Los nuevos puritanos

Los nuevos puritanos/Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Publicado en LA VANGUARDIA, 13/08/09;

Se aprueban leyes cada vez más permisivas que, lógicamente, ofrecen posibilidades de una mayor libertad individual: es el caso de los matrimonios entre homosexuales, el divorcio-exprés o el proyecto de nueva ley del aborto. A la vez, sin embargo, el mismo legislador adopta intransigentes medidas restrictivas o prohibitivas en cuestiones que hasta ahora no ocasionaban conflictos y se iban resolviendo, según la propia voluntad individual con el respeto debido a los demás, por las reglas de la buena educación, sin intervención ninguna de los poderes públicos.
Me refiero, por ejemplo, a las leyes antitabaco, antialcohol, o a las cada vez mayores obligaciones de los conductores de automóviles.
Ciertamente, algunas de estas medidas pueden ser razonables y necesarias. Ahora bien, en torno a las mismas se está creando un nuevo puritanismo que dudo mucho nos convierta en más libres y felices.
La semana pasada, Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia en Londres, nos informaba que los célebres pubs británicos están en vertiginoso proceso de desaparición: se cierran cinco pubs a la semana y siguen abiertos seis mil menos que en el año 2000. A ese paso, los pubs serán una rareza, un vestigio del imperio británico que sólo visitarán los turistas.
En Londres, como se sabe, hasta ahora en cada esquina había un pub, cada vecino tenía allí su peña y, el forastero, si le apetecía, alguien con quien poder conversar un ratillo. Los pubs suelen ser locales confortables, de diseño clásico, decorados con revestimientos de madera, con una larga barra que facilita la movilidad entre los parroquianos e impide que nadie se quede al margen de la tertulia. Además, si alguien prefiere reserva e intimidad, puede uno sentarse en cómodos y mullidos butacones y sofás. En definitiva, un prodigio de civilización y bienestar al alcance de todos los bolsillos.
Ahora bien, los pubs se caracterizan también por otros dos componentes, hoy objeto de una implacable persecución por parte de los nuevos puritanos: el alcohol y el tabaco. En el pub se charla con un vaso de cerveza en una mano y el pitillo en la otra, como no puede ser de otra manera, pues la abstinencia incita a la mudez y el aire puro a la aislada contemplación: sin alcohol y sin tabaco, por tanto, no hay pub. Pues bien, ahí está el problema: las trabas al consumo de alcohol y la prohibición del tabaco.
No son estas, sin duda, las únicas causas de su decadencia. Los tiempos cambian, las modas también. Algo parecido les sucede a los cálidos cafés de Centroeuropa o a los populares bistrots franceses; y también alcanzará a los bares españoles cuando estas puritanas medidas nos lleguen con todo su rigor. Los cafés como locales de encuentro, amistad, tolerancia, debate y civilizada disidencia, serán pronto parte del pasado. Las hamburgueserías, el iPod, la pantalla del ordenador y, con suerte, el poder fumar y beber en casa, son quizás el futuro, los nuevos elementos de una Europa acaso mejor y más feliz. Pero esta escéptica esperanza no quita que, por el momento, dudemos sobre la conveniencia y la legitimidad de ciertas restricciones legales al alcohol y al tabaco que nos parecen desproporcionadas y contrarias a nuestras tradicionales libertades.
Efectivamente, en una democracia los poderes públicos no pueden hacer todo lo que les venga en gana, aunque sea con la buena intención de beneficiar a los ciudadanos, sino sólo aquello para lo que han sido creados: garantizar la igual libertad de todos. Por tanto, el fundamento de toda medida que tome el poder no debe ser conseguir el bien de las personas – aquello, por cierto, que el poder considera que es un bien-sino el respeto a su libertad, aunque el ciudadano, según criterio de quien ostenta el poder, ande equivocado.
Ni el poder político es un padre sabio y bondadoso, ni el ciudadano un menor de edad incapacitado para distinguir el bien del mal. En el origen del Estado – de todo poder público-encontramos a un hombre racional, libre e igual a los demás que pacta con estos la creación de un instrumento – el propio Estado-que le permita seguir siendo tan libre e igual como siempre lo ha sido pero sin tener que defender sus libertades mediante el uso de la violencia. En adelante, este cometido, el uso de la violencia, correrá exclusivamente a cargo del Estado.
Este Estado, sin embargo, es limitado y sólo puede utilizar esta violencia mediante la aprobación de leyes parlamentarias que garanticen la única función que se le ha encomendado: asegurar la igual libertad de todas las personas. Hay ámbitos, por tanto, donde el Estado no debe nunca intervenir aunque lo haga, como decían nuestros padres, “para nuestro bien”: no olvidemos los efectos perversos de las buenas intenciones y el dicho popular según el cual “hace más daño el tonto que el malo”. Sólo si una persona vulnera los derechos de otra, el Estado puede intervenir prohibiendo y castigando al infractor.
En fin, pubs para beber cerveza y fumarse un pitillo deben seguir existiendo. Y quien no quiera que no entre. Quizás lo que gastamos en alcohol y tabaco lo ahorramos – también el Estado-en úlceras e insomnios y la tertulia diaria en un pub seguro que cura más que un psicoanalista. Cualquier día aparecerá un artículo apoyando estas tesis en Nature o Science y, bobos que somos, nos lo creeremos como un nuevo dogma de fe, incluso, sobre todo, se lo creerán los puritanos de hoy.

Revista Proceso

Punto de Acuerdo,

De los Diputados Javier González Garza y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal a que garantice la libertad de expresión y de prensa del Semanario Proceso.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS DIPUTADOS JAVIER GONZÁLEZ GARZA Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SUSCRIBEN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, GARANTICE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA DEL SEMANARIO PROCESO, BAJO LAS SIGUIENTES:
C O N S I D E R A C I O N E S
Los principios de la libertad de expresión y la libertad de imprenta han sido ejes fundamentales de la construcción de un Estado Democrático en México, desde que, en 1813, Don José María Morelos y Pavón los consignara en los Sentimientos de la Nación. Desde entonces y hasta la fecha, el ejercicio de las libertades periodísticas han sufrido fuertes embates, propios de regímenes autoritarios, que pretendieron socavar las voces disidentes alzadas para la defensa de los fundamentos de un Estado cada día más plural y comprometido, en diversos momentos de nuestra Historia. Es por ello que llamó poderosamente nuestra atención, la denuncia realizada por el Semanario Proceso, en el número aparecido el pasado día 2 de agosto, respecto de los acontecimientos en que se pretendía involucrar a este semanario con cárteles del crimen organizado.
Estos hechos acontecieron en una conferencia de prensa del coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, realizada el pasado día miércoles 29 de julio, para presentar a Raúl Ortiz González, miembro de la banda de Los Rojos, conferencia en la que estas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal, exhibieron el armamento decomisado junto con varios ejemplares de este medio de comunicación impreso, dando claramente el mensaje de su vinculación con el crimen organizado y poniendo en un grave riesgo a los periodistas de esta Revista, violando con ello no sólo las garantías de legalidad y debido proceso al establecer la culpabilidad del medio de comunicación, sino también los derechos humanos de estos periodistas, al establecer de antemano su culpabilidad.
Derivado de lo anterior, el propio Semanario Proceso presentó, el día 4 de agosto, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una denuncia debido a que, por omisión o por comisión, si la autoridad federal no brinda las garantías indispensables a todos y cada uno de los comunicadores, nacionales y extranjeros, que laboran en nuestro país, y más aún, como es el caso actual, genera situaciones de vulnerabilidad, el riesgo personal resulta sumamente alto y el gobierno federal renuncia, una vez más, a cumplir con una de las obligaciones fundamentales para las cuales fue instituido: brindar seguridad a todos y a todas las personas, en territorio nacional.
Nos encontramos plenamente convencidos de que, en una sociedad democrática como la que pretendemos construir, la libertad de expresión y, específicamente, la libertad de prensa, resultan factor imprescindible en la construcción de una ciudadanía crítica, pluralista, tolerante, participativa, libre, solidaria y protagónica, por lo cual rechazamos, contundentemente, cualquier actitud que pretenda coartar a la prensa abierta y valiente. Es por ello que la libertad de imprenta, fundamento esencial del Estado mexicano es, desde 1824 en nuestro país, una garantía individual, actualmente consagrada en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pacto fundamental de nuestra sociedad y que, cualquier ataque a ésta por parte de algún servidor público, en los tres órdenes de gobierno, debe tener como consecuencia, el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, según lo determine la autoridad competente.
En consecuencia, y por tratarse de un asunto de trascendencia nacional, la CNDH, debe resolver de manera expedita la queja interpuesta por el Semanario Proceso, para garantizar que la prensa libre pueda seguir ejerciendo su oficio, con todas las garantías que nuestra Constitución consagra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente imbricados en la construcción de un Estado Democrático, Social y de Derecho en el que la prensa libre e independiente sea una realidad, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, en particular al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ing. Genaro García Luna, garanticen la libertad de expresión y de prensa del Semanario Proceso y de todos los medios de comunicación, así como la integridad y seguridad de sus reporteros, editorialistas y equipo de producción.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, atentamente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de trámite expedito a las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el Semanario Proceso con fecha 4 de agosto pasado, formular las recomendaciones públicas correspondientes así como las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
11 de agosto de 2009.
DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

La doctrina Obama

La doctrina Obama y África/Shlomo Ben Ami, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz.

Traducción de Carlos Manzano

Publicado en EL PAÍS, 11/08/09;

El tan comentado discurso del presidente Barack Obama en El Cairo no sólo representó la desaparición del impulso ideológico de George W. Bush a la reconstrucción del mundo musulmán mediante una revolución democrática, sino que, además, señaló el fin del propósito por parte del liberalismo americano de rehacer el mundo a su imagen y semejanza.
En lugar de eso, el Gobierno de Obama se guía por un realismo político relativista que adopta el respeto de las distinciones culturales y religiosas. Su secretaria de Estado, Hillary Clinton, subrayó esa tendencia durante su primera visita a China, donde su mensaje inequívoco fue el de que el orden y la estabilidad tienen prioridad sobre la libertad y los derechos humanos.
Pero, ¿qué decir de África, el continente olvidado al que el presidente dedicó un discurso exuberante como todos los suyos y una visita relámpago a la cual la actual gira de su secretaria de Estado es sin duda un importante acto de seguimiento diplomático? Allí tanto la vitalidad de la tradición política local como los imperativos estratégicos están convergiendo para determinar los límites de la capacidad de Occidente con vistas a imponer sus valores.
Dos semanas antes del discurso de Obama en El Cairo, una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visitó cuatro países africanos para expresar su preocupación por el resurgimiento del cambio inconstitucional en ese continente. África ofrece, en efecto, un panorama sombrío, con países que están deshaciéndose virtualmente a consecuencia de la autocracia y el estancamiento.
Pero la doctrina Obama que está perfilándose sugiere que “las elecciones por sí solas no constituyen una democracia auténtica” y que, como ha ocurrido en el mundo árabe, cualquier iniciativa abrupta en pro de la democracia está destinada a producir caos. Además, en África los dirigentes posautoritarios no necesariamente respetan los derechos humanos y la gestión decente de los asuntos públicos.
La actitud de Occidente para con la democracia en el Tercer Mundo siempre ha sido errática. A comienzos del decenio de 1990, aplaudió el golpe militar en Argelia encaminado a cercenar la aparición democrática de un régimen islamista y no tiene el menor inconveniente en hacer negocios con regímenes autoritarios de todo el mundo árabe. Sin embargo, suele ser habitual que en público se muestre prendado de los aderezos exteriores de la democracia.
Tomemos el ejemplo de Guinea Conakry. Después de años de agitación, unos oficiales de poca graduación, encabezados por el capitán Moussa Dadis Camara, tomaron el poder endiciembre de 2008 en un golpe pacífico y que contó con un amplio apoyo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos reaccionaron inmediatamente amenazando a la junta gobernante con la interrupción de la ayuda, a no ser que se restablecieran las elecciones y el Gobierno constitucional.
Aunque el presidente Camara acabó sucumbiendo a la presión y convocando elecciones para el próximo invierno, no le falta razón al insistir en que primero debe garantizar la estabilidad para que las elecciones no se conviertan en un simple preludio de luchas civiles. El caso de la vecina Guinea-Bissau, donde acaba de producirse un baño de sangre antes de las elecciones generales, debe servir de advertencia.
¿Por qué ha de insistir Occidente en las elecciones en un país que desde 1984 fue gobernado por un dictador con respaldo occidental, Lansana Conté, que, a su vez, llegó al poder con un golpe militar? Mantuvo una Constitución y celebró elecciones, pero no por ello fue un gobernante democrático ni fue capaz de sacar a su país de su atroz atraso, pese a su enorme potencial para el desarrollo económico.
El problema de África es el de la eficacia del gobierno, no el de las elecciones y las constituciones de altas miras. Al contrario, se debe alentar a los gobernantes a que se dediquen a la construcción de la democracia de abajo arriba, creen una fuerza de policía y un sistema judicial honrados y permitan que prosperen organizaciones cívicas. Capacitar a las fuerzas de policía para que mantengan el orden sin recurrir a baños de sangre no es menos importante que las elecciones.
En África, las elecciones y las constituciones -Zimbabwe y la dictadura de Gabón tienen ambas cosas- nunca han sido una salvaguardia contra la tiranía y las violaciones de los derechos humanos.
La prueba de Camara -de hecho, la prueba para la mayoría de los dirigentes africanos- consiste en proteger a los civiles y su propiedad, mantener el orden público sin medidas opresivas y luchar contra la corrupción. Camara se ha mostrado muy receptivo ante la presión internacional y recientemente ha sido elogiado por Human Rights Watch por su “importante esfuerzo” al haber reconocido el papel destructivo de la corrupción y del tráfico de drogas y haber lanzado una ofensiva contra ellos.
El orden y la estabilidad, aun sin derechos constitucionales, es lo que legitima a países como Libia y Túnez ante la comunidad internacional. Para recuperar la confianza de la comunidad empresarial internacional y de las grandes empresas mineras mundiales, a las que en los últimos años enfurecieron las renegociaciones forzosas de los acuerdos vigentes por los Gobiernos del Congo, Mongolia y Guinea, Camara tuvo también la prudencia de desdecirse de su amenaza de renegociar las concesiones mineras vigentes.
Occidente tiene razón en insistir en las normas de gobierno decente, pero corre el riesgo de perder su capacidad de influir en los acontecimientos de África cuando cae en la falacia de ignorar que la democracia no es un dogma eclesiástico sino una serie de principios que necesitan ser contextualizados.
Es por lo tanto difícil entender la resistencia del Grupo de Contacto internacional responsable del seguimiento del proceso de democratización en Guinea a la intención del líder guineano de presentarse, desde luego sólo después de abandonar el Ejército, a las elecciones presidenciales. En Mauritania acaban de producirse elecciones presidenciales que tanto el secretario general de la ONU y la Unión Europea, asumieron como perfectamente legítimas. Las ganó el general Mohamed Ould Abdelaziz, el mismo que tomó el poder hace un año a través de un golpe de Estado…
Tampoco es útil para los intereses de Occidente, o de los pueblos de África, vincular automáticamente la ayuda con las elecciones, pues, mientras lo hace, China, el freno de cuyo empuje estratégico en África es uno de los objetivos principales de la gira de la secretaria Clinton, está utilizando su colosal capacidad financiera para ampliar su posición estratégica en el continente, sin vincular la ayuda y la inversión con latosas exigencias sobre la gestión de los asuntos públicos. Gracias a su empuje para conservar una importante voz y voto en materia de fijación de precios del hierro y la bauxita, de los que Guinea es el mayor productor mundial, China recibe una cálida acogida de unos funcionarios cansados de los sermones occidentales.
No es una buena noticia para los adalides occidentales de los derechos humanos que China acabe capacitando a los policías de países como Guinea. No hace falta demasiada imaginación para discernir las normas que los chinos podrían inculcar a los 1.000 policías y funcionarios judiciales del Asia central a los que están formando actualmente.
Tal como lo entiende Obama, semejante ayuda autoritaria es una grave amenaza para los intereses geoestratégicos de Occidente, incluida la lucha contra el tráfico de drogas (Guinea ha llegado a ser un punto de tránsito en la ruta de Sudamérica a Europa). También socava la oportunidad de poner las bases para una auténtica reforma democrática en todo el continente.

Sucesores del Rais

Sucesores de Arafat/Editorial
El País, 13 de agosto de 2009;

El movimiento palestino Fatah renueva su dirección en el primer congreso en dos décadas
El movimiento palestino Fatah ha abordado una tarea pendiente durante las dos últimas décadas: renovar su dirección y su estrategia. En vida de Arafat, los líderes de Fatah consideraban innecesario refrendar la legitimidad histórica que ostentaban, y de ahí que desde 1989 no se celebrasen congresos. Pero la percepción fue cambiando a medida que se extendían la corrupción y los modos autoritarios una vez que Fatah llegó a la Autoridad Palestina. Hamás es, en gran medida, el resultado de la parálisis en la que ha vivido Fatah. La organización islamista no sólo ha perseguido la corrupción en sus filas, sino que se ha convertido en la abanderada de la resistencia frente a Israel, mientras que Fatah apostaba por unas negociaciones invariablemente concluidas en fracaso.
El congreso que Fatah acaba de celebrar en Belén, el primero en territorio palestino, ha servido para renovar a dos tercios de su dirección, incorporando a líderes más jóvenes surgidos en el interior de los Territorios Ocupados y con la vista puesta en las próximas elecciones. Se trataba de un paso ineludible para abordar los desafíos que aguardan a los palestinos si, como parece, la nueva Administración norteamericana se compromete en la búsqueda de un arreglo en Oriente Próximo. Con los antiguos dirigentes de Fatah resultaba difícil la recomposición de la unidad entre Cisjordania y Gaza, imprescindible para entablar cualquier negociación futura con Israel. Y aunque la nueva dirección no dejará de enfrentarse al obstáculo de la partición política de los dos territorios, arranca su mandato con un lastre menor que su predecesora. Desde el primer momento, Hamás tampoco ha querido allanar el camino de la reconciliación entre palestinos, y ha impedido salir de Gaza a los delegados en el congreso de Fatah.
Con la incorporación de Marwan Bargouti a la cúpula de Fatah llega al núcleo de la política palestina uno de los líderes más carismáticos surgidos bajo la ocupación. Pero también uno de los dirigentes más cuestionados por Israel, que lo mantiene en prisión acusado de instigar una cadena de atentados en los que perecieron cinco personas. Bargouti siempre ha negado cualquier relación con los hechos. Su presencia en la dirección de Fatah complica, en cualquier caso, la estrategia seguida por Israel: su propósito de adoptar a Fatah como interlocutor para evitar el contacto con Hamás le obligará a decidir sobre la situación de Bargouti.