18 ago 2006

¿Captura dudosa?

¿Dónde se detuvo al tigrillo?

Una nota del corresponsal de La Jornada en La Paz, BC, Raymundo León afirma - citando como fuente a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur- "!que la detención de Francisco Javier Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, no se realizó en aguas internacionales sino en tierra, al norte de esta entidad.
Esta es la nota desmentida -este lunes 21- en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada:
La Jornada, Viernes 18 de agosto de 2006
En Mulegé o Loreto
Fue detenido en BCS, asegura la SSP estatal

RAYMUNDO LEON CORRESPONSAL
La Paz, BCS, 17 de agosto. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California Sur aseguró que la detención de Francisco Javier Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, no se realizó en aguas internacionales sino en tierra, al norte de esta entidad.
El titular de la dependencia, Adán Enrique Ruffo Velarde, explicó que elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) incursionaron por sorpresa en territorio mexicano, sin avisar a las autoridades locales, para detener al narcotraficante, ''posiblemente en Mulegé o Loreto'', de donde lo sacaron para llevarlo a Estados Unidos.
Dijo que en ningún momento las autoridades sudcalifornianas tuvieron conocimiento del operativo de la DEA en el estado, y aunque deberían haber informado ''no lo hicieron, fue una incursión muy asegurada''.
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California Sur y la Procuraduría General de Justicia estatal, también admitieron que no se les tomó en cuenta y no tenían conocimiento de los detalles.

''Lo único que sé es lo que han publicado los medios de comunicación'', expresó el procurador de Justicia estatal, Francisco Javier González Rubio, mientras que el departamento de comunicación social de la PGR en Baja California Sur negó tener información sobre la detención desde el pasado martes.
Y llevó a una editorial del mismo periódico:
La Jornada; Viernes 18 de agosto de 2006
Editorial

El Tigrillo: captura dudosa
La versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur en el sentido de que la captura de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, fue realizada en territorio mexicano, y no en alta mar, a 15 millas náuticas de las costas de ese estado, como aseguran los gobiernos de México y Estados Unidos, indica que alguien miente: o las autoridades de La Paz o las corporaciones estadunidenses y mexicanas que anunciaron con bombo y platillo la detención del presunto cabecilla del cártel de Tijuana.
Incluso si fuera cierta la historia oficial, un tanto cinematográfica, de la intercepción en aguas internacionales del yate del supuesto narcotraficante por embarcaciones de la Guardia Costera del país vecino, y habida cuenta de la "estrecha colaboración" de la policía mexicana en la labor de inteligencia que habría permitido el arresto, cabría preguntarse por qué no se encomendó a la Armada de México la tarea de detener a un ciudadano mexicano, sobre el cual pesan abundantes imputaciones en las dependencias legales del país, para presentarlo ante una instancia judicial de México. Pero si la verdad correspondiera al gobierno de Baja California Sur, la opinión pública estaría ante una escandalosa violación de la soberanía nacional por parte de agentes de un gobierno extranjero, y ante una inadmisible claudicación del Ejecutivo federal en su responsabilidad de mantener la vigencia de esa soberanía.
Si ha de juzgarse por antecedentes, los de la presidencia foxista marcan un patrón sistemático de entreguismo, incapacidad o falta de voluntad para hacer valer las atribuciones exclusivas de las autoridades mexicanas en territorio nacional y de ejercicios de simulación para presentarse como un gobierno preocupado por la integridad nacional. Por ello, en la presente circunstancia, es impostergable que se ofrezca a la opinión pública una explicación inequívoca sobre la captura del supuesto líder de la organización delictiva del noroeste.
No debe dejarse de lado, por otra parte, que la detención ocurre en un momento de severa debilidad, si no es que de derrota, de las instituciones públicas ante la guerra de los cárteles, cuando estas entidades criminales se han hecho con el control de importantes regiones del país, y en medio de un descrédito creciente de las capacidades gubernamentales para hacerles frente. Aún se recuerda la reciente tortura de unos gatilleros y el asesinato de uno de ellos por parte de elementos policiales, hechos que fueron videograbados y difundidos por los propios responsables. No hay día en que no ocurran enfrentamientos armados con arsenales cada vez más poderosos entre los gatilleros de los cárteles. En el contexto de la guerra entre estas organizaciones, en Guerrero, Michoacán y Baja California, se ha vuelto frecuente la decapitación de enemigos con propósitos de escarmiento, y casi no hay día en que no aparezcan cadáveres de policías o pistoleros a sueldo, frecuentemente con mensajes en los que las organizaciones delictivas denuncian la parcialidad de las autoridades y su complicidad con bandas rivales. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia no sólo son incapaces de detener los ajustes de cuentas, sino que aparecen señaladas por los mismos delincuentes como vendedoras de protección a algunos de ellos.
En tal situación, es claro que la captura de Arellano Félix difícilmente tendrá alguna incidencia en la violencia asociada al narcotráfico, y de seguro no tendrá efecto alguno en el masivo trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos porque, así sea cierto que El Tigrillo era el líder máximo del cártel de Tijuana ­dato puesto en duda por algunos­, mientras en el país vecino se mantenga una elevada demanda de drogas y una corrupción policial análoga, al menos, a la que padece México, los narcotraficantes seguirán teniendo grandes oportunidades de negocio. De lo que no cabe duda es de que, si la detención ha descabezado a la organización delictiva, como alegan las autoridades de Estados Unidos y de México, ello provocará una recomposición que a su vez ahondará y agravará los hechos de violencia en el territorio nacional.

Reves al gobierno de Bush


Una jueza federal de EE UU ordenó este jueves 17 de agosto interrumpir de forma inmediata las intervenciones telefónicas sin autorización judicial que el Gobierno de aquel país puso en marcha en su plan antiterrorista después del 11-S, a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
La magistrada federal de Detroit, Anna Diggs Taylor determino que ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como "la doctrina de separación de poderes" y otras instancias legales, como la Ley de Procedimientos Administrativos, así como la primera y cuarta garantías constitucionales.

El fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU) -en nombre de periodistas, estudiantes y abogados quienes alegan que el programa les ha complicado sus funciones- contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente Bush tras los atentados del 11-S.
Los críticos sostienen que el gobierno de Bush reiteradamente se ha excedido de sus poderes, y usa el argumento de la "lucha contra el terrorismo" como excusa para aplicar medidas que según los críticos violan la constitución. La Casa Blanca ha defendido una y otra vez ese programa y ha dicho que toda vigilancia se realiza sólo con la aprobación de un tribunal.
En su resolución de 42 páginas la Jueza Taylor señaló: "el interés público es evidente, en este asunto. Es el sustento de nuestra constitución'', que pide la suspensión inmediata del programa.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para los demandantes, la Jueza desestimó el reclamo de la ACLU sobre la búsqueda de información en registros telefónicos que realiza la NSA. La magistrada dijo que no se había revelado lo suficiente del programa para apoyar la queja y que una litigación más profunda podría comprometer secretos de estado.
Sin embargo, la búsqueda de información es sólo una pequeña parte de la demanda, presentada. Ann Beeson, asesora legal de la ACLU y la principal abogada en el caso, dijo que el gobierno apelaría el fallo y pediría que la orden de suspender el programa sea pospuesta mientras el caso siga el curso legal.
Antecedentes del caso:
La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales del 2005. En diciembre pasado, el periódico The New York Times reveló como el gobierno, con la ayuda de compañías telefónicas, había empezado a intervenir llamadas, así como correos electrónicos, sin una orden judicial de por medio.

Pero el tema cobró una mayor dimensión el pasado 11 de mayo. El diario señala Usa Today -citando fuentes anónimas- que desde el 2001, las empresa telefónicas AT&T, Verizon y BellSouth había entregado secretamente registros de decenas de millones de llamadas de sus clientes a la NSA. Las compañías telefónicas dijeron entonces que aunque protegen la privacidad de sus clientes, tenían la obligación de colaborar con agencias del gobierno a fin de garantizar la seguridad del país. AT&T dijo que "cuando se nos pidió que ayudáramos, lo hicimos estrictamente dentro de la ley, y bajo las condiciones más rigurosas".

¡Por lo que el gobierno de EE UU tiene un verdadero banco de datos!
La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978 establece un sistema que requiere que las agencias de seguridad nacional tengan que buscar la aprobación de un tribunal federal antes de poder monitorear las comunicaciones de un ciudadano americano. Con la información de hoy se confirma que el gobierno de Bush ha pasado por sobre esas regulaciones.
Las primeras reacciones cuando se publica el reportaje del Usa Today fue de legisladores Republicanos y Demócratas quienes reaccionaron indignados e incluso se hablaba entonces, que ello podría poner en riesgo el nombramiento de general Michael V. Hayden, como nuevo director de la CIA, quien era el autor del programa en la NSA (fue nombrado el martes 23 de mayo, doce días después de la publicación).

Y ante las intensas críticas del Congreso, el presidente George W. Bush no confirmó la labor de la NSA pero trató de asegurar a los estadounidenses que su privacidad está siendo "ferozmente protegida". "No estamos escudriñando las vidas personales de millones de inocentes estadounidenses", dijo al tiempo que volvió a calentar la controversia sobre la presunta violación a las libertades civiles y sobre la falta de supervisión del Congreso.
Reacciones de la decisión de la Jueza:
El fallo emitido ayer miércoles 17 de agosto se convirtió en el segundo serio revés contra las políticas que la administración del presidente George W. Bush ha aplicado en su lucha contra el terrorismo.
La NSA hasta el momento no se manifestado sobre el fallo.
El procurador de EE UU, Alberto Gonzales, anunció de inmediato que el gobierno apelará el fallo judicial: "vamos a hacer todo lo que podamos en las cortes, para permitir que este programa continúe".

Gonzales manifestó que se confia en la legitimidad del programa de escuchas teléfonicas por lo cual se apelará a la orden de la jueza.
En tanto, líderes de la comunidad de inteligencia han dicho ante el Congreso que el programa es efectivo para proteger al país.
Seguramente habrá más reacciones.

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