En tanto, Eduardo Gallo, presidente de México Unido Contra la Delincuencia, afirmó que en lo que va del sexenio los logros anticrimen resultan insuficientes ante la elevada cifra de ejecuciones, el frecuente plagio de migrantes, la liberación paulatina de criminales, el saqueo de los ductos de Pemex, la presencia del fenómeno de la trata de personas, así como la existencia de un sistema penitenciario que calificó como podrido. "No estamos de acuerdo con la estrategia de seguridad, ya que potencia la actitud violenta al atacarse los cárteles con estrategias de poder de fuego que generan un incremento de la violencia en lugar de privilegiar el reducirla para beneficio de los mexicanos", dijo.En tanto, el presidente Felipe Calderón dijo al concluir los "Diálogos": Yo tengo prisa en el tema y no quiero dejar las cosas a medias". Recordó que está en el último tercio de su gobierno y por ello la apuración.
El mandatario pidió la cooperación de la sociedad en el combate al crimen, mediante la creación de programas mixtos de autoridades y ONG.
Esto tras las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de seguridad, quien aseguró que durante el último tercio del 2010 bajó en un 10 por ciento el número de asesinatos ligados al crimen organizado.
Momentos antes, Calderón apeló a la sociedad civil para delinear la lucha contra el crimen organizado y les ofreció financiar proyectos vigilados por consejos mixtos de autoridades y organizaciones no gubernamentales para acciones de prevención social de la violencia.
Se trata de que sea la misma gente la que señale en el Gobierno federal o de los estados quién no está comprometido en esta tarea.
"Fomentaremos la cooperación de la sociedad en dos ámbitos: por una parte vamos a ofrecer financiamiento que pueda apoyar a los proyectos de la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia", dijo.
"Estos recursos serán administrados por miembros de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno federal", aclaró.
El Presidente le dio contundente respusta en su segunda intervención al Sr Gallo.
Los discursos completos del presidente y de Alejandro Poiré
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Calderón en Diálogoa por la Seguridad. Hacia una política de estado
2011-01-12 | Discurso
Ciudad de México
Muy buenos días amigas y amigos.
Señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro.
Licenciado Alejandro Martí, Presidente de México SOS.
Licenciado Miguel Treviño de Hoyos, Director General del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
Arquitecta Graciela García Bringas, Consejera de Ciudadanos por una Causa Común.
Licenciado Marcos Fastlicht, Presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.
Doctor Bernardo González-Aréchiga, Investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Doctora Elena Azaola Garrido, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Licenciado Eduardo Gallo y Tello, Presidente de México Unido Contra la Delincuencia.
Maestro Jaime López-Aranda, Coordinador del Programa de Seguridad y Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo.
Licenciada Laura Elena Herrejón Caballero, Presidenta de Movimiento Pro-Vecino.
Ingeniero Héctor Larios Santillán, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Licenciado Rafael Zaga, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México.
Presbítero Manuel Corral Martín, Secretario de Relaciones Ejecutivas de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Licenciado Francisco Reyes Cervantes, Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Maestra Verónica Baz Suárez, Directora General del Centro de Investigación para el Desarrollo.
Pastor Danny Ramírez Celis, Presidente de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.
Doctor Ely Camas Pérez, Presidente de la Iglesia del Nazareno en México.
Licenciado Ernesto López Portillo Vargas, Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Licenciado Elías Kuri Terrazas, Presidente de Iluminemos México.
Licenciado Orlando Camacho, Director de México SOS.
Licenciada Edna Jaime Treviño, Directora General de México Evalúa.
Maestra Suhayla Bazbaz Kuri, Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social.
Licenciada Gloria Alcocer Olmos, Directora Ejecutiva de Fuerza Ciudadana.
Licenciado Arturo Arango Durán, Director de Seguridad Pública en México.
Licenciado Eduardo Guerrero Gutiérrez, Director General de Lantia Consultores.
Licenciado Luis Miguel Pando Leyva, Director General del Consejo Coordinador Empresarial.
Distinguidos invitados.
Representantes de la sociedad civil.
Señoras y señores:
Quiero agradecer muy cumplidamente su presencia en este Diálogo y reconocer nuevamente la enorme relevancia de la sociedad para el éxito de la lucha que los mexicanos hemos emprendido por la seguridad que queremos, por la consolidación de las leyes e instituciones del país.
Hemos iniciado este año con un renovado propósito de acercarnos aún más a la sociedad civil, para lo cual hemos iniciado, precisamente, o reiniciado estos Diálogos comenzando el año, porque sabemos que es un poderoso instrumento, este acercamiento, para poder cumplir nuestros compromisos y para analizar juntos los desafíos, los problemas y, sobre todo, las soluciones a la problemática del país en esta materia.
Todos estamos conscientes de que atravesamos tiempos difíciles en materia de seguridad.
Hoy, siguen siendo muchos los ciudadanos afectados por delitos tan dolorosos, como el secuestro, el robo, la extorsión, los homicidios.
Cada crimen que se comete no sólo afecta a la víctima, sino que nos duele a todos como sociedad. En lo personal, esta situación no sólo me duele, sino que indigna y me motiva a continuar trabajando con ustedes y con todos quienes tienen un compromiso real con México para enfrentar a los criminales que pretenden someter a las familias e infundir miedo a la sociedad.
Crímenes, como el secuestro, dañan profundamente la vida de los mexicanos, en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo. Este delito atenta directamente contra dos de los valores más altos del ser humano: la libertad y la vida.
La desaparición de un ser querido representa por sí mismo un sufrimiento muy grande, pero en el caso del secuestro es aún peor. Son situaciones en las que priva el miedo, la incertidumbre, la impotencia y que dejan marcadas a las familias y nada vuelve a ser igual.
La extorsión, por su parte, no sólo constituye una amenaza al patrimonio familiar, sino que infunde un temor constante, generalizado en donde la gente se siente vigilada, expuesta en su propio hogar, en su intimidad, en su negocio, incluso, muchos tienen que cambiar de lugar de residencia con tal de no sentirse amenazados.
No es justo que una llamada telefónica termine con la tranquilidad de toda una familia, y que organizaciones criminales, dedicadas a este delito, terminen también con la tranquilidad de comunidades enteras en el país.
Está también el robo. Delito que constituye más del 80 por ciento de los cometidos en el país, por el que no sólo está en riesgo el patrimonio de las familias, sino que implica costos para todos.
Costos en medidas de protección y de seguridad, de contratación de personal, de equipos, de cercas, de alarmas, de seguros, instrumentos que no son suficientes para que no se pueda dejar la casa sin temor a que sea robada.
Debemos recordar que son, precisamente, quienes cometen los crímenes, los criminales; que quienes realizan la violencia son los violentos; que quienes hacen los homicidios, quienes los cometen, son los asesinos, no la autoridad, que está obligada a someter a esos criminales, y a enfrentar a esos asesinos.
No podemos aceptar que ésta sea la normalidad. Y es precisamente por eso, que hemos emprendido la lucha por la seguridad, para que cada mexicana o mexicano, pueda verdaderamente vivir en una sociedad donde prevalezca la justicia, donde los delincuentes sean eficazmente perseguidos y eficazmente castigados.
En este esfuerzo, es indispensable construir y mantener un sólo frente. Por ello su presencia, el día de hoy, es de suma importancia, no sólo es muestra de su compromiso con la construcción de un México más seguro, sino que nos permitirá seguir avanzando en una agenda conjunta, intercambiar opiniones y puntos de vista sobre los retos y las tareas pendientes, y también poder revisar, analizar lo que tenga que revisarse y analizarse, y ajustar lo que tenga que ajustarse.
En ello siempre habrá la plena disposición de mi Gobierno para, precisamente, en el propósito común de lograr un México seguro, poder actualizar y ajustar lo que tenemos que realizar.
Los resultados de la cooperación entre ciudadanía y Estado se expresan, por ejemplo, en temas tangibles, como es la Ley Antisecuestro, recientemente aprobada y publicada, que nos ha dotado de mejores herramientas para combatir este inaceptable delito.
Para mí es claro que debemos seguir avanzando por esta ruta, en la que con total transparencia las autoridades estemos cada día más abiertas al escrutinio de la sociedad, las autoridades de todos los niveles.
Los ciudadanos tienen derecho a saber no sólo lo que está ocurriendo, sino también lo que estamos haciendo en cada uno de los órdenes de Gobierno, en cada uno de los poderes públicos, para combatir la criminalidad.
El empeño y el esfuerzo de las organizaciones civiles que ustedes representan son indispensables para vigilar y obligar al cumplimiento de lo que tenemos que hacer las autoridades.
Los mexicanos merecen saber quiénes, en el Gobierno Federal, en el gobierno de algún estado de la República, de todos ellos o en los gobiernos municipales, están comprometidos con esta lucha y quiénes no asumen su responsabilidad.
Porque sólo de la sociedad puede surgir una exigencia clara indubitable a todas las autoridades que esté ajena, precisamente, a otros intereses distintos al de la seguridad misma, a fin de que asumamos una responsabilidad seria y demostrable frente a la delincuencia.
Como ya lo hemos dicho, la criminalidad es un problema que creció ante el constante debilitamiento de las instituciones públicas de seguridad y de justicia en el país y, en algunos casos, también hay que decirlo, ante la franca complicidad de las autoridades. Un problema que existía a pesar de que muchos no querían verlo y que se fortaleció mientras se minaban las estructuras sociales e institucionales del país y se infiltraba en gobiernos e instituciones de seguridad, la criminalidad misma.
Esta situación se volvía cada vez más difícil. Las mexicanas y los mexicanos veíamos crecer el poder de la delincuencia, y con ello los delitos que lesionan a la sociedad.
Hoy todavía observamos una fuerte e inaceptable presencia de estos fenómenos delictivos. Sin embargo, estoy convencido de que de no haber actuado los delincuentes habrían avanzado sin obstáculos y habrían llenado todos los espacios del país, incluso los de más alto nivel.
Ese no es el país que queremos. Queremos un México seguro, un México de leyes; un país en el que los ciudadanos confíen, vuelvan a confiar en sus policías, en sus jueces y en sus Ministerios Públicos, no por ingenuidad o mera buena fe, sino porque éstos han pasado por un proceso de verdadera depuración y fortalecimiento institucional, y porque están actuando, precisamente, en el sentido de confrontar a los criminales y llevarlos ante la justicia con hechos constatables y que acrediten y renueven esa confianza de los ciudadanos.
Sabíamos, sabemos, que la construcción del México que queremos sería una larga, difícil y costosa tarea que había que enfrentar. Pero se trata de una lucha que vale la pena, que está empezando a dar algunos resultados y en la que debemos involucrarnos todos.
En lo que a la lucha contra el crimen organizado respecta y que es, precisamente, la principal la tarea en términos constitucionales que el Gobierno Federal debe enfrentar, la caída sistemática de los líderes de las organizaciones criminales, es un indicador, y un indicador claro, de los avances que vamos consiguiendo.
En sólo cuatro años, en sólo dos años, incluso, se ha capturado o abatido al mayor número de jefes criminales en la historia del país, y con ello, se han debilitado las estructuras de estos grupos de manera contundente.
En marzo de 2009, la Procuraduría General de la República publicó en los medios de comunicación nacionales, una lista con los 37 líderes más buscados de todos los grupos delictivos del crimen organizado que actúan en el país.
A la fecha, gracias a los trabajos de inteligencia y a la acción decidida de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, han sido capturados o abatidos 17 de ellos, y dos más han muerto en enfrentamientos a manos de otros delincuentes.
Así, 19 de la lista inicial de 37, es decir, más de la mitad de los delincuentes de la más alta peligrosidad, han sido neutralizados ya, y seguiremos en búsqueda de todos los que aún se encuentran evadiendo la justicia.
Estos delincuentes, con un liderazgo no sólo nacional e internacional, llevaban años realizando actividades ilícitas, eran, por decirlo de alguna forma, los grandes árboles añosos y torcidos de los grupos delincuenciales; árboles que crecieron, se fortalecieron y echaron raíces durante largo tiempo, y que constituían el eje troncal de la delincuencia en el país.
La caída de cada uno de estos líderes criminales ha significado un fuerte golpe a los grupos que dirigían, pues los nuevos liderazgos son necesariamente más débiles, inexpertos y vulnerables. Con cada golpe que asesta a los criminales, sabemos, no es el fin de la historia, pero también conocemos que sus posibilidades de recuperación y organización se vuelven cada vez más lentas y costosas.
De la misma forma, estamos realizando decomisos muy importantes en armas, especialmente, y en drogas, con los que minamos la capacidad de operación y el poder de fuego de estos grupos.
Hemos realizado reformas sustanciales y hemos presentado otras al Congreso, en particular, la de lavado de dinero, que esperamos que el Congreso de la Unión pueda analizar y aprobar a la brevedad, que nos permitirán atacar, y de manera directa, sus finanzas que es, precisamente, como hemos dicho en estos Diálogos, lo que más les duele.
Otras normas que hemos presentado a la consideración del Congreso de la Unión en materia de seguridad, y que espero puedan ser analizadas y resueltas a la brevedad, tienen que ver las que relatan o hablan de delitos contra periodistas, el de traición a las Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Interior, la ley que reforma la regulación en armas de fuego y la de Gobernabilidad o Delitos contra la Seguridad Pública y la Autoridad, entre otras.
La modificación de la estructura orgánica y operativa de la Armada, la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Distrito Federal, la Ley de Lavado de Dinero, que ya he mencionado, la Ley de las reformas, las reformas a la Ley de Extinción de Dominio; la Iniciativa para establecer un Mando Único de Policía a nivel Estatal, la Iniciativa para modificar el fuero militar, la Iniciativa para reclasificar al personal militar para que pueda, entre otras cosas, tener capacidad de defenderse personalmente, y muchas otras.
Respetuosamente exhorto al Congreso de la Unión a poder analizar todas estas iniciativas presentadas a su atenta consideración para poder avanzar aún más en la reforma legislativa y regulatoria del marco de la seguridad.
En lo que se refiere a drogas:
En estos cuatro años, por ejemplo, se han decomisado o se han erradicado cantidades que alcanzarían para que cada joven, cada joven mexicano, entre 15 y 30 años de edad, dispusiera de más de mil 600 dosis, más de mil 600 dosis por cada joven mexicana o mexicano es la cifra decomisada en términos de drogas en el país en estos cuatro años.
También se han incautado más de 43 mil vehículos, casi 100 mil armas cortas, largas, más de 10 millones de cartuchos, y otros instrumentos altamente peligrosos en manos de los criminales.
Estas acciones, amigas y amigos, van cerrando pasos a los grupos criminales que quieren dañar a la ciudadanía. Cada delincuente detenido, cada secuestrador, cada decomiso de droga, cada vehículo o arma incautada es un paso adelante en el camino a hacia un México más seguro.
La lucha por la seguridad, y por un México de leyes e Instituciones, sabemos, y así lo hemos considerado siempre, debe ser vista de manera integral. Y por eso, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, estamos trabajando intensamente para fortalecer el entramado social y, al mismo tiempo, recomponer el tejido social en todo el país.
En materia de fortalecimiento institucional, seguimos profesionalizando y revisando a nuestras fuerzas de seguridad, para que sean dignas de la confianza de los mexicanos. Al cierre de 2010, se han evaluado, y se han establecido pruebas de control de confianza a más de 42 mil elementos de Instituciones Federales de seguridad pública.
Exhortamos, respetuosamente, a las entidades federativas, y a sus gobiernos, a que puedan avanzar, y acelerar el paso, incluso, en este proceso de depuración y establecimiento de sistemas de control de confianza y, desde luego, en la aplicación misma a sus fuerzas de seguridad y justicia, iniciando por los mandos de mayor nivel.
Trabajamos también para ofrecer oportunidades de desarrollo a los jóvenes. Estamos cerca, por ejemplo, de alcanzar la cobertura universal en salud. En estos cuatro años, de 46 millones de mexicanos que contaban con acceso a la seguridad social en México, hemos pasado a 93, en los últimos 10 años, perdón.
Hemos avanzando en educación, el año pasado alcanzamos la cobertura total en primaria; hemos aumentado la de educación media superior a 66 por ciento, y la superior de 24 a 30 por ciento.
Al mismo tiempo, estamos avanzando en medidas de prevención y tratamiento de adicciones. Hemos abierto más de 300 Centros Nueva Vida en todo el país, ayer mismo inauguramos la Unidad de Investigación en Adicciones en México y estamos buscando recuperar espacios públicos que, independientemente de no ser una competencia directa del Gobierno Federal, éste ha apoyado a las entidades, especialmente gobiernos municipales, para recuperar casi tres mil espacios públicos en el país.
Sé, señoras y señores, que tenemos mucho por hacer y que este problema representa el más grave que tenemos los mexicanos en consideración de la mayoría; que tenemos retos muy importantes y hoy más que nunca México necesita la participación de todos: sociedad civil, gobiernos estatales y Federal, fuerzas políticas y Poderes de la Unión.
Cuáles son los desafíos que requieren la atención más urgente de todos. Déjenme repasarlos rápidamente.
Primero. Debemos seguir con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia como elemento clave en la lucha por la seguridad.
Las mexicanas y los mexicanos exigen policías, Ministerios Públicos y jueces confiables. Y por ello el Gobierno Federal seguirá fortaleciendo honestidad, valores, equipamiento, sistemas de información e inteligencia, para darle mayor efectividad a nuestras instituciones de seguridad. De la misma forma habremos de completar el esfuerzo en infraestructura penitenciaria.
Segundo. Debemos apoyar con todo a los gobiernos locales, para que asuman su responsabilidad y su parte en esta lucha por la seguridad y, al mismo tiempo, debemos ayudarles e impulsar también para que verdaderamente podamos contar todos con 32 cuerpos policiales profesionales y confiables. Eso es clave: el contar con cuerpos policiales confiables, es clave para alcanzar el México seguro y el México de leyes que todos anhelamos.
Este año el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados contempla más de 13 mil 400 millones de pesos que se transfieren de la Federación a los estados para la modernización de las instituciones en materia de seguridad pública locales.
Es necesario que la sociedad participe en el seguimiento del ejercicio de esos recursos, que vigile su correcta aplicación, a fin de que sean efectivamente destinados al combate a la inseguridad.
El Presupuesto de las Entidades Federativas en promedio en estos cuatro años no ha variado en términos reales, lo cual debe ser un llamado importante de la reflexión para poder aumentar las capacidades en todo el país para enfrentar a la delincuencia.
En tanto se fortalecen los cuerpos de seguridad locales, el Gobierno Federal seguirá poniendo toda la fuerza a su disposición e incrementando sus capacidades para apoyar a Entidades Federativas en la lucha contra el crimen.
Tercero. Hay que seguir fortaleciendo nuestro marco jurídico. Todas las acciones de cuerpos de seguridad deben estar sustentadas en la ley. Para eso continuaremos impulsando las reformas necesarias, que ya he mencionado, para que la detención, proceso y sanción de los delincuentes sea mucho más ágil y en el marco que establece la Constitución.
Cuarto. Debemos fortalecer también el trabajo del Poder Judicial. Para tener un país de leyes no basta con detener a los delincuentes. Ese trabajo debe completarse con un sistema que permita llevarlos, efectivamente, a la cárcel, y que purguen quienes sean condenados, sus penas.
La sociedad espera que el trabajo del Poder Judicial se refleje en una justicia fundada en ley y en un merecido castigo a los criminales que resulten juzgados. (como el caso del asesinato de Ruby en Ciudad Juárez, Chihuahua).
Quinto. Debemos continuar con acciones contundentes en materia de prevención y fortalecimiento del tejido social. Aquí todos podemos participar y pienso que debemos ir mucho más a fondo y mucho más a prisa en materia de prevención social.
Queremos impulsar, de hecho, una nueva fase en la que damos mayor énfasis a la política social. Lo hemos hecho desde el principio, pero ahora requiere de mucho mayor participación y de mucho mayor visibilidad por parte de todos.
Seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones de vida en los hogares con Programas como Oportunidades, Piso Firme, Vivienda Digna, Seguro Popular, Generación de Producciones Productivas, entre otros.
Sexto. Debemos fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todo, pero especialmente en materia de seguridad. Estamos conscientes a nivel Federal de la necesidad de que la lucha se realice de frente y abiertamente a la sociedad.
Y para eso seguiremos desarrollando mecanismos como éste, que permitan a los mexicanos acceder a información puntual y actualizada. Es el caso, por ejemplo, de la base de datos de homicidios presuntamente asociados a la delincuencia organizada, que se explicará más a detalle, en algunos minutos.
La participación de las organizaciones sociales es crucial para conseguir los objetivos que nos hemos planteado.
Esta sesión, señoras y señores, nos da la oportunidad de revisar, de evaluar el trabajo que hemos desarrollado, de encontrar nuevas formas de cooperación y de hacer los ajustes y la reorientación que tenga que hacerse.
Primero. Es importante seguir impulsando las reformas en el Congreso de la Unión que están pendientes.
Segundo. Es importante su participación en la evaluación de lo que hacemos los Gobiernos.
Con todo gusto, y se los pido, en la evaluación de lo que hace el Gobierno Federal, pero también es importante hacerlo en la evaluación de lo que hace o falta por hacer el nivel de gobierno estatal, las policías ministeriales, los jueces, los magistrados, los ministros y los legisladores.
En particular, les pido que sigan participando en la revisión del cumplimiento, tanto de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como de los compromisos legales obligatorios establecidos en la nueva Ley de Seguridad Pública que obligan a todas las autoridades del país.
Sé que sin su ayuda será muy difícil poder generar el impulso social que nos obligue a todos a cumplir con nuestro deber.
Y tercero. Ayúdennos a saber en qué áreas debemos mejorar, cómo podemos avanzar en la formulación de mejores acciones de Gobierno, cómo avanzar en propuestas específicas que fortalezcan las instituciones, cómo reforzar la evaluación en materia de seguridad, cómo proteger mejor a las víctimas y prevenir los delitos.
Por ejemplo, uno de los delitos que más preocupan hoy a los mexicanos y al Gobierno Federal es la extorsión telefónica. Es indispensable que Gobierno y sociedad unamos esfuerzos, a fin de detener este delito y apoyar y orientar a los ciudadanos para que sepan cómo actuar ante esta amenaza. Y aunque no sea un delito de competencia Federal, hemos decidido tomar acciones de la mano de los gobiernos estatales, y particularmente de la sociedad civil, para hacerle frente y resolverlo.
Justamente porque sabemos de la importancia de la participación de las organizaciones sociales, en la dinámica de estos Diálogos fomentaremos la cooperación de la sociedad en dos ámbitos fundamentales.
Por una parte. Vamos a ofrecer financiamiento que pueda apoyar a los proyectos de la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia.
Estos recursos serán administrados por un Consejo mixto, integrado por miembros de las organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno Federal.
Por otra parte, vamos a fortalecer los mecanismos a partir de los cuales sus organizaciones puedan evaluar de manera sistemática el trabajo que realiza el Gobierno Federal y las Entidades Federativas; por ejemplo, las organizaciones ciudadanas podrán dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos asignados para echar a andar el nuevo modelo policial, así como para crear y operar, tanto las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en cada estado de la República, como los Centros de Evaluación y Control de Confianza, que están obligados a crear cada una de las entidades federativas.
Así, estamos dotando a las organizaciones de la sociedad civil de nuevas herramientas que les permitan participar y, con mayor intensidad, en esta lucha que, insisto, es de todos y es en beneficio de todos los mexicanos
Amigas y amigos.
Refrendo la voluntad del Gobierno Federal para trabajar con ustedes; para trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad, y brindar todo el apoyo posible para que podamos cumplir nuestros compromisos, tanto los de la sociedad, como los de los Gobiernos y Poderes Públicos.
Sé que estamos viviendo momentos difíciles, reitero. Pero sé también, con toda convicción, que habremos de dejarlos atrás, y que estamos, precisamente, en la ruta que debe seguirse para alcanzar el México de seguridad y de leyes al que aspiramos.
Muchísimas gracias por participar, y estamos todos muy atentos a sus intervenciones.
Muchas gracias.
***
Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación.
Muy buenos días a todas y a todos.
Con el permiso del señor Presidente.
Es un honor para mí acompañar al Presidente de la República, al licenciado Felipe Calderón, en esta mesa de Diálogos por la Seguridad con las organizaciones de la sociedad civil.
Durante el pasado año 2010, realizamos diversas mesas de diálogo entre el Gobierno y los actores políticos y sociales para deliberar, de manera colectiva y plural, sobre los diagnósticos y perspectivas de la política de seguridad en el combate a la delincuencia y al crimen organizado.
Hoy refrendamos nuestra disposición, el compromiso del Gobierno Federal es retomar, en este año, el impulso del diálogo con la ciudadanía y las autoridades de las entidades federativas.
Estamos convencidos de que el diálogo es el instrumento privilegiado que nos permite poner en común los temas sustantivos de la agenda nacional para llegar a acuerdos que nos vinculen a todos.
Agradezco la activa participación de los representantes de las organizaciones que se encuentran aquí presentes, quienes han dado seguimiento a las acciones y los compromisos de cada uno de los Diálogos por la Seguridad, y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad.
La sociedad civil es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que con su participación decidida podemos hacer la diferencia. Su papel como testigos de los compromisos y acuerdos de cada uno de los participantes es fundamental.
Y en ese sentido, los objetivos de este encuentro son dos muy puntuales:
Fortalecer la estrategia de seguridad con la corresponsabilidad de los gobiernos y la sociedad. Y en ello, tenemos ocho puntos fundamentales para consolidar.
Uno. Como lo ha dicho ya el Presidente, revisar los avances y seguimientos de los Centros de Control de Confianza en las entidades federativas.
Dos. Los compromisos que se adquirieron para contar con las unidades especializadas de combate al secuestro.
Tres. Los avances para depurar los cuerpos policiales y ministeriales para asegurar que se cuente con los controles de confianza vigentes en su personal.
Cuatro. Avances en la implementación de nuevo modelo policial, que es fundamental, y lo ha dicho ya, aquí, el Presidente.
Cinco. Los avances en la implementación de la Reforma al Sistema Penal de Justicia.
Seis. El impulso a las reformas legislativas en el Congreso de la Unión, en sus Cámaras.
Siete. Revisar puntualmente los indicadores y las estrategias y acciones para la reducción de los índices delictivos en materia de extorsión y secuestro, fundamentalmente.
Asimismo, estaremos realizando reuniones de diálogos de carácter nacional, con temas específicos que nos han solicitado las organizaciones civiles, particularmente, en las próximas fechas abordaremos temas del componente de la Estrategia Nacional en Materia de Seguridad Pública, y empezaremos por la implementación del sistema penal.
En la mecánica de la reunión, como ha sido costumbre y para los fines del desahogo del orden del día, tendremos la participación, en un primer momento de líderes de la sociedad civil, que me han informado, y hemos establecido aquí un orden del día para sus participaciones específicas.
En este primer bloque está registrada la participación de la señora Isabel Miranda de Wallace, el licenciado Miguel Treviño de Hoyos, la licenciada Edna Jaime Treviño, entre otras participaciones especificas que iré nombrando en el curso del desahogo de este orden. Y enseguida, como ha sido costumbre, tendremos una participación abierta de todos los integrantes de la mesa, quien desee hacer uso de la palabra podrá registrarse y yo le daré uso de la voz.
(intervenciones varias)
Segunda intervención del Presidente Calderón
Perdón, Secretario, pero me parece importante precisar algunas de las cosas que han dicho aquí.
Desde luego, agradezco las expresiones de agradecimiento al Gobierno Federal y también a mi persona, e independientemente de lo que se ha señalado, creo es importante precisar, porque para eso estamos aquí, para dialogar.
Agradezco, desde luego, el reconocimiento al equipo para revertir viejos elementos, e independientemente de que se juzgue que el Gobierno Federal empezó tarde, la verdad en nuestro caso no. En esta Administración empezamos literalmente desde el principio, yo creo que desde el primer día.
Y el trabajo del Gobierno Federal en Nuevo León ha sido incansable también desde el primer día, incluso yo recuerdo que cuando se organizó esta exposición cultural que hubo ahí, no recuerdo el nombre.
El Fórum. Precisamente toda la Ciudad de Monterrey, la Zona Metropolitana estuvo prácticamente en manos de Fuerzas Federales, se redujeron considerablemente los índices de violencia y de criminalidad.
Hicimos exhortos continuados a la autoridad local para, precisamente, iniciar desde entonces la recomposición, que yo creo que ahora se está iniciando, de las fuerzas policiacas locales, desgraciadamente ese esfuerzo no se hizo, y probablemente después, Nuevo León empezó a pagar las consecuencias.
Efectivamente, 2010 ha sido un año de extrema violencia, particularmente acelerado por conflictos que se han dado en el Noreste del país, y el más señalado es que 2010 es el que marca el inicio de una conflictividad y una disputa brutal, feroz, violenta, precisamente, entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que habían sido sus aliados durante casi una década.
Y esa disputa es, realmente, fratricida. Imaginen ustedes el caso de socios, que saben dónde está el contacto del otro, qué autoridad cubre al otro, quién es el distribuidor del otro, porque han trabajado juntos y, evidentemente, eso exacerbó, entre otras cosas, los elementos de violencia que se presentaron en Nuevo León, y que se siguen presentando.
La presencia del Gobierno Federal nuevamente, no sólo siguió, sino que se incrementó sustancialmente. Yo creo que se puede hablar de todo, menos de ausencia del Gobierno Federal. Si alguien están presentes ahí, son miles, incluso, de elementos de tropa, tanto del Ejército, la Marina, la Policía Federal, que se han hecho presentes ahí, menos de la Procuraduría General de la República, pero también presentes, y ha sido una labor de coordinación muy, muy importante.
Incluso, hoy mismo, hay brigadas del Ejército Mexicano operando como policías estatales en Nuevo León. De tal manera que yo creo que se puede decir todo, menos ausencia del Gobierno Federal.
Cierto, y le agradezco también la mención, sí hemos trabajado muy en conjunto con la sociedad civil, y no niego que debemos hacerlo aún más.
Conozco el análisis que menciona. Yo creo que es importante ver las relaciones de causa y efecto en la participación de los operativos.
Efectivamente, hay una correlación de alta violencia, o lugares de alta violencia con operativos Federales, pero también es un análisis elemental de causa y efecto.
El Gobierno Federal organiza un operativo, precisamente donde hay una alta incidencia de homicidios, como es el caso de Ciudad Juárez, o como es, precisamente, el caso del Operativo Noreste, iniciado este año, de 2010 pasado, por la alta incidencia de violencia que se da en Nuevo León y Tamaulipas.
Es decir, incluso utilizando el propio ejemplo. En el caso de Nuevo León, la presencia del Operativo Noreste obedece a esa tasa creciente, la más alta del país, de homicidios en Nuevo León, y no al revés.
Los homicidios no se dan por la presencia del Gobierno Federal. La presencia del Gobierno Federal se da por los homicidios, dos bandas que se están, literalmente matando, y que refrenda esta idea de que la mayor cantidad de homicidios que se presentan en el país deriva de la alta conflictividad entre bandas criminales que se disputan el poder territorial, que tienen procesos de inestabilidad interna muy agudos que los llevan a crisis que se precipitan y terminan, precisamente, en esas luchas entre criminales.
De hecho, el pico de violencia en Nuevo León y en Tamaulipas, que fue muy agudo, al igual que en el resto del país, se presentó hacia el tercer trimestre del año, según el tercer trimestre. Y aunque se siguen presentando eventos muy preocupantes, atentados contra instalaciones policiacas, sobre todo, ese pico de violencia ha tenido un registro de baja en el último trimestre sobre todo, que yo no descarto que pueda repuntar, pero digamos, es un poco, creo que es importante la discusión de los hechos.
También estoy atento a este fenómeno que menciona y también me preocupa y comparto la preocupación, la disputa pública entre instancias locales, municipales y estatales. Estamos atentos y dando seguimiento a eso, pero yo retomo exactamente lo que dice don Miguel.
La verdad, la fuerza del Estado mexicano y de la acción que estamos realizando, radica, precisamente, en las superioridad ética y moral de los fines que perseguimos, que es, precisamente, proteger la libertad, la seguridad, la vida, no sólo de los nuevoleoneses, sino de todos los mexicanos y también de los medios que usamos y el medio que usamos es absoluta legalidad.
Por otra parte. Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: Usted ya eligió el concepto de guerra. No. Yo no lo elegí.
Yo he usado permanentemente el término lucha contra el crimen organizado y lucha por la seguridad pública y lo seguiré usando y haciendo. Pero independientemente del tema denominacional que se quiera dar, coincido con usted, la legitimidad del Gobierno radica en la medida en que actúe conforme a la ley.
Y en un sistema Federal, en una República Federal, Democrática, como la que tenemos, la legitimidad del Gobierno Federal radica, precisamente, en respetar las instancias de entidades que no son sólo autónomas, sino soberanas, que tienen su propio poder público que ha sido electo por los ciudadanos, que tienen sus propios estatutos de justicia y sus propios cuerpos policiales y donde el Presidente de la República no es jerárquicamente superior a estas autoridades.
Es decir, el Gobierno de la República no puede simplemente ser una especie de superior jerárquico que pone orden y disciplina a sus subordinados, porque no lo son. Ni el Gobernador de Nuevo León es subordinado del Presidente, ni el Alcalde de Monterrey, o de ningún otro municipio.
Quizá sea un tema, obviamente que tiene que estar en la discusión. Cuál es el modelo político y policiaco que el país puede verdaderamente aplicar.
En el caso de Colombia, por ejemplo, el Secretario o el Director de la Policía Nacional de Colombia, si sabe que un policía, de cualquier nivel, está involucrado con los criminales o sospecha que tiene cierto involucramiento, lo puede remover lisa y llanamente y de plano.
Si nosotros tenemos conocimiento de que un agente de tránsito en un crucero de Monterrey o de San Nicolás de los Garza está probablemente involucrado con los criminales, no tenemos, ni el Presidente de la República, la facultad Constitucional de removerlo.
Creo que tenemos avance en la Ley de Seguridad Pública, que sí obliga a los estados a aplicar esta ley, a tener Centros de Control de Confianza y pasarles la báscula a esos policías, y en la medida que no cumpla con esos requisitos de control de confianza, removerlos.
Pero ese es, precisamente, un poco lo que marca la señora Wallace. Yo creo que necesitamos redoblar el esfuerzo para que existan estos temas de control de confianza.
e todos modos, yo con mucho gusto, Miguel, y le agradezco la invitación, vamos a enfocar nuestro esfuerzo en poder reiterar o redoblar nuestra intención, nuestra labor, nuestra gestión para conciliar esas posturas públicas. Desde aquí lo hago públicamente, de que ojalá puedan reconstruirse los caminos de la colaboración recíproca.
En nuestro caso, por ejemplo, en el Gobierno Federal, puedo asegurarle que tenemos plena coordinación y colaboración con el Gobierno de Nuevo León, con el Gobernador, con quien hemos tenido, incluso, una apertura para ensayar nuevos modelos de reconstrucción policiaca ahí, insisto, con apoyo extraordinario del Gobierno Federal.
Lo tenemos también con el Alcalde de Monterrey, y en todo caso, como buenos oficios, digamos, seguiremos exhortando esa coordinación.
Pero, precisamente, por la legitimidad fundada en la Constitución que usted invoca, también señalo respetuosamente, que no está en una atribución del Gobierno de la República simple y sencillamente instruir o mandar u ordenar a dos subordinados suyos porque no lo son. Ese es el sistema político que tenemos, yo creo, además, en él.
Y creo que el poder de legitimidad y de autoridad moral, en este caso, está, sobre todo, en la sociedad nuevoleonesa. Creo que ustedes, la voz que usted aquí mismo ha expresado, va a ser fundamental para ese propósito de coordinación.
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Presentación de la Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada
Dr. Alejandro Poiré, 1 Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Vocero en materia de seguridad.
Desde el inicio de la Administración del Presidente Felipe Calderón, el Gobierno Federal asumió la responsabilidad de enfrentar con toda firmeza los desafíos que plantea el crimen organizado. Siempre con la convicción de que ignorar el problema o minimizarlo puede aparentar orden pero jamás garantizar seguridad duradera.
Bajo un principio democrático, hemos asumido que la seguridad pública y la seguridad nacional son asuntos que requieren discreción, no discrecionalidad, que implican reservas de información pero éstas deben tener no sólo sustento jurídico sino una justificación racional. Por ello, desde el primer momento se le ha hablado a la ciudadanía de frente y con la verdad, con el objetivo de mantenerla informada y no generarle falsas expectativas, pero tampoco temores infundados.
La implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y las acciones derivadas de ésta las hemos llevado con estricto apego a la ley, sometidos al escrutinio público y siguiendo la ética de la responsabilidad.
Hoy, por instrucción del Presidente de la República, en un ejercicio de transparencia sin precedentes en México y con escasos referentes en el mundo, se hace pública la Base de Datos de los Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada a través de una plataforma de consulta.
La publicación de la base de datos es una muestra de los beneficios de la sinergia entre el Gobierno Federal y la ciudadanía. Comprometido con la transparencia y calidad de la información, el Gobierno Federal convocó a un grupo de expertos de la sociedad civil, quienes ofrecieron su tiempo y amplios conocimientos para revisar esta base de datos y la publicación de la misma. No podemos más que agradecer profundamente sus horas de trabajo y empeño en esta empresa. Publicar esta base también es una forma de reconocimiento a la valiosa contribución del Lic. Eduardo Gallo y Tello, Presidente de México Unido Contra la Delincuencia, el Mtro. Eduardo Guerrero, socio y especialista de Lantía Consultores, S.C., el Lic. Arturo Arango de Seguridad Pública en México, la Actuaria Cristina Lara, consultora independiente, el Lic. Luis Miguel Pando Leyva, Director General del Consejo Coordinador Empresarial y del Mtro. Jaime López Aranda investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Esta base de datos es una fuente científica de información. Se integra a partir de una rigurosa metodología con criterios estandarizados e imparciales para definir la inclusión o exclusión de los casos y en la que participan todas las instancias de seguridad del Gobierno Federal.
Esta herramienta permite realizar análisis estadísticos y obtener información desagregada mensual y a nivel estatal y municipal, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 y seguiremos trabajando para su actualización periódica. Está diseñada de tal manera que cualquier ciudadano pueda obtener información fidedigna con tan sólo seleccionar las opciones de su interés en un menú de fácil acceso. Además, la base es exportable a hojas de cálculo lo cual permitirá realizar análisis más complejos a quien así lo desee.
Los datos presentados no sustituyen a la estadística oficial de homicidios totales ni dolosos que recopila el INEGI, sino solamente aquellos casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado.
Es, en suma, un mecanismo para fortalecer la lucha de México por la Seguridad y profundizar el entendimiento sobre el doloroso fenómeno de la violencia desatada por las organizaciones criminales a las que se debe seguir combatiendo para llevarlas ante la justicia.
En el Gobierno Federal estamos seguros que la información precisa y veraz favorece la toma de decisiones públicas, la rendición de cuentas y la formación de opinión de la ciudadanía.
Se trata, además, de un compromiso cumplido, pues el Presidente de la República ofreció publicar esta herramienta en el marco de los Diálogos por la Seguridad.
El uso de esta herramienta demanda, sin duda, la ética y la responsabilidad de quienes accedan a la información, pues no se trata de un conteo cualquiera, sino de pérdidas humanas, cada una lamentable por sí misma. Por ello, conviene enfatizar que esta base registra los casos de personas cuyo deceso, presuntamente ocurrió en un contexto relacionado con la delincuencia organizada a partir de criterios metodológicos, que también son públicos. La determinación definitiva del carácter jurídico de cada uno de los casos contenidos en la base, corresponde al proceso judicial, en muchos casos competencia del fuero común. En consecuencia, esta información no hace imputaciones de carácter jurídico. Esa es, conforme a la ley, tarea de las instancias de procuración y administración de justicia.
A partir de esta base de datos, entre los principales hallazgos, que están a su disposición, destaca que a pesar de que en 2010 se registró la mayor cantidad de homicidios, en el tercer trimestre el ritmo de crecimiento se estabilizó y al final del año hubo un decrecimiento que, sin convertirse aún en una tendencia, es por sí solo notable.
Como ha informando el Gobierno Federal con toda transparencia, se ofrece evidencia consistente de que los homicidios presuntamente relacionados al crimen organizado, son un fenómeno focalizado en zonas específicas del país. Por ejemplo, en 2010 el 50% de estos eventos se concentraron en tres entidades federativas: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Un análisis a nivel municipal muestra que 7 de cada 10 homicidios de esta naturaleza sucedieron en 90 municipios del país en 2007, cifra que disminuyó a 59 en 2008 y se convirtió en 70 y 73 en los dos años siguientes, respectivamente.
Además, hay evidencia de que este fenómeno se explica, primordialmente, por los conflictos entre los distintos grupos criminales que a lo largo de los años transformaron su actividad. Pasaron del trasiego a la producción y distribución de sustancias ilegales, e incursionaron en actividades delictivas como: secuestro, extorsión, trata de personas y piratería. Modificaron el modelo de negocio e hicieron más violentas sus prácticas de control de rutas y mercados. Asimismo, 89% de los casos registrados en esta base de datos son resultado de ejecuciones que se definen como homicidios dolosos violentos cometidos presumiblemente para amedrentar a sus rivales o para disciplinar a sus socios. Es decir, la violencia manifiesta en este tipo de homicidios es una práctica inherente a estas organizaciones criminales.
Los datos contenidos en esta plataforma de consulta subrayan que el Gobierno cumple con su responsabilidad combatiendo con firmeza a los causantes de la violencia. Esta tarea implica desde luego, la corresponsabilidad y coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como la participación de la sociedad civil; de esa manera, es posible construir un panorama de seguridad auténtica para México.
Así pues, queda a su disposición a partir de hoy una fuente de información amplia en posibilidades y que nos obliga a un uso apegado al método científico. Será sin duda una oportunidad de demostrar que somos una sociedad capaz de interactuar responsablemente con la información.
Muchas gracias.
