2 dic 2007

Seis ministr@s de la SCJN


Tres opiniones sobre la Corte y el caso de Lidya Cacho.
Duro reves a la credibilidadad de los grandes arbitr@s. Los subrayados son míos.
Antes el comunicado oficial del Alto Tribunal", dado a conocer el 30 de noviembre por la Ministra Margarita Luna Ramos:
Señoras y señores de los medios de comunicación:
El día de ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de la Facultad de Investigación 2/2006.
Por mayoría de votos de sus integrantes presentes, la Suprema Corte resolvió este asunto en los términos indicados por el párrafo segundo del Artículo 97 de nuestra Constitución.
El ejercicio de esta facultad para investigar violaciones graves a garantías
individuales, fue solicitado a la Suprema Corte por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en febrero de 2006. En el análisis inicial de las solicitudes, la Corte determinó que la violación grave de garantías individuales solamente se daría en caso de que se demostrara que el gobernador del Estado de Puebla orquestó una concertación con la Procuraduría de Justicia y las autoridades judiciales del mismo estado, para entre todas perjudicar a la periodista Lydia Cacho.
En este caso, como en todos los que son de su conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene empatía y sensibilidad con las causas que se le presentan. No obstante, la Corte debe resolver todos los asuntos con estricto apego a derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolver basándose en pruebas ilegales. En el caso concreto, la premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y, por tanto, no tiene valor probatorio alguno según lo determina el propio precepto constitucional en su párrafo décimo.Como Tribunal Constitucional del país, la Corte es la primera obligada a cumplir con la Constitución, y a velar por que las pruebas que obren en los expedientes sean obtenidas en forma legal.
El debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de pruebas ha sido resuelto por la doctrina, la jurisprudencia, la ley y, por supuesto, la propia Constitución en el sentido indicado; es decir, que carecen de valor probatorio absoluto.
A pesar de lo anterior, el tema se volvió a traer a la mesa de discusión en este asunto y el resultado fue el mismo que han venido sosteniendo todas las fuentes de derecho mencionadas, y es a partir de pruebas y sólo de pruebas legalmente presentadas, como pueden valorarse la legalidad y la constitucionalidad de los hechos que se someten a su jurisdicción. Se trata de una consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país.
Lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad; esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos.
La seguridad jurídica de nuestro sistema constitucional descansa en el principio de legalidad y estricta aplicación de la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia debe velar, en cada una de sus resoluciones, por la vigencia del orden constitucional y la validez del Estado de derecho de nuestro país. Esto la obliga a actuar en función del interés superior que se construye a través del cumplimiento riguroso de las leyes.
La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad, a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad, que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular y, a veces, de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad.
Es el derecho, y su impecable aplicación, lo que garantiza a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia. No hay justicia donde no prevalece el derecho. No hay justicia donde no se aplica la ley con el mismo rigor en todos los casos. En todos.
Que la Corte actúe apegada a derecho, a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad, constituye la mejor garantía de un estado de constitucional derecho.
Hemos decidido de cara a la sociedad. Nuestros debates y argumentos individuales se transmitieron en vivo, durante varios días estuvieron presentes a través del Canal Judicial. Actuamos con gran transparencia, y hemos puesto en éste como en todos los casos lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país.
La resolución adoptada por la Suprema Corte responde a su obligación de discernir la legalidad y constitucionalidad de los temas que conoce, y de resolver con claridad y firmeza con apego a la Constitución.
Ésa es la garantía primaria que ofrece la Corte a la sociedad mexicana.
El detalle de estos debates queda a su disposición para su análisis y estudio. Están en la red (de la Suprema Corte) para que puedan ser consultados.
Muchas gracias.
Margarita Beatriz Luna Ramos.
Algunas reacciones de líederes de opinión:
Columna Sobreaviso / Impunidad garantizada/ René Delgado
Publicada en Reforma, 01/12/2007;
El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores. Seis ministros de la Suprema Corte se hicieron de la vista gorda ante su industria y, de paso, exoneraron a un amigo de ellos. Tamaña victoria les tomó casi dos años, pero valió la pena: el crimen nunca había obtenido una garantía de impunidad de tan alta autoridad como ésa.
¡Qué vergüenza!
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Si seis meses atrás los ministros reivindicaron el valor de la justicia frente al poder de los grandes concesionarios, ahora lo mancillaron frente al poder del crimen. Cumplieron al pie de la letra con la ley, dejando de lado a la justicia.
¿Para qué aceptaron esos seis ministros investigar al gobernador Mario Marín, si a pesar del resultado de la indagatoria tenían decidido consagrarlo como un tirano con fuero? ¿Para qué dejaron crecer la ilusión ciudadana de que finalmente Mario Marín encontraría la horma de su calzado, si a fin de cuentas le iban a confeccionar unas pantuflas? ¿Para qué hicieron creer que les preocupaba la pederastia, si después iban a hacer de lado ese asunto?
Los nombres de esos seis ministros son Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Sergio Valls, Olga Sánchez y Margarita Luna Ramos. Y esos nombres hay que distinguirlos de los de los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío que, ellos sí, de principio a fin se comprometieron con el deber.
* * *
La decisión de esos seis ministros es lamentable de todo punto de vista. Es lamentable en lo concreto y en lo abstracto.
En lo concreto porque deja en el desamparo las garantías fundamentales de una persona -en este caso, la periodista Lydia Cacho- y abre la puerta a un absurdo: en la violación de las garantías consagradas en la Constitución hay grados, a veces puede ser grave y a veces no. Si no es grave, la violación no cuenta. ¿Cuándo es grave y cuándo no? ¡Ah!, eso es materia de debate. Y es lamentable también porque, con la decisión de hacer un lado el problema de la explotación y el abuso sexual de menores, subyacente en el asunto manifiesto, el desinterés de la máxima autoridad judicial quedó manifiesto.
En lo abstracto, la decisión de esos ministros es lamentable porque reitera la conducta de los magistrados del anterior Tribunal Electoral, en relación con la calificación de la elección presidencial: la ley se puede violar pero si no se viola mucho no hay por qué proceder. Ahora, aquellos ciudadanos agraviados por alguna autoridad deberán calcular muy bien si, en verdad, vale la pena acudir al tribunal, porque la justicia se administra sobre la base de una variable no muy claramente establecida.
Pero, en el fondo, lo más lamentable de esa decisión es que en vez de fortalecer la certidumbre jurídica, la vulnera. Y la vulnera en un momento crítico, aquel donde el país flota -por no decir naufraga- en la mar de la incertidumbre política, económica, social... y, ahora, jurídica. Flaco favor le hacen lo ministros a la democracia y al Estado de derecho. Ratifican con su decisión que el país vive -por no decir padece- una democracia defectuosa y un Estado de derecho intermitente y, a veces, simulado.
Una democracia y un Estado de derecho sujetos a las negociaciones y pendientes de las coyunturas. Cuestión que, desde luego, el gobernador Mario Marín les agradece cumplidamente a esos seis ministros.
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La toga y el birrete de esos hombres y mujeres no alcanzaron para cubrir el disfraz del rigorismo legal que elude administrar justicia, y la puesta en escena que montaron dejó en el altar del imperio de la justicia un monumental homenaje a la impunidad y el cinismo.
Sólo falta pedirle una disculpa a Mario Marín por molestarlo pero sin interrumpirlo en el libre ejercicio del poder de su capricho, aunque la verdad ese gobernador es en extremo comprensivo. Ya declaró que ese asunto nunca le quitó el sueño.
Si tan firme y correcta fue la decisión tomada por esos seis ministros, a título de qué vienen ahora a emitir un comunicado aclarando que "de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos". La debilidad de sus argumentos en las sesiones del pleno de la Corte, ahora lo fortalecen con la contundencia de un boletín de prensa.
Vaya ministros. Terminaron por igualarse a los legisladores y los ejecutivos que, en el resbalar los problemas y en el dejar al tiempo la conversión de los problemas en crisis, encuentran la tabla de salvación de su sobrevivencia aunque no de su naufragio.
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Al lavarle la cara al gobernador Marín, esos ministros se quedaron sin cara qué poner.
Venir a reiterar ahora que era imposible aceptar como prueba la grabación de la elocuente conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif donde festejan el escarmiento y la tortura a la periodista, carcajeándose del Estado de derecho, obliga una pregunta a los ministros.
¿Si así era desde un principio, por qué resolvieron crear una comisión, integrar una investigación y, luego, en el colmo del absurdo, elaborar las reglas de esa indagatoria para repetirla y, más tarde, escenificar un debate cuya conclusión habían tomado de antemano? ¿Querían jugarle la ley en la boca a la ciudadanía? El problema de su proceder es que, en el armado del montaje, se fueron entrampando de más en más. Es mejor pensar eso, que concluir que nada les dijo la compilación de los 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores que ellos, ¡ellos!, compilaron. Es mejor pensar eso, que concluir que el análisis de 877 expedientes de esos casos no los hizo sensibles a la gravedad de la explotación y abuso sexual de los niñ@s.
La última instancia para dejar en claro que un gobernante no puede transgredir como si nada el Estado de derecho, violar los derechos de un ciudadano y encubrir a un probable pederasta viene a decir ahora -eso dice el boletín de ayer- que no, que la Suprema Corte no es la última instancia, que otras autoridades pueden o deben seguir adelante con la investigación.
Después de lavarle la cara al gobernador, quieren lavarse las manos. ¡Qué impudicia!
* * *
Nomás por no dejar, vale preguntarle a esos seis ministros cuáles son esas otras autoridades que podrían o deberían seguir la investigación.
¿Era el gobierno anterior que, en virtud de la elección presidencial entonces en curso, eludió el asunto? ¿Es el gobierno actual que, por razones de gobernabilidad, pide no meterse con el gobernador Mario Marín? ¿Era y es el Poder Legislativo que, en la duda política y existencial, evade tener facultades para llevar a juicio político al gobernador? ¿Es el ombusdman que a veces confunde la procuración de los derechos humanos con la procuración de los abusos de los servidores públicos? ¿O, sencillamente, hay que ir con el procurador de Puebla, que actúa con absoluta autonomía, excepto cuando el gobernador le dice que no?
Si ya la resolución de la Suprema Corte avalada por esos seis ministros constituía un agravio para la ciudadanía, el boletín de ayer es una burla. Hoy, por lo pronto, está claro que pueden tanto los demonios del edén como los ángeles de Puebla y su corte de ministros.
Vengan las botellas de coñac, el crimen y la impunidad están de fiesta.
Columna PLAZA PÚBLICA/Precioso, y avalado por la Corte/Miguel Ángel Granados Chapa
Publicado en Reforma, 02/12/2007;
Propongo desde ahora que en febrero de 2011, cuando concluya su sexenio, el abogado Mario Plutarco Marín Torres sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su canto al Estado de derecho, su decisión de apegarse a la resolución de ese tribunal (llamado alto por un convencionalismo rutinario) emitida el jueves pasado es conmovedora, máxime que no es postura de última hora sino que durante 19 meses el góber precioso mantuvo su "plena confianza y respeto a las determinaciones de nuestro máximo tribunal", en el que reconoce a un "garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho".
Es imaginable que, con aviso telefónico o sin él, el rey de la mezclilla Kamel Nacif haya enviado a la Casa Puebla o a la Casa Aguayo botellas de coñac para que su amigo brindara el jueves por la noche, tras emitir el comunicado cuyas frases cito ahora, por su triunfo contra la calumnia que los enemigos de la vigencia de la ley pretendieron asestarle, pero contra la cual contó con el invaluable escudo de seis ministros de la Corte, que le obsequiaron un certificado de impunidad, y que lo recibirían gozosos como uno de los suyos, al que estuvieron a punto de pedir disculpas por el maltrato con que se le molestó desde que en abril de 2005 las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Corte ejercer la facultad indagatoria del artículo 97 constitucional, facultad que estorba o perturba a los miembros de ese tribunal, tanto que en su libro blanco sobre la reforma judicial demandan que el Congreso lo regule o de plano lo elimine.
Por lo pronto, en junio pasado ellos mismos ciñeron con reglas procesales esa atribución para investigar violaciones graves a las garantías individuales. Y en un exceso de escrúpulo, decidieron aplicarlas ¡cuando ni siquiera existían! a una pesquisa ya concluida, cuyo informe final, donde se evidenciaba la conspiración encabezada por Marín contra la periodista Lydia Cacho, había sido presentado en la sesión donde la mala conciencia procesal de la mayor parte de los ministros los llevó a infringir su propia legalidad interna en aras de respetar la legalidad general. El hecho es que aplazaron la discusión del informe, que, ahora bajo la forma de dictamen, fue presentado el lunes pasado al pleno integrado durante esa semana por 10 miembros por la ausencia de Fernando Franco.
El presidente de la comisión elaboradora del dictamen, Juan N. Silva Meza, leyó, como lo había hecho el 26 de junio, un documento rotundo, que esta vez presentaba, entre otras, las siguientes conclusiones: "sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro con motivo del proceso penal seguido en su contra, con lo que se violó además, los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial", que "sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad" y que "en la violación de garantías individuales se encuentran involucradas las autoridades a que se ha hecho referencia", con Marín a la cabeza.
Ese mismo día, la discusión del dictamen comenzó con una estrujante participación del ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien concentró su argumento en la tortura sufrida por Lydia Cacho. Lo hizo tras leer la transcripción de la conversación de Marín con Kamel Nacif. El lenguaje tabernario de uno y otro, su oronda referencia a maniobras destinadas a ofender a la justicia restallaron como látigos al ser dichas por un atildado juzgador en el salón de plenos de la Corte.
Tal vez el efecto de esa lectura orilló al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia a mudar el orden de la discusión. Propuso resolver si la investigación debía comprender los aspectos de pederastia y pornografía infantil, sobre los cuales el proyecto incluyó "un amplio capítulo". Ciertamente la comisión Silva Meza había otorgado especial importancia a esos hechos, vinculados indisolublemente al caso de Lydia Cacho, tanto que eran en realidad la causa del ataque a sus garantías individuales, e incluidos en la petición de las Cámaras del Congreso. En su profunda pesquisa, la comisión identificó más de nueve 9 mil casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores y analizó 877 expedientes en que la constante, además de los delitos en sí, es su maltrato como víctimas y el ningún compromiso de la justicia para velar por sus derechos.

Conforme el tema se discutía, era evidente que se avanzaba hacia su desechamiento.
Hubo quienes reconocieron la importancia de los delitos contra menores y hasta quienes con sarcasmo dijeron que no bastaba la relevancia social de un asunto para que la Corte lo abordara, pues de lo contrario habría que ocuparse de la miseria. Llegado el momento de la votación seis ministros formaron mayoría para que se declarara que "la investigación no debe comprender la existencia de redes de pederastia".
Comenzó en seguida, a propuesta de Ortiz Mayagoitia, la discusión sobre "la intervención de comunicaciones privadas, las tenemos como buenas o se desestiman". Se refería a la que pidió la comisión, a un juez, para verificar extremos de su indagación. Pero el debate se extendió naturalmente a otra interferencia telefónica, la que permitió conocer el diálogo entre Nacif y Marín, en que se concentró la discusión del jueves 29, pues el martes la hora de comer interrumpió el inicial intercambio de opiniones.
Todos estuvieron de acuerdo en que la grabación hecha en diciembre de 2005 y dada a conocer en febrero siguiente no es una prueba en sí misma, porque fue realizada ilegalmente. Pero la Corte misma, al desechar la primera indagación sobre el tema, había convenido en considerarla como la base de una hipótesis, que adquiriría valor probatorio si otros indicios la corroboraban. La comisión halló esos indicios al obtener de empresas telefónicas registros de las llamadas hechas desde y hacia las oficinas públicas relacionadas con la trama. Son registros legales, tanto como las intervenciones solicitadas por la comisión puesto que las ordenó un juez. Y de los registros telefónicos se determinó que la llamada principal, la de Nacif a Marín, se efectuó en la fecha sabida y tuvo la duración correspondiente al diálogo conocido. Y a partir de esos datos se tejió el mapa de los cruces de participación de los subalternos de Marín, incluidos en ese concepto no sólo miembros de la Procuraduría sino también del Tribunal Superior de Justicia. Los llamados telefónicos, aun sin conocerse sus contenidos, mostraron por sí mismos un sostenido nivel de comunicación que por las fechas en que se realizaron y sus secuelas, así como quienes presumiblemente los realizaron, permitieron saber que se avanzaba en la trama contra Lydia Cacho.
Al cabo de esa discusión, Ortiz Mayagoitia planteó las cuestiones de fondo: si quedó probada la violación grave de garantías individuales de Lydia Cacho, si hubo concertación de autoridades para consumarla y si es posible determinar y si se puede determinar qué autoridades quedaron involucradas. Hubo quienes admitieron que sí hubo violaciones pero no tan graves como para ameritar la intervención de la Corte, sino que podían ventilarse a través de otros medios de control constitucional. Quienes estaban en esa posición lo hacían sólo de dientes para afuera, pues no podían ignorar que es imposible que un juez federal expida una orden de aprehensión contra Marín a sabiendas de cuál es la posición de la Corte al respecto. La Corte misma, en esa hipótesis de imposible realización, tendría muy probablemente que conocer el asunto en su extremo final y llegaría a abordarlo con parcialidad, atada a los criterios que expuso la mayoría de sus miembros.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano llevó sus razonamientos a la náusea. No sólo concluyó que no hubo violación grave ni leve sino que se mofó de Lydia Cacho, le propinó un "coscorrón" de semejante índole ética que el que Marín dijo haberle asestado a la periodista en su conversación con Nacif, que la Corte no negó que existiera, sino simplemente que no quedó probado.
Así se expidió un certificado de inocencia a Marín y, sin siquiera votarlo, a todos cuantos lo obedecieron en este caso.
Correo electrónico:
miguelangel@granadoschapa.com
Juzguemos a los jueces de la Corte/Jorge Zepeda Patterson
Publicado en El Universal, 02/12/2007;
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. “Nos van a matar”, dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Succar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno.
Lo que han hecho los seis ministros de la Corte que fallaron a favor de Marín es preocupante y sospechoso por donde se le mire. Si alguna vez hubo una causa ciudadana era esta. Si alguna vez hubo algo que pareciera la confrontación entre “el bien y el mal” era ahora. No sólo porque se trataba de la represión artera de empresarios y políticos de poder contra una periodista por haber denunciado el abuso sexual de menores; también porque la opinión pública toda se había involucrado luego de las ominosas grabaciones escuchadas por todo el país.
Lo que sucedió en la Corte tiene muchos signos de haber sido decidido en otros ámbitos. Una y otra vez pudimos observar a lo largo de los meses la disputa de los ministros entre dos posiciones encontradas: por un lado, la defensa a ultranza de Marín por parte de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia, este último presidente en funciones. Un trío decidido a impedir que la denuncia periodística de una ciudadana terminara por afectar la autoridad de un gobernador, así fuera un góber precioso. A lo largo de todo el proceso mostraron su disgusto por el hecho de que el caso hubiese llegado a la Corte y recurrieron a todo tipo de argucias para retrasarlo y desecharlo.
Del otro lado, varios ministros, entre ellos, Silva Meza y Góngora Pimentel, entendieron que el caso entrañaba mucho más que los derechos individuales de una periodista y que lo que estaba en juego eran las redes de crimen organizado a favor de la pederastia que Cacho había denunciado.
Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían zanjadas por el contundente dictamen presentado por Silva Meza en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. Fue una investigación, encargada por la propia Corte, que durante meses recopiló pruebas, entrevistó a cientos de testigos y exigió documentación y expedientes a todo tipo de autoridades. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.
Se sabía que los tres ministros “marinistas” votarían en contra del dictamen pretextando distintos tecnicismos, pero que prácticamente el resto del pleno reconocería la investigación de su colega. No había razón para no hacerlo, porque ninguno de ellos había hecho su propia investigación ni tenía más datos que los contenidos en las mil y tantas fojas de la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. La controversia simplemente parecía resumirse a los términos en que saldría la resolución contra Marín.
Sorpresivamente, las dos ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio presidente, Ortiz Mayagoita, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final. ¡Había cumplido! ¿Con quién?
¿De quién es la mano que movió la cuna de la Suprema Corte? Sabemos que durante meses los cabildeos del gobierno de Puebla y de la cúpula priísta habían conseguido “la simpatía” de los tres ministros “marinistas”, pero el resto parecía blindado frente a los encantos poblanos. ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar una decisión que a todas luces parecía improbable?
Todo parece indicar que la resolución saltó del plano jurídico a una consideración de “Estado”. O dicho en plata pura, a un arreglo político. Ya parecía suficientemente sospechoso que se hubiese retrasado el fallo hasta después de las elecciones del mes pasado en Puebla; peor aún, trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al góber precioso y el caso Lydia Cacho. Hace un año, Calderón ganó en una Puebla gobernada por Marín, hace unas semanas, Marín arrasó en Puebla con Calderón como presidente.
¿Quién habría perdido si Marín hubiese sido declarado culpable por la Suprema Corte? Sin duda, el gobierno federal. Y habría perdido en cualquier escenario: si la PGR ejecutaba detenciones en contra de autoridades poblanas o emprendía acciones que propiciaran la caída del gobernador, habría torpedeado su alianza con el PRI en el Congreso. Y, por el contrario, si se quedaba cruzado de brazos luego del fallo se habría exhibido frente a la opinión pública nacional e internacional por su evidente complicidad. Todo indica que prefirió exonerar a Marín, tragarse el escándalo momentáneo, y hacer una contención de medios de comunicación durante algunos días (sugiero al lector revisar qué noticiarios y periódicos han dado relevancia u opacidad a la nota y qué tan rápido la han desaparecido).
Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y, segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio a hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad.
http://www.jorgezepeda.net/

Nuestro genoma

La huella de la historia en nuestro genoma/David Comas, profesor agregado de Biología en la UPF
Publicado en LA VANGUARDIA, 02/12/2007:
El brillo de las estrellas que observamos en una noche despejada es resultado de emisiones de luz que tuvieron lugar en astros lejanos en un pasado muy remoto, e incluso algunos de los brillos que contemplamos actualmente pertenecen a estrellas ya extintas. De manera similar, los genes que portamos son el rastro heredado de antepasados que pertenecían a poblaciones que ya no existen. Alo largo de la vida, nuestro genoma va acumulando pequeñas diferencias, pequeños cambios. Algunas de estas mutaciones son responsables de nuestro envejecimiento y quizás del desarrollo de alguna enfermedad. Sin embargo, gran parte de ellas no provoca ningún efecto y una pequeña porción la transmitimos a nuestra descendencia. De este modo, las mutaciones inocuas se acumulan paulatinamente en las poblaciones de generación en generación. Estos cambios genéticos nos pueden ayudar a explicar cuáles han sido las migraciones de las poblaciones, cómo se han colonizado los continentes y territorios, y qué mezclas de poblaciones pretéritas han dado lugar a la diversidad genética actual.

Aguayo-CNDH-CDHDF

Debate mediático: Segio Aguayo-Soberanes-Alvarez Icaza.
El miércoles 28 de noviembre Segio Aguayo, escribió en Reforma:
¡Hagan cancha!/Sergio Aguayo Quesada
Publicado en Reforma, 28/11/2007;
La pluralidad enriquece. Ése debiera ser el criterio del Senado de la República para seleccionar a dos nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Horroriza constatar cómo se arrasan los derechos en nuestro país. Indigna el escaso compromiso y/o la ineficacia de buena parte de los organismos públicos encargados de protegerlos. Si dilapidan potencial y presupuesto es porque les preocupa más congraciarse con el poderoso y por esa indolencia absurda de los legislativos que debieran vigilarlos. La CNDH es un caso paradigmático porque, pese a ser el ombudsman más rico del continente, es timorata frente a los abusos.
Cuán paradójico resulta que la CNDH brillara cuando más la controlaba el régimen. Carlos Salinas ordenó su creación en 1990 pero la entregó con grilletes que no le impidieron a Jorge Carpizo hacer una gestión notable. Posicionó el tema y dio batallas memorables apoyándose en un equipo de primer nivel (entre otros, Rosario Green, Miguel Sarre y Rodolfo Stavenhagen -este último en el Consejo Consultivo).
El actual presidente, José Luis Soberanes, tomó posesión en 1999 en la víspera de la alternancia federal. En lugar de engrandecer la presencia y autoridad moral de la CNDH ha sido el pastor de su empequeñecimiento. Poco queda de su energía original y actualmente está enfrentada con buena parte de la comunidad nacional interesada y es vista con suspicacia por algunos de los principales organismos internacionales que observan, con azoro y curiosidad, cómo una institución puede ser rica e intrascendente.
Pese a la frecuencia de este tipo de críticas, el Senado de la República nunca ha ordenado una auditoría independiente e integral sobre lo hecho y dejado de hacer por un organismo receptor de miles de millones de pesos. Han permitido que sobre la CNDH cayeran unas persianas oscuras que impiden saber lo que pasa en sus entrañas. Eso ha llevado a diversas instituciones académicas y sociales a desviar parte de sus escasos recursos al monitoreo de un organismo que enfrenta varias demandas por su falta de transparencia.
La CNDH tiene un Consejo Consultivo de 10 personas que debiera dictar los lineamientos generales e informarse de lo que hace su presidente. Cuesta trabajo saber qué hacen porque las actas de sus reuniones son tan escuetas que ni siquiera identifican a los asistentes ni a los aviadores. La revisión de esos documentos deja la impresión de que estamos ante un cuerpo colegiado pasivo que acata la voluntad del presidente.
Una excepción es su reacción a la polémica decisión de Soberanes de interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de interrupción voluntaria del embarazo. El acta de la sesión del 10 de julio pasado identifica las opiniones de los consejeros y se puede apreciar su potencial creativo. Se confirmó que no fueron consultados, que tienen opiniones diferentes sobre ese tema y que Soberanes tenía la autoridad legal para actuar de esa manera.
Al consejo le falta pluralidad. En estos días la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra, está seleccionando a dos nuevos miembros con un procedimiento innovador. A diferencia de años anteriores las reglas son claras y las audiencias públicas. Así sabemos que buscan reelegirse las consejeras Paulette Dieterlen Struck y Patricia Kurczyn Villalobos, ambas distinguidas profesoras de la UNAM (la primera es del Instituto de Investigaciones Filosóficas, la segunda de Investigaciones Jurídicas). Sin poner en duda su calidad intelectual es dudoso el interés de Patricia Kurczyn la cual, según las actas, sólo participó en tres de las 11 sesiones de este año. Es probable que en estos momentos se estén beneficiando de la tradicional cargada de los centenares de organismos civiles que la CNDH convida a unas reuniones millonarias organizadas en playas de moda. En esta ocasión el Senado debería verificar su representatividad.
Si nos apegamos al criterio de la pluralidad las dos consejeras no deben ser reelectas. La UNAM ya está sobrerrepresentada porque hay otros cuatro consejeros de esa institución: Ricardo Pozas Horcasitas, Fernando Serrano Migallón, Juliana González Valenzuela y Miguel Carbonell Sánchez. El consejo podría enriquecerse con representantes de la izquierda y la derecha sociales. Con eso en mente me parecen particularmente atractivas las candidaturas de Pilar Noriega y Ricardo Sepúlveda. Ambos se formaron en la Escuela Libre de Derecho aunque sus vidas profesionales luego tomaron rumbos diferentes.
En 1980, cuando nadie hablaba de derechos humanos en México, Pilar Noriega ya los defendía. Y así ha seguido con un compromiso tan indudable como una legitimidad fortalecida porque su candidatura fue gestada en un proceso deliberativo de múltiples organismos. Al final fue postulada por 32 organizaciones representativas. Su incorporación al consejo incluiría a un sector tradicionalmente excluido.
Estaría luego el sector conservador. Ricardo Sepúlveda es un joven abogado afiliado al PAN quien se distingue por su disposición al diálogo, su tolerancia hacia la diversidad y su independencia. Tiene experiencia porque durante el sexenio pasado estuvo encargado en la Secretaría de Gobernación de armar el Programa Nacional de los Derechos Humanos, que si naufragó en los últimos años de Fox fue porque a éste sólo le interesaba violar los derechos políticos del Peje.
Desde 1999 el Senado ha integrado un consejo al gusto de José Luis Soberanes. Algunos nombramientos fueron acertados, otros fueron un fiasco. Para fortalecer la pluralidad es tiempo de que le hagan cancha a otros sectores representativos.
Dos días después la CNDH envía la siguiente réplica. ese mismo día Aguayo responde:
Réplica: Aclara la CNDH
Reforma, 30/11/2007:
Sr. Director:
Para conocimiento de los lectores agradeceré a usted dar cabida en las páginas de Reforma al siguiente comentario y aclaración: - En contraste con lo que opina Sergio Aguayo en su artículo del pasado 28 de noviembre, las reglas para el nombramiento de consejeros de la CNDH son claras y públicas no de ahora, sino desde hace varios lustros. De tal manera, quien revise ésta o cualquiera de las convocatorias anteriores advertirá que con requisitos muy semejantes han aspirado a ser integrantes del Consejo Consultivo quienes lo han querido y han aceptado el procedimiento establecido para tal efecto por el Senado de la República.
- Hace cuatro años, y aunque su candidatura no obtuvo voto alguno, el propio Aguayo fue propuesto para incorporarse a ese órgano de la CNDH. Hoy, para manifestar su aquiescencia hacia dos personas que, con todo su derecho, él considera las idóneas, el articulista pide que le "abran cancha" y revela -con algo más que el título de su artículo- su proclividad a descalificar lo que no le parece y a denostar a quienes no comparten su orientación en cualquiera de las materias de las que suele opinar como experto.
- En cuanto a las invocaciones del autor del artículo al concepto de sociedad civil, me parece insostenible que se confunda el todo con las partes. Habría que recordarle que la sociedad civil es hoy mucho más compleja y variada que el grupo de las 12 organizaciones a las que desde hace muchos años pertenece o con las que simpatiza y apoya el señor Aguayo como únicos interlocutores válidos hacia y desde la CNDH, y cuya transparencia y vocación democrática no parecen ser su carta de presentación, a juzgar por la insuficiente información que ofrecen de sí mismas y de los casos y causas que defienden.
- Con el desgastado argumento del alto presupuesto que el Congreso autoriza a la CNDH -de cuyo ejercicio se rinden cuentas de manera puntual y permanente, tal y como también se informa en www.cndh.org.mx- Aguayo embiste de nuevo a la CNDH, pero pierde de vista que en ése, que es uno de los aspectos que tanto le ocupan, el organismo público local para la defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal registra una proporción mucho mayor de empleados y de presupuesto para cada persona atendida.
- Sorprende, finalmente, que quien se ha dicho defensor del derecho a la equidad de género proponga sin más que los espacios ocupados durante cinco años por dos mujeres consejeras se renueven designando a un hombre para uno de ellos.
Agradezco mucho su atención y lo saludo con respeto.
Atentamente,
Licenciado Jorge Elliot Rodríguez,
Secretario particular del presidente de la CNDH.
Respuesta del Columnista
¡Qué carta tan confusa!
La columna que provocó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue construida sobre tres ejes:
1. Considero que la CNDH ha sido ineficaz, timorata y opaca... y tengo información para demostrarlo.
2. El Senado ha sido corresponsable de esta situación ... y dispongo de la evidencia para fundamentarlo.
3. Este año la Comisión de Derechos Humanos del Senado dio un viraje y está eligiendo a dos nuevos integrantes del consejo con reglas claras y procedimientos transparentes... y por eso los felicité y me permití respaldar a dos candidatos. Habría más candidaturas merecedoras del honor; una de ellas es la de Raúl Ramírez Baena de Baja California.
Considero confusa la carta de la CNDH porque...
1. Se pone a defender los procedimientos que siguió el Senado para nombrar a los funcionarios de la CNDH. La Cámara alta no necesita a la CNDH para responder a mis textos.
2. Guarda silencio sobre críticas muy concretas. Nada dice sobre la sobrerrepresentación de la UNAM en su Consejo Consultivo o sobre los millones gastados en eventos realizados en playas de lujo para ONG que luego inundan de cartas el Senado para apoyar a las y los candidatos de la presidencia de la CNDH.
3. En lugar de ello intenta descalificarme, para lo cual invoca hechos sin relación alguna con lo que yo escribí. Por ejemplo, ¿en qué rincón de su mente fraguó esa extraña asociación entre mi columna y el número de empleados y el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal?
Modifico, por esa carta, mi opinión sobre la CNDH de José Luis Soberanes. Tal vez su ineficacia, opacidad y tibieza se engendraron en una confusión original sobre lo que significa defender víctimas en un país que se esfuerza por ser democrático.
Sergio Aguayo Quezada
El sábado 1 de diciembre, el vocero de la CDHDF envía una carta y compara cifras enambas instituciones autónomas:

Carta / Precisa cifras CDHDF
Reforma, 01/12/2007;
Sr. Director:
El artículo "¡Hagan cancha!" de Sergio Aguayo Quezada, publicado el miércoles pasado en Reforma, generó una pronta respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
buscando descalificar al reconocido analista político.
Sorprende que para ello la CNDH aluda al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Dice la carta del secretario particular del titular de la CNDH: "...el organismo público local para la defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal registra una proporción mucho mayor de empleados y de presupuesto que cada persona atendida".

En ese sentido, solicitamos a usted la publicación de las siguientes cifras que permitirán a las y los lectores de Reforma formarse una mejor opinión:
Año 2007
Presupuesto
CDHDF: 242 millones 172 mil 486 pesos.
CNDH: 800 millones 964 mil 174 pesos.
(Nota: para el 2008, la CNDH recibirá 866 millones de pesos, habiendo pedido 984 millones de pesos).
Año 2006
Quejas tramitadas
CDHDF: 8 mil 55.
CNDH: 6 mil 895.
Del total de quejas tramitadas por la CNDH, mil 109 le fueron remitidas, debidamente integradas, por la CDHDF. Es decir, el 16.8 por ciento del trabajo que reporta, se realizó en nuestras oficinas.
Personas atendidas
CDHDF: 38 mil 284.
CNDH: 30 mil 555.
Personal
CDHDF: 541 (mandos medios y superiores, fuerza de trabajo y honorarios).
CNDH: 541 servidores públicos (mandos medios y superiores, sin contabilizar fuerza de trabajo ni honorarios).
La comparación que hace la CNDH con respecto a cómo explicar el presupuesto, vinculando personal con personas atendidas no es la correcta, pero aún así, arroja la siguiente cifra.
CDHDF: personal y personas atendidas (38 mil 825), a cada uno le corresponderían 6 mil 237 pesos con 53 centavos.
CNDH: personal y personas atendidas (31 mil 96), a cada uno le corresponderían 25 mil 757 pesos con 78 centavos.
De nuestra parte, señor Director, es claro que servimos a la ciudadanía y a ella le rendiremos cuentas. Ni entablaremos ni aceptaremos falsos debates que afectan la credibilidad de las instituciones. Las y los mexicanos esperan de instituciones como las nuestras una férrea defensa de sus derechos humanos, no peleas pagadas con dinero público.
De antemano, agradezco su atención.
Hugo Morales Galván,
director general de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Normalistas indígenas


Más de 500 normalistas de la normal de Ayotzinapa, Guerrero marcharon este sábado sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, para exigir la liberación de sus 56 compañeros detenidos tras el desalojo del viernes 30 de noviembre n la caseta La Venta, de la Autopista del Sol.
Los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaron un mitin en el zócalo del puerto, donde denunciaron que 20 de sus compañeros se encuentras desaparecidos.
Denunciaron a las autoridades por impedir que integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hablen con los detenidos.
En tanto, la delegación de la PGR dio a conocer que inició la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACADDI/385/2007, en contra de los 56 normalistas a quienes se les acusa del delito de ataques a las vías de comunicación y lo que resulte.
Los normalistas recibieron el apoyo de estudiantes de 10 normales del País, así como de organizaciones que conforman la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero; reiteraron su exigencia para que renuncie el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, y que el Congreso inicie un juicio político contra el Gobernador Torreblanca.
Dice una nota de Misael Habana de los Santos y Gustavo Castillo -corresponsal y reportero de La Jornada-, que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal acusó a los manifestantes de “arrojar petardos, bombas molotov y piedras a los policías federales, por lo que se tomó la decisión de detenerlos y evitar daños a vehículos privados y a la caseta de peaje, pero sobre todo (se quiso) garantizar la seguridad de los usuarios y turistas”.
Agrega la nota "sin embargo, versiones periodísticas refieren que los normalistas no utilizaron ningún arma para impedir el desalojo de la caseta". Pero, la "SSP señaló que “durante las acciones de disuasión” se habrían decomisado 15 bombas molotov, 13 petardos, 30 cohetones, seis armas blancas y tres juegos de chacos."
La sección El Correo Ilustrado de La Jornada, publicó el sábado 1 de diciembre:
Represión brutal sobre Ayotzinapa
Este 30 de noviembre, cuando egresados de la Normal de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaban la toma de una caseta en la Autopista del Sol, en Guerrero, en el contexto de movilizaciones en Tlapa, Iguala, Chilpancingo Atoyac y Acapulco, fueron desalojados y reprimidos brutalmente por policías federales y estatales preventivos (PFP, o sea, militares). El saldo que tenemos es de: 56 detenidos, y dos personas heridas, una de ellas de gravedad. Los compañeros se encuentran en la barandilla de Acapulco, sitiada por la PFP y elementos de la AFI.
Una vez más, policías armados con macanas, toletes y pistolas arremeten en contra de estudiantes desarmados, que son salvajemente golpeados. Parece ser que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, Armando Chavarría, secretario general de Gobierno, y todos los que los rodean, tienen una lucha a muerte con la inteligencia, la razón, la diversidad y la libertad que ser joven y ser estudiantes significa, y una vez más la barbarie, el salvajismo y la brutalidad son utilizados como forma de resolver un conflicto que nace en la lucha por ejercer la profesión para la que tan arduamente se prepararon, además del derecho que por ese solo hecho tienen a enseñar y educar a su pueblo. Es dentro de esta lógica del poder que este 30 de noviembre reprimen al pueblo y a los que por su condición y edad deberían ser privilegiados y protegidos por él.
Por ello exigimos la libertad incondicional e inmediata de todos ellos, así como de Armando Campos Ochoa. Hacemos responsables de cualquier tortura y atentado en contra de su integridad física y sicológica al gobernador Zeferino Torreblanca y a las autoridades de ese estado.
(firman) Eureka. Rosario Ibarra, Claudia, Rosario y Carlos Piedra, Celia Piedra, Leticia Tecla, Jennifer y David Sánchez, Matilde González, Daniel Rodríguez, Inti Martínez, Laura Gaytán, Sara Hernández, Tania y Pável Ramírez, Luz Henestrosa, Luz Morales, Concepción Ávila, Priscila Chávez, Juan Macías, Mario Cartagena, Acela Ocaña, Hulda Soyano, Ofelia Maldonado, Elisa Gutiérrez, Georgina Tecla y Anabel
La foto es elocuente, fue publicada en La Jornada, Pp, 1/12/2007.

Los Chamos de Venezuela


Mi amigo Gustavo Tovar Arroyo -"El michoacano"- acaba de escribir el libro Estudiantes por la Libertad, texto que recoge las experiencias del surgimiento y consolidación del movimiento estudiantil venezolano - Los Chamos-, que adquirió notoriedad pública a raíz de la salida del aire de Radio Caracas Televisión.
"Básicamente el libro es un ideario humanista que compone, a mi juicio, todo lo que ha venido ofreciendo el movimiento estudiantil para la nueva historia de Venezuela", explica el autor. "Es una contraposición de ideas contra todo lo que en este momento se está discutiendo, desde el punto de vista ideológico e histórico de la Venezuela actual", expresó.
Tovar dice que el libro muestra lo que es el espíritu de la Venezuela que amanece. "Hasta fecha reciente, Venezuela estaba conformada por un esqueleto político que se desgastó y está cambiando de piel. Todo lo que está recogido, la reivindicación de los derechos civiles, los derechos humanos, es una misión histórica. Son conceptos que yo aprendí junto a los jóvenes estudiantes. Por eso, a lo mejor los sesudos de la historia pregunten de dónde saqué estas versiones de lo que es la política, la libertad. Yo les diría que fue de conversaciones que yo le escuché a estos muchachos", explica el escritor en un entrevista a El Nacional.com.

Manifiesto a la Nación

Manifiesto a la Nación No. 6
Grupo: Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
(Textual)
"Entonces, meterse al pueblo, ser pueblo, es la primera tarea. Luego de allá sacar la enseñanza del pueblo, sacar la línea, sacar la orientación, ésa es la segunda tarea, pero, luego con eso, crear una organización es el tercer paso y es la tercera tarea (…) El cuarto paso es la teoría (…) Estudiar la teoría no para imponerla, sino para compararla con lo que uno va aprendiendo del pueblo (…) El quinto punto es la colaboración mutua entre todas las organizaciones, entre los grupos o sea ayuda de aquí para allá y ayuda de allá para acá."
(Lucio Cabañas Barrientos)
A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de México.
A las mujeres y hombres libres de la Convención Nacional Democrática.
Al EZLN y organizaciones adherentes de La Otra Campaña antineoliberal y anticapitalista.
A las organizaciones revolucionarias armadas del país.
Hace 33 años, perseguido y cercado por el ejército federal, cayó en combate Lucio Cabañas Barrientos, sencillo e inquebrantable dirigente y luchador social contra la injusticia en México.
Lucio Cabañas abrazó la causa de los pobres, desde su natal Guerrero, y luchó sin descanso por la transformación social profunda del país a lo largo de su trayectoria como líder estudiantil, maestro rural, militante comunista, fundador y dirigente del Partido de los Pobres (PDLP) y respetado jefe guerrillero de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA).
Tras enarbolar las armas de la Ley y la Justicia en defensa de los pobres, Lucio se vio obligado a empuñar la Ley y la Justicia de las Armas, luego de la masacre del 18 de mayo de 1967; al constatar en carne propia que en nuestro país la aplicación de la Ley nunca ha sido pareja para todos.
Lucio llegó a entender que ni la independencia, ni la reforma ni la revolución habían traído verdadera Justicia a todos los mexicanos. Y que la igualdad ante la Ley, plasmada en nuestra constitución, era mera apariencia porque, desde su origen, el mando de la República y el uso concentrado de su fuerza, permanecían bajo control de los poderosos; pero, sobre todo, porque las normas jurídicas establecidas –en medio del conflicto y del acuerdo- para mantener la unidad del país y garantizar la convivencia ciudadana, seguían teniendo como principal propósito la reproducción de las relaciones de dominación que los grandes millonarios y los gobernantes corruptos necesitan e imponen para acrecentar su poder y su riqueza.
Lucio entendió también que, bajo la supuesta igualdad de todos los ciudadanos, seguía existiendo la opresión y el desprecio de unos cuantos sobre la inmensa mayoría del pueblo pobre y explotado. Asimismo, entendió que los ricos, ávidos de poseer y acumular más dinero y poderío, eran invariablemente los primeros en quebrantar la Ley, y los primeros en recurrir a la violencia contra el pueblo, al ver o sentir amenazados sus intereses.
Por eso Lucio tomó las armas y, junto a un puñado de hombres y mujeres valientes, levantó en alto la bandera de los Pobres y se echó al hombro el problema de la Justicia. Luego llamó al pueblo, a todos los pueblos de la tierra, a combatir con las armas y en todas las formas posibles el autoritarismo, la injusticia y la discriminación, a fin de llevar a cabo la "Revolución pobrista".
Reivindicando como prioritaria la organización política de todo el pueblo, Lucio se proponía formar pequeños grupos guerrilleros, fogueados en el combate, que permitieran ir dominando poco a poco territorios más amplios. También se proponía impulsar la formación de muchos frentes en el país que, en coordinación, pero con relativa independencia, fueran creando un ejército del pueblo capaz de enfrentarse con éxito en una lucha frontal con el enemigo.
"Miren -decía Lucio- no venimos a la guerra por tres meses, venimos a la guerra por diez años, por quince, por veinte, por treinta, por los que sean"…
Desde entonces han transcurrido treinta y tres años, en el transcurso de los cuales el pueblo y sus organizaciones han seguido combatiendo la injusticia, la pobreza, la explotación, el despojo, la discriminación, la represión, el fraude, la imposición, la corrupción política, la guerra sucia y la impunidad de los poderosos. En este tiempo muchas cosas han cambiado y se han reestructurado, lo cual ha hecho a la lucha social y política más compleja.
En efecto, la modernidad capitalista nos alcanzó, pero sólo para dejar tras de sí una mayor catástrofe. El neoliberalismo sustituyó al modelo desarrollista, desmanteló al Estado, saqueó a la Nación y terminó de liquidar nuestra soberanía. El régimen de partido-de-Estado se derrumbó y fue sustituido por un sistema de partidos. La alternancia en el poder cobró realidad, permitiendo a las grandes empresas gobernar y, al mismo tiempo, privatizar los derechos constitucionales. La libertad de expresión ganó terreno, la antigua izquierda socialista se incorporó al poder (aunque muchos dejaron atrás metas y principios), se produjo un mayor equilibrio de poderes, se abrieron nuevos espacios de participación política…, pero nunca pudimos arribar a la Justicia, ni caminar por sus rectas calles, ni pasear por sus anchas alamedas.
No logramos acceder a la Justicia, porque las vías legales y democráticas que podrían conducir a ella, han sido sistemáticamente obstruidas, desde el poder del Estado. Incluso, antes de que nuestras viejas heridas hayan podido restañarse, mediante el castigo a los responsables de la guerra sucia, de las masacres y de la desaparición forzada, los poderosos han seguido asestando nuevos golpes e infligiendo nuevas heridas, por medio del fraude y de la más violenta represión. Prueba de ello son las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque y, más recientemente, la brutal represión en Sicartsa, Atenco, Oaxaca, La Parota y actualmente en Ayotzinapa.
Prueba de ello es también la guerra sucia y la desaparición forzada de luchadores sociales como el ciudadano y luchador social Francisco Paredes Ruíz, ex militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el pasado 26 de septiembre, sin que a la fecha se tenga noticia de él. Este ominoso hecho devela los mecanismos y prácticas anticonstitucionales a los que sistemáticamente recurre el gran capital para reproducir y afianzar su dominación. Y es sin duda otro mensaje siniestro, transmitido en clave contrainsurgente, que la ultraderecha en el poder ha decidido enviar al pueblo en lucha y a sus organizaciones de izquierda.
Lamentablemente, la Legalidad y la Justicia en México son sólo máscaras que cubren el rostro de la descomposición, la violencia y la impunidad de los poderosos, como lo dejó ver el fraude electoral del 2006 y como lo ha dejado ver la sesgada y venal actuación de la Suprema Corte de justicia de la Nación (aunque no de todos sus ministros), en los casos en que ha tenido que emitir su fallo. Muestra de ello es la exoneración de Mario Marín de las graves violaciones de que fue objeto la periodista Lydia Cacho Riveiro, poniendo de manifiesto que, además de los intereses de clase, existe una red de complicidades vinculadas al narcotráfico, la prostitución y la pederastia que impide en nuestro país la efectividad de la Justicia.
Todo esto forma parte de la renovada ofensiva antipopular, y guerra sucia, lanzada por el gobierno federal espurio a instancias del imperialismo yanqui, y sus grandes corporaciones, llámese 'Plan México' o 'Iniciativa Mérida'. Y forma parte también de la guerra mundial contra los pobres y contra los recursos vitales de la naturaleza, para imponer las reformas estructurales y terminar de privatizar nuestras fuentes energéticas. Dentro de esta ofensiva se inscribe un renovado esfuerzo de los aparatos de inteligencia en nuestro país y, en consecuencia, la activación de soplones, "entregadores" y organismos de fachada, a fin de golpear al movimiento revolucionario, social o armado.
Por todo lo anterior, las organizaciones que nos hemos identificado en torno al pensamiento y la acción del Profesor Lucio Cabañas Barrientos y, por tanto, de la acción revolucionaria armada del Partido de los Pobres y de su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, consideramos necesario seguir impulsando la construcción de rutas de escape al cautiverio de la injusticia y la opresión mediante la construcción de una democracia incluyente, representativa y participativa, la construcción de relaciones solidarias y fraternas, y el ejercicio efectivo del poder obediencial; impulsando, al mismo tiempo, el desarrollo de la organización y la conciencia política de todo el pueblo, así como la combinación y generalización de todas las formas de lucha en todo el país.
Lucio emitió su último comunicado el 27 de noviembre 1974, en el que concluyó con una exhortación a los trabajadores; exhortación que hoy retomamos, en sencillo homenaje, a fin de "seguir luchando en todas las formas que sea posible" y "a seguir combatiendo con las armas, para que la lucha libertadora llegue a todo el País. ¡Están matando al pueblo! Contestemos con la guerra."
¡POR LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA Y LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO!
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MR-LCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente-1º de Mayo
OI-1º M
Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre
BA-2D
República Mexicana, 2 de diciembre de 2007.
Fuente: Cedema.org

Comunicado Comando Popular La Patria es Primero

Comunicado del grupo denominado Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
(Textual)
Al pueblo de Guerrero.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.
A los estudiantes de la normal 'Raúl Isidro Burgos' de Ayopzinapa, Gro.
Al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa 'La Parota' (CECOP).
Al pueblo en general.
En el horizonte se ven tiempos oscuros, entonces…
Entonces habrá que buscar la luz con fuego de fusiles.
Y continuar el camino libertario de Lucio Cabañas
La resistencia civil, pacífica y armada ha sido una constante a lo largo de la historia en nuestro estado de Guerrero. Signos de resistencia y rebeldía encontramos por todos sus caminos, costas, sierra, montañas y valles. Vicente Guerrero, los Galeana, los Álvarez, los Cabañas, escribieron gestas heroicas que son ejemplos de dignidad y orgullo para las nuevas generaciones; luchas permanentes e incesantes contra la desigualdad y las injusticias, cometidas contra el pueblo.
Así, hoy se cumplen 33 años de la caída en combate de nuestro comandante Lucio Cabañas Barrientos, en las tierras del Otatal, lugar donde se inicia su largo peregrinar en la memoria y accionar de nuestro pueblo.
Lucio, con su gesto humilde y generoso, con su voz suave y firme, emprendió 7 años atrás, aquel 18 de mayo de 1967, la larga lucha por la transformación radical de las estructuras capitalistas, con un puñado de hombres libres dispuestos a sembrar su sangre por estos caminos del sur.
Una de las razones -entre muchas- por las que inició la lucha y con ello abrió una nueva etapa por la construcción del socialismo en nuestra patria, tiene que ver con la injusticia que se cometía contra los campesinos, injusticia que a 33 años continúa golpeando a nuestra gente.
Por ello, desde hace dos años, con la llegada de Zeferino y el PRD a la gubernatura, una buena parte del pueblo guerrerense pensaba que las posibilidades de transformaciones reales y necesarias en el Estado solo eran cuestión de tiempo, se imaginaban que la lucha contra las injusticias y la impunidad por fin serían una demanda saldada; sin embargo, hoy la realidad se impone y es otra.
El gobierno zeferinista junto con los perredistas, lejos de ser los promotores e impulsores de los cambios políticos y sociales anhelados durante décadas, han decidido en el marco de la reestructuración mundial capitalista incrustarse en la lógica de la acumulación del capitalismo salvaje y rapaz, que hoy requiere de la apropiación de los recursos naturales para producir y reproducirse como sistema dominante y expandirse como alternativa política. La nueva clase política perredista ha decidido incrustarse en dicha lógica para mantenerse en el poder, readecuando los marcos legales y jurídicos existentes, con base en las exigencias del Plan Puebla Panamá, de la iniciativa Mérida y del plan México, determinados por el imperialismo norteamericano a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Por ello no debe extrañar la instrumentación de la actual estrategia contrainsurgente, que consiste en la supeditación de las policías nacionales a las fuerzas armadas norteamericanas y que, en el estado de Guerrero, se impulsa dotando de instalaciones militares, asesoría, suministro de equipo y tecnologías de punta, y recursos monetarios, a los cuerpos policíacos y militares, con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico, cuando en realidad se combate a la organizaciones sociales, democráticas, legales y armadas.
Aunado a todo esto, se instrumenta una política de despojo y represión, avalada por el gobierno local, con el único fin de apropiarse de los recursos naturales, para entregárselos a las grandes compañías trasnacionales que operan en Guerrero. Ahí está, como ejemplo, la obcecada pretensión de realizar el proyecto de La Parota, a costa del desalojo y la desaparición de más de 20 pueblos, y de pasar por encima de la voluntad popular, a fin de apropiarse de las tierras y el agua, sin importar que esto pueda generar un ecocidio –como lo expresan preocupados especialistas ambientales-, ya que provocaría daños irreversibles a la flora y fauna de la región; ahí está la construcción de toda una red carretera (supercarreteras y autopistas) a lo largo de las dos costas, que permita el desplazamiento rápido de los grandes capitales hacia el centro del país, pagando precios absurdos a las personas afectadas, desde Zihuatanejo, pasando por puerto Vicente Guerrero (donde piensan establecer otro punto turístico exclusivo, con un aeropuerto), hasta la costa oaxaqueña; ahí está la protección jurídica y legal a las compañías mineras canadienses y norteamericanas que durante años han estado explotando las grandes vetas de oro, plata y otros minerales, pagando precios irrisorios a sus legítimos dueños (Carrizalillo, Taxco, San Luís Acatlan, Placeres del Oro, Iguala, etc.); ahí está el saqueo de maderas preciosas y por ende la destrucción de los bosques y reservas naturales en toda la sierra (Coyuca de Catalán, Zihuatanejo, Petatlan, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, San Luis Acatlan, Xochistlahuaca, Tlachistlahuaca, Filo de Caballo, etc.); de manera tal que nos enfrentamos a un capitalismo salvaje y rapaz que, al generar la destrucción del medio ambiente, atenta no solo contra el pueblo de Guerrero sino contra la humanidad entera.
Efectivamente estos nuevos jinetes neoliberales y fascistas pese al traje y color que los distingue de otros, igual o peor a ellos, responden a las exigencias y prioridades de la estrategia neoliberal fascista por el control y privatización de los recursos naturales.
No deja de sorprender que un gobierno emanado de un partido de "izquierda" que abandera causas populares, como lo es el PRD, bajo el manto de legitimidad que lo protege, permita y profundice las prácticas autoritarias, la criminalización y judicialización de la lucha social, incremente la militarización de la vida social, solape la violación sistemática de los derechos humanos, mantenga en la marginación, el olvido y la extrema pobreza a los pueblos indígenas, avale el hostigamiento permanente contra la policía comunitaria, imponga la ley del garrote, los gases lacrimógenos, las detenciones ilegales, el secuestro, encarcelamiento, desaparición, tortura y asesinato de luchadores y dirigentes sociales, enmascare el despojo de tierras, mantos acuíferos, bosques, ríos, mares y playas, imponga con toda saña, una política fascista, autoritaria y criminal, a fin de mantener intactos los intereses del gran capital y sus grupos de poder.
De esta manera, hoy nos queda bastante claro que los acuerdos y compromisos del actual grupo en el poder con el grupo de Figueroa, refuerzan el pacto establecido con antelación en defensa de los intereses de la oligarquía local y trasnacional, mostrando su verdadero rostro fascista y criminal con el brutal y violento desalojo del recinto legislativo, en chilpancingo, gro, de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Bustos de Ayopzinapa, y de la detencion de 56 estudiantes y egresados, en la caseta la venta en acapulco guerrero por parte de la policia federal, policia estatal, afi y policias ministeriales.
De igual modo queda en claro, la soberbia, intolerancia, autoritarismo y corrupción exhibida por la clase política en el poder local, nada ajena al pasado reciente y a la actitud mostrada por Felipe el Espurio que aprovecha la tragedia y el dolor de los tabasqueños y chiapanecos para tratar de legitimarse e inclinar la balanza a su favor, cuando estos jinetes que, con nombre y apellidos -Chavarría, Salinas Altes, Eric Montufar, González de la vega, el señor Z, y otros jinetes más, como la propia iglesia, empresarios y hasta diputados perredistas (quienes hoy ejercen el poder y ejecutan las practicas criminales del pasado),- salen a la palestra en defensa de un gobierno autoritario y criminal, que se disputa el control de sus feudos en alianza con el narcotráfico, que se empeñan en profundizar la miseria, alientan la migración y orquestan una campaña de desprestigio contra todos aquellos que disienten de ellos, pretendiendo imponer una visión absolutista y fanática de la lucha social.
Pese a todo esto, hoy el pueblo sabe quiénes son los verdugos: los que legalizan la represión y el asesinato, alientan la guerra, la ocupación y el desorden. Y más tarde que temprano el pueblo organizado hará imponer su ley y su justicia.
Ante esto, ahora nadie debe sorprenderse que las nuevas generaciones de campesinos indígenas y de jóvenes estudiantes (rebeldes por naturaleza), defiendan con firmeza y valentía la educación pública y exijan su derecho al trabajo, aunque con ello arriesguen la vida.
Guerrero requiere que los diversos movimientos sociales logren articularse entre sí, analizando y discutiendo las rutas posibles que permitan cambiar la realidad que nos golpea cotidianamente, repensar y re-apropiarnos de nuestras experiencias a partir de nuestras propia práctica, reconocernos en el esfuerzo de los otros, y en el ir construyendo juntos nuevas relaciones sociales que nos permitan establecer otra visión de la lucha y del poder que nos posibilite estar en mejores condiciones políticas y militares para poner término a la injusticia y a la impunidad existentes hoy en Guerrero.
En especial, llamamos a los jóvenes a seguir resistiendo la ofensiva y la prepotencia del gobierno local y federal, a seguir defendiendo los espacios democráticos, a no desesperar en la lucha por la transformación social, a conquistar nuevas posiciones en los espacios legales, a construir el poder obediencial, a combatir el liberalismo, la jactancia y la indiscreción, a detectar a los orejas y soplones del gobierno, a profundizar en el estudio de las ciencias sociales, a combatir el dogmatismo y el sectarismo, a impulsar la solidaridad y la relación fraterna; pues no podrá haber mejor forma de honrar la memoria de nuestro querido profesor Lucio Cabañas Barrientos, en el treinta y tres aniversario de su caída en combate, que poner todo nuestro empeño en practicar los más elevados valores morales que caracterizaron a quien sigue siendo nuestro máximo jefe revolucionario.
¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!!
¡¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!!
¡¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!!
COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO LA PATRIA ES PRIMERO
CPR–LPEP
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA–EJÉRCITO DEL PUEBLO
TDR–EP
Campamento revolucionario, Estado de Guerrero, 2 de diciembre de 2007.
Fuente: Cedema.org

Comunicado Comando Justiciero 28 de junio

Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio
COMUNICADO SOBRE GUERRERO Y LUCIO CABAÑAS
Al pueblo de Guerrero:
Al pueblo de México:
A los pueblos del Mundo:
El pueblo de Guerrero sigue recordando al comandante Lucio Cabañas de una manera muy sencilla, como uno de los dos maestros guerrerenses que se levantaron en armas en contra del gobierno para lograr el beneficio del pueblo.
El pueblo al que le tocó vivir aquellos años de lucha revolucionaria recuerda bien cómo murió mucha gente inocente a manos del ejército no solamente en municipios como los de Atoyac de Álvarez, sino también en San Jerónimo de Juárez, en Tecpan de Galeana, en Coyuca de Benítez, en Acapulco de Juárez, etc. La represión en contra de los guerrilleros por parte del Estado mexicano cubrió amplias áreas de Guerrero y hasta del país.
Por eso, como revolucionarios, pensamos que a Lucio Cabañas hay que recordarlo no sólo el dos de diciembre de cada año, sino diario, en su espíritu de lucha, en el cotidiano quehacer revolucionario, en la lucha que se hace con los pobres para que mañana se vuelvan a levantar en armas y tomen lo que les pertenece, para que triunfen definitivamente. Por eso es necesario recordar para qué luchaba Lucio Cabañas. Es necesario no perder de la memoria los principales objetivos por los que luchó el comandante Lucio Cabañas:
1.- El socialismo y el rechazo al imperialismo: "Derrotar al gobierno de la clase rica. Que se forme un gobierno de campesinos y obreros, técnicos y profesionales, y otros trabajadores revolucionarios… Expropiar las fábricas, los edificios, la maquinaria, los transportes y los latifundios de los grandes propietarios, los millonarios nacionales y extranjeros. Que se entreguen en propiedad a los trabajadores... Hacer la independencia económica de México completa, la independencia política contra el sistema colonial nuevo de los Estados Unidos de América y otros países extranjeros unidos con los pueblos pobres del mundo en la lucha contra la misma dominación extranjera que protege a las clases ricas…"
2.- La libertad política del pueblo, la democracia de los obreros y campesinos: "Que para hacer cumplir sus leyes y proteger sus intereses, los trabajadores formen sus jurados o tribunales, nombren sus jueces y se den armas para defenderse... Que el nuevo gobierno de la clase pobre dé leyes que protejan y hagan valer los intereses y los derechos del pueblo. Que se haga valer el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho de reunirse y opinar en público y en privado, el derecho de formar sindicatos, partidos y otras asociaciones, el derecho de escoger y votar candidatos y gobernantes… Liberar a la mujer, haciendo valer su igual derecho frente al hombre..."
3.- La justicia social: "Seguridad social para el trabajador así como seguro agrícola; que el trabajador controle todos los medios de comunicación para que éstos sirvan a la educación del trabajador. Hacer valer el derecho de los trabajadores y de sus familias a tener casa, educación y cultura, higiene, salud y descanso sin costos pagados… Proteger a los niños, haciendo valer los derechos que les son propio, como: alimentación, vestido, educación, casa de cuidado y de educación… Amparar a los ancianos y los inválidos por medio de casas y cuidados especiales, alimentación y vestuario gratuito, trabajo adecuado y educación y cultural... Hacer valer el derecho de los estudiantes a la educación en todos los grados... Hacer valer el derecho de los técnicos y de los profesionales a mejorar sus condiciones de vida, a mejorar su capacidad profesional y a crear y aplicar sistemas adecuados de trabajo que sirvan al pueblo trabajador. Hacer valer el derecho de los escritores, de los artistas y de los intelectuales a mantenerse con dignidad del producto, de sus obras, el derecho de hacer progresar su espíritu de creación y el derecho a crear y aplicar métodos adecuados al progreso espiritual a todo el pueblo trabajador…"
4.- La solidaridad internacional: "Unirse todos en la lucha contra la discriminación racial en el mundo, principalmente con los negros, con los mexicanos y chicanos y otras minorías raciales en los Estados Unidos…"
Esos eran los principales objetivos por los que luchaba Lucio Cabañas. Esos objetivos correspondían con el sentir del pueblo. Es sabida y reconocida la valentía de los guerrerenses, pero Lucio iba más allá del ser valiente. Por eso era querido por el pueblo. Porque no se trataba de ser simplemente valiente sino de tener un programa de lucha que cubriera las demandas más sentidas de la población. Y eso, muchos lo tenemos todavía que aprender de Lucio, pues eso no se hereda. Así como tampoco se hereda la consecuencia ni la honestidad ni la claridad revolucionaria. Esas virtudes hay que desarrollarlas en la lucha, la verdadera prueba que los revolucionarios deben pasar día con día.
A pesar de que la propia familia de Lucio Cabañas fue rehén del gobierno, jamás detuvo la difícil pero digna lucha revolucionaria que emprendió. El comandante nos legó muchas enseñanzas, las cuales siempre son ninguneadas por muchos que ahora se dicen demócratas y revolucionarios.
Mucho le debe a Lucio Cabañas el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La salida de la clandestinidad, el reconocimiento del Partido Comunista, el PCM, se debió en gran medida a la lucha de Lucio y de otros grandes revolucionarios. ¿Y cuántos del PCM hoy se encuentran en el PRD, aliándose con Torreblanca y Calderón?
Pero cada quien entierra y le rinde tributo a sus muertos. Zeferino Torreblanca y su gobierno le lloran amargamente y le rinden gran tributo a Rubén Figueroa Figueroa. Hoy, Zeferino le da cuenta de su gobierno enfermizo de poder y soberbia al hijo de Rubén Figueroa y a uno de sus más fieles seguidores, René Juárez Cisneros.
Nosotros, obreros y campesinos pobres, pero revolucionarios, le rendimos tributo al comandante Lucio Cabañas Barrientos. ¡Y qué siga la mata dando! ¡Que la lucha sigue, silencita pero recio!
¡Honor y gloria al comandante Lucio Cabañas Barrientos!
¡Contra la globalización neoliberal!
¡La construcción del socialismo!
Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio, CCRP-CJ28J
Municipio de Acapulco, Guerrero, a 30 de noviembre de 2007
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Fuente: Cedema.org

La iniciativa Creel sobre derechos humanos


El senador Santiago Creel Miranda, a nombre propio y de otros integrantes (incluyendo diputados) de la LX Legislatura del Congreso de la Unión -entre otros, de los seis coordinadores parlamentarios, senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete Ruiz, Francisco Agundis Arias, Alejandro González Yáñez y Dante Delgado Rannauro- , presentó una iniciativa de ley que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de los derechos humanos.
Dijo el Senador Creel en la presentación:
"La propuesta que hoy se pone a consideración del Poder Constituyente Permanente, y cuyo objetivo estriba en el reconocimiento y la protección constitucional de los derechos humanos; se inscribe en el marco de la Ley para la Reforma del Estado.
Tiene su origen, en los posicionamientos que formularon los partidos políticos y que fueron dados a conocer a la opinión pública en mayo pasado. (...)
Ellos coinciden en lo esencial, no cabe poner en duda, la importancia de los derechos humanos, como mandatos éticos; como lineamientos universales y, sobre todo, como principios constitucionales.
El tema, también, fue recurrente durante los trabajos de la subcomisión de Consulta Pública, particularmente en el Foro que tuvo lugar en Acapulco, Guerrero.
En esa ocasión, se presentaron cuatro ponencias. A las que, deben de añadirse cerca de 120 propuestas ciudadanas, relacionadas con el reconocimiento, el alcance y la protección eficaz de los derechos humanos.
A la luz de tales manifestaciones, en relación con este tema de derechos humanos, el pasado 26 de septiembre, ante los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, entregué una propuesta normativa, que fue turnada a la subcomisión Redactora, con el fin de que el grupo de trabajo de Garantías Sociales, la pudiera analizar y enriquecer.
El documento fue ampliamente discutido en el seno del grupo de trabajo, donde se perfeccionó de manera notable, con las aportaciones de las y los legisladores, junto con las que contribuyeron, también, los especialistas.
Hace apenas unas semanas, en la sesión que celebró la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Estado, el día 12 de octubre, la propuesta, también, mereció el apoyo de los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión."
"Señor presidente, en obvio de tiempo, le solicito que disponga la inserción del texto íntegro de la iniciativa, también en el Diario de los Debates. De tal manera que quede íntegramente registrada.
Compañeras y compañeros senadores: Los derechos fundamentales se ubican en la cúspide del sistema jurídico nacional e internacional. Desde ahí son los verdaderos límites materiales a la actuación de las autoridades, constituyen también la defensa de las personas frente a la fuerza del poder estatal.
Los derechos humanos imponen al estado deberes que rebasan la mera suma de algunas abstenciones.
En consecuencia, los iniciantes partimos del hecho inobjetable de que el origen y la justificación misma del Estado reside precisamente en la plena vigencia y en el respeto a los derechos humanos.
Por eso, es tarea permanente e inacabada que demanda el compromiso indeclinable y el esfuerzo progresivo del Estado mexicano.
Quienes suscribimos la propuesta, integrantes de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, entendemos que la eficacia social es el objetivo central de la democracia. Es decir, la democracia como sistema político que debe generar mejores condiciones de vida para las personas, para las familias, para las comunidades y, en particular, para quien menos tienen.
Hoy, a nueve décadas de la entrada en vigor de nuestra ley fundamental, son notables los avances sobre reconocimiento y alcances de los derechos humanos en todo el país.
La parte dogmática de la Constitución es ahora más extensa y, sobre todo, más rica en sus contenidos.
En los últimos años se han celebrado y se han ratificado, como nunca antes, tratados internacionales sobre la promoción y la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales, como derechos fundamentales.
También existen organismos públicos dotados de autonomía, cuyo propósito esencial consiste en proteger, en salvaguardar los derechos humanos que ampara nuestro orden jurídico.
El reto ahora radica en el siguiente paso: lograr la aplicación y la protección eficaz de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Con ese ánimo la iniciativa propone modificar los artículos: 1°, 3°, 21, 102, apartado b) y 103 de la Constitución Federal con tres objetivos centrales.
Primero.- Incorporar el reconocimiento y la protección constitucional a los derechos humanos, estableciendo medios jurisdiccionales para darles eficacia plena. Así como los principios de interpretación que amplíen los alcances del texto constitucional en el ámbito de los derechos humanos y de las garantías individuales.
Segundo.- Fortalecer el sistema de defensa de los derechos humanos a través de organismos públicos, autónomos de las entidades federativas.
Y finalmente.
Tercero.- Incluir el respeto a los derechos fundamentales como fin y objetivo de la educación que se imparte en el país. Así como el principio que rija la actuación de las instituciones policiales y también de las instituciones de seguridad pública.
La propuesta se funda en el hecho de que a pesar de las garantías sociales que constituyen un paso fundamental en aras de la democracia con sentido social, la Carta Magna vigente no reconoce de manera expresa los derechos humanos.
Por el contrario, las constituciones federales de 1824 y de 1857, cuyo Aniversario número 150 conmemoramos en este año de 2007, sí reconocían la existencia de los derechos inalienables de la persona.
Hoy, en los inicios del Siglo XXI, México debe asumir que el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos universales, inherentes a la dignidad del ser humano, deben ser, sin duda, tarea cotidiana del Estado mexicano; deben ser, sin duda, su ocupación principal; y deben ser asimismo el criterio que oriente todos los actos de gobierno.En tal sentido, los derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección deben de interpretarse extensivamente. Es decir, de la manera que más beneficien a la persona y que mejor proteja sus derechos básicos.
Al mismo tiempo, la iniciativa es un medio para garantizar a través precisamente de parámetros constitucionales homogéneos la autonomía y la consolidación de los organismos locales de protección de los derechos humanos.
Finalmente, la propuesta busca forjar en nuestros niños y jóvenes la conciencia entorno a la importancia de los derechos básicos, al tiempo que se incremente la confianza de los ciudadanos en las instituciones policiales preventivas, así como de investigación.
En suma, se trata de un documento responsable que signifique un avance fundamental a la consolidación de nuestro régimen democrático y de libertades.
Se trata de que las acciones y políticas sobre derechos humanos estén precisamente al servicio de los ciudadanos.
El compromiso es que la democracia sirva a la sociedad mexicana.
El compromiso es que nuestra democracia sea una democracia socialmente eficaz.
Muchas gracias."
La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Planteamiento General
La vigencia plena y el respeto a los derechos humanos constituyen el origen y la justificación misma del Estado; la observancia de los derechos fundamentales de la persona se concibe como la razón de ser de las instituciones públicas y autoridades.
Hoy, a nadie escapa la relevancia de los derechos humanos como principios constitucionales, ubicados en la cúspide del sistema jurídico, desde la cual son auténticos límites materiales a la actuación de los poderes públicos y de los órganos de gobierno.
Sin embargo, la responsabilidad estatal no debe constreñirse a un conjunto de abstenciones frente a los llamados derechos políticos y civiles; por el contrario, es tarea permanente y progresiva del Estado, que implica el despliegue de todas las facultades de que se encuentra investido, con objeto de garantizar el respeto de todos los derechos.
Por ello, el Estado debe empeñar todas sus facultades y recursos para la consecución de este objetivo y es la Constitución uno de sus instrumentos fundamentales en esta tarea. Desde su origen, la Constitución en el desarrollo del Estado moderno, ha sido concebida como un instrumento de carácter jurídico parala salvaguarda de los derechos humanos. De aquí que, como se reconoce ampliamente en la Doctrina Constitucional moderna, una Constitución sólo puede llamarse así si efectivamente es un medio efectivo para la garantía de estos derechos.
Este postulado ha sido reconocido en el movimiento internacional de los derechos humanos,originado en la segunda mitad del siglo XX y en el que gracias a su impulso existe todo un bagaje jurídico de reconocimiento universal de los principales derechos humanos, asumidos como compromisos de carácter internacional por toda la humanidad.
El gran reto para la protección de los derechos humanos en la actualidad consiste precisamente en implementar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, trasladarlos y hacer eficaz su protección en el sistema jurídico interno. Para ello, el sistema constitucional se vuelve la piedra angular.
Es por esto que en las últimas décadas, especialmente a partir de la Conferencia Mundial de Viena de 1993, el gran reto universal de los derechos humanos consiste en la incorporación efectiva de los instrumentos internacionales a nivel interno.
México no es ajeno a este compromiso. El momento histórico que atraviesa nuestro país en su vida democrática, tiene como componente fundamental el de avanzar decididamente en el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que el objetivo central de la democracia debe ser ante todo la eficacia social; es decir, la generación de mejores condiciones de vida para las personas, las familias y comunidades, en particular, las que menos tienen.
Es por ello que el objetivo central de esta propuesta es hacer una propuesta para el fortalecimiento del eficaz respeto a los derechos humanos en nuestra Constitución.
Antes de mencionar algunos de los objetivos específicos de la presente iniciativa, conviene señalar algunos antecedentes que, sin duda, la fortalecen. En primer lugar, por parte de la Doctrina Constitucional mexicana, ha sido constante el llamado para el fortalecimiento de los derechos humanos en la Constitución, lo que se ha reflejado, entre otras cosas, en un cúmulo importante de valiosas iniciativas de reforma constitucional presentadas por Legisladores de todos los Partidos ante ambas Cámaras del Congreso, particularmente durante la LX Legislatura.
Por otro lado y conforme al proceso establecido por la Ley para la Reforma del Estado, aprobada por la presente Legislatura el 13 de abril del presente año, se elaboró un documento con propuesta de modificación constitucional en materia de derechos humanos que sirvió de antecedente inmediato para la presente propuesta y en el que, además, como parte del mismo proceso, se incorporaron las propuestas de los Partidos Políticos y de la consulta pública.
Este documento, conforme al procedimiento establecido en la Ley mencionada, fue turnado al Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la Subcomisión Redactora de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en la que se encuentran representados Diputados y Senadores de todos los Partidos.
La presente iniciativa de reforma constitucional, que ahora se pone a consideración de esta Soberanía,es el resultado del acuerdo logrado al interior de dicho grupo de trabajo.
Objetivos Específicos
Como se mencionó líneas arriba, la presente iniciativa se dirige a fortalecer el sistema constitucional de defensa de los derechos humanos, comenzando por proponer su reconocimiento explícito en la Constitución y por establecer un principio de aplicación e interpretación según el cual debe adoptarse la norma que brinde mayor protección a los derechos humanos,así como ampliando los mecanismos de control constitucional para su protección.
La historia constitucional mexicana nos muestra que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales ha sido un propósito siempre presente, desde nuestra primera Constitución como país independiente en 1824, que consagraba esta realidad, al establecer en su artículo 31 que "la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano"; o en la Constitución de 1857, cuyo aniversario número 150 rememoramos recientemente, con aquel lapidario artículo 1º que señalaba: "El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."
A pesar de estos antecedentes y de lo que en términos de reconocimiento a las garantías sociales se logró en la Constitución de 1917, es cierto que en su texto no existe un reconocimiento explícito a los derechos humanos. El término utilizado por nuestra Constitución vigente en su artículo 1º, al hablar de garantías individuales que son otorgadas por el Estado, dista mucho de concordar con el planteamiento de reconocimiento universal de los derechos humanos.
Además, los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, no obstante que se integran en el orden jurídico mexicano, conforme al artículo 133 constitucional, carecen de una verdadera efectividad en su aplicación.
Al proponer este reconocimiento expreso, se busca conseguir, de manera práctica y efectiva, una mayor protección de estos derechos establecidos en los tratados internacionales, a través de una aplicación directa e inmediata en nuestro ordenamiento jurídico por parte de todas las autoridades. No se trata, por tanto, de un reconocimiento meramente teórico, como no puede serlo ninguna de las partes de nuestra Constitución, sino real y vinculativo.
Cabe mencionar que, con la presente iniciativa, lo que se pretende es ampliar la protección de los derechos humanos a los establecidos en los tratados internacionales, sin dejar de amparar los que bajo el concepto de garantías individuales incluye nuestra Constitución. Por consiguiente, se propone la inclusión del principio interpretativo de mayor protección a los derechos humanos, según el cual el alcance de las garantías constitucionales se equipare a los efectos previstos en los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
De esta manera, se fortalece todo el sistema constitucional de protección de los derechos humanos. Por otra parte, se zanja a la vez una larga discusión sobre los alcances de la protección de los derechos humanos a través de las garantías individuales y se fortalece el esquema de protección de éstos a través de la Constitución.
Bajo esta concepción, se propone, por tanto, modificar el nombre del Capítulo I del Título Primero, que actualmente se denomina "De las garantías individuales" por el de "De los derechos humanos" y modificar el primer párrafo del artículo 1º para establecer el reconocimiento, la incorporación y la protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales.
En el mismo tenor y tomando en cuenta que el reconocimiento de un derecho siempre debe traer aparejado los medios para su protección, este documento propone extenderla a través del mecanismo constitucional por excelencia que es el amparo, a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Con esto se logra dar plena coherencia al reconocimiento hecho, de la misma manera que implícitamente se está otorgando idéntica jerarquía a todos los derechos reconocidos en el título primero.
Cabe mencionar que el principio interpretativo de mayor protección de los derechos humanos, permitirá ampliar el contenido de las garantías constitucionales, hasta hacerlo equivalente -en su caso- con el de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Con ello, se mantiene intocada la jerarquía normativa del orden jurídico mexicano, establecida por el Constituyente el al artículo 133 de la Ley Fundamental y, sobre la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los tratados internacionales se ubican en un nivel inmediatamente inferior a la Constitución Federal, pero por encima del derecho federal y local-.
Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a armonizar los conceptos de derechos humanos y garantías individuales, de modo tal que aquéllos constituyan el verdadero sustento y el contenido de éstas.
Dicho lo anterior, cabe señalar que es el medular de la iniciativa que, como se menciona en muchas de las iniciativas y propuestas analizadas, con esta reforma constitucional México estaría además cumpliendo con sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados en materia de derechos humanos en cuya ratificación México ha desempeñado un papel destacado.
Se considera, finalmente, que una iniciativa que contribuya en favor del mayor respeto a los derechos de los ciudadanos, debe ser uno de los principales beneficios del proceso de reforma del Estado en que se inscribe esta iniciativa.
Corresponde ahora mencionar la razón que persiguen las restantes propuestas de reforma constitucional que se contienen en la presente iniciativa y que, en su conjunto, constituyen todo un programa de fortalecimiento en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.
En primer lugar, se encuentra la iniciativa de fortalecer a los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Por decisión del Poder Revisor de la Constitución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo responsable de defender los derechos humanos frente a la actuación de la autoridad administrativa federal.
Sin embargo, la Comisión Nacional no debe ejercer sus funciones de manera aislada, sino conjuntamente con los organismos locales de defensa de los derechos humanos -cuya existencia también deriva de la voluntad del Constituyente Permanente- en el marco de un sistema nacional pro defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, los organismos locales de protección de los derechos humanos, deben estar dotados de las facultades y estructura necesarias para cumplir cabalmente el mandato que les confiere la Constitución.
Con pleno respeto al federalismo, en que se funda el Estado mexicano, la iniciativa sugiere el establecimiento de principios constitucionales comunes -tales como la autonomía y el nombramiento de sus titulares- que hagan posible homologar la protección y la defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
Con ello, la iniciativa toma en consideración las sugerencias que han planteado los propios organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como la conveniencia de profundizar el acercamiento entre las instituciones protectoras de los derechos fundamentales y los ciudadanos en su vida cotidiana.
Es momento en el que el sistema nacional de derechos humanos se fortalezca y se dirija al terreno más concreto de los Estados y regiones del país.
Por estas razones, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la vigencia de los derechos humanos en todo nuestro territorio, a través de fortalecer los organismos públicos de derechos humanos y, de manera puntual, su autonomía de nombramiento y capacidad presupuestal.
Otra de las reformas contenidas en la presente iniciativa, es la referente a incluir el principio de respeto a los derechos humanos en la seguridad pública. No cabe duda que se trata de uno de los grandes desafíos que enfrenta el México del siglo XXI.
Garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos es deber fundamental del Estado y, a la vez, derecho fundamental de los habitantes de la República. En tal contexto, la obligación estatal de brindar seguridad debe fortalecerse con el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Es por ello que la iniciativa sugiere la inclusión del respeto a los derechos humanos como principio en la acción estatal de la seguridad pública -como adición a los criterios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez-.
Como una de las propuestas centrales contenidas en la iniciativa, se pretende fortalecer, a la vez, las bases de una cultura de los derechos humanos. Por ello, se incluye la reforma al artículo 3º de nuestra Ley Fundamental, para incluir a los derechos humanos como uno de los principios fundamentales de la educación en México. El reto de promover los derechos humanos trasciende a las leyes; el objetivo último debe ser que el respeto de los derechos humanos constituya un modo de convivencia social y, para ello, la educación se convierte en instrumento esencial.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscribimos sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero; se reforman el párrafo primero del artículo 1º, el párrafo segundo del artículo 3º, el párrafo sexto del artículo 21 y la fracción I del artículo 103; y se adicionan un nuevo párrafo segundo al artículo 1º, recorriéndose los actuales en su orden, y un nuevo párrafo tercero al artículo 102, apartado B, recorriéndose los actuales en su orden, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos
Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
En la aplicación e interpretación de las normas relativas a los derechos humanos y a las garantías para su protección, se observará el principio de mayor protección de los derechos humanos.
...
...
Artículo 3º.- ...
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
I. a VIII. ...
Artículo 21.- ...
...
...
...
...
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
...
Artículo 102.-
A...
B...
...
Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, de acuerdo con los principios que esta Constitución señala para el organismo que establezca el Congreso de la Unión.
...
...
...
...
...
...
Artículo 103.- ...
I. Por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos o las garantías individuales reconocidos por esta Constitución;
II. y III. ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones yleyes conforme a las disposiciones del presente Decreto a más tardar doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil siete.
Primeras reacciones:
Emir Olivares Alonso, reportero; La Jornada, 1/12/2007;
En conferencia de prensa -varias OSC-, respondieron de inmediato a la propuesta de ley.
Exigieron a los legisladores sumar a la ciudadanía en el debate de dicha reforma, ya que debe ser “incluyente, plural, consensuada e integral, y responder a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país”.
Activistas y académicos demandaron además que la iniciativa contemple elevar a nivel constitucional todos los tratados internacionales que México ha ratificado en la materia, pues consideraron que la propuesta de Creel no considera dicho aspecto.
“En el proceso de reforma del Estado que se debate en el Congreso de la Unión se debe garantizar una modificación constitucional en materia de derechos humanos que refuerce los mecanismos y garantías para su protección, incorpore la perspectiva de género de manera transversal, retome la universalidad de los derechos y ubique la Carta Magna a la altura de otras constituciones que han logrado incorporar esas garantías”, aseveraron.
Fernanda Díaz, representante de GIRE, señaló que si bien la propuesta del Senado no es mala, “en derechos humanos no podemos aceptar mínimos”, por lo que recordó que un grupo de organizaciones y académicos entregó hace varias semanas una iniciativa en la materia surgida desde la sociedad civil, en la que, “sobre todo, se exige elevar a nivel constitucional los acuerdos internacionales firmados por México.
“Nuestra propuesta introduce plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución, incorporando derechos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en ella, además de que refuerza las garantías y mecanismos de protección de éstos”, aseguraron los activistas.
En su turno, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que la propuesta de Creel no refleja el sentir ciudadano, además de que las autoridades manejan un discurso de apertura y escucha a la sociedad, “pero en la toma de decisiones eso no se refleja”.
Luis Caballero, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que los legisladores “deben rescatar la participación ciudadana en ese debate, pues en los grandes cambios legislativos recientes (ley de transparencia y la que ataca la discriminación) los ciudadanos han sido partícipes”.
Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos de la Uia y Cencos, entre otros, manifestaron que es indispensable que el debate parlamentario “se centre en lograr una reforma constitucional incluyente, plural e integral, para sentar las bases de un Estado democrático, cuyo objetivo fundamental sea el respecto a las garantías de quienes habitan en el país”.
Nota de Emir Olivares Alonso de La Jornada, 1/12/2007;