"El Tiempo" ¡pide disculpas!

¡Por lo menos!

A veces perdir disculpas basta!, otra veces no.

El Trabajo periodístico conlleva una enorme responsabilidad social.

Recomiendo un texto mio, http://fredalvarez.blogspot.com/2005_10_07_archive.html

La foto que no era/ Editorial
Fechado el 18 de Marzo de 2008.

Redactor de EL TIEMPO.
El día de ayer, este diario publicó una fotografía, extraída del computador de 'Raúl Reyes', entregada por una fuente de la Policía, cuyo pie de foto decía: "En la foto encontrada en el computador de 'Raúl Reyes', el ministro de Seguridad del Ecuador, Gustavo Larrea, dialoga con el guerrillero". El texto de la información lo corroboraba. Copias de la foto se repartieron en la cumbre de cancilleres de la OEA, donde generaron un encendido debate.
En realidad, el personaje de la fotografía no es el ministro Larrea, sino el dirigente comunista argentino Patricio Etchegaray, como quedó claro ayer, cuando ya la publicación se había difundido ampliamente. Un error lamentable, que reconocemos sin vacilar y que, más allá de EL TIEMPO, afecta la credibilidad de la causa colombiana en la lucha contra las Farc y las múltiples informaciones, varias de ellas comprobadas, encontradas en los computadores del guerrillero. El tema, además, apunta a una cuestión de fondo del periodismo: la relación con las fuentes y la atribución de las informaciones.
La fotografía procede del computador del guerrillero. El parecido con el Ministro ecuatoriano es notable. La foto fue entregada, de manera no oficial (y precipitada, pues el material era aún objeto de investigación, lo que no se dijo al periódico), por la Policía. Y fue esa fuente la que identificó al Ministro como el personaje fotografiado. Pero, más allá de las intenciones de la fuente al entregar la foto y de sus eventuales repercusiones políticas hacia la reunión de la OEA, este diario falló en sus procedimientos de verificación (una cosa es un parecido, otra es que se trate de la persona en cuestión); y falló al no atribuir claramente la información a la fuente, en lugar de asumirla como propia. Un doble error que afecta la credibilidad del periódico y que nos llevará a reforzar los mecanismos internos de verificación y control para que esto no vuelva a repetirse. Y que nos lleva a pedir, desde este espacio, excusas al ministro Gustavo Larrea y al gobierno del Ecuador.
Para lo que no se puede aprovechar este lamentable episodio es para desvirtuar el contenido de los computadores de 'Reyes' y otros jefes guerrilleros, que ya han mostrado, en casos como el de la caleta en Costa Rica, que contienen valiosa y certera información, la verificación de cuya autenticidad está en manos de Interpol. Como dicen en Colombia, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.
editorial@eltiempo.com.co

Del señoritismo panista

Dos opiniones sobre el Mouriñogate; Jesús Silva-Herzog y Sergio Sarmiento

Del señoritismo panista/Jesús Silva-Herzog Márquez

Publicado en Reforma, 17 Mar/2008;

Algunos celebraron el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación como el asomo de una nueva clase política que, finalmente, llega al país para darle vuelta a las hojas. Cobijados por el PAN, aparecían políticos frescos, jóvenes, sin las obsesiones de sus predecesores. Sus publicistas los retrataban como competentes y ágiles; diestros en el manejo de las encuestas y libres de telarañas ideológicas. Sugerían que el nuevo ministro del Interior representaba la avanzada de una promisoria tonificación del cuerpo gobernante. Aquellos defensores sugerían que no había que exigirle demasiadas credenciales al funcionario premiado: bastaba la confianza de su jefe y el éxito en la campaña para convertir a su mentor en Presidente. La experiencia era ridiculizada como si fuera una petulancia de viejos. ¿De qué sirven años de experiencia si este régimen es tan distinto al viejo, tan nuevo, tan joven -como Juan Camilo?

El escándalo que ha envuelto al secretario de Gobernación no es una nimiedad. Representa un vicio que, por muy común que sea entre los panistas, no deja de ser inadmisible: la incapacidad de trazar con claridad una línea que separe los intereses privados y las responsabilidades públicas. No encuentro señales que demuestren que el legislador o el funcionario de la Secretaría de Energía se hayan beneficiado de su cargo, pero lo que evidencian los documentos exhibidos es, por lo menos, ligereza, descuido en el trato de asuntos espinosos. Con todo, lo menos escandaloso del escándalo es el motivo que lo hizo explotar. Normalmente el encubrimiento resulta más nocivo que la trampa. En este caso, lo verdaderamente grave no son las firmas sino la reacción del funcionario. Mudo para responder puntualmente a las imputaciones, el secretario se mostró indignado por un cuestionamiento calificado de "mezquino". ¿Por qué sería mezquino que la oposición señale documentos que exhiben conductas públicas que son, cuando menos, sospechosas? ¿No es parte del derecho y aún de responsabilidad de las oposiciones? ¿Quién se cree este hombre que se imagina por encima de los cuestionamientos?

Mouriño no se quedó en la absurda cantaleta de los-malos-mexicanos-que-quieren-el-fracaso-de-México sino que se explayó en una lacrimosa historia de sacrificio. Nos relató el abnegado patriota que en el 2003 optó por el servicio a la patria. Desde entonces carga una pesada cruz: "El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia; renuncié a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país". Ay. El señorito se ofende porque la ingrata patria no le reconoce las privaciones que ha tolerado para beneficiarla generosamente con su talento. Difícil imaginar una respuesta más incompetente, más torpe y, sobre todo, más insultante.

El escándalo del preferido de Calderón no tiene que ver, pues, con sus tratos con Pemex, sino con su nombramiento. Si queríamos una estampa del político bisoño que no tiene más mérito para ocupar el ministerio del Interior que el aprecio de su jefe, ahí la tenemos, a todo color. La información que ha dado después sigue sin responder a las acusaciones del político que ha revivido con su arrogancia. La gran apuesta política de Calderón ha resultado un fiasco.

Insistiría que el amiguismo de Calderón no tiene paralelo en la historia reciente del país. Ni en los tiempos dorados de la hegemonía priista puede recordarse un gabinete tan oscuro y tan subordinado al criterio exclusivo de la amistad. Por supuesto que antes había amigos en el equipo presidencial y que muchos de ellos eran indefendibles, pero no había tantos colaboradores que lo fueran por el solo hecho de ser amigos del jefe o por la gran virtud de ser, convenientemente, anodinos. Si el tamaño de un Presidente se mide por la estatura de sus colaboradores, el presidente Calderón se retrata en su diminuto club de Mickey Mouse. El suyo no es un gabinete de figuras indisciplinadas por la sencilla razón de que no hay, excluyendo al secretario de Hacienda, una sola figura en su equipo. Pero diría que el caso del secretario de Gobernación refleja algo más que la inseguridad de un Presidente que no tolera la compañía de personajes con trayectoria propia. Si ha querido azular su gabinete ha tenido éxito: en sus colaboradores está el mejor retrato del partido que llegó al poder hace un año y medio. En efecto, como quieren los calderonistas, puede decirse que el PAN no ganó el poder en el 2000, con Vicente Fox. El partido de Gómez Morín llegó al poder con el hijo de un fundador.

La irritante respuesta de Mouriño es la muestra perfecta del arrogante señoritismo que impera en el PAN. Los sacrificados señoritos panistas que dicen ofrendar sus "legítimos" dividendos a la salvación nacional. No son los tecnócratas de antes que eran respetados en todo el mundo; no son tampoco los lobos de la malicia que siguen imponiendo sus condiciones. Sin formación académica solvente, ni experiencia política, son los amiguitos mimados de un hombre con suerte. Daniel Cosío Villegas hablaba de ese señoritismo a fines de 1946 cuando hablaba de los antipáticos panistas: son los decentes de clase media cuyos intereses y experiencias se reducen a su despacho y a su parroquia. Los calificaba atinada y visionariamente como tipos de "mentalidad señoril", en su memorable ensayo sobre la crisis de México. Esos señoritos ganaron la Presidencia en el 2006 y están convencidos de que el país está en deuda con ellos. http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

Columna JAQUE MATE/ Sergio Srmiento; Levantar estiércol

Reforma, 17 Mar. 08

"Donde hay estiércol, hay que levantarlo".

James P. Cannon Van a salir más documentos de las corruptelas de Juan Camilo Mouriño. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador el viernes 14 de marzo en Comalcalco, Tabasco, en una visita que hizo para "abonarle" el terreno al presidente Felipe Calderón, quien estará en Tabasco este 18 de marzo para celebrar el 70 aniversario de la expropiación petrolera.No es el único perredista que lo dice. El senador Ricardo Monreal del PRD afirmó el mismo 14 de marzo: "Porque además les quiero adelantar que van a salir más datos, van a salir más elementos, van a salir más documentos; tenemos más documentos, más pruebas que incriminan".

Lo sorprendente, de hecho, sería que no salieran estos documentos. López Obrador ha recurrido con enorme frecuencia a la estrategia de cuestionar la honestidad de sus rivales políticos presentando documentos que supuestamente comprueban actos ilegales. Algunos, quizá, han resultado ciertos; otros más, falsos. Pero eso poco importa. Lo que realmente ha buscado Andrés Manuel es el impacto mediático y político, y éste siempre lo ha obtenido.Durante las movilizaciones que llevó a cabo en 1995 en protesta por el presunto fraude electoral de Tabasco de 1994, López Obrador dijo que una persona no identificada le proporcionó cajas con copias de facturas que demostrarían que Roberto Madrazo, el candidato del PRI, habría gastado mucho más del límite establecido para la elección. La PGR examinó los documentos y los mandó a la Procuraduría de Tabasco para presentar cargos. Pero esta última determinó que las copias no comprobaban el ilícito.En marzo del 2000, cuando era candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador acusó al panista Diego Fernández de Cevallos de haber recibido ilícitamente unos terrenos en Punta Diamante, Acapulco, como soborno de José Francisco Ruiz Massieu cuando éste era gobernador de Guerrero. Lo que realmente ocurrió es que el gobierno guerrerense le dio legalmente a Fernández de Cevallos esos terrenos en pago de una indemnización por una previa expropiación indebida. La indemnización la obtuvo el panista sólo después de ganar un largo litigio en los tribunales.En la elección presidencial del 2006, López Obrador acusó a la empresa Hildebrando, propiedad de Diego Zavala, cuñado de su rival panista Felipe Calderón, de haber obtenido contratos indebidos del gobierno de Vicente Fox y de no pagar impuestos. Al final no hubo pruebas ni de que los contratos fueran ilegales ni de que Hildebrando hubiese evadido impuestos.

Acusar de corrupción a los rivales no es un simple incidente sino parte fundamental de la estrategia política de López Obrador. El ex candidato presidencial no está inventando el hilo negro. La táctica del muckraking, de "levantar estiércol" -el término lo inventa Theodore Roosevelt en referencia a un pasaje de la novela Pilgrim's Progress de John Bunyan-, ha sido muy común en los procesos políticos del mundo desde que tenemos memoria. Ya Pericles y sus más cercanos colaboradores, Fidias y Aspasia, fueron acusados de corrupción en la Atenas clásica. Las acusaciones de impiedad, corrupción e inmoralidad eran el pan de cada día en el viejo senado romano.

Lo lógico, por lo tanto, es que las predicciones de Monreal y López Obrador se cumplan. Claro que habrá nuevos documentos y nuevas acusaciones contra Mouriño, quien es un blanco fácil para este tipo de campaña política. Mouriño no sólo es el secretario de Gobernación sino amigo cercano del Presidente -por lo que cada golpe a él le duele a Calderón-, además es un posible candidato a la Presidencia de la República en el 2012. Lo realmente sorprendente sería no ver ataques en su contra programados para irrumpir en los medios cada determinado tiempo.Quizá algunas acusaciones tengan sustento, pero eso no importa demasiado. La experiencia demuestra que, para propósitos políticos, es más importante lanzar la piedra que comprobar acusaciones que en algunos casos pueden ser complejas desde el punto de vista legal.

Hasta ahora Mouriño se ha mantenido en el puesto con el claro respaldo del Presidente. Si Calderón acepta la renuncia de su actual secretario, apenas unas semanas después de haberlo traído al gabinete, estaría reconociendo su debilidad política. Pero quizá el propio López Obrador no quiera eliminar de inmediato a Mouriño. Le conviene tenerlo ahí presente, vivo políticamente, como respuesta fácil cada vez que alguien trae a colación las imágenes de René Bejarano recibiendo dinero de Carlos Ahumada o las asignaciones directas de contratos para el Segundo Piso del Periférico.

Levantar estiércol, después de todo, no es algo que sólo hagan los perredistas. Problemas de fondo

Gutiérrez Vivó

Columna Trascendió de Milenio Diario, (16/03/2008) señala:

Que para seguir con el tema, mal cayó entre un grupo de trabajadores de Monitor que el viernes, en pleno día de quincena, el director y dueño de ese medio, José Gutiérrez Vivó, tuviera una gran comilona con una controvertida conductora de radio en el restaurante Alaia, de San Jerónimo.
No es que los trabajadores que los vieron tengan problemas con la comida vasca o el buen vino que tomaban los periodistas, sino que a ellos les deben otra vez varias quincenas.
“¿Quién protege a JGV?”/Leopoldo Mendívil

La Crónica de Hoy, 17 de Marzo de 2008;

LIC. MARCELO EBRARD
CASAUBON,
JEFE DE GOBIERNO DEL DF:
Debe usted conocer las demandas que se cansan de presentar los colegas de los medios de Grupo Monitor. Por ello una vez más ese espacio les da cabida con lo esencial del documento que 10 días atrás presentaron a la Federación Internacional de Periodistas:
“Hablar en estos momentos de los derechos humanos laborales de los periodistas en México sin mencionar la grave problemática que viven los reporteros y el personal administrativo en Grupo Monitor (Infored) —que preside José Elías Gutiérrez Vivó— dejaría sin una visión clara de lo que acontece en los medios de comunicación a un foro público de la trascendencia del que organiza la Federación Internacional de las y los Periodistas y el Centro de Solidaridad que ustedes dignamente representan.
“Peor aún:
“Evadir el tema fortalecería la falsa tesis que ha pregonado el citado empresario en el sentido de que no paga salarios ni prestaciones a los reporteros y a los trabajadores en general como consecuencia de un supuesto boicot publicitario por parte del ex presidente Vicente Fox y de ‘castigo’ por parte del actual gobierno federal. Aduce que los trabajadores deben generar sus propios salarios, y con esa idea elude toda responsabilidad patronal, ante la complicidad de autoridades locales y el silencio de instancias federales.
“Para los trabajadores de Diario Monitor, nombre comercial de la empresa con razón social El Heraldo de México, S.A de C.V., la crisis económica en el diario es consecuencia de las ambiciones político-personales de Gutiérrez Vivó, así como de una pésima conducción administrativa y editorial en el proceso de conversión de El Heraldo de México a Diario Monitor.
“… —A la fecha son ya tres meses sin pagar salarios a los reporteros y personal administrativo (de diciembre de 2007 a febrero de 2008), además de no cubrir el aguinaldo correspondiente a 2007.
“—El 31 de octubre de 2007, con el aval de la Junta Especial 10 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que preside Jesús Campos Linas, Gutiérrez Vivó impuso convenios leoninos a varios trabajadores… y aunque se comprometió a cubrir las ‘liquidaciones’ por despido en mensualidades de enero a diciembre de 2008, sólo pagó el primer mes y no ha cumplido con las restantes obligaciones.
“—Ante las decenas de demandas laborales por no pago de salarios y prestaciones, Gutiérrez Vivó responde… que no tiene dinero y que (los denunciantes) le hagan como quieran.
“—Cuando los trabajadores en activo le hemos solicitado… el pago de… salarios y prestaciones, el soberbio empresario se muestra pedante y burlón y siempre protegido por… guaruras, revira: ‘Si no les parece, ahí está la puerta’.
“—Más aún, a partir… 2005 dejó de pagar las cuotas del INFONAVIT, por lo que los trabajadores que no cuentan con vivienda propia se ven impedidos a ejercer su derecho a un crédito para obtenerla.
“—… Tampoco ha reportado a ese instituto los descuentos que realizó, de marzo de 2005 a noviembre de 2007, a los salarios de los trabajadores que sí cuentan con un crédito de vivienda, lo que configura el delito de fraude.
“—… Lo mismo hizo con FONACOT, ya que descontó… los salarios de los trabajadores pero no entregó ese dinero a dicho organismo. No obstante que se han realizado las denuncias correspondientes ante esos organismos..., no han prosperado.
“—Por lo que toca a la seguridad social, el millonario ha cubierto parcialmente las cuotas al IMSS, por lo que reporteros y personal administrativo tienen limitado el servicio médico.
“Existen… sospechas de que ahora José Elías Gutiérrez Vivó prepara un golpe más contra los trabajadores de Diario Monitor, pues ha iniciado y promocionado la venta de sus propiedades y de los activos de las empresas ligadas a Infored.
“Podría tratarse de una estrategia de quiebra para evitar el pago millonario de las demandas laborales de los ex trabajadores, el cumplimiento de los convenios leoninos pactados, las liquidaciones a los empleados con más años de antigüedad y de los finiquitos de quienes renunciaron de manera voluntaria; en suma, una maquiavélica acción para sacar su dinero a los Estados Unidos y evadir la acción de la justicia. Presumimos evasión fiscal.
“… ¿Quién protege a… Gutiérrez Vivó?... ¿Por qué pese a las demandas no se aplica la ley?
“Los trabajadores de Diario Monitor no creemos en Gutiérrez Vivó ni en su pose de mártir del periodismo, por lo que hacemos un llamado urgente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens; a los titulares del Trabajo a nivel federal y local, Javier Lozano Alarcón y Benito Mirón Lince, así como a los directores del INFONAVIT, Víctor Manuel Borrás Setién; del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y del FONACOT, Arsenio Díaz Escalante, para que intervengan en sus respectivas áreas y apliquen la ley de una vez por todas…”
lmendivil@delfos.com.mx, m760531@hotmail.com

La mafia

Sobre la invención de la mafia/Gregorio Morán

Publicado en LA VANGUARDIA, 15/03/2008;

Sólo los simples y los turistas creen que la mafia es un fenómeno popular arraigado en los sicilianos humildes y orgullosos. En un cuento brevísimo, titulado Filología,sitúa irónicamente Leonardo Sciascia a dos mafiosos discutiendo como dos filólogos sobre la palabra mafia,antes de enfrentarse a los jueces. Desgraciado país donde se denomina hombres de honor a los más deshonestos de los hombres. “La mafia - escribe John Dickie en su Historia de la mafia siciliana no nació de la pobreza y la desolación, sino del poder y la riqueza”. Eso es lo que llevó a ocultar la palabra mafia hasta convertirla en una invención. En el clásico de la literatura siciliana Los virreyes (1894), de Federico De Roberto, aparece la palabra mafia una sola vez y en la página 618 de un libro que alcanza las 642.
La primera ocasión en que la mafia, como organización criminal, se convierte en protagonista literaria de Sicilia será en fecha tan tardía como 1961; una breve narración de Sciascia, El día del búho,que para más inri lleva un epílogo donde pide disculpas por si alguien se da por aludido. ¡No había corrido sangre, ni víctimas, ni mafiosos, ni corrupción, ni muerte antes de 1961! Y luego dicen que la literatura va por delante de la vida.
1961 es también el año de un filme extraordinario en su sencillez trágica, Salvatore Giuliano,de Francesco Rossi. Ahí está, en esa película coral, la mejor introducción a la mafia contemporánea, la que resucita con la llegada del ejército norteamericano a las costas de Sicilia en 1943.
La mafia siciliana se hizo independentista. Las mafias son siempre grandes defensoras del derecho a decidir de los pueblos que controlan; cuanto menos Estado, mejor, ellos hacen de banqueros anarquistas. (Las primeras introducciones mafiosas en Estados Unidos, al filo del siglo XX, son de tendencia ácrata, como la Mano Negra, de Piddu Morello). Y desde la llegada de los norteamericanos (1943) hasta las primeras elecciones al Parlamento autónomo de Sicilia (abril de 1947), la mafia es independentista. La izquierda no; la izquierda, mientras fue izquierda y defendía los derechos de la gente que trabajaba, fue internacionalista siempre. Toda la historia de la mafia contemporánea empezó ahí, en esas vísperas del 47, cuando la izquierda siciliana promueve la ocupación de tierras y la asunción del rigor del Estado, en un país donde la ley la ejercían legiones de abogados a sueldo del único postor. Y resulta que la izquierda arrasa en las elecciones del 47 y es entonces cuando la mafia pacta con la democracia cristiana, la que domina Roma y el Estado. Se despiden del independentismo, señuelo idiota para los tiempos que corrían, y se plantean cómo liquidar a la izquierda socialcomunista que amenaza con cambiar las reglas del juego. Ahí entra el bandido generoso, Salvatore Giuliano, que se aviene a la primera operación terrorista de posguerra, Portella della Ginestra.
Salvatore Giuliano pasa del independentismo radical - tan radical, que propone la incorporación de Sicilia como estado asociado de Estados Unidos; lo que, tratándose de un pastor avispado pero semianalfabeto, nos da la pista de los intereses de quienes le movían- a pactar con la mafia de Sicilia y la democracia cristiana de Roma. Su misión se reduce a meter miedo a un campesinado siciliano que parecía haberse quitado de encima siglos de opresión. Y entonces se produce la matanza de Portella della Ginestra. Días después de la victoria electoral de los socialcomunistas, el Primero de Mayo de 1947 se celebra en la campa de Portella della Ginestra; mítines, música y romería. Estaba mitineando el zapatero Schiró, secretario local socialista de San Giuseppe Jato - el pueblo donde años más tarde tendrá su cuartel general clandestino el capo di capi Totó Riina-, y la gente esperando para ponerse a almorzar, cuando empezó la matanza; como quien caza conejos con armas largas y ametralladoras de peso. Cuarenta víctimas entre heridos y muertos, dos de ellos niños. Pero lo cierto es que la izquierda no volvió a ganar ni una sola elección después de aquello. Se asumió que quien tiene el arma ejerce el poder, la ley y la administración de la justicia. El ministro del Interior a la sazón, el democristiano Mario Scelba, se sorprendía de lo ocurrido y aseguraba que “la mafia es una invención socialcomunista”. Años más tarde, cuando el poder mafioso controlaba la isla, el cardenal Ruffini, máxima autoridad eclesial en Sicilia, solía decir muy serio que la única mafia que conocía era una marca de detergente.
Lo que vino luego no es más que la aplicación del esquema, así de sencillo. La democracia cristiana italiana pacta con la mafia siciliana como garantía para que la izquierda no vuelva a ganar nunca. Y así sucedió. La única gran victoria electoral, democrática y antimafiosa, fue la de un hijo rebelde de la democracia cristiana palermitana, Leoluca Orlando, en 1985, y acabó como el rosario de la aurora. El poder siguió impune e inmune. El imperio del miedo lo cubrió todo y los resquicios de libertad, de denuncia, se pagaron al máximo precio de la vida. Ahí está el listado de periodistas asesinados. El primero, Mauro di Mauro; su cadáver no apareció nunca, y como ocurre siempre, la mafia tejió mil historias para sugerir algún asunto íntimo. Todo crimen mafioso se cubre con faldas, cuernos, celos o pasiones inconfesas. Es lo que a la gente le gusta creer; los culebrones suplantan a la vida, porque son más vistosos y comprometen menos. Después de Mauro di Mauro en 1970, cayeron muchos, abandonados de todo menos de su dignidad. Bastaría con citar dos casos impresionantes, el de Giuseppe Fava, el periodista y escritor de Catania, y el de Peppino Impastato, del que llegó a hacerse una película premiada en el festival de Venecia que nosotros no vimos nunca, I cento passi,de Ferrara; la historia de un hijo de mafioso al que le volaron en pedazos por tener el valor de ridiculizar a los capos desde su Radio Aut. La mafia, como el poder, necesita reírse de vez en cuando, pero no tiene sentido del humor; por eso contrata a los humoristas para sus fiestas.
Luego vino Giovanni Falcone, un palermitano, orgulloso de sí mismo, audaz y hasta temerario. Él y Borsellino, otro juez de diferente cuña, conservador y monárquico, de esos personajes que también ha dado Sicilia; íntegros y desmedidos, fueron auténticos hombres de honor en su sentido genuino. Falcone y Borsellino llegaron donde nadie jamás había conseguido llegar. A poner entre rejas a centenares de mafiosos, y juzgarlos y promover la serie de renegados, de confidentes profesionales, de mafiosos del más alto nivel MESEGUER convertidos en contadores de historias de sangre y miseria; los secretos de la mafia narrados por ellos mismos. Nadie se puede creer que puedas meter a dos niños en un bidón de sosa cáustica y disolverlos. La imaginación tiene límites, es necesario que quien lo ha hecho se demore en los detalles, para que entiendas que el ser humano, quiero decir, el animal erecto y con dos patas, puede sonreír mientras lo cuenta. El maxiproceso que condenó a 338 mafiosos en 1987 fue una conmoción para el mundo de la Cosa Nostra, del capo al más vil cobrador del pizzo (impuesto). Cuando el Tribunal de Casación, equivalente a nuestro Tribunal Supremo, ratificó las penas en 1992, entró en funcionamiento el aparato militar. Toda organización mafiosa, sea siciliana, vasca o albanesa, tiene siempre dos ramas que trabajan en paralelo. La política y la militar. La vía política había fracasado y se trataba de demostrar al mundo político, a su propio aparato incluido, que tal condena de la mafia no podía sentar un precedente. Los responsables debían morir.
En un lapso de tres semanas asesinaron a los jueces Falcone y Borsellino, a sus acompañantes y a sus escoltas. Sin piedad y sin rubor, como se hacen estas cosas. Inmediatamente después pusieron explosivos en museos e iglesias de Roma, Florencia y Milán. La mafia daba muestra de su fuerza y el Estado italiano de su debilidad. Y la partida quedó en tablas. Cuando se reta a la ciudadanía o al Estado y alguien pronuncia la palabra tablas es que permanece el statu quo. Es decir, que asumes la derrota.

"El Tiempo" ¡debe pedir disculpas!

"La información es demasiado importante como para dejarla en manos de los periodistas", Serge Halimi,

El Tiempo On line Marzo 17 de 2008 - 4:10 p.m.
Personaje de la foto con 'Reyes' no es Gustavo Larrea: se trata de un dirigente comunista argentino
Policía dice que fuente no autorizada de esa institución suministró la foto a EL TIEMPO asegurando que en ella aparecía el ministro ecuatoriano Gustavo Larrea.
La institución también señaló que la fuente se apresuró a entregar la imagen sin culminar todas las verificaciones.
Por su parte, el canciller argentino Jorge Taiana confirmó que se trata de Patricio Echegaray, dirigente comunista de su país.
Periodistas argentinos que se comunicaron con este diario aseguraron que personas del Partido Comunista habían reconfirmado la identidad de Echegaray y que la colectividad emitiría un comunicado en el que explicaría las circunstancias de la foto.
La foto fue encontrada por la Policía en uno de los computadores incautados en el campamento donde murió 'Reyes'.

Foto causó escándalo
En la sesión de cancilleres de la OEA se repartió la foto, lo cual generó malestar entre los asistentes. ''Esto no es más que una patraña mediática colombiana paradesprestigiar al gobierno nacional de Ecuador'', dijo el embajadorde ese país Efrén A. Cocíos. ''Esto no es si no parte de una campaña de desinformación que se ha levantado contra nuestro país'', añadió.
Periodistas de ese país, consultados por EL TIEMPO, creen que si bien hay cierta semejanza, es difícil establecer si es Larrea.

Aseguran que el ministro de hoy es delgado y más canoso que el hombre que se ve en la foto, mientras que 'Reyes' luce muy parecido a como fue abatido.
Bustamente, por su parte, dijo que la foto era "irrelevante" para el actual debate, pero catalogó de "lamentable" que el gobierno colombiano estuviese haciéndole publicidad a la foto.
El ministro trató de sacarle el cuerpo a las revelaciones contenidas en el computador de 'Raúl Reyes' pero comenzó a dar un giro en la postura inicial de Ecuador que denunció "como falso" el contenido de los ordenadores y sugirió que eran fabricaciones de Colombia para desviar la atención del incidente fronterizo.
"En caso de que fueran auténticos los documentos, y eso está por demostrarse, habría que mirar si lo que dice allí es cierto y qué legalidad jurídica tienen", sostuvo el ministro. En otras palabras, que sería 'Reyes' el que estaría mintiendo.
Este domingo, el presidente Hugo Chávez hizo una lectura muy similar sobre el contenido de los computadores.
Fuente: SERGIO GÓMEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Posicionamiento de Ecuador

El ministro de Defensa de Ecuador Wellington Sandoval manifesto este lunes como "inaceptable" la versión de que Ecuador sea un "refugio" para las FARC. "Colombia nos ha agraviado con la idea de que nosotros damos refugio a las FARC, eso es inaceptable, como inaceptable es que un pueblo hermano como Colombia nos bombardee, lo que pedimos es que Colombia cumpla con su papel, que custodie su frontera", afirmó.
Sandoval hizo las declaraciones en Quito, antes de emprender junto a periodistas un recorrido por la zona selvática de la frontera con Colombia con el fin de constatar los operativos de control y desmentir versiones sobre un supuesto apoyo de Ecuador a la guerrilla.
El ministro se refería a versiones publicadas por la prensa local y del extranjero, en especial a un reportaje de El País, de Maite Rico, atribuidas a fuentes en Colombia, según las cuales, las FARC tienen lazos con autoridades del Ecuador y que este país sea un "santuario" para los rebeldes.
Sandoval destacó los esfuerzos que realiza el gobierno ecuatoriano por resguardar su frontera con unos 11,000 efectivos militares y policiales ubicados en 14 puestos permanentes.
"Colombia tiene en la frontera sólo dos puestos militares con 400,000 hombres en su ejército mientras que nosotros tenemos 14 puestos y no tenemos (ni) 50,000 hombres", señaló, al exigir mayor presencia militar del lado colombiano para evitar que la guerrilla cruce a territorio ecuatoriano.
Como una muestra de las acciones de control y patrullaje, Sandoval detalló que desde el 2004, el ejército ha destruido 117 bases guerrilleras, 47 sólo en el 2007, durante el gobierno de Correa.
"Nosotros sabíamos que Raúl Reyes merodeaba entre Colombia y Ecuador ... ¿Por qué esperaron que Raúl Reyes pase a Ecuador para bombardearlo y matarlo, a él y otros ciudadanos a sangre fría, por qué no lo hicieron cuando estaba en su territorio?", se preguntó el ministro.

Por enésima vez Sandoval insistió en que "al norte, Ecuador no limita con Colombia sino con las FARC".

Fuente: AP

Reunión de la OEA

En la reunión participaron hasta el momento los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Negroponte, según lista divulgada por la OEA. (Reuters). Empero, la reunión ministerial, congregarelmente a 19 cancilleres de los 34 estados miembros, empezó más de dos horas después de lo previsto. (Agencia AP).
"Estamos trabajando para que la OEA esté a la altura del reto", dijo el canciller venezolano Nicolás Maduro.

El secretario general, quien citó nuevamente a los cancilleres a las 7:30 p.m. (Washington). José Miguel Insulza espera que, para entonces, lleguen a un acuerdo para proceder oficialmente al consejo de ministros.

El informe tiene seis recomendaciones hechas a ambos países tras el incidente del 1 de marzo. Insulza formuló seis recomendaciones para resolver la crisis diplomática y militar entre Ecuador y Colombia; empero, en el informe no hay mención a cuántos fueron realmente los muertos en el ataque ni su procedencia.

El informe tiene "versiones contradictorias" de ambos países sobre el ataque y considera necesario un trabajo bilateral para restaurar "los vínculos de confianza... que han quedado gravemente afectados".
Dice que los dos gobiernos se comprometieron a "desarrollar la cooperación en temas fronterizos bilaterales y otros de interés común" y propone un "grupo multinacional de observadores" para el seguimiento y verificación de los acuerdos colombo-ecuatorianos.

Los seis puntos:

-formar un grupo de observadores. Fuentes diplomáticas indicaron que éste será presidido por República Dominicana, y tendrá a Argentina en la vicepresidencia.
- Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.
- Fortalecimiento de los mecanismos de alerta, de cooperación y diálogo fronterizo.
- Desarrollo de programas de cooperación e integración fronteriza.
- Incentivo al diálogo entre las sociedades civiles de ambos países.
- Intensificación de las relaciones comerciales bilaterales.

Versiones contradictorias

De los hechos ocurridos en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, según el informe de Insulza:

La versión de Colombia:

-El operativo estaba previsto inicialmente para realizarse en un campamento ubicado en territorio colombiano, ya que la información de inteligencia decía que el guerrillero Raúl Reyes se iba a encontrar esa noche en dicho campamento.
-A las 22:30 del viernes 29 de febrero recibió la información de inteligencia humana en el sentido que Raúl Reyes se encontraba en un campamento localizado en territorio ecuatoriano.
-Colombia decide entonces realizar un doble operativo sobre los dos campamentos identificados. Ambos operativos fueron realizados con distintos aviones.
-Fueron lanzadas 10 bombas convencionales desde el espacio aéreo colombiano por cinco aviones Supertucano y tres aviones A37.
-Las bombas de los A37 fueron de tipo "inteligente" guiadas por GPS. Los 5 aviones Supertucano pueden lanzar bombas con un margen de error de 5 metros.
-Los radares colombianos han almacenado información sobre el recorrido de las bombas que puede ser verificada técnicamente.
La versión de Ecuador:
-Plantea dudas respecto al plazo, a su juicio muy corto, en el que las autoridades colombianas decidieron encaminar la operación y considera improbable que se haya hecho con base en información proveniente de inteligencia humana debido a la precisión con la que se realizó el bombardeo.
-Señala que de acuerdo con la investigación realizada por técnicos de su Fuerza Aérea, se lanzaron seis bombas GBU12 de 500 libras por aviones que se desplazaban en dirección sur-norte y cuatro bombas por aviones que iban en dirección norte-sur, desde espacio aéreo ecuatoriano.
-De acuerdo con restos de las bombas encontradas en el campamento, éstas requieren para ser lanzadas una tecnología avanzada que según ellos no dispone la Fuerza Aérea de Colombia.
-Colombia informa a Ecuador a las 6:15 a.m. del ataque al campamento producido a las 00:30 del 1 de marzo

Agencias:

El gobierno mexicano a la Corte

El gobierno de Calderón, a la Corte Interamericana
Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz, reporteros.

Publicado en la revista Proceso, 1636, 16/03/2008;

Debido a que el gobierno de Felipe Calderón no atendió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición de un campesino guerrerense durante la guerra sucia de los setenta, el caso se turnará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la primera ocasión en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional como consecuencia de delitos per-petrados por militares contra la población civil.
La falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya provocó que su gobierno sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.
Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.
La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte de Derechos Humanos, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años deque el caso fue admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del gobierno mexicano a sus recomendaciones.
El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.
El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.
En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.
La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos –una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo–, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.
Contra el fuero militar
En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.
A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11 de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.
Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.
La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Así mismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.
Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.
Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la guerra sucia. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.
Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.
De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al período de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.
Crímenes de Estado
La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.
La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.
Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.
Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.
Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.
A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.
El gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.
La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.
Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el gobierno federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.
En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.
Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.
Hubo represión
En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la guerra sucia llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.
Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.
Para el autor de Guerra en El Paraíso –novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el período en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas–, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.
La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.
Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.
Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la guerra sucia, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.
Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.
El gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.
Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.
Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.
Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.
Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos. Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.
Como conclusión, establece que el gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.
En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.

Severa crítica a la SSP

La guerra antinarco: de la simulación a la inoperancia
Ricardo Ravelo, reportero

Publicado en la revista Proceso, 1636, 16/03/2008; Pp

Atacada por los mismos vicios que las antiguas corporaciones policiacas, la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, es la causante del fracaso de la “guerra contra el narcotráfico”. Un alto mando de la Policía Federal Preventiva, despedido de esta corporación por oponerse a los “enjuagues”, no sólo denuncia el influyentismo, la corrupción y el desorden, sino su resultado: la ineficacia de los operativos contra el narco…
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, ha convertido la guerra contra el narco en un gran negocio para sus amigos e incondicionales, por lo que en esa dependencia y en la Policía Federal Preventiva (PFP) privan la corrupción, el dobleteo de viáticos, la compra de aeronaves sin licitación y, peor aún, el desorden que ha ocasionado el fracaso de los operativos contra el narcotráfico iniciados en diciembre de 2007 por el presidente Calderón.
Tal es la evaluación que hace Javier Herrera Valles –recientemente destituido de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP por órdenes de García Luna–, para quien la ineficacia de los operativos contra el crimen organizado –que “a los altos mandos de la PFP nos avergüenza”– ha sido propiciada desde la cúpula de la SSP.
En entrevista con Proceso, Herrera Valles cuenta que al tomar conciencia de las presuntas complicidades de García Luna con la delincuencia, decidió enviar una carta al presidente Felipe Calderón, a la cual adjuntó varios documentos que le llegaron por diversas vías.
En esa carta de siete cuartillas –una copia de la cual tiene Proceso–, Herrera Valles recuerda al presidente Calderón que, en el sexenio pasado, Genaro García Luna creó la AFI, “con la complacencia del entonces presidente Vicente Fox Quesada (posiblemente engañado)”, para combatir a la delincuencia organizada, pero en vez de disminuir, “se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en nuestro país, así como el tráfico de drogas y la violencia…”.
La situación actual, prosigue la misiva, es “producto de la ineficacia y la corrupción de los elementos de la renovada corporación con comandantes regionales de la AFI supuestamente certificados con altos estándares de confiabilidad, avalados por un comité de profesionalización, quienes durante el sexenio anterior se vieron inmiscuidos en diferentes actos de corrupción (venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a la delincuencia organizada, entre otros), desde sus directivos hasta los agentes de más alto nivel…”.
Para hacer llegar su carta y los documentos que la soportan al presidente Calderón, Herrera Valles analizó los canales idóneos y decidió tocar dos puertas: el 18 de febrero pasado le entregó el legajo a Juan de Dios Castro Lozano, actual subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y luego visitó a Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, quien recibió la misiva por medio de Roberto Gavaldón, su secretario particular.
Herrera Valles pensó que sus documentos llegarían a las manos del presidente de la República, como se lo habían prometido, pero apenas dos días después, el 20 de febrero pasado, Castro Lozano le mandó decir con su secretario particular, Miguel Ángel Vázquez, que no era conveniente entregar aquella misiva al primer mandatario. Le sugirió que no se metiera en problemas “porque Genaro García Luna era uno de los hombres consentidos del presidente Felipe Calderón”.
De Rodolfo Elizondo no obtuvo respuesta. “Me dijeron que luego se comunicaban conmigo, pero no me han vuelto a llamar”.
Lo que sorprendió a Herrera Valles fue confirmar el poder que García Luna ejerce sobre el presidente Calderón y su capacidad para espiar, pues antes de que el presidente se enterara de la carta, dice, “supe que la misiva y todos sus anexos estaban en el escritorio de García Luna”.
–¿Quién filtró la carta a García Luna para que éste la tuviera antes que el presidente?
–No lo sé, pero no hay pierde: o fue Castro Lozano o Rodolfo Elizondo. Lo que está claro es que Genaro tiene una amplia red de cómplices que no sólo engañan al presidente, sino que, con todo el aparato de espionaje, no dudo que el presidente y sus colaboradores más cercanos están muy bien observados o abiertamente ligados a los intereses de García Luna, pues nadie lo ha podido mover del cargo a pesar de que está documentada la corrupción y la ineficacia frente al narco. No quiero pensar que el presidente Calderón sea parte de esa mafia…
A la guerra, desarmados
De acuerdo con su propia experiencia en el combate al crimen organizado y con base en la información de que dispone, Javier Herrera Valles afirma que los operativos realizados en la República para abatir el narcotráfico han resultado “un rotundo fracaso”.
– ¿Por qué?
–Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes, y esto provocó que la sociedad ahora piense que todos los policías servimos al crimen organizado.
–¿Tiene razón la sociedad al pensar que la policía y sus jefes protegen al narco?
–En parte sí, porque hay elementos corruptos, pero otros no lo son, y a esos los está eliminando Genaro García Luna porque, a pesar de que dispone de todo un ejército policiaco, priva la desorganización, lo que pone en evidencia que el crimen organizado es más poderoso que nosotros. Eso me consta porque yo lo viví desde adentro, desde que empezamos el Operativo Conjunto Michoacán, el cual resultó un rotundo fracaso por la cauda de errores y fallas que aún no se corrigen.
Javier Herrera Valles, policía de carrera con más de 30 años de servicio, piloto, formado en las filas de la Policía Federal de Caminos, dice que García Luna está empeñado en “dar de alta a jovencitos de 25 años de edad sin tener experiencia y a los que muchas veces les pagan hasta 130 mil pesos, mucho más de lo que gana un policía con verdadera formación y larga carrera”.
Según su organigrama, la PFP tiene 34 regiones en el país, 30 mil elementos adscritos a seis coordinaciones bajo el mando de Eusebio Millán Gómez –“incondicional” de García Luna–, comisionado de la PFP y subordinado de Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, quien al igual que Genaro García emergió de los sótanos del Cisen.
Javier Herrera Valles es comisario general (para alcanzar ese grado se requieren 25 años de carrera, acota), y hasta el 19 de febrero último fungió como coordinador de Seguridad Regional de la PFP. Ese día su jefe Millán Gómez lo despidió, “sin justificación”.
Las diferencias entre ambos surgieron, entre otras razones, a raíz de que Herrrera rechazó el ingreso de Jorge Covarrubias Hernández, un joven de 25 años a quien Millán pretendía nombrar inspector general, cargo para el que es requisito tener más de 25 años de servicio.
“No podía aceptarlo porque este muchacho, como muchos otros, no tiene la preparación adecuada. Esa es la gente que está metiendo García Luna a la institución. Se los jala de la AFI o de otra corporación y les asigna salarios estratosféricos. Lo único que provoca es que se genere más corrupción, ya que estos muchachos se convierten en incondicionales de sus jefes y son capaces de hacer cualquier fechoría para quedar bien con sus superiores, y así cuidan su salario.”
Es por ello –explica– que la lucha contra el narcotráfico ha resultado un rotundo fracaso. A pesar de que hay presencia policiaca en casi todo el país, los operativos realizados en Michoacán, Guerrero, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Sinaloa y Veracruz han fracasado. Lo peor, apunta, es que “se ha puesto en vergüenza a la policía frente a la sociedad.
Herrera Valles refuerza sus aseveraciones con ejemplos:
El 7 de febrero de 2007, en pleno arranque de los operativos, llegó a Guerrero, tierra de feroces disputas y asesinatos, con 300 hombres. Arribaron también mil elementos de la Coordinación de Seguridad Regional, del Ejército y la Armada. Disponían de tres helicópteros como apoyo. Pero estas aeronaves, asegura, “no servían de nada”.
–¿Por qué? –se le inquiere.
–No se podía tener comunicación desde el aire con las bases terrestres. Esas aeronaves se sumaron a la ineficacia, ya que para poder tener apoyo aéreo, a pesar de las emergencias frente al narco, se tenían que canalizar las solicitudes al jefe del Estado Mayor de la PFP, Osvaldo Luna Valderrábano –exchofer de García Luna–, quien carece de experiencia y es alguien al que nunca se le podía localizar.
Sostiene Herrera que, en privado, García Luna habla de la ineficacia y debilidad de las fuerzas policiacas frente al narco sólo para justificar, entre otras cosas, la compra de aeronaves, como las tres que adquirió recientemente la SSP para el transporte de personal.
Por eso, mediante el contrato SSP/PFP/009/2007, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PFP aprobó la compra, sin licitar, de tres helicópteros marca Sikorsky, modelo S70A Black Hawk, cuyo costo es de 43 millones 68 mil dólares. La operación se aprobó en dos sesiones celebradas el 30 y 31 de octubre de 2007.
Durante la primera reunión, el Comité de Adquisiciones de la PFP rechazó la compra debido a que la documentación –se dijo– era inconsistente, pero García Luna presionó para que se autorizara la adquisición a la empresa Sikorsky International Operation Inc.
El primer helicóptero, de acuerdo con datos consultados dentro de la SSP, está por llegar, y los otros dos serán entregados en fechas posteriores.
Herrera no se explica tanto derroche en tecnología mientras él y sus compañeros han sido víctimas directas de lo que llama “un pavoroso desorden”.
En Guerrero, refiere, “no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación”.
Y mientras policías, marinos y militares “éramos como un hormiguero disperso”, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: ocho sujetos vestidos de verde olivo, con boinas rojas y cámaras de video, arremetieron contra dos bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones, los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas una mujer embarazada. “Todo eso fue a plena luz del día y a pesar de que éramos mil elementos los que patrullábamos la ciudad”.
Otro caso vergonzoso –prosigue– fue el secuestro de cuatro agentes de la AFI –Guimel Raúl Aponte Santillán, Óscar Alberto Vértiz Valenzuela, Luis Solís Solís y Víctor Omar Nolasco Espinoza–, perpetrado por Los Zetas en Tamaulipas, horas después de haber detenido a varios miembros del cártel del Golfo que se divertían en el centro nocturno Cincuenta y Siete.
A estos agentes los secuestraron, los torturaron y luego los entregaron en un retén policiaco en Guadalupe, Nuevo León, donde fueron puestos a disposición de la Policía Ministerial. Allí declararon que el plagio fue cometido por un grupo de Halcones, policías tamaulipecos al servicio de Los Zetas.
Y a mediados de febrero, en los municipios de San Fernando y Reynosa, Tamaulipas, nuevamente se vio “la debilidad o la complicidad de la policía con el narco” durante la ejecución del Operativo Conjunto.
La PFP, la AFI y el Ejército habían colocado 10 puntos de revisión, por uno de los cuales logró pasar, extrañamente, una camioneta Hummer blindada que circulaba a toda velocidad y que, detenida poco después por la Policía Federal de Caminos (la que García Luna “quiere desaparecer”), contenía cinco armas largas y cinco cortas.
Aunque hubo dos detenidos, comenta Herrera Valles, las Fuerzas Federales de Apoyo no se movilizaron, “se quedaron paralizadas”.
Viáticos y licencias
Otro caso escandaloso de la SSP de García Luna lo ilustra el oficio PFP/EM/SI05095/2007, mediante el cual se extendió una licencia de 180 días al suboficial Francisco Javier Ruiz García, supuestamente para cumplir con una misión especial que se prolongaría hasta el próximo 18 de abril.
No obstante, el pasado 6 de febrero Francisco Javier fue detenido en la Central de Abastos junto con su hermano, Jaime Ginés Ruiz García, cuando descargaban un tractocamión que aparentemente llegó repleto de verduras pero que en su interior ocultaba dos camionetas blindadas, presuntamente robadas y sin el contrato de flete correspondiente.
Las camionetas –una Ford Lobo y una Jeep Grand Cherokee, ambas de procedencia extranjera– iban a ser montadas en una plataforma de la empresa Ginés, propiedad de Jaime Ginés Ruiz, quien se identificó como elemento activo de la PGR.
El camión de carga había logrado pasar todos los retenes porque era operado por personal de la PFP y porque la caja del mismo estaba sellada. Se comprobó que las facturas de los vehículos eran falsas, en tanto que los detenidos –bajo el cargo de posesión de vehículos de dudosa procedencia– dijeron que serían entregados a sus compradores en la Ciudad de México. Nunca se acreditó la existencia de esos compradores.
El oficio de licencia para el suboficial Francisco Javier Ruiz García –del que Proceso tiene una copia– fue fechado el 22 de octubre de 2007 y está firmado por otro personaje que rescató García Luna: Nahum García Martínez, actual inspector-jefe de la PFP.
Dicho funcionario de la PFP, García Martínez, fue acusado por Alfonso Navarrete Prida, en calidad de procurador general del Estado de México, de estar ligado a la presunta extorsión de que fue víctima Enrique Salinas de Gortari días antes de ser asesinado el 6 de diciembre de 2004.
Y lo que ocurre con las “licencias” no difiere de lo que sucede con los viáticos, como lo ilustra el oficio PFP/CSR/DGPF/0153/2008, donde el director general de Puertos y Fronteras, Héctor Alejandro Moreno Mendoza, solicita otorgar viáticos “sin comprobar” al comisario Alfonso Ayala Romero para realizar una tarea especial del 26 de enero al 6 de febrero de 2008.
A pesar de hallarse en esa supuesta comisión, Ayala Romero volvió a recibir viáticos sin comprobar, del 31 de enero al 14 de febrero, de acuerdo con el oficio de autorización PFPCSR/DGPF/0204/2008, solicitados también por Moreno Mendoza, “en cumplimiento de las instrucciones de Édgar E. Millán Gómez” (el “incondicional” de García Luna), detalla el oficio.
Menciona que el 16 de mayo de 2007 se produjo una balacera entre policías y narcotraficantes en Cananea, Sonora, y que dos días después la SSP emitió su boletín número 179, donde informaba que Héctor Alejandro Moreno Mendoza –entonces supervisor de la zona noroeste de la PFP– y Javier Garza Palacios –a la sazón coordinador general en el área de Seguridad Regional– habían sido removidos de sus cargos por yerros y desatinos que motivaban una pérdida de confianza.
Sin embargo, apunta Herrera Valles, esos funcionarios siguen incrustados en la SSP por decisión del propio García Luna. Mientras Garza Palacios es enlace policial en la embajada de México en Colombia –aún adscrito a la SSP–, Moreno Mendoza fue designado director general de Puertos y Fronteras.
–¿Cuál es su opinión de todo este desastre policiaco y de esta corrupción escandalosa?
–No sé qué decir. Me entristece, como a muchos otros compañeros, lo que pasa, y me duele que el narco y la delincuencia se estén apoderando de este país. Como ya lo dije, no quiero pensar que el presidente de la República sea parte de esa mafia que parece estar sirviendo a los intereses del crimen organizado…

Cae otro jefe del narco

Detiene Policía Federal a otro Jefe del Cártel de los Arellano Félix
Domingo, 16 de Marzo Boletín de prensa 154, SSP.
Elementos de la Policía Federal detuvieron en San Felipe, Baja California, a Saúl Montes de Oca Morlett, alias “El Ciego”, “Héctor”, “El Mono” y/o “Álamo 86”, identificado como jefe de una de las principales células del cártel de los Arellano Félix y responsable de coordinar el trasiego de droga, así como de encabezar los llamados “levantones”.
La detención se llevó a cabo como consecuencia del trabajo de inteligencia y campo que realizaron policías federales tras la captura, en días pasados, de Gustavo Rivera Martínez, alias “El Gus”, uno de los principales operadores del Cártel de los Arellano Félix. Al morir Ramón Arellano Félix y luego de la detención de Benjamín Arellano Félix, Saúl Montes de Oca fue incluido en el grupo más cercano a Javier Arellano Félix, por lo que fue detenido en noviembre de 2003, posteriormente quedó en libertad.
Con información de inteligencia, se determinó que el ahora detenido fue Agente de la Policía Ministerial de Baja California, posición que aprovechaba para informar a su organización criminal las acciones policiales estatales y federales.
De acuerdo con información de inteligencia policial, se tienen indicios de que Montes de Oca habría participado, el 27 de noviembre de 1997, en el atentado en contra del finado codirector del semanario “Zeta”, Jesús Blancornelas.
Los mismos reportes de inteligencia de la Policía Federal lo ubican como líder de una banda de secuestradores en la región, desmantelada recientemente y cuyos nueve integrantes aprehendidos, lo identificaron como su jefe. Esta organización está vinculada con el plagio de una mujer por quien exigían dos millones y medio de dólares por su rescate.
Además se tiene conocimiento que era el responsable del cobro de plaza en La Mesa de Otay, Baja California, y su nombre figura en la lista de los delincuentes más buscados por la DEA en Estados Unidos.
Este sujeto, cuenta con una orden de aprehensión, emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Baja California, por el delito de secuestro, además de otra orden detención provisional, con fines de extradición, emitida por el Gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de los delitos de conspiración en delincuencia organizada.
El detenido será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente en las próximas horas.

Con acciones como ésta, la Secretaría de Seguridad Pública federal, en concordancia con la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, trabaja para limpiar y recuperar el México que nos pertenece.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal

Carta al PT sobre las FARC

Carta abierta al Partido del Trabajo/Cecilia Soto, excandidata a la Presdidencia de la República.

Publicado en Excelsior, 17-Mar-2008;

Queridos amigos del Partido del Trabajo:
En las elecciones presidenciales de julio de 1994 juntos hicimos historia. Por primera vez, una candidatura presidencial lograba el registro de un partido político; otros la habían logrado a través de la votación para diputados. Más importante aún, se trataba de la candidatura presidencial de una mujer, la segunda en la historia de México pero, por los avances en la democratización del país, la primera en tener las condiciones de impacto mediático que le permitieron llegar a todos los rincones de México. Aunque por la naturaleza de la candidatura tuve un rol protagónico, la verdad es que, sin el apoyo, la colaboración y la sinergia que construimos juntos, el PT y quien esto escribe, la campaña no hubiera tenido el éxito que alcanzó.
La campaña se celebró un año antes de la Conferencia de la Mujer, en Pekín, y ninguno de los dos éramos expertos en temas de género. Los fuimos descubriendo poco a poco, pues aún no nos habíamos ganado la confianza del movimiento feminista. Lo importante es que ambos, partido y candidata, tuvimos la apertura y la confiabilidad para ir incorporando propuestas que recogíamos de las miles de mujeres que se entusiasmaron con una candidatura femenina.
Hubo temas muy sensibles al Partido del Trabajo en el que ustedes respetaron cabalmente mi opinión, pese a no compartirla. Por ejemplo, no estuve de acuerdo en tramitar una visita a Marcos, porque me parecía que alguien que aspiraba a la Presidencia de la República podía negociar y conceder, pero no someterse por completo a las condiciones que exigía el EZLN para la realización de la entrevista. El (mal)trato dado a otros personajes, confirmó mi intuición.
El PT, cuyo trabajo político se centraba en barrios populares, comunidades indígenas y movimiento campesino, y tenía escaso contacto con el empresariado, acogió con simpatía y apoyo mi iniciativa de acudir a los foros empresariales de cualquier calibre. El encuentro fue por demás fértil.
Los resultados numéricos de la votación, 2.75% y casi un millón de sufragios, reflejaron el dilema de un partido nuevo en medio de una campaña altamente polarizada por el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio y la emergencia como instituto político altamente competitivo del Partido Acción Nacional.
Nuestro éxito formal se midió precisamente porque, a pesar de esas condiciones excepcionales, el PT alcanzó el registro. Sin embargo, el verdadero éxito de la candidatura es difícil medirlo en números y porcentajes. Más bien se refleja en el entusiasmo que despertó en miles de mujeres, especialmente jóvenes, que pudieron imaginarse peleando o apoyando una candidatura de gran visibilidad, candidaturas serias y sólidas, como la de Patricia Mercado y las de muchas senadoras, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales, regidoras, presidentas de partido, que nos van empoderando a las mujeres, quienes son el mayor factor de cambio en la sociedad.
Por todas estas razones, no me puedo quedar callada cuando escucho como explicación a la invitación a las FARC a asistir al 12 Seminario del PT, que “éstas no vendrán porque desde 2002 el gobierno no les da visa”. Las condiciones que hicieron que las FARC fueran invitadas al Foro de Sao Paulo han cambiado radicalmente; en estos años se ha demostrado que esta agrupación viola en forma sistemática las reglas respetadas por partes beligerantes en la Convención de Ginebra, es decir, para hacer de la guerra y del trato a prisioneros situaciones no exentas de trato humanitario.
¿Cómo es posible que el PT, el partido que alcanzó su registro apoyando la candidatura presidencial de una mujer, no denuncie el secuestro injustificado bajo cualquier óptica, así como las condiciones inhumanas y bestiales bajo las que las FARC ha sometido por seis años a Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, además de a Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia, a la ex senadora Consuelo González y a la ex congresista Gloria Polanco, aparte de los miles de hombres y mujeres civiles secuestrados como rehenes económicos?
Sin entrar a la polémica de si las FARC participan o no de las redes del narcotráfico, miembros importantes de su secretariado han admitido que en las regiones con presencia de las FARC cobran un impuesto para permitir la siembra y el traslado de la droga. ¿Cómo puede el PT cerrar los ojos a esta complicidad que, sin duda, termina por envenenar a nuestra juventud y sembrar la violencia en México?
Cuatro jóvenes mexicanos murieron y una quinta está mal herida, como resultado del bombardeo a un campamento de las FARC en Ecuador. Hay evidencias de que el ejército colombiano, además de violar la soberanía de ese país, incurrió en gravísimas violaciones a los códigos sancionados por la Convención de Ginebra. Esto debe de investigarse y sancionarse. Pero, me pregunto, si esos jóvenes hubieran persistido en su interés por conocer a las FARC, si la izquierda en México se hubiera deslindado de una organización que secuestra y tortura a mujeres, que practica una nueva forma de esclavitud a través del secuestro económico, siembra minas antipersonales y han mutilado a miles de ciudadanos inocentes y tolera la siembra y el traslado de drogas mediante un impuesto que les permite comprar armas.
ceciliasotog@gmail.com

Los muertos en Ecuador

Los muertos en Ecuador, enganchados por las FARC
Al acto de Quito asistieron activistas de Perú, España, Venezuela y Brasil. Los peruanos fueron detenidos en su país por ligas con Tupac Amaru.

Publicado en Milelio Diario, 17/03/2008;

Diego Osorno, reportero
Para llegar hasta esta alejada provincia de Ecuador, donde se encontraba el campamento de Raúl Reyes, arrasado por el ejército de Colombia, los cinco estudiantes mexicanos establecieron contacto con dos miembros de las FARC que estuvieron presentes en el II Congreso Continental Bolivariano celebrado en Quito.
El Flaco y El Carica son los alias de los guerrilleros que acudieron al encuentro en el que participó una delegación de quince mexicanos adheridos al movimiento bolivariano internacional.
Los dos integrantes de las FARC acudieron como representantes del campesinado del Putumayo, la región de Colombia donde operaba Raúl Reyes antes de ser asesinado.
Ambos habrían sido los representantes designados por el grupo guerrillero para participar en el congreso organizado por la Coordinadora Continental Bolivariana, donde se transmitió un mensaje videograbado de Raúl Reyes, el último que se le conocería públicamente a uno de los principales dirigentes que tenía la guerrilla más antigua del continente.
En ese encuentro, celebrado entre el 24 y el 27 de febrero, los estudiantes fueron contactados por El Flaco y El Carica, establece un reporte de la Policía Nacional ecuatoriana que investiga los hechos ocurridos el pasado sábado 1 de marzo en esta provincia que hace frontera con el Putumayo.
Además de El Flaco y El Carica, el documento consultado por MILENIO indica que en el acto celebrado de manera pública y abierta estuvo Raúl Albán, hijo de León Calarca, quien hace tareas internacionales para la guerrilla colombiana.
Al cónclave también acudieron otros activistas extranjeros que son incluidos en el monitoreo del foro realizado por la policía ecuatoriana. Entre estos aparecen cinco peruanos: Armindia Valladares, Guadalupe Hilaro, Melissa Patiño, Damaris Velasco y Roque González.
A su regreso a Lima, Perú, los cinco fueron detenidos por la policía de su país, acusados de tener ligas con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Al respecto, el grupo organizador emitió ayer un comunicado en el que dice que “ante la arbitraria detención de miembros de la Coordinadora Continental Bolivariana, luego de haber participado en el II congreso en la ciudad de Quito, Ecuador, bajo la falsa acusación de ‘terroristas’, se dirige a las organizaciones políticas, sociales, gremiales y populares del pueblo boliviano y la comunidad internacional, para solidarizarse con los siete hermanos bolivarianos y expresar su rechazo al terrorismo de Estado que se implementa en Perú”.
En el listado aparecen dos ciudadanos vascos: Iñaki Gil de San Vicente y Beatriz Ilardia, quienes fueron vigilados de manera especial por la policía ecuatoriana a petición de la Guardia Civil española, la cual vincula a ambos con el grupo separatista ETA.
También llegaron varios personajes que integran la presidencia colectiva de la Coordinadora Continental Bolivariana, como Arís Narciso Iza Conde, integrante del grupo de Los Comunistas de República Dominica. De Brasil llegaron los activistas Aluiso Bevilaquia y Marina Marchado.
Otros invitados fueron Alfredo Pierre, de la Agencia Bolivariana de Prensa, quien entrevistó hace unas semanas a Iván Márquez, miembro de la dirigencia colectiva de las FARC, sobre el acuerdo humanitario entre la guerrilla y el gobierno de Álvaro Uribe. Asimismo, se menciona al diputado de Venezuela Amílcar Figueroa cercano al presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con consultas realizadas por MILENIO, las personas que solicitaron formalmente las instalaciones del complejo cultural donde se celebró el acto, fueron los activistas ecuatorianos Tamara Acosta y Gerardo Rubio, la asambleísta María Augusta Calle, así como Autrey Milloy, una mujer de Francia de la cual no se obtuvieron mayores detalles.
La solicitud fue hecha a finales del año pasado a través de distintos oficios dirigidos a la dirección de la Casa de la Cultura, pidiéndole las salas Demetrio Aguillera, Prometeo y la Benjamín Carrión para un encuentro en el que se estimaba la participación de 400 personas.
- Claves
La ruta
• Los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC, atacado por el Ejército de Colombia el 1 de marzo, habían viajado en avión del DF a Quito, de ahí a la ciudad de Lago Agrio en autobús, después al pueblo de Tarapoa en una vieja camioneta, y de ese poblado al campamento de las FARC, a caballo.
• Según un reporte, Lucía Morett, sobreviviente del ataque, y los otro cuatro mexicanos muertos en Ecuador visitaron a principios de febrero el refugio de las FARC, luego estuvieron en el Congreso Bolivariano y de ahí regresaron al campamento

Sucumbíos, Ecuador • Diego Osorno

Mao Tse Tung organizó el congreso bolivariano
“Nosotros no negamos que en el seno de la Coordinadora Continental Bolivariana hay integrantes de organizaciones insurgentes y no insurgentes, pacíficas y no pacíficas”.
Milenio Diario, 17/03/008;

El organizador del II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, donde fueron contactados por la guerrilla los cinco estudiantes mexicanos que visitaron el campamento de las FARC, se llama Mao Tse Tung Viteri.
“Yo soy delegado en este país del Movimiento Bolivariano-Alfarista. Nos comprometimos a sacar adelante el congreso continental porque era un acontecimiento de alto nivel que reunió a personalidades de la política y de la lucha revolucionaria de América Latina”, dice el ex guerrillero de un grupo ecuatoriano de los 80 llamado Montoneros Patria Libre.
“Nosotros no negamos que en el seno de la Coordinadora Continental Bolivariana hay integrantes de organizaciones insurgentes y no insurgentes, pacíficas y no pacíficas.”, asegura el activista que estuvo preso durante siete años por su participación en la guerrilla ecuatoriana.
Para Mao Tse Tung, el asesinato de Reyes significa “la muerte de un hombre de la paz. Era el hombre que abría el camino hacia la pacificación y el canje humanitario. Por eso lo mataron. Nos dio dolor por la muerte de un luchador de América Latina”.
El costo para participar en el congreso al que acudió una delegación de 15 estudiantes, activistas y líderes comunistas mexicanos fue de diez dólares. La alimentación y el hospedaje fueron proporcionados por el Partido Comunista de Ecuador y la Universidad Politécnica Nacional. La inscripción al acto fue a través de internet y cada representación de la coordinadora seleccionaba a los participantes.
El grupo que representa Mao Tse Tung en Ecuador se creó hace cinco años en Caracas, Venezuela, y tiene capítulos en Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Después de los sucesos del 1 de marzo, Mao Tse Tung explica que “participantes y organizadores de este congreso estamos siendo amenazados por gente de la extrema derecha y por paramilitares. Nos han hecho filmaciones, nos filman desde motos y después nos mandan los videos”.
Quito, Ecuador • Diego Osorno/ enviado

Larrea ¿el de la foto?

Publican una foto de Raúl Reyes con -supuestamente- Gustavo Larrea, Ministro de Ecuador.

Una persona identificada como el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, apareció en una foto (mostrada) publicada hoy por el diario bogotano El Tiempo reunido con el segundo al mando de la guerrilla de las FARC, "Raúl Reyes".

El rotativo indicó que la foto fue encontrada en una de las computadora encontradas en el campmeto donde fueron acribillados "Raúl Reyes", y varias personas más, entre ellas jóvenes mexicanos.

La controvertida foto, al parecer, fue tomada en un paraje selvático y en ella sale el número dos de las FARC con uniforme de camuflaje y sentado a su lado -supuestamnte-, el ministro Larrea vestido informalmente.

Además, la foto se da a conocer justo cuando se celebra la reunión ministerial en la OEA, por lo que de inmediato, el gobierno de Ecuador - en voz de Fernando Bustamante, ministro de gobierno del Presidente Correa-, negó categóricamente que Larrea sea quien aparece junto al ex número dos de las FARC.

En declaraciones a la prensa en el marco de la XXV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, Bustamante también afirmó que, "en el supuesto no consentido de que el Gobierno colombiano estuviera promoviendo la difusión de esas imágenes, tendríamos que verlo con mucha preocupación". "Lamentamos profundamente lo que están haciendo", dijo el ministro Bustamante en referencia a que Colombia podría estar distribuyendo esta información.
Además, Larrea ya ha negado que fuera él quien aparece en la foto publicada hoy en El Tiempo, dijo Bustamante, quien agregó que dentro del Gobierno "apoyamos su palabra, creemos en ella y nos sostenemos en ella". "Por ahora, desde el punto de vista forense-jurídico carecen de toda capacidad probatoria", agregó.

Y es que la imagen publicada en El Tiempo corroboraría un correo electrónico enviado por Reyes al fundador y jefe de las FARC, "Manuel Marulanda".

La foto, al parecer, fue tomada en un paraje selvático y en ella sale Raúl Reyes con uniforme de camuflaje y a su lado de ve sentado supuestamente el ministro Larrea vestido informalmente.
Y de entrada la infomación tiene lógica debio a que el propio Larrea admitió a comienzos de este mes haberse reunido con Reyes para gestionar la liberación de rehenes de las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, también nacional francesa, pero sin precisar el sitio de la reunión.

Interpol y las computadoras: la clave.
Las tres comutadoras encontradas en el campamento en el que fue abatido Raúl Reyes son examinados desde hace una semana por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Ronald Noble, secretario general de la institución se encuentra desde hace ocho días, en Colombia al frente de una delegación de de expertos para verificar que el contenido de los tres computadoras hallados. Noble ha dicho una y otra vez que Interpol no emitirá juicios políticos sobre los contenidos y que su trabajo se limitará a verificaciones tecnológicas. Lo que hará el equipo de Interpol será un examen forense-informático.
Según la policia colombiana se tienen que cumplir "protocolos, registrados internacionalmente en materia de acreditación de la prueba judicial" y los expertos de Interpol deberán verificar "la imagen informática-forense extraída de los computadoras (y la) fijación fotográfica de los materiales hallados".

Esta verificación se hará "a través de un software, denominado de Firma de Sello Digital, que garantiza la autenticidad de la información contenida en los computadoras; reconstrucción de materiales que pueden estar ocultos en la memoria del computador, por efectos de lo que se llaman borrados de ese material".

Las oficinas de Interpol esta en Lyon; acompañan a Noble especialistas de Australia, Corea del Sur y Singapur.