Jueces de caso Marisela pedirán asilo político a EU

El Congreso del Estado de Chihuahua consideró procedente la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces que dejaron en libertad al asesino confeso de Rubí Marisol. Legisladores del PRI, PAN, PT, PRD, PVEM y PANAL aprobaron dar entrada a la denuncia que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los jueces del tribunal oral Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes determinaron que Sergio Rafael Barraza no era responsable del homicidio de Rubí Marisol. El Congreso además determinó conformar la Comisión Jurisdiccional que llevará el caso, la cual será encabezada por el diputado priísta Gabriel Sepúlveda.

Reacciones:

De inmediato los jueces del tribunal oral de Ciudad Juárez confirmaron que pedirán asilo político a EE UU, y que jurídicamente no podrán ser juzgados y que -en su caso- exhibirán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Advirtieron que toda resolución contraria a sus prerrogativas será invalidada por medio del amparo y explicaron que jurídicamente no podrán ser juzgados, como lo pretende hacer el Congreso de Chihuahua.

Dijeron que ante la insuficiencia de los indicios presentados para probar la culpabilidad de Sergio Barraza Bocanegra su decisión fue aplicar la legislación creada para la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señalaron que ahora esa determinación derivó en una persecución en su contra, mientras que el modelo judicial sigue operado por personal que no está cabalmente capacitado, incluidos los policías y fiscales que participaron en la integración del expediente en torno al asesinato de Rubí. 

Afirmaron hoy que su situación de juicio político se debe por "solapar" a los verdaderos servidores públicos ineptos -leáse Ministerio Público-que no supieron, ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar al homicida de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol. "Declaran que la incapacidad para reunir evidencia estuvo presente en el caso que atendieron y provocó su inhabilitación, así como en la resolución que el pasado miércoles emitieron los juzgadores que los sustituyeron en el Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos al decretarse la ausencia de responsabilidad en relación a tres homicidas múltiples", consigna el Diario de Juárez 

Refirieron que por haber cumplido con lo estipulado en la legislación resultará improcedente el procedimiento administrativo iniciado por parte del Supremo Tribunal de Justicia, así como el juicio político que hoy declaro procedente el Congreso del estado.

Explicaron los jueces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis jurisprudencial P/J 55/2004, indica que la Legislatura estatal se encuentra impedida para proceder con el juicio porque: "No pueden constituir materia del procedimiento las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales".

En otras palabras, señalaron que no existe argumento entonces para que sean llamados a responder en forma personal o por escrito a la denuncia presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esto último porque el Artículo 116 de la Constitución Mexicana señala que los congresos tienen que respetar la autonomía del Poder Judicial para resolver las acusaciones presentadas por la ciudadanía.

"De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua", dijeron, añadiendo que el juicio que se pretende motivado por razones políticas será una invasión al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Es por ese motivo que consideraron improcedente el juicio porque se violentaría la división de poderes, indicando que la negativa a aceptar esa realidad los llevará a solicitar la protección de la justicia federal a través de un juicio de amparo.

Como se anticipó de manera extraoficial, los jueces llevaron su caso a otra nación a través de la figura del asilo político, mientras que interpondrán una queja ante organismos como la CIDH de Costa Rica. "En ese supuesto podríamos demostrarle al mundo que lamentablemente en nuestro estado no se respeta la independencia judicial, ni los principios de división de poderes, y que se juzga a los jueces con criterios políticos dados desde el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo de Chihuahua, en perjuicio de la justicia imparcial que debe impartirse para los ciudadanos".

Con información de El Universal on line con información de El Heraldo de Chihuahua

Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública

Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública

En el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, sustentado en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta este día- 11 de enero de 2011- los resultados del Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) que se obtiene mediante la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP). Esta encuesta se levanta en 32 ciudades del país que comprenden a todas las entidades federativas.

El IPSP se construye a partir de cinco indicadores parciales: dos de ellos se basan en la percepción sobre la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año; otros dos consideran la opinión sobre la situación actual de la seguridad pública en el país y la esperada dentro de un año, y el quinto refleja el grado de confianza que tiene el entrevistado al caminar solo entre las 4 y las 7 de la tarde por el rumbo donde vive.

PRINCIPALES RESULTADOS

El Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) se ubicó en 96.2 puntos en el último mes de 2010 (abril de 2009=100). Dicho nivel resultó menor en (-)1.3% que el observado en igual mes de 2009, cuando había sido de 97.4 puntos. La disminución se originó en tres de los cinco componentes que lo integran.

El componente la percepción de la seguridad pública en el país hoy en día, comparada con la que se tenía hace 12 meses, se situó en diciembre de 2010 en 90.5 puntos, lo que significó descenso de 5.9% con relación al de 96.2 puntos en igual mes de un año antes.

En diciembre del año pasado el indicador sobre la percepción de la seguridad personal actual  comparada con la que se tenía hace 12 meses se ubicó en 95.6 puntos, 2.6% menor a la registrada de 2009, cuando se situó en 98.1 puntos.

El último mes del año pasado el indicador relativo a la expectativa dentro de 12 meses de la seguridad pública en el país, respecto a la situación actual fue de 97 puntos, cifra inferior a la de 97.3 puntos registrada en diciembre de 2009, dicho comportamiento implicó una variación a la baja de 0.3 por ciento anual.

El indicador que compara a la situación de la seguridad personal esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual resultó con 101.5 puntos,  cifra mayor a los 99.5 puntos, lo que  dio lugar a un avance de 2% a tasa anual.

El indicador que mide  el grado de confianza de las personas al caminar solas por el rumbo donde viven entre las 4 y las 7 de la tarde, resultó en diciembre pasado de 96.2 puntos, que comparado con el de 96.1 puntos observado en el mismo mes de 2009, significó una variación de 0.1% a tasa anual

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP) se lleva a cabo durante los primeros veinte días de cada mes en una muestra de 2,336 viviendas urbanas distribuidas en todas las entidades federativas del país. El entrevistado, que debe contar al menos con 18 años de edad, es seleccionado aleatoriamente.

La ECOSEP se aplica en 32 ciudades del país que comprenden todas las entidades federativas y el nivel de confianza de sus resultados es del 95%, con un error relativo del 2.68 por ciento. La información que se capta en la ECOSEP permite estimar el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP), mismo que se conforma con la apreciación que el entrevistado tiene de la situación presente (comparada con un punto de referencia del pasado) y con su expectativa en el futuro (comparada con la situación presente).

Este Índice se obtiene mediante el promedio de cinco indicadores parciales: dos de ellos se refieren a la apreciación de la seguridad personal presente y la esperada; otros dos consideran la percepción de la seguridad pública en el país presente y la esperada; y el quinto indicador muestra el grado de confianza que sienten las personas al caminar solas por las cercanías de sus domicilios entre las cuatro y las siete de la tarde.

Cada uno de los indicadores parciales que integran el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública resulta del promedio ponderado de los resultados expandidos de las respuestas a cada una de las preguntas siguientes:

1. Hablando en términos de seguridad pública, ¿qué tan seguro(a) se siente usted en la actualidad con respecto a hace 12 meses (un año atrás)?

2. ¿Cómo considera usted que será su seguridad dentro de 12 meses, respecto a la actual?

3. ¿Cómo considera usted la seguridad pública en el país hoy en día comparada con la que se tenía hace 12 meses (un año atrás)?

4. ¿Cómo considera usted que será la seguridad pública en el país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?

5. ¿Qué tan confiado(a) se siente usted de caminar solo(a) por el rumbo donde usted vive entre las 4 y las 7 de la tarde?

En las primeras cuatro preguntas las personas entrevistadas tienen cinco opciones para responder: mucho más seguro(a)/mucho mejor; un poco más seguro(a)/mejor; igual (nada ha cambiado)/igual; más inseguro(a)/peor; y mucho más inseguro(a)/mucho peor. En la última pregunta las opciones de respuesta son: muy confiado(a), confiado(a) y nada confiado(a).

La encuesta:

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/percepcionsp.asp

Posicionamiento del Presidente de INEGI

Seguridad pública: prioridad para el INEGI/Eduardo Sojo Garza Aldape

Publicado en Reforma, 11 de enero de 2011;

A partir de la autonomía del INEGI a finales del 2008, la Junta de Gobierno estableció como una de sus áreas prioritarias la producción de información sobre seguridad pública y justicia. Con este objetivo creó el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, de manera similar a como se tiene en materia demográfica y social, en materia económica y en materia de información geográfica. Es decir, se le está dando la prioridad que siempre debería haber tenido.

En este contexto, el INEGI ha destinado recursos humanos y financieros a importantes proyectos en esta materia, entre los que destaca la Encuesta Continua sobre Percepción de la Seguridad Pública con periodicidad mensual, cuyos resultados para el mes de diciembre se presentan el día de mañana. También en el 2010 llevamos a cabo encuestas en todos los municipios y entidades federativas del país sobre esta problemática. En el 2011 llevaremos a cabo varios proyectos, entre los que destaca la publicación también mensualmente de las estadísticas judiciales en materia penal, las cuales se realizan gracias a la valiosa colaboración del personal adscrito a los juzgados de primera instancia en materia penal del país y que hoy sólo se publican anualmente. Con ello buscamos dar a esta información la oportunidad que debió haber tenido desde hace mucho tiempo. Durante este año también llevaremos a cabo encuestas sobre procuración e impartición de justicia a nivel federal y estatal.

De manera complementaria a lo anterior, queremos perfeccionar las encuestas que realizamos para captar la victimización y la percepción ciudadana sobre la seguridad pública y el desempeño de las instituciones responsables en esta materia. Por ello, el INEGI ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de capacidades estadísticas temas de seguridad, victimización, justicia y Estado de derecho.

En este contexto, el INEGI recibió la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Pública de hacerse cargo de los indicadores de percepción, victimización y desempeño institucional. El INEGI aceptó la solicitud por tres razones fundamentalmente: primero, porque es su obligación; el INEGI fue creado para eso, tiene un mandato legal para producir información de interés nacional para el diseño y evaluación de políticas públicas; segundo, porque es la única institución del país con la capacidad de despliegue nacional para conducir este tipo de operativos de manera homogénea; y tercero, porque es prioridad del Instituto a partir de su autonomía, como ya se mencionó, generar información sobre seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

En el 2010 también realizamos la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, la cual ha estado sujeta a diversas críticas y apreciaciones. En este breve espacio resultaría imposible responder a cada una de ellas, lo cual se hará por otros medios; sin embargo, vale la pena destacar que varias de las críticas sobre los resultados no se sostienen una vez que se hace un análisis con mayor rigor estadístico. Se ha dicho, por ejemplo, que según datos del INEGI, la criminalidad bajó en relación con los años anteriores. Sin embargo, cuando se analiza el número de delitos o el número de delitos por cada 100 mil habitantes provenientes de la encuesta, la respuesta es negativa. No disminuyó la criminalidad, dado que el número de delitos no es significativamente diferente entre la encuesta realizada en el 2009 y la encuesta realizada en el 2010. Al analizar la información proveniente de encuestas es recomendable aplicar la técnica de "prueba de hipótesis" para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no. Independientemente de lo anterior, si la criminalidad hubiera disminuido, así se hubiera reportado; el INEGI reporta en todas las encuestas que realiza las estimaciones que se generan a partir de las respuestas de los entrevistados.

Sabemos que modernizar las estadísticas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia va a tomar tiempo, va a implicar recursos y un gran compromiso de todas las instituciones del Estado generadoras de información, pero en la Junta de Gobierno del INEGI tenemos clara la necesidad de poner al día las estadísticas en estas materias.

El acuerdo alcanzado con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para trabajar el fortalecimiento de las capacidades estadísticas en estas materias reforzará los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y fomentará la colaboración regional e internacional en la materia. Lo anterior sin menoscabo de otros esfuerzos que se lleven a cabo por parte de instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil.