¿Cuánto
más debemos soportar? ¿Cuántos asesinatos, cuántas desapariciones, cuántas
violaciones, cuántos cinismos e hipocresías de quienes detentan el poder? La
imagen del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, desollado y tirado
en la calle por policías, nos horroriza, nos llena de rabia. Tenía solo 22
años, una hija y una esposa. Apenas iniciaba sus estudios. Nuestras vidas se
conmueven. Ya no hay consuelo. México está en penumbra.
Su
cara no aparece entre las fotografías que exhiben miles de manifestantes en el
mundo y que se reproducen en las redes sociales. A él ya no lo busca nadie,
está muerto y enterrado. Pero también cayó en Ayotzinapa, lo arrojaron en una
calle de Iguala muerto, golpeado, desollado. Para su joven viuda, Marisa
Mendoza, y para su hija de dos meses, siempre será el joven idealista que murió
por educarse como maestro rural. Para el resto, un cuerpo que un día puede
tener el rostro de un familiar o de un amigo.Desde
dos meses antes del incidente, los policías de Iguala tenían prohibido usar
cualquiera de esos equipos. La interdicción vino del Ejército, que en esa
ciudad tiene destacamentado el 27 Batallón de Infantería, por lo que puede
suponerse que esos atacantes fueron de la Policía estatal o la Policía Federal,
como muestra la información recabada por la reportera.La
búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de
Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y –según han declarado–
éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo
y al gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio
internacional.En
2011, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) elaboró el
diagnóstico Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, que sirvió de
pauta a las tropas federales que encabezaron el Operativo Guerrero Seguro. El
documento, entregado a Proceso en octubre de ese año por el entonces gobernador Ángel Aguirre, incluye
nombres de las organizaciones criminales y de sus sicarios, así como de su
ámbito de operación, pero nadie hizo nada para combatirlos; ni siquiera cuando
Aguirre se quejó en abril de 2011 de haber recibido la entidad infiltrada por
el narcotráfico, como informó este semanario en su edición 1825.
Esa
decisión no cayó nada bien en círculos del Ejército por los alegados
antecedentes del gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, con la
guerrilla en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
aunque en el entorno presidencial se asegura que la apuesta por el exsecretario
general de la UAG busca tender puentes con los movimientos radicales ante la
falta de liderazgos políticos en el estado.
En
su columna del 31 de octubre en el diario Reforma, el escritor Juan Villoro
recuerda su estancia en Acapulco el fatídico 26 de septiembre, donde dio una
conferencia sobre José Revueltas y tuvo como anfitrión a Ortega Martínez, en
ese momento secretario general de la UAG.
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