Buscando cauces /Sergio Aguayo Quezada
Reforma, 19/01/2011:
En torno a la inseguridad hay un tema desdeñado pese a su centralidad: ¿qué le toca al Estado y qué a la sociedad?
El ¡Basta de Sangre!, lanzado por Eduardo del Río (Rius) y Julio Scherer García, y las reacciones a favor y en contra reflejan a esa parte de la sociedad que quiere ser tomada en cuenta. No encuentra lugar ni cauces porque, cuando los partidos y políticos secuestraron la transición, se despreocuparon de construir ciudadanía y de establecer los puentes con ella.
El argumento necesita de mojoneras informativas. Al 80 por ciento de la población no le interesa involucrarse en la vida pública y preferiría que los problemas fueran resueltos por un líder fuerte (60 por ciento) o en el último de los casos que el Ejército tome el poder (41 por ciento). Sólo 20 por ciento entiende que ser ciudadano exige involucrarse (todas las cifras son de la Encuesta Mundial de Valores de 2006). La seguridad es una de las áreas de participación ciudadana más difíciles. Es peligroso y las Fuerzas Armadas y la policía recelan de los "civilones". La ciudadanía se involucra porque no hay otro remedio.
Un tipo de participación bastante común es la que busca prevenir el contagio. En el pacífico Campeche surgió un vigoroso movimiento social para evitar, al parecer con éxito, que el gobierno de Calderón construyera una penitenciaria federal (lo sucedido en Nayarit los aterra). También está el interesantísimo experimento del Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero o los innovadores esfuerzos de los vecinos de San Ángel en el Distrito Federal.
Enfrentarse a los que extorsionan, secuestran y asesinan y a sus cómplices en los gobiernos tiene consecuencias. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre septiembre de 2009 y octubre de 2010 hubo 37 agresiones contra defensores de derechos humanos; la situación, dicen, es preocupante y el diagnóstico se reconfirma con las salvajes ejecuciones de Marisela Escobedo y Susana Chávez (informe disponible en www.sergioaguayo.org). Otro gremio castigado es el periodístico; según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 2010 sumaban 65 los periodistas asesinados durante los últimos 10 años.
También participan los seguidores del ojo por ojo. En esta categoría estaría don Alejo Garza, el ranchero que defendió a balazos su propiedad y se llevó a cuatro sicarios al último viaje; los empresarios que financian escuadrones de la muerte, un asunto poco investigado que puede apreciarse en un excelente reportaje de Alejandro Almazán para Emeequis sobre el Jalisco de los años noventa (disponible en www.sergioaguayo.org); y, finalmente, los linchamientos, esa expresión colectiva de frustración y rabia, sobre los cuales tampoco sabemos mucho. Comparto la aguda opinión de la antropóloga Lourdes Arizpe, "pregunta importante no es quiénes son los violentos sino por qué tantos mexicanos se han vuelto tan violentos en los pasados diez años" (La Jornada, 11 de enero de 2011).
Estos deseos de participación tan diversificados tienen como rasgo común lo difícil que resulta establecer una comunicación fructífera con las autoridades. Hay avances y casos exitosos, pero la norma es que nuestros políticos vean con profunda desconfianza a quienes desde la ciudadanía desean influir en los asuntos públicos. A la sociedad y al pueblo se les invoca, sí, pero para que aplaudan la voluntad de los gobernantes.
Esta forma de ver la participación se confirma con el tipo de requisitos impuestos por la Secretaría de Hacienda a los organismos civiles que quieren recibir donativos deducibles de impuestos; su modelo ideal son las monjas que alimentan menesterosos con una sopa de fideos acompañada de sonrisas y jaculatorias. Igualmente revelador es el ofensivo "agandalle" que hacen los partidos políticos de nombramientos de los responsables de organismos públicos encargados de tutelar derechos; en lugar de personas independientes cada grupo político quiere poner a "su gente".
La seguridad es igualmente prolija en estas actitudes. Hace unos días, Alejandro Poiré, vocero presidencial en materia de seguridad, nos sorprendió diciendo que 15 mil 273 personas habían sido ejecutadas por acciones del crimen organizado. El número es muy superior a los 11 mil 583 contabilizados y verificados por el diario Reforma para el mismo periodo. Sería útil que gobierno y medio difundieran y discutieran su metodología para evaluar la confiabilidad de las cifras.
Es absurda la distancia y la desconfianza cuando el país se desangra. El gobierno de Felipe Calderón, la clase política y la sociedad comparten la responsabilidad de lograr consensos que nos saquen de ese punto muerto. Los cauces de la participación ciudadana o no existen o no están funcionando adecuadamente para enfrentar la tragedia.
Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada.
Colaboraron: Rodrigo Peña González y Javier Treviño Rangel.
