Versión estenográfica de la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, correspondiente al Análisis del Tercer Informe de Gobierno
11.13 horas del jueves 17 de septiembre de 2009
Presidieron los Dips Francisco Javier Ramírez Acuña, Felipe Solís Acero y Jesús Zambrano Grijalva.
Presentes 330 diputados; comparecencia de más de seis horas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña De conformidad con lo establecido en el numeral 4, del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco regulado por los artículo 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo el análisis del Tercer Informe de Gobierno en materia de política interior.
Se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el señor licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación. Se designa en comisión para recibirlo e introducirlo a este recinto a los siguientes diputados: diputada Graciela Ortiz González, diputada Adriana Fuentes Cortés, diputada Sonia Mendoza Díaz, diputado Pablo Escudero Morales y diputado Roberto Pérez de Alva Blanco.
Les pido, señoras diputadas y señores diputados, cumplan con la encomienda.
(La comisión cumple su cometido)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pide a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo parlamentario aprobado en la sesión del 10 de septiembre de 2009 por la Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para esta comparecencia.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente
Acuerdo (se lee).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. El señor diputado Jaime Cárdenas. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas García (desde la curul): Perdone que insista, señor presidente. Para rectificación de hechos, porque es importante?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Estamos sujetos, señor diputado, al acuerdo parlamentario que fue aprobado ya por el pleno de esta asamblea, y en los términos, en este caso, del artículo 69 de la Constitución. Por tanto le ruego, señor diputado, continuemos. Dígame, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas García (desde la curul): Es importante que al momento de tomarle protesta al licenciado Gómez Mont, que tenga la consecuencia jurídica la protesta, porque no solamente es que rinda protesta o bajo protesta, sino debe establecerse la consecuencia.
Usted le debe advertir de comportarse con verdad, de rendir su informe conforme a la verdad, para no mentir ni engañar a esta soberanía ni al pueblo de México, y además debe ser advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, en los términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal. Esa precisión solamente, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, señor diputado, pero estamos dentro del marco repito que fue aprobado por esta asamblea, y en los términos del artículo 69. Además, la preparación académica y conocimiento del derecho que tiene el señor secretario de Gobernación, sabe de los alcances en los que es aplicable. Le pido tome asiento, por favor, y vamos a continuar con respeto señor diputado.
Sea usted bienvenido, señor licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación. Hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, pido a usted, señor licenciado Gómez-Mont, secretario de Gobernación, ponerse de pie.
Ciudadano Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación, en términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados, a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ramo de su competencia?
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Para dar cumplimiento al punto tercero, fracción I del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, tiene la palabra el licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación, hasta por 10 minutos.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia, presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, el avance de la democracia y la desconcentración del poder en México han abierto espacios para la existencia, sobre todo para el encuentro de posturas disímiles entre los actores sociales y políticos.
Durante más de 10 años de la convivencia entre el Poder Ejecutivo y legislaturas en las que ningún partido político ha tenido una mayoría absoluta, hemos aprendido a valorar el respeto y la negociación como mecanismos de gobierno.
El equilibrio de poderes brinda la posibilidad y, al mismo tiempo, la obligación de establecer canales de comunicación que permitan el debate, la vigilancia y la rendición de cuentas, que son elementos esenciales de todo sistema democrático.
En este contexto, hoy comparezco a dar cuenta de las acciones que realizamos para abonar a un proyecto nacional en el que creemos como personas y para el que trabajamos como servidores públicos. Por supuesto, también me presento a escuchar la opinión de quienes creen que debemos o podemos hacerlo de una manera distinta y a ratificar la plena disposición al diálogo y la apertura a la crítica.
Recordemos siempre que es en la vida diaria de los ciudadanos en donde el éxito de la política encuentra medida y dimensión. No cabe duda de que como servidores públicos seremos juzgados, tanto por nuestra capacidad de llegar a acuerdos, como por nuestra incapacidad para construirlos.
La Secretaría de Gobernación tiene la tarea fundamental de garantizar la gobernabilidad democrática, propiciando para ello el debate y la coincidencia entre los distintos actores políticos y sociales, y fortaleciendo el marco institucional que rige a nuestro país. En ese contexto, la secretaría trabaja con esmero para garantizar la solidez de las instituciones que velan por la libertad, el desarrollo y la seguridad de nuestra población.
La legislatura pasada aprobó la reforma al sistema de justicia penal. Esta reforma responde a la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad de la sociedad y su acceso oportuno a la justicia. Esta reforma establece mejores mecanismos de coordinación entre todas las instancias involucradas en la prevención, procuración y administración de justicia del país e introduce mejoras a los procedimientos penales volviéndolos más transparentes y sensibles a las víctimas.
De igual relevancia es el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como en otros ámbitos del quehacer gubernamental, en seguridad pública la coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para depurar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad, desarrollar una infraestructura tecnológica informática de vanguardia e instrumentar estrategias más asertivas de prevención del delito y de participación ciudadana.
Hoy el reto pendiente que se nos plantea es fortalecer las capacidades de las policías más cercanas a la comunidad. Urge encontrar los esquemas organizativos para abatir los índices delictivos en materias como la extorsión, el secuestro y los ataques a la integridad de las personas. En esta tarea es imprescindible la participación de una sociedad que, con razón, exige más de sus gobiernos. De ahí la importancia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Entender la seguridad en sus múltiples dimensiones: como derecho, como garantía, como vivencia y sensación cotidianas, ha significado protegerlo de lo que constituye una amenaza para su preservación. El Estado no puede ni debe abdicar a su responsabilidad de garantizar que el monopolio de la fuerza esté subordinado a autoridades libres y legalmente electas. Sólo así habrá certidumbre de que, como ciudadanos, podremos ejercer nuestras libertades fundamentales en todo momento.
Confrontar a las redes de la delincuencia organizada es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar este fin. La solidaridad, la cohesión social, la creación de más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes son todas tareas que deben cumplirse a la par de la contención de la violencia que genera el crimen organizado.
En el Ejecutivo federal estamos plenamente conscientes de que la lucha por la seguridad ciudadana está en una etapa marcada por costos humanos significativos; por esto no hay cabida para actitudes triunfalistas, pero tampoco hay cabida para la ambigüedad del Estado frente a lo que hoy constituye una amenaza para nuestras instituciones y para la ciudadanía.
Por mandato legal y por convicción democrática toda acción de la autoridad debe ser escrupulosamente respetuosa del derecho humano, y ajena a toda forma de discriminación. Por primera vez hoy existe un Programa Nacional de Derechos Humanos en que su Comisión de Política Gubernamental se recupera como mecanismo de diálogo y seguimiento para permiar a todas las políticas públicas del gobierno federal.
En este orden de ideas, el Estado mexicano ha comparecido ante diversas instancias internacionales para nutrirse de la observación de otros países y consolidado su compromiso en la materia. A su vez, el Estado mexicano vive hoy con especial intensidad el fenómeno migratorio. En efecto, nuestro país es origen, destino y espacio de tránsito de quienes con la migración buscan un futuro mejor, y de quienes por su condición constituyen un grupo especialmente vulnerable.
Nuestra política migratoria parte de un principio básico de congruencia entre el trato que debemos garantizar a quien llega a nuestro país y el que debemos exigir para nuestros connacionales en el extranjero.
Por ello, la Secretaría de Gobernación despliega su acción en torno a promover y proteger los derechos de todo migrante, la modernización de la infraestructura, procesos y personal de nuestro sistema migratorio, y la transformación de nuestras fronteras en espacios más seguros y más propicios para el desarrollo económico y social.
Por otra parte, la apropiación de nuestros derechos como población pasa por el ejercicio del derecho a la identidad. Actualmente en México no existe un mecanismo que nos garantice que todo individuo ejerce de manera plena y exclusiva su identidad jurídica.
La cédula de identidad es la respuesta para subsanar esta carencia. Este instrumento es un proyecto de futuro que hará más fuerte a nuestro país, generará ahorros en los programas fundamentales de los tres órdenes de gobierno, y aumentará en general la eficiencia y la productividad de nuestra economía.
Es por ello que trabajamos con los gobiernos estatales y sus registros civiles, para robustecer la base de datos. A la fecha se han certificado 85 millones de claves CURP con las actas de nacimiento digitalizadas y seguimos trabajando para certificar de esta manera todas las claves emitidas.
En materia de protección civil, la frecuencia y gravedad de los embates de la naturaleza en tiempos recientes ha probado la importancia de esta política y de sistemas oportunos y eficaces.
Durante este último año el sistema nacional ha atendido 25 declaratorias de desastre natural, beneficiando con más de 8 mil millones de pesos a 212 municipios en 12 estados de la república.
En el contexto de una sociedad más consciente de sus necesidades sociales y sus derechos políticos, la Secretaría de Gobernación debe ser un factor decisivo en la construcción de la gobernabilidad democrática.
El pasado proceso electoral federal, junto con los comicios celebrados en 11 entidades federativas fueron pruebas de la solidez de nuestras instituciones electorales. Más importante aún, reflejaron la decisión de los ciudadanos de canalizar sus insatisfacciones, preferencias y demandas por la vía institucional y con reglas previamente concertadas. Éste es un hecho que todos debemos reconocer.
Es por ello que en el marco de sus atribuciones la Secretaría de Gobernación colaboró activamente con los organismos electorales en estos procesos. Asimismo, durante el periodo que reportamos, la Secretaría atendió y participó en la solución de 126 conflictos sociales para construir la gobernabilidad democrática.
En esta tarea la pauta de la dependencia a mi cargo ha sido y seguirá siendo el diálogo sin más límites que el establecido por nuestro propio marco legal y por el respeto de derechos de terceros.
Las organizaciones de la sociedad civil, activas y responsables, nutren a toda democracia moderna. Por ello mantenemos un diálogo constante basado en los principios de transparencia y corresponsabilidad.
Señoras diputadas y señores diputados, el piso de la democracia es el estado de derecho, para fortalecerlo requerimos modernizar nuestra legislación en materia de garantías individuales, perfeccionando el juicio de amparo para que se protejan efectivamente los derechos y se eviten los abusos. Que sea una vía efectiva frente a las violaciones de la autoridad y deje de ser un instrumento al alcance de pocos.
La construcción de la ciudadanía implica empoderarla con vías directas que le permitan lograr la tutela de sus propios intereses de manera individual o colectiva. Por ello, nos comprometemos a participar frente y con ustedes, a un análisis responsable en materia de acciones colectivas.
Estamos convencidos de que es tiempo de plantear y discutir una reforma política que acerque el gobierno a los ciudadanos y que haga más productiva la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para acercar al gobierno y a la ciudadanía el Ejecutivo federal no sólo está dispuesto, sino que considera indispensable zanjar en los tiempos de esta legislatura la discusión sobre los mecanismos de democracias directas como el plebiscito, el referéndum y la reelección consecutivas de legisladores y ayuntamientos.
Plantear una nueva dinámica entre Ejecutivo y Legislativo requiere debatir con apertura, pero en estos tiempos, sobre las competencias del Legislativo en la composición de gobierno, la ratificación de funcionarios y el número adecuado de legisladores.
También es necesario garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en las administraciones estatales y municipales, así como fortalecer la autonomía de los poderes judiciales de las entidades de nuestro país.
La búsqueda por una mejor gobernabilidad democrática exige analizar si la segunda vuelta es un mecanismo conveniente para consolidar la legitimación política de nuestro país.
Señoras diputadas y señores diputados, sería irresponsable ignorar la complejidad y dimensión de los problemas que nuestro país enfrenta: retomar el crecimiento en la economía sobre una senda de mayor equidad y justicia social, reformar nuestra institucionalidad política en beneficio de la ciudadanía y recuperar la plena seguridad de la sociedad son imperativos inaplazables.
No rehuyamos a la oposición respetuosa de ideas, es sólo mediante el dialogo y el cuestionamiento que podemos garantizar un análisis profundo y serio de las propuestas que afectarán la vida de todos los mexicanos. Pero, tampoco rehuyamos el acuerdo a la tolerancia, a la aceptación. El país no tiene tiempo ni ganas de ser testigo de luchas mezquinas sólo por poder o reconocimiento. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Para dar cumplimiento al punto tercero, fracción I del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes legisladores:
Diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; diputado Vázquez Aguilar Jaime Arturo, de Nueva Alianza; Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; y diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, tiene la palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia, hasta por 10 minutos.
El diputado Jaime Álvarez Cisneros (Convergencia): Con su permiso, señor diputado presidente; compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Señor secretario, la atención oportuna e inmediata de los asuntos de la política interior es definitoria para el rumbo del país. Por eso, hoy como representantes de la sociedad, debemos analizar a consciencia un tema central para la conducción de la nación, que es la viabilidad del actual sistema político mexicano.
En el balance que manera sería han realizado instituciones diversas en materia política, ubican a nuestro país inmerso en una situación de niveles de inestabilidad graves; incluso, superiores a países de que manera tradicional se han desenvuelto en un contexto de efervescencia.
Se ha mencionado que México es un Estado fallido. No sólo vivimos y sufrimos una crisis económica de enormes dimensiones, también vivimos, entre otras, una crisis de seguridad, de gobernabilidad y de legitimidad del gobierno en turno.
El actual gobierno federal se esfuerza en cumplir con su deber constitucional de mantener el orden y la paz social a través de una guerra frontal contra la delincuencia organizada.
No obstante ello, se ha puesto en evidencia la capacidad del Estado para combatir a estos grupos delictivos, pues esta guerra se está perdiendo en los hechos, quebrantando la solidez del propio Estado.
Se aprecia en la conducción política de la nación una falta de rumbo y de interés por fortalecer nuestro régimen democrático.
Desde el 2000 hasta la fecha la alternancia política sólo ha servido para fomentar y fortalecer complicidades. El balance del cambio ha resultado francamente desastroso.
Para los esquemas de participación ciudadana se han acotado sus ámbitos de operatividad y se han afectado los derechos políticos de los ciudadanos.
Es increíble que en países en vías de crecimiento, con menores condiciones de competitividad y desarrollo, tengan sistemas políticos más consolidados y de mayor credibilidad ante la gente.
No es posible que figuras como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato sigan siendo un anhelo para la sociedad nacional.
Resulta oportuno saber, señor secretario, en el tiempo que lleva al frente de esta secretaría, ¿qué ha hecho el gobierno actual para dar sustento a la unidad nacional, para preservar la cohesión social y para fortalecer las instituciones del gobierno?
Basta mencionar que tan sólo en el presente año los primeros mil muertos por hechos violentos se alcanzaron en los primeros 51 días, los mil siguientes en 59 días y el último millar en 58 días, dando un record superior a las 3 mil ejecuciones en sólo 168 días. El parte de guerra, señor secretario, es cada vez más desolador.
Entre las indefiniciones y titubeos del gobierno federal en la conducción del país, México se enfrenta a problemas internos crecientes, con una sociedad polarizada. Poco a poco la realidad actual ha ido separando y alejando a la sociedad del poder público.
El rompimiento social está cada día más presente. Esto ha provocado una crisis de legitimidad y el debilitamiento del Estado de derecho al que todo régimen democrático debe aspirar.
En el pasado las circunstancias políticas, económicas y sociales nos fueron enseñando que para reformar el Estado mexicano no sólo se necesitaba de una reforma constitucional, aunque sea la vía idónea para lograr esa transformación; sino que requerimos de un proceso de adecuación permanente dentro de los órganos del Estado y de la propia sociedad.
En este sentido, ante una sociedad más participativa, con una autoridad deslegitimada y, en general, con todo el poder político institucional con un severo desgaste, tenemos el reto de transformar la gestión pública y la relación política entre la sociedad y el Estado, para que, luego de una reforma de gran envergadura, sin duda, necesitaremos alcanzar los acuerdos suficientes que permitan modificar las leyes relativas al ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos y al ejercicio de los poderes en que interviene el Estado.
¿Por qué es urgente una reforma del Estado? Porque involucra una reforma política que garantice la gobernabilidad; es decir, tenemos que adecuar las instituciones políticas, establecer mecanismos de responsabilidad política y administrativa ante la sociedad, instrumentar la capacidad de demanda social y la respuesta gubernamental y, en general, cambiar los términos de nuestro pacto social.
Igualmente tenemos que hacer que los partidos políticos respondan a los intereses nacionales. Debemos modificar nuestras normas electorales para lograr la formación de gobiernos representativos y democráticos.
Por tal motivo es oportuno llamar a la convocatoria, a la instalación de una Mesa para la reforma del Estado y la gobernabilidad de México, en donde participen todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, investigadores, académicos y todos los que tengan algo que aportar, y así, pueda impulsarse una discusión amplia del régimen político nacional, sus fortalezas, sus debilidades, y poder instrumentar una reorientación significativa e integral, vista desde una perspectiva amplia y poderle dar a la sociedad nacional un régimen político moderno, eficiente y que dé resultados.
Hablemos de darnos nuevas reglas e instituciones democráticas, incluso un nuevo régimen jurídico del poder político.
En Convergencia tenemos la convicción de que las actuales instituciones están diseñadas para garantizar los intereses de los grupos que detentan el poder político, esto es, la partidocracia, las burocracias federales y estatales.
No existe compromiso con el país cuando los grupos económicos y políticos están más interesados en satisfacer sus intereses que en generar un desarrollo incluyente para todos los mexicanos.
Tenemos que dejar de concebir el poder público como el instrumento idóneo para perpetuar los privilegios. Una reforma del Estado como la que planteamos debe revertir esta situación, colocando al ciudadano como el objetivo central de la acción del Estado. Necesitamos más sociedad y menos gobierno, pero un gobierno que haga valer las garantías constitucionales, respete los derechos humanos, instaure y defienda los derechos sociales y promueva un desarrollo económico incluyente y sustentable.
Señor secretario, necesitamos de usted un papel más activo, con voluntad política para alcanzar los acuerdos, que fortalezca los puentes de comunicación del Ejecutivo federal con los poderes del Estado, que establezca un diálogo respetuoso con la sociedad civil y la sociedad organizada, que implemente una política de respeto a los derechos humanos y que en general ese activismo redunde en resultados concretos que alejen de la sociedad la idea de un poder político débil y ajeno a sus intereses.
No debemos aplazar reformas progresistas y de vanguardia por temor al desgaste. Hay figuras muy bien acreditadas en muchas democracias modernas que dan eficiencia al hacer y al quehacer político.
Es oportuno discutir la reelección de los diputados y senadores, ampliar el periodo de los presidentes municipales e incluso su reelección. Habrá que revisar la figura del jefe de gabinete. Debemos preguntarnos: ¿fue positiva la reforma electoral del 2007? ¿No es antidemocrática y coarta la libertad de expresión? ¿Qué está pasando con la expectativa de la sociedad civil respecto de las candidaturas independientes o ciudadanas?
Tenemos que convertir la reforma del Estado en una alternativa para impulsar al país, procurando el bienestar y el orden y en donde las autoridades de los distintos niveles de gobierno y poderes públicos actúen con transparencia y rendición de cuentas. Que no haya espacio para la corrupción. No debemos perder de vista que el gobierno responsable y con compromiso es la base y sustento de un régimen democrático.
Todos somos necesarios. Las mayorías deciden, las minorías damos la legitimidad. Todos tenemos una misión en esta Legislatura y una representatividad. La pluralidad es un elemento que fortalece los sistemas democráticos en el mundo. No puede haber más poderes dentro del Estado que los que constitucionalmente nos hemos dado.
Todos debemos rendir cuentas, todos tenemos un mandato que cumplir, tenemos que enfrentar nuestras adversidades con decisión, con visión, con claridad de miras y con manifiesto compromiso con la sociedad para darle un nuevo rumbo a México. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (PANAL): Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Licenciado Fernando Gómez Mont, bienvenido a este recinto en el cual está expresada la pluralidad de la nación.
Corresponde al Poder Legislativo evaluar al Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones y es en el ejercicio de este mandato que esperamos nos aclare una primera contradicción.
En el documento que contiene el informe realizado por la Secretaría de Gobernación nos mencionan avances, logros y aciertos que esbozan la imagen de un país en orden; sin embargo, el presidente de la república en el mensaje que da a la nación el 2 de septiembre, nos convoca a impulsar un cambio de fondo, convocatoria que parece partir del reconocimiento de que la estrategia inicial ya es inviable.
El presidente reconoció ante el país que sus conquistas son insuficientes y que los logros palidecen frente a las adversidades.
Díganos, señor secretario, a cuál de los mensajes debemos de atender, ¿al que nos dice que todo está en orden o al que nos llama a una profunda transformación de México?
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, como una oposición responsable, constructiva y propositiva, estamos convencidos de que es momento de hacer de lado las diferencias y sumar esfuerzos para hacer realidad una transformación de fondo, que dé a nuestro país los instrumentos y medios para su desarrollo.
Estamos convencidos que la actividad pública debe girar en torno a las necesidades y los anhelos de las personas. Colocar al ciudadano como eje principal de la política es nuestro objetivo, esto requiere el fortalecimiento de las organizaciones cívicas y políticas debido a que éstas ayudan a crear instituciones estables, con base amplia y bien organizada, a efecto de conformar el cimiento de una cultura cívica activa y preocupada en la transparencia y la vigilancia de los asuntos públicos.
Debemos, entre todos, rescatar la actividad política y fortalecer la democracia. Es fundamental impulsar la participación de la mayoría de los ciudadanos, sea en forma directa o indirecta en las decisiones colectivas.
Cuando se gobierna, señor secretario, lo que se pone en juego es un proyecto de conducción política del Estado y la sociedad, que incluye dimensiones culturales, económicas y sociales para devolver certidumbre.
Gobernar con responsabilidad significa cumplir con los compromisos y consolidar la eficacia gubernamental y alcanzar niveles aceptables de bienestar. Es imperativo recuperar la confianza de la sociedad, que es la base social de un buen gobierno.
México vive una crisis de inseguridad; sin embargo, como grupo parlamentario, reconocemos el esfuerzo del presidente de la república y del Ejército Mexicano, por la valentía con que han emprendido su lucha contra el crimen organizado.
Necesitamos consolidar un Estado que ejerza el poder en beneficio de la ciudadanía, que preserve el orden público, la libertad e igualdad entre los individuos; que preste bienes y servicios de calidad; pero sobre todo, que garantice y salvaguarde la seguridad y el patrimonio de las personas.
La crisis del Estado mexicano es seria y los riesgos que corremos si el gobierno fracasa son enormes. Nuestro compromiso, como grupo parlamentario, es apoyar las acciones políticas que tengan como fin fortalecer el Estado en su esfuerzo por responder a las demandas de la sociedad; pero, como oposición, estamos obligados a señalar de manera puntual y enérgica sus errores.
Como parte de este compromiso nos preocupa la situación que enfrentan quienes ejercen el periodismo. Agresiones, asesinatos y desapariciones de periodistas han sido parte de nuestra realidad en México.
En los últimos 8 años por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados, 8 más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidades o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de estas agresiones se mantienen impunes, fenómeno que genera un clima generalizado de autocensura.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares más importantes de una sociedad democrática, permitir que esté coaccionada atenta contra uno de los derechos fundamentales de los mexicanos: el derecho a la información y a la manifestación de las ideas.
Vivimos en una democracia y rechazamos el uso de la violencia como herramienta política para acallar las voces de quienes tienen opiniones contrapuestas.
La migración constituye un fenómeno en sí doloroso; separa familias, desarraiga al individuo y significa que quienes se ven obligados a emigrar deben enfrentar el adaptarse a una nueva cultura, idioma y costumbres para regresar, quizá posteriormente a México, con las manos vacías.
A esto tenemos que sumarle que los migrantes sean víctimas de la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades migratorias mexicanas. En la última década, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, y organismos internacionales como Human Rights, han emitido diversas recomendaciones que no han sido atendidas y continúan vigentes.
Insistimos en la necesidad de reformar la Ley General de Población y su reglamento, a fin de garantizar que en todo procedimiento migratorio se respeten los derechos humanos de los migrantes.
Es una triste realidad, pero en materia de derechos humanos el Estado mexicano no ha mostrado capacidad ni voluntad de hacer efectivo su pleno respeto. De igual manera, el combate a la piratería y al contrabando no tiene resultados del todo satisfactorios, lo que ha generado grandes pérdidas para nuestra economía.
Señor secretario, el gobierno de la ley supone la existencia de una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo un verdadero ciudadano. Las sociedades con larga tradición democrática han aprendido el respeto a la legalidad en su propia experiencia histórica, pero aun así han tenido que consolidar este aprendizaje por conducto de sus instituciones educativas.
El respeto a las leyes no es un efecto mecánico; es resultado de una educación cívica responsable y consciente, que conduce a los ciudadanos a asumir las leyes como algo propio.
Con una sociedad más educada se promueve una cultura democrática, más tolerante, crítica y participativa. Una sociedad educada exigirá a sus gobiernos cuentas claras y resultados. Una sociedad educada ejercerá un voto más informado. Una sociedad educada fortalecerá nuestras instituciones y la democracia.
La gobernabilidad exige la inclusión de las mayorías y minorías en la construcción de acuerdos y soluciones, ya que las políticas se construyen con base en el diálogo y el respeto entre todas las partes. La cooperación es la clave para promover una democracia efectiva y eficiente.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que los consensos amplios entre los actores del Estado son fundamentales para lograr acciones perdurables que nos permitan avanzar hacia una mejor sociedad.
La gobernabilidad también pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad. Sólo con el crecimiento económico sustentable y la aplicación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios básicos podemos dar pasos firmes para superar este rezago social.
El buen ejercicio de la política interior fortalece la gobernabilidad y el estado de derecho. Es nuestro deber decirle, señor secretario, que las bases en las que se sostiene nuestro entramado institucional no resistirán si no tomamos acciones efectivas y si no entendemos que la sociedad está cansada de discursos y clama por soluciones.
Es nuestro deber darle cabida a todas las voces de esta nación para que juntos alcancemos el México que todos deseamos y un sano equilibrio entre Estado, gobierno y sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Secretario del gobierno usurpador, el pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Cevallos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado, y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada.
Ayer, simplemente, recibimos la noticia de que habían sido asesinadas 10 personas, 3 heridos en un centro de rehabilitación de Chihuahua. Apenas el 2 de septiembre, 17 jóvenes fueron literalmente fusilados en otro centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua.
No es excepción, es una constante: descabezados, secuestros, asesinatos políticos, y de todo eso el secretario del gobierno de facto no dice absolutamente nada.
El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos básicas: el que ustedes se hayan robado la Presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud.
Yo sé que, panistas, les molesta que les diga que se robaron la Presidencia, pero se la robaron. Ya ni nosotros nos enojamos de que nos la robaron, así es que tranquilos. Escuchen.
El pasado 5 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que por 14 millones, 916 mil 927 votos tenía Calderón, por 14 millones, 683 mil 96 votos para Andrés Manuel López Obrador. La fuente es el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví.
El propio Ugalde reconoce en el citado libro: "López Obrador tenía una responsabilidad como candidato, que obtuvo 15 millones de votos y que representaba para muchos la oportunidad de una vida mejor", página 288.
Luis Carlos Ugalde reconoce 15 millones de votos, que son más de los que se le reconocen a Calderón. Así es que le traicionó el subconsciente a Luis Carlos Ugalde y reconoce que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia.
Pero dice más: "Cuando concluyó la ceremonia ¿y se refiere a cuando se entregó la constancia de mayoría?, nos condujeron a nuestros vehículos por el estacionamiento de atrás. Habíamos entrado por atrás y saldríamos por atrás. Calderón había llegado en helicóptero y se marcharía por aire. La democracia mexicana certificaba la elección de 2006 en un bunquer".
Luego dice algunas necedades: "Eso no era una buena noticia para el futuro de México. Salí triste y preocupado, había salvado mi integridad física esa tarde, pero el sabor que me quedó no era bueno. Algo sabía mal".
Luis Carlos Ugalde reconoce la polarización, el envenenamiento, el clasismo, el racismo que sembraron para tratar de ganar la Presidencia y ni así la ganaron. Es parte de la explicación de la descomposición actual del país, es parte de la polarización que se vive; es parte de la imposibilidad de encontrar un punto de conciliación hasta este momento.
Qué nos ofrecieron cuando nosotros exigíamos el recuento "voto por voto y casilla por casilla", que le hubiera dado estabilidad al país; nos ofrecieron cargos, nos ofrecieron dinero, nos ofrecieron hacer suyo nuestro programa social, y aquí hay, en la bancada del PAN, testigos de primera calidad que no me dejarán mentir que así fue.
Por otra parte, en cuanto a la pública incapacidad del gobierno usurpador, están todos los datos: está militarizado el país, más de 40 mil efectivos en todo el territorio nacional, porque desde un principio en Los Pinos el crimen desorganizado quiso enfrentar al crimen organizado y ha perdido todas las batallas, como consta en todos los medios de comunicación.
Pero como su jefe es Gabino Barreda y no entiende razones y anda en la borrachera, insiste en que van ganando la lucha contra el narcotráfico, insiste en que estamos en calderolandia y vivimos en la felicidad. El propio secretario del gobierno de facto acaba de decir que hay avances democráticos cuando vivimos el peor retroceso democrático que hay en la vida del país.
Voy a dar algunos datos. Caída del producto interno bruto, 10.3 por ciento. La tasa de desocupación aumentó en 6.1 por ciento. La cifra del indicador global de actividad económica pasó de 0.9 a menos 8.1. La crisis económica es de tal tamaño que la pobreza alimentaria se incrementó en 18.2 por ciento.
7.5 por ciento cayó el consumo en el primer trimestre de 2009 y la canasta básica se incrementó en 14 por ciento. 19.5 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria, y todavía así quieren subir impuestos: 2 por ciento de IVA a alimentos y medicinas; de 28 a 30 el impuesto sobre la renta; aumentar el gas, la gasolina y la luz.
No tienen vergüenza, la verdad sea dicha, y todavía se pregunta, se podrá preguntar el secretario del gobierno de facto: ¿yo qué, si no soy el secretario de Hacienda? Es que ésa es parte de la explicación de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que hay en el país; pero por lo que vemos, tampoco está muy claro que sea el secretario de Gobernación.
"Les estamos esperando" ¿retó a la familia?. Y yo le pregunto, secretario del gobierno de facto, ¿con los pantalones de quién? ¿Con los de la PFP o con los del Ejército? Porque los de usted, francamente no alcanzan, secretario.
Con mucho respeto lo estoy tratando. No tengo la culpa de su incapacidad. Tenemos aquí el informe que envió Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dice en su presentación: "Estado de derecho y seguridad. El gobierno federal ha mantenido y continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el estado de derecho ?percibimos un estado de chueco? y garantizar la seguridad pública". Pero ¿cuál seguridad pública?
Luego dice ¿no hay que ir más allá de la presentación, no es necesario? que están por la legalidad, la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la pluralidad, como signos distintivos de la gobernabilidad democrática.
Pero después el secretario manda un oficio donde dice que no vio que cinco diputados fuimos agredidos en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí está el oficio. ¿Cómo puede no estar enterado de que esto sucedió en pleno corazón de la Ciudad? Por eso dicen que van ganando la lucha contra el narcotráfico, porque no ven nada, absolutamente nada.
Aquí le entrego el expediente con las notas de prensa y un video para que se entere el secretario, porque parece que su órgano de información es muy malo. Además, le entrego un oficio donde me niegan la visita al penal de alta seguridad donde está Ignacio del Valle, un luchador social que es tratado como el peor criminal. Me dicen que no me dan derecho a visitarlo. Ésa es la muestra de tolerancia, de civilidad, de respeto que este gobierno usurpador tiene.
Continúo con el informe. "Información e inteligencia. Objetivo: establecer mecanismos y procesos que permitan desarrollar e implementar ?no sé cuántas cosas?. Crimen organizado. Objetivo: recuperar la fortaleza del Estado". Aplicar la fuerza del Estado. Es un manual, no es un informe. Esto no sirve para nada. Ése es el lugar donde debe estar ese informe.
Quiero finalizar planteándole al secretario del gobierno de facto que es evidente cómo han perdido la gobernabilidad del país. La única manera en que puede volver paz, estabilidad, unidad, es que renuncien a lo que se robaron: la Presidencia de la República.
Se necesita un gobierno de transición plural, que dé paso al país que se necesita. Un país de libertades, un país de oportunidades, un país de igualdad del que nos sintamos orgullosos.
Hoy este país parece un país de quinta, por debajo de países sumamente subdesarrollados. La anterior grandeza de nuestra nación está perdida por la enorme incapacidad, por la rapacidad, por la corrupción, por la intolerancia, por la prepotencia, por los negocios hechos al cobijo del poder.
¿De qué nos vienen a hablar estos funcionarios? ¿De qué México vienen a plantearnos, si se nos está yendo el país entre las manos y se cae a pedazos? ¿Cómo pueden tener la cara dura de venir a decir nada y venir a hablar de estado de derecho, de democracia, de igualdad, cuando violan derechos humanos de manera sistemática y permanente? ¿De qué están hablando, secretario del gobierno usurpador?
¿Cómo es posible que no tengan ni un mínimo de decencia, un mínimo de decoro ni un mínimo de responsabilidad? ¿Cómo es posible que deshonren a los fundadores de su partido, a la historia importante de aportación a la democracia que dieron a este país y al cual le han dado la espalda?
Porque usted es hijo de esos hombres que hoy se morirían de vergüenza al ver que sirve a un usurpador, a alguien que se robó la Presidencia, a alguien que no puede hacer contacto con la gente, que tiene que estar todo el tiempo rodeado de un aparato mal llamado "de seguridad", que viola derechos y garantías constitucionales.
Quiero decirle con toda firmeza y con toda claridad que los vamos a seguir combatiendo de manera pacífica y legal hasta que se vayan, hasta que regresen lo que se robaron: la Presidencia de la República insisto, para que pueda haber paz, estabilidad, unidad, armonía y concordia en nuestro país. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, diputados y diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 10 minutos la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM): Con su permiso, diputado presidente. Licenciado Gómez Mont, secretario de Gobernación; compañeros diputados y compañeras diputadas, en los últimos meses se han conjugado en el país diversos factores que amenazan la estabilidad social de la que hasta ahora hemos gozado.
Una crisis económica que se gestó en el exterior y no encontró en nuestro país un campo fértil para asentarse, la escalada de inseguridad y violencia que parecen no tener fin; un gobierno que ha mostrado capacidad limitada para solucionar estos problemas, y que ahora pretende imponer nuevas cargas fiscales a los contribuyentes, constituyen una fórmula que en muy poco contribuye a la estabilidad social del país.
Desde el inicio de la presente administración el gobierno puso en marcha una serie de operativos en contra de la delincuencia organizada. En el Partido Verde coincidimos en que la delincuencia y el narcotráfico deben ser enfrentados con toda la fuerza y decisión del Estado. Por ello celebramos el empeño decidido del presidente Calderón en esta difícil tarea. Combatirlos tibiamente sólo contribuiría a su fortalecimiento.
No obstante, las acciones emprendidas por el gobierno han evidenciado el grado de deterioro y la infiltración que sufren algunas de las instituciones más importantes del país; sin embargo, no deja de llamar nuestra atención y nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población.
De acuerdo con el último informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia que más recomendaciones recibió por parte de ese organismo durante el 2008; 14 de los 67 instrumentos emitidos.
El empleo de las fuerzas armadas en estas labores los expone a un desgaste que podría ocasionar un desprestigio social de difícil reparación para una de las instituciones que más confianza genera entre los mexicanos.
Reconocemos que el empleo de las fuerzas armadas en estas tareas ha sido fundamental; la amenaza a la que nos enfrentamos justifica su intervención. Sin embargo, su participación debe ser temporal y no debe verse como la solución del problema.
Por tanto, en el Partido Verde somos conscientes que además de estos esfuerzos debemos tener las armas jurídicas que se traducen en decisiones duras, pero necesarias, como es la iniciativa para establecer la pena de muerte para secuestradores que maten o mutilen a sus víctimas, ya presentadas por mi partido.
Por otra parte, en el tercer informe se reconoce el considerable aumento del tránsito de personas por la frontera sur de nuestro país, y se indica la necesidad de regular y llevar a cabo mecanismos de repatriación de migrantes centroamericanos. No obstante, el informe sólo refiere una serie de datos, convenios y procedimientos que poco o nada nos dicen de la situación real de la zona sur del país.
Por citar un ejemplo, se reporta una cifra de 48 mil 816 centroamericanos repatriados, durante el periodo de septiembre de 2008 a julio de 2009, número que en forma aislada no nos dice nada, pues se omite reportar el número total de centroamericanos que efectivamente transitan en la frontera sur.
Así las cosas, lo único que podemos concluir sobre este particular es que la política migratoria de México tiene un serio problema que día a día se agrava en la frontera sur, caracterizado por los maltratos y las extorsiones de las que son víctimas los migrantes, sin dejar de mencionar el problema de la trata de las personas.
Llama la atención que desde el 2005 sólo se haya identificado 98 posibles víctimas, y en el primer semestre de 2009 hayan sido únicamente 59. Las situaciones antes expuestas ponen en evidencia que la política migratoria actual demanda mucho más que la dignificación de las estaciones migratorias, y la garantía de una repatriación ordenada y ágil de los migrantes. En este sentido reiteramos que todavía falta mucho trabajo por hacer en el rubro de la frontera sur, sin olvidar que el tema sigue abierto en la frontera norte.
La gobernabilidad de un país depende en gran medida de la confianza que el gobierno y sus instituciones generan en la sociedad. En la medida en que las instituciones públicas cumplan con la finalidad para las que fueron creadas, la sociedad las reconocerá y confiará en que son la mejor forma de canalizar sus peticiones y dirimir sus controversias.
Esta sencilla ecuación es, sin embargo, sumamente frágil. Si las instituciones no cumplen con su finalidad y compromisos perderán credibilidad ante la sociedad, ya que en última instancia ésta ha aceptado someterse a un gobierno a cambio de que éste le garantice sus necesidades básicas, entre otras, la certeza jurídica y procuración de justicia.
En este contexto resulta necesario mencionar que la primera evaluación del Acuerdo Nacional sobre la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, elaborada por México Unido contra la Delincuencia y la fundación México SOS, muestra que de los 28 compromisos que adquirió el Poder Ejecutivo sólo cumplió con uno, 10 más presentaban niveles de cumplimiento alto, otros 10 de cumplimiento medio y los restantes 7 fueron calificados con niveles bajos de cumplimiento.
Cabe indicar que este acuerdo fue suscrito hace poco más de un año por los tres Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno, y por virtud del cual se comprometieron a realizar diversas acciones para mejorar la seguridad pública del país.
Hasta la fecha no se puede considerar que realmente se hayan realizado las suficientes acciones para combatirlas, y en este sentido se puede decir que todos los involucrados se encuentran en falta.
Es inevitable mencionar el caso de Jacinta Francisco Marcial, ampliamente discutido en este pleno hace unos días. Si bien el Partido Verde aplaude su liberación apenas el día de ayer, no podemos dejar de señalar la forma tan arbitraria bajo la que actuaron las autoridades en la integración de este caso, atropellando de manera flagrante los derechos de Jacinta.
Y estaremos atentos e insistiremos en que de igual forma en los próximos días también sean liberadas Teresa González y Alberta Alcántara. Exhortamos a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Jacinta, nunca jamás se vuelvan a presentar en México.
Sobre todo, porque a un año de celebrar el bicentenario de la Independencia, todos los mexicanos, sin excepción, deberíamos gozar de un clima de respeto a nuestros derechos fundamentales y de una procuración de justicia apegada a derecho.
No podemos dejar de mencionar el tema de la violencia contra las mujeres, en donde el informe reporta únicamente la celebración de cinco sesiones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se refleje algún otro dado, sólo buenas intenciones.
Lo mismo puede decirse respecto del caso de las mujeres de Ciudad Juárez, del que a la fecha sabemos muy poco, recalcando que en el informe presentado sólo se indica que se han llevado a cabo una serie de programas y reuniones, incluyendo la firma del Protocolo Alba. Sin embargo, no se indican datos concretos sobre el avance de las investigaciones correspondientes. En este punto no podemos quitar el dedo del renglón.
No obstante, el Partido Verde reconoce las acciones de la Secretaría de Gobernación para coadyuvar en el manejo de la crisis generada por el virus de la influenza, en particular la exitosa coordinación a través de RTC, de la difusión de la campaña informativa sobre la pandemia de la influenza, actuación que ha sido considerada un ejemplo para muchos países, según lo expresado por la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce la coordinación y prontitud con la que ha funcionado el Sistema Nacional de Protección Civil. Podemos tener diferencias respecto de algunos aspectos, como la falta de celeridad con la que se entregan los recursos del Fondo de Desastres Naturales; sin embargo, en lo esencial, que es la preservación de vidas humanas, debemos reconocer que sí se han logrado avances importantes.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce la plena disposición del presidente Calderón y de la Secretaría de Gobernación, para mantener un diálogo constante y abierto con el Congreso de la Unión.
Los exhortamos a que ello continúe así, durante la presente Legislatura, sobre todo, en aras de lograr las reformas que tanto requiere nuestro país, para elevar el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Le agradecemos mucho, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD): Con su permiso, señor presidente. Señor secretario de Gobernación, diputadas y diputados, la situación que vive México es una tragedia.
En nueve años de administraciones panistas, tres de ellos bajo el mando de Felipe Calderón, no tenemos ningún cambio sustancial. La desigualdad y la injusticia social han crecido. El número de pobres y de desempleados ha aumentado. Las clases medias han visto estancadas sus expectativas de progreso y desarrollo.
El campo ha caído en uno de sus peores momentos. Las dificultades para la mayoría de los empresarios que apuestan a invertir en el país son cada vez mayores. El deterioro ecológico en todas sus expresiones se profundiza.
Se ha retraído la inversión en ciencia y tecnología. El nivel educativo ha caído a sus peores niveles en todos los ámbitos. Las violaciones de los derechos humanos continúan en ascenso.
La penalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo avanza peligrosamente en los Congresos locales y se profundiza la insensibilidad política gubernamental hacia la desigualdad y la discriminación en todas sus manifestaciones.
El combate a la delincuencia organizada, que ha sido su principal bandera, ha derivado en un verdadero fracaso; pues hasta ingobernabilidad reconocida tenemos en regiones enteras del país. No hay estrategia clara al respecto.
Se ha hecho un uso indebido del Ejército en funciones de seguridad pública y no hay plazo para el regreso de las fuerzas militares a los cuarteles. Necesitamos saberlo.
Igualmente, se ha hecho un uso abusivo de las figuras del arraigo y de los testigos protegidos. En esa lucha infructuosa en ambos casos se han violado garantías individuales y derechos humanos.
En lugar de poner el acento en políticas públicas que incidan en la prevención social del delito para que generen mayores oportunidades de desarrollo integral, especialmente para los jóvenes, se insiste en mantener los motores generadores de la falta de oportunidades y en subrayar el filo punitivo y hasta criminalizador de la pobreza.
La corrupción permea todos los poros del quehacer público: en las aduanas, en la subrogación de las guarderías del IMSS; en los contratos del propio IMSS contrata consulting; en la construcción de viviendas de interés social; en la protección del medio ambiente; en Pemex y hasta en el propio Sistema de Administración Tributaria, por señalar sólo algunos rubros.
Por cierto, le entrego una lista de establecimientos en los que funcionan casinos que operan irregularmente a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley.
No hay diálogo constructivo con las organizaciones sociales ni con los gobernadores y presidentes municipales del PRD, sino oídos sordos a sus planteamientos y medidas unilaterales, como los recortes a sus participaciones federales y hasta en recursos ya etiquetados, como es el caso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Todo lo anterior ha llevado a un mayor deterioro de las ya anquilosadas estructuras del Estado mexicano y a un riesgo tangible de que, en lugar de consolidar nuestro proceso de transición política, involucionemos hacia una gobernabilidad autoritaria que terminaría por ceder espacios fundamentales de decisión a los poderes fácticos; en lugar de fortalecer la participación activa, amplia y sustantiva de la sociedad que a gritos nos lo reclama.
A usted, señor secretario le preguntamos: ¿cuál es la causa de esta tragedia nacional que ha fallado, que con tanto dinero que se ha destinado para el combate a la pobreza hoy tengamos más pobres y más conflictos sociales? No será, por cierto, con la costosa cédula de identidad ciudadana en plena crisis como se resolverán estos problemas.
A usted que teóricamente coordina el gabinete le preguntamos: ¿quién toma estas decisiones? ¿El jefe del Ejecutivo? ¿El secretario de Hacienda, sin consultarlo a usted, usted señor secretario, o los poderes fácticos? Dijeron, que nos iban a rebasar por la izquierda, pero terminaron rebasando al viejo régimen por la derecha.
Se les olvidaron las banderas democráticas que enarbolaron cuando eran oposición y que compartimos, ustedes y nosotros, en los Acuerdos de Chapultepec. Se les olvidó que el modelo económico había fracasado y que urgía cambiarlo, y que necesitábamos ?y necesitamos? un nuevo régimen político.
En el tercer informe se reconoce la gravedad de algunos problemas, pero la responsabilidad principal ?se sugiere? no recae en usted como gobierno, sino en cinco malditas plagas apocalípticas. Quizás se dirá: los castigó Dios por mentirle a la sociedad.
Cierto que en su mensaje a la nación el jefe del Ejecutivo asume, con tres años de retraso, que es el momento de dar un giro en el modelo económico y que es el tiempo de las reformas.
Enumera 10 ejes y llama a la sociedad, especialmente a nosotros los legisladores, a construir acuerdos para realizarlas. Son sin duda los grandes temas para las reformas. El asunto de fondo son los contenidos de las mismas. Estamos esperando que las presenten.
Las y los diputados del PRD tenemos la convicción de dialogar para encontrar soluciones a los problemas nacionales, a los problemas de la gente.
Ahora bien, a nadie escapa que el discurso del pasado día 2 fue uno esperanzador, pero los hechos de los días siguientes desmienten lo declarado en los propósitos presidenciales.
El cambio anunciado en una procuraduría que se había comportado facciosamente al golpear políticamente a los gobiernos perredistas de Zacatecas y Michoacán no hace más que remarcar que lo que se quiere es una "justicia" autoritaria y violatoria del Estado de derecho y de los propios derechos humanos.
El cambio en la dirección de Petróleos Mexicanos busca profundizar la corrupción y, peor aún, revertir las últimas reformas que evitaron la privatización de Pemex.
Qué bueno que se propone la desaparición de la inservible Secretaría de la Función Pública. Mejor será, desde luego, que las funciones sustantivas de vigilancia y auditoría inejecutadas por esa dependencia sean en lo sucesivo asumidas por la Auditoria Superior de la Federación.
Y cuál giro o cambio de fondo en el modelo económico anunciado ése ya lejano 2 de septiembre, si lo que el día 8 nos presentó como paquete económico es más de lo mismo, o peor.
No hay, señor secretario, la congruencia que nos exige usted. Es un doble discurso de su parte; no nos engañemos. Ustedes como gobierno deben asumir que México no aguanta más, que la crisis en curso y sus consecuencias, así como los reclamos de la sociedad, hablan de que los cambios son impostergables, tanto en el modelo económico como en el régimen político.
El PRD será obstáculo para construir acuerdos mediante el diálogo. Para nosotros dialogar y acordar a favor de la gente no es arrear nuestras banderas. Dialogar y construir soluciones para el bien del país no es rendición de nadie. Por eso esperamos los contenidos de sus propuestas; ahí veremos si están dispuestos a hacer suyas las que para el desarrollo económico han formulado amplios sectores de la sociedad con el objetivo de tener recursos para invertir en educación, en infraestructura, atención al campo, la construcción de viviendas para generar empleos.
Veremos si están dispuestos a establecer un diálogo con las organizaciones sociales y civiles para atender sus demandas y a tener un diálogo respetuoso con nuestros gobernadores, para restituir de inmediato las participaciones federales de 2009, recortadas unilateralmente.
Diálogo con ellos para actuar coordinadamente en el combate a la delincuencia y detener el deterioro ecológico.
Diálogo constructivo para resolver juntos los grandes problemas de falta de recursos para la educación y los sistemas de salud, que son problemas nacionales.
También veremos si en lo laboral, por lo menos, además del respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores, ahora sí están dispuestos a la transparencia, la rendición de cuentas y el registro público de los sindicatos.
Urge, por ello, que retomemos la agenda y las conclusiones de la CENCA del Congreso de la Unión, alcanzados en la pasada legislatura, para lograr una profunda reforma, una nueva arquitectura institucional del Estado mexicano que se exprese, entre muchos otros cambios, en un verdadero equilibrio de Poderes que considere el nombramiento, por parte del Legislativo, de un jefe de gabinete, en un federalismo real, un respeto irrestricto al municipio libre y una efectiva participación de la sociedad en la vigilancia del quehacer público con figuras como las que aquí se han mencionado, además de la creación de un consejo económico y social de Estado.
En el PRD estamos listos para sentarnos desde ya a una mesa de diálogo con estos objetivos, con la gente y desde la gente, sin dobles discursos, sin incongruencias ni engaños de su parte, por el bien de la gente, por el bien de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN): Con su venia, señor presidente. Señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le agradecemos su presencia en este recinto y le damos la más cordial bienvenida para dialogar con los legisladores sobre los temas que competen a la política interna y la vida democrática de México.
El sistema de pesos y contrapesos, determinado por la división de poderes, establecido en nuestra Constitución, no impide que seamos corresponsables de coincidir en un mismo fin que se llama México.
En una nación plural como la nuestra, en donde convergen las más variadas formas de vida, de percepciones sobre la realidad, de lenguajes, de ideologías políticas, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de conjuntar esas visiones a favor de un Estado democrático, por la vía de la política concurramos en la utilización de los mejores mecanismos como el diálogo y el acuerdo para construir juntos un mejor futuro para todos.
Hoy, aquí y ahora, los mexicanos esperan de nosotros los acuerdos necesarios para fortalecer y construir un nuevo marco jurídico que reconozca plenamente las libertades individuales y ciudadanas. Construyamos nuevas fórmulas de gobernabilidad que aseguren tanto la representación plural como las condiciones de eficacia y pertinencia para tomar decisiones fundamentales.
Asumamos la responsabilidad y reconozcamos que hay un sistema viejo, anquilosado, que por décadas no ha permitido el auténtico y real desarrollo en México. Y aclaro, para no confundirnos, no me refiero a ningún partido político en específico, me refiero a un viejo sistema jurídico, un viejo sistema social y a un viejo sistema político que ha sido responsabilidad de todos, que no ha terminado de irse y que por el bien de México se tiene que ir ya.
Asumamos esta responsabilidad de construir las bases de un nuevo sistema; también todos somos responsables de él. Aquí y ahora, a esta generación que nos ha tocado vivir en los inicios de un nuevo siglo, de un nuevo milenio, nos corresponde ser responsables ?como decía don Manuel Gómez Morín?, ser la generación eje que ponga las bases de la patria futura, pensar no como políticos inmediatistas sólo en las próximas elecciones, sino pensar y actuar como hombres y mujeres de Estado que trabajan para generar y garantizar el futuro de las próximas generaciones.
En México cabemos todos y todos somos necesarios. La pluralidad social y política es un valor y debe ser el motor de transformación, nuestro basamento común para mejorar las condiciones de vida de las personas.
La política es el espacio natural en el que se recrea el pluralismo. Debemos todos hacer política con compromiso, responsabilidad y sentido histórico, con el propósito de hacer de la patria una mejor casa para todos.
Todos los grupos parlamentarios aquí representados son indispensables. En este sentido, el presidente de México actúa como un estadista pensando en el futuro de las próximas generaciones, redefiniendo la agenda nacional. El pasado 2 de septiembre estableció los 10 puntos para lograr la transformación de México y nos hizo un llamado que, desde aquí y ahora, la bancada de Acción Nacional respalda e impulsa de manera comprometida, seria y firme.
Asumimos y pedimos a las otras bancadas que asumamos este llamado a redefinir el México que queremos. Con el presidente Calderón, nosotros también decimos que es la hora de cambiar de fondo, con todos los riesgos y costos que ello implique.
Para que México cambie, y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad. Tenemos que empezar por casa, aquí en el Congreso, con austeridad en el manejo de los recursos y transparencia en rendición de cuentas. Tenemos una oportunidad ahora que somos una nueva legislatura. No podemos permitir que la grandeza de la nación quede frustrada por la falta de visión y compromiso de sus políticos.
Es la hora de cambiar de fondo. Para que México cambie debemos tener un claro sentido de impulso a la solidez de las instituciones republicanas y la consolidación de las prácticas democráticas en todos los ámbitos sociales y en todos los órdenes de gobierno.
La gobernabilidad democrática depende de todos. Cada quien desde su trinchera debe asumir su responsabilidad respecto al Estado, respecto a su comunidad, a su núcleo social.
Acción Nacional reconoce la importancia de evadir toda práctica autoritaria o represiva como sistema de control o de sometimiento, de privilegiar a la política y a la ley como método de cumplimiento del estado de derecho, manteniendo al país estable, gobernable, con irrestricto apego a la defensa de los derechos humanos.
Hacemos un reconocimiento a las instituciones en esta época, en la que se respetan los derechos humanos y en la que el país ha demostrado madurez y apertura para la participación de organismos e instancias internacionales protectoras de los derechos humanos.
Acción Nacional hace un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas, por contribuir con su disciplina y lealtad con México en el cumplimiento de su deber y en la salvaguarda del estado de derecho.
Hoy es de vital importancia para el país la agenda de la reforma del Estado, para poder hacer realidad un proyecto de modernización del país. La reforma a las instituciones que nos permita dejar atrás los rezagos y avanzar hacia el ideal de construir el México del siglo XXI, al que todos aspiramos.
Señor secretario, señoras legisladoras y señores legisladores, la toma de decisiones respecto al futuro de nuestra patria no puede depender únicamente de los encuentros y divergencias entre los que asumimos la representación política del pueblo mexicano, sino de los acuerdos que se alcancen entre la sociedad y sus gobernantes para definir lo que es mejor para todos.
La fortaleza del Estado mexicano se encuentra en todos y cada uno de sus componentes. Es por ello que fortalecer a las instituciones, alentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y contar con un orden jurídico que dé sustento a la soberanía y se encuentre a la vanguardia, permitirá que nuestra nación consolide sus aspiraciones democráticas.
Más allá de cualquier coyuntura, más allá de cualquier eventualidad, nuestra prioridad en el área política es seguir consolidando la democracia, enfrentar los abusos a nuestras libertades fundamentales, a los derechos de los ciudadanos y, por encima de todo, garantizar el gobierno de la ley.
No podemos dejar pasar el tiempo sin ponernos de acuerdo en los grandes temas. No podemos dejar pasar nuestra gran oportunidad histórica de ser el ejemplo de las grandes transformaciones y ser la generación de mexicanos que, además de renovar a México de forma pacífica, brinde al país la oportunidad de madurar como la gran nación de la cual podamos estar orgullosos.
En el PAN sabemos que una tradición es una mirada asentada hacia el futuro desde una convicción, y nuestra convicción es transformar a México, tener una patria ordenada y generosa, y una vida más digna para todos.
Por eso le apostamos a las grandes transformaciones y vamos por la reforma del Estado que se traduzca en la reducción en el número de legisladores, la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales. No para perpetuarlos en el poder, sino para darle a la gente la oportunidad de calificar y determinar quién trabaja y quién no, quién se queda y quién se va.
Vamos, en el PAN, por un rediseño de las instituciones del poder público; por un sistema de representación y rendición de cuentas de todos los niveles y poderes. Vamos por las reformas estructurales que el país necesita para generar las condiciones de crecimiento y desarrollo para que haya inversiones y se generen empleos, para que exista competitividad, para que se respete la ley y vivamos en un Estado auténtico de derecho.
Señores legisladores, cuando en el PAN nos propusimos democratizar a este país, algunos nos llamaron "los místicos del voto", y sin embargo, logramos la alternancia en el poder y la democratización de México. Cuando en el ámbito legislativo siempre propusimos las grandes transformaciones nos decían que ganábamos los debates, pero perdíamos las votaciones; y sin embargo, logramos que este país avanzara.
Hoy estamos apostando por el futuro de México y sus próximas generaciones. Estamos apostando a lo posible; no a lo posible, sino a lo necesario, aun a costa de cualquier costo político.
Concluyo, señores, amigos legisladores de todas las bancadas. Seguramente algunos tendrán la tentación de llamarnos místicos del futuro, quizá utópicos, pero eso no nos detendrá como no nos ha detenido.
Por eso convocamos a todos a este cambio de época, porque en el mundo de la realidad política, es posible dudar. Nosotros, en Acción Nacional, no hemos de abandonar nuestro afán por lograr que México y los mexicanos crezcan y se desarrollen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI): Con su permiso, diputado Presidente de la Mesa Directiva. Señor secretario de Gobernación, en términos de ley, a usted compete conducir la política interior del país y la relación de los Poderes de la Unión. Por eso le manifiesto que el Ejecutivo ha empezado mal la relación con esta LXI Legislatura, pues el presidente Calderón intentó violentar el artículo 69 constitucional y la Ley Orgánica del Congreso, pues el 1 de septiembre, antes de presentar ante esa soberanía el informe por escrito del estado que guarda la administración pública del país, pretendió presentar ante sus amigos, un informe-mensaje en desacato al orden constitucional.
Sea usted, señor secretario, el amable conducto para comunicarle al presidente de la república que, nosotros, los miembros del Partido Revolucionario Institucional, acreditados por el pueblo en esta Cámara de Diputados, respetamos su investidura, pero le exigimos que respete la soberanía republicana de este Congreso.
La Cámara de Diputados es caja de resonancia de la república. La Cámara de Diputados es mosaico polícromo de nuestra identidad nacional y expresión real del México plural de nuestro tiempo.
Vivimos en un sistema de división de poderes. Cada poder está obligado a cumplir con su función para preservar la armonía social y garantizar el pleno ejercicio de las libertades de todos los mexicanos.
En el tercer informe del presidente de la república, cuya glosa hoy nos ocupa, no apreciamos logros concretos y significativos, sino más bien declaraciones de buena intención.
Recordemos los compromisos de campaña de Felipe Calderón: empleo y seguridad pública. Los cinco ejes de política pública que articulan el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, más bien parecen ser pesadas lozas que reclaman ya acciones urgentes.
Primero. Estado de derecho y seguridad. Reprobado, porque hoy los mexicanos somos rehenes de la delincuencia organizada.
Segundo. Economía competitiva y generadora de empleo. Reprobado; 600 mil empleos perdidos en lo que va del año y se pronostican 750 mil al mes de diciembre.
Tercero. Igualdad de oportunidades. Reprobado, por el decrecimiento de la economía y el crecimiento de la desigualdad social.
Cuarto. Desarrollo sustentable. Reprobado, porque no hemos sido capaces de proteger el medio ambiente por falta de políticas coherentes y eficaces.
Democracia efectiva y política exterior responsable. La primera, la sigue construyendo el pueblo; la segunda, temerosa, indecisa, sobre todo frente a los desaires de China, Argentina y Canadá.
Como dice un campesino de mi pueblo, señor secretario: "ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor".
Al presidente de la república lo urgente no le permite ver lo importante. El combate a la delincuencia es primordial, pero no es ni puede ser, un programa de gobierno. En este tiempo de definición para la república queremos ver un presidente con visión de Estado y de largo plazo, con proyecto de nación. Queremos que el presidente haga su trabajo bien, porque si le va bien al presidente le va bien al Congreso y le irá mejor a México.
Señor secretario de Gobernación, glosar es explicar. Explíquenos por favor, el incumplimiento de las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Más aún, en el Tercer Informe de Gobierno hay dos áreas de su incumbencia que siguen siendo tareas por cumplir:
Primero. Una estrategia nacional de prevención del delito que inicie con el fomento de valores desde el hogar, prosiga en la escuela y se practique en la vida; una instrucción basada en la educación cívica que fomente el amor a la patria, el respeto a los maestros y el respeto a la ley, y no sólo, como dice el informe, recuperando espacios públicos para convertirlos en áreas deportivas.
Segundo. La readaptación social es un fracaso en México, pues en los centros de readaptación social, más bien, centros de especialización en delincuencia organizada, hay más de 100 por ciento de sobrepoblación.
Compañeros diputados, si queremos vivir en un país de leyes hay que transformar a las instituciones de acuerdo con la realidad nacional, para que éstas le sirvan al hombre y no el hombre a las instituciones. Hay que crear el nuevo Estado mexicano, concibiendo con imaginación el andamiaje de su arquitectura constitucional.
Vamos creando el Tribunal Constitucional Autónomo, que sea el que interprete el orden constitucional, el que mantenga el estado de derecho y el imperio de la ley, que subordine a gobernados, pero sobre todo a gobernantes.
En un sistema republicano como el nuestro mandatario es el que obedece; el que manda es el pueblo.
Señor secretario de Gobernación, usted es el jefe del gabinete, y también reconocemos su fructífero paso como buen legislador en este Congreso. A usted compete presentar ante esta soberanía las iniciativas del Ejecutivo en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. Antes de enviarnos la iniciativa para reformar dicha ley, para democionar las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, mi partido, el Revolucionario Institucional, le tiene una propuesta.
En 2001 había 89 subsecretarios; para este año son mil 11 subsecretarios. En 8 años se han creado 922 plazas de subsecretario o de nivel jerárquico similar. Le proponemos, respetuosamente, desaparecer un tercio de esas plazas para que se mantenga el estatus de la Secretaría de Turismo, tercer captador de ingreso después del petróleo y el régimen impositivo.
La permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, por los graves rezagos en la materia que siguen subsistiendo en el país.
Respecto a la Secretaría de la Función Pública, pretender adscribirla a la Presidencia de la República nos parece una medida autocrática, pues su función es regular el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, como lo establece el Título Cuarto de la Constitución. Esta propuesta nos parece realmente aberrante.
Respecto al Fonden, por las circunstancias que hoy millones de mexicanos han vivido derivado de los fenómenos climatológicos como huracanes y lluvias intensas, le pedimos prontitud y celeridad en la engorrosa tramitología a la que hoy se enfrentan; pues aparte de la tragedia, tienen que padecer largas esperas para ver una respuesta positiva a sus fundadas peticiones.
Señor secretario de Gobernación, México necesita en esta hora crítica de un secretario de Gobernación fuerte, que contemple la gobernabilidad en forma integral; porque la violencia desatada en las calles por la delincuencia organizada ?más de 14 mil ejecutados?, también es responsabilidad de la dependencia a su cargo, igual que la inseguridad que amenaza a todas las regiones del país.
Si en México hubiera un brote de violencia derivado de un modelo económico ya rebasado, atenderlo también sería responsabilidad de usted.
Compañeras y compañeros congresistas, el tiempo, la vida y las circunstancias nos han reunido aquí en esta LXI Legislatura. Mi Partido, el Revolucionario Institucional, invita a todas las fracciones parlamentarias. Apostemos al diálogo permanente y a la concertación política como métodos de acción, con pasión por la defensa de las ideas y sin rencor contra el adversario. Y, sobre todo, sin fobia para todos los partidos políticos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Hemos dado cumplimiento a la primera parte del acuerdo parlamentario, que es el punto tercero, fracción I. Damos cumplimiento a continuación a las fracciones II y IV del punto tercero del acuerdo que norma esta comparecencia.
Los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas, respuestas, comentarios, a los siguientes diputados: a la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, por el Grupo Parlamentario de Convergencia; diputada María del Pilar Torres Canales, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, por el Partido del Trabajo; diputado Diego Guerrero Rubio, por el Partido Verde Ecologista de México; diputado Agustín Guerrero Castillo, por el Partido de la Revolución Democrática; diputado Gastón Luken Garza, por el Partido Acción Nacional; y diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, por el Partido Revolucionario Institucional.
En tales condiciones tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, hasta por tres minutos.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia): Con su permiso, señor presidente. Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont, secretario de Gobernación. La Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo se encarga de la coordinación de la política orientada al desarrollo político del país. Señor secretario, su función es favorecer la gobernabilidad y fortalecer la democracia nacional por medio de la política de población, pero su tarea también se extiende a la seguridad nacional, a la protección de personas vulnerables como son las víctimas de desastres naturales, trata de personas y migrantes.
Otro punto es el de consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de nuestra sociedad, como es fomentar la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres.
Por tal motivo, señor secretario, le pregunto: ¿Tan poca importancia le merece el rubro de género para el Ejecutivo, que da poca información en su informe, y no sólo son las dos cuartillas de la información entregada lo que me inquieta; son los resultados que se reportan en dicho informe ya que sólo se habla de impulsar, de brindar, de diseñar, de promover, de vigilar la violencia contra las mujeres, y subrayo, vigilar la violencia contra las mujeres.
Señor secretario, le pregunto: ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cómo se brinda? ¿Qué seguimiento se le da? ¿Cuándo y dónde se reportan estos resultados favorables? Cuando en México mueren diariamente 30 mujeres por causas asociadas a la violencia. Una de cada 5 muertes violentas tienen lugar en el hogar, 23 son producidas por accidentes y 6 por homicidios, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Acentuando que las muertes violentas entre mujeres son fundamentalmente en menores de 15 años a 49, y más; mientras que 80 de cada 100 muertes femeninas son por accidentes y homicidios, y están en estos rangos de edades. ¿Dónde están los resultados, señor secretario, de los que habla su informe?
Para la pronta localización de mujeres y niños reportados como desaparecidos en Ciudad Juárez, en el Estado de México, y en otros estados del país, que también se encuentran en esta situación, ¿cuáles son las cifras que reportan estos delitos, para poder decir que hay resultados? ¿Cuáles son los resultados de los más de 3 mil apoyos y gestiones en materia administrativa? ¿Cree usted que 3 mil ayudas para la atención y prevención son suficientes, si las comparamos con la población, que somos un poco más de 50 millones de mujeres, y que el 50 por ciento de esta población, 1 de cada 3 sufre de este tipo de violencia?
Por su parte, también de antemano le digo, que de hecho y derecho, a la autonomía de los estados, de los congresos locales no son ni serían una explicación o un argumento válido en el caso, en el cual en estos momentos se están aprobando por legisladoras y legisladores, aliados a una nueva moral, sobre las decisiones de las mujeres a decidir, en un momento dado en el cual se están violando sus garantías personales. Por tanto, espero sus amables respuestas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta, el licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Señora diputada Ochoa, señoras diputadas y señores diputados. La Secretaría de Gobernación coincide plenamente con la voluntad general de esta Cámara expresada en la legislatura pasada y entiendo que en la presente, por avanzar en la equidad de género y por trabajar sobre aquellas causas que injustamente discriminan a las mujeres de las oportunidades de salud, de educación, de empleo y progreso personal esencial.
En este sentido, la legislatura anterior formuló y maduró una ley contra la violencia en contra de las mujeres y la Secretaría de Gobernación, en los últimos meses, ha venido madurando los mecanismos para que los instrumentos de esa ley puedan operar.
Hoy, en México, las instituciones cuentan con una mejor capacidad para diagnosticar los actos de misoginia y, sobre todo, aquellos que llegan a la privación de la vida de las mujeres.
No podemos olvidar que la violencia contra las mujeres, en muchos estados, viene por patrones culturales alimentados de antaño y que exigen no sólo una respuesta institucional de contención, en reacción a los que realizan esa violencia para que asuman sus consecuencias ante el sistema de justicia, sino ahondar también en los mecanismos de prevención, de orden pedagógico, cultural y económico, que eviten que un patrón cultural machista, violento y discriminador se perpetúe en este país.
Es posición de este gobierno, y en ello asume coincidir con todos ustedes, que cualquier acto que atente contra la integridad personal de las mujeres, cometido por hombres, es de poca hombría y atenta contra la dignidad no sólo de las mujeres, sino de los hombres de bien.
En ese sentido, hoy por hoy vemos con preocupación y trabajamos con gobiernos como los del Estado de México, Veracruz, Baja California, Guerrero y Michoacán, donde se viene presentando un aumento en los números de casos de violencia contra las mujeres, y hemos generado la transformación de la Comisión para Investigar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en una comisión nacional, dirigida ahora por la antropóloga Laura Carrera, que ha venido realizando en los últimos años, de manera seria e independiente, trabajos para prevenir este tipo de actitudes.
Hoy por hoy se van generando diversos diagnósticos para atender, desde la comunidad y bajo una visión comunitaria, el problema y están en formación los diagnósticos de Ciudad Juárez, Tijuana, Aguascalientes, Guadalajara, Tapachula y Mérida.
Es a partir de la transformación comunitaria y de los planes para modificar estas relaciones entre hombres y mujeres dentro de la comunidad; como entendemos que se puede prevenir este gran daño. Es cuanto, señora diputada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Partido de Convergencia.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, señor secretario de Gobernación, lo que usted en estos momentos nos acaba de reportar las mujeres queremos entenderlo así, pero no es así. En México los feminicidios continúan y existen en todas sus formas y modalidades. Sinceramente, es denostable la forma en como suceden.
En el Tercer Informe apenas si dan argumentos y pruebas. Ni siquiera comentan en cuanto a lo que la Corte Internacional de Derechos ha señalado y que ellos han estado dándole seguimiento puntual sobre la responsabilidad que el Estado mexicano tiene para garantizar a sus mujeres la seguridad en este caso.
Vemos también el asunto de González y de otras contra México, relativo a la muerte de mujeres en Ciudad Juárez. Usted demostró o dijo que no hay impunidad en estos feminicidios. ¿Cómo pueden opinar tal cosa? Sobre todo, bajo juramento.
¿Cómo acaban de hacernos propuesta para que sea y ocupe el cargo de procurador Arturo Chávez Chávez, cuando vemos que sigue existiendo violencia e impunidad contra las mujeres?
Por otra parte, señor secretario de Gobernación, dentro de sus facultades ?de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal? se encuentra la obligación de formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diferentes ámbitos de desarrollo.
Asimismo, propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos. De igual forma, su Secretaría debe ser garante y vigilar que la laicidad del Estado quede intacta. En eso estaremos de acuerdo, señor secretario.
Para el caso que nos ocupa y nos preocupa de sobremanera a las mujeres es lo que está sucediendo, como lo señalé en mi pasada intervención, en muchos estados de la república: que las legisladoras y los legisladores que pertenecen a su partido, aliados a la nueva moral, están incorporando a las Constituciones Políticas locales preceptos que intrínsicamente están relacionados con sus preferencias religiosas y que traen como secuela la violación de las garantías individuales ante decisiones muy personales de nosotras, las mujeres.
En ese sentido, señor secretario de Gobernación, ¿qué opinión le merece y qué se hace desde su espacio para atender este tipo de problema, si bien sabemos que la Secretaría está y ha tipificado el aborto como un delito semejante a los que comete la delincuencia organizada?
De antemano le digo que el derecho a la autonomía de los estados y los Congresos locales no son ni serían una explicación o un simple argumento válido para este caso, que merece una respuesta de estadista. Por sus amables respuestas, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza.
La diputada María del Pilar Torre Canales (Panal): Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la pluralidad de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes la representamos o formamos parte de ésta.
Sectores representativos de la sociedad, organizados y preocupados por la situación en que se encuentra nuestro país en materia de seguridad, han exigido al Estado el cumplimiento de una de sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es intolerable que los mexicanos y mexicanas tengamos que vivir con temor, que existan entidades federativas, municipios y regiones del país en los que el Estado está rebasado por la presencia de la delincuencia organizada.
Ante la incapacidad y falta de respuesta del gobierno, el desaliento y la inquietud social son evidentes. Esa situación, señor secretario, debe de ser motivo de una reflexión seria sobre el rumbo del país.
El incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles, la severa sequía que empobrece a nuestro país y la política económica restrictiva, generadora de desempleo, constituyen factores que ponen en riesgo la cohesión social. Es imperativo recuperar la confianza de la gente.
En muchos momentos nos hemos preguntado qué tan lejos podemos llegar como nación. Ahora es el momento de preguntarnos, con igual convicción, qué tan cerca podemos estar de la gente a la que servimos. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud a todos es una obligación que el Estado no puede eludir.
Para Nueva Alianza los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, fortalezcan las instituciones, impulsen el desarrollo social y regional, y den certidumbre a la sociedad sobre la gobernabilidad y rumbo de la nación.
La gobernabilidad, señor secretario, pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan el acuerdo que da cohesión a nuestra sociedad. Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando el desarrollo y teniendo como medio a la educación.
Consideramos que sólo a través de una cultura de legalidad y más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes podremos verdaderamente recuperar la fortaleza de las instituciones y garantizar gobernabilidad en todos los rincones del país.
En ese sentido, señor secretario ¿por qué se ha limitado la estrategia de combate a la inseguridad al uso de los medios coercitivos del Estado? Y, ¿qué ha pasado con las reformas en materia de seguridad y procuración de justicia? ¿Cuál es su estado actual? Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Coincido con la diputada en que no puede estar ni está la estrategia de la seguridad en este país sólo vinculada a la reacción en fuerza frente a las agresiones de las organizaciones criminales o de los delincuentes.
El gobierno federal ha dicho y sostiene que su actuación para contener a las organizaciones criminales obedece a diversos propósitos. El primero y fundamental es garantizar que sólo autoridades políticas electas por la comunidad sean las únicas que tengan mando sobre las fuerzas de seguridad del Estado.
En ese sentido la acción contra las organizaciones criminales obedece a despejar fuera de las instituciones federales, estatales y municipales, cualquier intento de poderes privados por corroer las líneas de mando que subordinan a la fuerza del Estado a las autoridades electas por la gente.
En segundo lugar, dicha política está dirigida a generar los espacios históricos en el tiempo y en el espacio para permitir la reconstrucción institucional de las fuerzas de seguridad pública en el país.
Lo hemos dicho y lo ratificamos, la intervención de las Fuerzas Armadas, como responsables de la seguridad interior, obedece a generar condiciones para que las fuerzas ordinariamente competentes para brindar seguridad pública estén en la mejor posibilidad de hacerlo.
Las Fuerzas Armadas y la seguridad interior sólo pueden entenderse como aquella intervención para proteger a las instituciones, para permitir su reconstrucción, para permitir su depuración y para que con ello estén en aptitud de cumplir con sus responsabilidades ordinarias, que son brindar seguridad a la gente, a todos los mexicanos y las mexicanas.
Sólo mediante el fortalecimiento de estas instituciones podemos abatir, y ya, aquellas agresiones contra la libertad y el patrimonio de las personas y contra las familias. Sólo con instituciones fuertes, profesionales, serias, evaluadas, debidamente remuneradas y controladas por autoridades políticas se puede dar esta respuesta.
Hoy, gracias a la comprensión e inteligencia de la legislatura anterior, las fuerzas de seguridad federales han crecido en calidad y en número de manera importante desde el inicio de la administración hasta el presente año.
Hoy se hace una propuesta en este sentido para poder consolidar o sostener el crecimiento hasta donde sea necesario. Hoy, los estados y municipios presentan retos mayores y más delicados para cumplir con sus deberes de brindar seguridad a la gente.
Por ello se generó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ello se establecen partidas fundamentales etiquetadas desde el Congreso para dirigirlas a aquellos estados y municipios que vayan cumpliendo de mejor manera con su vocación de depuración y profesionalización de los cuerpos y debida evaluación. Por eso se están aplicando controles de confianza en todas las entidades, con niveles distintos de cumplimiento, a fin de ir evitando la corrupción en los cuerpos policiacos.
Ésa es sólo parte de la contención en la generación de la fuerza del Estado. En la medida en que podamos mejorar y ser más eficientes, como lo hemos venido siendo en los últimos meses, daremos espacios más eficaces a otras políticas que también se vienen dando.
No se equivoquen, la violencia tapa muchas veces otras acciones de estados, municipios y federación que tienden a ir a las causas de la violencia, una última parte en la seguridad que hoy exige defender la política de prevención de las adicciones.
En las últimas semanas, sólo ayer, se ha hecho patente la estrategia de algunas organizaciones criminales para vulnerar las políticas de prevención de adicciones. Quien llega a estos centros casi siempre llega desesperado, con su cadena de lealtades personales profundamente vulneradas, volviéndose materia propicia para el reclutamiento de organizaciones criminales que hoy buscan contratar a jóvenes para que mueran rápido.
Es deber que este esquema de contención también blinde a la política de prevención para evitar que, por su vulneración, se caigan las expectativas de los jóvenes, que hoy por hoy son la fuerza de trabajo que le tenemos que disputar a las organizaciones criminales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María del Pilar Torre Canales: En Nueva Alianza estamos convencidos de que la educación es el cimiento de nuestra democracia, de nuestro desarrollo, del progreso de México. Por ello consideramos que debe ser, a partir de una educación integral y de calidad, que se logrará fortalecer y recuperar la cohesión social.
Para vivir en un estado de derecho necesitamos formar ciudadanos que sepan el valor de las leyes, que promuevan la cultura de la legalidad, que no toleren la delincuencia y la corrupción. Para hacer de nuestras calles, de nuestras colonias, de nuestras ciudades y de nuestras escuelas espacios más seguros es indispensable una nueva cultura ciudadana.
Es responsabilidad del Estado garantizar seguridad a las mexicanas y los mexicanos y fomentar en la sociedad una cultura de respeto y confianza en las instituciones y autoridades. Es fundamental que, desde la educación básica, se enseñe a nuestros niños y niñas a ver en las leyes la herramienta para que la sociedad avance por el camino de la paz y el respeto a los derechos.
Queremos que vean en las leyes un instrumento útil para organizar la vida en sociedad para que exista armonía en las comunidades. Fomentar en nuestra juventud la cultura de la legalidad es un proyecto con visión a largo plazo, señor secretario, y más allá de acciones de coyuntura es una apuesta en la que México va a ganar.
Usted nos dice que existe gobernabilidad en el país; sin embargo, los hechos generan otra percepción. Hace apenas unas semanas el Banco Mundial hizo público el informe sobre la gobernabilidad del país; elaboró este estudio en marzo del presente año y ahí se miden los niveles de corrupción y cumplimiento de la ley y es un referente obligado para los inversionistas al momento de elegir un destino para sus proyectos de inversión.
En sus resultados se revela que la capacidad del gobierno mexicano fue reprobada en 4 de 6 rubros. Para hacer esta medición el organismo evaluó al país junto con otras 211 naciones y en una escala del 1 al 100, donde el 100 es la calificación máxima en estabilidad política y en ausencia de violencia, México recibió una calificación de apenas 24.4 puntos. Cabe destacar que en 2004, en este mismo rubro, recibimos una calificación de 45 puntos.
Como puede usted observar la tendencia es de franco deterioro, pues nos ubicamos por debajo de países que han sufrido durante varios años guerras internas como el Congo, donde más de la mitad de la población vive en pobreza. Y Serbia, que también sufrió un conflicto armado.
En estado de derecho México recibió una calificación de 29.7 puntos en 2008, contra un 42.4 en 2004. Este indicador que evaluó la habilidad de hacer que las leyes sean respetadas nos coloca al nivel de Kosovo y Libia, nación, ésta última, que hasta hace unos años tuvo un embargo económico por parte de la ONU.
En rendición de cuentas y participación ciudadana donde se mide, entre otros factores, la libertad de expresión, incluidas la expresión de la prensa y las relaciona así como la posibilidad de elegir un gobierno sin presiones, el país obtuvo un 50.5. Es una calificación muy por debajo de su rango de 2004, que fue de 58.2.
En el control de la corrupción se alcanzaron 49.8 puntos, un ligero avance con respecto a años previos; sin embargo, sigue siendo todavía una calificación reprobatoria. Son éstos algunos de los indicadores que nos preocupan y consideramos que debe hacerse un esfuerzo para cambiar esta percepción que tanto daña al país y, sin duda, la única manera de hacerlo es con hechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT): Ciudadano presidente, ciudadano secretario de Gobernación, mi compañero preopinante del PT, Gerardo Fernández, abordó en esta tribuna los componentes fundamentales que la gobernabilidad de cualquier Estado democrático constitucional requiere: el de la legalidad, la legitimidad y la eficacia. Suscribo lo expresado por él en cuanto a las ausencias de esos valores en el gobierno de Calderón. Sigue siendo su gobierno ilegítimo y es ineficaz.
En una de las cuartillas del documento que usted nos hizo llegar nos dice que su tarea es dar seguridad a las personas, que las mismas son el centro de su atención y que el gobierno, del que usted forma parte, es un gobierno sensible que auspicia la concordia entre los mexicanos.
No voy a reproducir aquí el catálogo innumerable de ejemplos que contrastan en la realidad con lo que se nos dice en ese informe. Por ello, ante la fugacidad del tiempo quiero tocar dos problemas.
Me parece, señor Gómez Mont, ligero e irresponsable de su parte, que en esta comparecencia un grupo social muy importante en el país, de cientos de miles de mexicanos, millones, incluyendo a sus familias, no le merezcan a usted ni una palabra, ni una mención, y me refiero a los trabajadores migratorios mejor conocidos como ex braceros.
Es el colmo de la negligencia del gobierno de Calderón, que después de que la pasada Legislatura acordó un fideicomiso, legisló para otorgar un apoyo, que vienen siendo migajas en relación con los 5 billones de pesos que se les adeuda por su trabajo de 1942 a 1964 en Estados Unidos, les hayan otorgado un apoyo de 38 mil pesos.
Pero ahora, hace dos meses, el 29 de junio, Gobernación y Calderón cambiaron las reglas de operación, y en lugar de pagarles en una sola exhibición se las quieren dar en 10 años. Imagínense lo inhumano, lo irresponsable del gobierno calderonista y de Fernando Gómez Mont. Esos octagenarios tendrían que vivir hasta el 2019 para recibir la parte correspondiente.
Es el colmo que mientras a ellos se les asignen 300 millones, usted quiere que esta Cámara le apruebe mil 138 millones de pesos para la cédula de identidad; un instrumento más para el control y la represión por parte del Estado mexicano.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Señor diputado Ibarra, primero, el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación no son ajenos a la problemática que se ha venido denominando "de los ex braceros". A partir de que el Poder Judicial de la Federación, mediante resolución, estableció que revisara el proceso mediante el cual se habían asignado las indemnizaciones a estas personas, y en razón del monto autorizado por el Congreso para ejercer este año, se ha venido haciendo un trabajo en todos los expedientes de quienes se inscribieron, alegando tener derecho a recibir el beneficio determinado, tanto por el Poder Judicial, y en la medida autorizada por el Congreso.
Este trabajo de revisión se está terminando y este año se ejercerán los 700 millones de pesos autorizados por el Congreso para tal fin, a plenitud, entre aquellos que cumplen con los requisitos fijados por el propio Congreso; para eso. Para el próximo año se está solicitando una partida, también para tal efecto, entendiendo que ésta es una cuestión que concurre con otras necesidades que deberán ser determinadas o satisfechas en la medida que apruebe esta legislatura.
Por lo que toca a la cédula de identidad, la cédula de identidad es un instrumento que no es capricho de este gobierno; es un mandato constitucional derivado por acuerdos entre las principales fuerzas políticas desde antes, desde el siglo pasado.
Se ha venido trabajando por diversas administraciones para poder vincular ya las claves únicas del registro de población con actas de nacimiento, y hoy se está arrancando la posibilidad de vincular estos dos datos con la identidad física, a raíz de los biométricos.
Se está buscando incorporar en este esquema no sólo a los ciudadanos, sino también a los menores, para buscar esquemas mejores de protección para los mismos y que puedan acelerar su acceso a aquellos beneficios de educación y salud a los que tienen derecho.
En este sentido hemos trabajado con todos los gobiernos estatales, sin distingo de partido político, porque es comprensión de todos ellos que éstos son instrumentos que nos permiten transparentar programas gubernamentales, que le permiten a los ciudadanos abrir con la llave de su identidad fuentes de derecho; que les permiten agilizar transacciones económicas en las que intervienen, y con ello multiplicar oportunidades.
La Secretaría de Gobernación señala con honradez que la asignación de recursos que se le den a la cédula de identidad es una inversión en buen gobierno, y es una inversión en buen gobierno para el gobierno federal, para las entidades y para los gobiernos municipales, y también es una inversión en términos de dinámica económica.
Hoy por hoy, muchos mexicanos van con su expediente lleno de papeles a ventanillas de servicios públicos o a ventanillas de servicios privados. Un ejercicio serio que permita garantizar la identidad de las personas es un ejercicio para facilitar a las mexicanas y a los mexicanos, incluidos los menores de edad, la oportunidad de concurrir de manera más rápida al ejercicio de esos derechos.
La cédula de identidad nació de una discusión democrática entre las fuerzas políticas por transparentar la vida del país. Rechazo cualquier imputación hacia que la misma tenga un carácter neurótico-paranoico de seguridad. Su carácter es fundamentalmente de construcción cívica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Por supuesto que no nos satisface la respuesta de usted sobre los braceros. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que haya los recursos para saldar en una sola exhibición a ellos, que han sido despojados de su trabajo y de su patrimonio. O cuando menos, señor secretario, le sugerimos que renuncie usted a la partida que propone para comidas en su oficina el próximo año, que es nada más para su oficina, de un millón, 107 mil 813 pesos. Con ello se pagaría a 34 de los braceros.
Ahora bien. Quiero comentar también ante usted, porque significa violación a derechos humanos, significa violación a disposiciones federales, y sobre todo significa un intento de atropello y despojo a tres comunidades enclavadas en la zona de los altos.
El día lunes, el gobierno de Emilio y la Comisión Nacional del Agua adjudicaron la construcción de una presa, El Zapotillo, a la empresa de Carlos Hank Rhon. Esa presa significaría, de consumarse ese atropello, la desaparición ahora sí, de la faz de la tierra, de tres comunidades precortesianas, con una fuerte identidad cultural-histórica; Temacapulín, Palmarejo y Acacico, pero se quiere hacer, secretario, violando los derechos humanos.
Hay recomendaciones de la comisión estatal. Se quiere hacer violentando un compromiso de Emilio¿?que eso no nos extraña?, de que el 23 de mayo dijo que no se haría nada hasta hacer una consulta con los moradores y que él estaría ahí para platicar con ellos. No lo ha hecho y no los ha querido volver a recibir.
También se ha negado a tratar este tema, desde una perspectiva técnica-científica, José Luis Luege. Por eso le pedimos, en una ulterior expresión de usted, aluda a este tema violatorio de derechos humanos y desplazamientos poblacionales.
Hay muchas organizaciones sociales. Vamos a defender, entre ellas, al movimiento que encabeza Andrés Manuel, que estuvo en Temacapulín el 5 de febrero e hizo el compromiso de impedir que la ineptitud y la voracidad de negocios inunden y desaparezcan a tres comunidades.
Ciudadano secretario, 29 legisladores federales le vamos a entregar a usted un oficio en su carácter de gozne, en su carácter de interlocutor entre los Poderes de la Unión, para que la Secretaría de Hacienda cuyo titular fue el campeón de la evasión verbal en dar respuesta en su comparecencia hace días, de los impuestos que pagan 51 empresas en este país, ya que no dijo nada al respecto de Cemex, América Móvil, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Bimbo, entre otras empresas nos dé respuesta.
En este país necesitamos no sólo el afán recaudatorio, requerimos fundamentalmente la equidad fiscal que mandata el artículo 31 de la Constitución de la República.
Voy a entregarle este oficio y esperamos su puntual respuesta. Voy a hacer llegar también a esta Mesa y a usted un escrito que, sobre el tema de la presa del Zapotillo, firmó en su momento Ramírez Acuña hoy presidente de esta Mesa, quien por escrito se comprometió a no hacer las obras que en ese entonces inundarían una comunidad de San Gaspar. Y hay que decirlo: lo cumplió. Desistió de ese propósito.
Pero en ese mismo escrito, en el apartado seis, él se compromete como gobierno del estado, y el gobierno siga existiendo y funcionando ¿aunque sea otro su titular? a que no se haría ninguna presa en la cuenca del Río Verde que significara la anegación de núcleos poblacionales. Así que esperamos que el presidente de la Mesa, que encarna la pluralidad y la unidad de esta Cámara, siga cumpliendo y honrando su palabra. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Diego Guerrero Rubio (PVEM): Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Señor secretario, bienvenido. El pasado 21 de agosto de 2008 titulares de los tres Poderes de la Unión, representantes de los gobiernos estatales y municipales, así como diversos sectores de la sociedad civil, firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En él reconocieron que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por el ambiente de inseguridad y violencia que actualmente vivimos en el país.
Acordaron que era indiscutible e inaplazable poner en alto al crimen y a la inseguridad que mina el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. Para ello, determinaron celebrar un acuerdo que articulara los esfuerzos de los diferentes sectores de gobierno y la sociedad dada la integridad de la estrategia nacional de seguridad pública.
Como parte fundamental de este acuerdo, los signatarios establecieron compromisos responsables, plazos de cumplimiento, y convinieron que la sociedad civil supervisara y vigilara el resultado de los compromisos establecidos. En este contexto, el mes pasado del año en curso, al cumplirse un año de la firma del acuerdo, las organizaciones México Unido contra la Delincuencia y México SOS presentaron los resultados de la primera evaluación de dicho acuerdo.
En el acuerdo al que nos referimos, la dependencia a su cargo aparece como responsable de dar cumplimiento a 10 de los 28 compromisos adquiridos por el gobierno Ejecutivo federal, en la mayoría de los casos en colaboración con otras dependencias.
El balance del cumplimiento de los compromisos a su cargo es el siguiente:
1. Un compromiso cumplido, 4 presentan niveles de cumplimiento alto, 2 más niveles de cumplimiento medio y los 3 restantes niveles de cumplimiento bajo. Señor secretario, me quiero enfocar en los compromisos que presentan niveles medios y bajos de cumplimiento.
La evaluación califica con nivel medio de cumplimiento:
1. Regular el funcionamiento de los organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las diferentes entidades federativas, de Centros Estatales de Control y Confianza Certificados.
2. Formular un protocolo de actuación e investigación contra el lavado de dinero.
Por otra parte, se calificó con nivel bajo de cumplimiento:
1. La expedición de las cédulas de identidad, aunque cabe señalara que esta acción se comprometió a llevarse a cabo en los próximos tres años.
2. La elaboración de una iniciativa para regular las transacciones en efectivo.
3. La evaluación del personal de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, que labora en áreas sensibles para dar seguimiento a los elementos dados de baja, y comunicar sus resultados a un observador ciudadano.
En este contexto, le pregunto a usted señor secretario, ¿cuáles son los motivos por los cuales la dependencia a su cargo no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en este acuerdo nacional, considerando que las metas y plazos fueron conocidos antes de suscribir el acuerdo? ¿Cuál es el grado de avance que actualmente presenta el cumplimiento de estos objetivos? ¿Qué garantías tenemos los mexicanos de que no se le dé un mal uso a la base de datos que se genere con motivo de la cédula de identidad? Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, presidente. De los acuerdos asumidos por el gobierno federal, bajo la respuesta del gobierno federal, para el primer año, de los 31 compromisos asumidos se han cumplido prácticamente todos, aunque en diverso grado de cumplimiento, y sólo queda uno pendiente que está dentro de la administración, y es la presentación de una iniciativa a esta soberanía en materia de lavado de dinero.
Ciertamente, en cuanto a la percepción del grado de cumplimiento puede haber una diferencia en la apreciación de grado, por unos o por otros. Es cierto que, México Unido contra la Delincuencia reporta grados de cumplimiento distintos a los que asumimos desde el gobierno. Sin embargo, se señala y se acepta que ha habido un grado de cumplimiento importante.
El gobierno federal entiende, asume y respeta por necesaria la critica de organizaciones políticas, y de organizaciones civiles independientes. Eso nos permite detectar complacencias, nos permite detectar errores, nos permite redoblar esfuerzos. Y estamos alertas, porque en la materia de la consolidación de la seguridad pública urge acelerar resultados; porque frente a la contención que ha podido dar el gobierno de la república a estas organizaciones criminales, estoy convencido de que cada vez son más claros los espacios institucionales de maniobra para mejorar la seguridad pública del país en los próximos meses.
El Estado, y sobre todo cuando actúa con el apoyo de las principales fuerzas políticas y ante la elaboración de leyes, instrumentos, autorizaciones y mecanismos para ser más eficiente, el Estado prevalece y siempre prevalecerá frente a los poderes de facto.
No es cuestión de un día ni es cuestión de voluntarismos, es una cuestión de esfuerzos institucionales que estamos dando desde los distintos ámbitos de gobierno, unos más que otros, y que está en vías de generar resultados.
Estoy convencido que la curva de la violencia de las organizaciones criminales no puede sostenerse mucho tiempo más, que los incentivos para estarse incorporando en las organizaciones criminales cada vez son menores y que es en la medida en que podamos generar esquemas de desarrollo, de crecimiento económico de este país, que las organizaciones criminales acabarán cayendo por su propio peso.
Pero esto requiere el compromiso de todos. De todos, para blindar a las instituciones de la corrupción; y de todos, para que las instituciones de seguridad sean valientes y puedan procurar y proteger a las mexicanas y a los mexicanos. Éste es un ejercicio de profesionalización, pero también de vocación política.
Los que tenemos el privilegio y el deber de gobernar, tenemos que proteger a los ciudadanos y asumir los riesgos que vayan con ellos.
En cuanto a los datos concretos en materia de control de confianza, el gobierno federal ha implementado, a esta fecha, prácticamente 18 mil evaluaciones; la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente 8 mil 500, en migración mil 300, en la Procuraduría General de la República casi 6 mil, en Hacienda 4 mil.
Deben recordar que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público prácticamente ha modificado a toda la policía aduanera en razón de profesionalizar este servicio en beneficio del desarrollo económico de México y de la represión del contrabando que a todos afecta.
En este sentido también se ha generado, se está consolidando el sistema de atención a víctimas, y como les he dicho, con la autorización de este Congreso podremos hacer el cumplimiento de la expedición de la cédula de identidad nacional, para aquellos propósitos a los cuales me he referido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Diego Guerrero Rubio: Señor secretario, he escuchado con atención sus respuestas y me han llamado la atención dos aspectos. Primero, que los compromisos no se hayan cumplido aun y cuando las autoridades conocieron antes la firma del acuerdo, según las organizaciones de la sociedad civil participaron. Fueron las mismas autoridades que establecieron los plazos para el cumplimiento de los compromisos adoptados.
Segundo, que estos incumplimientos se estén dando respecto a un instrumento que promovido por el gobierno federal y sobre materia que, sin duda alguna, forma parte de las más grandes ofertas importantes del gobierno, de la seguridad pública.
No olvidemos que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se firmó en el contexto de una sociedad que todavía desconcertada por el secuestro y asesinato de tres jóvenes mexicanos decidió organizarse nuevamente y pacíficamente salir a las calles a formular un nuevo reclamo a las autoridades responsables de proveerles seguridad.
Definitivamente la demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos repercute directamente a uno de los pilares fundamentales de cualquier estado de derecho.
La sociedad demanda confianza para que pueda crear en las instituciones. Al respecto, quiero mencionarle que cuando se cumplieron 150 días de la firma del Acuerdo Nacional México Unido Contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky realizó una encuesta de opinión. En ella cerca del 60 por ciento de los encuestados consideró que las autoridades estaban poco o nada comprometidas con resolver el problema de la inseguridad.
Definitivamente, la confianza de los mexicanos en las instituciones responsables de garantizar seguridad está, por lo menos, cuestionada e incumplimientos como éstos en nada contribuyen a fomentarla.
Señor secretario, si estos compromisos no se cumplieron en tiempo y forma, ¿qué nos garantiza que las 10 acciones que el presidente de la república anunció el pasado 2 de septiembre verdaderamente se cumplirán para retomar las acciones en la economía?
Ahora bien, ¿no sería justo omitir mencionar que todos los niveles de gobierno tenemos asignaturas pendientes al respecto del cumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad?
El cumplimiento general de este acuerdo fue calificado con 4.8 de 10 puntos posibles. En lo individual, se calificó al Poder Ejecutivo federal con 5.2; al Congreso de la Unión, con 7; al Poder Judicial de la Federación, con 7.5; a los gobiernos de los estados, con 3.0; a la Asociación de los Alcaldes con 0.3. Así las cosas.
Es importante para nosotros saber que la dependencia a su cargo esté en vías de cumplir los compromisos adquiridos. No obstante que se le haya excedido el término para ello, porque muchos de esos acuerdos implican cambios de fondo que contribuirán a la mejora de la seguridad pública del país.
Sólo esperamos que se cumplan los compromisos a la brevedad. De lo contrario, se atienda al exhorto formulado por el señor Alejandro Martí: "Si no pueden, renuncien".
Señor secretario, puede estar seguro que en esta legislatura, al igual que en la sociedad civil, estaremos pendientes del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos.
Reitero la disposición del Grupo Parlamentario del Partido Verde para analizar, discutir y, en su caso, aprobar al marco jurídico que se requieran para ello. Pueden estar seguros que por nuestra parte seguiremos como hasta ahora, aportando propuestas que contribuyan a la mejora de la seguridad pública de nuestro país. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el señor diputado Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD): Con su permiso, diputado presidente. El país que usted describe es tan distinto, tan diferente al que la inmensa mayoría de la población, al que millones de mexicanos vemos y vivimos diariamente.
El gobierno de facto que usted representa abusó de la confianza y de la buena fe de la gente. Prometieron empleos, un millón de empleos, nuevos cada año. Prometieron que no iba a haber impuestos nuevos ni incrementos de impuestos. Prometieron que iban a bajar el precio de las gasolinas en 50 por ciento y nada cumplieron.
Por el contrario, en 9 años de gobiernos panistas tienen sumidos al país en la peor crisis de su historia. Durante 7 años los excedentes petroleros sumaron más de 700 mil millones de pesos, dinero suficiente para impulsar el crecimiento del país y lo único que creció fue la alta burocracia del gobierno federal.
El gobierno de facto que usted representa, señor Gómez-Mont, se ha dedicado a saquear el país; se ha dedicado a brindar impunidad y a proteger los negocios de las 30 familias más poderosas de México.
El gobierno de facto es un instrumento de los bancos, de Cemex, Telmex, Televisa, Telcel, Grupo Salinas, Bimbo, FEMSA, Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca y todos aquellos que tributan bajo regímenes preferenciales.
Por todos los pueblos del territorio nacional la pobreza crece; se respira hambre y miedo. El descontento social aumenta, la inseguridad campea y han sumido al país en un baño de sangre; más de 14 mil muertos en tres años.
Frente a este panorama, usted convocó ayer a presentar propuestas que busquen el bienestar de la sociedad. Cómo creerle, cómo tomar en seria su palabra. Si tanto les preocupa el bienestar de la gente, ya lo hubieran hecho. Tres años es tiempo suficiente para demostrarlo.
Para superar la crisis el gobierno de facto no mira para arriba; mira para los lados y hacia abajo. Quiere que nuevamente seamos los de siempre, los medianos y pequeños empresarios, las clases medias, los profesionistas, los comerciantes, los sector populares quienes paguemos los platos rotos de su incapacidad y de su incompetencia.
Señor Gómez Mont, en cualquier trabajo a quien no hace bien las cosas, porque no puede o porque no sabe, lo corren, lo despiden. Permítame dos preguntas: ¿por qué no renuncian? ¿Por qué no se hacen a un lado y permiten que el pueblo soberano ponga libremente al frente del gobierno a alguien que sí sepa y que sí pueda? Estoy seguro que millones de mexicanos se lo agradeceríamos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Señor diputado, señoras diputadas y señores diputados, el gobierno de la república y especialmente su Ejecutivo federal, en su momento fue integrado mediante procedimientos políticos y democráticos encauzados a través de las instituciones, por los tribunales, y procesados por la clase política en los espacios constitucionales al respecto.
El gobierno federal en su conjunto, es decir, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coexisten en el marco de las reglas constitucionales, y esto no sólo es un argumento formal; es el producto de luchas y acuerdos históricos para sobre ellos construir la paz, el desarrollo, el crecimiento; para sobre ellos construir nuestra capacidad de respuesta frente a los retos y problemas que, como colectividad, enfrentamos.
Hoy en México existen las condiciones para procesar nuestras diferencias y los conflictos propios de una sociedad política y dinámica en términos de las instituciones existentes.
Eso no quiere decir que esto sea una panacea. A la luz del ciclo histórico que hoy nos ocupa, que cumplimos 200 años como nación independiente, que cumplimos 100 años en la construcción de procesos de modernización de la vida política, social y económica, en ese contexto estamos llamados a repensar al país y a sus instituciones, a hacerlo desde la vía de las instituciones.
La mayor parte de los temas que deben ser materia de nuestra reflexión y de nuestro análisis deben darse en el ámbito de esta soberanía. Eso no quiere decir que esta responsabilidad sólo toque a esta soberanía. Les reitero, el Ejecutivo federal presentará en las próximas semanas sus tesis, para aportar al debate nacional al que ha convocado, mediante la generación de iniciativas.
Hoy en mi presentación les he dicho que el gobierno federal está listo para entrar a la discusión de los grandes temas de la reforma política. Él propone algunos temas y no le toca a él agotar la agenda. Ésta es una agenda de México, construida por los mexicanos y desde todas las fuerzas políticas.
El dato es poder, como clase política, cumplir con la sociedad, y sobre todo, con los más vulnerables y, sobre todo, con las generaciones que vienen.
Yo y usted somos parte de una generación que desde hace muchos años pudo contactar los procesos de cambio en este país. Yo no acepto la frustración; para mí ha sido un privilegio que desde hace más de 20 años, cuanto por primera vez ingresé a la política, estuviéramos en contacto con procesos de cambio que se construyeron desde todas las fuerzas políticas del país, con distintos grados de tensión, de reclamo y de contención, pero entre todas.
La historia de México no puede ser construida a partir de exclusiones. Todos, desde nuestra historia, hemos contribuido al estado de cosas y todos tenemos una responsabilidad en lo bueno, en las carencias, en la falta de atención a rezagos, en lo que hay que hacer.
El gobierno federal ha propuesto un difícil programa a esta soberanía para rebatir las consecuencias de una situación mundial que no fue creada desde el gobierno, pero que es responsabilidad del gobierno abatir y mitigar y que requiere del análisis, la consideración y el ejercicio responsable que ustedes, como soberanía popular, dicten y mandaten al gobierno para que pueda cumplir con sus responsabilidades, sobre todo en la atención a los más vulnerables. Estamos pendientes del ejercicio de su responsabilidad.
Recordemos que en los últimos años las fuerzas políticas han podido construir presupuestos por consenso. Hoy más que nunca todos tenemos que contribuir y el gobierno federal ha lanzado su propuesta de establecer los recortes que se proponen para que se tenga claro que está dispuesto a asumir los sacrificios que tenga que hacer para empatar aquéllos que se tengan que hacer desde otra parte y construir con ellos la atención de los temas más prioritarios.
Me queda claro que bajo cualquier lógica no se puede decir que en México no existan instituciones formadas por todos, sobre las cuales se deban solucionar nuestras diferencias y construir nuestras coincidencias como políticos que decimos servir a los ciudadanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Agustín Guerrero Castillo: Con su permiso, diputado presidente. No hay que ofuscarnos, hay que ir con serenidad a estos debates.
Hace unos días, un ex panista, Francisco José Paoli Bolio, que acaba de renunciar a su partido, decía y éstas eran las razones con las cuales argumentaba su renuncia al PAN que lo que no se pudo hacer en los tres primeros años, cuando no había crisis, es imposible hacerlo en estos tres años que vienen con tanta incapacidad.
Ése fue el planteamiento de la renuncia que, más allá del origen de este gobierno, el asunto es que en tres años los resultados son negativos en todos los rubros: en empleo, en seguridad, en desarrollo social, en fortalecimiento de la vida democrática. Y ante la incapacidad decía yo en cualquier trabajo a uno le piden la renuncia.
Pero efectivamente es válido y es necesario un debate sobre el futuro del país. Y hay que poner las cosas en los términos que son. Usted, señor Gómez-Mont, representa una visión que tiene tanto derecho a expresarse como la visión que yo represento.
Usted representa esa visión de país donde se dice que ganan todos, pero que han ido ganando cada vez menos, muy poquitos, y la inmensa mayoría de los mexicanos estamos en la parte de los que siempre hemos perdido.
Y yo represento esa otra visión, donde deseamos no que ganen todos, sino que gane la mayoría, que gane la mayoría del pueblo y que paguen la crisis, la incompetencia, por primera vez en la historia de nuestro país, aquéllos que siempre han ganado. Y ese debate sí lo merecemos.
Usted representa unos intereses y yo represento otros intereses tan legítimos, tan válidos los suyos como los míos.
Por eso me parece que este país urge de un debate sincero, franco, sin encubiertas. Usted representa a los grupos a que hice mención, que han ganado siempre, desde hace por lo menos 30 años en la historia reciente del país, y nosotros representamos otra visión.
También creo que este formato que tenemos no es un formato justo. Yo no podría decirle que el hecho de que los diputados tomemos dos veces la palabra y el secretario una vez, sea un formato justo; no podríamos aceptar eso. Me parece que necesitamos un debate en términos de equidad.
Yo le propongo, señor Gómez-Mont, que podamos realizar un debate sobre el futuro de nuestro país; sobre la visión que tiene la derecha y la visión que representa la izquierda en este país sobre el futuro de México. Que lo hagamos en términos de equidad y que lo hagamos en los términos en los que nos pongamos de acuerdo. Yo espero su respuesta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gastón Luken Garza (PAN): Gracias, diputado presidente. Señor secretario, bienvenido. Para el Partido Acción Nacional, para todas las fuerzas políticas, pero en particular para la sociedad, es motivo de preocupación que el desempeño del gobierno federal brinde a todos los mexicanos una gestión que se traduzca en que las instituciones de la república funcionen. Ése es el objetivo de todo gobierno en que la democracia sea efectiva.
Instituciones del Estado sólidas están ligadas a un mayor sentimiento de seguridad, a ciclos económicos virtuosos y a la garantía de libertades fundamentales. Por ello es prioritario este tema.
El avance hacia la democracia nos ha dado nuevos mecanismos para resolver controversias, concretar reformas y encontrar coincidencias; todas al margen de las prácticas autoritarias y ajenas a un México moderno.
Hoy vemos todo tipo de expresiones de los ciudadanos y de los actores políticos, que fluyen con plena libertad; precisamente porque nuestro régimen democrático la respeta de manera irrestricta.
Sin embargo, esta nueva realidad democrática aparenta que la agenda nacional y los acuerdos que tanto reclama y necesita el país, se desahogan con lentitud. Incluso, por momentos se paraliza y aún más ante las posturas rígidas de algunos actores políticos y la polarización estratégica de otros.
La percepción de la sociedad ante estos hechos es entendiblemente crítica, pues los ritmos de la política para procesar la agenda y los acuerdos que, reitero, tanto necesitamos, no tienen la celeridad o los resultados que se demandan.
Preocupa que los temas urgentes no se resuelvan o se resuelven con lentitud. Da la impresión que no hay prisa para tomar las decisiones que pueden apoyar a los mexicanos para salir adelante, para tener no sólo un mejor futuro sino un presente mejor.
Por lo anterior, señor secretario, los diputados de Acción Nacional queremos preguntarle: ¿qué diagnóstico hace usted de la solidez de las instituciones de la república?
Además, el presidente Calderón, en su mensaje a la nación expresado el 2 de septiembre, de manera muy puntual señala 10 líneas de acción. ¿Cómo plantea avanzar en el desahogo de esos 10 puntos que consideramos que son centrales para el avance de nuestro país? ¿Qué mecanismos plantea implementar para que las decisiones urgentes que requiere el país se apresuren, por el bien de México? Agradezco de antemano sus respuestas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Agradezco las dos intervenciones que me han antecedido en ese orden. Son intervenciones que reconocen que el diálogo, el debate honrado y honesto es un mecanismo, es una exigencia de la política.
Yo creo que debemos avanzar en ese debate rebasando toda inercia y prejuicios. Yo no me conozco heredero que no sea de otra cosa que del buen ejemplo de mis padres, de la formación de mi familia y de mi trabajo. Respondo por lo que pienso y digo. No me asumo ni me detento sometido a ningún otro factor que no sea la ley y mi conciencia, y sobre ello respondo.
Y también exijo y me exijo a mí mismo no descalificar a los otros en este debate. En estos tiempos que vive México todos debemos asumir que el otro y en el otro opera una presunción de honor y de patriotismo que no debe ser desconocida.
A México le urge reconstruir la confianza entre los actores políticos y le urgen debates honestos que no pasen por mezquinos. La ciudadanía exige de nosotros buena fe, buen talento y buen talante.
Aparte del mecanismo del diálogo y del debate está el mecanismo de la responsabilidad. Todos y cada uno tenemos que responder desde los compromisos asumidos, algunos como legisladores, y yo, al haber aceptado el honor conferido por el presidente de la república, de trabajar como secretario de Gobernación, de cumplir las responsabilidades que nos señala la ley, en el ámbito que nos señala la ley. La consolidación del estado de derecho y el cumplimiento de las responsabilidades que nos señala la ley, en el ámbito que nos señala la ley. La consolidación del estado de derecho y el cumplimiento de las responsabilidades legales es otra condición del avance democrático.
Buena parte de la agenda a la que ha llamado el presidente Calderón, que no es ni puede ser exhaustiva porque el presidente de la república no agota ni puede agotar la agenda nacional, es sólo una voz privilegiada que debe ser escuchada en función de la perspectiva que tiene sobre la realidad nacional, pero no agota ni puede excluir otras. Esos tiempos ya se fueron.
En esa voz convoca a repensar nuestro sistema económico y nuestro sistema social. Convoca a representar nuestro sistema político para cómo mejorar los esquemas de legitimidad y legitimación, y cómo recuperar la confianza, sobre todo de las generaciones más jóvenes en el quehacer político.
En este centenario y en este bicentenario debemos estar especialmente sensibles a que sea en el marco de las instituciones donde se manejen diferencias, conflictos y controversias entre mexicanos y mexicanas, donde se construyan los consensos sobre los que se pueda cimentar el bienestar general; y ésa es responsabilidad de todos nosotros. Cuenten con que el gobierno federal hará su parte y estará pendiente para que se le exija que haga su parte.
Con respeto, con afecto por cada uno de ustedes, el gobierno federal actuará en consecuencia frente a los otros Poderes que tienen la corresponsabilidad de encontrar mejores destinos para México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gastón Luken Garza: Gracias, señor diputado presidente. Compañeros legisladores. La sociedad nos demanda llegar a acuerdos. Sí, el Congreso es el espacio natural para el debate, para la crítica, para el intercambio de ideas, pero por encima de esto, el Congreso debe ser espacio para el diálogo constructivo que lleve a acuerdos que urgen a la nación. Con el perdón de la expresión, aquí urge menos rollo y más resultados.
Éste es el espacio, hoy más que nunca, para presentar propuestas puntuales, propuestas que no sean un mero listado de objetivos en el que todos estamos de acuerdo, sino una ruta clara para que, precisamente, los logremos a través de plasmar los qués, los cómos, los quiénes, los cuándos, dóndes, de una manera muy puntual en tiempo y en forma.
Veamos hacia el futuro, vamos por lo que no se ha hecho. Todos nos necesitamos a todos. Acción Nacional tiende la mano y desea construir con las demás fuerzas políticas la reforma del Estado que abona a la democracia, para que la democracia sea efectiva; que abona a la rendición de cuentas y que abona a la transparencia. Una reforma de Estado que incluya sentar nuevas bases para llegar a acuerdos, acuerdos que demanda la sociedad y que requieren las instituciones.
Invitamos a dejar atrás la mezquindad política que tanto daño nos hace a todos; a sociedad y a gobierno. Reconozcamos que la nación es administrada por una pluralidad de fuerzas políticas y, por ende, a todos conviene transitar hacia la modernización de nuestro país.
Nuestra obligación es rendir buenas cuentas todos, y no perder valioso tiempo en discusiones estériles. La sociedad cuestiona con dureza el que, habiendo tantas cosas en las que sí estamos de acuerdo las fuerzas políticas, éstas no se traduzcan en reformas que nos permitan eliminar lastres y amarres para que México tome aliento y tome impulso.
La transformación del mismo Congreso urge. Da la impresión que lo único que cambia aquí son las personas que entran y salen cada tres años. Invitamos a pensar en grande, con imaginación colectiva, y pongamos sobre la mesa temas como la reelección de los legisladores, entendida ésta como el derecho del ciudadano de calificar a su autoridad y a su gobierno. Si le gusta, qué bueno; si no, otro y dejemos de perder tanto experiencia con borrón y cuenta nueva constantemente.
Pensemos en temas como disminuir el número de legisladores, diputados y senadores. Ahí sí hay un gran ahorro para el país. Hay que ir más allá de lo que ganemos o no; hay que ir a donde hay excesos, a donde puede haberlos y donde es nuestra obligación contribuir, y más ante esta circunstancia por la que pasa el país, de nuestra parte, de nosotros, y esto yo creo que tiene mucho sentido.
Hablemos de ese tema también. Hablemos de acotar el fuero que tenemos los legisladores. Sí a un fuero que nos proteja en términos de nuestras decisiones, en términos de nuestra responsabilidad de trabajo; no a un fuero para la impunidad, no a un fuero para la charoleada, no a un fuero para el abuso de la ley.
Por qué no, están obligados también los partidos políticos a ser generosos y a poner de su parte. La disminución del financiamiento público, en estos momentos, con más razón urge.
El PAN, en su primer acto, la fracción parlamentaria del PAN decidió una disminución de dietas, decidió una disminución de gastos. Esto significa ahorros de cientos de millones de pesos. Invitamos, de manera respetuosa, a que las otras fuerzas políticas también se sumen a encontrar ahorros en la medida que los puedan encontrar.
Es momento para la reflexión nacional, es momento para colocarlos a la altura de las circunstancias. Que hoy sea el punto de partida para construir. En Acción Nacional reiteramos no sólo nuestra disposición sino nuestro pleno interés en que juntos construyamos de manera puntual, en tiempo y forma, la agenda del futuro; la agenda de la reforma política para que nuestras instituciones funcionen plenamente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Señor secretario de Gobernación, hemos escuchado con atención los planteamientos que, desde su óptica y con el compromiso de decir la verdad, ha formulado usted a esta soberanía. Hay que decir que, salvo aspectos poco relevantes, la política interior de la república no se puntualiza en este documento entregado al Congreso.
Como dijo el diputado que me antecedió del Partido Acción Nacional: queremos menos rollo y más resultados. No hemos escuchado a lo largo de esta comparecencia, con todo respeto se lo decimos, un compromiso claro del gobierno de la república para fortalecer el federalismo y la relación sana que debe privar entre este orden de gobierno y las entidades federativas.
La falta de diálogo y coordinación con los estados y municipios se ha traducido por momentos en autoritarismo, lo que vulnera la relación de respeto que debe existir en la toma de decisiones que los involucran.
Claro ejemplo de ello ha sido la incursión del Ejército y las policías federales en todo el país que, sin mediar coordinación con los gobiernos estatales, se introducen en procuradurías, detienen a elementos de diferentes corporaciones y señalan con índice de fuego a funcionarios públicos locales; pretendiendo descalificar, acusar y mediáticamente destruir, antes de ser juzgado, a todo aquel servidor público que colabore en gobiernos que, casualmente, no son de Acción Nacional.
Celebramos la lucha contra el crimen y nos sumamos a ella, pero ésta no puede ser el pretexto para vulnerar la soberanía de estados y municipios a quienes se les debe involucrar en el combate de estos delitos.
Señor secretario, nadie con responsabilidad debe adjudicarse la verdad absoluta. Los gobiernos estatales merecen tener la confianza del gobierno federal para encarar juntos este lastre que ha acabado con las familias de México.
Hoy es tiempo de enderezar la estrategia e involucrar a las autoridades de todos los niveles. Por eso le pregunto: ¿cuál es el papel que juega la Conferencia Nacional de Gobernadores en la toma de decisiones que tienen que ver con temas de seguridad nacional?
¿Por qué ha permitido usted, con o sin el aval del presidente de la república, que diversos operativos vulneren la coordinación que debe existir con los gobiernos estatales? Y ¿por qué, a pesar de diferentes señalamientos públicos en contra de gobiernos panistas, ahí no se ha intervenido?
Las elecciones de 2009, señor secretario, han concluido. El mensaje del pueblo de México no pudo ser más claro: no está de acuerdo con las políticas públicas que desde el gobierno federal se están dictando. Y hablamos de elecciones, porque la Secretaría de Gobernación es la encargada de tender los puentes entre el gobierno federal y los partidos políticos; es la encargada de ofrecer las condiciones de gobernabilidad.
Por eso le solicitamos a usted, señor secretario, pueda dialogar con su partido ¿por cierto, aquí está el presidente nacional? para que se abstenga de generar un ambiente de confrontación, de amenaza y de autoritarismo, de cara a la renovación de 10 gubernaturas el próximo año.
Usted también es panista, señor secretario. Contésteme sin evasivas un sí o un no claros. ¿Para usted también son señores feudales los gobernadores del PRI? Esperamos que no omita esta respuesta.
El PRI ha dado muestras de colaboración y de contribución para fortalecer el estado de derecho. Así lo hicimos en la toma de protesta de Felipe Calderón, exigimos, por tanto, el mismo respeto. ¿Podremos tener los mexicanos, secretario, el compromiso de que el gobierno federal no tratará de incidir nuevamente en los resultados electorales del 2010?
Y por último, cuéntenos usted, señor secretario, ¿cuántos Gómez Mont trabajan en el gobierno federal? Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, no es, ni será desde el gobierno federal donde se nutrirá el encono en materia de seguridad pública. El gobierno federal ha venido actuando con gobiernos estatales y municipales en la generación de operativos, en su gran mayoría solicitados por las instancias locales. Así ha trabajado en Michoacán, así ha trabajado en Chihuahua, así a trabajado en Durango y así ha trabajo en otras partes de la república.
Estamos en la posibilidad de consolidar a las políticas de seguridad como políticas de Estado. El gobierno federal no ha buscado actuar de manera sectaria; ha hecho trabajo en su propia casa y ha depurado, consignado y perseguido a funcionarios federales, donde se encontraron evidencias de vínculos con las organizaciones criminales.
Cuando procedió contra diversas instancias de gobierno en Michoacán, procedió sin distingo de partido. Autoridades electas pertenecientes a los tres partidos políticos de mayor votación, PRI, PAN y PRD; autoridades propuestas por esos tres partidos fueron acusadas ante los jueces federales. No aceptamos que se haga con un sesgo político ni con un sesgo partidista.
En segundo lugar, la Conago tiene una incidencia política e institucional, con las políticas de seguridad pública. Es en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde concurren gobernadores, munícipes y la federación, a través de diversos miembros, donde se construyen líneas generales para la consolidación de un sistema republicano en materia de seguridad pública.
No es necesario que la Conferencia Nacional de Gobernadores intervenga en ese sentido, aunque, claro, en diversas ocasiones ha intervenido. Recuerdo la última, en donde todos los gobernadores apoyaron al gobierno federal en su lucha contra la delincuencia organizada; por cierto, en pleno proceso electoral, en Monterrey.
Su siguiente pregunta, señor diputado. Sí, soy miembro desde hace muchos años de Acción Nacional y agradezco que ése haya sido el espacio político sobre el cual cumpla mis deberes ciudadanos. Eso no me hace mejor ni peor que usted, porque usted sea del Revolucionario Institucional. Cada quien decide desde dónde servir a México, y todos podemos servir a México.
Por último, en cuanto a la pregunta personal que usted hace y que me parece poco pertinente para las cuestiones que tratamos sólo le digo: desde que yo acepté la invitación del presidente, no conozco que ningún miembro de mi familia se haya incorporado al gobierno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Señor secretario, llevamos varias horas aquí discutiendo en el pleno, más bien escuchando el monólogo del señor secretario de Gobernación, que a veces contesta lo que quiere y a veces omite lo que le conviene.
No nos sorprende, señor secretario de Gobernación, escuchar los esfuerzos que hace usted para justificar lo injustificable. La falta de oficio político es evidente en la Secretaría de Gobernación y en la Presidencia de la República.
No ha habido una consolidación de las políticas públicas en el gobierno federal ni en las económicas, donde podemos ver una profunda recesión, falta de empleo, falta de seguridad; ni en lo político, donde se pone de manifiesto la falta de congruencia entre lo que ustedes planteaban cuando eran partidos sin gobierno y con lo que ahora dicen, siendo un gobierno de partido.
No es permisible, señor secretario, lo que usted está comentando. Nadie cuestionó su militancia. Aquí nadie cuestiona en qué partido político quiere uno militar o ser parte de él. Nadie se lo cuestionó, señor secretario, usted sólo se puso el saco.
Lo único que le pedí es que hablara con el presidente de su partido, siendo secretario de Gobernación y además panista, para que evite dar decálogos de buenas costumbres y de buenas razones, para poder justificar desde ahorita la derrota que van a tener el próximo año, en el 2010.
Lo exhortamos para que en ese ánimo, secretario, impulse el federalismo, y en congruencia con ello se fortalezca a las entidades federativas. Lo exhortamos a que como jefe del gabinete revise la actitud de varios secretarios de Estado, que han convertido sus oficinas en casas de campaña.
Le pedimos, secretario, que se dejen de lado los discursos llenos de cifras, como decía el compañero diputado del PAN, pero carentes de estrategias, que confunden al pueblo de México y que lo llenan de desánimo.
El PRI ha llegado con una amplia mayoría legislativa. Estamos dispuestos a contribuir con lo que México necesita para crecer, porque ése es el mandato de nuestra militancia. Así lo hemos hecho a lo largo de toda la historia, aunque muchos se desgarran las vestiduras pretendiendo descalificarla.
Nunca el PRI ha ido en contra de los intereses de México y por ello la gente nos regresó la confianza y ganamos las votaciones, y hoy somos la primera fuerza política de México. Nunca en el PRI hemos sido incongruentes con nuestra propuesta, que tiene orígenes revolucionarios.
Y le recuerdo el discurso que ayer dio usted, señor secretario, en un evento oficial. Usted dijo que no comparte la lucha revolucionaria. Qué pena, es un discurso poco alentador y antinacionalista. Ahí mismo usted convocó a la unidad y al diálogo, y le tomamos la palabra, pero déjeme decirle que no le creemos.
Con esto concluyo mi intervención, tengo entendido que está usted pidiendo un receso, entendemos que tiene que hacer algunas llamadas para pedir asesoría. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (14:41 horas): Gracias, señor diputado. Por acuerdo de la Mesa Directiva se declara un receso de 5 minutos.
(Receso)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (14:49 horas): Se reanuda la sesión. Para la segunda ronda de preguntas, respuestas, comentarios los grupos parlamentarios han registrado a los siguientes diputados:
Señor diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia; la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza; señor diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista; diputada Teresa Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; diputada María Dolores del Río Sánchez, del Partido Acción Nacional; diputada Mercedes Guillén Vicente, del Partido Revolucionario Institucional.
Por tanto, se concede el uso de la palabra hasta por tres minutos para que formule su pregunta, al diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia.
El diputado Pedro Jiménez León: Señor secretario, en estos días se cumplen 70 años de la fundación de su Partido Acción Nacional y la sociedad se pregunta: ¿cómo quieren pasar a la historia? ¿Cómo los promotores de la democracia que le ofrecieron al pueblo de México en el año 2000 y que les permitió lograr la alternancia, o cómo lo que se ve hoy: los que fracasaron durante dos administraciones en el intento de desmantelar el sistema que ustedes llamaban antidemocrático y que decían combatir?
La realidad es que este gobierno tiene una gran deuda con la democracia. Surgido en medio del cuestionamiento del "haiga sido como haiga sido", no ha encontrado la manera de legitimar su actuación, ni ha encontrado la manera de concitar el apoyo y la voluntad de los ciudadanos que quieren seguir avanzando en la construcción de un país más democrático y, por tanto, más justo, igualitario e incluyente.
Sabemos que no era fácil romper la red de intereses y privilegios, pero lo menos que esperábamos era que lo intentaran. Lejos de ello, esta administración, igual que la anterior, optó por la omisión y la complicidad con los poderes fácticos.
Son fácticos porque tienen capacidad para actuar por encima de las instituciones y de las leyes. En este escenario el poder público, lejos de servir para proteger al ciudadano, hoy se ejerce para perpetuar los privilegios.
Por eso, a pesar de todos los intentos, no se ha podido concluir una verdadera reforma del Estado. Esta reforma, tal como la concibe Convergencia, deberá revertir esta situación colocando al ciudadano en el centro de la acción del Estado como corresponde.
Necesitamos más sociedad y menos gobierno. Pero no en el sentido neoliberal de un Estado adelgazado o que renuncie a sus obligaciones, sino uno que haga valer las garantías constitucionales, que respete los derechos humanos, instaure y defienda los derechos sociales.
Por eso, pregunto señor secretario: ¿conoce usted la propuesta de Convergencia para construir el cuarto poder, el poder ciudadano? Y si estaría de acuerdo en apoyarla o está usted satisfecho con los muy escasos avances logrados en la reforma del Estado. Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta el señor secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, presidente. Señoras y señores diputados, en primer lugar, no me alejo, ni puedo alejarme ni me alejaré, de ser un heredero, como toda mi generación, de las gestas que ha forjado este país, entre ellas la Independencia nacional y la Revolución mexicana.
Milito en una tradición política que se construyó a partir de esas realidades y de esas gestas, que trabaja y que lucha por consolidar lo que fueron las exigencias de entonces, entre ellas la del sufragio efectivo, y entre ellas, la de la democracia efectiva. Coincido con quien ha tomado la voz antes que yo, en la necesidad de avanzar en la reforma del Estado.
Como lo hice al iniciar mi intervención ante esta soberanía, señalé que por más de 10 años, prácticamente 12, el Poder Ejecutivo ha convivido con un Legislativo en el cual ningún partido ha tenido la mayoría absoluta.
El avance de las reformas que exigen el país, de reformas que construimos juntos en intensión, en diálogo y en acuerdo las fuerzas políticas antes de 2000, y las que fueron posibles después de 2000, y las que son necesarias en el 2009, sólo pueden hacerse bajo el marco de la responsabilidad de todos.
Las reformas de Estado son eso, de Estado; parten del acuerdo esencial de las fuerzas políticas para convivir dentro de ese marco de referencia. El gobierno federal hará todos los esfuerzos para consolidar los espacios, para que esas reformas del Estado puedan ser discutidas y asumidas.
No hay temas tabús. La agenda está abierta, está indicada por las plataformas de todos y cada uno de los partidos, donde existen coincidencias importantes en materia, por ejemplo, de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, o en materia de reelección de legisladores, en materia de reducción de los miembros de la Cámara.
El gobierno federal aportará su experiencia, sus preocupaciones y sus propuestas a este debate, pero especialmente en materia de reforma del Estado es un debate entre las fuerzas políticas.
Coincido con el diputado en la necesidad de construir y consolidar mayor y mejor ciudadanía, que pueda atender a la solución de sus problemas sin tener que estar pasando necesariamente por la intermediación política para la solución de estos problemas.
Potenciar sociedad es fortalecer democracia. Hemos dicho que estamos abiertos a discutir instrumentos que permitan un acceso más rápido a la justicia para la tutela de intereses colectivos o difusos, y para fortalecer los alcances de las conquistas por la libertad y respeto a las garantías, realizadas por particulares durante la tramitación de litigios en materia de amparo. Estamos dispuestos a escuchar otras.
Que este momento de la renovación nacional nos encuentre dispuestos a fortalecer a los actores sociales y económicos, y la consecución de los fines; a tener mecanismos y procedimientos que nos fortalezcan a todos; y la política y los actores políticos se fortalecen fortaleciendo sus legitimaciones, y se fortalecen cumpliendo con sus deberes de responder a la gobernabilidad.
Lo he dicho y lo sostengo. En la última década los actores políticos aprendimos a valorar mejor las herramientas del diálogo y la negociación; pero también la sociedad ha reconocido a los políticos que atienden estas herramientas.
Cuando los políticos han construido gobernabilidad, la sociedad se los ha reconocido; cuando han actuado contra la gobernabilidad y por la ingobernabilidad, la sociedad se los ha reprochado. Se los digo con todo respeto.
No se puede entender el movimiento en la apreciación del electorado del Partido Revolucionario Institucional si no se entiende el cambio de conducta política que tuvo dicho partido el trienio pasado con el trienio anterior. Para mí ésa es una lectura política clara.
La gobernabilidad y apostar a la construcción de los acuerdos nacionales no sólo es un imperativo ético, señores, es una buena estrategia electoral.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Pedro Jiménez León: Señor secretario, le agradezco que coincida; sin embargo, los hechos nos demuestran otra cosa. Por eso quiero reiterar que las instituciones del Estado que debieran velar por el interés nacional, es decir, de todos, no están operando bajo reglas democráticas, sino en función de intereses con grupos de poder político que no se conciben a sí mismos como servidores del ciudadano.
También están sirviendo a quienes detentan el poder económico, los monopolios privados, con las empresas transnacionales más interesadas en incrementar su propia riqueza que en generar condiciones de desarrollo incluyente y eso, eso no es democracia.
Insisto, las reglas e instituciones abiertamente antidemocráticas del régimen autoritario no son funcionales a una sociedad más abierta y plural que demanda urgentemente transitar, de una vez por todas, hacia un sistema democrático. Pero los gobiernos de Acción Nacional han optado por operar bajo esas reglas con las siguientes consecuencias: permanece intacto el aparato burocrático administrativo que propicia y sobrevive por la corrupción, el amiguismo y la componenda. Permanece un gran déficit en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La impunidad sigue siendo el gran obstáculo para que los ciudadanos encuentren respuesta a sus demandas de seguridad y de justicia. Se sigue gobernando desde y para los medios electrónicos de comunicación; la propaganda hoy es más importante que los resultados. La ciudadanía no encuentra vías de participación directa, no hay plebiscito, no hay referéndum, no hay revocación de mandato.
Por tanto, es importante que el ciudadano vuelva a ser el eje y el centro de la política. La pobreza y la desigualdad no se combaten; más bien se mantienen programas clientelares con fines políticos electorales.
Ante estos saldos yo lo invito, señor secretario, a que le diga al titular del Ejecutivo que aún tiene tiempo para enderezar el camino. Si no lo hacen así, yo les aseguro que los gobiernos del PAN serán una etapa más renovada, muy breve, pero eso sí, renovada en la larga noche del autoritarismo mexicano.
Señor secretario, pasando a otro tema quisiera preguntarle respecto del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Fopreden, no el Fonden, porque año tras año hemos visto que en el Estado de México, por ejemplo, en el valle de Chalco y Chalco sigue habiendo siniestros por fenómenos naturales, es decir, no se previenen. Ahora los tuvimos en la Delegación Magdalena Contreras y en otras partes del país.
Yo quisiera preguntar cómo opera dicho fondo si año tras año sucede lo mismo. Cuál es la verdadera acción de prevención. La secretaría que usted ocupa reporta que adquirió equipo especializado para las emergencias por un monto total de 3.6 millones de dólares. ¿Dónde está ese equipo especializado, dónde se ocupa y cuándo se ocupa? Espero sus respuestas, señor secretario.
Finalizo preguntando: ¿cómo nos invitan a repensar el modelo económico, si en el paquete económico vuelven otra vez con la misma insistencia de cobrarle impuesto a los que menos tienen?
Segundo. Coincido con el diputado de Acción Nacional y el del Partido Revolucionario Institucional que aquí dijeron "menos rollos y más resultados". Qué bueno que lo escuchó usted, señor secretario.
Ojalá lo escuchen los titulares de las otras secretarías. Porque si nos atenemos a los índices de desempeño gubernamental, es decir, a la efectividad del gobierno, éstos están a la baja y, por tanto, están reprobados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados. Señor secretario, cuando hablamos de gobernabilidad nos referimos no a la vigencia de las instituciones democráticas desde un punto de vista simplemente formal, sino a la legitimidad de esas instituciones y a los riesgos que las amenazan. Una boca con hambre, un funcionario corrupto, un crimen sin castigo, un atentado contra la vida o el comercio de una sustancia ilícita son golpes que recibe la democracia como el mejor sistema de gobierno.
El que se den estos hechos en diversas entidades de nuestra república, el que se hayan vuelto fenómenos cotidianos de nuestra sociedad constituyen factores que dañan a la democracia en su legitimidad y credibilidad y, por ende, restan eficacia para el logro de los objetivos que son esenciales para la creación de instituciones sólidas y duraderas.
Entendemos y apoyamos los esfuerzos del gobierno federal en su combate al crimen organizado, en su propósito de recuperar la seguridad y la tranquilidad a nuestras ciudades; sin embargo, el costo que estamos pagando como sociedad y los riesgos y desgaste a que se somete a instituciones tan valiosas y tan apreciadas por los mexicanos, como lo es el Ejército Mexicano, es demasiado alto.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república se asumen como principios fundamentales el respeto a los derechos humanos y el fomento de una cultura de respeto de los mismos; sin embargo, los derechos humanos y su respeto se mantienen en la agenda como un asunto que debe ser atendido, como una prioridad en el contexto de las actividades desarrolladas por el Ejército Mexicano en el combate a la delincuencia organizada.
Vemos, con preocupación, que instancias y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos señalan en sus informes que no existe un avance o una respuesta positiva de parte del gobierno mexicano para sancionar a los responsables o resarcir el daño a las víctimas.
Señor secretario, es urgente que se tomen acciones que permitan garantizar la preservación del Ejército Mexicano como una de las instituciones más apreciadas y con mayor credibilidad en la sociedad mexicana.
En ese sentido le preguntamos: ¿qué tipo de mecanismos o políticas se han implementado para la creación del fondo de reparación para estas víctimas, ante la actuación específica de los cuerpos de seguridad del Estado? Por su respuesta, le agradezco.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el que me antecede en el uso de la palabra vuelve a tocar un tema, y hace una pregunta que a todos nos preocupa y nos ocupa.
¿En qué medida hemos recurrido a las reservas institucionales de las Fuerzas Armadas para poder reconstruir las instituciones de seguridad en este país, que sean hartas, suficientes y potentes para brindar seguridad a los ciudadanos?
El gobierno federal, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho que las tareas que actualmente realizan el Ejército y la Marina no le son normales y ordinarias. Que, en la medida en que las instituciones en su conjunto han visto amenazadas su capacidad para brindar de manera eficiente seguridad a los ciudadanos, han sido convocadas al auxilio de estas instituciones del Estado.
Que en tanto la fortaleza institucional de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo las de seguridad pública, estén en condiciones de cumplir su tarea, las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina se irán retirando de la tarea, como viene sucediendo.
Es y debe ser un compromiso del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, apresurar este ejercicio de depuración y profesionalización de las fuerzas para no abusar del tiempo, la tarea, el sacrificio y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas para conquistar la seguridad ciudadana en México.
Debe ser este Congreso quien establezca la prioridad que se debe dar a esta reconstrucción institucional en la asignación de recursos, aún en un momento difícil. Creemos que es falsa la disyuntiva entre seguridad y desarrollo, entre seguridad y avance social. No se tiene que escoger entre uno y otro. Uno y otro se retroalimentan necesariamente. Sólo en la seguridad crecen y se multiplican las iniciativas sociales y las iniciativas individuales de progreso y de estabilidad y de paz.
La inseguridad también es un costo económico a las inversiones. A todos conviene que esa tarea no sea ni postergada ni seamos ambiguos en el acometimiento de la misma. Yo sé que los gobernadores de los estados estamos dispuestos a sembrar esfuerzos. Pero es muy importante, señores, que el Congreso también reflexione sobre esto.
La parte más débil del eslabón en materia de seguridad están siendo las autoridades municipales y en algunos casos las estatales. El gobierno federal ha tenido que intervenir con las fuerzas de seguridad pública y la Fuerza Armada en algunos estados cuando los policías se estaban viendo amenazados y rebasados totalmente por las organizaciones criminales.
Se generaron operativos para potenciar esas destituciones. Hoy en Chihuahua las Fuerzas Armadas se van retirando en la medida que se reconstruyen las instituciones municipales y estatales de seguridad.
Ése es el convenio que firmamos autoridades federales, estatales y municipales. Esa es la lógica de este esfuerzo. Ése es el compromiso que en este tiempo tenemos que cumplir por México.
En la medida que avancemos la violencia se abatirá. No existe una alternativa razonable para someter la violencia y para someter a los violentos que la aplicación de la ley por fuerzas de seguridad públicas subordinadas a mandatos de autoridades democráticas.
No existe otra alternativa razonable. El gobierno está dispuesto a escuchar y ha dicho que esto es una condición necesaria pero no es suficiente. Es generar los espacios para el desarrollo social, es generar los espacios para las políticas de salud; es generar los espacios para las políticas de educación; es generar los espacios para las políticas sociales.
Pues sólo la recomposición del tejido social y la dinámica económica creciente será la que permanentemente excluya la violencia delincuencial en este país, pero sin contención, sin el sacrificio y sin el riesgo de los cuerpos militares, marinos y policiales de este país, eso no va a ser posible.
En este sentido, reitero que por convicción democrática y por preservación de la seguridad nacional, esos cuerpos están abocados a respetar los derechos fundamentales. Cuando se ha faltado a la disciplina para que estos cuerpos de seguridad no respeten los derechos humanos, cuando ha sido tentación dejar que procedan sin disciplina, sin arreglo y sin respeto a la ley, dichos cuerpos en buena medida han dejado a las instituciones y han transitado a las organizaciones criminales.
No es ni puede ser permitido ningún acto de crueldad de las instituciones de seguridad. La ley es garantía para todos, pero para ellos mismos, para ellos mismos para preservar honor, vida y cumplir deber.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para hacer comentarios, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su venia, presidente. A nivel internacional se ha comprobado que la participación del Ejército en acciones de seguridad se recomienda sólo como una acción temporal y en casos de emergencia, por lo que es urgente que se evalúen otros mecanismos de combate a la delincuencia, que eviten el desgaste de esta institución tan valiosa, como es el Ejército.
Es cierto que México vive una crisis de inseguridad y que dicha coyuntura requiere una respuesta eficaz. En este sentido, consideramos que esta respuesta debe estar fundada en el desempeño profesionalizado por parte de la policía. La prevención y sanción de la corrupción de las fuerzas de seguridad, la prevención del delito y en todo momento el respeto a los derechos humanos.
Por el contrario, se persiste en la estrategia de promover numerosos operativos que han llevado a la militarización de nuestras calles, con la justificación de atacar el crimen organizado. Los resultados son preocupantes.
En agosto pasado, al concluir la Cumbre de América del Norte, el presidente de la república afirmó que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México. Y que su gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos. Y que sus críticos deberán probar un caso, un solo caso en el que haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.
Sin embargo, a pesar de tal posición, Human Rights, en su informe de abril de 2009 documentó en detalle 16 casos de abuso que fueron investigados por agentes del Ministerio Público militar, en los cuales no se ha hecho justicia.
Desde que el gobierno desplegó más de 40 mil efectivos para la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico, los abusos contra la población civil han sido parte de la agenda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió mil 230 denuncias de abusos cometidos en el contexto de operativos militares, una cantidad seis veces mayor que las denuncias recibidas hace tres años.
Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que se suponen abusos contra civiles; y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar. A esas denuncias, aún se espera respuesta.
Para Nueva Alianza es urgente que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de contar con cuerpos policíacos profesionales, honestos y suficientes para hacer efectivo el estado de derecho y poder liberar al Ejército de una tarea para la cual no ha sido creado.
Nuestro Ejército ha cumplido de manera efectiva y con un alto sentido de compromiso su misión en diversas situaciones de desastre para apoyar a la población civil, resguardar las instituciones estratégicas para el país y es garante de nuestra soberanía. Le reconocemos su valentía y su entrega por las causas de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos, para formular su pregunta, el señor diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Secretario del gobierno de facto, cinco preguntas. Human Rights Watch entregó un informe en abril de este año que acredita 17 violaciones graves, 70 víctimas, entre 2007 y 2008, de asesinatos, torturas, violaciones sexuales, gastritis mal cuidadas diría su jefe, y detenciones arbitrarias. No hay un solo soldado detenido ni juzgado. Samuel González Ruiz, de la extinta Unidad Especializada del Delito Organizado de la PGR, habla de 7 mil violaciones. ¿Qué van a hacer para detener esa impunidad?
Segundo. ¿Por qué su chofer, Paulino Cruí Sánchez, tiene el puesto de subdirector de área ganando ese salario, y su secretaria privada tiene el puesto de director de área ganando ese salario?
Y ¿cuánto gana usted realmente, secretario? Dicen que gana 149 mil 704 pesos, pero gana el doble porque recibe sobresueldos y una serie de compensaciones, además de seguro privado. Díganos cuánto gana, porque hay mucha hipocresía en Acción Nacional, cuando dicen que van a bajar el 10 por ciento de los sueldos y aceptan el 100 por ciento en sobresueldos.
Tercer pregunta. ¿Por qué no le han pedido la suspensión de derechos y garantías constitucionales a esta soberanía como corresponde, según el artículo 29 constitucional, y violan con la militarización del país permanentemente derechos y garantías constitucionales?
¿Por qué Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga, no se militariza y sí se militariza México?
Le pregunto en cuarto lugar ¿por qué es tan flojo su jefe Calderón? Me explico: de cada tres días de actividad trabaja dos y uno no trabaja, según la agenda que publican en Internet. Y de los dos días que trabaja, tiene una sola actividad al día en promedio.
Finalmente, el pasado primero de septiembre le pedí que le dijera a Calderón que le exigía su renuncia. Le pregunto si le llevó mi mensaje. Por último, le hago un pequeño breviario cultural. No existe el verbo mandatar. Existe la palabra mandato. El verbo es mandar. Ahí se lo dejo para que mejore su cultura, secretario de facto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor secretario de Gobernación, para dar respuesta, hasta por tres minutos.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Gracias, señor diputado Solís. Señores diputados y diputadas, Human Rights Watch, entre otras organizaciones internacionales, ha reconocido que frente al estado de cosas se justifica la intervención de las fuerzas armadas. Ya he hablado con el señor Roth, con el señor Vivanco, y ellos no han cuestionado esa decisión de su comandante supremo.
Hoy analizan y presentan un informe de 17 casos, si no mal recuerdo, donde se alegan violaciones a los derechos humanos, y éste es un tema delicado. Primero, el puro informe no necesariamente prueba la existencia de las violaciones, sí de las quejas. ¿Y por qué es especialmente delicado, señores? El Estado mexicano está comprometido a tomar muy en serio estas investigaciones, y bajo sus propios procedimientos, determinar qué ha sucedido ahí.
Ni está en su interés el tolerar abusos; pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten.
No se puede hacer una generalización, ni que en todos los casos se trata de abusos, ni que en todos los casos se trata de infamia y de calumnias. Se debe investigar con rigor y bajo los esquemas y procedimientos de las leyes.
Les sostengo aquí, que más allá del interés del comandante supremo, en los altos mandos de las fuerzas armadas existe una voluntad absoluta de preservar el amplio margen de reconocimiento social que tienen las fuerzas armadas, y no denostarlos mediante el abuso o soltando el control sobre las tropas, que en buena parte interviene en esta decisión para interrumpir las mecánicas de violencia que siempre se dan sobre los más vulnerables, para someterlos a las necesidades de reclutamiento y de exacción de las organizaciones criminales.
En muchos lugares del país son las fuerzas armadas aquellas a las que más confianza se les tiene para interrumpir estas cadenas de miedo. Así pues, estamos en el proceso de realizar esas investigaciones. Pedimos de ustedes buena fe y apertura de mente para analizar todas las posibilidades en cuanto a los hechos que ahí se narran.
Entender que puede haber espacios para difamar a nuestras fuerzas armadas y con ello desgastar uno de sus activos principales, que es su sentido del honor y el prestigio que tiene con la comunidad. Los que se están jugando la vida por proteger a los más vulnerables se merecen esa buena fe.
Por lo que toca a los sueldos, usted, señor diputado, los conoce. Estos se transparentan por la secretaría a mi cargo, y por todas las secretarías de Estado. Usted podrá hacer las valoraciones de merecimiento, o no, sobre ese ingreso.
Créame que yo no me metí al servicio público por vocación de riqueza. Me metí en un momento en el que el presidente de la república me pidió que lo ayudara a sacar adelante la tarea pública en momentos difíciles de la vida, y después de una tragedia que a él en lo personal le tocó profundamente; y yo, por la admiración y el respeto que le guardo, lo acepté, y porque desde hace muchos años la vena política ha estado en mi vocación de vida.
Por lo que toca a la intervención de las fuerzas armadas, hoy existe en el Senado una iniciativa de seguridad nacional para que se reglamente el concepto constitucional previsto en el artículo 86, fracción I, de seguridad interior, que sólo se ha desarrollado incipientemente por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se vea en qué condiciones puede y debe intervenir a fortalecer a las instituciones de seguridad pública en este país.
El presidente ha propuesto una discusión democrática al respecto, a la soberanía popular, de una facultad que ya le había reconocido la Corte, de Fuerzas Armadas que piden a la representación política el desarrollo de reglas para que lo que hagan hoy no les sea reprochado en el futuro, por haber sido realizado en razón de las instrucciones de autoridades electas y de reglas previstas y claras dictadas por el Congreso de la Unión. Y no, no pasé su recado. No estoy para hacer todo lo que usted diga. ( la bancada panista reaccionó con una aclamación al titular de Gobernación)
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, para hacer su comentario, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Al secretario de facto se le va la fuerza por la boca, porque no responde a las preguntas. Le pregunté no sólo de Human Rights Watch, sino le dije que Samuel González Ruiz, de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la PGR, habló de 7 mil violaciones. A éste no le puede decir que no sabía del tema, si era su compañero de gobierno usurpador. Entonces, qué han hecho con esa impunidad que existe.
También finge demencia, porque un abogado como él conoce perfectamente el artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Dicho de otra manera, ningún retén militar es legal, viola derechos y garantías constitucionales si no le han pedido a esta soberanía, con fundamento en el artículo 29 constitucional, la suspensión de derechos y garantías. Así es que se pasan el estado de derecho por encima, no les importa nada.
Por otra parte, dice que se metió aquí por la muerte del español Mouriño y que la tragedia que tocó a Calderón, usted la ha de conocer bien. Pero es falso. Se metió aquí por su jefe Diego Fernández de Cevallos, que era el que querían que fuera a la Secretaría de Gobernación y no usted, y al final acabó aceptando este cargo de rebote, como personero que es de este traficante de influencias público y notorio, conocido por este país.
Se equivoca también al citar el artículo. Es el artículo 89, fracción VI, yo no soy abogado, pero ahí le dejo otro pequeño breviario cultural para su información.
También le digo, por si no sabía, que en el libro Secuestrados, de Julio Scherer, se define a su jefe, a su actual jefe, a Calderón Hinojosa, como inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas, en la página 14, y eso no lo digo yo, lo dice nada menos que Carlos Castillo Peraza, que algo conocía a Calderón Hinojosa porque fue su mentor.
También le digo que si usted, su despacho privado, contratara a alguien para defender al pueblo de México, y lo defendiera tan mal como usted, estoy seguro que ya lo habría corrido.
Y estoy seguro que si tuviera un poco de conciencia, usted ya habría renunciado, porque al deshonor de servir a un gobierno usurpador, se suma el deshonor de servir a un gobierno que, le informo, perdió las elecciones estrepitosamente el pasado 5 de julio.
Sí, ardido el PAN, claro, que perdió, gravísimo. Sí, se necesita cara dura para servir ahí en el gobierno. Y como dice el diputado del PAN: basta de rollos, queremos soluciones. Y la única solución y aportación que ustedes le pueden dar al país es su renuncia, y que regresen insisto lo que se robaron: la Presidencia de la República.
También le digo que su chofer gana lo que un subdirector de área, y eso no es correcto. Y su secretaria privada gana lo que una Cuando venga Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, que vendrá, entonces lo cuestionan. Ahorita estamos cuestionando al secretario del gobierno de facto. No se ardan, hombre, aguántense. Aguanten los cuestionamientos, aguanten. Aguanten los cuestionamientos.
Y quiero terminar, es lamentable que cuando se suben a la tribuna no sostengan los argumentos, no den razones, no digan por qué, no le explican a las familias asesinadas en los retenes militares así, por qué nos dicen esto que están diciendo. Se necesita cara dura para matar a una señora con sus hijos y después decir que respetan el estado de derecho.
Se necesita cara dura para mandar a Ignacio del Valle, el agente de Atenco, a la cárcel, criminalizando la lucha social y decir que respetan el estado de derecho. Se necesita cara dura para decir que son patriotas y rematar Petróleos Mexicanos. Se necesita cara dura para acabar con el ISSSTE y el Seguro Social, y aceptar un seguro de gastos médicos privados. De veras que no tienen vergüenza, deshonran a lo que fue el Partido Acción Nacional.
Quiero terminar diciendo que aquí tengo el libro de Paco Ignacio Taibo II, Temporada de zopilotes, y aunque el secretario del gobierno de facto dice que no está para hacer lo que yo le pida, le vuelvo a pedir que se lo regale a Calderón. Porque lo veo muy parecido a Victoriano Huerta, aunque muy chiquito. Ojalá se lo haga llegar. Gracias compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra el diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Payaso tú, que usurpas la Presidencia y vives de ese beneficio.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos para formular su pregunta.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor secretario de Gobernación, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 afirma que los residuos sólidos peligrosos son especialmente relevantes, porque se carece de infraestructura suficiente para su confinamiento final. Esta situación pone en riesgo la salud de las personas y la calidad del ambiente, por la contaminación que generan actualmente estos residuos peligrosos.
Nuestro país cuenta solamente con dos confinamientos controlados de residuos peligrosos en funcionamiento: uno, en el estado de Nuevo León; otro más, en el estado de Coahuila.
Es incuestionable que nuestro país necesite inversión en este tipo de infraestructura. De acuerdo con información del propio gobierno federal se estima que el país produce poco más de 8 mil 400 millones de toneladas de residuos sólidos peligrosos cada año y que de esta cantidad 420 toneladas por año, lo que representa el 5 por ciento del total, necesita forzosamente confinarse en sitios habilitados específicamente para ello.
En ese sentido, señor secretario como usted sabe, en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, una empresa construye desde 2004 un confinamiento de residuos sólidos peligrosos para lo cual, según afirmaciones de la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, obtuvo todas las autorizaciones ambientales correspondientes.
En nuestro país existen antecedentes de conflictos similares al que planteo, como los casos de los confinamientos de residuos que en su momento se pretendieron operar en los municipios de Guadalcázar, San Luis Potosí, y más recientemente en el municipio de Plutarco Elías Calles, en el estado de Sonora.
Señor secretario, sabemos que la dependencia a su cargo tiene conocimiento de este conflicto y ha fungido como mediador en él. Por ello, y como responsable de promover el estado de derecho le hago las siguientes preguntas.
Número uno, ¿cuál es el estado actual que guarda el conflicto en Zimapán? Número dos, ¿cuáles son las acciones que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar, por un lado, que en este tipo de inversiones se garantice el derecho de la gente a la salud y a gozar de un medio ambiente sano y, por otro lado, también se garantice la seguridad jurídica para las inversiones en este país?
Finalmente, secretario, como tercera pregunta me gustaría comentar sobre el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, en donde también hay grupos de oposición. Nos gustaría saber por qué hay mucha especulación en ese sentido y si el gobierno federal a cancelado o no, definitivamente, este proyecto. Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Carabias. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, hasta por cinco minutos.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia, señor presidente; señor diputado Carabias, señoras diputadas y señores diputados. Efectivamente, en el caso de Zimapán se ha venido construyendo una planta para el tratamiento de estos residuos, que recientemente se vio paralizada porque la autoridad municipal o el cabildo decidieron revocar autorizaciones que ya había dado.
Es el hecho que esto se dio, ya que se había hecho una inversión muy considerable en la planta, y hoy la Secretaría de Gobernación interviene para buscar conciliar a las autoridades a fin de que respeten:
Uno, inversiones que cuentan con todas las autorizaciones de los gobiernos federal, estatales y, en su momento, municipales.
Dos, proyectos que son necesarios para la seguridad de las personas y para el desarrollo de determinadas industrias; y
Tres, para que haya libre competencia económica en estas materias. Hoy por hoy la oposición del municipio de Zimapán a que pueda echarse a andar en plenitud el proyecto en cuestión, sólo está favoreciendo a la única planta que existe en el país, que está en Monterrey, para ese respecto. Y en este sentido, resulta paradójico que un gobierno emanado del PRD esté, con su actitud, favoreciendo a un monopolio para el tratamiento de estos residuos.
Hemos hablado con las autoridades en este sentido. Estoy convencido también de la disposición de dicho partido para abatir los privilegios que se derivan de los monopolios en ciertas actividades económicas, que podremos coincidir, de los logros para superar estos temas, y seguiremos peleando por espacios: uno, para que se cumpla la ley; y dos, para que se haga al menor costo posible para las partes involucradas en el conflicto. Ése es nuestro deber como mediadores en el presente problema.
En cuanto a La Parota, éste es un proyecto auspiciado por el propio gobierno de Guerrero y por algunos de los municipios colindantes ahí. Es un problema que nos presenta particularidades que se dan en este tipo de formación de presas, sobre las comunidades que no saben cómo se va a ver afectada su productividad y su actividad económica una vez que la presa opere, que entre en funcione, y que se hagan las indagaciones del caso, porque algunas actividades tendrán que ser canceladas y otras nuevas se abrirán.
Hoy por hoy se sigue avanzando en la reconciliación de todos los actores involucrados en el problema. No podrá haber una salida al conflicto de La Parota si no se le garantiza a los afectados un futuro económico posible vinculado al nuevo proyecto. Hoy por hoy no se ha cancelado el proyecto, pero la consolidación de la presa La Yesca, en Nayarit, sí da espacios para que éstos no tengan que ser inminentes.
Contamos y esperamos seguir contando con la buena voluntad de las partes, del gobernador de Guerrero, de las organizaciones vinculadas, a fin de solventar este problema que es en beneficio de todos, y que no tiene, estoy cierto, no tiene un tinte partidista, sino parte de la legítima preocupación de comunidades que se ven afectadas por un proyecto económico en su modo tradicional de vivir y la necesidad de construir una alternativa para que ese proyecto sea algo que beneficie sus vidas y no los perjudique. Gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, ciudadano secretario. Para formular su comentario tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Carabias Icaza.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor secretario de Gobernación, gracias por puntualizar en las preguntas. No cabe duda que en este tipo de conflictos quedan manifiestas, a veces, las limitaciones del marco jurídico vigente, porque todo es perfectible, pero todavía vivimos en un país en donde no todo lo que es legal es justo, y también, no todo lo que es legal es legítimo.
Creo que ésas son las áreas precisamente de oportunidad de actuación de la Secretaría de Gobernación para poder demostrar el oficio político, la negociación y el poder privilegiar el interés público sin que se tengan que sacrificar también derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades, porque desafortunadamente no son pocas las experiencias en donde la población, las comunidades, han sido víctimas de abusos, excesos y afectaciones por parte de inversionistas o seudoempresarios que a través de engaños y a veces hasta a través de corrupción desarrollan proyectos sin responsabilidad social o ambiental, aun a veces contando con todas las licencias y las autorizaciones que son requeridas.
Esas experiencias han generado, en algunos estados particularmente, un clima de sospecha y de desconfianza hacia distintos proyectos de inversión y sobre todo ante una sociedad cada vez más informada, mejor organizada y sensibilizada en los temas que tienen que ver con la salud y el medio ambiente.
En este clima de sospecha a veces pagan justos por pecadores y así se han perdido también inversiones necesarias, como estas inversiones de confinamiento de residuos peligrosos que también tenían el potencial de generar empleo y de fomento al desarrollo económico regional y nacional y que a veces son víctimas de campañas de desinformación.
Creo que en casos en donde se pone en entredicho el estado de derecho consideramos indispensable que la Secretaría de Gobernación actúe con esta visión de privilegiar el interés público, pero con todo respeto a los derechos humanos y la salud de estas personas.
Por eso desde esta tribuna queremos hacer un llamado, una invitación a que la Secretaría a su cargo se involucre de manera más decidida, pero sobre todo, de manera efectiva en la mediación de conflictos entre grupos de la sociedad organizados e inversionistas, sobre todo cuando son proyectos o inversiones claramente de competencia de la federación.
Por nuestra parte el Partido Verde seguirá muy de cerca el desempeño de la Secretaría de Gobernación en este tipo de conflictos y aprovechamos para refrendar nuestro compromiso, para trabajar a favor de la salud, la protección al medio ambiente y claro que sí, por supuesto, también por el desarrollo económico del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Carabias. Tiene la palabra la diputada Teresa Inchaustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor vicepresidente. Señor secretario, en la visión que suscribe el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 está el ser motor principal para que México tenga una sociedad abierta, libre, plural, con una sólida cultura democrática y consolidar la cultura del respeto a los derechos humanos.
Pero en lo que hace al derecho de las mujeres no pareciera que existan esos mismos propósitos. Por eso pregunto, ¿por qué las políticas de esta Secretaría discriminan a las mujeres en el goce pleno de sus derechos? Le doy algunos ejemplos claros.
La Secretaría tiene a su cargo el Programa Nacional de Prevención de Desastres, en el cual debiera existir una clara integración de la perspectiva de género, toda vez que es una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia 3: Igualdad de Oportunidades.
También el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades fijó una línea estratégica clara, la línea estratégica número 3; sin embargo, en el programa que estoy comentando no hay una sola línea de acción en esa materia. ¿A qué se debe esta omisión?
¿A qué responde también, señor secretario, el rezago que en materia de política de población se ha observado en estos años? Particularmente en planificación familiar y fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que persiste una alta demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y que ubica a la mitad de las entidades del país en un rezago de 20 a 30 años respecto de los niveles que traíamos hacia finales de los años noventa.
Es evidente también el escaso interés de la dependencia a su cargo en la detección y atención a las víctimas de trata en materia migratoria, sobre todo de mujeres, niñas y niños indígenas mexicanos, que son enganchados por polleros nacionales que los desplazan desde Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, hacia los campos agroindustriales del noreste. Estamos hablando de aproximadamente unos 16 mil que son explotados sexual y comercialmente.
Dígame, señor secretario, ¿qué hace y qué ha hecho la secretaría a su cargo para defender los derechos humanos de estos adolescentes, niñas y niños?
La Secretaría de Gobernación preside también el Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, la cual, de acuerdo al artículo 23 de esa misma ley prevé la declaración de la alerta de género en caso de que exista agravio comparado, que es una medida establecida por la ley para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
En tal caso se debe crear un grupo interdisciplinario para la investigación; sin embargo, en la sesión del día 20 de julio se rechazó automáticamente, incluso la formación de una investigación en ese caso.
¿Qué ha hecho usted para impedir en 16 entidades el establecimiento de una legislación que suprime la libertad de las mujeres para interrumpir el embarazo, con causa justificada, y tácitamente declara la existencia de la persona jurídica desde el cigoto?
¿No cree usted que la propia secretaría a su cargo, al igual que las autoridades de Guanajuato, incurren en violencia de género? ¿Por qué su informe, señor secretario, en materia de derechos humanos y seguridad es un documento pletórico en recuento de reuniones y eventos burocráticos, y ayuno en resultados concretos?
¿Cuándo vamos a conocer el diagnóstico de género? ¿Cuándo vamos a conocer el Programa Nacional para una Vida Libre de Violencia? Y, sobre todo, ¿cómo va a garantizar los derechos humanos y la seguridad de las mujeres con un recorte de casi 60 por ciento del presupuesto etiquetado de género? Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Incháustegui. Para dar respuesta a su pregunta tiene la palabra el ciudadano secretario de Gobernación, hasta por cinco minutos.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont: Señora diputada, la secretaría a mi cargo ha sido consistente en impulsar mecanismos para favorecer o propiciar la equidad de género. Le reitero mi convicción de que para mí la lucha en contra de cualquier forma de discriminación y, sobre todo, la que se da por género, atenta contra la sociedad tolerante que tenemos que consolidar y construir en México.
Yo estoy convencido que ésta es un tarea pendiente, no es una tarea acabada, y que pasa por una lucha no sólo política, sino también cultural.
La Secretaría de Gobernación tiene la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el Programa de Derechos Humanos, de desarrollo político, de medios, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, etcétera; sobre todo, también las acciones del Estado para evitar o luchar contra la trata de personas, que no es más que una revisión de la esclavitud con motivos sexuales o laborales.
Todo esto atenta contra el ser nacional y no es tolerado, permitido o propiciado desde el gobierno federal. Se van generando los instrumentos, firmado los tratados internacionales para articular políticas públicas a este respecto.
Por lo que toca a la Secretaría de Gobernación frente a las autoridades estatales y a su soberanía en materia de sus decisiones soberanas, obviamente a la Secretaría de Gobernación le toca respetar los procedimientos constitucionales de cada uno de los estados, para llegar a aquellas conclusiones en la esfera de sus entidades de lo que debe proteger. Este ejercicio de definición en las Constituciones locales fue producto de lo que resolvió, en su momento, la Corte al definir el tema del aborto.
No me considero obligado a intervenir en ese proceso, sino sólo para ver que se respeten los espacios de discusión; para la adopción de esas medidas a través de los órganos políticos electos por las comunidades.
Sólo me toca ver que en esos espacios de debate puedan escucharse todas las voces, inclusive de quienes piensan como usted, y que por esa razón no sean excluidas de la deliberación social, de qué conductas son permitidas y cuáles no, tratándose de proteger bienes valiosos.
Hay quienes pensamos que la vida es vida humana desde el cigoto, no porque lo diga la ley, sino porque es una convicción personal. En mi caso, la vida misma, me da evidencia de ello. Mi hija, que fue producto de una fertilización in vitro, la conozco desde su primera mórula como ser humano. Y yo le sostengo que tengo prueba plena de que así es, más allá de la ley. Pero en mí estará respetar su posición y ver que sea respetada, y pedirle que respete las otras, y que sean los consensos constitucionales los que definan las políticas públicas.
Quienes pensamos distinto a usted, como demócratas, tenemos esas vías para contraargumentar y argumentar lo que usted sostiene, y estamos obligados a respetarle ese espacio a usted, con la convicción profunda de que las buenas razones en los buenos debates prosperan.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias por su respuesta, ciudadano secretario. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, para hacer sus comentarios, hasta por cinco minutos, ciudadana diputada.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Señor secretario, percibo que en los resultados que su ramo presenta en materia de género se han puesto por delante las condiciones religiosas de su partido, que son muy respetables en el plano personal y privado, pero que no tienen cabida en el orden de la política pública de un Estado laico, moderno y democrático.
Además, usted está obligado, por la firma de la CEDAW, a hacer todos los esfuerzos para defender y hacer promover los derechos humanos de las mujeres. Está obligado a promover la armonización legislativa.
En ese sentido, la política de población refleja el desinterés del gobierno respecto a las mujeres y sus derechos. Los discursos oficiales también enfatizan la convicción de combatir la pobreza femenina y buscar empoderar a la mujer, pero los hechos van en sentido contrario, porque la demanda insatisfecha en métodos anticonceptivos se relaciona en forma inversa con el desarrollo socioeconómico de las entidades federativas.
Estamos hablando aquí de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde menos de la mitad de las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos. El Programa Oportunidades dice ampliar los márgenes de elección de los grupos más pobres y señala que favorece a las mujeres, cuando en los hechos, por la resistencia a las prácticas anticonceptivas se le niega a las mujeres más jóvenes elegir su futuro. Así, una de cada 10 mujeres entre los 12 y los 19 años no trabaja, no estudia y está condenada a ser madre desde los primeros años de su juventud, en un hogar uniparental.
Tampoco existe perspectiva de género en la política de población ya que no hay un esfuerzo por sumar a los hombres en las prácticas de contracepción. En materia de políticas de familia tampoco se reconocen ni la diversidad existente por los cambios sociodemográficos en las familias, ni la necesidad de que en los miembros haya más tareas que tiene que asumir la mujer en su doble tarea de madre, y ahora también, proveedora de ingresos. Urge por eso reconocer esa carga de trabajo, promover un reparto más equitativo de responsabilidades y asumir las políticas de conciliación en materia de trabajo y familia.
La legislación antiaborto, ante la cual ha sido omiso, señor secretario, es aberrante jurídicamente porque suprime los derechos de una persona plenamente constituida a favor de otra inexistente aún, pasando por los derechos que la propia Corte reconoció plenamente, como el derecho a la libertad, el derecho a la protección a la salud, el derecho a la libertad de la mujer sobre su cuerpo, la libertad reproductiva, etcétera.
Las legislaciones en contra de los derechos reproductivos de las mujeres que se han aprobado regresan 200 años atrás la situación jurídica de las mujeres, ya que se les niega la capacidad de sujetos políticos y de derechos, y colocan su existencia sólo en calidad de úteros.
En suma, señor secretario, percibo que convocan a cambios que no están dispuestos a hacer para fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos. Se dicen defensores de la familia, pero no hacen nada por la integración y la no violencia. Se dicen defensores de la vida, sobre todo de los no natos, pero son omisos ante la defensa de los derechos y la seguridad de los ya nacidos y crecidos, y de niñas y niños, adolescentes que son objeto de trata sexual y explotación laboral.
Se preocupan más por los estándares de las calificadoras de inversión, pero desdeñan las observaciones y recomendaciones de los más altos instrumentos internacionales de derechos humanos.
La propuesta para colocar en el más alto organismo de procuración de justicia de este país, a un funcionario omiso y desdeñoso de la seguridad y los derechos de las mujeres, no habla muy bien de la sensibilidad del gobierno federal ante la violencia feminicida.
La igualdad de las mujeres, señor secretario, sus derechos humanos, su seguridad y sus oportunidades son también parte de los grandes temas de la nación. Si usted quiere avanzar por ese camino, le tomamos la palabra si es que en realidad reconoce plenamente los derechos y las libertades de las mujeres. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted por sus intervenciones, diputada Incháustegui. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su pregunta, hasta por tres minutos.
La diputada María Dolores del Río Sánchez: Con su permiso. Señor secretario de Gobernación, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional también estamos preocupados por el tema de las mujeres, de sus familias y de la realidad que viven en nuestro país; sin embargo, voy a cambiarle de tema.
Nosotros estamos convencidas y convencidos que en México sí hemos cambiado. Una de las transformaciones más importantes que ha significado para México el advenimiento de la vida democrática lo es, sin duda, la redistribución del poder.
En los últimos nueve años los poderes Legislativo y Judicial han asumido en plenitud y dignidad sus responsabilidades constitucionales, dando vigencia plena al régimen republicano de división y equilibrio en el ejercicio del poder.
Del mismo modo, los gobiernos locales han emergido como actores políticos de primera importancia. Usted lo decía hace un momento, por primera vez en la historia, en las decisiones fundamentales de México se escuchan las voces y las propuestas de las autoridades estatales y municipales, surgidos tanto en la Conferencia Nacional de Gobernadores como en las diversas asociaciones de gobiernos municipales.
Esta nueva dinámica ha propiciado cambios sustantivos, como el significativo aumento de recursos presupuestales que ejercen los órdenes de gobierno estatal y municipal, registrado en lo que va de este siglo.
Yo tengo algunas preguntas muy puntuales, señor secretario, a nombre de los diputados federales del PAN, y queremos saber lo siguiente. ¿Cómo es posible, desde su perspectiva, consolidar la participación de la ciudadanía y a las instituciones democráticas, en el ámbito local?
¿Qué políticas se aplican para arraigar en todo el país las prácticas como la democracia, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; el combate a la corrupción y a la impunidad donde, por desgracia, los gobiernos locales representan el mayor foco rojo al respecto?
Por último, una cuestión adicional. ¿Cómo afectaría un rechazo a los cambios fiscales propuestos por la Secretaría de Hacienda a la agenda federalista del gobierno del presidente Felipe Calderón? Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, por sus preguntas, diputada Dolores Del Río. Para darle respuesta, el ciudadano secretario tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia. Señora diputada, señoras diputadas y señores diputados, hoy, en un momento en que se reflexiona sobre la estructura constitucional del país, sobre la manera en cómo la alternancia y la transición política ha modificado el esquema de división de poderes, es fundamental partir y aceptar que hoy los gobiernos estatales tienen una participación mucho más importante y preponderante en la vida nacional.
Buena parte del desplazamiento del poder que en su momento se concentraba en el Ejecutivo Federal hoy descansa, a raíz del avance del federalismo, también en los titulares de los gobiernos estatales.
Si como sistema político hemos transitado a formas de transparencia y rendición de cuentas, a una auténtica división de poderes a nivel federal como condición de desarrollo político, esto puede y debe ser garantizado en los niveles estatales y municipales.
Desde esta soberanía, en su carácter de Constituyente, podemos y debemos analizar qué hacer para fortalecer la autonomía y la independencia de los poderes judiciales estatales.
Déjenme darles una cifra que debe movernos a todos a preocupación. Al Poder Judicial federal en el presente año le fue autorizado un Presupuesto de Egresos de alrededor de los 31 mil millones de pesos y todos los poderes judiciales de los estados se les concedieron sólo 17 mil millones de pesos. La distribución de las cargas de trabajo de ninguna manera representa esa simetría en las asignaciones de los recursos.
Pasar por la modernización del sistema político en México es, entre otras cosas, reconocer la necesidad de poderes judiciales más creíbles y de maneras más aceleradas, transparentes y que generen certidumbre para resolver las controversias entre actores económicos, políticos, sociales.
Hoy por hoy, por ejemplo, la Corte juega un papel muy importante para resolver controversias entre las mayorías y las minorías en el orden parlamentario o entre las diversas instancias de gobierno. Ésa ha sido una señal de avance político.
Consolidar la credibilidad de los poderes judiciales estatales con suficiencia de recursos y analizar modos y mecanismos para fortalecer su credibilidad en la sociedad es un imperativo democrático. Asimismo, los órganos de derechos humanos. Si en la federación aceptamos que éstos sean autónomos, ¿por qué no a nivel estatal?
¿Cuál es el principio de la eficacia de ciertas operaciones contrapuestas al federalismo? ¿Por qué deben existir calidades distintas y exigencias distintas en lo federal de lo que opera en lo local o lo municipal, sobre todo cuando son estos niveles de autoridad los más cercanos a la comunidad y los que muchas veces de mejor y mayor manera afectan a la vida de las personas?
Esta es la reflexión que hoy debemos hacer. El gobierno no puede olvidar que la mejor construcción de la legitimación en este país debe venir de abajo para arriba, y desde las autoridades más cercanas a la comunidad hacia arriba. Para ello debe consolidar la institucionalidad de estos niveles de gobierno.
Todos los partidos aquí han tenido experiencias a nivel municipal, estatal, y en algunos casos, a nivel federal. A todos toca encontrar un nuevo equilibrio entre estos tres niveles de gobierno, y la consolidación de instituciones que transparenten el ejercicio de gobierno, y que permita rendir cuentas a la comunidad, porque autoridad sin responsabilidad no puede ser democrática; y porque responder implica responder en las urnas, pero también responder en las cuentas.
Y para ello, el gobierno federal será una voz que privilegie este análisis para ahondar en las reformas necesarias para que los principios que ustedes han impuesto en la vida política nacional, a nivel federal, bajen a lo local y a lo municipal; si es que todos aceptamos que sobre esos principios se construye democracia, responsabilidad política, transparencia y honradez en la actividad de gobierno.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias por su respuesta, ciudadano secretario de Gobernación. Para formular sus comentarios, tiene nuevamente la palabra la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor secretario, usted lo sabe bien, para Acción Nacional desde su fundación, hace 70 años, la genuina vocación ha sido el compromiso federalista y municipalista, y por eso es de particular satisfacción que estos cambios avancen precisamente en la vía de construir un nuevo Estado, articulado de abajo hacia arriba. Un Estado solidario donde todos los gobiernos se sitúen al máximo de sus responsabilidades.
Reconocemos que el gobierno federal que no sólo ha decidió transferir atribuciones y recursos a los gobiernos locales, sino que ha asumido la vanguardia con respecto a la modernización de la operación gubernamental aplicando estrategias innovadoras en los procesos de gestión, la extensión de sistemas informáticos en todo tipo de trámites y rutinas de trabajo, así como en la implantación de esquemas de transparencia y acceso a la información gubernamental. Incluso hoy el gobierno federal nos anuncia que procederá su redimensionamiento como parte del programa para enfrentar la actual crisis.
Esperamos, señor secretario, que este proceso de modernización de la administración pública se refleje también en todos los gobiernos locales del país. Que el disponer de mayores recursos presupuestales sea sinónimo de mayores compromisos de los gobiernos para resolver los problemas sociales.
Que el nuevo papel político asumido por gobernadores y alcaldes signifique autoridades más eficientes y eficaces para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Que el tener mayor autonomía para tomar decisiones no implique que algunos gobernantes locales asuman perfiles de autoritarismo y control político que vayan en sentido contrario de la modernización y la vida democrática del país.
Esperamos, señor secretario, que para los gobernantes locales, igual que para el gobierno federal, la prioridad sea realizar una mejor gestión evitando empeñar los recursos públicos, torcer el cumplimiento de la Constitución para otros fines que no sean los que la ciudadanía les ha conferido.
La transparencia en este sentido del uso del recurso público es imprescindible en todos los órganos de gobierno. Acción Nacional insiste en que el fortalecimiento del federalismo tenga como premisa la responsabilidad.
Demandamos a la Secretaría de Gobernación que asuma un claro papel como impulsor de la agenda federalista, manteniendo el debido respeto a los poderes estatales. Los ciudadanos demandan de todas sus autoridades, municipales, estatales y la federal, eficiencia, vocación de servicio, transparencia en el ejercicio de los recursos, y en este momento de crisis, austeridad en todos los órdenes y órganos de gobierno.
Un país se construye con el esfuerzo de todos, de todas sus instituciones políticas, ésta misma, el Congreso de la Unión, de la cual formamos parte todos los que hoy estamos aquí.
Debemos tener absoluta claridad y responsabilidad de que necesitamos ver a México en el mediano y en el largo plazo. Un México moderno en lo económico, justo en todos los temas sociales, equitativo con sus hombres y con sus mujeres.
También tenemos que reconocer que de aquí salen las reformas estructurales del país. Y efectivamente, como se ha comentado de manera reiterativa por algunos compañeros diputados, el pasado mes de julio la ciudadanía decidió quiénes estaríamos aquí.
Hoy cada uno de nosotros debemos asumir esa responsabilidad en lo personal; y como grupo, la ventaja que los ciudadanos nos han dado.
Y quiero reiterarle, señor secretario, que en el grupo de Acción Nacional no nos vamos a lavar las manos y vamos a actuar con completa responsabilidad hacia el país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Del Río, por sus intervenciones. Tiene ahora la palabra la diputada Mercedes Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos, diputada Guillén.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, la inequidad, desigualdad y aprovechamiento por encima del derecho de los otros, del derecho del pueblo, parece ser un signo de la presente administración.
Nunca como ahora se ve la incongruencia del deber ser y lo que el Ejecutivo federal, sobre todo el gobierno interno debiera hacer. Ya no como reclamo, sino simple y llanamente, porque para eso es el gobierno, para servir a los mexicanos.
Señor secretario, bienvenido de nueva cuenta a esta soberanía, en la que usted se desempeñó, por cierto, como presidente de la Comisión de Justicia, en la LV Legislatura, porque precisamente vamos a hablar de justicia, y de justicia para los mexicanos que hoy no están aquí.
Y entonces por eso vamos a hablar de la política nacional y la migratoria. ¿Cómo no ocuparnos de la política migratoria cuando no hay un mexicano que no tenga un hermano, un pariente o un amigo que forme parte de este frecuente hecho que a veces termina en tragedia?
¿Cómo no ocuparnos de nuestros migrantes si con su sudor y su sacrificio ayudan por vía de las remesas al sostenimiento de millones de familias?
¿Cómo ignorar el hecho de que existan 12 millones de mexicanos sólo en Estados Unidos, donde la mayoría son discriminados?
¿Cómo desconocer el trato inhumano que frecuentemente le damos a miles de centroamericanos que llegan al país, para adentrarse al vecino del norte?
En este contexto, señor secretario, me permito hacerle respetuosamente las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los ejes de las políticas gubernamentales que específicamente atienden el fenómeno de los migrantes mexicanos?
¿Cómo se expresarán esas políticas públicas en el 2010?
¿La Secretaría a su cargo tiene pensado, ahora sí, poner al día la Ley General de Población?
¿Tiene usted la disposición para pagar los 38 mil pesos que legalmente le corresponden a los exbraseros en una sola exhibición? ¿Qué hará el gobierno federal para evitar que los mexicanos que regresan durante ciertos periodos del año no sean esquilmados, y hasta asaltados, por las autoridades de los 3 niveles de gobierno?
¿Cuáles son las gestiones que el gobierno mexicano realiza frente al presidente Barack Obama o frente al Congreso de los Estados Unidos para resolver el problema migratorio? ¿Cómo se evitará que miles de personas sean repatriadas por la frontera norte todos los días, mexicanas o centroamericanas y se garantice lo mínimo de acuerdo a los tratados internacionales sin descansar en los gobiernos estatales que no tienen potestad en la materia?
¿Qué nos puede decir de la corrupción de agentes y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, presuntamente involucrados en la trata de blancas y de personas? Señor secretario, con el debido respeto, solicito a usted sea tan amable en responder estos cuestionamientos, como el hombre de Estado que es.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias por sus preguntas, diputada Guillen. Para dar respuestas a ellas, tiene la palabra el ciudadano secretario de Gobernación, hasta por cinco minutos, adelante licenciado Gómez Mont
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Le agradezco, diputada Guillen, sus expresiones respecto a mi persona, se lo digo con toda sinceridad.
Evidentemente el Estado mexicano, sobre todo por su posición geográfica, tiene una posición especial en materia de migración. La primera es la de la congruencia: no podemos actuar frente a la migración que nos llega del sur bajo parámetros axiológicos distintos, y aquellos que exigimos a los Estados Unidos frente al respeto de la migración mexicana, o que le viene de México. Así pues, este gobierno ha despenalizado a la migración ilegal, exigiendo una actitud consecuente de parte de sus vecinos.
Ha establecido una modernización importante de trámites para facilitar la migración legal en la frontera sur con Guatemala, a través de permisos para visitantes y permisos para trabajo, ya no sólo agrícola, sino para otras áreas, y regularizar los flujos migratorios.
Ha realizado controles de confianza frente a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración para abatir el margen de abuso y corrupción frente a los migrantes, por parte de estos funcionarios. Y cuando ha tenido conocimiento de indicios en su contra ha colaborado eficientemente con las autoridades estatales y federales responsables de perseguir penalmente estos abusos en esa materia, como sucedió hace poco en el Estado de Yucatán. Ha investigado aquellos datos de abuso que se han conocido en las partes de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas. Ha constituido a los grupos Beta a fin de auxiliar las condiciones difíciles en las cuales algunos de nuestros paisanos intentan la migración y evitar con ellos su muerte o daño a su integridad.
Trabaja con el gobierno de los Estados Unidos para que se reconozca, en primer lugar: que siendo este un país constituido de migraciones, reconozca el valor de las migraciones de antecedentes hispánicos, en la formación misma de ese Estado como nación. Y, como tema político y económico, exige que no se discrimine o se caricaturice o denueste a la mexicanidad, frente a las valoraciones que hoy se hacen, y confía que podrá avanzar una reforma migratoria en los Estados Unidos, a principios del próximo año, tal y como lo sostienen ellos.
No nos toca intervenir en las decisiones soberanas de otros países, como nosotros no aceptamos que intervengan en las nuestras, pero si exigimos el respeto fundamental a los derechos humanos de nuestros nacionales.
Con Estados Unidos hemos asumido la responsabilidad en diversos rubros de lo que nos toca hacer aquí, para exigir con mucha mayor contundencia la responsabilidad que les toca hacer allá.
Un ejercicio de congruencia no excluye ni debe excluir la comunicación respetuosa entre estados. Un ejercicio de congruencia nos permite construir una agenda común en donde lo humano sea reconocido.
Hoy por hoy el tema de migración es un tema de identidad también para ellos. Hoy el tema de migración es un tema también de desarrollo para nosotros. Reconocerlo y actuar en consecuencia es deber de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
También le acepto, diputada, que hay que hacer enmiendas a la Ley General de Población. Pronto presentaremos ante ustedes nuestras propuestas para que sean analizadas por esta soberanía y podamos contar, como hemos contado en el pasado, con su buena disposición para mejorar las herramientas.
La migración no es ni debe de ser un tema que divida al gobierno del Congreso o a los partidos políticos entre sí, por responder fundamentalmente a la solidaridad con los mexicanos. Gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias por sus respuestas, señor secretario. Para formular comentarios tiene la palabra la diputada Mercedes Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del PRI, y con ello concluimos la segunda ronda de intervenciones de esta comparecencia. Hasta por cinto minutos, diputada Guillén.
La diputada Mercedes Guillén Vicente: Señor secretario, nos queda claro que el fenómeno migratorio no ha recibido de la administración del presidente Calderón la respuesta que reclama.
Al parecer no importan las mujeres y los niños solos, las familias disgregadas, el drama social en sí. ¿Sabe usted el lugar donde se encuentra este tema en el actual informe de gobierno? Está en el último sitio.
La información es poca, sólo se enuncian operativos del Programa Paisano, las cuestionadas gestiones del Instituto Nacional de Migración y eso sí, se menciona el Programa Tres por Uno, cuyo énfasis es eminentemente político.
De esta manera es como la administración del presidente Calderón nos da a entender que en política migratoria se cumple con eficiencia, cuando es obvio que ni es política, ni se cumple, y mucho menos con eficiencia.
Vea usted señor secretario, como lo dijo usted mismo en México contamos, como en ningún país del mundo, con tres condiciones: somos país de tránsito, de destino y de transmigración.
Sin embargo, es curioso que así como nos indignamos del trato a nuestros emigrantes en Estados Unidos, nosotros no tratamos ni tantito mejor a los centroamericanos; quid pro quo y sin política de estado migratorio. Al final del día, ¿cómo podemos reclamar para nosotros lo que a otros les hacemos?
El PRI plantea a usted que la frontera sur se convierta no sólo en un modelo de respeto a los derechos humanos, sino un espacio de desarrollo regional que genere empleo a los mexicanos y, concretamente, a los guatemaltecos.
De la misma manera, así como no hemos ordenado el patio de atrás, somos muy capaces de tratar de meter un orden muy cuestionable en casa.
La cédula de identidad pretende saber cara y señal de cada mexicano, o para decirlo concretamente, considera 14 elementos biométricos; independiente al costo que representaría credencializar a toda la población mexicana en tiempos que, aunque usted no lo crea, son de crisis global.
Estamos delante de abrir una caja de Pandora en que vivimos, donde los datos personales estarían expuestos ante el flagelo que vivimos por el crimen organizado. Si eso no le da miedo a alguien, es porque está muerto. En fin, esta cédula se parece demasiado a una ficha delincuencial.
Tenemos una observación crítica, señor secretario. Desde el punto de vista jurídico la ley no da para que el Ejecutivo lo haga solo; a fin de cuentas se trata de un instrumento del Estado donde debieran intervenir los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Una cosa más. Deberíamos dejar en claro cuál es el papel de la credencial de elector ya que si esta cédula la sustituyera, regresaría el control del registro electoral al gobierno, que fue el tema del Partido Acción Nacional para quitarle la facultad al Ejecutivo; reclamo que en su momento los priistas aceptamos.
Por otra parte, los derechos de los homosexuales, de los indígenas, de las personas con discapacidad, enfermos de VIH/sida y en especial de niñas y niños, siguen violándose todos los días por actitudes racistas, discriminatorias y de otras formas conexas de intolerancia, y esto es una realidad que debe reformarse.
Una buena parte de la pobreza y la exclusión de este país se explica por la persistencia de la discriminación, y el gobierno de la república no sólo ha sido omiso en esta materia, sino que pareciera que hay una actitud deliberada de no asumir la defensa de la diversidad como un elemento constitutivo de nuestra democracia.
De la misma manera, en esta necesidad de ordenamiento, vemos asuntos inconclusos, señor secretario. Nunca como ahora se había generado un escándalo de tal magnitud que dejó a la sociedad mexicana horrorizada. Cómo el grupo de agentes y funcionarios migratorios han podido operar una red de trata de migrantes y de prostitución, y aún más, el Ejecutivo ha mantenido en esa función a la persona responsable de que esto ocurriera, es decir, la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero. Ni política ni jurídica ni humanamente México puede soportar justificaciones como las dadas por Romero. No hay seriedad, no hay perfil, no hay nivel.
Pero lo más preocupante, señor secretario, es por qué la dependencia a su cargo no ha ido más allá y solicitado una auditoria al Instituto Nacional de Migración.
El Grupo Parlamentario del PRI le solicitamos, señor secretario, que con la seriedad que reviste esta problemática, tome decisiones contundentes, formales y de largo plazo. Esas decisiones, sin duda, deben prolongarse más allá del gobierno del que es parte o de esta legislatura.
Señor secretario, estuve atenta al discurso que pronunció usted ayer frente a la columna de la Independencia. Me permito citarlo porque considero que ya es el momento de unir esfuerzos. Usted dijo: "Es necesario llegar a acuerdos que permitan tomar las acciones necesarias para consolidar una nación de prosperidad, equidad y oportunidad para todos".
En esto mi bancada, señor secretario, coincide plenamente. Si alguien quiere a México y quiere un futuro para México, es obvio que debe pasar por encima de cualquier diferencia y encontrar los elementos que nos unen, que son muchos: la concordia, la paz, el interés por el progreso, la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.
Por eso, señor secretario, no dude que podemos ponernos de acuerdo, siempre y cuando su interés sea el de todos los mexicanos. Desprendámonos del egoísmo. Dejemos el discurso. Pongámonos a trabajar.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Guillén, por su intervención. Con ella concluye la segunda ronda de intervenciones. Vamos a iniciar la tercera ronda de preguntas-respuesta-comentarios.
Los grupos parlamentarios han registrado a los siguientes oradores: al diputado Martín García Avilés, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Javier Corral Jurado, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y al diputado Arturo Zamora Jiménez, por el Grupo Parlamentario del PRI, conforme al acuerdo parlamentario aprobado para el efecto.
En consecuencia, sin más, tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, por el Grupo Parlamentario del PRD, para formular sus preguntas en esta tercera ronda, hasta por tres minutos, diputado.
El diputado Martín García Avilés (PRD): Señor secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez-Mont, el sexenio en turno inició sus gestiones bajo una crisis de ilegitimidad; aparejada a ella venía del sexenio anterior una crisis de inseguridad pública. Pronto nos alcanzó la crisis de salubridad y, por si fuera poco, pronto nos alcanzó también, sin tocar la puerta, la crisis económica más grave de los últimos 60 años. Señor secretario, no esperemos que nos llegue una crisis de gobernabilidad; de ser así, este sexenio sería recordado como el sexenio de las crisis concurrentes.
Recién desempaquetado, el presidente pidió respeto a las instituciones y ahora el mismo presidente ha violado nuestra Constitución y la institución que representa esta soberanía. El artículo 69 de nuestro máximo código político reza de la siguiente forma: "En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país".
Señor secretario: en ninguna parte de este articulado dice que el presidente de la república enviará o podrá enviar el informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración.
Este hecho no legitima la rendición de cuentas a la que el presidente de la república está obligado. Condiciones políticas había, disposición de los partidos políticos también. Vale recordar ante esta circunstancia el principio que usted como abogado conoce: "La causa de la causa es causa de lo causado".
Ante la omisión constitucional del informe presidencial, el Ejecutivo federal es causahabiente de un informe ilegítimo y, por tanto, inconstitucional. El presidente violó la Constitución en términos de que no atendió el mandato de nuestra Constitución.
Pregunto, señor secretario, explíquenos por qué razones de peso jurídico y político el presidente de la república no presentó el informe ante esta soberanía representante genuina del pueblo de México. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias por su pregunta, diputado. Tiene la palabra el ciudadano secretario de Gobernación para dar respuesta.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Señor diputado, señoras y señores diputados, este tema ha sido materia de análisis y discusión tanto en foros académicos como en foros políticos, como en esta propia soberanía al discutir al respecto.
Lo que es claro es que el sistema político decidió transformar de manera profunda el formato con el cual el Ejecutivo federal comparecía ante este Congreso a presentar su informe como una de las razones de cambio en la relación entre el propio Ejecutivo y el Legislativo.
A fin de desenconar ceremonias anteriores que habían gestado inconformidad entre los políticos, en el 2008 se publicó en el Diario Oficial una reforma al artículo 69 constitucional. En el dictamen que le dio origen en la Cámara de Diputados señala y cito: "de tal suerte que en la apertura del primer periodo ordinario el presidente de la república simplemente se concrete a mandar por escrito a esta soberanía el informe del estado que guarda la administración pública federal".
Cito a una fuente histórica que se dio en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional: "No es desdoro alguno que el presidente no ocurra, los secretarios de Estado lo representamos en diversos actos. Y más, que no ocurra para un trámite discreto y sencillo como es el de traer, y con ello autentificar, un informe por escrito que su administración presenta ante ustedes".
El presidente, como titular del Ejecutivo federal, asume la responsabilidad que le toca en cuanto al contenido de dicho informe; a los miembros de su gabinete, en cuanto a los subinformes con los que éste se integró para ser presentado a esta soberanía.
No hay ni desdoro alguno ni afán de lesionar o despreciar el orden republicano. Le digo ahora y le reitero: este es un tema que se solucionó en 2008 entre el trato del Legislativo y el Ejecutivo federal.
Otros mucho más profundos relacionados con la gobernabilidad democrática en este país deben ser tocados ya por todos, sobre todo por esta soberanía, donde el gobierno federal buscará ser un actor principal para ser tomado en cuenta en la resolución que el Constituyente permanente adopte para modernizar a la política en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios el señor diputado Martín García Avilés, del PRD.
El diputado Martín García Avilés: En la Secretaría de Gobernación se desayuna política, se come política, se cena política; pero no la digieren bien. Por eso en estos momentos les hace mal y su posición es contraria, señor secretario, a nuestra Constitución. ¿De cuándo acá el informe presidencial es un acto discreto? Sin embargo, pongámonos de acuerdo en la toma de decisiones para que a México le vaya bien.
Por cierto, el presidente, siendo candidato en Michoacán dijo que a Michoacán le iba a ir bien, bien, pero muy bien; y nos ha ido mal, mal, pero muy mal. Nos ha tratado mal.
En el caso de Michoacán, a un año de los atentados terroristas de la noche del 15 de septiembre, el gobierno federal no muestra signos de comunicación y coordinación con nuestro gobierno del estado, y mucho menos ha informado el estado que guarda la investigación del caso.
La investigación la atrajo el gobierno federal. Hay procesados, sí, pero no hay información sobre la intelectualidad que motivó este terrible hecho. No hay información que llegue al gobierno de Michoacán para que éste haga lo propio con las familias de las víctimas y la población en general.
Vuelvo a preguntar, señor secretario, explíquenos por qué el gobierno federal se niega a la coordinación, a la comunicación, al intercambio de información. ¿Por qué a Michoacán le da un trato de excepción? ¿Michoacán es un estado excepcional? Con esto no ayuda al fortalecimiento del federalismo.
Los mexicanos requerimos que la Secretaría de Gobernación actúe. Eso quisiéramos como una secretaría de Estado, que los problemas que enturbian la gobernabilidad sean atendidos con oportunidad y prontitud, que la Secretaría de Gobernación esté en vigilia permanente, que la Secretaría de Gobernación sea una auténtica Secretaría de Gobernación, no una secretaría de hibernación.
La política es diálogo, es acuerdo, es concertación, es encuentro y conciliación entre los actores que dirigimos el país. Ustedes desde allá, nosotros desde aquí, y desde aquí le pido al presidente Calderón que piense en México antes de tomar decisiones económicas que lastiman a las clases más desprotegidas.
Le pedimos a Calderón que no se olvide de Michoacán, que no le niegue a su tierra un trato y un presupuesto digno. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta, el señor diputado Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional.
El diputado Javier Corral Jurado: Quisiera que antes de iniciar el tiempo de mi turno, presidente, se preguntara si en el recinto está presente el diputado Gerardo Fernández Noroña, o que se le pudiera invitar a pasar a él.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está ausente en estos momentos el diputado, pero está en uso de sus derechos, así que puede usted continuar, señor diputado.
El diputado Javier Corral Jurado: Quiero asentar la necesidad de la presencia de este compañero porque en la primera parte de mi discurso lo voy a aludir. No me voy a detener ni en la diatriba ni en la calumnia ni en la descalificación personal, pero quiero hacer una referencia necesaria, la que no puedo dejar pasar a la significación que tiene el usar el insulto en el discurso político en la tribuna parlamentaria.
La oposición cumple, en cualquier régimen democrático, la enorme tarea del contrapeso político a través de la crítica, y con ello, es capaz de construir también la política pública y la democracia. Nosotros fuimos condenados durante más de 50 años a la tarea opositora en México. Podría decir que ningún partido en América Latina duró tanto tiempo en la oposición, como Acción Nacional.
De esa historia puedo compartir una lección de nuestro tránsito de la oposición al poder. Nada hace tan ineficaz a la crítica como el insulto. Nada pervierte más al contrapeso que la diatriba, la magnificación. No se construye en la amargura porque nada nace desde el odio, la frustración o la derrota.
A nosotros no nos vulnera el insulto ni nos desprestigia nuestra historia porque nadie da lo que no tiene, y el señor diputado Fernández Noroña Lástima de ausencia en este momento no da más credibilidad; ha descendido a un nivel que nosotros rechazamos en el trato a cualquier secretario de Gobernación o a cualquier secretario de Estado del gobierno, y ha descendido a ese nivel y ha caído tan bajo en ese nivel, que ya ni siquiera Juanito le hace caso.
Eso es en lo que termina la descalificación general. Eso es en lo que termina el discurso de la descalificación generalizada; la descalificación general en política.
Lo digo en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, "es con frecuencia el mejor homenaje que la mediocridad rinde al talento", y eso es lo que hemos visto esta tarde.
Señor secretario de Gobernación, felicidades por su desempeño en esta comparecencia. Voy a destacar el mensaje del presidente de la república, Felipe Calderón. El 2 de septiembre
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Les pido, señores diputados, que mantengamos el orden. A todos los oradores ha habido momentos que se les han brindado para que puedan concluir. Les pedimos que mantengan el orden y escuchemos al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado Javier Corral Jurado: Concluyo rápidamente con una idea. He señalado a lo largo de esta semana, después del mensaje del presidente de la república, del presidente Felipe Calderón, la importancia señera, el grado definitivo que sobre la política parlamentaria y la agenda pública del país tiene el mensaje político del Tercer Informe de Gobierno.
En él enlistó el presidente de la república una agenda de cambio, conocida como un replanteamiento de modernización política. Se incluyen 10 puntos fundamentales que retoma la reforma del Estado en México.
Habló de una profunda reforma política. Mi pregunta, señor secretario, porque aquí ha sido descalificado, demeritado, incluso se le niega credibilidad, veracidad, ¿hacia dónde va la reforma política que plantea el presidente Calderón en su agenda de modernización política? ¿Hacia dónde están sentados los ejes de la transformación política de una reforma del Estado?
Por sus respuestas, muchas gracias, que yo volveré en mi segunda intervención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para dar respuesta el señor secretario de Gobernación.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Agradezco su intervención, diputado Corral. No la agradezco por la laudatoria, sino porque exige y recupera para la política espacios de cordura, de respeto, de tolerancia entre los políticos.
El presidente Calderón, en un momento en que el Estado y el país está convocado por los propios ciclos históricos a reflexionar sobre el tránsito al que debe orientarse, en un momento en que cumplimos 200 años o estamos en el tránsito del año de cumplir 200 años como país independiente, y al centenario de una gesta revolucionaria que se construyó sobre las exigencias de igualdad, fraternidad, justicia, libertad y democracia, nos convoca en el lindero de esa reflexión a recuperar nuestra capacidad de conciliación y de acuerdos, para construir las decisiones fundamentales que deben orientar la construcción del futuro inmediato y mediato del país.
Él ha señalado 10 puntos que les parecen claves. Los ha señalado como miembro de una generación comprometida con la transformación de México, los ha señalado como miembro de un partido político que construyó y construye el destino de México, y lo ha convocado como presidente de la república y jefe de Estado, en el sentido de convocar a todos a esa reflexión y a esa responsabilidad.
Esas tres desagregaciones conforman al líder, lo explican, lo contextualizan, pero las propuestas no son ni pueden ser desdeñables para nadie. Necesitamos multiplicar oportunidades de desarrollo económico y, al hacerlo, generar mejores condiciones para superar los problemas de desigualdad que se siguen viviendo en México.
Necesitamos eliminar las barreras de entrada a la actividad económica, cual acceso de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los mexicanos. Necesitamos generar las condiciones para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones básicas de garantizar el acceso de todos los mexicanos, mujeres, hombres y niños, a los servicios fundamentales que justifican una vida digna.
Necesitamos hacerlo todos. No el que detente tal administración o cual otra, no el que detente el control de un poder o del otro; todos. La concurrencia de todos a este llamado resulta fundamental porque si no hay razón para dilatar la esperanza, ¿por qué no hacerlo ahora? Si hoy se pueden abrir los espacios para esa reflexión, ¿por qué no hacerlo ahora?
¿A qué tenemos que esperar los políticos para construir los espacios para cumplir con las responsabilidades y para generar el diálogo necesario para revisitar esta agenda y este debate? Es ahora. Ahora que estamos en un momento de la historia donde revisamos de dónde venimos, asumimos la historia como un patrimonio de todos y sobre esa base construimos presentes y futuros.
Este es un año en el que debemos estar unidos. Unidos como lo están las mujeres y los hombres libres, reconociéndose cada quien frente a los demás. Pero reconociéndose hermanados en el tiempo y en el espacio por la posibilidad de cumplir un destino común.
No todo lo que toca a esa agenda le corresponde al Legislativo, pero sí una parte muy importante. Hay otras decisiones de carácter administrativo que le toca desplegar al gobierno federal en el orden de las telecomunicaciones, en el orden de la educación o de la salud.
El presidente ha ratificado su compromiso para acelerar los procesos de modernización en esas materias. El presidente, con la congruencia de su acción, debe colaborar al ritmo de transformación que México está exigiendo. Ése es un compromiso que frente a ustedes hace el gobierno federal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios el señor diputado Javier Corral Jurado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Señor presidente, antes, por alusiones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, no ha lugar a lo que usted solicita en virtud que los acuerdos en los que hemos venido trabajando, y el acuerdo mismo que esta asamblea aprobó no lo contempla. Por tanto, no le puedo conceder el uso de la palabra. Continúe, señor diputado Javier Corral.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Es la hora de asumir el imperativo de combatir intereses creados y romper inercias. El PAN ha formulado aquí, con motivo de la presencia del secretario de Gobernación, una invitación a todos para retomar los trabajos de la reforma del Estado.
Dejar atrás la neurosis de la escaramuza, como le llamara Efraín González Luna a ese fenómeno cuando los actores del primer plano, las figuras más inéditas ofrecidas a la visión, son deformadas y abultadas en condiciones tales que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato.
La responsabilidad de ver más allá de la coyuntura que envuelve a la clase política y que aún es posible pensar en un horizonte más amplio para México que el de las elecciones de 2010 o de 2012, a las que parecen abigarrarse todos los destinos.
Pero, incluso si el enfoque general fuera atender sólo lo urgente de las reformas con miras a la sucesión presidencial, sería importante recordar a todas las fuerzas en competencia real que, sin varias de estas reformas, será difícil la tarea de la gobernación del país y más grande la brecha entre democracia y desarrollo económico.
Inimaginable construir en esa distancia una cultura democrática de participación ciudadana. Tomémosle la palabra al presidente de la república y acompañémoslo en esta definición. Alcemos la mira y el nivel del debate, y dejemos por un momento el rentismo electoral. Lo hemos visto en los discursos de estos días, alargando el periodo de las campañas hasta la tribuna parlamentaria.
Tomemos los 10 puntos del presidente Calderón como guía precisa para conducir un replanteamiento de la política y un reforzamiento del Estado; los dos ámbitos para fortalecer la democracia.
El presidente ha propuesto un piso de la reforma. Las reformas que México necesita tienen en el Congreso un techo. Están largamente inspiradas, dotadas de propuestas para diferentes escenarios, ampliamente consultadas, debatidas; pero les ha faltado momento, y hombres y mujeres dispuestos a superar las diferencias de la pluralidad consustancial a los parlamentos. Es que ello requiere de una visión profunda y una generosidad capaz de recoger la experiencia.
Para acometer los cambios estructurales que el país demanda no sirve la simulación ni la mezquindad. Reconocer la validez de las ideas, más allá de quien las formula, es una característica de los demócratas.
México y su Congreso federal puede concretar la transición democrática en una reforma del Estado de hondo calado. No se debe perder el ritmo, no dar pausa a que los intereses económicos o los poderes fácticos reinstalen su dinámica de presión y que se reacomoden la intimidación y el chantaje en la ruta de rescatar soberanía al Estado y dignidad a la política.
Muchas de las preguntas que se le han formulado al secretario Gómez Mont nos las tendríamos que hacer nosotros mismos esta tarde. ¿Existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe realmente en esta Cámara de Diputados una clase reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución, sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado, y niveles de gobierno?
Casi todos los discursos hablaron de poderes fácticos. ¿Es posible una reforma que reubique a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?
Para Acción Nacional es motivo de satisfacción constatar las amplias coincidencias de la convocatoria del presidente Calderón con la plataforma legislativa, que ofrecimos al electorado y la agenda legislativa que registramos en esta Cámara.
Coincidimos en la inspiración democrática, en el interés nacional y en la visión de futuro que ratifica la visión de Estado y la claridad en el rumbo que nos permite avanzar en el camino de la democratización de México, de la consolidación de las instituciones en el sector público y en la sociedad.
Le decimos a usted hoy aquí, señor secretario Gómez Mont, y al presidente de la república que en esa ruta señalada, en ese retomar la dinámica de los cambios necesarios por sobre los cambios posibles contará con el respaldo y el apoyo de todos y cada uno de los legisladores de Acción Nacional.
Sería impensable y mezquino no cerrar filas entorno del presidente de la república. Es además extraordinaria la convocatoria, y no vamos a faltar a la cita. Queremos ser parte de la generación que puso por encima de cualquier otro interés particular, de cualquier amargura, de cualquier frustración, o de cualquier derrota, el interés de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, el señor diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor presidente. Señor secretario de Gobernación, en el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, la sociedad mexicana no encuentra respuestas satisfactorias a los grandes problemas de inseguridad y de violación a los derechos humanos que vivimos en el país.
Usted, como jefe del gabinete, y formado en el ámbito del derecho, debe aceptar que el gobierno ha sido incapaz para brindar a las personas la seguridad que necesitan y tutelar adecuadamente sus derechos.
No es posible que el gobierno, a quien se le ha dado el monopolio de la fuerza, sea retado a diario por grupos criminales. El país está sumido en un mar de violencia, los derechos humanos, la seguridad ciudadana y los derechos victimales, siguen siendo promesas incumplidas del gobierno de Felipe Calderón.
La impunidad aumenta por la omisión en el cumplimiento de los mandatos judiciales que saturan los archivos de la justicia. Es evidente que las contradicciones políticas, económicas y sociales en el país se han agudizado.
También es evidente que ante lo emergente se siguen tomando desafortunadas decisiones, carentes de estrategia y sin rumbo, utilizando de manera prematura e irresponsable a una institución respetable y respetada como es el Ejército mexicano para declararle una supuesta guerra al narcotráfico.
Fue necesario, a raíz de la fuerte crisis de inseguridad que ha vivido México durante los últimos nueve años, que el Estado mexicano se sometiera a la firma de un convenio que le exigió la misma sociedad.
Después de un año y de acuerdo a la encuesta realizada por Mitofsky, el 68 por ciento de los mexicanos considera que hoy la situación de seguridad pública es peor que la que vivimos hace un año. La mitad desconfía de los cuerpos de seguridad, por eso no denuncian los delitos.
Señor secretario, le pregunto: ¿Qué se está haciendo para eliminar la ineficiencia operativa en la liberación de recursos del Fonden? Porque se trata de preservar vidas y no rescatar muertos.
También le pregunto, desde su ministerio, ¿qué medidas están implementando para eliminar todo intento de discriminación a los derechos de las indígenas, de las personas con discapacidad, de los enfermos y en especial de las niñas y niños?
A los diputados del PRI nos preocupa seriamente el estado de violencia, inseguridad e impunidad. Somos miembros de un partido garante de la estabilidad social, manifestamos nuestro interés en fortalecer las instituciones y los instrumentos jurídicos que consoliden la prevención del delito, incorporando en la agenda legislativa las reformas jurídico-penales-constitucionales que garanticen un auténtico estado de derecho.
Porque reconocemos que actualmente las leyes mexicanas no tutelan de manera eficiente y oportuna los derechos de las mujeres y niños del abuso sexual, trata de blancas, tráfico de órganos o violencia doméstica. Propondremos las reformas complementarias al sistema de justicia, porque estamos conscientes de que no existen instrumentos efectivos para hacer realidad los derechos de las víctimas de los delitos.
Señor secretario, ¿qué va a ocurrir con los mexicanos indocumentados en México, qué va a ocurrir con ese documento nacional de identidad y todas esas personas que por ser pobres y humildes no se les ha registrado?
Yo espero que la Secretaría de Gobernación tenga una estrategia para incorporarlos, porque de otra manera vamos a seguir teniendo el problema de personas sin identidad y de futuros criminales, seguramente.
En materia de derechos humanos no hemos avanzado?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediría a señor diputado, concluya, por favor.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: por las reformas de septiembre de 2001 y de julio de 2008, el Estado mexicano se dio a la tentación de quebrantar principios generales que no han impedido la tortura o las detenciones arbitrarias.
La tortura sigue siendo un problema generalizado en el sistema de justicia penal en México, porque el Estado no encuentra el camino a la auténtica profesionalización de la investigación científica.
En el ámbito del delito le pedimos, en términos de su responsabilidad, y en el ámbito de los derechos humanos, que nos dé una respuesta a estos planteamientos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Señor diputado Zamora, señoras y señores, todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, para consolidar la seguridad pública en México. En los últimos años, el gobierno federal ha podido avanzar sustancialmente en la modernización y profesionalización de sus policías, sin que pueda estar satisfecho de lo alcanzado. Todavía hay mucho por hacer.
A través del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se decidió en la última reforma constitucional y que fue aprobado por esta Legislatura, por la Legislatura anterior, recientemente. Estamos revisando la manera en que la seguridad pública, que es una obligación de la federación, de los estados y de los municipios.
Pero, a la federación le toca la parte de la delincuencia organizada. A los estados les toca toda la parte de delitos que no tengan que ver con delincuencia organizada, toda esa otra parte. A los municipios auxilio a los estados y federación. Y en lo demás, sólo a lo que toca a los bandos de buen gobierno.
En la discusión que se abre, o a la que convocó el presidente de la república, nos pide que revisemos en este acuerdo de división de competencias: federación, estados y municipios, qué nuevos arreglos tenemos que hacer, para poder cumplir con esta prestación.
Las autoridades municipales están resultando las más vulnerables en esta lucha. La federación ha tenido que intervenir, a petición de los gobiernos estatales y municipales, frente a las amenazas de organizaciones criminales en relación a esas instancias.
Debemos discutir si este arreglo constitucional es el mejor para garantizar seguridad a los ciudadanos o si debemos revisar las competencias entre federación, estados y municipios a este respecto. Y hacerlo desde el consenso.
Repito, la seguridad es y debe ser un tema de Estado. Descuidar a la seguridad amenaza la integridad de las instituciones. Por ello, desde aquí refrendo el compromiso con los gobernadores de los estados, de todos los estados y de los presidentes municipales a que juntos planteemos una salida a este dilema.
No pueden competir federación, estados y municipios por quién cumple más o quién cumple menos con la seguridad. Deben de concurrir para consolidar la seguridad pública en este país, como mejor convenga a un arreglo inteligente de las competencias.
La federación ha intervenido a apoyar a las entidades federativas cuando lo han solicitado, sin distingos de partido, se ha ido a Baja California, a Chihuahua, a Nuevo León, a Michoacán, a Durango, a Zacatecas porque tratándose de la vida de las personas, y de la integridad de las instituciones, no podemos estar haciendo distingos, ni competencias.
Lo he dicho y lo sostengo, la seguridad no es un problema de competencias políticas, debe ser un problema de competencias constitucionales. Por ello, señores, hoy he comparecido ante ustedes no sólo a informar, a defender la gestión de gobierno, a asumir las críticas a las que puede estar expuesto. He acudido ante ustedes para refrendar el compromiso del gobierno federal con los tiempos que se viven.
A señalarles que, si esta Legislatura no asume plenamente sus competencias con el contexto de la historia que vivimos y en este periodo que queremos construir no vamos a hacer los avances que México nos reclama a todos. Vengo a ofrecer nuestro trabajo, nuestra colaboración, y a pedir su sensibilidad a este respecto.
Estoy convencido que la política sirve para reconocernos unos a otros como personas, como mexicanos, como seres humanos que pueden vincularse, no sólo en la disputa por el poder, sino en el amor por el deber, y estoy convencido que es mucho más lo que nos puede unir, que lo que nos separe.
Que nuestras diferencias se construyen sobre nuestras coincidencias y que es el momento, como generación, de darle a quien viene atrás, no sólo esperanza, sino instituciones respetadas y respetables en donde se reconozcan.
Pido de nosotros el privilegio que recibí como joven: la capacidad de encontrar espacios fértiles en la política, para encontrarme con otros mexicanos y hacer de este país un país más fuerte y más justo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor presidente. Señor secretario, he escuchado con atención el contenido de sus intervenciones y respuestas. Seguramente en la agenda quedarán pendientes varios temas que han quedado sin respuesta. Es importante que usted se lleve en la conciencia, como hombre de Estado y hombre formado en el derecho, todos los temas que aquí se han planteado esta mañana.
Y es más importante, también, que los programas que dependen de la Secretaría de Gobernación funcionen adecuadamente en tiempo y en forma. Einstein dijo: "No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo".
México vive una crisis profunda. Es producto de malas decisiones que se tienen que reconocer; es producto de criterios en donde prevalece la intolerancia; es producto del quebrantamiento de los principios donde las más altas esferas de gobierno ocultan la información o en ocasiones mienten; ofrecen cosas a la población que tampoco se llegan a cumplir.
Hoy he escuchado propuestas de iniciar un trabajo que tiene que ver con el decálogo del presidente Calderón. Me parece que es una propuesta tardía, me parece que llega tarde.
Hoy he escuchado la necesidad de renovar instituciones públicas. Tiene nueve años gobernando al país Acción Nacional y me parece que desperdiciaron los mejores tiempos cuando había recursos, cuando había bonanza, para echar a andar este tipo de proyectos y este tipo de programas. Seguramente la crisis está motivando a que se hagan este tipo de propuestas, pero me parece que están llegando demasiado tarde y esto daña sensiblemente a la sociedad.
El aumento de la criminalidad generó 10 reformas a un mismo número de artículo constitucionales. El aumento de la criminalidad flexibilizó la posibilidad de librar órdenes de aprehensión, gracias a la generosidad del Congreso de la Unión.
Hoy tenemos como resultado de ello, 250 mil mandatos judiciales que están guardados, que no se ejecutan, que no se llevan a cabo y ésa es justicia tardía y es justicia denegada.
Por tanto, al haberse hecho las modificaciones a la Constitución y a toda la reforma penal, sin que tenga un resultado efectivo, me parece que es parte de la agenda pendiente porque estamos lanzando un mensaje que no es el adecuado, y que por cierto, motiva la impunidad. El Poder Legislativo, entonces, cumple y ha cumplido en tiempo y forma.
A mí me parece que de algunas de las intervenciones que se han tenido en este momento, también han surgido opiniones en donde seguramente hay quienes quisieran que quienes hablamos, quienes tenemos un punto de vista diferente al del gobierno, quisieran que pidiéramos perdón por haber intervenido, por haber increpado o por haber cuestionado al gobierno. Creo que no es la manera de construir los consensos. Ésa no es la forma de construir los acuerdos para que este país progrese.
Definitivamente las formas en la política es importante revisarlas para que se tome en cuenta que es necesario promover políticas más efectivas e integrales para prevenir el delito, para no continuar reaccionando solamente por la vía de los sistemas de la justicia penal. La política nacional de seguridad pública tendrá que comprender una amplia prevención primaria, orientada a las verdaderas causas, a las causas generadoras del delito.
Es importante comprometernos a realizar una reforma penal integral sin cosméticos, una reforma que contemple el tan anhelado código penal único. Es importante que trabajemos descubriendo, desde el ámbito de la norma, cuáles son las cosas que en la administración pública se deben hacer para retirar poco a poco de las calles al Ejército mexicano, una institución muy respetada y que nosotros tenemos que seguir cuidando.
Es importante, en materia de derechos humanos, avanzar para que se reconozcan los derechos humanos desde la Constitución. Por esa razón me parece también oportuno, compañeras y compañeros diputados, decirles que es tiempo de romper paradigmas, es tiempo de aprovechar el talento, conocimiento y experiencia que se reúnen en esta asamblea. Es tiempo de ser generosos con México para construir su mejor destino. Urge dejar de ser un país de cínicos, donde el que la hace nunca la paga y donde se privilegia el "haiga sido como haiga sido". Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Es así como llegamos al final de la tercera ronda del acuerdo parlamentario aprobado por esta asamblea; por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al ciudadano presidente de la república para su conocimiento.
Le agradecemos, señor secretario, su presencia, agradecemos su disponibilidad para dar respuestas a todos los planteamientos fijados por las señoras y los señores diputados en representación de los grupos parlamentarios. Muchas gracias por habernos acompañado en el desahogo de esta comparecencia, señor secretario.
Se pide a la comisión encargada de acompañar al licenciado Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación, lo haga cuando decida abandonar el recinto.
(La comisión cumple su encargo)
17:23 hora): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 22 de septiembre, a las 11:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del doctor Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Desarrollo Social.
