Recurso de reclamación 58/2007-PL; SCJN

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión celebrada este martes 12 de Junio de 2007, resolvió el recurso de reclamación número 58/2007-PL, promovido por La Cámara de Diputados en contra del auto que admitió a trámite la demanda de Controversia Constitucional interpuesta por el Instituto Federal Electoral.
En concreto, dicha resolución declara procedente y fundado el referido recurso de reclamación presentado por la LX Legislatura.
El posicionamiento de la Cámara de Diputados quedo de manifiesto en un comunicado que dice: “la Presidencia de la Mesa Directiva, en el marco de la división de Poderes, reitera su absoluto respeto al fallo del Máximo Tribunal de Justicia del país. Considera, además, que esta decisión brinda certeza y seguridad jurídica al orden constitucional mexicano, ya que la Corte determinó que los órganos enlistados en la Carta Magna son los únicos facultados para interponer controversias constitucionales. Con el fallo, la Corte le da la razón a esta Soberanía y refrenda la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.”
Primeras reacciones:
Legisladores del PAN, PRD y PRI manifestaron su beneplácito, el diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) explicó que a pesar de que el IFE manifestó reiteradamente que no se recortara el presupuesto, el ajuste se dio porque en 2007 “no hay elecciones federales”.
Dijo que la resolución de la SCJN ubica al IFE, “porque el doctor Luis Carlos Ugalde insistió en que sí tenían derecho a iniciar controversias constitucionales y que la Cámara de Diputados no debió hacer un recorte; sin embargo, varios legisladores opinamos que no era así”.
Celebró que la SCJN desechara la demanda del Instituto Federal Electoral, “porque el tema de fondo es que la Cámara de Diputados puede, a través del presupuesto, incidir en la disminución de su gasto corriente, porque es evidente que no necesitan el mismo número de gente y el mismo número de gasto cuando hay elecciones que cuando no están programadas”.
En tanto, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN) calificó de “acertado” que se haya desechado la controversia. “Esta polémica sienta un precedente muy importante, el IFE estaba en todo su derecho de promover esa inquietud, pero tenemos que ajustar muchas cosas en el país y poner los ladrillos en las paredes adecuadas”. En su opinión, no hay nada qué festejar, “simplemente es una decisión para acomodar las cosas en su lugar. Esto ya quedó rebasado y seguimos para adelante, con el mismo respeto hacia el Instituto”.
Señaló que este revés al Instituto Federal Electoral no debe ser visto como un debilitamiento del organismo, sino que se trata de acomodar las instituciones del país en su justa dimensión.
Por su parte, Juan Guerra Ochoa (PRD), manifestó que la Corte no podía resolver otra cosa y que el fallo era lo esperado porque el IFE no tiene la capacidad para presentar controversias y es innegable la facultad que tiene el Congreso para establecer el presupuesto de todas las instancias gubernamentales y las entidades autónomas.
“Si el Congreso no tuviera facultades para modificar las propuestas que mandan los órganos autónomos, es tanto como suponer que el Instituto, la Corte o el Tribunal Electoral se van a autorizar su propio presupuesto. Evidentemente era un pleito absurdo, y no ha sido más que una cortina de humo para desviar la descalificación que existe en varias bancadas respecto al comportamiento el IFE en las pasadas elecciones”, consideró.
La primera reacción es en el sentido de que el IFE - en voz de sus consejeros- respetan la decisión en el sentido de que los órganos autonómos carecen de legitimación para presentar controversias constitucionales.
El Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde calificó como histórico el debate que sobre el tema llevaron a cabo los integrantes del máximo tribunal del país, aunque subrayó que no entraron al fondo del asunto que consistía en determinar si la Cámara de Diputados invadió las atribuciones del IFE para determinar la distribución de su presupuesto.
En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes siete de los nueve consejeros ciudadanos del IFE -faltaron Rodrigo Morales y Andrés Albo-, Luis Carlos Ugalde Ramírez apuntó que el fallo contribuye a aclarar los alcances de la autonomía del IFE y la capacidad para defender sus atribuciones frente a otros órganos.
El consejero presidente también opinó que la Corte ha actuado con una interpretación que considera adecuada y correcta respecto a las normas constitucionales.
Sin embargo, vale la pena leer los posicionamientos está en la página de internet de la SCJN.

17 años de la CNDH

“Las deficiencias y los retos del organismo (CNDH), que preside José Luis Soberanes, son analizados en un foro de REFORMA por Raúl Plascencia, primer visitador de la CNDH; Sandra Serrano, investigadora del ITAM e integrante del programa Atalaya, y Edgar Cortez, presidente de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.”

Entrevista en el periódico Reforma publicada el 12 de junio del 2007
Preguntas y respuestas:
-¿Está en juego la legitimidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Raúl Plascencia (RP): Debemos cuidar mucho a las instituciones públicas, porque es una manera de mantener el Estado de derecho. La CNDH ha tenido una evolución en estos 17 años, muy particular. De una oficina de la Secretaría de Gobernación se ha transformado en un organismo con autonomía constitucional.
Las instituciones públicas existen y subsisten para fortalecer la vigencia del Estado de derecho, y son y deben ser materia de su fortalecimiento, evolución y análisis, en una prospectiva que permita su avance y modernización.
Sandra Serrano (SS): De lo que se trata ahora es cómo va rendir cuentas la CNDH, no se trata de criticarla sólo por algunos puntos, sino que se trata de que las instituciones, como debería de ser la Cámara de Senadores, a través de su Comisión de Derechos Humanos, ejerzan sus facultades de supervisión que tienen hacia la CNDH, que exijan la rendición de cuentas más allá del informe anual.
Que vean si el ombudsman nacional tiene o no una legitimidad de ejercicio, (si) se ha ganado o no el puesto y la legitimidad ante la sociedad y otras instituciones, para que sus recomendaciones sean aceptadas y para que los grupos de la sociedad civil puedan acompañarla en muchos tránsitos frente a otras autoridades.
Si no se hace el análisis de las actividades de la CNDH, entonces sería muy difícil hablar de su legitimidad sólo en términos amplios.
Edgar Cortez (EC): Cuando hablamos de legitimidad o autonomía, no es una característica que se da a priori o porque esté en la ley, es algo que tiene que ser resultado del trabajo de la institución y evaluar a partir de ciertos aspectos. Desde la perspectiva de los organismos civiles, consideramos que tendría que ser una evaluación para conocer en qué medida se aplican los estándares más altos de protección al tema de los derechos humanos, en qué medida mantiene una línea continua de actuación, exigencia y monitoreo respecto de los distintos actores que puedan estar cometiendo violaciones de derechos humanos.
Y el tercero sería el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Con estos criterios me atrevo a decir que la legitimidad tiene una serie de interrogantes en este momento.
-¿Rendición de cuentas?
RP: La CNDH es uno de los organismos más auditados en este país, la revisa la Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República, se hace la glosa del informe, se audita internamente por parte de la Comisión Nacional, para que haya cuentas claras. Se dice que no hay en consensos claros de los indicadores de cómo rendir cuentas, pero sería muy importante traer a esta mesa los resultados del trabajo, hacer referencia que una de cada tres quejas que se presentan, se resuelven, encuentran una respuesta satisfactoria a los intereses del quejoso.
Que la CNDH es una de las cuatro instituciones públicas que representa la mayor confianza para la sociedad, y esto ha sido por el trabajo que se ha llevado a cabo.
No debemos perder de vista que cuando hablamos de evaluación de desempeño tenemos que partir de cifras, datos duros, claros, objetivos, más allá de lo subjetivo que se escucha alguien al afirmar que no está de acuerdo con alguna postura de la CNDH, evidentemente siempre habrá alguien que no está de acuerdo.
Otro dato, el 2 por ciento de las personas que acuden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta algún tipo de insatisfacción, el 98 por ciento manifiesta por escrito estar satisfecho con el trabajo y atención de la Comisión.
-SS: Es tanta la opacidad que hay en la CNDH, que de todo su trabajo sólo se conoce el uno por ciento, que son las recomendaciones que publica.
Todo lo demás, cómo concluyen el otro 99 por ciento de los expedientes, está en la total opacidad, porque la CNDH los ha considerado como información reservada. Entonces, la sociedad no puede saber cómo está actuando la comisión.
Un altísimo porcentaje de las quejas que reciben, que seguramente son una de cada tres quejas que se resuelven, se refieren a quejas contra la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, de carácter meramente administrativo.
Si uno logra meterse a los expedientes, como nosotros en el programa Atalaya del ITAM, que hemos tenido acceso a los expedientes, gracias al IFAI, nos damos cuenta de que la comisión la mayoría de las veces actúa bajo machote.
Que se hagan análisis técnicos de la comisión, que la sociedad civil y el Senado, como lo dice la ONU en un documento que formuló sobre las comisiones nacionales de los derechos humanos, puedan meterse a los expedientes y no sólo conozcan ese uno por ciento, que es lo único que como sociedad podemos ver.
-EC: En el caso de la CNDH y las estatales, al ser organismos públicos, son sujetos prioritarios de monitoreo.
Hay que evaluar a la comisión en el papel que ha jugado para generar las transformaciones estructurales que el país requiere.
Muchas veces la CNDH no ha ido lo suficientemente lejos a partir de las recomendaciones, sobre todo de su seguimiento, ¿cómo se asegura de que sus recomendaciones vayan hasta las últimas consecuencias?.
Ejemplo, la recomendación que dio pie a la creación de la Fiscalía Especial sobre Delitos del Pasado, esa fue una aportación importante, pero al paso de los años, hoy ya desaparecida formalmente, con resultados mínimos, exiguos por completo, y a la fecha la CNDH no ha hecho un planteamiento.
Esta falta de seguimiento tiene el efecto de que tal vez una recomendación que podría tener una trascendencia para modificar cosas se queda sumamente limitada y no da pie a desarrollar toda la potencialidad que se podía generar.
-¿Cuál es el margen de acción de la CNDH en temas del Ejército?
-RP: La CNDH tiene facultades constitucionales como organismo público, de tal manera que debe actuar acorde con lo que establece la Constitución y la ley.
Es competente para conocer de las quejas que se presentan en contra de elementos del Ejército, por exceso en su intervención o por omisión.
La CNDH ha intervenido en todos aquellos casos en los que se ha hecho precisa y necesaria su intervención. No es aceptable aludir a una supuesta legitimación de la CNDH, sobre la base de asuntos en particular, quizás eso tendría que ver con un aspecto de eficiencia en cuanto a su desempeño.
-SS: La CNDH tiene un gran cúmulo de facultades para actuar frente al Ejército, para impedir que se exceda en sus facultades, el punto es hasta dónde quiere usar esas facultades, o dónde se mide, en ciertas ocasiones, para decir sí emito una recomendación, pero únicamente diciendo fueron los elementos de la Sedena, y no se sube la responsabilidad a los niveles jerárquicos más altos.
Este es un problema fundamental, porque los mandos altos del Ejército nunca asumen una responsabilidad como autoridades violadoras de derechos humanos, y ese es un problema, y no sólo ante el Ejército, sino ante muchas otras autoridades, a veces existe una autolimitación por no ejercer sus facultades.
-EC: El tema del Ejército y fuero militar es clave en el país, además hay que colocarlo en una realidad donde la mayoría de las instituciones tienden a preservar el fuero militar. A ratos parece que la CNDH comparte esta tendencia. En este tema hay mucho escrito en el derecho internacional de los derechos humanos respecto de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, sean investigadas y juzgadas en el fuero civil, y esto busca garantizar una investigación independiente.
Las recomendaciones de la CNDH se dirigen al Procurador de Justicia Militar, cuando tendrían que ir dirigidas al Procurador General de la República o al Jefe del Ejecutivo en la idea de esforzarse para que las investigaciones sean juzgadas en el ámbito civil.
La investigación por parte de la Procuraduría de Justicia Militar implica una violación per sé de la Convención Americana.
-¿Cuál es el futuro que debería tomar la CNDH?
-RP: La CNDH ha expuesto en varias ocasiones que existen una amplia gama de temas pendientes, si es que aspiramos a gozar de un Estado plenamente democrático y de derecho.
Algunos de ellos, seguridad pública. En la medida que no haya seguridad pública, difícilmente podemos disfrutar y hacer valer el resto de nuestros derechos; la manera en cómo se atiende a las víctimas de los delitos, la violencia de género, un sinnúmero de prácticas que existen en la administración pública, y que resultan contrarias a los derechos humanos, y que se han expuesto.
La práctica del polígrafo, las revisiones indignas en los reclusorios, el abandono de facultades por parte de servidores públicos al omitir cumplir con su deber.
Todos éstos son parte de grandes retos que tenemos que enfrentar a futuro mediante una corresponsabilidad entre sociedad y organismos públicos de derechos humanos, tenemos que ir de la mano.
Pero sólo lo podremos lograr si propiciamos una mayor cultura sobre el tema, conocimiento, para que quede muy en claro que tenemos derechos, pero también deberes como ciudadanos.
-SS: La rendición de cuentas ayudaría a fortalecer a la institución del ombudsman.
Desde el programa Atalaya confiamos y creemos en que el ombudsman puede hacer mucho por el país, la sociedad, por impulsar políticas públicas, la protección de derechos, por eso creemos que debe ser fuerte.
Pero fuerte con controles, la autonomía no exime de control, por eso hacia el futuro debemos ver una CNDH que rinda cuentas a la sociedad civil, al Congreso de la Unión, donde se pueda ver qué hace en ese 99 por ciento que no tenemos acceso.
También que se pronunciara sobre políticas públicas; sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Por otra parte, en últimas fechas se ha venido viendo un debilitamiento institucional de la comisión, por la propia Comisión, y me refiero a las reformas a su reglamento interno.
Menciono sólo dos aspectos fundamentales: el procedimiento de conciliación y las medidas cautelares.
-EC: Habría que insistir en que la autonomía no significa la ausencia de rendición de cuentas.
Hay que abrir un debate sobre el sistema público de protección de derechos humanos que necesitamos en el país.
¿Realmente la CNDH, las comisiones estatales, son las que necesitamos? Falta mucho por hacer.
Habría que impulsar una reforma para darle facultades plenas para que entraran a los temas laborales, electorales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría que hacer mucho más ejercicio a partir de sus recomendaciones y de sus informes, establecer una clara prioridad de cuáles son los temas a los que les va entrar fundamentalmente, y cómo construye visiones de conjunto, o sea, no se queda sólo en la recomendación que corresponde a cada caso, sino que a partir de ahí, hace planteamientos globales.
Espero que la comisión se vuelva la principal promotora para que el Estado mexicano cumpla todas las recomendaciones de los organismos internacionales, hasta ahora ha sido permanentemente omisa respecto de este tema.

Luis Alfonso de Alba

Concluye esta semana el quinto periodo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidido por el embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales.
La Cancillerìa mexicana emitio el siguiente comunicado No. 153, fechado en Ginebra, Suiza, a 11 de junio de 2007
MÉXICO PRESIDE LA SESIÓN QUE CULMINARÁ LA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
· El 5º periodo de sesiones marca la conclusión del primer año de trabajos del Consejo y la culminación de la presidencia mexicana del nuevo órgano.
· Los resultados de este periodo sentarán los cimientos para el trabajo futuro de este órgano.
Bajo la presidencia del Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, Embajador Luis Alfonso de Alba, hoy iniciaron los trabajos del 5º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Palais des Nations¸ en Ginebra, Suiza.
El periodo de sesiones tendrá el objetivo principal de definir los aspectos centrales de la consolidación institucional del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a fortalecer y aumentar la eficacia del sistema internacional en la materia.
Estos aspectos incluyen, como elemento central, el establecimiento del Mecanismo de Examen Periódico Universal, que facultará al Consejo a revisar periódicamente la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Asimismo, la revisión del sistema de mecanismos especiales, procedimiento de denuncias y asesoría especializada del Consejo, la agenda y programa que definirán los trabajos de este órgano en cada ciclo anual, así como la racionalización de sus trabajos.
Durante la sesión de apertura del periodo, el Embajador de Alba destacó que los aspectos de la construcción institucional del Consejo son “asuntos de una extrema complejidad y de relevancia histórica para un mejor funcionamiento del sistema de derechos humanos”.
Tras repasar los esfuerzos y negociaciones que sobre dicho tema se han llevado a cabo durante casi un año en el seno del nuevo Consejo, el diplomático mexicano instó a los presentes a que en este periodo de sesiones se vaya “más allá de los debates y la argumentación, para encontrar soluciones concretas a los asuntos pendientes”, a través de un “espíritu flexible y de voluntad política”.
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dio a conocer el informe relativo a las actividades de su oficina y destacó la importancia de la cooperación en la toma de decisiones sobre la construcción institucional del Consejo.
Subrayó que es necesaria la realización de esfuerzos conjuntos para completar la construcción institucional del citado Consejo. Respecto al Mecanismo de Examen Periódico Universal, señaló que es el aspecto “más innovador del Consejo”, el cual será un instrumento líder en la promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, reiteró el apoyo de su Oficina a los trabajos del Consejo y la importancia de la participación de la sociedad civil en los mismos.
El 5º periodo de sesiones marca la conclusión del primer año de trabajos del Consejo de Derechos Humanos, y sus resultados sentarán los cimientos para el trabajo futuro de este órgano, al que se consolida como el “responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa”.
También con este 5º periodo culmina la presidencia mexicana del nuevo órgano. México es uno de los 47 Estados Miembros del Consejo desde 2006 y hasta 2009.
La delegación mexicana será presidida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, e incluye también la participación del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.

Justicia militar, civil y pena de muerte

El alto comisionado de las ONU en México, Amérigo Incalcaterra, se pronunció porque los 19 militares detenidos por la muerte de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en Sinaloa, deben ser sometidos a la justicia civil y no militar, debido a que se trata de violaciones a derechos humanos.
Fue entrevistado al término de un convenio entre la oficina que preside y la CDHDF y dijo que se requiere un mayor control de los métodos con los cuales se quiere combatir la delincuencia organizada. “Consideramos que la justicia que debe imperar es la justicia ordinaria. La militar se utiliza normalmente para asuntos estrictamente militares cuando (en este caso) estamos hablando de violaciones a derechos humanos, así que el órgano que debería atender este problema y de acuerdo a las distintas recomendaciones y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la distinta jurisprudencia internacional, son los tribunales civiles”.
Con respecto a la posible pena de muerte de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo” dijo que se debe preservar la vida humana: “pedimos que los países que tienen vigente la pena de muerte (EE UU), deben abolirla, como lo ha hecho en su momento México. La vida es la vida de todo ser humano que tiene que ser respetada",
Y es que El Tigrillo, podría ser el primer narcotraficante de su nivel, en recibir la pena de muerte por narcotráfico y no por haber cometido diversos asesinatos.
De acuerdo con una nueva acusación, Arellano Félix podría ser ejecutado bajo un artículo de la Ley Federal de Pena de Muerte promulgada en 1994, que lo ubica como líder en el tráfico de drogas.
Los fiscales noreteamericanos del caso pueden demandar esta sanción antes de que el juicio se inicie en enero de 2008.
Sobre este caso, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que si los tribunales de EE UU sentencian a muerte a El Tigrillo, el gobierno mexicano se opondrá a esa sanción. “Estamos convencidos de que la pena capital no es la solución ni siquiera para el delincuente más grande del mundo", expuso en entrevista.
El Tigrillo no es de los extraditados por el gobierno de México, sino que fue detenido en aguas internacionales cuando navegaba con algunos amigos y familiares en Baja California Sur. De ahí fue trasladado por policías estadounidenses a California para ser juzgado, ya que pesaban sobre él diversas órdenes de aprehensión.

La soledad de la justicia en Darfur

La soledad de la justicia/Tahar Ben Jelloun, escritor.
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
Tomado de EL PAÍS, 12/06/2007;
El niño de un año muerto de hambre que sus padres enterraron el 29 de mayo en un ángulo apartado del campo de refugiados de Darfur debió de preguntarse por qué sus padres le sacaron de la nada para darle a saborear el dolor del mundo antes de devolverle a otra nada, la de la tierra. Ha abierto sus ojos sobre la violencia. Los ha cerrado sobre la malnutrición y la injusticia. Se ha ido llevándose en su cabecita la imagen de una humanidad fea y horrible, ha sido testigo de qué son capaces los hombres cuando su rapacidad y fanatismo quedan de manifiesto y eligen a sus víctimas entre los más desposeídos, los más débiles y los inocentes como este niño.
Este niño fue enterrado el día en que en el otro extremo del mundo George W. Bush decidió reforzar las sanciones contra el régimen de Sudán, responsable de un genocidio que tiene lugar en el este del país, en Darfur.
Una vez más, el castigo se abate sobre la población, como en la época del embargo contra el Iraq de Sadam. Indudablemente, el jefe del Estado, Omar el Bechir, se sentirá incomodado. Se ve señalado por el dedo por quien ha hecho lo que ya se sabe en Iraq y, sobre todo, ha hecho ahorcar a Sadam. Deberán resolverse pequeños problemas de intendencia, pero el caso es que una vez más la eficacia brillará por su ausencia. Es decir, los refugiados de Darfur, los dos millones de desplazados, los miles de muchachas violadas por las milicias, los 200.000 muertos…, todos ellos no verán cambiada su suerte para mejor por obra y gracia de la varita mágica del gran jefe americano. Se trata de medidas insuficientes y muy tardías. Tal vez se produzca un milagro.
La de Darfur (Casa de los Fur) es una tragedia nacida de un conflicto étnico, político y cultural. Estalló en el 2003 y enfrentaba a poblaciones musulmanas pero no arabófonas del oeste de Sudán a milicias árabes aliadas al Gobierno del presidente Omar el Bechir. Estas milicias se denominan yanyauids (jinetes de la guerra) y son armadas por Jartum, que les ha dado carta blanca para proceder a una limpieza étnica,lo que se ha traducido en violaciones de mujeres, matanzas sistemáticas y barbarie aterradora. Desde el 2004, Estados Unidos ha reconocido que se trata de un genocidio. Además de dos millones de desplazados, hay que recordar a los 230.000 refugiados en Chad y en la República Centroafricana. Detrás de todo eso están el petróleo y el agua, dos recursos esenciales para el país. China, que compra los dos tercios del petróleo de Sudán, le vende armas e incluso ha instalado fábricas en este país donde se fabrica armamento chino. Pese al embargo de las Naciones Unidas, a Rusia no le importa suministrar armas a Jartum y hace caso omiso de la complejidad que entraña la oposición de los habitantes de Darfur a la política racista de Omar el Bechir. La Organización para la Unidad Africana (OUA) ha enviado 7.000 soldados para instaurar la paz, pero son ineficaces y China se alinea con Omar el Bechir, que se niega a que las Naciones Unidas envíen cascos azules a esta región. Y coincidiendo con tales nefastos acontecimientos, no han dejado de registrarse matanzas.
George W. Bush, al castigar al Gobierno de Sudán, ha querido revestirse de una apariencia humanitaria. A la vista de su fracaso en Iraq y del caos que ha provocado, era normal que se preocupara de las gentes a las que se mata con total impunidad desde hace cuatro años. Los niños de Darfur que pugnan por obtener unas gotas de leche de los senos vacíos de sus madres están a salvo: ¡papá Bush ha dado un puñetazo sobre la mesa! ¡El hambre ya no se presentará y los yanyauids temblarán de miedo! En fin, la lección que cabe extraer de esta tragedia es la misma que se descubre en un conflicto más antiguo y sobre todo más difícil y penoso, el que se prolonga desde 1948 en Oriente Medio: la soledad y aislamiento de la justicia.
Algunos conflictos están condenados a entrar en una eternidad cruel. Es el caso del conflicto palestino-israelí que dura, se complica e incrementa los odios y las incomprensiones. La opinión internacional parece agotada por las repercursiones de esta guerra que no se llama por su nombre entre israelíes y palestinos y entre Hamas y Al Fatah. La reciente evolución de la crisis palestino-sirio-libanesa ha complicado aún más las cosas hasta el punto de que la indiferencia sienta sus reales en ciertos espíritus que ya no saben qué pensar con relación al futuro de un posible Estado palestino pues, junto a Hamas y a otras organizaciones islamistas manipuladas por Siria o por Irán, hay un jefe de la Autoridad Palestina que lucha en todos los frentes, interiores y exteriores, un jefe que busca la paz pero que se halla desbordado por movimientos extremistas y que no es comprendido ni ayudado por Israel.
Sabemos que la solución a este problema depende de la en gran parte de la voluntad estadounidense. Todo el mundo aguarda el final de la era Bush para confiar en otras salidas a este conflicto que no deja de enlutar a miles de familias e impide que los países árabes se emancipen. Durante este periodo, el jefe de Estado sirio acaba de ser reelegido con un 97,6% de los votos ¡y debe sentirse muy satisfecho por esta victoria aplastante de la democracia!
Ello podría poner al abrigo a su país frente a un tribunal penal internacional para juzgar a los asesinos de políticos como, por ejemplo, Al Hariri, ex primer ministro libanés.