de 30 centímetros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. Estaba oculta en una mochila negra con gris. La caja estaba pintada de negro. Tenía una parte cóncava que apuntaba hacia el cajero del banco. El objetivo era claro: que estallara en el banco. “En el interior, la caja tenía tres kilogramos de pólvora, polvo de aluminio, una pila de nueve voltios marca Sony, una salchicha de hidrogel (explosivo) cubierta de maskingtape y un reloj Casio de pulso con cables rojos y negros, y un detonador de marcha lenta.” Según Delgado, la caja estaba cerrada y reforzada con cinco tornillos largos, bien apretados, los cuales quitó con la herramienta que le llevaron. “Aparte del polvo de aluminio, que es una sustancia utilizada para la fabricación de este tipo de bombas, la caja de madera contenía pólvora de la que le llaman rompiente, que puede romper la tablaroca, tirar vidrios y dañar el concreto, mas no derribarlo.“Hay tres tipos de pólvora –explica–: la deflagrante, que hace lumbre; la que sirve para impulsar, que utilizan los cohetes, y la que sirve para iluminar. Esta pólvora (la que contenía la bomba) se quema pero truena, revienta, es detonante, rompiente. Además, el hidrogel es un explosivo industrial que se ocupa para la minería, para abrir caminos. Los detonadores eléctricos también se utilizan para lo mismo. Esto no se puede comprar en una tlapalería, son sustancias restringidas y reguladas por la Secretaría de la Defensa Nacional.”

–¿Dónde se fabrican o se obtienen estos componentes peligrosos?

–Hay de diferentes marcas. La más conocida es Dupont. Todo esto está regulado por la Sedena. Aunque se fabrique en diversos estados y lugares de la República, la pólvora también está regulada por esta secretaría. Los lugares donde se elabora deben reunir ciertas características.

Lo que viene Los informes de inteligencia de la SSP capitalina y las fuentes consultadas por Proceso coinciden en que durante el sexenio de Vicente Fox, la policía del Distrito Federal estuvo muy activa: recibieron cientos de llamadas telefónicas que alertaban sobre la colocación de bombas en edificios públicos y de empresas. No todas esas alarmas fueron falsas: los expertos desactivaron muchos artefactos explosivos.

Al respecto, los reportes policiacos indican que desde la industria minera o incluso de diversas obras carreteras, pueden estarse desviando componentes químicos y explosivos para que grupos subversivos –que los compran o los roban– fabriquen bombas.

En diversos artefactos explosivos se han encontrado sustancias como el TNT (trinitrotolueno o dinamita), muy demandado en la industria minera; también se detectó Flex-X, un explosivo plástico que se utilizó en la guerra de Vietnam. Otro material peligroso, de uso bélico e industrial, es el Semplex-H, de fabricación rusa. Todo esto, aunque está regulado, termina en manos de grupos subversivos.

Los reportes de inteligencia señalan que, debido a esa restricción en el uso de esos materiales químicos, se prevé que tras algunos estallidos más “los grupos subversivos” dosifiquen sus ataques al no contar con grandes reservas de material explosivo. Por ello se cree que en los próximos días, al menos hasta el 1 de diciembre, se agudizará la “guerra psicológica”.

De acuerdo con datos registrados por la dependencia de seguridad del Distrito Federal, esa táctica comenzó momentos después de las explosiones del lunes 6: desde ese día y hasta el viernes 10, la SSP capitalina había recibido cerca un centenar de llamadas telefónicas para reportar supuestas bombas en diversos edificios.A todos los llamados acudieron expertos en desactivación de explosivos. Pero hasta el momento sólo una de esas alertas resultó auténtica y gracias a ella se pudo frustrar el estallido en el Sanborns de Amado Nervo e Insurgentes.Por ahora, la policía capitalina sigue movilizada. Con base en la información obtenida de las áreas de inteligencia federales, no se descartan más explosiones, las cuales pueden ocurrir con mayor probabilidad los lunes o los viernes, pues –explican las autoridades– los lunes la gente llega tarde a trabajar y los viernes muchos empleados quieren retirarse temprano de sus labores. “Esos vacíos de horarios, como de actividades, aumentan el riesgo de que ocurran mayores ataques con bombas”, establece el documento.Ante esa posibilidad, la policía sólo puede adoptar medidas preventivas e intentar una reacción oportuna, pues no hay forma de saber cuándo se está colocando una bomba.

Reportaje de Juan Veledíaz

La guerrilla después del EZLN/JUAN VELEDÍAZ, reportero

El Universal, Lunes 13 de noviembre de 2006

Desde abril de 2001, poco después de que se dieran los bombazos a unas oficinas de Banamex en el DF, Tiburcio Cruz Sánchez se convirtió en el hombre más buscado por los servicios de inteligencia civil y militar del país. Porque ese sería su nombre real, de acuerdo con funcionarios del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), quienes lo identificaron en aquel año, como quien se presenta como un "luchador social" pero que desde hace más de una década vive en la clandestinidad con el nombre de Francisco Cerezo Quiroz, padre de Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, detenidos en agosto de aquel año acusados de la autoría de las explosiones.

Tiburcio Cruz Sánchez, identificado hoy como uno de los principales líderes del EPR (Ejército Popular Revolucionario), fue junto con el fallecido Héctor Heladio Hernández Torres y el exiliado José María Ortiz Vides, uno de los fundadores de la Unión del Pueblo (UP), una de las guerrillas más antiguas del país surgida en los años 60. De acuerdo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) depositados en la galería uno del Archivo General de la Nación (AGN), esta organización se caracterizó por su propensión a colocar artefactos explosivos en aquella época en oficinas de gobierno en Jalisco, Oaxaca, el DF y el estado de México, así como en sedes de bancos, oficinas distritales del PRI y estatuas de los considerados próceres de ese partido. A este grupo que se decantaba por poner bombas, la DFS lo identificó como Los Bomberos, una célula de la UP cuyas acciones tenían como finalidad "hostilizar al grupo burgués en el poder generando terror".

Una paradoja que no dejó de llamar la atención luego de la detención de los hermanos Cerezo fue que quienes se atribuyeron la autoría de las explosiones en Banamex, días después de ocurridas, fueron las FARP (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo), un grupo guerrillero presuntamente antagónico al EPR.

A lo largo de los años de la década del 60 y 70 la Unión del Pueblo tuvo poca importancia como guerrilla organizada hasta que en 1978 se convirtió en PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo) y tiempo después en 1981, se fusionó con lo que quedó del Partido de los Pobres (PDLP), una organización que reaparecía luego de haber sido casi aniquilada por el Ejército, pues quedó como resquicio del movimiento que con estas siglas encabezó en Guerrero Lucio Cabañas, muerto en diciembre de 1974.

La unión PROCUP-PDLP se realizó con ex militantes dispersos de otras guerrillas, y se hicieron célebres en la década de los 80 por sus secuestros de militantes de izquierda y ejecuciones de ex guerrilleros a quienes consideraban traidores al movimiento.

Una vertiente del PROCUP-PDLP considerada importante por especialistas en movimientos armados y funcionarios de las áreas de inteligencia del gobierno federal, fue la que en 1994 se reagrupó con otras organizaciones para formar lo que dos años después, en junio de 1996, se presentó en Aguas Blancas, Guerrero, como EPR.

Las rupturas
A partir de 1994, luego de la irrupción del EZLN, la Defensa Nacional y el Cisen identificaron varios grupos que reactivaron sus células clandestinas para reaparecer como guerrilla unificada. En una serie de notas periodísticas aparecidas en aquellos años compiladas y analizadas por el politólogo y especialista en movimientos armados Jorge Lofredo en su estudio La guerrilla mexicana, de la unidad a la ruptura, se registraron los grupos y organizaciones encabezados por el PROCUP-PDLP que se unieron para constituir el EPR: el Ejército de Liberación de la Sierra del Sur, el Movimiento Popular Revolucionario, los Comandos Armados Mexicanos, las Brigadas Obreras de Autodefensa, la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo (ORAP) y la Unión de Comandos Revolucionarios, entre otras.

Entre 1998 y 1999 se conocieron las primeras rupturas al interior del EPR, de las que surgieron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y las citadas FARP, las cuales junto a otras organizaciones de presencia regional como el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28) crearon en el año 2001 la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos y Pavón (CGNJMM).

El ERPI es considerado como la primera ruptura importante al interior del EPR, que se concretó en enero y junio de 1998. "Se diferencian del eperrismo por la estrategia insurreccional que proclaman y la cercanía con pueblos y comunidades, impulsando la toma de decisiones de las bases para realizar acciones militares. Proyectaron contactos con organizaciones sociales para garantizar su seguridad y, a la vez, una mayor penetración erpista en sectores no clandestinos ni armados; y también es el grupo con mayor cercanía ideológica con el Ejercito Zapatista. Señalan que el proceso de dispersión del EPR marca la tercera generación de la guerrilla mexicana", escribe Lofredo.

El ERPI fue en la práctica anulado por la Policía Federal Preventiva cuando en 1998, luego de una serie de acciones armadas, fueron detenidos Jacobo Silva Nogales, alias comandante Antonio, y Gloria Arena Agis, comandante Aurora, quienes fueron recluidos en una cárcel de alta seguridad y sentenciados a 50 años de prisión.

La ruptura de las FARP con el EPR data de 1998; sus acciones militares son mínimas en esos meses pues sólo se dedicaron a realizar actos de propaganda armada en Puebla y Morelos como paso previo a su presentación pública en Xochimilco en el año 2000. Su estrategia continuó pero ahora en los estados de Guerrero y Oaxaca. En mayo de 2001, agrupado junto con el EVRP y el CJ-28 como Coordinadora Guerrillera Nacional, realizan un ataque armado a un retén policial en Acapulco, poco después de que se adjudicaran la autoría de los bombazos en Banamex.

La cabeza visible del autodenominado Ejército Villista (EVRP) se hace llamar comandante Roldán, quien abandonó el EPR en febrero de 1999 y no es sino hasta diciembre de ese año cuando emitió, con estas siglas, su primer comunicado. En esta organización confluyeron integrantes del autodenominado Comando Armado Francisco Villa y de la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo (ORAP), agrupaciones consideradas fundadoras del EPR.
Durante agosto y octubre de 1999, mes en que se conoce el primer escrito de la denominada Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), el comandante José Arturo rompe con la cúpula eperrista para estructurar esta nueva agrupación. El antecedente del TDR se localiza al interior del EPR cuando era sólo una corriente de opinión, escribe Lofredo, pues anteriormente José Arturo junto a Francisco y Roldán ahora del EVRP, eran parte de la primera cúpula eperrista.

El CJ-28 que irrumpió el 28 de junio de 1998, en el segundo aniversario de la masacre de Aguas Blancas, cuya fecha toman como distintivo, puede estar identificado, añade en su análisis el politólogo, como una escisión del ERPI, pues en sus comunicados aseguran existir de mucho tiempo atrás sin que se identifiquen como escisión del EPR, a quien no descartan en un futuro como posibles aliados.

Tras el proceso de ruptura al interior del EPR surgieron una serie de grupos cuyos orígenes no se vinculan de manera directa con esta guerrilla, de acuerdo con el estudio de Lofredo. Estas organizaciones son el Ejército Socialista Insurgente (ESI), el Ejército Revolucionario del Sureste (ERS), el Comando México Bárbaro (CMB), Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso (EJPI), la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento (NBCA) y el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB).

De estas organizaciones se conocen pronunciamientos y comunicados, los cuales se pueden consultar en internet (www.cedema.org), pero no hay registro de su participación en acciones armadas salvo las dos últimas, cuyos líderes se adjudicaron en unos comunicados la autoría de algunas de las explosiones del pasado lunes 6 de noviembre.

Por estos días, hace ahora dos años, en noviembre del 2004 Tiburcio Cruz Sánchez fue ubicado en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, por agentes de la PFP quienes lo tenían identificado de tiempo atrás en una casa de seguridad la cual presuntamente funcionaba como lugar de reunión para la comandancia del EPR. La presencia policial fue aprovechada por los simpatizantes del grupo, quienes generaron el rumor de que los policías federales se querían robar unos niños, lo que llevó a que la población se enardeciera y los linchara.

Con ese episodio como antecedente, el EPR sigue considerado por las autoridades como un grupo armado con capacidad de organización, movimiento y manejo de armas y explosivos. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, en respuesta a una solicitud de información, los grupos guerrilleros que operan en el país, después de la aparición del EZLN en 1994, son el EPR y sus seis ramificaciones: el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria del EPR (TDR-EPR), el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28 de Junio), el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23 de Mayo). De todos ellos, el más activo, al menos en comunicados y en pronunciamientos para adjudicarse acciones armadas, resulta ser la última escisión eperrista conocida como TDR-EPR.

Nuevo comunicado de TDR-EP

Nuevo comunicado de Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, fechado el 12 de noviembre de 2006, sobre las explosiones del seis de noviembre:

"…tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer": Walter Benjamín, tesis VI, Sobre el concepto de historia.

Al pueblo de México.
A los pueblos del mundo.
La lucha revolucionaria armada que surgiera en México a principios de los años 60 del siglo pasado, fue una respuesta al autoritarismo del régimen priista y a la violencia cotidiana del capitalismo subdesarrollado y caciquil. Fue una forma particular de lucha que, aunada a los grandes movimientos sociales y políticos del campo y la ciudad, contribuyó a la apertura de los cauces legales y democráticos que acotaron el autoritarismo gubernamental y pusieron fin al régimen de partido de estado.

Esta forma de lucha fue golpeada severamente por el Estado mexicano, pero nunca exterminada, como lo mostraron las irrupciones revolucionarias armadas de mediados de los 90. No obstante, cientos de activistas revolucionarios, así como luchadores sociales y ciudadanos inocentes, fueron capturados, torturados, encarcelados, desaparecidos y/o asesinados, en el marco de una guerra sucia contrainsurgente, por el gobierno de los poderosos; sin que hasta la fecha se haya juzgado a los responsables de las grandes masacres y crímenes de estado, como lo hace constar la inútil y fraudulenta actuación de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), bajo la administración foxista. Y aunque el proyecto socialista que animó la actividad revolucionaria no se materializó, la realidad social e histórica de nuestro país fue transformada. No en la amplitud y profundidad deseable y necesaria, pero fue transformada.

Los militantes de las organizaciones revolucionarias armadas que sobrevivimos este largo periodo, sin dejar de persistir en la realización de nuestro proyecto, no podíamos dejar de vernos reflejados, al mismo tiempo, en el incipiente y restringido proceso democrático que había venido cobrando forma en nuestro país; proceso que hace seis años permitió al pueblo mexicano poner término al oprobioso régimen priista, aunque los cantos de sirena panistas, potenciados por los medios de comunicación monopolizados, hegemonizaron el descontento social y captaron el voto de los de abajo a favor de la derecha recalcitrante, con la falsa promesa del cambio democrático.

La gestión neoliberal de la derecha panista era previsible, pero no por ello resultó menos indignante la virtual anulación del frágil y reducido proceso democrático que tantas vidas costó al pueblo mexicano y a sus organizaciones sociales y políticas; anulación que se expresa en el impúdico fraude de estado y en la brutal represión policíaca-militar con que está cerrando el gobierno foxista, a fin de imponer al representante espurio, y profundizar la estrategia depredadora, del capital transnacional. Pero los hechos represivos e indignantes que rebasaron los límites de nuestra resistencia obligándonos a intervenir, fueron los asesinatos perpetrados por los paramilitares de Ulises Ruíz Ortíz, contra 17 ciudadanos y maestros, así como el envío de las fuerzas federales a Oaxaca y la acción represiva de éstas contra el multitudinario y heroico movimiento de insubordinación social oaxaqueño, el pasado 2 de noviembre.

Ya habíamos comunicado y advertido al gobierno federal de nuestra decisión de replicar política y militarmente la represión que la élite neoliberal había desatado contra los mineros de Sicartsa, los comuneros de Atenco y que se cernía cada vez más sobre los asambleísta de Oaxaca, impelidos por una ética de la vida y la dignidad que torna por completo inaceptable promover y practicar no sólo el desprecio, el abuso, el cinismo y la más brutal represión, sino también la sumisión, el olvido y la cobardía; pero fue desestimada nuestra advertencia y subestimada nuestra capacidad y, no sólo por los sectores empresariales y gubernamentales, sino también, por algunos analistas, que no admitieron la posibilidad de nuestra existencia, aún después de las acciones de propaganda revolucionaria armada del 6 de noviembre y de su posterior reivindicación; acciones que a su juicio constituyeron actos "terroristas" y de "provocación", atribuibles al gobierno de derecha para justificar un "estado de excepción", pretendiendo ignorar que la naturaleza criminal del poder capitalista y neoliberal que nos oprime ha llevado a éste a imponer represivamente su dominio y su control, sin necesidad de ninguna "provocación" que lo "justifique".

Así como el misógino, el pederasta y el violador abusan de sus víctimas movidos por su torcida naturaleza social y no porque las víctimas los "provoquen", la élite neoliberal y la tecnocracia a su servicio, defraudan políticamente la voluntad ciudadana, se apropian de los recursos nacionales, saquean el erario público, intensifican la explotación asalariada y reprimen brutalmente los distintos movimientos de insubordinación social, no porque los hayan "provocado" los Comuneros de Atenco, o la Coalición Por el Bien de Todos, o la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, sino porque está en su propia naturaleza comportarse engañosa y represivamente a fin de mantener su dominación parasitaria.

En virtud de ello, es y seguirá siendo preciso hacer hasta lo imposible por disuadir y contener la torcida naturaleza represiva del poder capitalista -por ahora, y en nuestro caso, mediante el uso limitado y simbólico de las armas- para evitar nuevas masacres gubernamentales y proponer la articulación de todas las formas de lucha y organizativas, así como de todas las estrategias, a fin de que las víctimas de la opresión y de la guerra sucia neoliberal podamos sacudirnos, de una vez y para siempre, el yugo del abuso y la opresión de que hemos sido objeto históricamente, no sólo con apelaciones de corte ético-moral, sino también con el uso de la fuerza social multitudinaria y, en última instancia, de la violencia revolucionaria de todo el pueblo, impulsando a lo largo de este proceso la construcción y la articulación de un poder distinto al que nos oprime.

Las detonaciones del pasado 6 de noviembre tuvieron por objeto sacudir la conciencia ciudadana y cimbrar los cimientos de las relaciones sociales opresivas y de sus instituciones espurias, ante la brutal represión de las fuerzas federales en distintos puntos del país. Fueron un grito de protesta e indignación frente a la simulación y el abuso de los señores del poder y del dinero que de manera facciosa mantienen secuestrada a la Nación; así como una demostración de fuerza y capacidad dirigida -en calidad de advertencia- a los dueños de las empresas nacionales y transnacionales que financiaron el fraude de estado y que se encuentran detrás de las fuerzas federales de ocupación en el estado de Oaxaca.

Nuestras acciones no fueron de ningún modo actos terroristas o de provocación que tuviesen por objeto atentar contra la población civil, generar inestabilidad política o reforzar las tendencias autoritarias de la élite neoliberal. Más bien, la inestabilidad política, así como el estado policíaco y de excepción con que se pretende blindar el debilitamiento de la élite en el poder, constituyen los signos más evidentes de la crisis de legitimidad del orden político institucional del estado, en que se encuentra el sistema de dominación y apropiación capitalista y neoliberal.

Si a los artefactos explosivos les hubiésemos añadido metralla, si las hubiésemos colocado en instalaciones -o simplemente al paso- de las fuerzas federales policíacas y militares o de algún otro blanco político, si hubiésemos ocultado dentro de ellas las espoletas de encendido y agregado un dispositivo de caza-bobos para evitar que fuesen desactivadas, el daño material y humano que estas producirían sería incalculable y entonces sí se estaría dando lugar a un escalamiento sensible del conflicto. Pero ese no fue, en modo alguno, nuestra pretensión.

Las detonaciones del 6 de noviembre tuvieron y siguen teniendo un propósito esencialmente contensivo y disuasivo. Se trata de advertir a la élite neoliberal de las graves consecuencias que para el país traería consigo el acrecentamiento de la represión en Oaxaca y, contra los distintos movimientos sociales de protesta, en el plano nacional. Se trata de poner un freno a la represión gubernamental y a la guerra sucia neoliberal, para evitar, hasta donde sea posible, el escalamiento del conflicto armado latente en nuestro país.

Mientras no salgan las fuerzas federales de ocupación en Oaxaca, y el gobierno federal panista siga respaldando a URO, reiteramos nuestra decisión de seguir dirigiendo y ampliando nuestro accionar político-militar contra las empresas e instituciones responsables del fraude de estado, por medio de nuestros Comandos, en cada uno de sus radios de operación, y en coordinación con otras organizaciones revolucionarias hermanas.

Hacemos un llamado al pueblo de México: 1) a impulsar la articulación de sus diferentes movimientos sociales y políticos, de sus tiempos y estrategias diversas, y de sus respectivas formas de lucha y organización; 2) a detener y derrotar la guerra sucia neoliberal con la que la élite en el poder pretende imponer al presidente espurio y profundizar la depredación neoliberal; y 3) a defender y radicalizar la democracia popular participativa mediante la realización de un Nuevo Constituyente, del cual emerja la tarea de rescatar a la patria y dar a luz el nuevo proyecto de nación, desde hace tiempo, en proceso de gestación.

¡¡DESPIERTA PROLETARIO!!

¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!!

¡¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!!

¡¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!!

TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA-EJERCITO DEL PUEBLO
TDR-EP

República Mexicana, a 12 de noviembre de 2006.

Fuente: http://www.cedema.org

Reflexiones de fin de sexenio: Fox

Relexiones al término del mandato: artículo de Vicente Fox distribuido a través de la agencia Notimex.

El vocero de la Presidencia de la República Rubén Aguilar dijo: "el texto que escribió el señor Presidente, que distribuyó ayer Notimex y que me pidió que hoy les leyera".

El artículo ha sido ampliamente difundido; parte del mismo, fue comentado en la la sección "Noticias del mundo" de Radio Vaticano.

¿Qué dice el texto?

En México y en todo el mundo, el ejercicio del poder obedece a ciclos.

En nuestro país, la Presidencia está acotada en el tiempo y en sus atribuciones, y qué bueno que así sea.

Al asumir la Presidencia, se adquieren las responsabilidades y facultades inherentes al cargo y, con ellas, la fuerza y el prestigio que confieren.

Al acercarse el término del mandato, los hilos que antes se tenían en las manos se van soltando, hasta depositarlos en el siguiente Presidente.

La lucha en el proceso de sucesión no sólo es por cargos; es, sobre todo, una disputa de proyectos. La democracia brinda la posibilidad de hacerlo de manera intensa, pero pacífica.

En México y en el mundo, el momento de transferencia del poder es aprovechado por quienes se sintieron afectados por los actos de gobierno o por quienes, a futuro, buscan posiciones ventajosas.

Para estos dos tipos de actores, es la oportunidad de denostar a la cabeza del Gobierno y a sus actos, sin pasar por una crítica objetiva.

Es comprensible que eso ocurra. Es parte de la condición humana.

Ser Presidente ha sido, sin duda, la experiencia más valiosa de mi vida. Me ha permitido conocer y amar más a México.He trabajado al límite de mis fuerzas, con todas mis capacidades y voluntad para ayudar a construir un país más equitativo y democrático.

Hubo aciertos y están a la vista; también soy consciente de los errores e insuficiencias. Con la experiencia de toda mi vida y, en particular, de este tiempo, sostengo que siempre se puede hacer más y que nunca podemos sentirnos satisfechos.

La tarea nunca termina.

En estos seis años, ejercí la Presidencia de la República conforme a los principios del humanismo, de la democracia y de la ética política.

Los mexicanos veníamos de una tradición en la que el Presidente era el gran protagonista. Por él pasaban todas las decisiones del país, en una concentración de poder que mucho daño hizo a la Nación.

La figura presidencial creció siempre en detrimento de la ciudadanía. En mi Gobierno, sin abdicar (Sic) de una sola de las responsabilidades que me impone la Constitución, me propuse abrir espacios al ejercicio democrático ciudadano.

Se entiende que, después de décadas de un presidencialismo exacerbado, hubo quienes no comprendieron o no aceptaron el cambio fundamental que significó comenzar a crear un país de ciudadanos.

Estoy convencido de que, en mi condición de demócrata, actué correctamente. Mi quehacer como servidor público ha estado guiado por un profundo respeto a la palabra empeñada, a la dignidad personal y a la verdad.

He hablado y he actuado con apego a la verdad, porque reconozco que los mexicanos tenemos la madurez y la capacidad para tomar las decisiones trascendentes que exigen los nuevos tiempos.

Ejercí la autoridad convencido de la necesidad de garantizar la división de poderes y su necesario equilibrio. Mientras que, en el pasado, legisladores y magistrados sufrieron los embates del poder presidencial, durante mi Gobierno se dio el más absoluto respeto a sus atribuciones. Este cambio en el ejercicio de la Presidencia fue visto por algunos como debilidad. Algunos añoraban los manotazos sobre la mesa y que en la Presidencia se decidiera lo que correspondía a las Cámaras o a la Corte.Otros intentaron limitar en excesos las atribuciones del Presidente de la República.

Estos seis años de experiencia me llevan a la conclusión de que aún debe darse un largo aprendizaje democrático para entender que fortalecer un poder no significa avasallar a otro.

En todo momento me ceñí a los límites que las leyes imponen al Presidente de la República. El Presidente debe ser el primero en cumplir la ley. En el pasado, pagamos un alto precio cada vez que la voluntad presidencial prevalecía sobre el mandato de la ley.

La experiencia de estos seis años, me confirma la necesidad de adecuar nuestro orden jurídico y nuestro sistema de impartición de justicia, para ajustarlos a las nuevas condiciones de la democracia.

La sola aplicación de la ley no basta para solucionar muchos de nuestros problemas. Como lo hemos planteado, es precisa una revisión que permita abrogar leyes obsoletas, así como regular muchos campos que no están suficientemente normados.

Durante estos seis años, la democracia trajo también consigo una política social orientada a garantizar el ejercicio de todos los derechos sociales de las personas y una política económica responsable, que sentó las bases para un desarrollo estable y con rostro humano.

Soy el primero en reconocer errores e insuficiencias en mi Gobierno. Sin embargo, a nadie beneficia que se nieguen los avances que, al fin de cuentas, no son de un gobierno sino de una Nación.

México requiere de una visión objetiva de lo que tiene y de lo que falta. Lo primero es el punto de partida para el siguiente tramo; las carencias deben motivarnos a redoblar el esfuerzo.

Estoy convencido de que un país es tan libre e independiente como lo son sus medios de comunicación. Siempre he sido partidario de abrir espacios a la libre manifestación de las ideas. Ni la mordaza ni la censura van conmigo.

Por convicción democrática, he sido siempre respetuoso de quienes piensan de un modo distinto al mío y de las críticas que expresan.

Lo he hecho sin dobleces ni medias tintas. Nadie ha sido perseguido por sus ideas, sus opiniones o sus creencias. En ningún momento se ha recurrido a actos de represión.

A partir de mi experiencia, estoy convencido de que la democracia mexicana requiere de un debate de fondo que no se quede estacionado en las descalificaciones.

La democracia necesita que los actores de la vida pública impulsen una discusión propositiva y constructiva, que contribuya al acercamiento de posiciones, que promueva la tolerancia y el entendimiento.

Entiendo que, al fin de un mandato, se abra el espacio a una intensa confrontación política. Así ocurre en todas las democracias.

Sin embargo, éste debe ser también un momento para reflexionar, para repensar la solución a los problemas y encontrar los mejores cauces a la energía transformadora de la sociedad.

Por encima de diferencias y desencuentros, todos los actores públicos tenemos la obligación de contribuir a la estabilidad de la Nación.Tenemos la responsabilidad de preservar y fortalecer la unidad. Siempre es el momento adecuado para actuar con grandeza y generosidad.

El futuro de nuestra democracia está ligado a nuestra capacidad para resolver nuestras diferencias en el diálogo y el acuerdo.Con la mirada de seis años de experiencia, puedo afirmar que las y los mexicanos completamos con éxito el camino de la transición democrática y ahora, no sin problemas y dificultades, estamos en ruta hacia la construcción de una democracia moderna y plena; hacia una democracia en la que no sólo se ejerzan los derechos ciudadanos, sino también se asuman las responsabilidades.

Sostengo, sin ambigüedades, que hoy México es mejor que ayer.

La democracia ha valido y sigue valiendo la pena.Los avances políticos, económicos y sociales que hemos conseguido con el trabajo de todos, aunque son importantes, son sólo la plataforma inicial para alcanzar nuevas y más ambiciosas metas.

Estoy seguro de que, con unidad, las y los mexicanos habremos de aprovechar los avances logrados, para que las oportunidades de superación lleguen a más personas, familias y comunidades.

Para hacer de México una Nación más próspera y más justa, una Patria para todos.

La SSP y la CNDH

Guerra de comunicados:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró en un comunicado que la administración del presidente Fox ''no está dispuesta'' a investigar los hechos y a sancionar a los responsables de los delitos que se suscitaron durante el operativo policiaco en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, pues el titular de Seguridad Pública federal (SSP), Eduardo Medina Mora, rechazó la recomendación (38/2006) que ese órgano le hizo..."

La CNDH señaló que cuenta con evidencias para asegurar que los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) incurrieron en diversas violaciones a derechos humanos, como ''tortura'' y ''violación a la libertad sexual''..."

La semana pasada Medina-Mora envió un documento de alrededor de 60 cuartillas, al ombudsman José Luis Soberanes, en el que argumenta que los elementos policiacos no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que la PFP ''reaccionó en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación''.

Al respecto, la CNDH respondió el sábado 12, a través del siguiente comunicado:

México, DF., a 12 de noviembre de 2006

El secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, persiste en su negativa a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión, el titular de la SSP federal rechazó la Recomendación 38/2006, originada por los hechos de violencia ocurridos los días 3 y 4 del pasado mes de mayo en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. En su discurso de toma de posesión, el Presidente Vicente Fox afirmó: “México no será ya más una referencia de descrédito en materia de derechos humanos, vamos a protegerlos como nunca, a respetarlos como nunca y a considerar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables.” Qué lejos estamos de aquella meta. A casi seis años de dicho compromiso, la administración Fox está marcada categóricamente ante la opinión pública por las palabras “Texcoco” y “Atenco”.

Al contravenir el trabajo de esta Comisión Nacional, el secretario Medina Mora refuerza la falacia de que la protección a los derechos humanos limita la efectividad de los aparatos de seguridad pública. Ello genera suspicacias y resistencia entre los servidores públicos, mismas que obstaculizarán la labor de los encargados de hacer cumplir la ley el próximo sexenio.

Así, cuando la autoridad federal manifiesta que no está dispuesta a investigar los hechos ni a sancionar a los presuntos responsables, los probables delitos y responsabilidades administrativas en que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) quedarán, una vez más, en la impunidad. La actitud del secretario Medina Mora es inaceptable en una sociedad democrática que reclama justicia y transparencia. Negarse a investigar la labor de los subordinados es incurrir en una forma de encubrimiento. En este contexto, opacidad es sinónimo de impunidad.

La negativa del titular de la SSP es discordante con las valoraciones de la Procuraduría General de la República. Hace unos días —ante los integrantes del Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, Suiza— la fiscal especial de la PGR para la Violencia contra la Mujer, Alicia Pérez Duarte, reconoció que hubo tortura en el operativo de Atenco y Texcoco que dio pie a la recomendación de la CNDH. Pérez Duarte declaró que como resultado de una investigación sobre presunto abuso sexual a 26 detenidas en dicho operativo: “nos dimos cuenta de que no sólo eran delitos de carácter sexual, sino que se convirtió en tortura”.

La actitud del secretario Medina Mora contrasta con la de las autoridades del gobierno del Estado de México y del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, quienes han comunicado a la CNDH la aceptación en su totalidad de dicha Recomendación, por lo que esta Comisión Nacional dará seguimiento y verificará el puntual cumplimiento que de los puntos recomendatorios.

La CNDH determinó en su Recomendación que las autoridades federales y locales involucradas vulneraron derechos inherentes a la dignidad de las personas, relativos a la vida, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica. Durante los operativos, elementos de la PFP, de la Agencia de Seguridad Estatal y policías municipales de Texcoco incurrieron en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, torturas, violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación), allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, violación a los derechos de los menores, así como en una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes.

Contrario a lo que manifiesta el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora en su negativa de aceptación, la CNDH evidenció mediante la documentación correspondiente que durante sus indagatorias realizó diversas solicitudes de información que fueron atendidas por la SSP Federal de forma dilatada, parcial, contradictoria e, inclusive, rechazándolas con el argumento de que los datos requeridos era reservados o confidenciales, circunstancia que no constituye eximente alguna para tal efecto. Esta irregularidad ha entorpecido el conocimiento de la verdad histórica y jurídica de los hechos, generado incertidumbre y soslayado la debida aplicación de la ley en perjuicio de las personas agraviadas.

Esta Comisión Nacional cuenta con evidencias suficientes para acreditar las flagrantes violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la PFP. Entre éstas se cuenta con resultados de certificaciones médicas practicadas los días 4 y 5 de mayo de 2006, el oficio RGN/XX/1805/2006 del 11 del mismo mes y año, suscrito por el Jefe de la XX Región Texcoco de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del gobierno del Estado de México, que contiene a detalle las acciones de las corporaciones policiales involucradas y del cual destaca la participación de la PFP en allanamientos de morada, así como diversas videograbaciones sobre los hechos, tanto de medios de comunicación como de organismos independientes.

A través de dichas videograbaciones, millones de mexicanos fueran testigos de cómo algunos elementos de la PFP golpearon a personas indefensas y ya sometidas. La secretaría de Seguridad Pública Federal no considera que la brutalidad policíaca mostrada por las evidencias merezca ya no una condena, sino siquiera una investigación.

Este Organismo nacional acreditó que durante los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco los elementos de las corporaciones policíacas incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, generando en los detenidos lesiones que fueron certificadas por peritos médicos. Al respecto, y de manera contraria a la verdad, el titular de la SSP argumenta que la PFP reaccionó en legítima defensa para repeler las agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de la población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación.

La CNDH quiere subrayar su repudio a la violencia venga de donde venga. En Texcoco y San Salvador Atenco tanto algunos de los manifestantes como algunos de los policías incurrieron en excesos inaceptables. Si bien es cierto que nuestra ley únicamente permite a esta Comisión Nacional investigar los abusos de los servidores públicos, serán otras autoridades quienes determinen las responsabilidades de los particulares.

CNDH, ORGANISMO PUBLICO AUTÓNOMO

Respuesta de la SSP mediante el boletín 476.

BOLETÍN DE PRENSA 476/06

México DF., a 13 de Noviembre de 2006
La Secretaría de Seguridad Pública (SPP) ha aceptado la mayor parte de las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y subraya su pleno respeto a dicho órgano constitucional autónomo.

En los casos de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se relacionan con los hechos ocurridos el 20 de abril en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, respectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública decidió no aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH, en razón de que las mismas están sustentadas en hechos falsos e imputaciones de conductas respecto de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva son ajenas.

Cabe señalar que la rigurosa valoración que se realizó de los hechos referidos, no coincide con los criterios expresados por la CNDH en sus recomendaciones.
Las imputaciones recibidas son genéricas, sin precisar personas o condiciones de tiempo, modo y lugar en que se sustentan sus afirmaciones.

En estos casos, la valoración que se hace de los hechos confunde y mezcla elementos subjetivos y fácticos, mismos que luego son presentados como hechos concretos que, empero, son conclusiones erróneas de lo sucedido.

Como se hizo saber puntualmente a la propia Comisión, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva, con base en su normatividad y procedimientos internos, realizan la investigación de las conductas de sus miembros respecto a los operativos señalados, y en su caso se aplicarán las sanciones correspondientes. Por tanto no se encubre conducta delictiva alguna.

La Comisión, durante sus investigaciones, en ningún momento notificó a la Secretaría sobre las supuestas omisiones y obstaculizaciones por parte de servidores públicos de la dependencia y de la Policía Federal Preventiva respecto a la cooperación y entrega de información, no obstante que así lo establecen los artículos 71 y 72 de la Ley de la CNDH. Cabe señalar que todos los requerimientos fueron atendidos puntualmente.

La Secretaría de Seguridad Pública, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones, considera que el respeto a los Derechos Humanos es para la policía tanto una condición de eficacia operacional, como una exigencia ética – técnica – jurídica indeclinable.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución fundamental para la República, por lo que se considera indispensable preservar en ella el rigor en la recopilación de la información y la valoración de la misma y de los hechos, a fin de apegarse puntualmente a la verdad histórica y jurídica que lleve a preservar la imparcialidad de sus determinaciones.

Todo ello, con el objeto de mantener la autoridad moral indispensable para que ese organismo autónomo cumpla cabalmente con la importantísima función que la Constitución le ha conferido.