30 jun 2006

Luis Echeverría ¿genocida?


Un caso inédito, histórico en México.
Un tribunal Unitario en Materia Penal determinó que hay elementos suficientes para considerar a Luis Echeverría Alvarez probable responsable del delito de genocidio.
Ésta es la primera vez que la justicia del país ordena la detención de un ex mandatario mexicano, y sobretodo por genocidio.
Los cargos por genocidio fueron presentados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que dirige Ignacio Carrillo Prieto.
Luis Echeverría, que ha negado siempre cualquier vínculo con la matanza, compareció en julio de 2002 ante el Fiscal Especial sobre Movimientos Sociales para aclarar su participación en la masacre estudiantil.
De entrada el expresidente cumplirá arresto domiciliario debido a su avanzada edad -84 años-.
El asunto es que la orden de arresto llega sólo unas horas antes de que se celebren las elecciones presidenciales más competidas de México, y ello pudiera leerse como partidización de la Justicia; el más dañado por esta acción es el partido Revolucionario Institucional.
Pero..., entonces ¿dónde quedaría la autonomía del Poder Judicial?

Se excedió Bush: Corte Suprema


La Corte Suprema de EE UU asestó un duro golpe al Presidente n Bush y al alcance de sus poderes en la lucha contra el terrorismo, al dictaminar que no tiene la autoridad de ordenar juicios militares contra los detenidos sospechosos de terrorismo en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

En votación 5-3, el máximo tribunal determinó que el presidente se excedió en su autoridad ejecutiva al ordenar los juicios militares y que conducirlos viola la Convención de Ginebra y las leyes estadounidenses.

El juez John Paul Stevens concluyó a nombre de la mayoría que los juicios militares no sólo violarían las leyes estadounidenses, sino la Convención de Ginebra. Por lo que la sentencia concluye que los presos en Guantánamo han de ser considerados como prisioneros de guerra, y no como "combatientes enemigos".

Dice el editorial de El País hoy: "Éste es el mayor recorte de poderes presidenciales impuesto por el Tribunal Supremo desde la II Guerra Mundial, y demuestra que la democracia estadounidense no extiende cheques en blanco."

El fallo se desprende del caso de Salim Ahmed Hamdan -uno de 10 detenidos contra quienes pesan cargos-, presunto guardaespaldas y chofer del líder de la red Al Qaeda, Osama Ben Laden, detenido en Afganistán en 2001 y trasladado a Guantánamo en 2002, acusado de conspirar contra ciudadanos estadounidenses.

Sus abogados cuestionaron la constitucionalidad de los tribunales militares, incluso un tribunal les dio la razón, empero, ese fallo fue revertido por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2005.

Y caso fue apelado ante la Corte que aceptó escucharlo en noviembre pasado y ayer emitió el fallo.
La Administración Bush ha sido severamente criticada a nivel nacional e internacional por los poderes que se ha adjudicado en nombre de la lucha antiterrorista y que según diversos sectores atentan contra los derechos civiles, humanos, constitucionales y contra las propias leyes estadounidenses y las internacionales.
Steven R. Shapiro, director legal nacional de Unión Americana para las Libertades Civiles agregó el fallo no sólo beneficia a los detenidos en Guantánamo, sino a los propios soldados estadounidenses.
El balón ahora en el Congreso
El fallo puso el tema en manos del Congreso, donde los líderes republicanos intentan dar al presidente Bush alternativas para el manejo de los detenidos acusados de terrorismo.
Sin embargo, la resolución no es clara, ya que la Corte no se pronuncio sobre la legalidad de Guantaanamo, por lo que no permite ver con claridad el futuro inmediato de los 450 prisioneros en Guantánamo, pues la mayoría de los reos no han sido acusados y quizá nunca vayan a juicio.
Horas después de que el máximo tribunal determinó que los tribunales militares eran ilegales el presidente Bush dijo que buscaría solucionar el problema con el Congreso. Pero, anticipó que el resultado "no hará que queden sueltos por las calles los homicidas".
Y es que nada en el fallo sugiere el cierre de la prisión ni impugna la autoridad de Bush para detener a combatientes enemigos.
El Congreso tiene en sus manos todas las opciones, desde legalizar los tribunales militares propuestos por el gobierno hasta utilizar el sistema judicial de EE UU o aprobar leyes que, como recomendó el juez John Paul Stevens, usen las cortes marciales como un patrón.
Bill Frist, líder la mayoría en el Senado anunció que presentaría un proyecto después del receso del 4 de julio para autorizar el establecimiento de comisiones militares y asignar procedimientos de debido proceso. "Para mantener seguro a Estados Unidos en la guerra al terrorismo, creo que debemos enjuiciar a los terroristas sólo ante comisiones militares, no en nuestras cortes civiles", consideró Frist.
El juez presidente de la Corte, John Roberts, no participó del caso, ya que como juez de apelaciones apoyó la postura del presidente Bush en el mismo caso decidido ayer por el máximo tribunal.
Este es el resolutivo de la Corte: HAMDAN v. RUMSFELD, SECRETARY OF DEFENSE, et al. certiorari to the united states court of appeals for the district of columbia circuit No. 05-184. Argued March 28, 2006--Decided June 29, 2006

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