Populismo penal en Chihuahua

Populismo penal

Juan Ciudadano

Reforma, a 15 de marzo de 2010;

Es fácil pronosticar cuál será el discurso político del proceso electoral de cara a la elección de Gobernador para Chihuahua: una competencia por respuestas que suenen a contundentes e inmediatas frente al desgobierno que vive el Estado.

Metido en la dinámica de esta campaña el Gobernador, José Reyes Baeza, está interesado en hacer creer que si bien el clima de ingobernabilidad es evidente ya se están tomando medidas para que el próximo Gobernador -preferentemente de su partido- pueda regresarle al Estado su viabilidad.

Para comunicar esto, se les ocurrió crear nuevas facilidades jurídicas para detener, retener y "probarle" delitos a los supuestos criminales. La alternativa, bajar efectivamente los índices de inseguridad, les pareció inalcanzable. Al conjunto de medidas surgidas de esta macabra motivación los académicos las llaman "populismo penal": respuestas fáciles -y finalmente puertas falsas- al complejo problema de garantizar seguridad.

¿En qué consiste este engañoso viraje con envoltura de "mano dura"?

En un decreto reciente que reforma el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Ministerio Público con al menos tres elementos que van a contrapelo de la modernización del sistema de justicia. Puesto en otras palabras, estos pasos recientes son una contrarreforma, tanto con respecto a los pasos que el propio Estado ha dado en dirección de la instalación del sistema acusatorio, como con respecto a la reforma a la Constitución federal de junio de 2008.

Vámonos por partes:

Detener. Nueve de 10 inculpados que el MP lleva ante un juez fueron detenidos en supuesta situación de flagrancia. Leído esto con crudeza lo que nos dice la estadística es que la investigación criminal no existe en nuestro País. Por ello a la captura de los supuestos responsables de los delitos más sonados frecuentemente le sigue en breve la liberación de los mismos.

En México detenemos para investigar; en los sistemas de justicia que funcionan investigan para detener.

La reforma constitucional de 2008 (en lento proceso de implementación) busca erradicar la "flagrancia equiparada" precisamente para evitar la detención mañosa sin orden judicial y horas después de cometido el delito.

El reciente decreto de reforma en Chihuahua propone una nueva definición del concepto "inmediatamente" que justifica como flagrante la detención tardía (días después de cometido el delito) y sin aprobación judicial.

Retener. El decreto de Chihuahua también busca anular la racionalidad de la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva.

De botepronto, la reacción natural de parte de la sociedad ante una medida como ésta puede ser de alivio; "mientras son peras o manzanas, grave o menor el delito, peligroso o no el sujeto, que se le detenga". Ahí lo populista.

Sin embargo, reservar la prisión preventiva sólo para ciertos delitos y cuando efectivamente exista peligro de fuga, es no sólo cuestión de justicia, sino también la única forma de aspirar a la eficacia: las medidas cautelares funcionan -como el sistema de justicia en su conjunto- sólo cuando se aplican con racionalidad.

Queremos autoridades concentradas en retener y evitar la fuga de quienes pudieran ser peligrosos y tienen recursos para fugarse, tarea que se vuelve más difícil cuando la señal que se envía desde la ley es la de procurar justicia deteniendo a diestra y siniestra.

Probar. Probablemente la contrarreforma más grave es aquella que desvanece la línea que separa las etapas de investigación de la de desahogo de pruebas. Esta separación es pilar del sistema acusatorio porque sólo así se puede salir de las confesiones forzadas fuera de audiencia.

Nuevamente la modificación en el decreto parece sutil y suena hasta encomiable por quitarle formalidades al proceso para hacer posible algo que además suena a eficiencia: "la prueba anticipada".

En realidad son reformas de un Gobernador desesperado y un Estado sin dirección. Reformas que no sirven para detener a los verdaderos maleantes que tienen tomado a Chihuahua, y sí en cambio desdibujan al sistema de justicia acusatorio, oral y transparente, hacia el que nos hemos propuesto transitar como País ante la quiebra del actual.

La reforma de Chihuahua es ejemplo a no imitarse: tiran al niño con todo y el agua de la bañera.

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Comentario.
En el encuentro denominado: Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, el Presidente informó dijo en su segunda (de tres) intervención:

"Voy a tratar de referirme a los temas que han planteado. (se supone que se hablo de la impunidad).
"Mi percepción es que una de las causas principales de esta exacerbación del delito es la impunidad; es decir, la gente que comete un delito no es castigada o no es sancionada. Y ésta que es responsabilidad común creo que tenemos que enfrentar la manera de hacerlo.
Por eso, yo pienso que uno de los factores que tenemos que revisar es por qué razón cuando la gente nos denuncia, cuando la gente nos señala un delito, no somos capaces, en los tres niveles de Gobierno, de actuar y de sancionar.
Segundo punto, y vinculado con esto. Me venían comentando en la revisión que se está haciendo al sistema penal en Chihuahua, que ya ha aprobado, incluso, el Congreso local, y realmente lo celebro. Creo que aquí también tenemos que revisar un punto. Muchos hemos estado entusiasmados con el tema de los juicios orales, por ejemplo. Yo creo en ellos, creo que hay que avanzar hacia ellos en todo el país.
Chihuahua ha sentado un precedente muy valioso. Sin embargo, en los delitos, sobre todo que más agravian a la sociedad, y en el clima que tenemos, al impulsar la solución de controversias fuera del juicio propiamente, también, quizá, hemos dejado en un estado de indefensión a las víctimas. Que si hay la opción de otorgar un perdón sin el juicio, la víctima que está frente a su agresor, difícilmente va a decir: no te perdono, o no acepto tu reparación. Y entonces, quizá estamos exacerbando un poco la cadena de delitos, aunque efectivamente se soluciona, entre comillas, fuera de juicio, lo que estamos encontrando quizá es que no se está exacerbando un poco la impunidad, por una cosa bien intencionada se está generando un resultado quizá no deseado.
De ahí que celebro que el Congreso del Estado, según se me ha informado en el traslado aquí, haya reformado la ley para reservar esos derechos del procesado para los primodelincuentes.
Pero sí tenemos que evitar lo que en el mundo se conoce como el fenómeno de la puerta giratoria, es decir, que por la misma puerta que está entrando un delincuente, en ese mismo momento ya está saliendo, y eso hace que no se penalicen los delitos, y eso hace que se crezca la impunidad; es decir, probablemente, no sé, habrá datos más cercanos, pero una porción mínima de los delitos que se cometen se castigan." (Fin de la cita).
En efecto, recientemente hubo reformas en el tema de justicia penal del Estado de Chihuahua.
La nueva reforma de justicia penal del Estado de Chihuahua, aprobadas por el Congreso en la sesión del 21 de enero, fueron publicadas en el Periódico oficial, el sábado 30 de enero de 2010 (Decreto No. 1016-10 VII P.E. ; y entraron en vigor el día 31 de enero de 2010.

Se trata de diversa reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal; del Código de Procedimientos Penales; de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores; de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito; de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Entre otros, destacan las siguientes:
i) Del Código Penal del Estado de ChihuahuaSe reformaron los artículos 29, primer párrafo; 34, segundo párrafo; 82, fracción III; 120, fracciones I y V; 122; 139, primer párrafo; 158, segundo párrafo; 164, cuarto párrafo; 165, primer y segundo párrafos; 166, último párrafo; 167, segundo párrafo; 168, segundo párrafo; 169, primer párrafo y fracción IX; 180, primer párrafo; 197, segundo párrafo; 201; 203; 209, primer párrafo; 219, primer párrafo; 227, primer párrafo; 238, primer párrafo; 275, primer párrafo; 333, segundo párrafo; 363, fracciones I, II y IV; 385; 387, primer párrafo; 389, fracción IV; 390, segundo párrafo; 414, fracciones I y X; 415, primer y segundo párrafos; 417, segundo párrafo; y se adicionan los numerales 7, con un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes; 120, con una fracción VI, y con un segundo párrafo; 165, con dos fracciones el segundo párrafo; 171, con un tercer párrafo; 173, con un tercer párrafo; 267, con un tercer párrafo; 277, con un quinto párrafo; 285, con un segundo párrafo; 301, con una fracción IV; 342 Bis; 363, con las fracciones VI y VII; 370, con un tercer párrafo y se recorre el contenido del actual; 372, con un segundo párrafo; 389, con un segundo párrafo; 414, con una fracción XI; y un Título Décimo Primero, denominado “Acción Civil”, conteniendo tres Capítulos
Entre otros puntos la reforma consiste en que se modifica el plazo para reparar el daño -de un año a tres meses, respecto al perdón de la víctima u ofendido: Se crea un registro para llevar un control de los imputados que se han visto beneficiados por el perdón del ofendido o la víctima, ya que los imputados solo se podrán beneficiar de ésta salida alterna una sola vez.
También, no tendrán derecho al perdón los imputados que se les haya seguido un proceso por delito doloso, ya que anteriormente se requería de una sentencia condenatoria firme. Tampoco procederá el perdón en los delitos robo de vehículos, daños causados por incendio, extorsión entre otros. Además se le otorga a la víctima u ofendido la posibilidad de impugnar el perdón dado por ella misma, cuando se haya visto presionada para otorgarlo.
En las calificativas del Homicidio y Lesiones: se integra la premeditación. También se crea una calificativa para cuando en el momento de la privación de la vida o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, quemaduras, descuartizamiento o se utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población que atenten contra la dignidad humana por la exhibición de la causa de muerte. (En los supuestos de esta fracción las penas podrían alcanzar hasta 75 años de prisión).
ii) Con respecto al código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua:Se reformaron los artículos 48; 49, primer párrafo; 98, segundo párrafo; 99, fracción III; 136, primer párrafo, y fracciones I a la VII; 158, primer párrafo, 211, fracciones IV y IX; 212, fracciones I, III y IV; 231, primer párrafo; 243, primer párrafo y 307; se adicionan el numeral 99 con un segundo párrafo; 136, con las fracciones VIII y IX; y un artículo 212 Bis, y se deroga el artículo 192
Se trata de que antes de que se extinga la acción penal, por la suspensión del proceso a prueba, el juez deberá revisar que ha cumplido el imputado con las condiciones y sobre todo que ha pagado la reparación del daño. Se amplían los derechos de la víctima u ofendido para que tengan más participación dentro del proceso como: Que se pueda constituir en cualquier momento en acosador coadyuvante. La facultad de impugnar las decisiones del ministerio público para archivar el caso, por perdón del ofendido. El derecho a hacer uso de la palabra antes de que se cierre el juicio oral y antes del acusado. A que el juzgador le explique claramente todos y cada uno de sus derechos y el alcance de las decisiones que toma la víctima. A oponerse fundadamente a la celebración de salidas alternas de solución del conflicto. Se clarifica el concepto de flagrancia y se amplía el tiempo, ya que existía la idea que de que el imputado debía de ser detenido al momento de estar realizando el ilícito. Se le otorga más facilidades al Ministerio Público para que detenga a imputados por caso urgente, debido a que antes sólo operaba en delitos cuya pena media aritmética fuera mayor a siete años y ahora es a tres.
Ahora forzosamente el Juez de Garantía tendrá que imponer una medida cautelar. Además en los delitos de violencia familiar o delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual y cuando la víctima conviva con el imputado, se deberá determinar de la separación inmediata del domicilio.
Además el Ministerio Público en cuanto reciba la denuncia de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, deberá aplicar las medidas de protección emergentes o preventivas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También en relación con las medidas cautelares: En caso de que el imputado incumpla con la medida impuesta, -por ejemplo el pago de una caución-, el juez ordenará de oficio la prisión preventiva. Se limitan aun más los requisitos de los acuerdos reparatorios, para que no procedan en los delitos de robo de vehículo, de las conductas que se relacionen con ese delito, en la extorsión entre otros.
Ahora se va a perseguir de oficio, la extorsión y los daños causados por incendio, inundación entre otros, y se va a poder utilizar en juicio oral, las anteriores declaraciones de los acusados.
Además, se crea la acción civil, mediante la cual le resultará más fácil a la víctima, ofendido, terceros involucrados que se hayan erogado gastos a consecuencias de los hechos delictivos, hacer efectivo el pago de los daños y perjuicios.
iii) Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de ChihuahuaSe reforman los artículos 40; 50; 51, primer párrafo; 65; 68; 73; 95; 101, inciso b) y se adicionan los incisos j) y k); 102, fracción l y ll del párrafo primero, y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el contenido del actual.
La reforma consiste en que se amplía el plazo de prescripción de la acción penal; se limitan los casos para la suspensión del proceso a prueba; se crea la detención en caso urgente; se aumentan las penas de seis meses a diez años, cuando tengan entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años, y de seis meses a quince, años cuando tengan entre dieciséis y menos de dieciocho, entre otros.
iv) En la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de ChihuahuaSe reformaron los artículo 7, fracciones VI y X, y 11.
La reforma consiste en que se aumentan los derechos de la víctima u ofendido, para coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le garantice la reparación de daños y perjuicios cuando legalmente proceda.
v) Ley de Orgánica del Ministerio Público del Estado de Chihuahua.Concretamente en que la PGJE podrá ofrecer y hacer pagos a quienes colaboren eficazmente, para el esclarecimiento de algún caso o la localización de algún imputado.
vi) Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de ChihuahuaSe reformaron los artículos 1; 14; 21; 35, primer y segundo párrafos; 40, inciso c); 53, primer párrafo y l inciso a) de la fracción l; 64; 70, primer párrafo; 100 y 101; y se adicionan los artículos 70, con una fracción XIV, y 80, con un quinto párrafo.
La reforma consiste en que no operen algunos beneficios preliberacionales en la extorsión. En el supuesto de la condena condicional, primero se verifique que se ha pagado la reparación del daño. Y algunas otras medidas, que permitan a la autoridad, mejorar la vigilancia y control de los imputados.
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Sigue la pugna PRI-PAN

A la dirigencia del PAN le tenemos una enorme desconfianza": Paredes

Nota de Rosa Santana

CHETUMAL, Q. Roo, 15 de marzo (apro).- La presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, manifestó hoy aquí “la enorme desconfianza” que provoca a su partido la directiva nacional del PAN, que encabeza César Nava.

"El PRI tiene una enorme desconfianza de la actual dirigencia nacional del PAN. No podemos avanzar en diálogos firmes porque no les creemos", afirmó Paredes en una conferencia de prensa, a la que convocó previamente al V Informe del gobernador Félix González Canto, al que asistió como invitada especial.

Al iniciar hoy formalmente el proceso electoral local para la sucesión gubernamental, la también legisladora aseguró que su partido confía en ganar la mayoría de las posiciones que este año estarán en disputa en 12 entidades, porque “hay trabajo y capacidad”.

Al abordar el caso específico de Quintana Roo, Paredes dijo que aprovecharía esta visita para reunirse con los cinco aspirantes de su partido a la gubernatura: Andrés Ruiz Morcillo, Eduardo Espinosa Abuxapqui, Carlos Joaquín González, Roberto Borge Angulo y Gabriel Mendicutti Loria, para definir el método de selección que garantice la cohesión interna.

Y es que de ese grupo los que mayores posibilidades tienen son Borge Angulo y Joaquín González. Ambos representan los intereses políticos y económicos de dos poderosas familias: la del actual gobernador y el exgobernador Roberto Borge Martín, en el primer caso, y la familia de Nassim Joaquín, en el segundo.

De hecho, circula con fuerza la versión de que Joaquín González renunciaría al PRI para contender por la mega-alianza que se cocina entre el PAN-PRD-PT y Convergencia en caso de no resultar favorecido con la candidatura del PRI.

Al respecto, Paredes aseguró que en las tres reuniones que ya había tenido con el grupo de aspirantes, ninguno manifestó su intención de aceptar la postulación por otro partido, y dijo confiar en “la madurez política” de todos los precandidatos.

“En honor a la relación añeja que me une con los Joaquín, yo espero la madurez de los aspirantes", comentó.

Por la tarde, Paredes se reunió con los aspirantes a la gubernatura, ante quienes afirmó que el PRI refrendará sus triunfos en Quintana Roo porque “los panistas ya demostraron que no saben gobernar”.

ETA, Venezuela y las FARC

Chávez niega que los etarras refugiados en Venezuela "participen en actos terroristas"

"Me parece tan estúpido que no tengo nada que responder", dice del auto del juez Velasco
AGENCIAS / EL PAÍS - Caracas / Madrid - 16/03/2010
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha negado que los etarras refugiados en Venezuela desde 1989 "participen en ninguna actividad terrorista" y una vez más ha vuelto a arremeter contra el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que denuncia una posible colaboración entre el Gobierno de Venezuela y ETA y lo ha considerado "una locura". "Me parece tan estúpido que no tengo nada que responder. Yo creo que ni quienes lo dicen se lo creen", ha asegurado Chávez a la prensa en declaraciones recogidas por la edición digital de El Universal.
Chávez además ha recalcado que "no entiende" cómo el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero pueda poner en peligro las relaciones con Venezuela por defender al ex presidente José María Aznar. "No entiendo por qué Zapatero defiende a Aznar por el hecho de que sea un ex presidente. A eso le llaman la solidaridad automática, y eso sí es malo", dijo Chávez tras una sesión de trabajo con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Hace unos días, el ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, asoció a Velasco con "la mafia de Aznar", unas declaraciones que motivaron la protesta de Zapatero.
"¿Por qué no le preguntarán a Felipe González por qué hizo ese convenio con Carlos Andrés Pérez -el presidente de Venezuela en 1989- por el cual llegó un grupo de personas que eran de la ETA y ahora son venezolanos? Tienen hijos y nietos y estamos seguros de que no están participando en ninguna actividad de terrorismo", ha sostenido Chávez. "Si me lo demostraran, otra cosa sería, pero no con manipulaciones", ha agregado. Según el dirigente venezolano, las relaciones con España no sufrirán por mucho que le ataque la prensa o la derecha española, aunque la cosa será diferente si el "irrespeto" viene del Gobierno de Zapatero.
Este lunes, se ha conocido que el juez Velasco cursó la semana pasada a Interpol las órdenes internacionales de detención contra los miembros de ETA y las FARC que, según la investigación de su juzgado, participaron en cursillos de explosivos en la selva venezolana. Entre los procesados por el magistrado -por los cursillos y por planear el asesinato de altos cargos colombianos en España- se encuentra Arturo Cubillas Fontán , que ocupa un alto cargo en el Gobierno de Chávez.
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El Gobierno venezolano colaboró con ETA y las FARC, según el juez Velasco
Los terroristas colombianos recabaron ayuda para asesinar al presidente Uribe
JOSÉ YOLDI - Madrid - 02/03/2010
La Audiencia Nacional tiene indicios de que hubo una "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA", especialmente por medio del etarra Arturo Cubillas Fontán, responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que en 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
La Audiencia Nacional tiene indicios de que hubo una "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA", especialmente por medio del etarra Arturo Cubillas Fontán, responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que en 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Así consta en el auto del juez Eloy Velasco, que ha procesado por tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas a seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC.
El magistrado ha remitido su resolución a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior españoles para que realicen gestiones ante las autoridades cubanas y, especialmente, ante las venezolanas, para que éstas cooperen y procedan a la extradición de algunos de los procesados, en especial Cubillas, "pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA".
Ayer mismo, el ministro Miguel Ángel Moratinos llamó a Chávez para pedir explicaciones sobre esta cuestión.
Cubillas, responsable del colectivo de ETA en Venezuela, participó de forma decisiva, según el auto, en la intensificación de contactos entre ETA y las FARC. Por un lado, varios miembros de ETA recibieron cursos de adiestramiento militar en campamentos de las FARC en la selva colombiana y, como contrapartida, ETA se comprometió a la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de los colombianos. Así, entre los citados objetivos figuraban el ex presidente colombiano Andrés Pastrana; la ex embajadora en España Noemí Sanín Posada; el ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus; el vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares colombianos contra los que iban a atentar durante su estancia en España. Más adelante, a la lista añadieron el periodista y ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación ya fallecido Bernardo Gutiérrez; el senador Carlos Ardile e incluso en la última etapa, al propio presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Entre marzo y septiembre de 2000, el miembro de las FARC Victor Ramón Vargas Salazar, Chato, siguiendo instrucciones del dirigente de la organización terrorista Edgar Gustavo Navarro Morales, El Mocho, viajó a España en dos ocasiones para realizar vigilancias de la Embajada colombiana en Madrid y para controlar los itinerarios de Pastrana.
El auto del juez Eloy Velasco destaca que dos etarras, Ignacio Domínguez Achalandabaso, Txomin, y otro apodado Martín Capa, impartieron un cursillo terrorista en la selva venezolana, en una finca cercana a Guadalito, en el Estado de Apure. Fueron unos 20 días en jornadas de dos horas a 13 miembros de las FARC y a otros siete del FLB, todo bajo la dirección del comandante Pizarro, sobre técnicas avanzadas de manejo del explosivo C4, un plástico de mayor capacidad destructiva que la dinamita, pero de menor volumen, de fácil adquisición en Venezuela. Domínguez se encargó del adiestramiento de la iniciación de los explosivos por medio de teléfonos móviles.
El curso fue repetido a miembros del denominado Bloque Caribe de las FARC y al mismo, según la resolución del juez Velasco, "acudieron viajando por tierra vía Maracaibo, con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar, de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos". El curso fue gestionado y organizado por Arturo Cubillas, por parte de ETA, y Remedios García Albert, La Médica, miembro de la comisión de las FARC que despachaba con el comandante Luciano Martín Arango, Iván Márquez, y Omar Arturo Zabala, Lucas Gualdrón.
Los etarras Carlos, identificado como José María Zaldúa Corta, Aitona, y otro apodado Schumacher, cuya identidad no ha sido establecida todavía, también impartieron cursos a miembros de las FARC sobre la aplicación de técnicas de guerrilla urbana, uso de explosivos y la confección de artefactos activados por movimiento o mediante móviles.
En 2003, los cursos fueron impartidos por guerrilleros de las FARC a cuatro integrantes de ETA sobre fabricación y utilización de morteros tipo JOTAKE.
Gran parte de la información se ha obtenido de los documentos intervenidos al jefe de las FARC Raúl Reyes, muerto en enfrentamiento con el ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en un campamento en la frontera con Ecuador.
Los procesados, para los que se ha ordenado la prisión y busca y captura internacional, son: Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldúa Corta, por parte de ETA; y Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Víctor Ramón Vargas Salazar, Edgar Gustavo Navarro Morales, Luciano Martín Arango y Omar Arturo Zabala Padilla, por parte de las FARC. Remedios García Albert, que reside en España, ha sido citada a declarar el próximo 24 de marzo.

Malova, semana decisiva

Columna EN PRIVADO/ Alfredo Originales

RRazones.com, lunes, 15 de marzo de 2010 09:35

¿CONTRA ATAQUE POLITICO?

La guerra comenzó. ¡Cuidado!. Habrá muchos nombres salpicados. Todo sea por el poder.

Advertíamos en el artículo anterior que si el senador Mario López Valdez decide finalmente encabezar la candidatura al gobierno de Sinaloa por la alianza opositora, en el fondo se trataría de un enfrentamiento electoral del PRI contra el PRI.

Algo así como la trama fílmica de Kramer vs Kramer.

De igual manera anticipamos que la característica común de este enfrentamiento seria una guerra sucia cada vez más riesgosa en la cual al calor de los ataques, muchos nombres de encumbrados personajes pudieran ser salpicados por las acusaciones cruzadas

Sobre todo relacionados con el narcotráfico y sus ramificaciones, como el lavado de dinero y lo que Usted guste agregarle.

El tiempo nos está dando la razón, pues el primer golpe se acaba de dar con la detención de Luis Domingo Pérez Hernández, ex director de gobierno en el periodo de Juan Millán Lizárraga y ex subsecretario de gobierno al inicio del actual gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Quienes piensan que esta detención constituye un golpe contundente político electoral se basan en los siguientes supuestos:

Luis Pérez Hernández desarrollo durante el gobierno de Juan Millán labores de inteligencia en todas las esferas de la administración estatal y de los municipios lo que le permitió allegarse de toda suerte de información sobre cualquier persona.

Recordemos que la información es poder y mucho más si esta contiene datos comprometedores y confidenciales, ciertas o falsas, grabaciones, videos, en fin.

En la lucha que enfrentan Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla por la sucesión gubernamental en Sinaloa, no se puede descartar la presencia de Luis Pérez a favor del ex gobernador y también socio inversionista.

En este contexto, todas las acusaciones mediáticas en contra de Jesús Vizcarra Calderón, virtual candidato del PRI a la gubernatura, promovido e impulsado por Jesús Aguilar, son atribuidas como autor material precisamente a Luis Pérez.

Como nunca, una foto en la que aparece el ahora ex alcalde de Culiacán Jesús Vizcarra al lado del Mayo Zambada hace mas de 20 años y que ya había sido utilizada en su contra, ahora tuvo una inusitada difusión a nivel nacional con toda la clara intención de desacreditarlo como posible candidato.

Igualmente videos y grabaciones telefónicas con el objetivo de allanarle el camino al senador Mario López Valdez como la mejor opción del PRI para que fuera el candidato, pero todo indica que las metas no se concretaron a menos que algo extraordinario ocurra.

Hasta ahora, todo el golpeteo en contra de Vizcarra Calderón para minarlo usando todos los recursos, sobre todo económicos, parece que no hicieron mella, no obstante que no hubo contra ataque.

Curiosamente cuando faltan horas para que inicien formalmente las precampañas (17 de marzo), ocurre la detención en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de Luis Pérez Hernández, por el supuesto delito de “lavado de dinero”, considerado ya por muchos como uno de los principales operadores políticos del Senador Mario López Valdez por encargo del ex gobernador Juan Millán.

Lo que muchos se preguntan ahora es ¿hasta dónde le afectara a Malova este golpe?, sobre todo tomando en cuenta que a la detención de Luis Pérez en la ciudad de México, le siguió en Culiacán un exhaustivo cateo de once horas en su domicilio de donde los elementos de la AFI sacaron muchas bolsas llenas de documentos y decomisaron dos vehículos.

Y para rematar se le dicto a Luis Pérez un arraigo de 40 días, tiempo en el cual, dicen los que saben, las autoridades judiciales obtienen o arrancan toda suerte de información.

Así pues, estamos en un escenario en donde las baterías se revirtieron y que sin duda alguna complica aún más la situación, de por si titubeante, del senador Mario López Valdez para convertirse en el candidato de una supuesta alianza opositora integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia.

Ante un contexto aparentemente adverso, quien tiene la última palabra es Mario López Valdez. Cumplir su obsesión de aparecer en las boletas electorales del 4 de julio venidero por la alianza con todo lo que ello implica: renunciar al PRI y por ende declararse Senador Independiente y aguantar todo el contra ataque.

Si gana con la fuerza ciudadana hará historia, si no será su tumba política

O bien, buscar la mejor salida airosa procurando proteger a sus gentes y fortalecer su enorme capital político y propiciar las condiciones de tiempo y forma en pos de un derecho y anhelo a todas luces merecido.

La liga ya fue estirada demasiado, por lo tanto urge poner los pies en la tierra.