24 abr 2008

Justicia Penal en México


El Presidente Calderón en el Congreso: El Sistema de Justicia Penal en México, Retos y Perspectivas; jueves, 24 de Abril de 2008 Discurso

Muy buenos días.
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señor Procurador General de la República.
Señoras y señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señoras y señores:
El combate a la inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho en el país son asuntos prioritarios en la agenda nacional.
Tengo la firme convicción de que la modernización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia son fundamentales para garantizar el éxito en la lucha que hoy libramos por un México más seguro, en el que impere la libertad, la ley y el orden.
Por ello agradezco la invitación para acompañarlos en este magnífico espacio de reflexión y de diálogo, en el que se han dado cita expertos y profesionales para contribuir a una adecuada instrumentación de una reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal.
Mi mayor reconocimiento a todos ustedes, porque sé que sus ideas y propuestas nos permitirán dar los pasos adecuados, fundamentales, para modernizar y fortalecer el Sistema de Procuración y de Impartición de Justicia Penal en México.
Como ustedes saben, el año pasado presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional en materia de justicia penal.
Esta reforma, que fue enriquecida con iniciativas y participaciones impulsadas vigorosamente por distintos legisladores en el Congreso de la Unión, fue aprobada finalmente por éste y ahora su proceso de revisión avanza en las legislaturas locales.
De concluir favorablemente su aprobación, esta reforma será una de las más relevantes en el sistema de enjuiciamiento penal que hayamos tenido los mexicanos, quizá comparable con la transición del sistema puramente inquisitorio que rigió hasta el siglo pasado, al actual sistema mixto.
Con esta reforma México puede fortalecer sus instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos, respetando, de manera irrestricta, los derechos fundamentales de cada ciudadano.
De lo que se trata es de impedir que la impunidad sea aliada de quienes quebrantan la ley.
Queremos dotar de nuevas y mejores herramientas al Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública, la justicia y la tranquilidad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, de juicios más claros, transparentes y justos para quienes participan en un proceso.
Esta reforma, además de implementarse adecuadamente, como es nuestra tarea, permitirá fortalecer a todos los actores del proceso penal. Nos permitirá contar con mejores policías con un nuevo sistema que lo haga posible; con agentes del Ministerio Público mejor preparados y, además, obligadamente mejor preparados para presentar los casos ante los jueces; mejores defensores y mejores jueces en sí mismos.
Brindará, también, mayores garantías procesales a los acusados, a los ofendidos y particularmente a las víctimas, que hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del Estado.
En términos generales podremos alcanzar algunos objetivos, como son los siguientes:
Primero. Agilizar y transparentar los procesos penales. Mediante esta reforma transitaremos de un sistema de justicia inquisitorial a uno acusatorio, con juicios orales y procesos debidamente simplificados, desahogados todos ellos ante la presencia del juez.
Segundo. Podremos reducir espacios para la corrupción y la impunidad, porque sentaremos las bases para que el Ministerio Público y las policías investiguen los delitos de manera más eficaz, expedita y profesional y tiendan, precisamente, a obtener la evidencia que sea presentable ante el juez, de una manera mucho más precisa.
Tercero. Profesionalizar a las policías. Con el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública implementaremos estándares de calidad en la capacitación de las policías.
Ahora las policías municipales, estatales y federales podrán modernizarse y fortalecerse para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.
En un marco de mayor coordinación avanzaremos en la profesionalización, el control de confianza y la honestidad de los cuerpos policiacos, un proceso que ya se ha iniciado en el Gobierno Federal.
Cuarto. Contar con medios alternativos de solución de controversias. Estos medios serán una alternativa para restituir al agraviado en el goce de sus derechos. Eso permitirá que el Estado centre sus capacidades en la investigación de los delitos, más que en la solución de conflictos entre las partes, y permitirá reducir al máximo posible que negocios estrictamente mercantiles sean dirimidos en el litigio penal.
Quinto. Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y de combatir a las organizaciones criminales. Con figuras, por ejemplo, como la extinción de dominio en favor del Estado de bienes producto de ilícitos, el Estado podrá combatir con mayor fuerza a las estructuras operativas y económicas de la delincuencia organizada.
Esta reforma, señoras y señores, responde a una realidad irrefutable. Actualmente el fenómeno delictivo es mucho más complejo y, por ello, nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben modernizarse y fortalecerse. En la percepción del ciudadano en México no hay aún justicia ni pronta ni expedita. Esa es la verdad.
Al mismo tiempo, esta reforma nos plantea, para ser exitosa, el poder lograr realizar enormes retos. Es fundamental, por ejemplo, que las autoridades de los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, trabajemos de manera corresponsable y coordinada.
Debemos actuar bajo una misma visión de Estado para poner en marcha las adecuaciones y adoptar los nuevos procedimientos que esta reforma nos obliga.
La reforma requiere con urgencia el diseño y puesta en marcha de un proceso de transición ordenado y coherente. Este proceso demanda la plena coordinación entre todos los poderes, particularmente en el ámbito de competencia local.
Una de las primeras tareas de esta transición debe ser el ordenar y agilizar los procesos vigentes como, por ejemplo, el fortalecer los momentos procesales, que ya hoy, actualmente, están basados en la oralidad; o bien, modificar el Amparo para que se elimine el ejercicio abusivo de éste y deje de dilatarse, así, la justicia.
Debemos avanzar, además, en temas fundamentales como la capacitación de todos aquellos que estarán encargados de operar la reforma: de jueces, de magistrados, de Ministerios Públicos, de policías.
O como en la consolidación de una nueva cultura, no sólo de procuración e impartición de justicia en el país, sino en general una sólida cultura de legalidad en todos los mexicanos.
Por otra parte, y particularmente en los casos de crimen organizado, los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar que Ministerios Públicos, policías y jueces, puedan procurar e impartir justicia y garantizar seguridad a la ciudadanía a plenitud y con plena legalidad y objetividad; que estén a salvo de la amenaza de la extorsión y de la amenaza misma de su vida, por lo cual se requerirá que estén mejor pagados, muy bien protegidos y que su ejercicio sea plenamente transparente.
Es muy importante, además, que atendamos las recomendaciones y las conclusiones producto de foros, como éste, en el que se reúnen las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, jueces, magistrados, ministros, así como instituciones y expertos internacionales para discutir el impacto y las implicaciones de una reforma de esta magnitud.
Tenemos que aprender de las experiencias vividas en otros países que han iniciado procesos como el que hoy, seguramente, iniciará en México.
Con la participación de todos, con el liderazgo de la Suprema Corte que se refleja, precisamente, en este evento; con la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de juristas, académicos, expertos, ciudadanos, de todos, podremos lograr que México cuente con un Sistema de Procuración e Impartición de Justicia a la altura de los enormes desafíos que nos plantea la consolidación del Estado de Derecho en el país.
Señoras y señores:
El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres instituciones, escribió don Benito Juárez, ha impuesto a los poderes públicos el constante y sagrado deber de observar fielmente la Constitución y las leyes, pues ellas afianzan los derechos y las garantías de los ciudadanos y son una prenda segura de la paz y el progreso de la sociedad.
Con estas palabras del Benemérito de las Américas, recordamos que uno de los más importantes deberes del Estado y quizá el que le da razón a su existencia, es garantizar la legalidad y los derechos de cada quien.
La modernización de nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el país es una tarea que responde, precisamente, a la firme lucha del Estado mexicano por un país en el que impere la ley, el orden, la justicia y la libertad.
Felicito nuevamente a los organizadores y participantes del Congreso por sus valiosas aportaciones para la adecuada implementación de la reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal y para la construcción de un México más justo, más seguro y más próspero.
Enhorabuena y muchas felicidades.
Fuente: Presidencia de la República

La bomba del General Aponte Polito

Carta íntegra del general Aponte Polito
Redacción/FRONTERA, 23/04/2008;
TIJUANA, Baja California (PH)
Agradezco la gentileza para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador General de Justicia del Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.
En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II región militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de ‘crystal’; 467 vehículos y 595 armas de fuego; asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a ley federal de armas de fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de ‘crystal’; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.
Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el programa integral de seguridad pública del estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2 mil 682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con mil 860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los mil 120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el Estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.
A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y ‘levantones’ que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.
Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policíacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia, siendo estas sólo algunas:
A. El 2 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama número 546, fraccionamiento Villa Floresta, deleg. La Presa, Tijuana, B.C., se registró un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) “El Abuelo”; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos, 16 armas largas, 2 armas cortas, 75 cargadores, así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del a. MPF, donde se integró la indagatoria a.P./Pgr/B.C./Tij/03/08-m-iii, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B.C. Junto con los agentes ministeriales Marco Javier Lujan Rosales y Arturo Quetzalcoatl Vargas Zermeño pertenecientes al mismo grupo antisecuestros y el policía municipal de Tijuana Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente “El Abuelo” se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del grupo antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
¿Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?
B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit; fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Ines Lucas Rodríguez; José Luís Lugo Báez (detenido después por personal militar el 1 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luís Ballesteros Sánchez, Cesar Beltrán Saldívar, Eduardo Bustos Ramírez, Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas mas el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP, asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Junior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C., mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, ‘levantones’, homicidios, así como dar protección al ‘narcomenudeo’, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el Estado, siendo los siguientes:
- El 19 dic. del 2006 el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noe Ríos Ortega, agentes de la PEP.
- El 22 sep. del 2007 el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP Y de Micael Rodríguez Hernández.
- El 30 oct. del 2007 en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización “Arellano Félix” en el negocio “Mariscos Godoy” ubicado en Tijuana, B.C.
- El 04 dic. del 2007 el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, cmte. Pol. Mpal. Tecate.
- El 14 ene. 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.
¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?
C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm. marca browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.
¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?
D. El día 8 de enero del 2008 esta comandancia de región militar, mediante oficio no. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, B.C., le ofreció al cap. 1/O. de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, B.C., ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.
Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener “pláticas de acercamiento”, a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.
¿Que decepción?
E. El día 3 de mayo del 2007 en diversos medios de comunicación a nivel nacional se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de “la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad, A.C.”, se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex Subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, B.C. y actualmente su asesor para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las juntas de coordinación de seguridad pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.
¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?
F. El 6 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) “Locadio” (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la base de intercepción aérea de la PGR: (Conocidos como “El Conejo” y “Cristian”) y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia los EUA Y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) “El Fune”, oficial de la DSPM de Mexicali inmediato superior del cmte. “Locadio”, quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con su superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicido el ex subcomandante Leocadio Nuñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.
G. El 13 nov. 2007 durante la carrera “Baja-1000”, se desplomó un helicóptero Bell-206-a1 sobre la carretera fed. no. 3, tramo Ensenada-San Felipe, B.C., a inmediaciones del Valle de San Matias, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo Gonzalez y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón”, por cierto, Miguel Cortez Nuno, subinspector de la PFP División caminos asistía a las juntas de coordinación del grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.
¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?
H. El 19 abr. del presente año se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente:
Los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior. Existen como pruebas las constancias no. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres, firmando también como inspector López Rivera José y la no. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos; Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.
¿Esto no es corrupción?
I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, B.C. A una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegacion de la PGR Pusieron la demanda correspondiente.
J. El día 5 de sep. del 2007 fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre del 2007 se presentó en este C.G una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los “Arellano Félix”.
K. El 04 ene. 2008 los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial “Las Palmas” en la Delegación de La Mesa, Tijuana, B.C., detuvieron a José Galvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana, B.C., el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.
¡Que desgracia para la sociedad de Baja California!
L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.
Señor procurador:
Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas por lo que mencionare entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:
-Algunos acuden quincenal y mensualmente a las ‘narcotienditas’ a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los ‘narcomenudistas’.
-Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (‘polleros’).
-Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
-Algunos elementos que protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
-Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
-Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
-Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, B.C., participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarase sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.
-Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada “el comando negro” que operaba en ensenada, B.C.
-Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.
-Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
-Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.
-Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.
Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del c. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
Señor Director:
Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II región militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional, para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal, con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. secretarios de gobierno y de seguridad pública de esta entidad federativa, para establecer las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas
Por las atenciones prestadas le hago presente mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.
El general de división D.E.M.
Sergio Aponte Polito.

Aclaración de Woldenberg y Krauze

Precisiones de José Woldenberg en El Correo Ilustrado de La Jornada, 23/04/2008;
John M. Ackerman escribió en su artículo del 21 de abril: “El Congreso de la Unión de ninguna manera está ‘secuestrado’, como afirmaron Enrique Krauze, José Woldenberg, el Consejo Coordinador Empresarial y la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno”.
Por si algún lector despistado cree que los arriba enunciados hicimos una declaración conjunta paso a aclarar mi posición.
1. Escribí un artículo y firmé un desplegado en contra de las tomas de tribuna de las cámaras del Congreso. Fueron los propios legisladores del FAP los que en la de Diputados colocaron una inmensa manta que decía “clausurado”.
Me pareció y me parece lamentable que partidos de izquierda atenten contra la institución que de mejor manera recoge y recrea la pluralidad política del país, contra un espacio fundamental donde se encuentran, debaten, negocian y en ocasiones pactan los grupos parlamentarios, contra el Congreso, cuya misión fundamental es la de legislar.
Me parece también lamentable porque los medios que usan los individuos, las agrupaciones y los partidos hablan más de ellos que los fines proclamados, y ya en el terreno pragmático porque se trata de un bumerán contra los partidos que integran el FAP, porque (creo) la inmensa mayoría de los ciudadanos no comparten esos “métodos de lucha”.
No se trataba de un “acto simbólico de resistencia civil” sino de impedir que el Congreso sesionara (un secuestro), que afortunadamente no prosperó porque el resto de los grupos parlamentarios decidieron trabajar en espacios alternativos.
2. Los espots de televisión firmados por la agrupación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno me parecen deleznables. Comparar a Andrés Manuel López Obrador con Hitler, Mussolini o Huerta es un despropósito y una grosería, que sólo sirve para enrarecer el de por sí enrarecido ambiente de la discusión. Se trata de auténticos pirómanos que desean alimentar espirales de desencuentros, cuando lo que el país requiere es la construcción de puentes de entendimiento.
Atentamente.
José Woldenberg
Correo Ilustrado, 25/04/2008;
Enrique Krauze responde a John Ackerman
Los desplegados del 3 de agosto de 2006 y del 18 de abril de 2008 no intentaron descalificar a la izquierda sino hacer una defensa de las instituciones democráticas. Valga la aclaración porque Ackerman no parece darse cuenta de que su defensa de un sector radicalizado de la izquierda forma parte de una estrategia para descalificar la democracia que entre todos hemos venido construyendo.
Enrique Krauze

En la búsqueda del Kaibil

El grupo de sicarios conocido como ''Los Zetas'', está reclutando a ex militares guatemaltecos en el departamento de Petén, reveló en exclusiva ayer miércoles 23 de abril, el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. http://www.sigloxxi.com/
Por medio de mensajes que transmite una radiodifusora pirata se ofrece la contratación de personas que pertenecieron al servicio militar, sobre todo los que hayan recibido entrenamiento y técnica de kaibil, indicó el diario.
El mensaje, sin acreditar empresa o personas encargadas de su difusión, aunque sí un teléfono para comunicarse, ofrece a las personas que cumplan los requisitos trabajo "para prestar seguridad a vehículos que transportan mercancía a México''.
Siglo Veintiuno indica que estos mensajes detectados hace una semana en los municipios de Sayaxché y la Libertad (Petén) hacen sospechar que se trata de tareas de reclutamiento por parte de ''Los Zetas'' y recuerda que en algunos estados mexicanos fronterizos con Guatemala han aparecido mensajes similares a estos.
El diario señala que ''una fuente militar en Petén, que pidió no ser identificada'', les confió "que esos anuncios sólo se hacen en comunidades fronterizas y alejadas, como las ubicadas en la desembocadura de los ríos La Pasión y Usumacinta, municipios de La Libertad y Sayaxché, donde operarían miembros de Los Zetas.
''Ellos andan acá por las aldeas El Ceibo y Santa Rosita. No tenemos datos precisos, pero sabemos que hay cuatro grupos desplegados por toda el área occidental del departamento'', manifestó la fuente anónima.
Por su parte, el portavoz del Ejército guatemalteco, Daniel Domínguez, consultado por el diario, señaló que esa institución "no investigará (el anuncio radial) por tratarse de una convocatoria dirigida a quienes ya no pertenecen a esa institución''.
''Eso no nos compete, analizar, el origen o autorización de las radios. No tenemos ninguna injerencia porque se trata de personal que está de baja, que ya nada tiene que ver con las fuerzas militares'', enfatizó el vocero.
Según el portavoz, "hasta el momento no se ha registrado ninguna ilegalidad en los elementos de alta, y de comprobarse alguna, serían puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigados''.
Tampoco el jefe de la policía antinarcóticos de Guatemala, Pedro García, ha iniciado alguna investigación dijo que "oficialmente no le han ordenado" hacerlo.
Información de última hora: http://www.sigloxxi.com/
Militares, MP y Policía investigan narcoanuncio
El Gobernador de Petén dice que el mensaje se emitió en al menos dos radios pirata, y pidió más policías.
Geovanni Contreras, Siglo 21 gcontreras@sigloxxi.com
Luego de que ayer Siglo Veintiuno informó en exclusiva sobre la emisión de un anuncio para reclutar kaibiles, en radiodifusoras pirata de Petén, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y militares destacados en la zona comienzan investigaciones para determinar el origen de las ofertas de trabajo.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, dice que se ordenó a una unidad ubicada en Petén que comience con las pesquisas para establecer en qué radioemisoras está sonando el anuncio, y con ello determinar si son narcotraficantes los que están reclutando a ex militares para custodiar cargamentos de droga.Según Gómez, se va a trabajar en conjunto con el Ministerio Público para desarrollar de mejor manera las investigaciones, al tiempo de agregar que hoy conversará con el Gobernador de Petén para obtener más información.
Militares hicieron llamada
Una propuesta de reunión, en un punto “a definir más adelante”, recibieron elementos de Inteligencia militar en Petén, como resultado de una prueba al llamar al número de teléfono que el supuesto narcoanuncio publicitó, dirigido a los interesados en trabajar para brindar seguridad a vehículos que transportan mercancías entre Guatemala y México, que habrían hecho miembros del narcotráfico.
Desde ese departamento, una fuente castrense explicó que obtuvieron respuesta al efectuar la llamada, pero quien responde no revela su identidad ni da un nombre de la supuesta empresa para la cual trabaja, y sólo se limita a decir que vuelva a llamar después para establecer un lugar dónde se reunirían más adelante.“Si son los narcos los que atienden, no creo que vayan a decir de una vez en dónde van a estar, sino que podrían investigar primero con quién están hablando; luego determinar el grado de confianza y si es viable dar un punto de reunión”, comenta la fuente.
Gobernador también confirma
El gobernador de Petén, Rudel Mauricio Álvarez, da cuenta de que los anuncios han sonado en dos radios ilegales de los municipios de Sayaxché y La Libertad, de al menos 27 frecuencias pirata existentes en todo Petén, al tiempo de mostrar preocupación por los cargamentos de droga incautados. Ello, mientras se analizaba un alijo de supuesta cocaína en el núcleo central de SAÍA
El pasado 9 de abril fue detenido en Guatemala Daniel Pérez alías El Cachetes, que según la Policía, es uno de los fundadores y segundo jefe de Los Zetas.
Se espera su extraditación a México'.

Etica y medios, conferencia en Nuevo León

La ética en los medios; credibilidad y responsabilidad social
Texto presentado a los alumnos de Ciencia Política de la Universidad de Monterrey (UDEM), el día 24 de abril de 2008;
"Mientras más observo los efectos principales de la prensa libre, más me convenzo de que, en el mundo moderno, la libertad de prensa es la principal y en cierto modo el elemento constitutivo de la libertad". Alexis de Tocqueville, en "La Democracia en América".

Agradezco la invitación de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública (SALPA) de la Universidad de Monterrey, particularmente a su Presidenta Laura Reyna de la Garza, y a la Licenciada Julieta Alejandra Yañez Vega, directora del programa académico en Ciencia Política. “Alza tu voz” es la rúbrica de SALPA, agregaría “no te quedes callado”; o mejor “no te detengas” como dice el poeta Walt Whitman, al que recomiendo leer si no lo han hecho.
Sin más entro al tema, decirles que sólo voy a leer una parte de este texto que he preparado, y aprovechar el tiempo, escuchar su preguntas intentar dar respuestas a su interrogantes. ¿Les parece? Voltaire lo describió en una línea: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”