Y el capo mayor se casó con Emma I…
Patricia Dávila, reportera, Revista Proceso, No. 1609, 2/09/2007;
Mientras el gobierno federal presume de la captura de uno que otro lugarteniente de cierta importancia dentro de la estructura del crimen organizado, el que se supone es el narcotraficante mexicano más perseguido, tanto por el Ejército y las corporaciones policiacas nacionales como por las agencias de Estados Unidos, anda libre y enamorado. Se exhibe en fiestas a lo grande, se casa en público, se va de luna de miel...
CANELAS, DGO.- Aquí, en pleno corazón del Triángulo Dorado del narcotráfico –como se conoce a la zona donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihua-hua y Durango–, Joaquín El Chapo Guzmán Loera contrajo matrimonio.El lunes 2 de julio pasado, el famoso narcotraficante se casó en La Angostura, localidad de este municipio a donde los fuereños llegan sólo por caminos accidentados. Con todo y eso, además de autoridades locales asistieron a la boda exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, tierra natal de Guzmán Loera.Su nueva esposa, de 18 años de edad, se llama Emma Coronel Aispuro. Previamente, para halagar a su novia, el narcotraficante más buscado y por el que la DEA estadunidense (Drug Enforcement Administration) ofrece 5 millones de dólares, secuestró prácticamente a la cabecera municipal durante todo un día, el pasado 6 de enero, para ofrecer un baile en honor a Emma en la plaza municipal.
Localizado en la Sierra Madre Occidental, Canelas –cabecera del municipio del mismo nombre– tiene 2 mil habitantes. La Procuraduría General de la República considera éste uno de los lugares del país donde más se cultivan y trafican la mariguana y la amapola. La gente misma reconoce que aquí se siembra en 80% esos enervantes y 20% de maíz o de frijol. Igual que los municipios de Tamazula y San Dimas, esta región atrae a los capos del narcotráfico, que la hicieron parte de su Triángulo Dorado. Dentro de todo, La Angostura es una de las localidades más alejadas de Canelas, la cabecera: en época de lluvias solo se llega después de tres horas y media en motoneta; la otra opción es el helicóptero. Pero aunque apenas hay 10 casas, su ubicación es lo importante: colinda con Tamazula, Durango, y Culiacán, Sinaloa. Prófugo desde el 19 de enero de 2001, cuando escapó del penal federal de Puente Grande, Jalisco, El Chapo Guzmán se estableció en La Angostura a finales del año pasado.Luego conoció a Emma, de tez blanca, cuerpo bien delineado y estatura de 1.70.
Una fiesta segura
En su parte pública, la peculiar historia de amor comenzó el 20 de noviembre del año pasado: ese día el ayuntamiento convocó a todas las jovencitas al concurso para elegir a la reina de la Gran Feria del Café y la Guayaba 2007. Una de las postulaciones provocó sorpresa: Emma, una muchacha del lejano caserío de La Angostura, competiría con Baudelia Ayala Coronel, de El Ranchito; Rosa Sandoval Avitia, de la cabecera; Alma Díaz Rodríguez, de Zapotes; y Nancy Hererra Vizcarra, de Mesa de Guadalupe. A partir de entonces las cinco candidatas organizaron actividades para ganar simpatizantes. Emma invitó a cuanta gente pudo al gran baile que haría el 6 de enero. Sobre este acontecimiento, el periódico local El Correo de la Montaña, de mayo pasado, dijo que le dio a Emma una “morbo popularidad”, una fama basada en las expectativas de que El Chapo asistiera. Ya corrían rumores –que luego resultaron ser noticias– sobre la boda.
Llegó el Día de Reyes. A las 11 de la mañana unas 200 motonetas con asientos para dos personas llegaron a Canelas. A bordo de ellas, hombres con vestimenta y pasamontañas negros, con metralletas colgadas del hombro y pistolas de grueso calibre en los cinturones. Poco a poco se distribuyeron en las 10 entradas del pueblo, incluyendo las de herradura (a caballo). Se apostaron en todas las calles. Luego arribaron a la pista de aterrizaje, en avionetas de cinco plazas, los integrantes del grupo musical Los Canelos de Durango, con la misión de amenizar el baile. Pero también iban armados: presumían sus pistolas con cachas de oro.Horas más tarde, a las 16:30, llegaron seis avionetas de ala fija. El Chapo bajó de una de ellas. Vestía pantalón de mezclilla, chamarra, cachucha y tenis de piel negra. Éstos tenían una raya blanca. Como si fuera parte de su vestuario, en el pecho llevaba cruzado un fusil de asalto AK-47 cuerno de chivo y en la cintura una pistola que hacía juego con la ropa. Después de él bajó de la misma aeronave su brazo derecho, Nacho Coronel, originario de Canelas. En seguida se desplegó el resto del cuerpo de seguridad del narcotraficante al que se supone el más buscado. De otras tres avionetas bajaron hombres vestidos con uniforme verde, semejante al de los militares; portaban chalecos y radios fijos en el pecho. El operativo fue más ostentoso que el implantado en las giras presidenciales. En las otras dos avionetas iba el armamento: granadas, cuernos de chivo, metralletas y pistolas. También incontables cajas de whisky.
Dos helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona; el operativo estaba completo. En la plaza central, Los Canelos abrieron el baile con Cruzando cerros y arroyos, canción con la que El Chapo enamoró a Emma: Cruzando cerros y arroyos /he venido para verte… Y en otra estrofa:Eres flor, eres hermosa, /eres perfumada rosa /que ha nacido para mí. /Acerca tu pecho al mío /y abrázame, que hace frío, /y así seré más feliz.La orgullosa joven de La Angostura paseaba por la plaza mezclándose con la gente y debidamente cuidada. Los hombres de su galán le abrían paso cuando éste quería bailar. La pareja, como dice su canción, se veía feliz. Con tanta vigilancia la fiesta debía ser un éxito. De pronto, en un extremo de la plaza un hombre disparó un balazo, pero los guardias de El Chapo nomás lo aplacaron. Ningún altercado, era la consigna. Al ingenuo que intentó tomar una foto le quitaron la cámara. Después sólo se oyó la música y la algarabía normal de un gran baile de pueblo.
Ahí estaban, por supuesto, los padres de Emma: Blanca Estela Aispuro Aispuro e Inés Coronel Barrera. En La Angostura, Inés se dedica oficialmente a la ganadería, aunque quienes lo conocen saben que realmente su fuerte es la siembra de mariguana y amapola. Emma anunció ese día su matrimonio y, durante el bailongo, Coronel Barrera no disimuló su alegría por emparentar con un jefe tan poderoso. Había pocas pero notorias personas. Algunos asistentes dicen haber reconocido al exsubprocurador de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, y al presidente municipal de Canelas, Francisco Cárdenas Gamboa, de extracción panista, quien concluyó su encargo el 31 de agosto y cuya presencia generó dos versiones: que fue forzado a asistir o bien, que es un integrante más de la organización de El Chapo. En el reino del capoLos objetivos del baile se cumplieron: Emma quedó a la cabeza del concurso para reina de la Feria del Café y la Guayaba 2007 y Joaquín Guzmán afianzó su relación con ella. De paso, demostró su poder al aparecer en público desafiando a policías y militares. Además de Canelas, en el presente año se le ha visto en los concurridos restaurantes El Mirador, de Monterrey, y La Garufa, de Torreón. A las 11 de la mañana del día siguiente, despegaron los aviones del capo. Aparte de los recuerdos de una fiesta fenomenal, a los habitantes de Canelas les quedó la certeza de que pronto habría boda.
Aunque hablan con mucha reserva, los propios vecinos recuerdan que dos días después, el 8 de enero, llegaron al municipio 150 militares del 72 Batallón de Infantería, destacamentado en Santiago Papasquiaro, Durango. Acamparon frente a la pista de aterrizaje, en la Cañada del Macho y Ojito de Camellones, e instalaron un retén en la carretera. Se quedaron 44 días.
El 14 de febrero se contaron los votos del concurso: de 800 votos, 400 los ganó Emma Coronel; en segundo lugar quedó Alma Díaz Rodríguez y el tercer puesto fue para Baudelia Ayala. Ese día regresó la música con los grupos Alegres del Barranco, la Banda Tierra Blanca y nuevamente Los Canelos. Cada uno abrió con el corrido Cruzando cerros y arroyos, dedicado a Emma I.La coronación se consumó el 23 de febrero, día de la inauguración de la feria. Varios canelenses dicen que El Chapo estaba presente mientras Emma recorría las calles del pueblo. Casualmente dos días antes, el 21 de febrero, se había retirado el destacamento del Ejército.El periódico de la comunidad, El Correo de la Montaña, reseña en su boletín número 23:En la edición de éste 23 de febrero de 2007, en punto de las once horas aproximadamente, previo desfile por el encementado de la cancha deportiva habilitada para el magno evento de coronación de Sus Majestades –como dijera el conductor del programa al referirse al cortejo saliente y al entrante–, la autoridad municipal presidida por el C. Francisco Cárdenas Gamboa, sin más preámbulo, procedió a colocar la corona en las sienes de Emma I; a la vez que el Sr. Rodolfo Dorador, Senador (del PAN) por la República, hacía lo mismo con Alma, elegida –al igual que la reina– democráticamente Princesa.
Continúa el periódico: Emma I llega al reinado precedida de gran morbo popularidad, que se genera a partir del día 6 de enero, en el cual presidió un comentadísimo y lucido baile en la cabecera municipal. A partir de ahí y sumado a ello la sencillez y simpatía que la caracterizan, así como sus ganas de triunfar, le hicieron merecer el que la mayoría de los votantes la prefirieran como Reina de Canelas, edición 2007…
El de Emma I es el reinado más corto en la historia de la feria. Por tradición, si la reina se casa es sustituida por la princesa. Pero ésta se casó también en julio. Para el último informe del alcalde Cárdenas Gamboa, el pasado 30 de agosto –acto al que debe asistir la soberana–, el maestro de ceremonias presentó como nueva reina de Canelas a la hasta entonces “embajadora” Baudelia Ayala. Tercera luna de mielJunto con Héctor El Güero Palma Salazar, hasta 1989 Joaquín Guzmán Loera fue lugarteniente del “capo de capos” Félix Gallardo, que en abril de ese año fue detenido por Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya en prisión, Gallardo decidió repartir su territorio. De acuerdo con datos de la PGR, El Chapo Guzmán recibió Mexicali y San Luis Río Colorado; Rafael Aguilar Guajardo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo; Héctor Palma, Nogales y Hermosillo; Jesús Labra, tío e impulsor de los Arellano Félix, Tijuana; e Ismael El Mayo Zambada, Sinaloa.En su libro Los capos, el periodista Ricardo Ravelo narra cómo Ramón, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix impusieron su poder en todo Baja California, rompiendo el acuerdo con El Chapo, a quien echaron de su territorio. Incluso invadieron Sinaloa y Durango.En 1993, la detención de Francisco Rafael cimbró la estructura de los Arellano Félix, pero eso no detuvo su guerra a muerte con El Chapo, quien se asoció con El Güero Palma hasta que éste fue detenido y llevado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Más tarde, ambos se aliaron con El Mayo Zambada.
El 23 de mayo de 1993, en un enfrentamiento entre la banda de los Arellano Félix y la de El Chapo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara –que sigue sin aclararse– fue asesinado el cardenal Jesús Posadas Ocampo. En consecuencia, el gobierno federal desató una persecución que culminó ese mismo año con la detención de Joaquín Guzmán en Guatemala. Durante siete años Guzmán gozó de un poder absoluto dentro del reclusorio federal de Puente Grande. En complicidad con El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, El Texas, y con varios custodios a su servicio, preparó su fuga durante dos años y la llevó a cabo el 19 de enero de 2001. Fue en ese penal donde El Chapo sostuvo la última relación sentimental de que se había tenido noticia hasta ahora. Fue con Zulema Hernández, que se convirtió en su amante en prisión. Julio Scherer García, en su libro Máxima seguridad, publicado en noviembre de 2001, reproduce la entrevista que le hizo en prisión a la amante de El Chapo (ver recuadro).
En Puente Grande el capo atendía a Zulema Hernández y a su segunda esposa, Laura Álvarez Beltrán. Su primera esposa fue Alejandrina María Salazar Hernández, con quien se casó en 1977 y procreó cuatro hijos. El mayor de ellos, Archivaldo Iván Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, está preso en el penal del Altiplano, antes La Palma, desde el 9 de junio de 2005, bajo los cargos de lavado de dinero y su probable participación en el asesinato de la estudiante canadiense Kristen Deyell en Guadalajara.
Con su reciente boda, Emma Coronel Aispuro se convirtió en la tercera esposa del narcotraficante. Aunque inicialmente se divulgó que el enlace sería el 3 de julio, finalmente se adelantó un día para hacerlo coincidir con el cumpleaños 18 de Emma. La ceremonia se realizó en La Angostura. A diferencia del baile del Día de Reyes, el día de la boda la gente de Guzmán Loera cercó el caserío y sólo estuvieron presentes familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo, como Ignacio Coronel y el exsubprocurador del gobierno de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal. Al juez y al sacerdote los llevó Guzmán desde Sinaloa. Lugareños que conocieron de estos hechos aseguran que la boda siempre estuvo programada para el 2 de julio y que con el cambio de fecha el novio descontroló a sus enemigos. Un día después de la ceremonia, La Angostura fue cateada por soldados, pero Emma Coronel y Joaquín Guzmán ya estaban en Colombia, según una versión; otra dice que se fueron a una casa nueva en plena montaña.
El Chapo también pudo despistar a otros enemigos. Días después de la boda, los habitantes de Canelas vieron una aeronave sobrevolar la zona. Creen que se trataba de una avioneta perteneciente a capos rivales. En Canelas se sigue escuchando su corrido: Alegre y enamorado, siempre le ha gustado ser. /La plebe que le ha gustado, siempre la carga con él, / le cueste lo que le cueste, pues ejerce su poder.
Reacciones:
Niega el exsubprocurador Higuera Bernal haber asistido a la boda de “El Chapo” Guzmán
Patricia Dávila, APRO-Proceso
* Se dice dispuesto al “escrutinio” de las autoridades y sociedad
México, D.F., 3 de septiembre (apro).- El exsubprocurador de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, afirmó hoy que está dispuesto a someterse al “escrutinio” de las autoridades y de la sociedad, sobre su presunta presencia a la boda de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con Emma 1 (Emma Coronel Aispuru), en la localidad La Angostura, municipio de Canales, Durango, el pasado lunes 2 de julio. “Nosotros estamos sometidos, nuestra vida personal y profesional, en el servicio público, al escrutinio de quien quiera revisarlo”, dijo Higuera Bernal, al negar que haya estado presente en ese evento.En conferencia de prensa, Higuera Bernal afirmó esta mañana que jamás ha visitado el poblado La Angostura.En el número que está en circulación, Proceso (1609) publica un amplio reportaje, en el que da a conocer la boda entre el narcotraficante más perseguido por los gobiernos de Estados Unidos y México con Emma 1. En el texto se afirma que uno de los asistentes era Higuera Bernal.El reportaje, titulado Boda en Durango. El Chapo y Emma y reproducido en Sinaloa por el Noroeste, dice:“Aquí, en pleno corazón del Triángulo Dorado del narcotráfico –como se conoce a la zona donde confluyen los estados de Durango, Sinaloa, Chihuahua y Durango-, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera contrajo matrimonio” “… Había pocas pero notorias personas. Algunos asistentes aseguran haber reconocido al exsubprocurador de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal…”.Al respecto, en la conferencia de prensa, Higuera Bernal, declaró: “No conozco ni tengo además, ni he tenido en ninguna época, trato o contacto con las personas que son mencionadas en la publicación. Además, tampoco me he relacionado de ninguna forma y en ningún tiempo con personas que se dediquen a realizar actividades al margen de la ley”.Sostuvo que jamás ha visitado La Angostura. Inclusive, afirmó, “en ningún punto del estado de Durango he estado presente en toda mi vida”.Dijo que envió una carta aclaratoria a Proceso el mismo día en que se publicó el reportaje, y señaló que, a fin de cuentas, es la trayectoria personal y profesional la que acredita a las personas. “Someto la propia al escrutinio de las autoridades y de la sociedad. Obvio decir que todo el tiempo que uno cumple funciones de este tipo, en la procuración de justicia y en seguridad pública, estamos permanentemente bajo el análisis de todas las instancias de este ramo, y naturalmente también a la vista de la propia sociedad. No hay nada oculto; no tengo absolutamente nada que ocultar”.--¿Sospecha de alguien que quiera dañar su imagen? ¿Qué intereses puede haber? –se le preguntó.--Creo que ninguna autoridad, y ustedes lo han visto, que participe de tareas por la seguridad pública del nivel o del ámbito que fuera, está exenta de la posibilidad de ser blanco o víctima de este tipo de cuestionamientos.--¿Sabe usted sí se casó “El Chapo”?--No. Yo no tengo información de ese tipo. Habrá instancias que seguramente tengan la información; personalmente, yo no la tengo.A otra pregunta, en el sentido de que a un hermano suyo se le vinculó con el narcotraficante, en 2005, el exfuncionario respondió:--Insistiría en lo mismo, en el sentido de que hay muchísimos muy oscuros intereses en torno de actividades ilícitas que obviamente se relacionan o pueden hacer que, quienes participan contra ellas, llegan al cuestionamiento…; que buscan desacreditar a las personas que trabajan precisamente en el combate de ello. En este caso en particular, es naturalmente preocupante que se den estas situaciones. En su oportunidad fue abordado el tema, y creo que fue precisamente por las propias instancias gubernamentales.--¿Presentará alguna demanda?--No. Yo soy muy respetuoso del ejercicio periodístico. Entendemos a cabalidad cuál es la misión de los medios informativos, así no estemos de acuerdo en absoluto con la imputación de hechos tan delicados y graves como los de esta ocasión.--El gobernador de Sinaloa (Jesús Aguilar Padilla) sugirió una investigación a fondo. Incluso, que la pudiera hacer la PGR. ¿Qué opina usted de esta situación?--Creo que todos los servidores públicos, insisto, tenemos que estar abiertos a ello. No tenemos nada que ocultar en lo personal. Por eso, en la aclaración a la revista Proceso, decía que nosotros estamos sometidos, nuestra vida personal y profesional en el servicio público, al escrutinio de quien quiera revisarlo.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
4 sept 2007
Muere El Negro Acacio
Operación Sol Naciente
Las fuerzas militares de Colombia anunciaron este lunes 3 de septiembre la muerte de Tomas Medina Caracas alias "Negro Acacio", comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ''Negro Acacio'', comandante del Frente de guerra 16 de las FARC y miembro del estado mayor de esa organización, aparentemente murió el sábado durante un ataque por tierra, aire y agua lanzado por las fuerzas militares y de policía contra el campamento del jefe guerrillero, quien mantenía su cuartel general en selvas del sur de Colombia, en las inmediaciones de la frontera con Brasil. ( en el departamento de Guaviare).
''Este golpe es, sin duda, el más fuerte que se le ha dado a la capacidad logística a este grupo terrorista'', declaró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, en rueda de prensa y agregó: ''(El Negro Acacio es) considerado uno de los más sanguinarios y astutos cabecillas'' de la organización.
"Algunos dicen que controlaba la mitad del presupuesto de las FARC y su capacidad logística, contactos con redes internacionales del crimen eran un aspecto muy importante. Por eso decimos que tal vez no ha habido golpe más contundente contra la logística de las FARC que el que se dio este fin de semana", sostuvo el ministro.
Otros 16 guerrilleros también habrían perecido en el ataque.
Indicó que el "El Negro Acacio", "fue uno de los artífices de la transformación y el fortalecimiento de las FARC en los años 90 cuando a través del narcotráfico aumentaron la capacidad en armas, insumos químicos y reclutamiento".
Sin embargo, el ministro reconoció que solo tenía informes de inteligencia para validar el reporte, porque supuestamente el cuerpo del jefe rebelde fue llevado por sus compañeros para no dejar rastros de su muerte.
El comandante rebelde, uno de los de mayor jerarquía ultimado por tropas oficiales, ocupaba un cargo de suma importancia para las FARC, pues según las autoridades, dirigía un frente que aporta importantes recursos provenientes del narcotráfico a esa organización y canjeaba drogas por armas.
Acacio, también conocido como el ''Pablo Escobar de las FARC'', dirigió en 1999 el contrabando de armas más grande de la historia colombiana, en el que participaron el asesor de inteligencia del Presidente peruan, Vladimiro Montesinos, y el poderoso narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, alias ''Fernandinho Beira-Mar''. Este último fue arrestado el 19 de abril del 2001 en las selvas del departamento colombiano de Guainía y entregado a Brasil, donde fue condenado a 30 años de cárcel.
La operación de contrabando incluyó la compra de 10,000 fusiles AK en Jordania, parte de los cuales fueron lanzados con paracaídas sobre Barrancominas, región selvática del departamento amazónico de Vichada, en el sur de Colombia, desde un avión carguero ruso cuyo destino final era Perú.
Por este caso la fiscalía colombiana condenó al ''Negro Acacio'' a 20 años de prisión y juzga en ausencia a Montesinos, cuyo arresto es solicitado a través de la Interpol.
Empero, hasta donde se sabe, el ex presidente Alberto Fujimori no está vinculado, hasta la fecha, a la investigación.
El analista Alfredo Rangel comento a la agencia AP, que a pesar de que ese jefe rebelde era "un excelente gerente del negocio del narcotráfico... no creo que signifique de ninguna manera un golpe para el negocio del narco para las FARC. Será reemplazado por otra persona". El comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla, destacó que "El Negro Acacio se había convertido en un mito al que las operaciones de las fuerzas armadas no llegaban", en virtud de las repetidas acciones de las que se libró. Mencionó que una de ellas fue la operación "Gato Negro", la que en el 2001 desarrolló la recién creada Fuerza de Despliegue Rápido y que culminó con la captura del traficante brasileño Luiz Fernando da Costa, mejor conocido como "Fernandinho Beira-Mar".
El brasileño intercambiaba drogas por armas con el jefe rebelde.
"El Negro Acacio" también fue en el 2002 el primer guerrillero de las FARC pedido en extradición por la justicia estadounidense, por aparentemente erigir un emporio cocalero en Vichada y Guainía, departamentos que representan un inhóspito territorio selvático fronterizo con Venezuela y Brasil.
La acusación estadounidense detalla que entre el 2002 y 2004, "Molina Caracas" —así se lo identifica— y otro guerrillero identificado como Gentil Alvis Patiño, alias "Chigüiro", transaron al menos mil fusiles por droga, a una tasa de 1.5 kilos de cocaína por cada arma.
El comandante guerrillero muerto era buscado a nivel mundial por la Interpol y penden 23 órdenes de captura en su contra emanadas de autoridades colombianas por delitos como rebelión, terrorismo y asesinatos, entre muchos otros.
Dice el periódico El Tiempo On line, Septiembre 4 de 2007 que "En las comunicaciones cifradas, guerrilleros del frente 16 de las Farc informaron al radioperador del frente 44 que su jefe, Tomás Medina Caracas, conocido como el 'Negro Acacio', los había dejado.
Las interceptaciones -detectadas en la tarde del domingo y la mañana del lunes-, la información recogida en el sitio por las tropas de la Fuerza de Tarea Omega que el fin de semana coparon el campamento principal de 'Acacio' y fuentes cercanas a las Farc, según informó ayer el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, coincidían: el guerrillero más buscado por la justicia de Estados Unidos, que lo señala de ser uno de los principales responsables del narcotráfico hacia ese país, estaba muerto.
Las fuerzas militares de Colombia anunciaron este lunes 3 de septiembre la muerte de Tomas Medina Caracas alias "Negro Acacio", comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ''Negro Acacio'', comandante del Frente de guerra 16 de las FARC y miembro del estado mayor de esa organización, aparentemente murió el sábado durante un ataque por tierra, aire y agua lanzado por las fuerzas militares y de policía contra el campamento del jefe guerrillero, quien mantenía su cuartel general en selvas del sur de Colombia, en las inmediaciones de la frontera con Brasil. ( en el departamento de Guaviare).
''Este golpe es, sin duda, el más fuerte que se le ha dado a la capacidad logística a este grupo terrorista'', declaró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, en rueda de prensa y agregó: ''(El Negro Acacio es) considerado uno de los más sanguinarios y astutos cabecillas'' de la organización.
"Algunos dicen que controlaba la mitad del presupuesto de las FARC y su capacidad logística, contactos con redes internacionales del crimen eran un aspecto muy importante. Por eso decimos que tal vez no ha habido golpe más contundente contra la logística de las FARC que el que se dio este fin de semana", sostuvo el ministro.
Otros 16 guerrilleros también habrían perecido en el ataque.
Indicó que el "El Negro Acacio", "fue uno de los artífices de la transformación y el fortalecimiento de las FARC en los años 90 cuando a través del narcotráfico aumentaron la capacidad en armas, insumos químicos y reclutamiento".
Sin embargo, el ministro reconoció que solo tenía informes de inteligencia para validar el reporte, porque supuestamente el cuerpo del jefe rebelde fue llevado por sus compañeros para no dejar rastros de su muerte.
El comandante rebelde, uno de los de mayor jerarquía ultimado por tropas oficiales, ocupaba un cargo de suma importancia para las FARC, pues según las autoridades, dirigía un frente que aporta importantes recursos provenientes del narcotráfico a esa organización y canjeaba drogas por armas.
Acacio, también conocido como el ''Pablo Escobar de las FARC'', dirigió en 1999 el contrabando de armas más grande de la historia colombiana, en el que participaron el asesor de inteligencia del Presidente peruan, Vladimiro Montesinos, y el poderoso narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, alias ''Fernandinho Beira-Mar''. Este último fue arrestado el 19 de abril del 2001 en las selvas del departamento colombiano de Guainía y entregado a Brasil, donde fue condenado a 30 años de cárcel.
La operación de contrabando incluyó la compra de 10,000 fusiles AK en Jordania, parte de los cuales fueron lanzados con paracaídas sobre Barrancominas, región selvática del departamento amazónico de Vichada, en el sur de Colombia, desde un avión carguero ruso cuyo destino final era Perú.
Por este caso la fiscalía colombiana condenó al ''Negro Acacio'' a 20 años de prisión y juzga en ausencia a Montesinos, cuyo arresto es solicitado a través de la Interpol.
Empero, hasta donde se sabe, el ex presidente Alberto Fujimori no está vinculado, hasta la fecha, a la investigación.
El analista Alfredo Rangel comento a la agencia AP, que a pesar de que ese jefe rebelde era "un excelente gerente del negocio del narcotráfico... no creo que signifique de ninguna manera un golpe para el negocio del narco para las FARC. Será reemplazado por otra persona". El comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla, destacó que "El Negro Acacio se había convertido en un mito al que las operaciones de las fuerzas armadas no llegaban", en virtud de las repetidas acciones de las que se libró. Mencionó que una de ellas fue la operación "Gato Negro", la que en el 2001 desarrolló la recién creada Fuerza de Despliegue Rápido y que culminó con la captura del traficante brasileño Luiz Fernando da Costa, mejor conocido como "Fernandinho Beira-Mar".
El brasileño intercambiaba drogas por armas con el jefe rebelde.
"El Negro Acacio" también fue en el 2002 el primer guerrillero de las FARC pedido en extradición por la justicia estadounidense, por aparentemente erigir un emporio cocalero en Vichada y Guainía, departamentos que representan un inhóspito territorio selvático fronterizo con Venezuela y Brasil.
La acusación estadounidense detalla que entre el 2002 y 2004, "Molina Caracas" —así se lo identifica— y otro guerrillero identificado como Gentil Alvis Patiño, alias "Chigüiro", transaron al menos mil fusiles por droga, a una tasa de 1.5 kilos de cocaína por cada arma.
El comandante guerrillero muerto era buscado a nivel mundial por la Interpol y penden 23 órdenes de captura en su contra emanadas de autoridades colombianas por delitos como rebelión, terrorismo y asesinatos, entre muchos otros.
Dice el periódico El Tiempo On line, Septiembre 4 de 2007 que "En las comunicaciones cifradas, guerrilleros del frente 16 de las Farc informaron al radioperador del frente 44 que su jefe, Tomás Medina Caracas, conocido como el 'Negro Acacio', los había dejado.
Las interceptaciones -detectadas en la tarde del domingo y la mañana del lunes-, la información recogida en el sitio por las tropas de la Fuerza de Tarea Omega que el fin de semana coparon el campamento principal de 'Acacio' y fuentes cercanas a las Farc, según informó ayer el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, coincidían: el guerrillero más buscado por la justicia de Estados Unidos, que lo señala de ser uno de los principales responsables del narcotráfico hacia ese país, estaba muerto.
"En total murieron 17 guerrilleros. Y aunque no se recuperó el de 'Acacio', el Gobierno está tan seguro de este golpe, el más fuerte a las Farc en los últimos años, que ayer autorizó el pago de los 1,700 millones de pesos que se ofrecían como recompensa por el hombre que metió de lleno a las Farc en el narcotráfico."
Fuente: Agencias y El Tiempo
Pronunciamiento en San Lázaro
El pleno de la Cámara de Diputados expresó al Ejecutivo federal su “profundo rechazo” por el “corte” a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional del primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, en la sesión del Congreso General, el pasado sábado 1 de septiembre, cuando Ruth Zavaleta (PRD), presidenta de la Cámara, tomó la palabra.
Los grupos parlamentarios aprobaron el siguiente pronunciamiento:
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de septiembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con los artículos 33, y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura acuerdan someter a la consideración del pleno el siguiente
Pronunciamiento
Único. La Cámara de Diputados expresa al Ejecutivo federal un profundo rechazo por la interrupción que se realizó a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional de la sesión del Congreso General efectuada el pasado 1 de septiembre de 2007.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba el pronunciamiento. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese.
Los grupos parlamentarios aprobaron el siguiente pronunciamiento:
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de septiembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con los artículos 33, y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura acuerdan someter a la consideración del pleno el siguiente
Pronunciamiento
Único. La Cámara de Diputados expresa al Ejecutivo federal un profundo rechazo por la interrupción que se realizó a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional de la sesión del Congreso General efectuada el pasado 1 de septiembre de 2007.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba el pronunciamiento. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese.
Recomendación 34/2007 de la CNDH
Con la entrega de la recomendación 34/2007 la CNDH cerró el caso de Ernestina Ascencio.
Comunicado de la CNDH CGCP/124/07
México, D. F., a 3 de septiembre de 2007
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública su Recomendación 34/2007, sobre el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, dirigida al general Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional; al maestro Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado de Veracruz; al diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislaturadel Congreso del Estado de Veracruz y a la licenciada Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
El Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, manifestó que la muerte de esta mujer desnudó varias precariedades en el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto. “Se evidenciaron de la peor manera, subrayó, la ineficiencia burocrática, la inoperancia y la deficiente preparación de numerosos servidores públicos municipales, estatales y federales, pero también la incuria y la mala fe”.
Destacó que la investigación de un caso criminal basado en especulaciones, actos de fe y carencia de pruebas científicas mostró los alarmantes excesos a los que puede llegar el manejo de los intereses políticos en nuestro país.
“Asistimos, añadió Soberanes Fernández, a un lamentable despliegue de oportunismo y falta de escrúpulos. Sin pruebas de por medio, sin haber concluido las investigaciones, sin haber evaluado la suma de evidencias, diversos grupos se erigieron en jueces altisonantes e inapelables y buscaron –y quizás aún lo buscan— convertir la muerte de Ernestina Ascencio en una bandera para sus causas”.
Tras señalar que doña Ernestina sufrió todas las discriminaciones posibles: como mujer, indígena monolingüe, anciana y paciente médico en estado crítico, entre otras, demandó que haya discusión con datos e información, y no con sesgos partidistas. “La memoria de Ernestina Ascencio y el conocimiento de una verdad exigen que el debate sobre su fallecimiento deje de conducirse a partir de dogmas ideológicos”, aseguró.
Acompañado por la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, así como por los peritos médicos que intervinieron en el caso, Soberanes Fernández enfatizó que “Ernestina Ascencio ya es un símbolo –sin duda molesto, sin duda incómodo para quienes lo vieron como rápida oportunidad para los aprovechamientos mediáticos—, porque el suyo es uno de los muchos nombres del rezago histórico de los mexicanos más pobres, de la disparidad y del atraso que puede haber en la sociedad mexicana”.
Aseveró que, como resultado de las investigaciones de la CNDH, quedó establecido que la señora Ascencio Rosaria no fue víctima de violación sexual ni de ataque a su persona, y que falleció a causa de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas, en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica.
Refirió que quedaron al descubierto errores y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz que intervino en el caso, ya que sus peritos médicos llegaron a conclusiones erróneas y contrarias a la práctica de la medicina forense, lo que contribuyó a que ganara fuerza la tesis de la violación sexual y se enviaran pistas equivocadas a investigadores del Ministerio Público y a visitadores de la CNDH, además de confundir a la opinión pública.
Dio a conocer que el actuar del Ministerio Público también mostró irregularidades que ocasionaron la vulneración de los derechos de legalidad y de seguridad jurídica, además de permitir que varios militares ignoraran requerimientos y citatorios, sin consecuencia alguna, y utilizar traductores que, por incompetencia o mala fe, distorsionaron sustantivamente los testimonios rendidos en lengua náhuatl.
Al señalar que el traductor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asentó afirmaciones que jamás fueron dichas en náhuatl por la hija de la señora Ascencio –cuyas palabras están registros videograbados que requirieron estudios lingüísticos—, Soberanes Fernández puntualizó que esa actuación fue una maquinación contra la ley y la verdad, cuya finalidad y propósitos aún deben ser desentrañados.
Mencionó que las autoridades del municipio de Soledad Atzompa rehuyeron sus responsabilidades, ya que el alcalde faltó a su deber al conocer de un presunto delito por parte de militares y no denunciarlo, e incluso se negó a colaborar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos y cuando la CNDH le solicitó conocer las pruebas que ante la prensa dijo tener, se negó a proporcionarlas.
En cuanto a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso, dijo que fue irregular en repetidas ocasiones, como instalar un campamento en contravención de la legislación castrense y la negativa de diversos militares a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción alguna por obstruir la justicia y entorpecer la búsqueda de la verdad, además de emitir diversos comunicados de prensa que confundieron a la opinión pública al contener información incierta y no comprobable.
“En el México democrático, dijo, es inadmisible que la Sedena pueda incurrir en situaciones de desinformación como política de comunicación social. El silencio de una institución tan relevante y comprometida con México sólo puede generar zozobra en la sociedad. Los integrantes de nuestras fuerzas armadas son parte de la sociedad nacional y no pueden incurrir, en el siglo XXI, en conductas públicas de cofradía, que sólo abren caminos a la impunidad y al abuso”.
Respecto de la especulación en algunos medios informativos acerca de que la CNDH informó al Presidente Felipe Calderón de los resultados de sus estudios médico forenses tras la exhumación del cadáver de la señora Ascencio, precisó que de acuerdo con las investigaciones de este Organismo nacional, la Sedena elaboró por escrito tres días antes un informe pericial sobre el caso.
Al presentar pormenores de las investigaciones de la CNDH en este caso, la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, reveló que los militares asentados irregularmente en predios de un particular en el área de Zongolica realizaban operaciones de reconocimiento mediante patrullajes y actividades de búsqueda de información, con el fin de disuadir e inhibir acciones violentas por parte de grupos subversivos, así como para ubicar campos de adiestramiento, casas de seguridad, líderes, centros de acopio de armas, municiones, vestuario y equipos.Informó que en la investigación ministerial 227/2007/S.S que integra la Procuraduría estatal sobresale la evidencia testimonial de una servidora pública de dicha representación social que reveló que “quien realizó la necropsia, el 26 de febrero de 2007, al cuerpo de la señora Ascencio Rosaria fue un empleado de la funeraria “Hermanos Vázquez” y no el médico legista designado para tal diligencia”.
Expresó que la CNDH acreditó que servidores públicos de la procuraduría estatal toleraron que personas ajenas a la institución intervinieran activamente en las diligencias ministeriales, tales como participar en el embalaje de muestras, toma de fotografías del cuerpo de la agraviada y en el estudio de necropsia del 26 de febrero de 2007, la cual “se realizó en un lugar distinto del recinto oficial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz”, violentado lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Dio a conocer que la CNDH cuenta con evidencias videográficas que se obtuvieron con motivo de los testimonios que rindieron los familiares y vecinos de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, donde participó como traductor del español al náhuatl y del náhuatl al español un servidor público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Añadió que al ser valorada lingüísticamente dicha traducción por un profesor-investigador experto en idioma náhuatl, adscrito al Posgrado en Ciencias del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “se acreditó que el referido servidor público de la Comisión Estatal no se limitó a traducir los testimonios de los familiares y vecinos de la presunta agraviada, sino realizó una labor de intérprete e indujo en varias ocasiones a los entrevistados, lo cual no sólo ocasionó una deficiente traducción, sino una distorsión de la verdad histórica del testimonio rendido”.
Por lo anterior, la CNDH emitió su Recomendación 34/2007, que consta de 446 páginas, resultado de un expediente de 9,190 fojas, donde se contienen las actuaciones del personal de la CNDH, reportes de información emitidos por diversas autoridades federales, estatales y municipales, así como 14 dictámenes médicos de esta Comisión Nacional y tres dictámenes lingüísticos de un traductor especializado, así como diversos dictámenes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de laboratorios médicos particulares.
La recomendación completa puede leerese en:http://www.cndh.org.mx/
Unicamente pongo en esta bitácora las:
V. RECOMENDACIONES
A usted, señor Secretario de la Defensa Nacional:
PRIMERA. Gire instrucciones para que se agilice la determinación de la averiguación previa 26ZM/04/2007, radicada en la agencia del Ministerio Público adscrita a la 26/a. Zona Militar de el Lancero, Veracruz. De su resolución definitiva se informe puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDA. Se sirva dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del personal de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea que tuvo a su cargo la integración del expediente AJ-04-07, debido a las omisiones e irregularidades en que incurrió y las cuales se describen en el cuerpo de la presente recomendación.
TERCERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda, para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con su normatividad, tome en consideración las evidencias y observaciones de la presente recomendación, durante el trámite de investigación del procedimiento administrativo interno de investigación AJ-07-07, a fin de deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incurrieron en las acciones y omisiones precisadas en este documento y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las actuaciones que practique la citada autoridad administrativa, de su intervención hasta su conclusión.
CUARTA. Gire instrucciones a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, para que se inicie procedimiento administrativo interno de investigación, en contra de la agente del Ministerio Público Militar que tiene a su cargo la integración de la averiguación previa 26ZM/04/07, y que en dicho procedimiento se tomen en consideración la evidencias y observaciones contenidas en la presente recomendación con las que se acreditaron las acciones y omisiones en que incurrió la representación social militar, y se informe puntualmente de los avances de la investigación administrativa hasta su total conclusión.
QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se intensifique la capacitación al personal que integra las diferentes Bases de Operaciones, sobre la conducta y respeto a los derechos humanos que deben observar en el desempeño de su actuación y del avance y resultado de los logros obtenidos se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A usted, señor Gobernador del Estado de Veracruz:
PRIMERA. Gire instrucciones al Procurador General de Justicia de ese estado, para que la Subprocuraduría de Supervisión y Control, de acuerdo con su normatividad, tome en consideración las evidencias y observaciones de la presente recomendación, durante el trámite de investigación del procedimiento administrativo de responsabilidad 061/07 a fin de deslindar las responsabilidades de los servidores públicos María Catalina Rodríguez Rosas, Juan Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vásquez, que incurrieron en las acciones y omisiones precisadas en este mismo documento y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las actuaciones que practique la citada Subprocuraduría, de su intervención hasta su total conclusión.
SEGUNDA. Gire instrucciones al Procurador General de Justicia del estado de Veracruz para que se radique procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de todos aquellos servidores públicos que incurrieron en las acciones y omisiones descritas en el cuerpo de este documento y que intervinieron directa o indirectamente en la integración de la investigación ministerial 140/2007/AE. De los avances y resultado de dicha investigación se informe periódicamente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
TERCERA. Gire instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, resuelva a la brevedad la investigación ministerial 227/2007/SS radicada en la agencia del Ministerio Público Investigador Sector Sur, con residencia en Orizaba, Veracruz, con motivo de la presunta responsabilidad de quién o quiénes hayan difundido indebidamente una foto del cuerpo de la persona que en vida respondió al nombre de Ernestina Ascencio Rosaria, obtenidas durante la práctica de la necropsia, de 26 de febrero de 2007.
CUARTA. Gire instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, radique una investigación ministerial por las probables conductas delictivas en que pudieron haber incurrido los servidores públicos que intervinieron en la integración de la indagatoria 140/2007/AE y que no preservaron y custodiaron debidamente las evidencias obtenidas en la secuela de la investigación.
QUINTA. Se instruya al Procurador General de Justicia del estado de Veracruz, para que inicie investigación ministerial en contra de las personas ajenas a la institución que ayudaron a los peritos de la Dirección de Servicios Periciales, así como para que también se determine la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los mismos funcionarios al tolerar dicha ayuda.
SEXTA. Se instruya a quien corresponda para que se lleve a cabo las acciones necesarias para evaluar, en forma periódica, los conocimientos periciales y en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, lo cual permitirá identificar, en su caso, a los servidores públicos que indebidamente preserven las evidencias que les son proporcionadas en cadena de custodia y con ello impidan un adecuado ejercicio de la función pública, para que con esto se evite incurrir en conductas como las que dieron lugar a la presente recomendación.
SÉPTIMA. Se tomen las medidas necesarias para que se fortalezcan los procedimientos relativos al servicio civil de carrera para la contratación y selección del personal, tomando en consideración el perfil y necesidades del puesto, formación, capacitación, adiestramiento y evaluación de los funcionarios o servidores públicos adscritos a las distintas delegaciones de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, en el manejo adecuado de evidencias y elaboración de dictámenes y, de esta manera, se garantice la adecuada emisión de peritajes.
OCTAVA. Se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para que a las diferentes delegaciones de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, se les proporcionen los recursos materiales, económicos y humanos suficientes, a fin de establecer las medidas necesarias tendentes a lograr que el trabajo que desempeñen los peritos adscritos a esa Dirección sea el adecuado y, con ello, evitar futuras irregularidades en la preservación, custodia y estudio de las evidencias que se recaban en las investigaciones ministeriales.
NOVENA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se profesionalice la labor de los traductores que prestan auxilio a las diferentes agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, o bien se lleven a cabo convenios de colaboración con instituciones que cuenten con especialistas en la materia, con el propósito de que las diferentes comunidades indígenas cuenten con el respaldo de una debida traducción en las declaraciones ministeriales que rinden en las indagatorias correspondientes. Asimismo, se busquen los mecanismos para que las actuaciones realizadas por la representación social del fuero común, sean también suscritas en la lengua indígena las declaraciones de la víctima o victimario involucrado.
DÉCIMA. Gire instrucciones a la representación social del Estado, para que en términos del artículo 758 del Código Civil de dicha entidad federativa, comunique al Oficial del Registro Civil que realice la inserción correspondiente en el acta de defunción de la señora Ernestina Ascencio Rosaria. Lo anterior, también en términos de lo dispuesto en el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales para Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A usted, señor Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del H. Congreso del estado de Veracruz:
ÚNICA. Gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que se investiguen las omisiones e irregularidades que se acreditaron en el cuerpo de esta recomendación y que se atribuyen al Presidente Municipal y al Director de Obras Públicas y Desarrollo, ambos del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz y, en su caso, se acuerde lo que en derecho proceda.
A usted, señora Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz:
PRIMERA. Gire sus instrucciones para que se capacite al personal que tiene a su cargo prestar sus servicios en las comunidades étnicas ubicadas en el estado de Veracruz, con el propósito de que cuente con la preparación suficiente para traducir los diferentes idiomas que se hablan en dicha entidad federativa y, con ello, contribuir a una optima defensa de sus derechos humanos.
SEGUNDA. Se de vista de la presente recomendación al Órgano Interno de Control en esa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, para que tome en consideración las evidencias y observaciones del presente documento, en el procedimiento administrativo de investigación que se inició en contra del Delegado Étnico de la Región Zongolica, adscrito a ese Organismo local, por las irregularidades en que incurrió durante su desempeño como traductor en los testimonios que recabó esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso que nos ocupa. Asimismo, se sirva informar puntualmente a este Organismo Nacional los avances y la conclusión de la referida investigación administrativa.
La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, así como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.
De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.
Igualmente, con apoyo en el mismo fundamento jurídico, solicito a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación que se les dirige, se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.
La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia.
EL PRESIDENTE
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ
Comunicado de la CNDH CGCP/124/07
México, D. F., a 3 de septiembre de 2007
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública su Recomendación 34/2007, sobre el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, dirigida al general Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional; al maestro Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado de Veracruz; al diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislaturadel Congreso del Estado de Veracruz y a la licenciada Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
El Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, manifestó que la muerte de esta mujer desnudó varias precariedades en el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto. “Se evidenciaron de la peor manera, subrayó, la ineficiencia burocrática, la inoperancia y la deficiente preparación de numerosos servidores públicos municipales, estatales y federales, pero también la incuria y la mala fe”.
Destacó que la investigación de un caso criminal basado en especulaciones, actos de fe y carencia de pruebas científicas mostró los alarmantes excesos a los que puede llegar el manejo de los intereses políticos en nuestro país.
“Asistimos, añadió Soberanes Fernández, a un lamentable despliegue de oportunismo y falta de escrúpulos. Sin pruebas de por medio, sin haber concluido las investigaciones, sin haber evaluado la suma de evidencias, diversos grupos se erigieron en jueces altisonantes e inapelables y buscaron –y quizás aún lo buscan— convertir la muerte de Ernestina Ascencio en una bandera para sus causas”.
Tras señalar que doña Ernestina sufrió todas las discriminaciones posibles: como mujer, indígena monolingüe, anciana y paciente médico en estado crítico, entre otras, demandó que haya discusión con datos e información, y no con sesgos partidistas. “La memoria de Ernestina Ascencio y el conocimiento de una verdad exigen que el debate sobre su fallecimiento deje de conducirse a partir de dogmas ideológicos”, aseguró.
Acompañado por la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, así como por los peritos médicos que intervinieron en el caso, Soberanes Fernández enfatizó que “Ernestina Ascencio ya es un símbolo –sin duda molesto, sin duda incómodo para quienes lo vieron como rápida oportunidad para los aprovechamientos mediáticos—, porque el suyo es uno de los muchos nombres del rezago histórico de los mexicanos más pobres, de la disparidad y del atraso que puede haber en la sociedad mexicana”.
Aseveró que, como resultado de las investigaciones de la CNDH, quedó establecido que la señora Ascencio Rosaria no fue víctima de violación sexual ni de ataque a su persona, y que falleció a causa de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas, en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica.
Refirió que quedaron al descubierto errores y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz que intervino en el caso, ya que sus peritos médicos llegaron a conclusiones erróneas y contrarias a la práctica de la medicina forense, lo que contribuyó a que ganara fuerza la tesis de la violación sexual y se enviaran pistas equivocadas a investigadores del Ministerio Público y a visitadores de la CNDH, además de confundir a la opinión pública.
Dio a conocer que el actuar del Ministerio Público también mostró irregularidades que ocasionaron la vulneración de los derechos de legalidad y de seguridad jurídica, además de permitir que varios militares ignoraran requerimientos y citatorios, sin consecuencia alguna, y utilizar traductores que, por incompetencia o mala fe, distorsionaron sustantivamente los testimonios rendidos en lengua náhuatl.
Al señalar que el traductor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asentó afirmaciones que jamás fueron dichas en náhuatl por la hija de la señora Ascencio –cuyas palabras están registros videograbados que requirieron estudios lingüísticos—, Soberanes Fernández puntualizó que esa actuación fue una maquinación contra la ley y la verdad, cuya finalidad y propósitos aún deben ser desentrañados.
Mencionó que las autoridades del municipio de Soledad Atzompa rehuyeron sus responsabilidades, ya que el alcalde faltó a su deber al conocer de un presunto delito por parte de militares y no denunciarlo, e incluso se negó a colaborar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos y cuando la CNDH le solicitó conocer las pruebas que ante la prensa dijo tener, se negó a proporcionarlas.
En cuanto a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso, dijo que fue irregular en repetidas ocasiones, como instalar un campamento en contravención de la legislación castrense y la negativa de diversos militares a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción alguna por obstruir la justicia y entorpecer la búsqueda de la verdad, además de emitir diversos comunicados de prensa que confundieron a la opinión pública al contener información incierta y no comprobable.
“En el México democrático, dijo, es inadmisible que la Sedena pueda incurrir en situaciones de desinformación como política de comunicación social. El silencio de una institución tan relevante y comprometida con México sólo puede generar zozobra en la sociedad. Los integrantes de nuestras fuerzas armadas son parte de la sociedad nacional y no pueden incurrir, en el siglo XXI, en conductas públicas de cofradía, que sólo abren caminos a la impunidad y al abuso”.
Respecto de la especulación en algunos medios informativos acerca de que la CNDH informó al Presidente Felipe Calderón de los resultados de sus estudios médico forenses tras la exhumación del cadáver de la señora Ascencio, precisó que de acuerdo con las investigaciones de este Organismo nacional, la Sedena elaboró por escrito tres días antes un informe pericial sobre el caso.
Al presentar pormenores de las investigaciones de la CNDH en este caso, la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, reveló que los militares asentados irregularmente en predios de un particular en el área de Zongolica realizaban operaciones de reconocimiento mediante patrullajes y actividades de búsqueda de información, con el fin de disuadir e inhibir acciones violentas por parte de grupos subversivos, así como para ubicar campos de adiestramiento, casas de seguridad, líderes, centros de acopio de armas, municiones, vestuario y equipos.Informó que en la investigación ministerial 227/2007/S.S que integra la Procuraduría estatal sobresale la evidencia testimonial de una servidora pública de dicha representación social que reveló que “quien realizó la necropsia, el 26 de febrero de 2007, al cuerpo de la señora Ascencio Rosaria fue un empleado de la funeraria “Hermanos Vázquez” y no el médico legista designado para tal diligencia”.
Expresó que la CNDH acreditó que servidores públicos de la procuraduría estatal toleraron que personas ajenas a la institución intervinieran activamente en las diligencias ministeriales, tales como participar en el embalaje de muestras, toma de fotografías del cuerpo de la agraviada y en el estudio de necropsia del 26 de febrero de 2007, la cual “se realizó en un lugar distinto del recinto oficial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz”, violentado lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Dio a conocer que la CNDH cuenta con evidencias videográficas que se obtuvieron con motivo de los testimonios que rindieron los familiares y vecinos de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, donde participó como traductor del español al náhuatl y del náhuatl al español un servidor público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Añadió que al ser valorada lingüísticamente dicha traducción por un profesor-investigador experto en idioma náhuatl, adscrito al Posgrado en Ciencias del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “se acreditó que el referido servidor público de la Comisión Estatal no se limitó a traducir los testimonios de los familiares y vecinos de la presunta agraviada, sino realizó una labor de intérprete e indujo en varias ocasiones a los entrevistados, lo cual no sólo ocasionó una deficiente traducción, sino una distorsión de la verdad histórica del testimonio rendido”.
Por lo anterior, la CNDH emitió su Recomendación 34/2007, que consta de 446 páginas, resultado de un expediente de 9,190 fojas, donde se contienen las actuaciones del personal de la CNDH, reportes de información emitidos por diversas autoridades federales, estatales y municipales, así como 14 dictámenes médicos de esta Comisión Nacional y tres dictámenes lingüísticos de un traductor especializado, así como diversos dictámenes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de laboratorios médicos particulares.
La recomendación completa puede leerese en:http://www.cndh.org.mx/
Unicamente pongo en esta bitácora las:
V. RECOMENDACIONES
A usted, señor Secretario de la Defensa Nacional:
PRIMERA. Gire instrucciones para que se agilice la determinación de la averiguación previa 26ZM/04/2007, radicada en la agencia del Ministerio Público adscrita a la 26/a. Zona Militar de el Lancero, Veracruz. De su resolución definitiva se informe puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDA. Se sirva dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del personal de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea que tuvo a su cargo la integración del expediente AJ-04-07, debido a las omisiones e irregularidades en que incurrió y las cuales se describen en el cuerpo de la presente recomendación.
TERCERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda, para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con su normatividad, tome en consideración las evidencias y observaciones de la presente recomendación, durante el trámite de investigación del procedimiento administrativo interno de investigación AJ-07-07, a fin de deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incurrieron en las acciones y omisiones precisadas en este documento y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las actuaciones que practique la citada autoridad administrativa, de su intervención hasta su conclusión.
CUARTA. Gire instrucciones a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, para que se inicie procedimiento administrativo interno de investigación, en contra de la agente del Ministerio Público Militar que tiene a su cargo la integración de la averiguación previa 26ZM/04/07, y que en dicho procedimiento se tomen en consideración la evidencias y observaciones contenidas en la presente recomendación con las que se acreditaron las acciones y omisiones en que incurrió la representación social militar, y se informe puntualmente de los avances de la investigación administrativa hasta su total conclusión.
QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se intensifique la capacitación al personal que integra las diferentes Bases de Operaciones, sobre la conducta y respeto a los derechos humanos que deben observar en el desempeño de su actuación y del avance y resultado de los logros obtenidos se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A usted, señor Gobernador del Estado de Veracruz:
PRIMERA. Gire instrucciones al Procurador General de Justicia de ese estado, para que la Subprocuraduría de Supervisión y Control, de acuerdo con su normatividad, tome en consideración las evidencias y observaciones de la presente recomendación, durante el trámite de investigación del procedimiento administrativo de responsabilidad 061/07 a fin de deslindar las responsabilidades de los servidores públicos María Catalina Rodríguez Rosas, Juan Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vásquez, que incurrieron en las acciones y omisiones precisadas en este mismo documento y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las actuaciones que practique la citada Subprocuraduría, de su intervención hasta su total conclusión.
SEGUNDA. Gire instrucciones al Procurador General de Justicia del estado de Veracruz para que se radique procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de todos aquellos servidores públicos que incurrieron en las acciones y omisiones descritas en el cuerpo de este documento y que intervinieron directa o indirectamente en la integración de la investigación ministerial 140/2007/AE. De los avances y resultado de dicha investigación se informe periódicamente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
TERCERA. Gire instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, resuelva a la brevedad la investigación ministerial 227/2007/SS radicada en la agencia del Ministerio Público Investigador Sector Sur, con residencia en Orizaba, Veracruz, con motivo de la presunta responsabilidad de quién o quiénes hayan difundido indebidamente una foto del cuerpo de la persona que en vida respondió al nombre de Ernestina Ascencio Rosaria, obtenidas durante la práctica de la necropsia, de 26 de febrero de 2007.
CUARTA. Gire instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, radique una investigación ministerial por las probables conductas delictivas en que pudieron haber incurrido los servidores públicos que intervinieron en la integración de la indagatoria 140/2007/AE y que no preservaron y custodiaron debidamente las evidencias obtenidas en la secuela de la investigación.
QUINTA. Se instruya al Procurador General de Justicia del estado de Veracruz, para que inicie investigación ministerial en contra de las personas ajenas a la institución que ayudaron a los peritos de la Dirección de Servicios Periciales, así como para que también se determine la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los mismos funcionarios al tolerar dicha ayuda.
SEXTA. Se instruya a quien corresponda para que se lleve a cabo las acciones necesarias para evaluar, en forma periódica, los conocimientos periciales y en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, lo cual permitirá identificar, en su caso, a los servidores públicos que indebidamente preserven las evidencias que les son proporcionadas en cadena de custodia y con ello impidan un adecuado ejercicio de la función pública, para que con esto se evite incurrir en conductas como las que dieron lugar a la presente recomendación.
SÉPTIMA. Se tomen las medidas necesarias para que se fortalezcan los procedimientos relativos al servicio civil de carrera para la contratación y selección del personal, tomando en consideración el perfil y necesidades del puesto, formación, capacitación, adiestramiento y evaluación de los funcionarios o servidores públicos adscritos a las distintas delegaciones de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, en el manejo adecuado de evidencias y elaboración de dictámenes y, de esta manera, se garantice la adecuada emisión de peritajes.
OCTAVA. Se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para que a las diferentes delegaciones de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, se les proporcionen los recursos materiales, económicos y humanos suficientes, a fin de establecer las medidas necesarias tendentes a lograr que el trabajo que desempeñen los peritos adscritos a esa Dirección sea el adecuado y, con ello, evitar futuras irregularidades en la preservación, custodia y estudio de las evidencias que se recaban en las investigaciones ministeriales.
NOVENA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se profesionalice la labor de los traductores que prestan auxilio a las diferentes agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, o bien se lleven a cabo convenios de colaboración con instituciones que cuenten con especialistas en la materia, con el propósito de que las diferentes comunidades indígenas cuenten con el respaldo de una debida traducción en las declaraciones ministeriales que rinden en las indagatorias correspondientes. Asimismo, se busquen los mecanismos para que las actuaciones realizadas por la representación social del fuero común, sean también suscritas en la lengua indígena las declaraciones de la víctima o victimario involucrado.
DÉCIMA. Gire instrucciones a la representación social del Estado, para que en términos del artículo 758 del Código Civil de dicha entidad federativa, comunique al Oficial del Registro Civil que realice la inserción correspondiente en el acta de defunción de la señora Ernestina Ascencio Rosaria. Lo anterior, también en términos de lo dispuesto en el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales para Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A usted, señor Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del H. Congreso del estado de Veracruz:
ÚNICA. Gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que se investiguen las omisiones e irregularidades que se acreditaron en el cuerpo de esta recomendación y que se atribuyen al Presidente Municipal y al Director de Obras Públicas y Desarrollo, ambos del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz y, en su caso, se acuerde lo que en derecho proceda.
A usted, señora Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz:
PRIMERA. Gire sus instrucciones para que se capacite al personal que tiene a su cargo prestar sus servicios en las comunidades étnicas ubicadas en el estado de Veracruz, con el propósito de que cuente con la preparación suficiente para traducir los diferentes idiomas que se hablan en dicha entidad federativa y, con ello, contribuir a una optima defensa de sus derechos humanos.
SEGUNDA. Se de vista de la presente recomendación al Órgano Interno de Control en esa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, para que tome en consideración las evidencias y observaciones del presente documento, en el procedimiento administrativo de investigación que se inició en contra del Delegado Étnico de la Región Zongolica, adscrito a ese Organismo local, por las irregularidades en que incurrió durante su desempeño como traductor en los testimonios que recabó esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso que nos ocupa. Asimismo, se sirva informar puntualmente a este Organismo Nacional los avances y la conclusión de la referida investigación administrativa.
La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, así como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.
De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.
Igualmente, con apoyo en el mismo fundamento jurídico, solicito a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación que se les dirige, se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.
La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia.
EL PRESIDENTE
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ
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