Todo tiene su tiempo..., hoy es 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y AMLO --¿guadalupano?-s e registrará como precandidato a la Presidencia de la República ...
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Hacia la Ley de Seguridad Interior! última llamada...
Gobernadores pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.
Advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.
Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.
Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
En el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente todavía de la Conago, Miguel Ángel Mancera, dio su apoyo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior; no obstante, alertó sobre “excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que, incluso, han solicitado las Fuerzas Armadas”.
Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, dijo que la Ley “debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas”.
En tanto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, consideró inaplazable la aprobación de una ley, “ajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas se da en el marco de un vacío legal. Este vacío no tiende más que a generar incertidumbre: a los gobiernos estatales les da opción de evadir su responsabilidad de brindar seguridad con sus fuerzas civiles”.
El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, consideró que ante el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años, la ley regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios estatales, sus implicaciones, alcance y duración, “las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión”.
Señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.
Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.
José Rosas Aispuro, de Durango fue enfático en señalar que este marco legal no pretende sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, pues el narcotráfico y los grupos delictivos ponen en riesgo la seguridad interior.
Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.
Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.
A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley.
Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.
Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.
Más cabildeó..
El nuevo arzobispo Primado de la Ciudad de México Cardenal Carlos Aguiar Retes, se pronunció porque exista una Ley de Seguridad Interior para que el Ejército tenga el marco legal para intervenir.
En tanto organizaciones civiles y académicos contrapusieron posturas sobre la Ley ..
El investigador del CIDE, Alejandro Madrazo, consideró que la ley que pretende aprobarse “es una confesión de parte”, y lo que se pretende es hacer “como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública” y se pretende que el Ejército las lleve a cabo.
José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, dijo que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerzas políticas, lo que permitiría evadir la responsabilidad que se tiene con las policías locales.
Juan Ibarrola, experto en materia de seguridad, consideró que diversos sectores de la sociedad, como el estudiantil, el de salud e industrial, no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles, e Isabel Miranda de Wallace de la organización Alto al Secuestro, pidió no realizar ningún cambio fundamental a la minuta, para que el Estado pueda actuar en contra de “las manifestaciones violentas”.
Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.
Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.
Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.
Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.
Samuel Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.
Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.
Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.
Varios columnistas opinan hoy, recomiendo la columna Razones de Jorge Fernández en Excélsior..
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Las columnas políticas hoy, 12 de diciembre de 2017...
Templo Mayor de Reforma
ENTRE los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay un aire de nostalgia, y no porque se acaba el año, sino porque todo indica que vienen cambios.
LA SEMANA pasada Gerardo Ruiz Esparza tuvo acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, nomás que esta vez no fue acompañado de todo su equipo, sino que fue llamado a Los Pinos él solito, con apenas un fólder en la mano. Y después de esa reunión se desató el rumor de que su salida de la SCT está próxima.
