Glosa del II Informe de gobierno

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopa) aprobó citar a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como al Procurador General de la República, para el próximo martes 23 de septiembre, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

ESta vez, de acuerdo al formato aprobado, no habrá mensajes de los funcionarios, ni posicionamientos de diputados, sino sólo preguntas y respuestas; el PAN tendrá derecho a ocho preguntas; PRD y PRI, siete; Convergencia y PVEM, cuatro; PT y Nueva Alianza, tres; y Alternativa a dos.

Cada uno de los cuestionamientos y las respuestas tendrá una duración de tres minutos.

El acuerdo establece que cualquiera de los secretarios puede acudir a rendir cuentas ante las comisiones, no así al pleno.

De igual forma, la Jucopo avaló -como parte también de la glosa- que el jueves 11 de septiembre se analice la política exterior; el miércoles 17, la económica y el jueves 18, la social.

El 11-S

REPORTAJE: Cinco imágenes que cambiaron nuestra vida. -EL TERRORISTA SUICIDA
La flor de la paranoia
MANUEL VICENT

Publicado en El País (www.elpai.com), 31/08/2008;

El espectáculo de las Torres Gemelas derrumbándose ante el mundo entero envueltas en llamas se ha incorporado a la sustancia visual de nuestra era. Forma parte ya del catálogo de las hogueras más famosas de la historia junto con la quema del templo de Artemisa, del incendio de la biblioteca de Alejandría, de las cenizas de Constantinopla, del fuego del Reichstag, de las calabazas de Hiroshima y de Nagasaki y del napalm de Vietnam.
Como el virus crea el antivirus, un arma genera también la contraria. En el inicio de la historia el garrote del primate engendró la pedrada; la pedrada engendró el parapeto; el parapeto engendró la flecha incendiaria; la flecha engendró el escudo; el escudo engendró la lanza; la lanza engendró la muralla; la muralla engendró la catapulta, y así, sucesivamente, llegó el arcabuz, el fusil, la ametralladora, la trinchera, el mortero, el carro de combate, el bazuca, el cañón, el bombardero, el misil antiaéreo, el búnker y la bomba atómica. Más allá de la bomba atómica ha surgido ahora una nueva arma espontánea, imaginativa, adaptable a cada circunstancia, absolutamente diabólica y sin defensa posible. El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, fue la presentación ante el mundo de esta última creación de la dialéctica bélica: el suicida humano, cebado con dinamita, dispuesto a inmolarse por un ideal.
El Pentágono derruido y las Torres Gemelas ardiendo fueron visiones escatológicas que durante mucho tiempo habían alimentado la imaginación de novelistas y cineastas, pero también el corazón de miles de terroristas. Norteamérica, que no concibe la vida sin espectáculo, aquel 11 de septiembre pudo comprobar hasta qué punto eran ridículas las películas de hecatombes. Hollywood había sido humillado. La ficción atrajo a la realidad y a partir de ese momento se produjo en el mundo una síntesis nueva de la maldad humana. Al parecer la alta tecnología había acudido por fin en ayuda de los desesperados.
El Pentágono es el lugar emblemático donde el Gran Gallo de Occidente asoma la cresta de acero y las Torres Gemelas eran los dos ventrículos del capitalismo que desde una esquina de Manhattan bombeaban dinero a todo el planeta. Los símbolos de Norteamérica habían saltado por los aires y, con ellos, el orgullo de una nación y la alta seguridad que lo amparaba. Además de la catástrofe física, la herida había sido profundamente espiritual. Una parte del alma de nuestra civilización quedó también bajo los cascotes y en la zona cero comenzó a crecer una enredadera que ha terminado por cubrir todo el planeta. La flor que echa esa planta es muy venenosa. Se llama paranoia.
Según la biología, un organismo es más vulnerable a medida que se hace más complejo. Esta regla es aplicable a la sociedad contemporánea cuya fragilidad va a la misma velocidad que su desarrollo, de modo que está a punto de llegar el día en que el mundo occidental dependa de un solo fusible a merced de la mano de un fundamentalista que apague la luz y nos mande a la Edad Media a comer higos chumbos. Cada vez va a ser más difícil llevar una vida dulce cerca de la gente humillada y mucho más ahora en que han hecho síntesis el odio y la química, la miseria y la electrónica, la pobreza y la crueldad, el fanatismo y la informática, la injusticia y la dinamita. En el subconsciente colectivo comienza a germinar como una pesadilla la cabeza nuclear de fabricación casera o el barril repleto de virus terroríficos que pueden ser arrojados sobre cualquier ciudad por un iluminado al que han prometido el reino de los cielos.
Ahora en los aeropuertos ordenan que te quites el calzado como si fueras a entrar en una mezquita. Te pasan el escáner por los genitales. Cualquier agente armado tiene poder para ponerte desnudo boca abajo sin que se atreva nadie a rechistar. En cualquier aduana o puesto fronterizo uno es juzgado de forma perentoria y sumarísima sólo por el rostro. Bastará con que seas moreno, con bigotón y de pelo rizado, o desafíes con la mirada al guardia o sonrías irónicamente al ser palpado para que te veas sentenciado. Pero no sólo se erigen en jueces los guardias jurados. También los propios vecinos de escalera o de barrio analizan a simple vista tu calaña envenenados por la paranoia que siguió a la hecatombe de las Torres Gemelas y desde el 11 de septiembre de 2001 existe además la obligación de mirarse en el espejo cada mañana en el cuarto de baño y juzgarse uno también a sí mismo antes de salir a la calle.
Mientras tanto, la dialéctica bélica continúa su marcha. Frente al suicida concreto, adornado con un cinturón de dinamita, se ha creado la figura del terrorismo abstracto, universal, que está en todas partes y en ninguna. Sobre ese fantasma caen ahora a ciegas las bombas de racimo.

Séptimo aniversario del 11-S

Los candidatos a la presidencia de EE UU, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, visitarán este jueves la zona cero de Nueva York para conmemorar el séptimo aniversario de los atentados del 11-S:

En un comunicado conjunto, sus equipos de campaña han informado de que ambos "dejarán de lado la política y se reunirán" para honrar la memoria de aquellos que murieron en los ataques.
Ambos candidatos acudirán juntos al lugar en el que se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center, en el centro financiero de Nueva York, donde hace siete años impactaron los dos aviones secuestrados por terroristas islamistas que causaron la muerte de 2,749 personas (oficialmente).Los candidatos también agradecerán la labor de los bomberos, la policía y los servicios de asistencia de emergencia, "que fueron un ejemplo heroico y desinteresado para todos aquellos hombres y mujeres que sirven hoy en defensa de la libertad y la seguridad tras los ataques a Nueva York, al Pentágono, y a Shanksville (Pensilvania)", concluye el comunicado.

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Estados Unidos empieza a superar el trauma
Coincidiendo con el séptimo aniversario de la masacre, un estudio concluye que la mayoría de los estadounidenses ya no tiene miedo a un ataque terrorista
ELPAÍS.com - Madrid - 11/09/2008
Siete años después del ataque al World Trade Center de Nueva York, Estados Unidos sigue siendo muy vulnerable al terrorismo. Esta es la conclusión que ha sacado un estudio publicado recientemente, sin embargo, los estadounidenses ya no tienen miedo o dicen no sentirse afectados de forma directa.
Según indica una encuesta*, mientras que el pasado mes de julio un 47% de los ciudadanos de EE UU se manifestaba preocupado por la posibilidad de que ellos mismos o algún miembro de su familia fuesen víctimas de un ataque terrorista, el porcentaje ha bajado hasta el 38%. Y el descenso es aún más acusado si se compara con el 59% resultante de los sondeos en octubre de 2001, apenas un mes después de los atentados contra las Torres Gemelas.
El estudio de la Sociedad para una América Segura, publicado por Gallup, aparece siete años después de aquel 11 de Septiembre de 2001, y a menos de ocho semanas de la cita electoral en la que los estadounidenses elegirán a la próxima persona encargada de continuar la guerra contra el terrorismo. En este aspecto los porcentajes también han variado en los últimos años.
Si durante el primer año de la guerra en Afganistán el índice de satisfacción de los americanos respecto a la gestión por parte de su Gobierno de la lucha contra el terrorismo llegaba al 75%, ahora se sitúa en el 52%. Frente a esa exigua mayoría, un 47% de los encuestados se manifiesta insatisfecho (o muy insatisfecho). Con estos resultados, el estudio urge al próximo presidente de Estados Unidos a aumentar los esfuerzos y mejorar la estadística. Además, el terrorismo no aparece como factor decisivo en la elección del próximo presidente, al contrario que la economía, que se presenta como lo más determinante a la hora de decantarse por un candidato.
En el caso de que aumentase la atención sobre la amenaza terrorista, el mayor beneficiado sería el Partido Republicano, con John McCain al frente, quién en el tema de la seguridad nacional aventaja en 17 puntos porcentuales a ru rival Barack Obama.

La encuestas de gallup.

http://www.gallup.com/poll/110203/Majority-Americans-Fearful-Terrorist-Attack.aspx

Desaparecidos

De fosas y desaparecidos/Francisco Espinosa Maestre, historiador y coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón

Publicado EL PAÍS (www.elpais.com), 10/09/08;

La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.
Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la “guerra civil fratricida” se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales… y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.
Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.
Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos…) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.
El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:
El Ejército. Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
La Guardia Civil. Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.
La Policía. La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).
Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.
El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.

Reportaje de Anabel Hernández

Reportaje de Anabel Hernández para Reporte Indigo; edición especial

Secuestradora trabaja para García Luna

Lorena González Hernández, la responsable de montar el retén para secuestrar a Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí, es miembro activo de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente tiene el cargo de subinspectora en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Percibe un sueldo mensual de 70 mil pesos. Así lo señalan su ficha interna de la PFP y su declaración “Modificación Patrimonial” presentada el 17 de mayo de 2008, apenas 18 días antes de secuestrar a Fernando Martí, de 14 años.

Qué ironía, una de sus funciones es investigar delitos. Pero en vez de hacerlo, ella los comete.
De acuerdo a información oficial del gobierno federal que Reporte Índigo tiene en su poder, esta funcionaria policial, nacida el 8 de julio de 1973, ingresó a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito el 16 de octubre de 2007. En ese tiempo, el titular del área era el hoy subsecretario de la SSP, Facundo Rosas Rosas, el segundo hombre más importante en los cuerpos de seguridad pública federal.
La tarde de ayer, Rosas Rosas reconoció que González Hernández había estado en la Agencia Federal de Investigación (AFI). Pero mintió al decir que apenas estaba en trámite su ingreso a la PFP. El subsecretario de seguridad pública, el funcionario más cercano a Genaro García Luna, ahora tendrá que explicar por qué mintió a sabiendas de que Lorena González Hernández no sólo es parte de la PFP, sino que trabajó directamente con él y con otros miembros del círculo cercano de García Luna, como Ramón Pequeño y Benito Roa Lara. Actualmente está con Luis Cárdenas Palomino.

La mentira de Rosas Rosas
Ésta es la historia de Lorena González Hernández. La mujer que pasó de ser estudiante de licenciatura en Negocios Internacionales, a policía. Y de policía en activo, a secuestradora. El chofer de Fernando Martí, Cristian Flores, la identificó plenamente como operadora de la banda de La Flor y autora del retén policiaco que sirvió para secuestrar al adolescente.
El lunes 8 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio a conocer la detención de Lorena González y de otros tres miembros de la banda de secuestradores La Flor.
También se informó del estatus de Sergio Humberto Ortiz Suárez, presunto líder de esa organización delictiva y actualmente arraigado en un hospital público de la Ciudad de México.
Su ingreso a la policía
Lorena estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, plantel Azcapotzalco. Y aunque terminó su carrera, no está titulada. El 1 de febrero de 1999 ingresó a la Policía Judicial Federal como policía. En esa misma época, Genaro García Luna y su grupo salieron del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Fue en abril de 1999 cuando se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP.
En el año 2000, García Luna entró a la Policía Judicial Federal como director de Planeación y Operación. Su trabajo principal era reestructurar la dependencia.
“El cambio a este nuevo proyecto implicó la redefinición de la forma de vida de todos y cada uno de los que participamos. Decidimos quemar nuestras naves para enfrentar un futuro incierto, lleno de desgaste, riesgos, retos y, sobre todo, para asumir la carga histórica de corrupción, abuso y prepotencia de la otrora Policía Judicial Federal, con la esperanza de aportar nuestro esfuerzo a favor de la nación”. Así describió García Luna su experiencia en un libro de su autoría publicado en 2006.
En enero de 2001, Facundo Rosas Rosas se sumó a las filas de la PJF. Antes había trabajado en el Cisen y la PFP con Genaro García Luna. Entró con el cargo de director general adjunto “C” para desempeñar tareas de supervisión.

“Comenzó la reingeniería de la PJF con nuevas formas de control y una política anticorrupción férrea y desde arriba, dice García Luna en su libro. “En la primera reunión que tuve con mis subalternos subrayé que el policía que quisiera sumarse a un esquema de operación sano y profesional era bienvenido, pero quien no lo asumiera así tendría que irse porque comenzaba un proceso de saneamiento sistemático con tres principios: sin adicciones, sin vínculos orgánicos con el hampa, sin antecedentes criminales. “A cambio les ofrecí trabajar con todas mis capacidades y convicción para generar un proyecto de vida para cada uno de ellos, con mejores salarios, condiciones laborales dignas…”, señala el hoy secretario de Seguridad Pública.
El 2 de noviembre de 2001 García Luna fue nombrado coordinador general de la Agencia Federal de Investigación. Y Rosas Rosas se quedó como director general de esa dependencia para realizar tareas de investigación de delitos

Lorena entra a la AFI
Cuando se hizo esa reestructuración de la PJF, Lorena González Hernández quedó en la nueva AFI como agente en el área dedicada a la investigación de delitos, que es donde estaba Rosas Rosas. Todos trabajaban juntos. Primero en las instalaciones de Fernando de Alva Ixtlixóchitl número 185 y después en avenida Casa de la Moneda número 333, en Lomas de Sotelo.
Según su declaración patrimonial del 21 de mayo de 2002, Lorena ganaba 9 mil 914 pesos mensuales. Pero ese mismo año terminó percibiendo 13 mil 789 pesos al mes. En 2003 abrió una cuenta bancaria con 50 mil pesos. Según declaró en 2004, ése era todo su patrimonio.

Reportó un sueldo anual de 169 mil 772 pesos, lo que equivale a 14 mil 147 pesos mensuales.
De no tener nada, de pronto su situación económica cambió. En 2005 compró una casa de 700 mil pesos a través de un “contrato privado a pagos”. La propiedad, que ocupa un terreno de 153 metros cuadrados, tiene 120 metros cuadrados de construcción.
En ese entonces, declaró que sólo debía 120 mil pesos del precio total del inmueble.
Ese mismo año, obtuvo en la AFI un préstamo de nómina de 53 mil pesos. Con esa cantidad y sus 50 mil pesos ahorrados, no alcanzaba a pagar los 580 mil pesos de la casa.
Carera en ascenso
En 2006, la trayectoria profesional de Lorena dio un giro. Y comenzó su ascenso. La joven policía, que hasta entonces se había declarado soltera, empezó a vivir ese año en unión libre con una pareja cuyo nombre se desconoce. Fue promovida de agente a subdirectora de área el 1 de junio de 2006, cuando todavía Genaro García Luna y su equipo estaban en la AFI. Su sueldo se duplicó. Ese año, su percepción mensual era de 33 mil 197 pesos, según señaló ella misma en su declaración patrimonial presentada el 11 de mayo de 2007, la cual correspondía a sus ingresos de 2006.

Cambia el sexenio; siguen los mismos
El presidente Felipe Calderón nombró a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública el 1 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de México.
Facundo Rosas Rosas ocupó la Dirección General de la AFI hasta febrero de 2007. Un mes después ingresó como comisionado interino de la PFP. En esa época, tuvo un doble cargo: comisionado interino y coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito.
Lorena González Hernández se incorporó a la Policía Federal Preventiva el 16 de octubre de 2007. Pasó de la AFI a la PFP con el grado de subinspector y una plaza de directora, la SIPF010. A este cargo le corresponde actualmente un sueldo de 70 mil pesos mensuales.
Quedó adscrita a la Dirección General de Secuestros y Robos, bajo las órdenes de Facundo Rosas Rosas. Labora en el séptimo piso de la Torre Pedregal II, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3648. Ahí están las oficinas centrales de la PFP.
En su declaración patrimonial inicial de su nuevo cargo, que fue presentada el 27 de noviembre de 2007, Lorena González informó que abrió una cuenta de banco con 105 mil pesos. Ése era todo su capital.
Cuando ella entró a la PFP, también ingresó una camada de elementos de la AFI que no pasaron los exámenes de control. Entre ellos Igor Labastida, asesinado el 26 de junio pasado en la calzada México-Tacuba, y Benito Roa Lara, quien ni siquiera terminó la preparatoria.

El círculo más cercano
El 1 de marzo pasado, García Luna nombró a Rosas Rosas subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP. Bajo su cargo quedó la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención del Delito, de la cual depende la Dirección General de Secuestros y Robos, que es donde González Hernández tiene su plaza. En mayo, a raíz del asesinato de Edgar Millán, quien ocupaba la Coordinación General de Seguridad Regional, hubo reacomodos en la PFP. Ramón Pequeño, otro de los miembros del equipo cercano a García Luna, fue nombrado coordinador general de Inteligencia. Luego lo sustituyó Roa Lara. Actualmente, el puesto es ocupado por Luis Cárdenas Palomino, jefe de Lorena.
El 9 de julio pasado, el abogado Marcos Castillejos, suegro de Cárdenas Palomino, fue ejecutado a la entrada de su oficina. El homicidio fue atraído por la propia AFI, que depende del secretario de Seguridad Pública.
Hasta ahora se desconoce el motivo del crimen y sus autores.

Pero Marcos Castillejos se sumó a la lista de personajes cercanos al secretario que este año han sido asesinados. El 1 de mayo fue victimado Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la SSP. Dependía de la Coordinación de Inteligencia. Después vino el asesinato de Aristeo López Martínez, director administrativo de la Jefatura del Estado Mayor de la SSP, quien había trabajado al lado de García Luna desde que éste era coordinador de Inteligencia de la PFP en 1999.
Luego tocó el turno a Edgar Millán e Igor Labastida.

El último ejecutado fue el abogado Castillejos.

La plaza oculta
“Respecto a Lorena González Hernández, precisar que esta persona tenía un antecedente laboral en la extinta Policía Judicial Federal, de ahí se fue a la AFI, donde colaboró en el área de Interpol. Ahí estuvo laborando hasta finales del 2007, cuando inicia su trámite para ingresar a la policía federal. En este estatus se encuentra, se encontraba. Estaba realizando su trámite para poder ingresar, y estaba en proceso de evolución en el tema de control de confianza”, afirmó Facundo Rosas Rosas en conferencia de prensa ayer martes 9 de septiembre.
Pero los documentos oficiales muestran lo contrario, ya que la declaración patrimonial más reciente de Lorena González Hernández corresponde al 17 de mayo de 2008.
Catorce días después, la mañana del 4 de junio, montó un retén en Insurgentes Sur con elementos presuntamente de la Policía Federal. Le hicieron un alto en el camino a Fernando Martí, quien iba resguardado por un escolta y su chofer Cristian Flores.
El retén fue colocado a las 7 de la mañana, hora de intensa circulación vehicular. Sólo duró de 10 a 15 minutos, según reveló el escolta, el único sobreviviente.
Ese día, escudada en su cargo público y en su uniforme, que era auténtico, no clonado, la responsable de investigar y combatir secuestros de la SSP participó a plena luz del día en el secuestro de Fernando Martí.
Todo esto recuerda los peores tiempos de Arturo “El Negro” Durazo Moreno, el secretario de Seguridad Pública del D.F. en el sexenio de José López Portillo. Y al igual que en esa época, hoy se trata de ocultar que Lorena es miembro activo de la Policía Federal Preventiva.
¿Por qué el subsecretario niega que ella trabaja en la PFP si estaba bajo sus órdenes? Y qué se puede decir de los elementos de la Policía Federal que participaron en la trampa tendida a Fernando Martí, ¿también estaban en activo?, ¿quién los va a investigar?
Desde el año pasado, en Reporte Índigo hemos revelado denuncias documentadas de irregularidades cometidas al interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
También hemos dado a conocer cartas de secuestradores, como la de Marcos Tinoco Gancedo, alias “El Coronel”, que en 2002 reveló al presidente Vicente Fox que Genaro García Luna, el comandante Alberto Pliego Fuentes y Martín Levario protegían a su banda y a otros más, como Daniel Arizmendi, “El Mocha Orejas”. “El Coronel” ofrecía pruebas y testigos. Nunca se investigó su denuncia.

Reportaje completo con imagenes en:

http://download.reporteindigo.com/ic/pdf/U2/reporte.pdf

De policía a secuestradora

El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció -después de darle muchas vueltas- que Lorena González Hernández (en la foto), acusada de operar el retén para plagiar al joven Fernando Martí, tenía una plaza vigente en la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Es evidente que el periodismo de investigación está haciendo su trabajo, ya que según copia de su última declaración patrimonial, ella trabajó hasta el lunes 8 de septiembre en la Dirección General de Secuestro y Robos de la Policía Federal.

Empero, en conferencia conjunta, con el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, García Luna rechazó que González Hernández tuviera algún vínculo con la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, que dirige Luis Cárdenas Palomino, o con el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas, y se limitó a decir que estaba en examenes de control de confianza.

¡Pero qué necesidad ante lo evidente! Porque negar ante la realidad!

La Señora trabaja (o trabajaba) en la SSP ahí está la copia de su última declaración patrimonial y dice claramente que estaba adscrita a la Dirección General de Secuestros y Robos, en el séptimo piso de la Torre Pedregal II, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3648. Su cargo subinspectora en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

O a lo mejor estamos ante un error administrativo que se le comunicó a la Secretaría de la Función Pública en la declaración patrimonial.

Entonces, estamos ante un severo problema de comunicación social.

Deben saber las autoridades que con eso se pierde la poca confianza que tiene la sociedad en sus policías.

¡Lástima!

Esta es la conferencia de prensa completa, que ofrecieron los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; y de Seguridad Pública, Genaro García Luna en las instalaciones de la Secretaria de Gobernación; 10 de septiembre de 2008;

Los subrayados en negritas, son mios.

Oscar Oliver de W Radio:-Quiero conocer, hay algunas voces en el Congreso de la Unión que están planteando la urgencia de presentar iniciativas legales precisamente para homologar algunas cuestiones como las penas para el secuestro, algunas tipificaciones de delitos, precisamente para ir avanzando en ese sentido de la seguridad y que, dicen, el tiempo posiblemente se los pueda comer ante la falta de estas iniciativas. Por una parte.
Por la otra, a ver si hay coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, con relación a esta banda de secuestradores de La Flor y, sobre todo, que una de las implicadas es una persona, es una mujer que estaba incluso haciendo exámenes para entrar, para ingresar a la AFI.

-SECRETARIO MOURIÑO TERRAZO: Dejaré que sea el propio Secretario de Seguridad Pública el que conteste respecto al último tema de la primera pregunta. En primer lugar, se trabaja en una estrategia nacional contra el secuestro, que tiene que ser acordada también con los titulares de las entidades federativas y en la que habrá seguramente avances en la próxima reunión de la Conferencia de Procuradores de Justicia en los Estados, que se llevará a cabo en Monterrey en estos días.
Y que, precisamente, en una estrategia de esta naturaleza contempla la plena coordinación y también el ir homologando el tipo de delito y las penas, de tal suerte que en todo el país se combata con la misma intensidad y con la misma prioridad este delito.
Uno de los acuerdos concretos que trae el Acuerdo Nacional al que se ha hecho referencia, es precisamente el definir esta estrategia, pero también uno de los acuerdos del Poder Legislativo es el de crear una Ley General sobre el Secuestro, de tal suerte que todas las leyes en los estados se tendrían que adecuar a lo que defina el Congreso Federal.
E, insisto, con esto tener todos el mismo marco jurídico y normativo para combatir este delito, que, sin duda, es el que más indigna y el que más lastima, tanto a víctimas como a la sociedad en su conjunto, y en ello estaremos trabajando muy de cerca con el Poder Legislativo y los propios gobernadores para contar con esta herramienta.

-SECRETARIO GARCÍA LUNA: Bien, gracias, buenas tardes. Primero reiterar lo que ya se ha señalado por el Secretario de Gobernación respecto a la operación que hizo la autoridad del Distrito Federal respecto a la detención de estos secuestradores, reiterar el reconocimiento de esta operación llevada a cabo.
Segundo, también quiero expresar que el Gobierno Federal ha cooperado y sigue cooperando en todo momento respecto a todo lo que hay de investigación relacionada con el tema de secuestro y lo que tenemos compartido con el Distrito Federal, en términos de coadyuvancia, y este caso en particular así ha sido.
Debo precisar que cuando tuvimos conocimiento de que era motivo de investigación la ex agente Lorena González Hernández, la Policía Federal la detuvo, la puso a disposición de la autoridad competente, en este caso del Distrito Federal.
Y, también, debo precisar que respecto a la referencia específica, porque quedó un poquito de inquietud o confusión de cuál es su estatus de ella:
Debo precisar que ella estaba siendo sujeta a un proceso de control de confianza que se lleva a cabo dentro de la Policía Federal para todos aquellos que quieran ser policías federales y, este caso en particular, personal que estaba en AFI, que estaba siendo transferido a la Policía Federal. Y en ese sentido tanto la gente que ingresa o que es proceso de transferencia para la Policía Federal está sujeto a control de confianza.
En este caso, el caso de Lorena González en esta circunstancia estaba en AFI y estaba sujeta a control de confianza para poder ver si lograba pasar este examen que tenemos para ingresar a la Policía Federal.
También, debo precisar la referencia que había respecto a que ella desempeñaba labores específicas de inteligencia o áreas sustantivas de secuestro. No es así, ella no estaba en ninguna área de inteligencia, tampoco estaba en el área de secuestros de manera puntual.
Insisto, ella estaba en un esquema de transferencia que tenemos para poder evaluar al personal que estaba en AFI y que estaba siendo o que es motivo de evaluación para entrar a la Policía Federal.
Quiero ser muy enfático en decir que la Policía Federal y, en particular, la Secretaría de Seguridad Pública Federal no daremos cobijo a quienes intenten lastimar la comunidad mediante esta actividad criminal o delictiva.
Y, también, debo pensar que esta circunstancia nos refrenda la convicción de depuración y fortalecimiento a los cuerpos de policía, tanto federales como estatales y municipales.
Es un área bien indispensable para recuperar la seguridad pública del país, la confianza por supuesto y, para ello, reiterar la importancia de tener centros de control de confianza en todo el país, en los estados, ahora ya en el nuevo acuerdo que hay en la seguridad, justicia y legalidad, donde el señor Presidente de la República ha sido muy enfático en promover e impulsar estos centros de control de confianza en todo el país, para cada estado y en también para los municipios.
Reiterar que la Policía Federal está en un proceso permanente de depuración, de sus miembros y no vamos a cesar, vamos a ser muy enérgicos con todos aquellos que se aparten de la ley, de nuestro código de ética y, por supuesto, que incurran en actos de corrupción o se coludan en cualquier actividad criminal.
Por ello insistimos en la importancia de tener un esquema permanente de depuración, de vigilancia de todos aquellos policías, y en particular la Policía Federal.

Fabiola Martínez, de La Jornada: -Para el Secretario García Luna. Le quiero preguntar ¿qué responde a los ciudadanos ante estas evidencias de que todas las policías del país o una buena parte de las policías del país están infiltradas, empezando por la Policía Federal?
Y sobre todo ¿qué elementos van a colocar en este nuevo esquema de exámenes de control de confianza para que verdaderamente se detecte -como ahora está ocurriendo- que secuestradores trabajaban en sus oficinas.
-SECRETARIO GARCÍA LUNA: Primero, sobre la importancia de tener capacidad técnica para poder evaluar a la policía en todo el país, algo que hemos estado impulsando y nuestro Presidente lo ha señalado y está en los acuerdos nacionales que se firmaron: el que tengamos Centros de Control de Confianza certificados para poder tener alcance técnico e identificar a aquellos delincuentes que están en las policías.
La premisa es sanear, limpiar, depurar las policías, tanto federales, estatales y municipales y, por supuesto, esto implica un esquema sistemático permanente de control de confianza.
Lo que usted refería respecto a que hay delincuentes en las policías infiltrados, pues sin duda.
Una apuesta del crimen ha sido infiltrar a las policías. Hemos encontrado referencias importantes donde ellos intentan en todo momento buscar cooptar, corromper o inclusive intimidar a las policías.
Hoy lo vemos en las policías municipales -que tienen un gran despliegue territorial y que están expuestas, día a día, en el combate al delito- tienen que buscar cooptarlos, o intimidarlos o inclusive corromperlos bajo un esquema ya explicado.
En ese sentido, reitero la importancia de tener Sistemas Permanentes de Control de Confianza.
Lo segundo -algo que ya comentaba el señor Secretario de Gobernación- es que estamos trabajando para llevar a la ley, por primera vez, un esquema permanente y sistemático de control de confianza.
Esto va a obligar a ser corresponsables de este esquema y en este sentido, ya la ley va a identificar -por supuesto- perfil de ingreso, perfil de desarrollo policial y, por supuesto, también mecanismos coercitivos para poder combatir la desviación que tenga cada policía.
-¿Cómo cuáles?
-SECRETARIO GARCÍA LUNA: ¿Cómo cuáles? Bueno, en principio va en la ley la obligación de que todos los policías sean evaluados en la parte patrimonial, entorno social, psicométrica, poligráfica, para tener todo el esquema completo. Igual la parte de toxicología también la incluye.
Esto implica que todo el policía que esté en un registro nacional de policía, tanto municipal, estatal y federal, debe tener acreditados todos los puntos que obliga la ley para tener acceso a una policía de cualquier nivel de Gobierno.
Lo segundo es que ya plantea el proyecto de ley un esquema de corresponsabilidad para que exista un Centro de Control de Confianza en cada estado que esté certificado para que éste tenga -de manera permanente- la vigilancia y el seguimiento de los policías y que no se genere esta desviación de su conducta cotidiana.
Brenda Herrera, de Núcleo Radio Mil: -Quisiera preguntarle primero, en este último tema: hay quienes han criticado este esquema de depuración porque dicen que finalmente, los policías que están corrompidos van directamente a parar a la delincuencia organizada.
¿Qué está haciendo el Gobierno Federal o qué prevé hacer el Gobierno Federal para que eso no ocurra o si esto no lo tenían contemplado?
Hace unos momentos también, el Gobierno del Distrito Federal pidió que fuera trasladado el señor Ortiz a un penal de máxima seguridad. ¿Ya hay una petición formal al respecto o una respuesta de su parte?
Y también quisiera preguntar si ya se tiene más o menos la idea de quién podría estar fungiendo como el sustituto de Roberto Campa en el Consejo de Seguridad.
Y finalmente, al Secretario de Gobernación: con este reconocimiento que hace al Gobierno del Distrito Federal, ¿podríamos dar por superadas cualquier tipo de diferencias entre el Gobierno Federal y local en el tema de seguridad?
Llama la atención que los últimos días hemos visto campañas para difundir los logros en materia de seguridad, tanto del Gobierno de la Ciudad como de la Administración Federal.
-SECRETARIO GARCÍA LUNA: Bien, con todo gusto. La teoría que refería que era mejor tener delincuentes controlados en las policías, que tiene por lo menos 40 años esa referencia, generó lo que hoy tenemos de descomposición en las policías.
El principio es que no podemos tener dentro de la policía un delincuente, que además de que cobra del erario público, pueda portar un arma o tenga posibilidades de delinquir con la cobertura de ser autoridad.
Aquí el principio es que todo aquél que esté involucrado, o que tenga una referencia criminal o delictiva, va a estar -en principio- fuera de la policía y además, buscamos tener alcance para poder consignarlo en aquellos casos en que tengamos evidencia de que esté involucrado en delito.
Y ahí, como usted bien señalaba, lo que planteamos es que de todos los policías sin excepción tengamos registro completo -insisto- de su entorno personal, familiar, de ADN, el registro de huellas; registro de voz para tener alcance, en caso de un secuestro, de ver si alguno de ellos está involucrado con un hecho delictivo y tener un sistema de seguimiento para aquellos policías que sean retirados de servicio.
Y, por supuesto, esta premisa parte de tener un cambio completo, integral, que distinga el registro y el seguimiento de esos policías. Pero además, la parte más importante: recuperar la confianza social con la policía en todo el país.
Y eso parte del principio de tener gente honorable, gente que tenga y corresponda su salario con su actividad personal y profesional, y cerrar el círculo de confianza con la comunidad.
Respecto del traslado lo vamos a valorar, lo vamos a calificar. Se requiere acreditar detalles técnicos para el traslado y poder justificar su traslado a un penal de máxima seguridad. Si así fuera lo vamos a hacer sin ningún problema. En todo caso, haríamos la gestión para que esto se llevara a cabo.
Respecto de la persona que sustituirá al licenciado Campa, estamos en espera. El día 19 de septiembre habrá el próximo Consejo de Seguridad Pública Nacional y allí plantea la ley que será propuesto al Consejo Nacional, será éste el que vote y defina quien será el nuevo Secretario Ejecutivo. Hay que esperar para el Consejo.
-SECRETARIO MOURIÑO TERRAZO: Respecto a la última pregunta yo diría que este tema de la seguridad, sin duda, es un tema de la más alta prioridad, más allá de que para cualquiera o en particular para un orden de Gobierno es de la más alta prioridad para todos los mexicanos, y es de la más alta prioridad para los capitalinos.
Y un tema que es prioritario para los capitalinos, por parte del Gobierno Federal, no ha habido y no habrá regateo alguno o diferencia ideológica que nos impida colaborar y trabajar de manera permanente para dar resultados en la capital y cumplir la exigencia ciudadana de quienes habitan esta capital.
Desde nuestra perspectiva, ese es un tema donde no cabe ni la ideología ni el partidismo; es un tema de gobierno y es un tema, insisto, de la más alta prioridad, y habremos de trabajar en colaboración, en coordinación y en respaldo, cuando haya necesidad de ello, del Gobierno del Distrito Federal.
Así lo hemos acreditado en los hechos, en éste y en todos los demás casos donde hemos tenido que intercambiar información o trabajar de manera conjunta, pero también a la hora de tener que nombrar o ratificar, según sea el caso, al Secretario de Seguridad Pública o al Procurador del Distrito Federal ya en dos ocasiones: Una a la entrada del nuevo Gobierno y, dos, cuando éste decidió hacer ajustes en su equipo de seguridad y ha contado con el respaldo del Gobierno Federal y seguirá contando con el respaldo del Gobierno Federal, manifestando y reiterando nuestra plena disposición a colaborar y a trabajar coordinadamente y en conjunto.
Y respecto al reconocimiento nos parece que hay un logro importante: que se ha logrado la captura de gente peligrosa que dañaba claramente a la sociedad y que tenía y merecía ser capturada y puesta a disposición de las autoridades para el proceso legal conducente.
Y es por ello que el Gobierno Federal reconoce el logro de las autoridades capitalinas en esta materia y el haber podido detener a esta banda peligrosa, que presuntamente participó en el secuestro y el asesinato del joven Fernando Martí.

Jorge Ramos de El Universal: -Al Secretario de Seguridad Pública, si nos pudiera precisar exactamente los tiempos y las fechas en las que Lorena ingresó a la AFI y si al momento de su detención su cargo o el puesto que tenía seguía vigente; es decir, si podía seguir actuando como elemento de la Agencia Federal de Investigaciones.
En segundo lugar, si nos pudiera precisar cuál es el vínculo que ella tenía con Facundo Rosas, actual Subsecretario y que por lo menos hasta el año pasado era uno de los jefes inmediatos de Lorena, al igual que Luis Cárdenas Palomino. Si nos pudiera ayudar con esas precisiones.
Hoy los familiares de estas personas detenidas han tratado de desvirtuar lo que han estado haciendo las autoridades, en el sentido de que son inocentes sus familiares y, sobre todo, han dicho que los verdaderos culpables del secuestro del joven Martí y de su muerte están libres.
Y al Secretario Juan Camilo Mouriño, quisiera que si me pudiera regalar algún comentario. Hace unas semanas estuvo en el debate nacional un asunto sobre un presunto derrocamiento o algo así en torno al Presidente de la República, Felipe Calderón.
¿No sé si ustedes tomaron nota de ese tema y qué comentario tiene al respecto?

-SECRETARIO GENARO GARCÍA LUNA: Bueno, respecto a la referencia de la fecha con todo gusto le daré la ficha de su ingreso. Debo precisar que ella sí tiene una plaza vigente (Sic). Es decir, el esquema que hoy tenemos es que el personal que está en AFI, que se quiere incorporar o que se incorpora a la Policía Federal pasa por control de confianza y hoy estamos en ese proceso para certificar y, quien pase, se incorpore a la Policía Federal.
Todos ellos tienen plaza porque, es decir, tienen derechos ganados en términos de ser policías, ellos están en AFI y a partir de que se generó este proceso para Policía Federal ella estaba en este inter para poder evaluarse y entrar a la Policía Federal.
Sí tiene plaza vigente, sin embargo, el cargo de ella; en principio el ingeniero Facundo Rosas y Cárdenas son directores, uno de ellos del área de Delitos Federales, Facundo era su secretario, no tienen ningún vínculo, no tienen ninguna relación directa, no tienen nada que ver con su función específica para cada uno de ellos.
Hay la referencia, por lo que entiendo se generó la confusión, es que ella estando en AFI en su inscripción original era INTERPOL y físicamente el edificio donde está AFI hoy están todos los policías que eran de AFI de todas las áreas, incluyendo secuestro, delitos federales, INTERPOL, y físicamente están en el inmueble donde hoy está AFI como inmueble, y ahí está físicamente también un área que tiene el licenciado Cárdenas.
No tiene que ver nada, no tiene que ver ningún vínculo personal, ningún vínculo específico; su función corresponde necesariamente a lo que tenía como actividad en AFI.
Insisto, estaban en el esquema de transición para el nuevo proyecto de Policía Federal.
Respecto a la referencia de los detenidos, con todo respeto, tenía que precisarlo el Distrito Federal, la parte honesta que nos correspondió en términos de saber la referencia que había en torno a Lorena González, cuando tuvimos de su conocimiento en el momento actuamos, la Policía Federal la detuvo y la puso a disposición de la autoridad del Distrito Federal, pero con toda precisión desconozco cuál sea la indagatoria específica, cómo va el avance. Eso tendría que ser el licenciado público local (Sic, por Ministerio Público) quien haga referencia.
-SECRETARIO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO: Respecto a la segunda pregunta o la pregunta específica hacia la Secretaría de Gobernación. Simplemente, sí ya habíamos hecho precisiones al respecto en el pasado, que este Gobierno fue democráticamente electo para el periodo del primero de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012.
Y que en función de ese mandato del electorado y cumplimiento de la ley estará el Presidente Felipe Calderón cumpliendo hasta el último día de la responsabilidad encomendada y que legalmente compete al periodo presidencial en curso.

Iván Saldaña, de Televisa.- Para el Secretario García Luna. Si Lorena González ya estaba sujeta a un proceso de control de confianza ¿cómo es que la Policía Federal no detectó que ella estaba vinculada a una banda de secuestradores?
Porque nos decía que tiene plaza en la AFI, estaba sujeta a un proceso de control de confianza para pasar a Policía Federal, ¿Si ya estaba en este proceso de control de confianza pues qué tan confiable es el proceso de control de confianza que no se había detectado que ella ya estaba en una banda de secuestradores?
-SECRETARIO GENARO GARCÍA LUNA: Bueno, precisar a usted cómo hacía esto para que tengan de su conocimiento. El personal que está adscrito en AFI, que pase y acredite este control de confianza. Primero, llevaba un esquema de evaluación, insisto, en la parte de antidoping en término social, patrimonial, bolígrafo (Resic puede ser un error del estenografista), psicométrico.
En el caso de ella aún no pasaba esta materia de exámenes, ella estaba dentro del paquete de AFI´s que están en evaluación para poder transitar al nuevo modelo de Policía Federal, por eso es que tiene una plaza vigente porque tiene derechos ganados como policía, en términos laborales.
Una vez que pasen a esa materia de exámenes, una de las referentes importantes en el esquema de control y confianza, es por supuesto el identificar y detectar si tiene algún vínculo con la parte criminal, cualquiera que fuese, puede ser el narcotráfico, puede ser una actividad delictiva aparentemente menor como es el robo.
Pero en esos casos una premisa en el control de confianza es que cualquier detección que exista de vínculo en automático reprueba la parte de control de confianza.
En el caso de ella, como muchos AFI´s que están en transición todavía en ese proceso, aún no tienen toda la materia de exámenes ya referidos, por eso es que hay esa circunstancia.
Tiene plaza vigente porque sí es gente en activo y tiene derechos de laborales como policía en AFI.

Marco Campillo, de TV Azteca: -Insistir en el sentido de las preguntas de mis compañeros, tanto al Secretario Mouriño como al Secretario Genaro. ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía cuando están tan dañados estos controles de confianza y cuando se hace evidente que tanto a nivel local como a nivel municipal y a nivel federal las personas encargadas de resguardar la seguridad de los ciudadanos están involucradas, pues no nada más en delitos locales, sino en crímenes de carácter federal y delincuencia organizada?
-SECRETARIO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO: Me parece que el acuerdo va precisamente en ese sentido y tiene entre los objetivos concretos y compromisos concretos ese objetivo general, que es recuperar la fortaleza institucional dotando a cada uno de los órdenes de gobierno y a sus instituciones de seguridad pública de mejores herramientas y capacidades, pero al mismo tiempo recuperar la confianza de los ciudadanos en las mismas.
Y la manera más clara de poder recuperar la confianza es involucrando a los propios ciudadanos en los procesos y en la evaluación de los procesos, en el cumplimiento de los compromisos y en la evaluación de los indicadores.
De tal suerte que no sea la autoridad la que se autoevalúe y dé a conocer resultados, datos o indicadores, sino que se creen las instancias ciudadanas en los distintos órdenes de gobierno que tengan esta responsabilidad.
Y con ello poder ir, a través de estos organismos, recuperando la fortaleza institucional.
¿Qué es lo importante, además de los procesos de control de confianza? Como se ha dicho, llevarlos a cabo. Hay que pensar que estamos hablando de llevar a cabo controles de confianza para más de 350 mil personas en el periodo para el que se estén llevando a cabo de inicio y luego un proceso de seguimiento, porque el hecho de que alguien ingrese y no esté vinculado a alguna actividad delictiva, no garantiza que en el tiempo no pueda ser cooptado por la delincuencia.
Y, por lo tanto, tiene que haber una cierta periodicidad para dar seguimiento y mantener durante todo momento o en todo momento la confiabilidad de la gente que labora para el Estado en alguna de sus instituciones.
Me parece que la evaluación y la participación de la sociedad en la misma, es clave para recuperar esta confianza. También dando resultados se recupera la confianza.
Es decir, nosotros hemos partido de un diagnóstico que admite que las propias corporaciones policíacas están penetradas y que, por lo tanto, tenemos que someter a controles de confianza.
Y también en donde se encuentre gente involucrada y se pueda procesar porque hay elementos, actuar con contundencia, como han sido los casos recientes de Tabasco, donde quienes aparecían en una narco-nómina han sido detenidos y presentados ante la autoridad competente.
O como es el caso de Torreón, donde también se ha acreditado la participación de agentes municipales en la protección de las bandas delincuenciales que operaban en esa ciudad del norte de nuestro país.
Entonces es por un lado fortalecer e involucrar a la gente y a los propios ciudadanos en la evaluación y, por otro, ir dando resultados, ir dando señales de que no va ser permisible el Estado ante aquellos que se vinculen con la criminalidad y actúen del lado de la delincuencia, en perjuicio de la sociedad, teniendo un uniforme, una placa, una patrulla, un arma que les dota el Estado precisamente para proteger a las familias de mexicanos.
-SECRETARIO GENARO GARCÍA LUNA: Nada más precisar que por primera vez va la ley; es decir, por primera vez será un esquema obligatorio, donde exista una responsabilidad para aquéllos que siendo mandos de una policía o Secretario de Seguridad Pública, tengan responsabilidad.
Si permiten que algún miembro de la policía no sea evaluado o que tenga antecedentes penales y que esté operando, y este cambio sí es sustantivo, porque por primera vez ya se tiene -y es la propuesta que está en el nuevo marco que señalaba de la reforma de ley que se plantea-, donde se haga ya obligatorio con toda confianza y donde se defina el perfil de ingreso, permanencia y desarrollo de la policía.
Es decir, ya hay un sistema que garantiza este proceso de manera permanente.
Parte del problema hoy es que hoy es fáctico, es discrecional y tenemos que llevar ese esquema de ley, para que sea obligatorio, permanente y de largo plazo.

Fuente: Comunicación Social de la SEGOB.

Última actualización: Miércoles, 2008/09/10, 16:23 hrs., por Miguel Pizano Subdirector de Información.
http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=1152

¿Temor a los militares?

Columna Fuerzas Armadas/Javier Ibarrola,

¿Por qué le temen a los militares?
Publicado en Milenio (www.milenio.com), 10 Septiembre, 2008;

Cuando el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, en una de sus primeras apariciones públicas en este gobierno (9 de febrero de 2007) aseguró que las fuerzas armadas robustecen al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en suma, a los tres poderes de la unión, los legisladores en torrente pusieron el grito en el cielo y le exigieron “prudencia” al alto mando miliar.
Un año después, tiempo suficiente para que el Poder Legislativo, sobre todo, se abocara a estudiar a fondo el papel de las fuerzas armadas dentro del sistema político nacional, lo único que se escuchó, sobre todo en la Cámara de Diputados, fue una serie de iniciativas —aún pendientes de resolver— encaminadas no sólo a cambiar las leyes fundamentales militares, sino a reducir las misiones que cumple el Ejército para impulsar la identidad nacional en la juventud, en especial aquellas que inciden en el Servicio Militar Nacional.
Por ejemplo, el diputado del PRD Armando Barreiro Pérez insistió en su iniciativa para que un civil estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, “el anteponer el concepto de ‘ciudadanía’ por encima del concepto ‘militar’, de tal manera que los integrantes del Ejército se conciban como ciudadanos que ejercen una actividad determinada para la cual han desarrollado habilidades específicas y no como parte de una corporación cerrada, endógena, con privilegios, como ocurre en la actualidad”.
De ahí que haya propuesto reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para introducir la posibilidad de que sea un civil, hombre o mujer, quien dirija la política de defensa nacional.
También por esas fechas arremetería el diputado del Partido Nueva Alianza Miguel Ángel Jiménez Godínez, proponiendo que se abrogara la Ley del Servicio Militar Nacional, porque actualmente “no es productivo ni cumple con los fines para los que fue creado (…) no debemos caer en el exceso y obligar a nuestros jóvenes que presten tareas para las que no están preparados y no forman parte de la instrucción militar”.
El desconocimiento del tema es supino, aunque hay que recordar que fue el primer secretario de Relaciones Exteriores del foxismo, Jorge Castañeda, quien retiró la cartilla del SMN como documento indispensable para tramitar el pasaporte. Otro ignorante del tema.
Estos aparentes dislates legislativos, jamás respondidos por la Comisión de Defensa de las dos cámaras y en las que figuran algunos militares retirados, demuestran que sigue privando un cierto temor al instituto armado, al que consideran incapaz de participar más activamente en la vida política del país.
De ahí que los legisladores deberían entender la verdadera función de los militares y, más aún, lo evidente que resulta para todo el mundo que cada vez cumplen más funciones que no tienen que ver con defensa nacional, que es su razón de ser, es la misión primordial que les marca la ley orgánica. Deberían recordar también que la propia Constitución, en su artículo 73 fracción XIV, obliga al Congreso a “levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.
En el segundo informe anual emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el alto mando militar advierte que “las relaciones cívico-militares viven tiempos de cambios sustanciales”. Su aseveración queda ahí para la interpretación.
Si se exigiera una respuesta a la pregunta que encabeza este texto, había que decir que se teme a los militares porque no los conocen… o porque saben de lo que son capaces.
De Imaginaria
Se acumulan las misivas enviadas por militares retirados sobre el tema de la seguridad pública. He aquí un ejemplo: “La seguridad pública, como responsabilidad de las autoridades no existe, debido a que se incrementó la delincuencia, a las condiciones económicas en que se encuentran millones de mexicanos, a la falta de inversión en fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, ahora, cuando la situación es insoportable y también los ricos están sufriendo las consecuencias, se promueve una marcha manipulada por una señora que está de acuerdo con el más alto responsable de esa seguridad pública, la reacción del gobierno es una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lectura de una lista de 75 compromisos y como consecuencia de ello, mayor inversión para las fuerzas de seguridad, pero lo más grave es que esa mayor inversión la vamos a pagar todos con medidas que nos llevan a engrosar las filas de la pobreza extrema”. General de División (ret) Carmelo Terán.
www.geocities.com/fuerzasarmadas_mexico

CNDH light: Jorge Carpizo

Fuerte crítica al Dr. Soberanes.

Nueve años de omisiones/Jorge Carpizo McGregor

Publicado en Milenio (www.milenio.com)10 Septiembre, 2008;

El autor, primer titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera “surrealista” que el actual ombudsman ponga fecha para que los funcionarios que no cumplan los compromisos presenten su renuncia y él no se incluya en ese ultimátum, cuando también tiene, como representante de la sociedad, una responsabilidad
La figura del ombudsman nació en Suecia, con la Constitución de 1809, y persiguió establecer un control adicional para el cumplimiento de las leyes, supervisar cómo eran realmente aplicadas por la administración, y crear un nuevo camino, ágil y sin formalismos, a través del cual los individuos pudieran quejarse de las arbitrariedades y violaciones cometidas por autoridades y funcionarios.
Con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 5 de junio de 1990, esta institución tomó verdadera forma en el país. Llegó para quedarse y para ser un instrumento valioso en la defensa y protección de los derechos humanos, instrumento que creció y se fortaleció hasta integrar un sistema nacional no-jurisdiccional de defensa de los derechos humanos.
La CNDH se inspiró en la figura del ombudsman, pero adaptándola a la realidad mexicana. La CNDH nació como un ombudsman renovado o transformado, en virtud de que presentó características hasta entonces desconocidas en un defensor. Resalto dos de las más importantes:
A. La primera, el artículo sexto del decreto de creación, estructuró un consejo, como cuerpo colegiado, y señaló sus funciones. Antes de 1990, ningún ombudsman en el mundo contaba con un consejo.
El consejo se diseñó como un cuerpo colegiado muy importante y así funcionó durante los primeros años de vida de la CNDH; no existía secreto alguno con los miembros del consejo.
A lo que me refiero va a quedar claro con un ejemplo reciente que me inquieta. El artículo 105, fracción II, inciso g), de nuestra Constitución federal legitima a la CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en la propia Constitución.
Estoy completamente de acuerdo con que la Comisión Nacional y los organismos del sistema posean dicha facultad que data de septiembre de 2006, y que muchos, incluido yo, otorgamos razones de por qué la debía poseer.
Como es conocido, el presidente de la CNDH ejercitó dicha facultad en un caso especialmente importante y delicado sin informar previamente al consejo; cuando algunos consejeros mostraron su inconformidad, se les manifestó que es facultad exclusiva del presidente, y no está obligado a informar previamente al consejo.
B. La segunda innovación con la que nació la CNDH, y la segunda preocupación que expreso, fue que se le dotó expresamente de la función de divulgación y difusión de la enseñanza y promoción de los derechos humanos, con el objeto de ampliar al máximo posible la cultura de los derechos humanos entre los mexicanos.
Con convicción defiendo esta atribución de enseñanza y divulgación en nuestro sistema nacional no-jurisdiccional de los derechos humanos. No obstante, la misma en algunos casos se ha deformado y pervertido. De ser una labor importante, se le ha colocado como la más importante.
Recomendaciones light y escasas
Las recomendaciones constituyen la labor más importante del ombudsman junto con la de amigable composición.
La recomendación debe tener una sólida base jurídica. En la actualidad, sin embargo, en algunas comisiones existe descuido en la redacción de las recomendaciones, se expiden con bases jurídicas endebles o de plano con carencia de ellas.
Diversas comisiones incluso llegan a autocalificar a sus documentos como recomendaciones light, en virtud de que les tiene sin cuidado la argumentación y las bases jurídicas que las sustentan. Para ellos, las recomendaciones no son importantes en la labor del ombudsman, son únicamente una más entre las múltiples funciones que corresponden a su responsabilidad.
Esta concepción trae consigo otra consecuencia. En varias comisiones, específicamente la CNDH, mientras más aumenta su presupuesto y crece el número de funcionarios y visitadores, el número de recomendaciones expedidas disminuye.
Pero mi preocupación en este punto es todavía más profunda. Existen casos en los cuales los proyectos de recomendación se guardan en el escritorio del ombudsman por no considerarlas oportunas o correctas políticamente, y sólo se expiden si las circunstancias políticas se modifican y se estima que su publicación llevará un beneficio personal o ya es políticamente oportuno.
El grave problema de la inseguridad pública
Ante el grave panorama de la inseguridad pública y violación de derechos humanos, la presencia de la CNDH ha pasado desapercibida.
El 21 de agosto de 2008, ante el gran problema de la inseguridad pública, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, suscrito por autoridades federales y locales, personalidades sociales y víctimas de delitos. El presidente de la CNDH firmó también los 75 compromisos que comprenden dicho acuerdo.
El 3 de septiembre del propio año se publicó en diversos medios de comunicación el desplegado firmado por 29 comisiones, manifestando que evaluarían el avance de los 75 compromisos del mencionado acuerdo.
Dicho desplegado y declaración reviste un interés especial. Mucho nos dice sobre el ombudsman mexicano. A ese documento le encuentro aspectos positivos, como el hecho de que es la primera presencia realmente importante del sistema nacional no-jurisdiccional de defensa y protección de los derechos humanos sobre la inseguridad pública, a partir de la gran marcha social de 1997, o que expresamente aceptan que la seguridad pública es un derecho fundamental.
Como se dice, más vale tarde que nunca. No obstante, también existen aspectos preocupantes:
a) Se manifiesta que es un “acuerdo de unidad”, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal manifestó que no fue invitado a la reunión. Asimismo, en el desplegado no aparecieron las firmas de otros dos presidentes de esos organismos. Entonces, ¿de qué unidad se está hablando?
b) El seguimiento y evaluación de esos 75 compromisos le corresponde a las organizaciones sociales que han venido luchando por la seguridad pública. Empero, ¿la CNDH dice que también va a realizar esa labor?
c) ¿Qué va a pasar si la evaluación de los ombudsman, específicamente de la CNDH, es diversa a la de las organizaciones sociales? Por ejemplo, si estas últimas perciben proclividad de la CNDH hacia las autoridades o, por el contrario, resulta más papista que el papa por remordimiento o para lavar omisiones pasadas.
d) Las organizaciones sociales invitaron y desean que el seguimiento y evaluación los realicen instituciones académicas. Cuando menos hasta ahora no se ha invitado a la CNDH a pesar de su desplegado. Todo indica que no goza de la total confianza de las organizaciones sociales.
e) El presidente de la CNDH firmó el acuerdo nacional. Él es un funcionario público, que goza de autonomía funcional, pero que es responsable ante la sociedad. Los reclamos sociales son también para él, quien debe cumplir los compromisos a los que se compromete en el acuerdo nacional y en su desplegado. En consecuencia, la CNDH debe ser evaluada, no evaluadora. Parece que la finalidad es: para no ser evaluada me autoproclamo evaluadora.
f) La CNDH se quiere convertir en juez y parte. Conoce todas las omisiones en que ha incurrido respecto a este grave problema. Se declara evaluadora para no rendir cuentas y evadir sus responsabilidades. Pocas situaciones dañan más a un ombudsman que el oportunismo político.
g) Resulta surrealista que el presidente de la CNDH ponga fecha para que los funcionarios que no cumplan los compromisos presenten su renuncia y él no se incluya, cuando él es un funcionario que ha estado en esa responsabilidad ya casi nueve años, y ha sido omiso, por la razón que sea, en proteger y defender el derecho humano de la seguridad pública.
Considero que para la fecha que señaló, las ONG deben presentar una evaluación de las acciones de la CNDH a las que se comprometió en su desplegado, y si el presidente de ésta no ha cumplido, solicitarle su renuncia. Hay que tomarle la palabra al presidente de la CNDH. Ineludiblemente habrá de ser evaluado por la sociedad.

Narcos mexicanos en Argentina

10-Septiembre-2008
Capturan a cómplices del cártel de Sinaloa en Argentina
Cable de la agencia Notimex
(12:45 p.m.)
Los sujetos detenidos están acusados de haber traficado 247 kilogramos de efedrinaBuenos Aires.- La Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía realizó hoy 13 allanamientos y detuvo a dos personas, en el marco de la causa que investiga las supuestas operaciones del Cartel de Sinaloa en Argentina.
Los allanamientos se llevaron a cabo por orden del juez federal Federico Faggionatto Márquez, quien investiga la causa de los nueve mexicanos detenidos por producción de drogas ilegales el pasado 9 de julio en una localidad de Buenos Aires.
Las autoridades informaron que durante los operativos fueron detenidos Guillermo Alberto y Héctor Daniel Salomón, hermanos y propietarios de la farmacia San José de los Corrales, que están acusados de haber traficado 247 kilogramos de efedrina.
De acuerdo con la investigación, estos dos hombres vendieron parte de la efedrina a los miembros del Cartel de Sinaloa, los que habían montado un laboratorio de producción de metanfetaminas que fue desbaratado por la Policía.
La pista que se siguió para las detenciones fue el hallazgo de una partida de efedrina que coincidía con la que fue confiscada a los mexicanos durante el operativo realizado en julio.
El cargamento de efedrina fue importado por la empresa Unifarma, que era propiedad de Sebastián Forza, uno de los tres empresarios que apareció ejecutado el pasado 13 de agosto, en un caso mafioso que aún conmociona a la sociedad argentina.
Unifarma le vendió los 247 kilogramos de efedrina a los hermanos Salomón y otros 200 kilogramos a un empresario llamado Carlos Edelmiro González, quien es uno de los cinco prófugos que hay en esta causa.
Las investigaciones apuntan a que Forza negoció con los narcotraficantes mexicanos e incumplió con el trato, razón por la cual terminó asesinado a balazos.
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El deceso de Rincón y el cargo en ONU

La muerte de Gilberto Rincón Gallardo deja a México sin la candidatura al Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad de la ONU, según SRE, pero para integrantes de la asamblea consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, eso no es así: proponen a Amalia Gamio.

El lunes pasado la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, notificó a los grupos que apoyaron la candidatura de Rincón Gallardo que ya no hay tiempo de postular a otra persona, pues la convocatoria ya se cerró. Sin embargo, las ONG se encontraron con que la convocatoria contempla las “nominaciones tardías”, lo que implica que aún se puede nominar a otro candidato.
En el punto 9 del documento que elaboró el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU con motivo de la convocatoria se especifica que “las nominaciones tardías, recibidas por el secretario general después de la fecha límite, serán circuladas en un adendum a ese documento. Las nominaciones adicionales, recibidas por el secretario general después de la emisión de la primera nota y, según sea el caso, después de la nota adicional, serán presentadas a la atención de los Estados Parte durante las elecciones”.
El apartado señala que corresponderá a los Estados Parte decidir si aceptan esas nominaciones tardías o no, por lo que a pesar de que la inscripción se haya cerrado el pasado 3 de septiembre, el Estado mexicano aún tiene la oportunidad de presentar a otro candidato.
Algunos de los grupos que estuvieron presentes en el homenaje a Gilberto Rincón el pasado lunes en la Cancillería manifestaron su temor de que la dependencia presente su propio candidato al comité sin tomar en cuenta lo que las organizaciones de discapacitados tengan que decir al respecto.
Excélsior (nota de Georgina Olson) tuvo conocimiento de que las ONG consideran que es muy probable que los Estados parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU valorarían la posibilidad de aceptar una nominación tardía hecha por México, si se presentara esta nominación, toda vez que se trata de una situación excepcional.

Los costos de la inseguridad

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Los costos económicos de la inseguridad
Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 10 de septiembre de 2008;

No existe un cálculo real de la dimensión, del daño, que genera la inseguridad en la vida cotidiana de todos nosotros. Lo podemos medir con los gastos que ocasiona en las empresas y que termina cargándose a los consumidores; lo podemos observar en nuestra economía cotidiana, cuando la seguridad, la mínima, la más elemental, se debe cargar a nuestros presupuestos o cuando, un simple robo, un asalto callejero, puede despojar a muchos trabajadores de una quincena que de todas formas no llega a cubrir el gasto.
Pero se puede medir, también, desde otra dimensión: desde la macroeconomía. En días pasados se dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor y resultó el más bajo desde que se comenzó a medir el mismo en enero de 2003: si en ese mes era de 100 (midiendo diversas variables, muchas de ellas subjetivas, como la percepción de los consumidores sobre si deben comprar o no bienes de consumo duraderos), en agosto pasado el Índice de Confianza del Consumidor fue de 89.6, lo cual implicó una caída de 17 puntos, con respecto al mismo mes del año pasado. En julio, el mismo índice cayó, prácticamente un punto. La inseguridad no está medida en este Índice pero me pregunto si alguien podría percibir mejor la situación presente y futura de la economía del país, en un contexto crítico para la seguridad pública cuando la percepción ciudadana sobre la misma es la más endeble que se ha tenido en años. Y si la percepción sobre la seguridad personal es baja, lo será la percepción de los consumidores, con todo lo que ello implica a la hora de decidir comprar o no un producto.
La inflación alcanzó 5.57% en agosto y la mezcla mexicana del petróleo de exportación, que estuvo arriba de los 130 dólares por barril en julio, ha caído, siendo todavía un precio muy alto, por debajo de los 100 dólares. La posibilidad de que se estabilice en unos 80 dólares es la estimación más creíble para el futuro inmediato, pero con la volatilidad internacional nadie puede predecir nada con mucha exactitud. Sin una reforma energética profunda será difícil avanzar en el sector económico más promisorio para el país, y paradójicamente pagamos un precio cada día más alto por los rezagos existentes. Un importante miembro del gabinete presidencial decía días atrás que no se habían detectado inversiones que se hubieran suspendido o cancelado por la inseguridad, pero la verdad es que nadie sabe cuántas inversiones no se contemplaron al evaluar los costos que la inseguridad puede generar a un inversionista, nacional o extranjero. Consideremos, solamente, cuántos empresarios o personas con un cierto nivel económico han decidido dejar el país o sacar del país a sus familias, ¿alguien puede creer que si ellos han decidido dejar el país, aunque sea temporalmente, continuarán con el mismo ritmo de inversiones en México?
Todo eso, en última instancia, se refleja en el Presupuesto que acaba de entregarse al Congreso, que contempla un aumento de 54 mil millones de pesos para las áreas de seguridad y justicia. En total serán cerca de 102 mil millones de pesos los asignados al sector en su conjunto. La magnitud del esfuerzo que se debe realizar la podemos medir con los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social, que es de 66 mil millones; a Salud que es de 76 mil millones o Educación Pública, que es de 185 mil millones. En otras palabras, el año próximo el aumento presupuestal más significativo no sólo será en seguridad pública sino que en ella deberemos invertir un porcentaje muy alto de los recursos públicos.
Difícilmente alguien podría estar en desacuerdo con ello, dada la crisis que afronta el sistema de seguridad pública en el país y el objetivo de contar con una policía depurada y eficiente, que obliga a invertir en tecnología pero también en recursos humanos (no sólo en el ámbito federal sino también en los estados y municipios, donde hay unos veinte elementos policiales por cada federal) y hacerlo en un plazo corto. Pero ello implica también que la inseguridad, la delincuencia, también nos está robando desde ese ámbito: tendremos que invertir más en ella que en salud o políticas sociales.
El resultado de todos esos costos, desde los individuales o familiares, pasando por los empresariales y llegando a los públicos es altísimo. Y constituye una razón más por la cual se debe romper con la cadena de impunidad que es el eslabón clave de la proliferación de la delincuencia.

Georgia agredió a Osetia

Espionaje de EE UU confirmó que Georgia agredió a Osetia del Sur
12:42
Cable de la agencia RIA Novosti
10/ 09/ 2008
Washington, 10 de septiembre, RIA Novosti. La congresista estadounidense Dana Rohrabacher declaró que fuentes del espionaje de Estados Unidos confirmaron que Georgia inició la agresión contra Osetia del Sur y que no hay fuentes independientes que confirmen que Rusia invadió a Georgia, como denunciaron las autoridades georgianas.
"Las fuentes de inteligencia con las que conversé y que fueron muchas, confirman que Georgia inició las recientes acciones de guerra ocurridas en territorio georgiano y en sus provincias separatistas", dijo ayer Rohrabacher durante un debate en el congreso estadounidense.
Rohrabacher, presidenta adjunta del subcomité de organizaciones internacionales de la cámara de representantes, subrayó que los georgianos violaron el alto al fuego en esa zona de conflicto, y que las aseveraciones de supuestas provocaciones por parte de los separatistas surosetos, no alteran el hecho de que Tbilisi optó por la guerra.
La congresista calificó de "hoja de parra" los intentos de responsabilizar a los surosetas de haber provocado la guerra en el Cáucaso y dijo que ese tipo de argumentos recuerdan el famoso incidente en el golfo Tonkin, el falso ataque a lanchas estadounidenses, que sirvió de pretexto para que EEUU declarara la guerra a Vietnam. "Los rusos tuvieron la razón y nosotros no. Los georgianos desataron una guerra en el Cáucaso y los rusos le pusieron fin", subrayó la congresista del partido republicano.
Afirmó que frente a la agresión de Georgia que causó la muerte a de más de mil quinientos civiles, la Casa Blanca adoptó la política de "doble rasero" y dijo que ya es tiempo que EEUU reconozca que la situación en Osetia del Sur es una repetición de lo ocurrido en Kosovo.
Kosovo como provincia separatista de Serbia y Osetia del Sur y Abjasia como repúblicas que se separaron hace ya 16 años de Georgia suponen situaciones muy análogas, afirmó la congresista.
"La única diferencia es que nosotros somos estadounidenses y ellos son rusos, y ese pueblo que quiso independizarse allá (Osetia del Sur) son pro-rusos", subrayó.
Resaltó que antes que todo, EEUU debe reconocer el derecho a los pueblos a la autodeterminación.
"No podemos pensar que por ser miembros de la OTAN, tengamos derecho de apoyar gobiernos que utilizan la fuerza contra grupos étnicos que quieren ser libres e independientes", subrayó Rohrabacher.
Por otra parte, en los debates los congresistas estadounidenses discutieron los sucesos ocurridos en el territorio georgiano a partir de la tesis de que Rusia había comenzado una invasión contra Georgia.
"Lo exacto es que el 7 de agosto los georgianos nos informaron de que vehículos blindados rusos habían entrado en un túnel en la frontera entre Rusia y Georgia y los georgianos nos dijeron que temían que los rusos se disponían a entrar y atacar a Georgia", afirmó el Secretario de Estado adjunto para Europa Daniel Fried.
Fried afirmó que la conclusión de que Rusia invadió a Georgia se basa únicamente en informaciones suministradas por la parte georgiana y que hasta el momento, no hay fuentes independientes que puedan confirmar o desmentir esa información.
El diplomático informó a los congresistas de que la Casa Blanca "en varias ocasiones y de forma inequívoca" advirtió a Georgia de emprender acciones de guerra contra Rusia y no pudo responder por qué las autoridades de ese país optaron por la guerra a pesar de las advertencias de EEUU.
"Considero que esa pregunta la deben responder los georgianos", dijo Fried al resaltar que a pesar de todo, la administración Bush considera que EEUU debe apoyar a Georgia.
"No responde a nuestros intereses que Georgia sea aplastada, a pesar de que ahora consideremos que hizo algo equivocado. Queremos que Georgia recupere su rostro ante esa presión porque consideramos que se trata de una buena inversión", dijo el diplomático estadounidense.

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El Tipchak ruso

Ejército ruso será dotado de nuevos aviones no tripulados
20:43
Cable de la agencia RIA Novosti
10/ 09/ 200

Moscú, 10 de septiembre, RIA Novosti. El Ejército ruso incorporará en sus arsenales aviones no tripulados de nueva generación "Tipchak", comunicó hoy Vladímir Verba, director del consorcio "Vega" que produce aparatos aéreos no tripulados.
"El Ministerio de Defensa de Rusia nos encargó una partida de aviones no tripulados de nueva generación 'Tipchak' para completar los arsenales del Ejército", comunicó Verba.
"Varias decenas de esos aparatos serán entregadas en los próximos años, mientras que la primera muestra fabricada en serie se entregará en 2008", precisó.
El avión no tripulado "Tipchak" es destinado para cumplir misiones de reconocimiento de día o de noche en interés de instituciones armadas. Es capaz de buscar, detectar, identificar y determinar las coordenadas de los objetivos en tiempo real a distancias de hasta 40 kilómetros del puesto de mando.
Puede volar sobre el mar a alturas de entre 200 metros y tres kilómetros, y a velocidades de 90 a 200 kilómetros por hora. Su peso al despegue no supera 50 kilogramos y la autonomía de vuelo alcanza dos horas.

ERA AFI!

Columna BAJO RESERVA

El Universal, 10 de septiembre de 2008;

La PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal en el filo de las medias verdades
El caso de la policía federal Lorena González Hernández, acusada de la logística para el secuestro de Fernando Martí, ha colocado en el filo de las medias verdades a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública federal. Las autoridades del DF han dicho que ella organizó el retén policiaco falso para detener el auto en el que viajaba el joven asesinado. Desde principios de agosto, la Procuraduría capitalina trabajaba sobre una hipótesis: hubo federales en el plagio, debido a la cobertura de su actuación. Por supuesto, la PGR y la SPP federal hicieron todo lo posible para desacreditar la versión. Hoy hacen lo mismo: ella dejó la AFI a finales de 2007 y buscaba su ingreso en la Policía Federal. ¿Y qué hizo durante ocho meses? Secuestrar, según el gobierno del DF. ¿Y qué hicieron las autoridades federales? Sacudirse el problema y nadie ha mostrado la baja de González Hernández.
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Estaba adscrita al área de Coordinación de Inteligencia
La operadora de La Flor era policía activa en SSP federal
Aunque el subsecretario Facundo Rosas desestimó la versión, documentos en poder de este diario prueban que Lorena González era subinspectora al momento del plagio del joven Fernando Martí.
Publicado en Milenio, 10-Septiembre-08;

Lorena González Hernández, la mujer que presuntamente ideó e instaló el falso retén para secuestrar al joven Fernando Martí el pasado 5 de junio, ocupaba un cargo de subinspectora y estaba adscrita al área de Coordinación de Inteligencia para la Prevención, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Su función principal era la investigación de ilícitos.
La mujer estudió la licenciatura en negocios internacionales en el IPN (carrera que finalizó) y estuvo en la Agencia Federal de Investigación (AFI) hasta fines de 2007, donde tenía un sueldo de 40 mil pesos.
Fue la propia dependencia federal la que detuvo a González Hernández y la entregó a la PGJDF una vez que fue reconocida por el escolta de la familia Martí, Cristhian Salomón Flores, quien ratificó su declaración ante el Ministerio Público del fuero común como parte de la indagatoria que se sigue para dar con los integrantes de la banda de La Flor, responsable del plagio del joven de 14 años.
Cuestionado sobre el caso, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP federal, Facundo Rosas, señaló lo contrario. Si bien aceptó que la operadora de la banda perteneció a la AFI y estuvo adscrita a la Interpol, manifestó que estaba en el proceso de evaluación de confianza para ingresar a la Policía Federal.
“Respecto a Lorena González Hernández, debo precisar que esta persona tenía antecedentes en la extinta Policía Judicial Federal; de ahí pasó a la AFI, donde colaboró en el área de Interpol. Ahí trabajó hasta finales de 2007, cuando inicia sus trámites para ingresar a la Policía Federal.
“En ese estatus se encuentra: estaba realizando trámites para ingresar a la Policía Federal; estaba en proceso de evaluación del control de confianza. Recuerda que estamos en la transición, estamos a la espera de la ley que se ha propuesto al Congreso y entonces estaremos en condiciones de precisar quiénes están dentro de la Policía Federal y quiénes quedarían en la AFI.”
—¿La mujer estaba en activo al momento de su captura?
—Estaba en las instalaciones, estaba haciendo sus trámites, como ya había contestado. Estaba en esa etapa, estaba en su proceso de evaluación del control de confianza. Hasta que terminen todas las baterías puede decirse que ya es parte de la estructura.
Datos de la operadora
En información proporcionada por autoridades federales se refiere que el puesto que ocupaba González Hernández en la SSP federal era el de subinspectora, adscrita al área de Coordinación de Inteligencia para la Prevención.
Es propietaria de un terreno de 153 metros cuadrados, cuyo valor asciende a 700 mil pesos, y hasta la fecha de su declaración patrimonial (mayo de 2008) tenía 188 mil 707 pesos en su cuenta bancaria.
En su declaración de 2007, cuando todavía pertenecía a la PGR, donde fue subdirectora de área, se refiere que vivía en unión libre y tenía 105 mil pesos en su cuenta de banco.
Implicados
La detención de Sergio Humberto Ortiz Juárez, supuesto líder de La Flor, se dio a partir de una denuncia anónima, al parecer de sus cómplices, quienes les dispararon en tres ocasiones en agosto pasado y denunciaron luego que estaba internado en un hospital del IMSS ubicado en la delegación Tlalpan.
Hasta ahora están detenidos seis personas por este caso. El propio Ortiz Juárez, Lorena González Hernandez, los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, Marco Antonio Romero y el comandante José Luis Romero Ángel.
México/Rubén Mosso

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Se confirma que lideraba la banda de secuestradores
Video incrimina a Sergio Ortiz
La grabación muestra el abuso sexual contra la víctima, quien sufrió mutilaciones y finalmente fue decapitada, lo que refleja el perfil del ex comandante.
10-Septiembre-08
Las autoridades capitalinas tiene una prueba clave para incriminar a Sergio Humberto Ortiz Juárez como presunto líder de La Flor: un video tomado a una mujer en cautiverio, por la que exigieron 5 millones de dólares, pero fue ejecutada y tirada el año pasado en Xochimilco.
Autoridades del grupo de Inteligencia local revelaron que el video se grabó por órdenes de Ortiz Juárez como “prueba de vida” para presionar al esposo por el pago del rescate.
La grabación muestra el abuso sexual contra la víctima, quien sufrió mutilaciones y finalmente fue decapitada, lo que refleja el perfil del ex comandante.
Además se supo que el sospechoso es dueño de un hotel en Cancún, Quintana Roo, de negocios en el Aeropuerto Internacional del DF, de plazas comerciales y residencias en diversas entidades.
De acuerdo con la investigación, Ortiz Juárez acumuló una fortuna producto de sus secuestros. A pesar de que pedía elevadas sumas, alardeaba que “se pagara o no se pagara” la víctima debía morir.
Por separado, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, el testigo protegido del caso Martí afirmó que reconoce a Lorena González Hernández como la persona que los detuvo el 4 de junio pasado. “Llevaba lentes y gorra, y la reconozco plenamente”, dijo.
Es chivo expiatorio: su hijo
Sergio Humberto Ortiz Juárez, presunto líder de La Flor, es un chivo expiatorio de la PGJDF para dar una salida a las investigaciones por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Su hijo Sergio Ortiz Toriello, afirmó en entrevista radiofónica con León Krauze que las acusaciones contra su padre son falsas.
Refirió que desde hace 17 años su padre se retiró de la policía y se dedicó a formar su hogar, e indicó que sus actividades incluyen realizar ejercicio en clubes del ISSSTE o del IMSS.
Confirmó que Ortiz Juárez recibió balazos en cuello, brazo y pulmón. “Uno le rompió la columna y si sobrevive no sentiría del cuello para abajo; no ha dicho palabras porque está conectado a un respirador, era parte del plan. Si moría mi papá todo estaba arreglado: ahí está el cabecilla de la banda”. Señaló que reside en Cancún y que es terapeuta.
México/Ignacio Alzaga/Redacción