El ADN

INVESTIGACIÓN FORENSE
Un 'soplón' llamado ADN
I. ESPIÑO / A. BOTO
Publicado en El Mundo, 27 de septiembre de 2003:

Si Agatha Christie siguiera escribiendo novelas policiacas estaría obligada a cambiar las astutas maneras del detective Poirot por las de un policía científico armado con tubos de ensayo y muestras biológicas. Un pequeño resto de la piel del asesino bajo las uñas de Sonia Carabantes y los rastros de saliva de una colilla encontrada al lado del cuerpo de Rocío Wanninkhof han sido suficientes para relacionar a un solo hombre con ambos asesinatos. Este caso es uno de los 25,000 crímenes que cada año se investigan en Europa mediante las técnicas de identificación de ADN. También se recurre a la genética forense para determinar la paternidad de 35,000 individuos y para descubrir la identidad de un millar de restos óseos. Asimismo, las grandes bases de datos europeas que albergan la información genética de criminales y de los escenarios del delito reciben cada año un millón de muestras nuevas. Sin embargo, España, al igual que Portugal y Grecia, no entra en este último cómputo porque son los únicos países comunitarios que no tienen un registro nacional. En nuestro país los expertos reclaman la creación de esta base única, pero la gran decisión es qué tipo de criminales serán fichados genéticamente. ¿Asesinos?, ¿violadores?, ¿simples sospechosos? o incluso, ¿autores de meras infracciones administrativas como ocurre en el Reino Unido? De un modo u otro, los especialistas recuerdan que el ADN no deja de ser una prueba más.
«Las huellas dactilares de ADN revolucionarán la biología forense», vaticinaba un artículo que publicaba, allá por 1985, la revista 'Nature'. Sus autores, Alec Jeffreys y otros investigadores de la Universidad de Leicester (Reino Unido) habían descubierto una nueva forma de identificar a los individuos: la clave estaba en ciertos tramos del genoma. El hallazgo de los científicos británicos demostraba que la cadena de ADN que compone nuestra información genética presenta ciertas zonas repetitivas, pero que difieren en su tamaño entre una persona y otra.
Existen tantas posibilidades que «cualquier combinación particular de segmentos es tan única como una huella dactilar», explicaba Jeffreys. Con ese símil dio origen a una técnica que ha dado un vuelco a las investigaciones criminológicas. De hecho, «las antiguas formas de evidencias forenses —estudios grafológicos, detectores de mentiras, análisis de fibras, balística o de marcas de dientes— están poniéndose en duda en comparación con el nuevo patrón oro que es el perfil de ADN», rezaba un artículo publicado el pasado junio en la revista Endeavour.
«Es una técnica que está cambiando de forma constante. Cada vez se usan mejores baterías de marcadores», dice Gloria Vallejo, jefa del servicio de Biología del Instituto de Toxicología de Madrid. Así, al hallazgo de Jeffreys (muy complejo desde el punto de vista técnico y que ocasionaba algunos errores), le sucedió a finales de los años 80 otro método que permitía trabajar con muestras de ADN más pequeñas.
Aún así, con el procedimiento desarrollado por Jeffreys e, incluso, con su sucesor habría sido casi imposible extraer información genética de una simple colilla como la que se encontró cerca del cuerpo de Rocío Wanninkhof.
La gran revolución llegó a mediados de los 90, con la introducción de una suerte de técnica fotocopiadora (la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa), que permite hacer montones de copias de cualquier fragmento de ADN (ahora se examinan porciones genéticas muy pequeñas, denominadas STRs). Actualmente, dos milmillonésimas de gramo son suficientes para identificar a la persona que se fumó el cigarrillo en la escena del crimen.
En España
Aquí las ciencias forenses «experimentaron una revolución a principios de los 90 con la aplicación de las pruebas de ADN», asegura Juan Carlos Álvarez, del laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada. Este centro colabora con el Ministerio de Justicia desde ese mismo año para los trabajos de análisis.
Por entonces sólo se aplicaba en los delitos de agresiones sexuales —el primer análisis genético de este tipo en nuestro país se remonta a 1987—, aunque «a partir del 94 ya se comenzó a realizar sistemáticamente para toda la casuística forense: robos, homicidios...», precisa Vallejo.
A pesar de estos grandes avances, las determinaciones de la identidad basadas en el ADN no son capaces de dar resultados que digan absolutamente si se trata de una persona en concreto o no, sino que se utilizan probabilidades.
El modo de operar consiste en valorar las posibilidades de que dos individuos elegidos al azar tengan la misma configuración de determinadas regiones del genoma. En concreto, se estudia el número de veces que se repite una secuencia de ADN concreta (STR). Los expertos calculan que si se examina sólo uno de estos fragmentos, dos de cada 250 personas tendrían la misma configuración. Sin embargo, la probabilidad de coincidencia entre dos personas se va reduciendo a medida que aumenta el número de secuencias que se estudian. De forma general, para las tareas de identificación se analizan entre 10 y 15 STRs. «La probabilidad de error está en torno a una entre 20.000 millones de personas», según Juan Carlos Álvarez. Con esta cifra en la mano, y teniendo en cuenta que la población del planeta es de poco más de 6.000 millones de individuos, se considera que la determinación de ADN es una prueba casi infalible para identificar a los humanos.
Evidentemente, la baja posibilidad de error de esta técnica la convierte en un auténtico tesoro para las investigaciones policiales en casos de desaparecidos y delitos criminales. De hecho, la mayoría de los países desarrollados disponen de bases de datos con información genética que se han convertido en una herramienta casi imprescindible. Así, el FBI puso en marcha en 1998 un registro genético conocido como CODIS que contiene, en la actualidad, casi 60.000 muestras de ADN encontradas en escenarios de crímenes e información genética de más de 1.300.000 reos.
El procedimiento de investigación comienza con la comparación de la huella genética del sospechoso con la encontrada en el lugar del crimen. Si coincide, se considera una prueba acusatoria. Si no coincide se recurre a la base de datos y se busca si corresponde con la de alguno de los fichados anteriormente.
Registros
En España existen dos bases de datos de estas características, una de ellas pertenece a la Policía Nacional y la otra a la Guardia Civil. Según fuentes de la Benemérita, este cuerpo militar dispone, al igual que el FBI, de un índice con datos genéticos de pruebas encontradas en el escenario del crimen y otro con el perfil de ADN de ciertas personas involucradas en delitos designadas por el juez.
Sin embargo, el país no cuenta ni con un registro nacional ni con una legislación que regule la aplicación de esta tecnología. Apesar de que en 1998 se elaboró un borrador de proyecto de ley, actualmente está parado, de modo que esas dos fuentes de información no están conectadas entre sí ni con los ficheros de los diferentes laboratorios de genética forense. «Si no hay base de datos para contrastarlo, el ADN no sirve de mucho...», señala Enrique Villanueva, director del departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Toxicología de la Universidad de Granada.
En definitiva, en España la excepción es poder relacionar dos crímenes con un mismo sujeto, como ha sucedido con Tony Alexander King. «Precisamente, por eso es tan importante que haya una base de datos nacional y coordinada con las europeas», dice Ángel Carracedo, presidente de la Sociedad Internacional de Genética Forense. «Somos el único país europeo, junto con Grecia y Portugal, en el que no existe legislación [en esta área]», lamenta. De todas formas, hay numerosas diferencias entre cada miembro de la UE, ya que los criterios para establecer un fichero nacional suscitan bastante controversia.
¿A qué criminales hay que fichar genéticamente? Francia, el país más restrictivo, ha decidido incluir únicamente a los autores de delitos sexuales, mientras que el Reino Unido es el que tiene unos criterios más amplios. Tal y como explica Carracedo, el archivo británico (que fue el primero del mundo, en 1995) recoge a toda persona que, a juicio de la policía, deba ser incluida: no sólo criminales convictos, sino también cualquier individuo acusado, arrestado o, incluso, a los autores de infracciones administrativas.
Así las cosas, no es de extrañar que la base de datos del Reino Unido sea muy superior a la estadounidense (dos millones, frente a casi uno y medio) y eso que su población es mucho menor (60 millones de británicos y 250 de estadounidenses). Precisamente, un editorial de la revista The Lancet de la semana pasada criticaba el carácter «discriminatorio» del archivo británico.
«Quizá deberíamos hacer una base de datos de todos los hombres dado que, según las estadísticas del Ministerio del Interior británico, el 80% de los incidentes violentos están ocasionados por varones», se preguntaba irónicamente. «Hay que tener cierta prudencia a la hora de regular qué tipo de perfiles deben incluirse en una base de datos criminal», dice Vallejo.
«Es el legislador el que tiene que decidir, pero que decida algo», agrega Carracedo. Este vacío legal parece ser el mayor problema de la genética forense en nuestro país y no el coste de esas pruebas, como pudiera suponerse. «Es una técnica que, a pesar del poco dinero que tiene Justicia, es muy asumible», dice este experto, director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago. Pese a que el precio varía en función del tipo de muestra, «no es mucho más caro que el análisis de huellas dactilares. Es más un coste humano que analítico, porque lleva mucho tiempo hacerlas», apostilla.
Peligros
De este modo, las huellas dactilares de ADN se han convertido en la prueba reina en la criminología biológica, es decir, en todo lo que tiene que ver con manchas de sangre, semen, restos de pelo... De hecho, en los delitos sexuales resulta incluso más fiable que los propios testigos presenciales. Cada año, se recurre a las pruebas de ADN en 25.000 crímenes en toda Europa, de los que unos 3.000 corresponderían a casos penales españoles.
Sin embargo, tal y como advertía el mencionado editorial de The Lancet, no hay que olvidar que «el ADN es simplemente una evidencia física, aunque muy sensible, que puede ser mal manejada y mal interpretada». Por ejemplo, el perfil genético puede crearse a partir de unas pocas células que un inocente haya dejado en un vaso o un pomo. «Es una prueba cuya valoración le corresponde al juez», precisa Villanueva. Por su parte, las fuentes de la Guardia Civil consultadas por SALUD recuerdan que los delincuentes ya han aprendido a no dejar huellas dactilares, así que también aprenderán a no dejar pistas biológicas. O, incluso, a depositar las de un cabeza de turco...
Microbiólogos en el FBI
La ciencia ha entrado en los ámbitos judicial y policial por la puerta de las investigaciones de crímenes violentos y de desaparecidos, pero su uso no ha hecho más que empezar. El FBI y un grupo de científicos de diferentes instituciones estadounidenses están definiendo una nueva disciplina, la microbiología forense que, según se explica en un artículo publicado en Science, tendrá como objetivo identificar a los bioterroristas en el caso de un ataque de estas características.
Las herramientas serán las mismas, análisis genéticos y una gran base de datos, pero en este caso el objetivo de los exámenes serán los microorganismos convertidos en armas.
Como ya había hecho a mediados de los 80 con la genética forense, el FBI inició en julio de este año un Grupo Científico de Genética Microbiana y Forense compuesto por investigadores de diversas disciplinas que definirán el futuro de esta recién concebida aplicación de la ciencia. Al mismo tiempo, ya se ha iniciado el desarrollo de un gran centro nacional respaldado por la Departamento de Seguridad Interna.
Las bases de datos almacenarán las características genéticas de cada potencial arma biológica, incluyendo las variantes de las familias de microbios. Además se recogerá toda la información sobre los centros de investigación donde se trabaja con estos microorganismos. De este modo, en el momento en que se detecte un ataque bacteriológico se podrá analizar el patógeno empleado y determinar dónde se ha producido el arma.
Revelaciones de crímenes históricos
Una de las aplicaciones de la genética forense es la identificación de cadáveres cuando no es posible recurrir a técnicas más simples, como las huellas dactilares. Además de casos recientes, como las víctimas del 11 de Septiembre o de la dictadura argentina, el perfeccionamiento de estos métodos ha permitido analizar restos históricos gracias al empleo del ADNmitocondrial (que sólo se hereda por línea materna), una información genética contenida en las mitocondrias y que se conserva mejor que el ADN del núcleo de la célula.
El hijo de Luis XVI
Según la historia oficial, el hijo de Luis XVI y María Antonieta falleció en la cárcel de París, en 1795. Sin embargo, el imaginario popular contaba que el heredero había logrado escapar. La genética forense ha dado al traste con esta leyenda al constatar que las muestras genéticas extraidas de un crío que murió en la prisión parisina en aquel año coincidían con las de los descendientes por línea materna del que habría sido Luis XVII.
Familia Romanov
En el verano de 1991, se halló una tumba en la región de los Urales con nueve esqueletos. Las autoridades forenses rusas los identificaron como el último Zar (Nicolás II), su esposa, tres de sus cinco hijos, el médico real y tres sirvientes. En 1994, los análisis del ADN mitocondrial revelaron que los supuestos cadáveres de la zarina y sus hijos coincidían con la información genética de un pariente materno. Los restos de Nicolás también coincidían con los de dos familiares.
http://www.elmundo.es/salud/2003/540/1064596834.html

Primer comunicado condenando los hechos

Condena el Gobierno de la República los acontecimientos de violencia ocurridos en la ciudad de Morelia, Michoacán
Martes, 16 de Septiembre de 2008 Comunicado Los Pinos CGCS-184

Ante los acontecimientos de violencia ocurridos en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante la celebración del Día de la Independencia, el Gobierno de la República manifiesta su más enérgica condena y su disposición a redoblar esfuerzos para apoyar al Estado de Michoacán y a su gobierno en la investigación de los hechos, para desterrar la criminalidad y la violencia que padece.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la República expresa su más sentido pesar a los familiares de las víctimas y expresa su deseo de recuperación a los heridos. Actos tan cobardes y reprobables como los ocurridos merecen el repudio de la sociedad entera y la reacción inmediata de las fuerzas del Estado Mexicano para castigarlos conforme a Derecho.

Tan pronto como tuvo noticias de los hechos, el Presidente de la República se comunicó con el Gobernador de Michoacán, y sostuvo una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y el director del CISEN, en Palacio Nacional, donde giró las instrucciones necesarias para proceder de inmediato al esclarecimiento de lo acontecido, así como a la búsqueda de los posibles responsables.

La marcha de 2004 y la pena de muerte

Retrospectiva

La Marcha ciudadana (de junio de 2004) y la pena de muerte/ FRED ALVAREZ
Comentado en junio del 2004 en la III emisión de Imagen Informativa 90.5 de FM que conduce Jorge Fernández Menéndez.

La manifestación de este domingo 27 de junio fue un éxito, donde los medios -sobretodo los electrónicos- jugaron un papel decisivo, y había que hacerlo, era parte de su responsabilidad social. ¡Felicidades a Imagen y todos los medios que se sumaron a este complot ciudadano!.
La manifestación ha demostrado primero que nada que la gente quiere resultados contundentes ¡ya!/ esta harta del incremento de la delincuencia y de la impunidad de los delincuentes y sobretodo a los secuestradores.

Los científicos sociales tiene que interpretar lo sucedido, y los gobernantes asumir su responsabilidad, un gobierno que no tiene la capacidad de dar seguridad a sus ciudadanos es un gobierno condenado al fracaso.
Uno de las exigencias ciudadanas que más llamó la atención en la marcha de este domingo fue el pedir la aplicación de la pena de muerte para los secuestradores: “muerto el perro se acabo la rabia”, rezaba el cartel de un manifestante clasemediero de alrededor de 50 años.
¡Cuidado! Esta exigencia “ciudadana” es peligrosa, la percepción de inseguridad que existe en el país en este momento no debe traducirse en medidas autoritarias que después todo lamentemos..
El paso que hemos dado hacia la democracia, el respeto a las libertades y la observancia del derecho no debe tener retorno.
Además el asunto de la pena de muerte puede partidizarse y ser punta de lanza de algunos políticos, como al parecer sucedió recientemente en las Filipinas, donde la presidenta de ese país Gloria Macapagal decidió -presionada por la comunidad chino filipina- reimplantar la pena de muerte debido la oleada de secuestros que sufrió ese país asiático; esta decisión la tomó en medio de un proceso electoral competido que quizá le permitió ganar recientemente las elecciones para gobernar por un periodo de seis años más.
Además, la inseguridad en nuestro país nos hace olvidar que apenas hace unos días aplaudimos la resolución de las autoridades de Oklahoma que decidió la conmutación de la pena de muerte a cadena perpetua a favor del mexicano Osvaldo Torres Aguilera, y con ello se marcó un precedente que favorece a los otros 50 mexicanos que están en el corredor de la muerte de los Estados Unidos
¡Más bien LO QUE HAY QUE hacer en México es darle muerte a la pena de muerte!

La pena capital aunque no se aplica desde hace muchos años esta latente. El artículo 22 de la Constitución que nos rige señala que “sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Es decir, a muchos. Por cierto, hace unas semanas el Congreso aprobó reformas al Código de Justicia Militar derogando la pena de muerte para los delitos graves del orden militar.
Afortunadamente la iniciativa de ley en materia de Derechos Humanos, enviada por el presidente Fox, de entrada pide se suprima de manera definitiva de la constitución la pena de muerte. Esta iniciativa es una de tantas que deben ser dictaminados por los señores legisladores.
Además cada año son más los países que se suman a la derogación de la pena de muerte, México es un país democrático y una democracia que se precie de serlo debe rechazar contundentemente la pena de muerte.
Permitir la pena de muerte en un sistema democrático es tanto como retroceder en la historia.
Quizá la percepción de muchos mexicanos consideren que la pena de muerte es un salida para los secuestradores, pero esto es un error, además también durante muchos años hemos creído que la muerte no es una salida ni cultural ni religiosamente.

Los mexicanos creemos que la vida es santa hasta para el peor criminal.

El negocio de la seguridad

Israelíes capacitan escoltas del norte

Empresarios desembolsan grandes sumas de dinero para reforzar su protección
Nota de Jonathan Tapia Corresponsal

El Universal Lunes 15 de septiembre de 2008;

MONTERREY, NL.— Ante la situación de inseguridad y violencia que se vive en Nuevo León, los empresarios optaron por importar expertos de Israel, Francia y Estados Unidos para que capaciten a grupos de élite de los cuerpos de seguridad y a sus guardias privados.
Estas acciones han resultado muy costosas para la IP, ya que un agente de seguridad capacitado por los extranjeros gana hasta 80 mil pesos mensuales, y hay hombres de negocios que contratan hasta 400 guaruras.
Empresas como Cemex, Alfa, Vitro y Ternium, entre otras, son las que están implementando ese esquema para proteger a directivos y a sus familias, señalan jefes de seguridad de algunas de estas corporaciones.
El nuevo sistema de seguridad empresarial busca, por un lado, capacitar a un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; ya están preparando a 300 uniformados, a cuenta de los industriales.
Por otro lado, se pretende integrar grupos de guardias privados especializados por los expertos extranjeros, así como por ex procuradores y personal de la CIA, el FBI, la DEA o la desaparecida KGB rusa.
Los empresarios y sus familias también serán instruidos para llevar una vida sencilla y no llamar la atención, y se someterá a filtros de investigación a los empleados domésticos.
También en Chihuahua, los empresarios y ejecutivos modificaron drásticamente sus rutinas.
En Ciudad Juárez —donde la cifra de ejecutados en lo que va de 2008 casi llega a los mil—, decenas de industriales cambiaron su residencia a El Paso, Texas, desde donde manejan sus negocios.
Otros han incrementado su número de guardaespaldas, han modificado el motor de sus vehículos para escapar más rápido cuando sea necesario y hasta han optado por el uso de microchips subcutáneos, cuyo costo rebasa los 20 mil pesos, más gastos por mantenimiento mensual. (Redacción)

Cocalero

¡Coca o muerte! Venceremos!

En Bolivia -tambien en Perú-, la hoja de coca esta en la agenda política; en Bolivia Evo Morales, fue el autor de ¡Coca o Muerte Venceremos! en su campaña para obtener la presidencia; en Perú, hzo o propio Ollanta Humala, sin éxito.

Distancia de Evo Morales ante "Cocalero"

Columba Vértiz de la Fuente, reportera.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;

Atrapado por la personalidad contrastante de Evo Morales, primer presidente indígena de la nación boliviana, el director de origen brasileño Alejandro Landes decidió convertirlo en el protagonista de su historia Cocalero, documental de estreno en México filmado en Bolivia. Inicialmente el cineasta fue acusado de espionaje, tras retratar las contradicciones del político aymara y sus fuertes lazos con los cultivadores de la hoja de coca.
Al estilo vérité con cámara en mano, el cineasta Alejandro Landes siguió al indio aymara Evo Morales durante su campaña presidencial en Bolivia y captó también a Leonilda Zurita, confidente del jefe máximo en el Movimiento Al Socialismo (MAS), dando como resultado el documental Cocalero.
A decir del director, Cocalero ofrece una mirada "muy humana frente a temas que representan la complejidad de la identidad latinoamericana".
Landes nació en Brasil pero creció en Ecuador y define al Evo Morales de Cocalero -filme de 86 minutos proyectándose en salas mexicanas- como un pícaro, travieso, coqueto con las chicas, bromista y comelón. Además, lo ve con una ética de trabajo feroz, muy astuto políticamente, aunque también es alguien bastante solitario, "tal como se encuentra la gente en el poder".
Las razones específicas del porqué Landes creó Cocalero (estrenada comercialmente en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, Polonia, Uruguay y Venezuela, y se ha presentado en más de 50 festivales internacionales), dice ya no recordarlas bien. Sólo sabe que es el tipo de cine que quiere realizar:
"Antes de Cocalero vi varios documentales sobre la soledad y el poder, tal vez eso influyó. Y Morales me pareció muy interesante, quería saber un poco más de dónde venía. Se me hizo una figura que estaba siendo como que muy estereotipada por el mundo."
Morales nació el 26 de octubre de 1959 en la comunidad de Isallavi y conoció la cárcel, sufriendo el confinamiento y las torturas durante su trayectoria sindical con los cocaleros, quienes han luchado contra los anteriores gobiernos presionados por Estados Unidos para erradicar la hoja de coca, negando el derecho de sembrar la planta asociándola "malamente" como droga, cuando ha sido el cultivo más importante de Bolivia y parte de su patrimonio cultural.
El cineasta esclarece entonces los motivos para emprender el rodaje:
"Lo que me atrajo fue la relevancia histórica de la improbable apuesta de Evo Morales: convertirse en el primer presidente indígena de un país que más de 500 años después de la llegada de Colón continuaba viviendo en un apartheid. La historia personal de Evo parecía reflejar las complejidades de Bolivia y su lugar en el mundo."
Con Evo en Bolivia
La entrevista con Proceso ocurre en la reciente visita de Landes a la capital mexicana.
El cineasta, quien radica en Buenos Aires, Argentina, rememora su llegada a La Paz el 1 de octubre de 2005, unos 80 días antes de las elecciones. Estaría acompañado por el fotógrafo Jorge Manrique Behrens y con apoyos de una pequeña compañía de producción de Los Ángeles (Fall Line Films) como el director de Cocalero.
Inicialmente esperaba que la narrativa de la filmación siguiera líneas raciales y étnicas. No obstante, una vez que empezó a grabar la cinta, Landes alcanzó a comprender la honda relación entre Morales y los cocaleros. Solicitó entrevistarse con algún miembro del equipo de comunicación de Morales, los atendió una mujer y los condujo a la oficina del entonces candidato presidencial de Bolivia. Relata:
"Evo entró apresuradamente con varios papeles en mano, iba con sus habituales jeans y campera azul, y puso a toda la oficina inmediatamente en marcha. Le entregué nuestra propuesta por escrito, pero antes de que pudiera terminar de contarle nuestro plan de Cocalero nos dijo que lo buscáramos al día siguiente a las cinco de la mañana en la puerta de las oficinas del MAS. No hubo un encuentro formal, simplemente dio una rápida ojeada al documento y un 'sí' intuitivo..."
Fue un "sí" que trabajaron y negociaron cada día, a partir de entonces.
El cineasta (quien estudió política económica en la Universidad de Brown y colaboró como redactor en The Miami Herald y el programa televisivo Oppenheimer presenta), únicamente bosqueja en Cocalero los claroscuros del protagonista, "y lo que pueda ser crítico o no se lo dejamos al espectador", refiere:
"Todos los matices de gris del personaje nacen alrededor de él: la peluquera, el chofer y todo el mundo lo tilda del primer presidente indígena; sin embargo, el mismo chofer dice que no sabe expresarse en los idiomas aymara y quechua de forma fluida. Morales habla de los estatutos del MAS, pero al mismo tiempo él es el único que se mantiene en el poder sin limitaciones, sin necesidad de respetar eso.
"También se ve la valentía de este sindicato de coca que ha nacido por la represión norteamericana en contra de la hoja de coca. Me pareció interesante, gramáticamente hablando, representar todo desde adentro y utilizando personajes, porque se llega a conocer a Leonilda Zurita, candidata del MAS a senadora, y a su marido; a la peluquera de Evo, la vocera bonita del MAS en Santa Cruz, y a la modista que al final le hace el traje presidencial a Evo."
Espías en conflicto
La filmación se desarrolló de manera óptima, hasta que una mañana Landes y Behrens fueron acusados de ser agentes de la CIA:
"Sorprendentemente no fuimos expulsados, pero Evo se retrajo, tornándose más frío y evasivo con nosotros. Su gente hizo lo mismo. Era una acusación difícil de desmentir, y mi doble nacionalidad y la de Jorge (venezolano-español) no ayudaban mucho. Luego de una serie de intentos fallidos para recuperar su confianza, nuestro equipo técnico local renunció. La etiqueta de la CIA nos estigmatizaba y perdimos un camarógrafo y un sonidista."
Behrens y él decidieron pasar más tiempo en el Chapare, la tupida jungla de Cochabamba, en la sede del sindicato de cocaleros en el que estaba Leonilda, a quien llamaron y fue amable con ellos:
"Nos invitó a quedarnos en su casa, bien adentrada en las plantaciones de coca. Ella nunca dudó de nuestras intenciones y la seguimos a reuniones de campañas y sindicales, y en sus tareas domésticas. Fue la guía al mundo de los cocaleros."
Después, Morales les permitió acceder de nuevo a su intimidad:
"Le pedimos presenciar algunos eventos y no se opuso. Volvimos a acercarnos y nuestra relación mejoró notablemente, hasta nos invitó a acompañarlo a la anticumbre en Argentina, en la que junto con Hugo Chávez y Maradona formaban parte de una protesta anti-Bush y de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)."
Finalmente, Alejandro Landes, con 120 horas de material bajo el brazo, armó una coproducción Bolivia-Argentina de la película. Después del trago amargo, el realizador no duda en catalogar su relación con Morales de "muy complicada", pues nunca llegó a ser fuerte en afectos, aunque "tuvo momentos cálidos".
Ahora, como presidente de Bolivia desde el 22 de enero de 2006, Evo Morales enfrenta a bandas de paramilitares bajo el nombre de los "comités cívicos" que han atacado diversas instituciones. Ante el cuestionamiento de si cree que esa figura que aparece en el documental ha cambiado al día de hoy, Landes responde, no, sin dificultad:
"Me imagino que ha cambiado... Es casi imposible realmente resolver esa pregunta, porque el Evo Morales que yo conocí era alguien próximo, muy cercano, y el Evo Morales que ahora escucho y conozco es el que percibe todo mundo a través de los medios, entonces sería para mí imposible hacer esa comparación."
Y pese a lo sucedido, considera que es un hombre "muy hábil políticamente y ha fomentado una gran discusión en Bolivia", si bien aquello que más le sorprende es que "muchos le pronosticaban a Morales seis meses como presidente, y él está enteramente ahí, sigue como con un fuerte mandato público... Ha sido sorprendente lo que ha sucedido".
Así, el director apuesta en México a que Cocalero "haga reflexionar en la realidad mexicana" al público, pues entonces "cumpliría mi propósito como cineasta". De inmediato borra cualquier definición de la película como indigenista:
"Es curioso, porque hay una problemática indígena y también la realidad tiende a ser más sindicalista nacional que indígena en ese momento... La identidad no se vive entre blanco e indígena, sino que se contempla a alguien como Evo Morales, que es más complejo... La cinta es de un indígena aymara pero que no habla aymara ni quechua en forma fluida, un indio que prefiere zapatos Nike y la playera del Real Madrid antes que un atuendo originario del pueblo boliviano."
En abril de 2007, Morales asistió a una función de Cocalero en la selva del Chapare, junto con cerca de 2 mil cocaleros. En broma, el presidente de Bolivia le dijo al realizador:
"Cuidado te metes conmigo... aquí los compañeros te cuelgan."
Landes cree que a Morales no le gustó el documental:
"Nunca me dio la mano al final, ni hablamos ni recibí respuesta oficial. Básicamente me cortó..."
-¿Lo incomodaría su película?
-Mmm... me imagino que sí...
Pero por su lado, Landes manifiesta que le gustó el resultado fílmico y destaca que durante la postproducción, el documental fue reuniendo las colaboraciones "entusiastas" de una gran variedad de nacionalidades: argentina, boliviana, brasileña, colombiana, cubana, ecuatoriana, mexicana, venezolana y estadunidense, por lo cual deduce satisfecho:
"Esto otorgó una identidad única y múltiple a la película, una perspectiva a la vez local y universal que refleja la creciente conciencia colectiva de un continente en mi cinta."

Fracisco Galindo Ochoa

Columna Botica de Jorge Meléndez Preciado en El Universal, 15/09/2008;

Dinosaurio mayor
Francisco Galindo Ochoa fue conocido por sus dichos: “Perro no come carne de perro”, significando que los periodistas no deberían hablar de ellos ni de los medios. Arcaísmo si vemos revistas y columnas donde se analiza el papel de radio y televisión. En sus mesas de restaurantes, desayuno y comida, otorgaba privilegios a sus seguidores y quería, incluso a desconocidos, señalarles el camino oficial. Hasta el final de sus días tuvo adeptos. Pero envejeció como el sistema al cual sirvió. Su ejemplo no será luminoso, igual que el de muchos de su generación. La vida cobra.

***

Columna Interés Público/Miguel Angel Granados Chapa:

Favores Garantizadas a la Orden

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;

Somos uno con unos y otro con otros, escribió Pirandello. Según Beatriz Paredes, presidenta del PRI, Francisco Galindo Ochoa fue un "digno integrante de nuestras filas, quien a lo largo de su vida fue ejemplo de lealtad a nuestro partido y de compromiso patriótico con México. Quienes conocimos su sentido del humor, su fina ironía y su entereza de hombre cabal, sabemos que la política mexicana sufrió una gran pérdida".Hay visiones diferentes sobre la actuación pública de Galindo Ochoa, nacido en Tamazula, Jalisco, y muerto el miércoles pasado, 10 de septiembre de 2008. Fue uno de los más activos agentes del mecanismo de corrupción de la prensa que formó parte, y no ha sido extirpado todavía, del sistema autoritario priista que perdió la mayoría en las cámaras y la Presidencia de la República pero que sigue ejerciendo una enorme porción del poder público mexicano.

Infiltraciones

Los enemigos,

adentro

Raúl Monge, reportero.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;

La detención de Lorena González Hernández puso en un predicamento a la Secretaría de Seguridad Pública federal: además de las contradicciones en que incurrieron el subprocurador Facundo Rosas y su jefe, Genaro García Luna, salieron a la luz
evidencias de que las corporaciones federales no tienen control alguno sobre sus elementos. Muchos de ellos cuentan con la información y la preparación suficientes para cometer delitos de alto impacto.
La noche del viernes 22 de agosto, un día después de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia en Palacio Nacional, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió en sus oficinas de la colonia Doctores la llamada telefónica de una persona que no quiso identificarse, pero le dijo: "Ahí les dejamos al que secuestró y mató a Fernando Martí. Eso le pasó por cabrón".
Con esa pista, Mancera pidió a sus colaboradores que revisaran el parte de incidentes violentos reportados hasta ese momento y, en cuestión de minutos, tuvo en su escritorio la información de que el sujeto aludido era Sergio Humberto Ortiz Juárez. Fue lesionado con arma de fuego a bordo de su auto en la Ciudad de México y se encontraba hospitalizado en la cama 1 del área de terapia intensiva del Hospital General Regional número 2 del IMSS, ubicado en Calzada de las Bombas, delegación Tlalpan.
Según se desprende de la averiguación previa iniciada por esos hechos, Ortiz Juárez circulaba por las calles de Acoxpa y División del Norte en un Derby gris, cuando un motociclista se le emparejó y le disparó a quemarropa en tres ocasiones. Un impacto le dañó la columna vertebral.
Auxiliado en un primer momento por los policías preventivos Miguel Bautista Santiago y Óscar Muñoz Ramírez, y, después, por paramédicos de los servicios de emergencia, Ortiz Juárez fue trasladado en una ambulancia al hospital del IMSS, cuyas instalaciones fueron inauguradas en junio pasado por el presidente Felipe Calderón.
Al rastrear los antecedentes del baleado, de 63 años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descubrió que se trataba de un policía retirado, que había transitado por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), que dirigió Francisco Sahagún Baca, cuando el general Arturo Durazo Moreno estuvo al frente de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT), así como por las policías Judicial del Distrito Federal (PJDF) y Judicial Federal (PJF).
A pesar de que contaba con esos datos, la PGJDF no encontraba hasta ese momento ningún hilo conductor con el secuestro y asesinato de Fernando Martí, como había asegurado el informante anónimo.
Sin embargo, al día siguiente el procurador Mancera Espinosa tuvo un golpe de suerte: un testigo del atentado en contra de Ortiz Juárez se presentó a declarar voluntariamente a las instalaciones de la PGJDF y, según su dicho, fueron dos y no uno los que dispararon al exagente de la DIPD y confirmó que ambos viajaban en una motocicleta negra.
Por la relevancia del caso, el testigo, cuya identidad no se ha revelado, fue sometido a la prueba de radizonato de sodio. El resultado fue positivo, por lo que esta persona quedó sujeta a investigación. La PGJDF sospecha que este individuo era escolta de Ortiz Juárez.
A partir de ese momento, la investigación del caso Martí se enfocó en el expolicía y pronto empezaron a brotar nuevos indicios: que el nivel de vida de Ortiz Juárez no correspondía con los ingresos que percibía; que solía acudir, como invitado, no como socio, al Sport City, cuya cadena pertenece a Alejandro Martí, padre del menor secuestrado y asesinado. Así mismo, que, ostentándose como policía activo, extorsionaba a fayuqueros en Tepito, en compañía de una mujer, a quien apodaban La Gorda o La Morena.
Con ese último dato y el retrato hablado que se hizo a partir de testimonios obtenidos en Tepito, los investigadores de la PGJDF se avocaron a rastrear el paradero de la presunta cómplice de Sergio Humberto Ortiz Juárez. La tarea fue sencilla porque en una primera búsqueda realizada en el padrón de licencias de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina encontraron que el retrato hablado coincidía con los rasgos fisonómicos de Lorena González Hernández, con domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl.
En su afán por saber si la mujer de 35 años de edad era expolicía o policía en activo, los investigadores buscaron en los registros de las policías Judicial y Preventiva capitalinas, sin encontrar huellas de su paso por ninguna de estas corporaciones.
Ocultamiento
Mancera Espinosa solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) apoyo para saber si González Hernández estuvo o estaba dada de alta en la Agencia Federal de Investigación (AFI). La PGR confirmó que formó parte de la AFI, pero le aclaró que había causado baja de la agencia en octubre de 2007.
Lo que la institución comandada por Eduardo Medina Mora no le dijo al funcionario capitalino fue que tanto Ortiz Juárez como Lorena Hernández están relacionados con otra averiguación previa -AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004- iniciada en 2004 también por el presunto delito de secuestro.
Un dato más: dicha indagatoria fue abierta cuando el ahora titular de la SSP federal, Genaro García Luna, era director de la AFI.
La investigación sobre el paradero de la mujer se extendió luego a la Secretaría de Seguridad Pública federal, donde, en un principio, los colaboradores de García Luna le regatearon la información a la PGJDF.
El jueves 4, colaboradores de García Luna le confirmaron a Mancera que Lorena González estaba en trámites para ingresar a la Policía Federal. Hasta ahí.
Cerrado el círculo en torno de la mujer y con una orden de aprehensión librada por un juez, el procurador capitalino ordenó la detención de Lorena. Un grupo especial preparó el operativo, pero una filtración alertó a los altos mandos de la SSP federal, por lo que la detención y entrega de la presunta cómplice de Ortiz Juárez tuvo que ser pactada con la PGJDF, según logró averiguar el reportero.
La entrega de Lorena a la PGJDF se efectuó el viernes 5 a las 19:30 horas en las instalaciones que la SSP federal tiene cerca del Toreo de Cuatro Caminos.
El sábado 6, Lorena fue puesta a disposición del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Delitos contra la Seguridad de las Personas. En la diligencia, en la que estuvo presente su abogado, Francisco Meza Lucas, la mujer negó haber participado en el secuestro y asesinato de Fernando Martí; rechazó conocer o mantener vínculos con Sergio Humberto Ortiz Juárez y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle. Éstos fueron detenidos el pasado 21 de agosto en su casa de Pipizahua número 6, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán y, presuntamente, fueron los encargados de cuidar a Fernando durante su cautiverio.
Según consta en la declaración ministerial, que forma parte de la averiguación previa FSPI/T3/1487/08-08, Lorena dijo también, "desconozco si tengo algún enemigo, no me dedico a hechos ilícitos, y no tengo apodos".
Prosiguió: "Deseo manifestar que sí fumo, no tomo, no ingiero drogas, no tengo tatuajes, nunca he estado interna en el reclusorio, gano 40 mil pesos mensuales; tengo dos dependientes económicos: mi madre y mi hijo, de los que no deseo proporcionar su nombre".
En sus generales, González Hernández dijo que está casada, que labora en la Secretaría de Seguridad Pública, que profesa la religión católica y que es pasante en la carrera de negocios internacionales. Dio como domicilio la casa número 4 de la calle de Flores Mexicanas, colonia Benito Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
Luego de la diligencia ministerial, Lorena fue llevada a la cámara de Gesell junto con ocho mujeres más, vestidas con el uniforme de la AFI, donde fue identificada por Christian Salmones, el único sobreviviente del secuestro de Fernando Martí ocurrido el 4 de junio pasado.
Evidencias
Con base en la plena identificación de Lorena y en otras evidencias halladas en el domicilio de Ortiz Juárez -30 tarjetas de crédito, unas esposas, cuya llave fue encontrada en casa de uno de sus hijos, así como fotografías, en una de las cuales aparecen el expolicía y Lorena, en compañia de los hermanos Cañas-, la PGJDF decidió ventilar públicamente el asunto.
El lunes 8, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el titular de la PGJDF, Miguel Mancera, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la detención de Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fernando Martí, junto con los hermanos Cañas Ovalle.
Según Mancera, Ortiz Juárez, (a) El Apá, El Yeyo o El Comandante, fue presentado como líder de la banda de La Flor, y González Hernández, como la responsable de haber montado el falso retén de agentes de la AFI para secuestrar a Fernando Martí; su chofer, Jorge Palma, y su escolta, Christian Salmones.
El martes 9, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas Rosas, habló sobre el caso particular de Lorena González y explicó que formó parte de la PJF y que de ahí pasó a la AFI, donde colaboró en el área de Interpol. "Ahí estuvo trabajando hasta finales de 2007, cuando inicia sus trámites para ingresar a la Policía Federal".
Y prosiguió: "En ese estatus se encuentra; estaba realizando sus trámites para poder ingresar a la Policía Federal. Estaba en proceso de evaluación, bueno, de control de confianza".
Un reportero le pidió al responsable del área de Inteligencia de la SSP si podía decir qué hacía realmente Lorena en la Interpol.
Rosas respondió: "Hasta donde tenemos conocimiento ella tenía funciones básicamente administrativas y éstas se llevaron a cabo en Interpol, durante su estancia en la Agencia Federal de Investigación".
Y añadió: "Te quiero precisar que quien hizo entrega de esta persona a las autoridades del Gobierno del Distrito federal fue justamente la Policía Federal".
Un día después, el miércoles 10, el propio García Luna desmintió a Rosas al reconocer abiertamente que Lorena González tenía una plaza vigente en la institución. El jueves 11, el titular de la SSP federal insistió en lo mismo. Sostuvo que Lorena es personal activo, que tiene plaza de policía, que fue detenida por la Policía Judicial y que fue entregada a las autoridades capitalinas el viernes 5.
Cadena de asesinatos
Lo que no dijo García Luna, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1989 a 1999, es que antes de ventilarse el asunto, Lorena estaba adscrita a la Dirección General de Secuestros y Robos, y que su jefe inmediato era nada menos que el propio Facundo Rosas, según consta en su ficha laboral.
Un dato más: Lorena causó alta en la SSP federal el 16 de octubre de 2007, un día después de haber dejado la AFI, con la plaza de subinspector y un sueldo de 65 mil 165 pesos con 42 centavos.
Además, en la ficha de alta aparece como soltera y con la licenciatura completa, cuando en su declaración ministerial manifestó estar casada y ser pasante de la carrera de negocios internacionales.
Las autoridades federales también ocultaron que el ingreso de Lorena a la SSP federal fue posible gracias a los buenos oficios de Benito Roa Lara, uno de los hombres de mayor confianza de García Luna, junto con Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino.
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el martes 3, García Luna se expresó así de su colaborador: "El señor Roa es el mejor negociador para secuestros de la PFP, es el único certificado para control de crisis de secuestro, formado en el FBI".
Propietaria de tres inmuebles, el último de ellos adquirido días antes del secuestro de Fernando Martí, a través de un crédito obtenido en la SSP, Lorena tuvo una envidiable trayectoria profesional desde que ingresó a la desaparecida PJF, en 1999.
En noviembre de 2001, cuando García Luna se hizo cargo de la llamada policía modelo, la AFI, Lorena fue cobijada por Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los hombres del primer círculo del titular de la SSP federal, cuya gestión, por lo demás, ha estado marcada por los escándalos internos y por los asesinatos de personas de su confianza.
Desde que asumió el mando de la SSP tres hombres claves en su entorno han sido asesinados: Primero fue Roberto Velasco, quien realizaba tareas de inteligencia cuya naturaleza sólo conocía un reducido grupo de colaboradores. Después fue ejecutado José Aristeo Gómez Martínez, director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la Policía Federal, y cuyas actividades tenían que ver con la logística personal y familiar de García Luna, y por último ocurrió la ejecución de Édgar Millán, cabeza de las operaciones contra el cártel de Sinaloa.
Este último crimen se gestó presuntamente desde las propias oficinas de la SSP federal, porque cinco agentes de la corporación fueron arraigados por ese hecho.
El pasado 9 de junio fue acribillado también Marcos Castillejos Escobar, el abogado que defendió a García Luna cuando en 2001 el entonces secretario de la SSP, Alejandro Gertz Manero, lo acusó de haber incurrido en irregularidades en la adquisición de equipo. En aquel tiempo, el ahora considerado supersecretario era responsable del área de Inteligencia.

Infiltraciones

Excesos, simulaciones, críticas
Arturo Rodríguez y Armando Guzmán reporteros.
Los narcotraficantes se desplazan con tranquilidad prácticamente por todo el territorio nacional. Pero esta movilidad sólo ha sido posible debido al apoyo que les brindan jefes y elementos de los cuerpos policiacos estatales y municipales. Esta situación llevó a la Policía Federal Preventiva y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar operativos conjuntos para purgar a esos cuerpos de los elementos que presuntamente están implicados con los cárteles. Se han anotado puntos en Coahuila y Tabasco, donde a pesar de las críticas de las autoridades locales han capturado a sicarios de Los Zetas.
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;
Ante la corrupción en los cuerpos policiacos estatales y municipales, el Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) emprendieron operativos para someter a los elementos coludidos con organizaciones criminales o con integrantes de Los Zetas, el grupo armado del cártel del Golfo, cuyas actividades se expanden del norte a las entidades del sur del país.
A principios de septiembre, en un despliegue coordinado por elementos del Ejército y agentes federales en Villahermosa y otros municipios de Tabasco fueron arrestados 26 mandos policiacos, entre agentes federales, estatales y municipales, ocho secuestradores, tres de ellos militares desertores, y el jefe de Los Zetas en la entidad, Alberto Sánchez Hinojosa, alias El Tony o Comandante Castillo.
Días más tarde en Torreón, Coahuila militares y federales se enfrentaron a policías municipales, lo que provocó la irritación del presidente municipal, José Ángel Pérez Hernández, quien incluso viajó a México el miércoles 10 para solicitar una audiencia con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.
El lunes 8, horas después del operativo policiaco militar, la SSP emitió un comunicado en el que explicaba que varios de los policías detenidos trabajaban para el cártel del Golfo. Según el texto, alrededor de las 3:00 de la madrugada de ese lunes 8, agentes de la PFP y soldados detuvieron a José Luis Chávez Reyes, Óscar Ortega Lafont, José de Jesús Juárez Marmolejo, Gerardo Alejandro Martínez Lozano y José Said Salcedo Rodríguez en posesión de varios paquetes de cocaína y mariguana. Viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado roja, con placas de Oklahoma.
El boletín agrega que "los policías municipales Marco Antonio Martínez Rabelo y Carlos Leija Soto, quienes viajaban a bordo de la patrulla 35420, al ver la presencia de la PFP intentaron alertar a los cinco presuntos delincuentes, por lo que también fueron detenidos".
Los agentes de la PFP intentaron trasladar a los presuntos delincuentes y a los dos policías al Centro Regional de Control de Crisis -que sustituyó al conocido Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)-, pero elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) bloquearon el camino. Utilizaron 28 patrullas en un intento por rescatar a sus compañeros y se enfrentaron al comando de la PFP.
Al final, la PFP detuvo a 33 agentes municipales, aseguró 29 patrullas, 21 pistolas, cargadores, balas y equipo policiaco; también decomisó una bolsa con mariguana y 13 carrujos, 13 dosis de piedra (cocaína) y 26 dosis de cocaína en polvo. Durante la refriega murió el policía César Moreno Valero y dos de sus compañeros resultaron heridos, destaca el boletín.
Luego del enfrentamiento, la PFP, el Ejército y la Policía Estatal Preventiva (PEP) organizaron un operativo de revisión en las carreteras convergentes con Torreón; incluso tomaron el control de la policía municipal durante varias horas. El titular de la DSPM, Alfredo Castellanos Castro, estaba detenido e incomunicado en las instalaciones de la corporación por instrucciones del presidente municipal Pérez Hernández.
El martes 9 alrededor de las 3:00 de la tarde otro convoy federal arribó a la DSPM. En ese momento 70 policías realizaban el cambio de turno, según el director jurídico de la dependencia municipal, José Alonso Guerra Macías. Los integrantes del convoy llegaron encapuchados y sin identificarse ni exhibir orden judicial, formaron a los 70 agentes, separaron a dos policías y a seis comandantes y se los llevaron. Horas después los liberaron.
Sin embargo, los policías reclamaron a Pérez Hernández por la detención de sus compañeros. Ante la presión, éste se comprometió a conseguir amparos para todos los agentes a cambio de que siguieran patrullando.
Para el miércoles 10, un convoy de 30 vehículos con cientos de policías federales a bordo custodió el autobús que trasladó a los policías municipales detenidos al Centro de Readaptación Social de Torreón, donde se les comenzaron a tomar sus declaraciones.
Ese mismo día, el presidente municipal torreonense declaró que la versión de la SSP era "mediática". Según él, los choques del lunes 8 se registraron cuando los policías municipales huían de los agentes federales y de los soldados. Incluso "el tiro al policía muerto (César Moreno Valero) fue por la espalda y mis policías no tenían poder de fuego para hacerles frente", aseguró Pérez Hernández.
Entrevistado por este reportero el jueves 11, el munícipe torreonense sostiene que a los miembros de esa organización se les identifica porque usan camionetas ostentosas; pero el vehículo que detuvieron los federales la madrugada del lunes 8 era "chocolate". Además, dice, la PFP informó que los detenidos "les daban los moches de 2 mil a 10 mil pesos dependiendo del nivel". "Pero yo me pregunto cómo se los darían si andaban tan amolados", ironiza.
Pérez Hernández viajó a la Ciudad de México el miércoles 10 para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien, según el munícipe, se comprometió a conseguirle una audiencia con el titular de la SSP, Genaro García Luna, para que éste le explique acerca de los operativos como el del lunes 8.
De extracción panista, Pérez Hernández fue emplazado por la bancada del PRI en el Congreso local a renunciar o someterse a juicio político.
Los diputados de su partido, como José Ignacio Maynez Varela, le piden expulsar de los cuerpos policiacos a malos elementos, mientras que el gobernador Humberto Moreira Valdés, del PRI, le recuerda al munícipe que desde abril de 2007, el procurador estatal Jesús Torres Charles, le informó que su policía "había sido infiltrada por el narcotráfico". Eso sucedió precisamente cuando empezaron los enfrentamientos entre sicarios de Los Zetas y del cártel de Juárez, quienes tratan de controlar la plaza.
El 20 de noviembre de 2007, los policías municipales Víctor Hugo Montelongo Gaytán y Martín Manuel Véliz Hernández, quienes fungían como escoltas del titular de la DSPM, Alfredo Castellanos Castro, fueron ejecutados. El propio funcionario recibió una corona de muerto a las puertas del edificio de la DSPM la mañana del 15 de mayo.
El 5 de enero se difundió en el sitio electrónico youtube.com un video donde aparecía Castellanos con el subdirector de la policía de Torreón, Juventino López Pedraza. Ambos observaban complacidos a una bailarina completamente desnuda en una fiesta donde se ven al fondo varios sujetos armados.
Ese video le costó el cargo a López Pedraza; Castellanos siguió en su puesto, al que había llegado cuatro años antes, durante la gestión del munícipe panista Guillermo Anaya Llamas.
Al preguntarle a Pérez Hernández por qué mantuvo a Castellanos en el cargo, el alcalde torreonense responde:
"En ningún momento me presentaron evidencias de que él estuviera con algún cártel. Les pido que me den los documentos, las pruebas. Pero yo ya no quiero entrar a ese tema y asumo el compromiso de limpiar mi policía".
Golpe a "Los Zetas"
El pasado 8 de agosto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, reveló que en 11 de los 17 municipios de Tabasco las corporaciones policiacas estaban infiltradas por el crimen organizado.
Días antes, fuerzas federales y militares habían cateado una casa de seguridad en Villahermosa y encontrado una narconómina del cártel del Golfo que, según investigaciones de la SIEDO, destinaba 5 millones de pesos mensuales al pago de más de 200 mandos y agentes policiacos federales, estatales y municipales de Tabasco.
Los operativos coordinados por agentes federales y elementos del Ejército para detener a jefes policiacos implicados en el narcotráfico se iniciaron en la entidad a principios de este mes. El jueves 4 por la noche fue aprehendido en Villahermosa el comisario de la PFP en la entidad, Arturo Herrera Valles.
Al día siguiente cayeron el director de Seguridad Pública del municipio de Cárdenas, Juan Carlos Guzmán Correa, y cinco comandantes de la corporación: Enrique Domínguez Mejía, Eusebio Naranjo López, Daniel García Sánchez, Ángel Ramos Gómez y William Ramos Valencia.
Desde la madrugada del viernes 5 el Ejército tomó el control del banco de armas y de la policía municipal. El operativo se extendió a la delegación regional de la PFP, así como a la policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) y a la Dirección de Policía y Tránsito.
Más tarde arribaron elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes detuvieron al jefe policiaco Juan Carlos Guzmán.
En la acción policiaco militar del viernes 5 fueron arrestados también cinco policías ministeriales de la PGJ; tres en el municipio de Comalcalco y dos en el de Paraíso.
Por la tarde fue detenido el director de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Arellano Flores, sustituto de David Sánchez Alejandro. Este último fue arrestado en marzo de 2007 junto con el extitular de la SSP, Juan Cano Torres y otros dos mandos policiacos. A los cuatro se les implicó en el atentado contra el entonces secretario de la SSP, el general Francisco Fernández Solís, y su chofer y escolta, José de la Luz Mayo.
Cano Torres purga su condena en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; Sánchez Alejandro y el exjefe de la dirección de Inspección General de la SSP, José Fernando Santiago Rodríguez, se encuentran en el Centro de Readaptación Social del Estado (Creset).
La madrugada del sábado 6 fue capturado en Villahermosa Alberto Sánchez Hinojosa, alias El Tony o Comandante Castillo, jefe de Los Zetas en Tabasco y el tercero en la estructura del cártel del Golfo, así como sus guardias personales Francisco Arteaga Espino y Leonel Cruz Hernández.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) organizaron una conferencia conjunta para informar sobre el arresto; dijeron que la organización criminal comandada por El Tony cuenta con halcones que controlan la venta de droga al menudeo y se han infiltrado en los cuerpos de seguridad y ministeriales de Tabasco.
Según las dependencias, El Tony es el responsable de la colocación de 11 narcomantas en la entidad en las que se amenazó a los gobiernos federal y estatal, así como a otros funcionarios.
En agosto pasado agentes federales detuvieron en el aeropuerto de Villahermosa a Eduardo Sánchez Hinojosa, alias El Caos, hermano de El Tony. Gracias a esa captura fue posible ubicar y detener a El Tony, informaron la PGR y la Sedena.
La batida contra presuntos narcopolicías continuó el lunes 8 en el municipio de Balancán. Igual que en Cárdenas, fuerzas castrenses rodearon el palacio municipal y tomaron el control de la dirección de Seguridad Pública y el banco de armas.
Más tarde, elementos de la SIEDO arrestaron en el reclusorio municipal a 10 policías, entre ellos los comandantes Mauricio Francisco Dolores, Juan Chablé Méndez, José Alfredo Soto Montejo y Jorge Alberto Ruiz Juárez, alias El Cupido, así como a seis agentes. Al día siguiente, la milicia arribó al municipio de Centla para revisar el banco de armas de la dirección de Seguridad Pública.
Los 26 presuntos narcopolicías capturados en los diversos operativos fueron trasladados a la Ciudad de México donde permanecen arraigados. Se les investiga por su presunta implicación con el crimen organizado.
La primera evidencia de narcopolicías en Tabasco quedó registrada el 17 de marzo de 2007, con el arresto del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Cano Torres, el jefe de la dirección de Inspección General, Fernando Santiago Rodríguez, y el director de la Policía Estatal, David Sánchez Alejandro.
Los tres eran señalados como miembros de la "hermandad" policial, al frente de la cual estaba el propio Cano Torres, titular de la seguridad pública en el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
A partir del atentado contra el general Fernández Solís y el arresto de Cano Torres, se desató en Tabasco una imparable ola de secuestros y asesinatos. Hasta la fecha se han denunciado alrededor de 80 plagios y más de 50 asesinatos, entre ellos los de 28 mandos y agentes policiacos.

La mancha verde

Avanza la mancha verde/

Patricia Dávila, reportera.

Con la aprobación de Juan Camilo Mouriño y de la Sedena, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, comenzó un plan piloto para reemplazar a los agentes policiacos municipales con soldados. En principio, se reclutarán en todo el país unos mil militares que en esta ciudad combatirán el delito del orden común y que -tras recibir un curso universitario "de relaciones humanas"- ganarán tres veces más que en el Ejército. Esto, después de haberse descubierto que medio millar de preventivos tenían nexos con el narco en la ciudad más violenta del país...

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El desbordamiento de la violencia en esta ciudad, que incluye cruentos ataques a los centros de rehabilitación por adicciones, así como la infiltración de los narcotraficantes en la Policía Municipal, impulsaron al alcalde José Reyes Ferriz a contratar -con autorización del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño- a por lo menos mil soldados para conformar los Grupos de Élite, que reforzarán a la corporación y sustituirán a un medio millar de policías preventivos a los que se les descubrieron nexos con el narco.
Este es el primer caso en que la violencia generada por la disputa de una zona entre los grupos del crimen organizado conduce a la instauración de este plan piloto en un municipio que, luego de vivir el fenómeno de "las muertas de Juárez" -más de 400 mujeres asesinadas o desaparecidas-, se ha convertido en el más violento del país, con más de mil ejecuciones en el año, 61 delitos contra la "libertad personal", cerca de 10 mil vehículos robados, incendios de hasta tres negocios por semana y frecuentes asaltos bancarios.
Con el objetivo de "fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales", el pasado 28 de marzo el secretario de Gobernación puso en marcha la Operación Conjunta Chihuahua, que incluyó el desplazamiento de 4 mil elementos federales y militares que tomaron el mando mediante la instalación de 10 Bases de Operaciones Mixtas y 46 Puestos de Control Móviles.
Llegaron provistos de 180 vehículos, tres aeronaves, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 "Hércules" y un Boeing 727/100, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana.
Sin embargo, el despliegue militar y policiaco federal fue insuficiente para frenar el delito y la violencia, al grado de que el 1 de septiembre el gobierno municipal convocó "al personal militar con licencia ilimitada o en retiro" para presentar un documento de baja requisitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de integrarse a las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal.
Ofreció a los militares un salario de 9 mil 800 pesos mensuales, crédito para vivienda desde su ingreso a la Academia de Policía y oportunidad de ascensos mediante el programa de carrera policial.
"¡Aún tienes mucho por lograr...!", dice la convocatoria, sobre un fondo con la fotografía de un soldado que presenta armas, viste uniforme camuflado y porta una bazuca.
En entrevista con Proceso, el alcalde José Reyes Ferriz explica cómo surge la idea de conformar una fuerza especial:
"Estados Unidos es un país que tiene un desarrollo militar muy importante. La ciudad de El Paso, fronteriza con nosotros, es una de las que reclutan soldados como policías. Tenemos buena relación, nos dan apoyos en capacitación de ciertos manejos de crisis, cosas que en Estados Unidos tienen muy desarrolladas. Esta idea nos viene muy bien, por la disciplina con que se prepara a un soldado."
-¿Cuándo fue que inició las conversaciones?
-Con John Cook, alcalde de El Paso, abordamos el tema en marzo. Aquí en México, estuve platicando con los nuevos mandos del Ejército dentro del Operativo Conjunto Chihuahua. Empezamos a ver los salarios del Ejército en todo el país y nos dimos cuenta de que paga 3 mil 600 pesos mensuales a sus elementos. El proceso de reclutamiento lo formalizamos (el 5 de agosto) con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño
-¿El secretario Mouriño le resolvió de inmediato?
-Le pareció muy buena la idea y subió el tema a una reunión del Gabinete de Seguridad, lo comentó con el secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván y éste nos dio la autorización para iniciar el reclutamiento. Preparamos un video de la ciudad para que las personas que vamos a reclutar la conozcan, vean las casas que entregamos a los policías, que sepan cómo están las escuelas, las colonias, la Academia (de Policía). Hacemos todo lo que implica convencer a alguien que no es de esta zona, para que venga a esta ciudad.
-¿En dónde han reclutado soldados?
-Mandamos grupos de reclutadores a las guarniciones militares de todo el país, sobre todo a las más grandes, como Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Inicialmente vamos a contratar unos mil soldados que conformarán Grupos de Élite para combatir delitos del fuero común.
"Comenzamos esta administración en octubre del año pasado. Entonces había mil 560 policías. Desde marzo empezamos a reclutar elementos y actualmente tenemos mil 780, y queremos llegar a 3 mil. Sin embargo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aplicó el examen de confiabilidad tanto a los policías municipales como estatales de Ciudad Juárez, a 480 les resultaron nexos con algún cártel de la droga.
-¿Qué se va a hacer con los policías que no aprobaron?
-Ellos van para fuera.
-¿Cuál es el cártel que más infiltró a la policía?
-El que tiene mayor control e infiltración obviamente es el de Juárez, porque el otro (el de Sinaloa) apenas está empezando a operar. Lo que tenemos que hacer es que ante cualquier indicio de que hay relación entre un policía y el crimen organizado lo vamos a sacar.
-Usted ha dicho que los soldados están capacitados para la guerra. Instalarlos como policías preventivos ¿no resulta peligroso para Juárez?
-No les vamos a dar un uniforme y una pistola para subirlos a una patrulla. Hay que prepararlos. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde les darán preparación en relaciones humanas.
-¿La única esperanza para Juárez es la militarización?
-No es que sea la única esperanza, sino que el nivel de enfrentamiento y de violencia nos obligó a llegar a una policía con una capacitación que tienda más a un perfil de tipo militar.
Los centros de rehabilitación
El 13 de agosto el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez. Ahí dijo a los académicos que las ejecuciones no trastocan la calma de los chihuahuenses. Horas después, un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación y ejecutó a nueve personas.
Un día antes, por la tarde, se escuchó frente al Centro de Integración de Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (CIAD) número 8: "¡Cierran o se mueren, hijos de la chingada!". El grito provino de un hombre que pasaba frente al albergue en una camioneta roja. Llevaba el rostro descubierto. Nadie lo tomó en cuenta.
Pero su amenaza se cumplió. A las 19:45 horas de ese miércoles 13 había un servicio religioso en el CIAD ubicado en la colonia Cementera, adonde Socorro García, pastora del centro familiar Cristo Obra Bendición, había acudido para dirigir la ceremonia.
Al final del acto, Socorro García preguntó a los internos: "¿Hay algún valiente que quiera pedir perdón a Dios?". Varios hombres levantaron la mano y se encaminaron al improvisado altar... En ese momento empezó el ataque.
Cuatro hombres vestidos de negro y encapuchados entraron disparando ráfagas de metralleta contra las 29 personas presentes. Primero cayó Luis Ángel González Corral, de 18 años, que estaba en la puerta, y enseguida murieron acribilladas otras ocho personas. Sólo conservaron la vida quienes de inmediato se tiraron al suelo.
Los vecinos aseguran que, cuando ocurrió la matanza, a una calle del CIAD número 8 se encontraba un convoy con soldados de boina roja. Ninguno de ellos acudió a prestar auxilio a los sobrevivientes; tampoco lo hicieron los policías municipales, que se limitaron a acordonar la zona, dice a la reportera Guadalupe Corral Castillo, madre de Luis Ángel.
Hoy, el inmueble que albergaba el CIAD ya no está en servicio; la fachada luce descuidada, el portón blanco está cerrado. Por las rendijas se alcanzan a ver tres viejos colchones individuales recargados en uno de los muros. Hasta el logotipo del centro fue borrado apresuradamente.
Antes se habían cometido otros atentados contra centros de rehabilitación.
La tarde del 1 de agosto se reunieron 48 internos en el CIAD número 6, ubicado en la colonia Anáhuac. A las 16:45 horas se estacionaron frente al centro una camioneta Lobo (gris, de doble cabina) y un coche de color oscuro.
De los vehículos descendieron cuatro hombres con capuchas y vestimenta negra, que irrumpieron en el edificio armados con pistolas .9 milímetros. En el patio frontal rafaguearon a Lauro Alonso Alvarado Corona, de 30 años. Algunos internos corrieron mientras gritaban a sus compañeros que se escondieran. Los sicarios no los persiguieron; iban por el director del albergue, Rafael Hurtado Beltrán, a quien localizaron en la sala y lo ejecutaron.
Una señora asegura que en ese momento pasó por la perimetral una camioneta de la policía federal, pero siguió de largo a pesar de que los vecinos pidieron ayuda.
Desde entonces el CIAD número 6 cerró sus puertas.
Según los vecinos, sucedió lo mismo el 10 de agosto con el CIAD número 4: un grupo armado llegó a sus instalaciones en la colonia Salvacar y amenazó con ejecutar a los internos si no abandonaban las instalaciones.
En esta ciudad fronteriza, además de los tres CIAD mencionados había cuatro Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CRREDA), cuyas autoridades también fueron intimidadas y optaron por cerrar sus instalaciones.
El 15 de agosto, por ejemplo, dos días después de la incursión en el CIAD número 8, Armando Arturo Lerma, director del CRREDA número 12, ubicado en la colonia Toribio Ortega, recibió una advertencia telefónica: "Cierran o se atienen a las consecuencias". Apenas colgó el teléfono, Lerma reunió a los internos y les anunció que el centro cerraba ese mismo día.
El director llamó por teléfono a los familiares para que pasaran por los internos.
"A los que llegamos solos, nos abrió la puerta. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, que no arriesgaría a nadie. Junto con otros me fui a dormir a unas tapias que nos quedaban cerca", relata uno de los desalojados.
En Ciudad Juárez operan todavía 74 centros de rehabilitación -de los cuales 53 son fijos y atienden a cerca de 2 mil internos- y 21 de tratamiento ambulatorio, a los que suelen acudir alrededor de mil "usuarios", sobre todo en zonas aledañas a los picaderos.
De esos 74 centros, la mitad utiliza el método de la cristoterapia. Son de puertas abiertas y, según sus directivos, los pacientes llegan voluntariamente y se van cuando lo desean.
Consultados por Proceso, algunos directores de dichos establecimientos sostienen que en Ciudad Juárez priva una sensación de "incertidumbre" desde que el CIAD número 6 fue atacado.
Para María Elena Ramos, de la agrupación Compañeros y quien realiza el trabajo de rehabilitación de usuarios directamente en las colonias donde están los 6 mil picaderos (Proceso 1653), los ataques armados obligan a replantear las medidas de seguridad en los centros de rehabilitación y en las campañas de salud. Sobre todo ahora, dice, cuando la droga está más cara y es más difícil contar con jeringas nuevas.
José Rivera, director de la Clínica para Atención a Heroinómanos del Centro de Integración Juvenil (CIJ) local, señala que "en algunos CIAD no sólo se prestaba ayuda a los usuarios; también se les vendía droga".
Personal de la Subsecretaría de Justicia Zona Norte del estado dejó correr la versión de que los ataques a los tres CIAD se debieron a que en ellos se refugiaban integrantes de la banda Los Aztecas, del cártel de Juárez.
Los Aztecas controlan la venta de droga al menudeo en Ciudad Juárez desde 1989, y junto con La Línea -integrada por policías y expolicías- constituyen uno de los brazos del cártel que dirige Vicente Carrillo Fuentes, el cual pretende impedir que el cártel de Sinaloa se apropie de la plaza, apoyado por el recién creado grupo Gente Nueva. Los dos cárteles, el pasado 12 de julio, se atribuían la matanza de 14 personas en el poblado de Creel, Chihuahua.
David Rodríguez Torres, secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, manifiesta acerca de la militarización de la policía municipal:
"Es el resultado de la falta de cumplimiento de los alcaldes, de los gobernadores -incluyendo al del DF- y de la misma PGR. El de aquí es un cuerpo policiaco infectado, gangrenado desde hace muchos años y que hoy requiere ser amputado, porque todos los capos del cártel de Juárez y del de Sinaloa están matándose por la plaza."
Rodríguez Torres promovió en marzo pasado la aplicación del examen de confiabilidad a los policías estatales y municipales.
-¿Es adecuada la militarización, a pesar de las violaciones a los derechos humanos de que se quejan los juarenses?
-Las organizaciones civiles están en contra de la militarización, así como están en contra de que vengan la DEA y la Interpol a investigar narcotraficantes que el gobierno mexicano no investiga. Estamos hartos de gobernadores y alcaldes que se lavan las manos. Aquí la inseguridad está por encima de cuestiones religiosas, políticas y partidistas. Los delitos y homicidios no conocen colores, ni cantos ni oraciones.
"Hace un año (en julio de 2007) se perdían al mes 900 vehículos. Ahora, en julio de 2008, fueron mil 700, para una ciudad de 1.5 millones de habitantes. El robo de 60 coches diarios debe refrescar la memoria a los responsables de dar seguridad al ciudadano", advierte el regidor.

Presupuesto 2009

Más poder,

más dinero,

más crímen

Ricardo Ravelo, reportero.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;

Analistas y legisladores consultados por Proceso advierten que con su propuesta de fortalecer las instituciones de seguridad -las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional- el presidente Felipe Calderón se equivoca, pues con ello sólo naturalizará la militarización. No deja de ser contradictorio que, dicen, a pesar de que no hay resultados en el combate al crimen organizado, en la propuesta de presupuesto para 2009 intente destinar más dinero a seguridad, en detrimento de los rubros de educación, salud y combate a la pobreza.

Distante de la prevención, educación y desarrollo social, medidas básicas para abatir la inseguridad y a la delincuencia a largo plazo, el presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 muestra que el presidente Felipe Calderón proyecta hacer frente a los embates del crimen organizado mediante el reforzamiento del aparato represor del Estado.
A juicio de legisladores y analistas, con esta estrategia el país sólo terminará envuelto en una crisis de violencia.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que esta política de fuerza y represión significa que el régimen calderonista "naturalizará la militarización como política de gobierno", pues desde ahora se empiezan a cerrar los espacios a la participación civil dentro del esquema de seguridad.
El proyecto de unificar a las policías del país bajo un solo mando, uno de los temas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, está prácticamente desechado por los legisladores "por inviable y peligroso", dice; además, los gobernadores se oponen a que la federación los despoje de ese instrumento, pues consideran que esa medida viola la soberanía de los estados.
Pero a pesar de ello y de la ineficacia de su gobierno para frenar el crimen, el presidente Calderón privilegia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna y convertida hoy en una extensión del Ejército, pues la mayoría de sus miembros son militares. De hecho, la dotó de mayores recursos y la convirtió en la segunda dependencia con mayor concentración de poder y dinero, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el proyecto presupuestal.
Pese a que en los últimos 20 meses mostró sus fallas y desatinos frente al avasallante poder del crimen organizado, el presidente insiste en darle prioridad al aparato militar y policiaco.
Dice Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y coordinador del diplomado de seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana: "Con un presupuesto sin precedente en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón conduce al país a momentos que nos hacen recordar la peor crisis sudamericana que se vivió con las dictaduras".
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, secunda: "Nos parece excesivo que se aumente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, cuando a nivel federal sólo se atienden 8% de los delitos que se cometen en el país".
Claudia Cruz Santiago, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Equidad y Género, dice, a su vez: "Calderón apuesta al combate de la criminalidad con más armas, más policías, más penas y mayor represión. ¿Y la prevención? ¿Y la educación? ¿Y la atención social?", cuestiona.
Y añade: "Creo que el presidente y los funcionarios responsables de la seguridad ven el combate al narcotráfico como una gran industria. El proyecto de presupuesto está desbalanceado, tenemos que equilibrarlo; así como está no será aprobado".
Los aumentos más cuestionados en la propuesta presidencial por "excesivos" y "poco justificados" son: un incremento de 16.1% a la Sedena, que equivale a 42 mil 423.3 millones de pesos; así como de 49.8% a la SSP, equivalente a 30 mil 955.9 millones.
Lo más sorprendente es la pretensión de incluir en el reparto de los incrementos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que de mil 270 millones de pesos ejercido, este año pasará a 2 mil 439 millones para 2009.
Legisladores consultados por Proceso aseguran que el plan presupuestal de Calderón tiene un grave desajuste entre los incrementos destinados a la seguridad y los que se otorgan a la salud y a la atención social, rubros importantes para combatir la pobreza.
La diputada Cruz Santiago y el investigador Erubiel Tirado coinciden en que la visión presidencial es equivocada cuando se propone un presupuesto que tiende a resolver el problema de la seguridad con más dinero. Lo que el país necesita, dicen, es que se refuerce la educación y se promuevan programas preventivos, por ejemplo, para revertir en el mediano y largo plazos el avance del narcotráfico en municipios y comunidades urbanas y rurales precarias.
Los números hablan: para la Procuraduría General de la República (PGR) el Ejecutivo propone un aumento de 29.2%, es decir, pasaría de 9 mil 307 millones a 12 mil 605 millones de pesos; la Sedena, que actualmente ejerce un presupuesto de 34 mil 861 millones, contará con 42 mil 423.3 millones de pesos para 2009.
Por lo que atañe a la SSP, cuestionada por sus fallas y la concentración de poder de su titular, Genaro García Luna, tendrá más dinero para el próximo año: de 19 mil 711. 6 millones que manejó en 2008 pasará a 30 mil 955.9 millones de pesos. Un incremento de 49.8%; la Secretaría de Marina de 13 mil 382.7 millones pasará a 15 mil 757 millones de pesos.
Y el Cisen, criticado por sus fallas y porque sus altos mandos presuntamente se abocan a tareas de espionaje político, manejará 2 mil 439 millones de pesos, según los cálculo de Tirado.
En contraste, dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que en el presente ejercicio presupuestal contó con 64 mil 447.3 millones de pesos, ejercerá 61 mil 264 millones para 2009, es decir, 3 mil 233 millones menos.
El rubro educativo, base del nuevo modelo cultural, es uno de los más castigados en el programa presupuestal 2009: sólo le incrementaron 11 mil millones de pesos (6.9%), en tanto que a la Secretaría de Desarrollo Social le subieron 16 mil millones de pesos (2.3%).
De acuerdo con un análisis de la diputada perredista Claudia Cruz Santiago, un vacío preocupante en el proyecto presupuestal, a pesar de la concentración de dinero que tendrán varias dependencias, es que no se apuntala a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para supervisar a funcionarios y el manejo financiero.
"Por el contrario, a esa dependencia se le desmantela cada días más, como si quisieran dejarla sin capacidad de reacción", dice Cruz Santiago. Según ella, en varios estados la SFP dispone de menos empleados, dos o tres a lo mucho por estado, lo que acrecienta la posibilidad de que los altos funcionarios gubernamentales incurran en actos de corrupción sin ser castigados.
Y añade: "De hecho, las sanciones que impone la SFP frecuentemente se derrumban en el Tribunal Fiscal y Administrativo por falta de motivación o fallas graves, como la falta de notificación en tiempo y forma, lo que a menudo deriva en que muchos funcionarios corruptos fácilmente obtienen la nulidad de los juicios".
Para 2009, la SFP tendrá menos capacidad de acción. En la propuesta de presupuesto la dependencia responsable de combatir la corrupción administrativa no registra incremento en su presupuesto. El 75% que está incluido en el proyecto, según Cruz Santiago, es una ampliación del que dicha dependencia gastó en el ejercicio de 2008.
-Esto quiere decir que para 2009, que será el año más boyante en presupuesto contra el crimen organizado, ¿no habrá agresividad en vigilar la conducta de los funcionarios y el manejo financiero?
-Todo parece indicar que no. Ahí están los números: cero aumento a la Secretaría de la Función Pública. Es claro que lo que quieren los hombres del poder es una dependencia atrofiada, sin presupuesto y sin personal.
Represión y miedo
Desde el inicio de su gestión, Calderón determinó que el Ejército supliera a los cuerpos de policía de Michoacán, Tijuana, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa; y de agosto a la fecha se posicionó en Tabasco y se reforzó las acciones de seguridad en Torreón, Coahuila.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que la tendencia a militarizar el país seguirá en el actual régimen, de ahí que se le otorgue más poder económico en el presupuesto.
Explica: "Bajo esta perspectiva, tal y como se plasma en el programa sectorial de defensa, la militarización se naturaliza como política de gobierno con todas las consecuencias inherentes sobre el costo de seguir confundiendo las relaciones civiles militares con las cívico-políticas donde el eje de actuación castrense pasa por el Ejecutivo".
Asegura que, después de la firma de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad y frente al desafiante poder del narcotráfico, para sacar adelante su proyecto presupuestal y afianzar su política militarista, el presidente Calderón pretende utilizar políticamente esta crisis de inseguridad para "chantajear a legisladores y sectores sociales" para que éstos aprueben su propuesta argumentando la urgencia de combatir al crimen.
De aprobarse, dice, "estaríamos reforzando un aparato no necesariamente de seguridad, sino toda una instrumentación represiva que es clara a partir del endurecimiento del marco legal, cuyas iniciativas ya están en el Congreso".
Y agrega: "Estamos ante un riesgo muy grave, pues en el gobierno no hay una visión de cómo reestructurar los instrumentos de la seguridad; peor aún, ni siquiera sabemos por qué están fallando. Además, tenemos una representación usurpada e inflada del interés social a través de un solo órgano, México Unido contra la Delincuencia, que es un interlocutor que está validando las acciones de gobierno.
-¿Tiene razón el presidente cuando pide más dinero para atacar a la delincuencia? -se le pregunta al experto en temas militares.
-El problema de la criminalidad no se va a resolver con más dinero. Ante la gravedad de violencia, se nos olvida exigir cuentas y ahora se piden mayores recursos cuando no ha habido una reestructuración del aparato de seguridad del Estado.
Explica que en los últimos 10 años el Sistema Nacional de Seguridad Pública se gastó 300 mil millones de pesos, "y no tenemos resultados".
Lo peor, dice, es que la economía de defensa en nuestro país es una disciplina ignorada o deficiente que ha permitido que más de 85% de los recursos castrenses se destinen a salarios y prerrogativas diferenciadas entre el personal militar.
"En ese sentido -añade-, como lo muestra la experiencia comparada de los ejercicios modernos, la estructura de la institución no está definida para el desarrollo de sus capacidades operativas, sino para el beneficio de una pléyade de mandos sin tropa."
En su opinión, lo cuestionable no es el fin de procurar la mejora de los niveles de vida de la mayoría de "nuestros soldados", sino la afirmación acrítica de que la solución es sólo destinar mayores recursos, pero sin una reestructuración real de las Fuerzas Armadas. Así seguiremos hipotecando la defensa nacional, esa que se anuncia en cuarto sitio en el discurso castrense.
Para Erubiel Tirado, otro punto cuestionable es que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se la pasa ensayando campañas mediáticas como si acabara de llegar a la administración pública. Se nos olvida que siguen sin aclararse los fraudes con aviones de los que fue acusado (durante el sexenio de Vicente Fox) ni se despejan las dudas que envuelven la licitación de la llamada Plataforma México.
-¿Desde cuándo observa usted la tendencia al endurecimiento de los cuerpos de seguridad? -se le pregunta.
-Desde finales del sexenio de Vicente Fox es clara la inclinación hacia el autoritarismo, similar al de las dictaduras sudamericanas de los setenta. Hoy no se trata de tener más y mejores policías e infraestructura para operar en las calles; lo fundamental es cambiar una visión de cómo se ha ido desintegrando el tejido social.
"Si no hay una visión integral para reforzar todo lo que está relacionado son la salud, la educación y el desarrollo social; cuando se le quita dinero a estos rubros se cae en una visión evidentemente punitiva."
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señala: "No estamos en contra del aumento solicitado, pero es necesario que el Ejecutivo aclare los rubros en los que se va a aplicar, por ejemplo, casi 50% de aumento a la SSP".
Explica que este incremento, en parte, es excesivo porque sólo 8% de los delitos son del orden federal y el resto es un problema mucho más preocupante en los estados, que son desatendidos.
Rivera Bedoya, quien confiaba en que el proyecto de unificar a todas las policías del país en un solo mando fructificara, ahora dice que la iniciativa fracasó en el Congreso: "Ha sido descartada por los legisladores".
-¿Por qué?
-No están de acuerdo en entregarle toda la policía a la Federación.
-¿El obstáculo es político por la oposición de los gobernadores?
-Así es. Los estados y municipios aducen que se viola su soberanía. Además, es complicado por la carencia de bases de coor-dinación. En Oaxaca, por ejemplo, hay más de 500 municipios.
-¿Habrá modificaciones al presupuesto por la concentración de recursos en pocas dependencias?
-La habrá, en el sentido de que no debe haber áreas abandonadas. Creo que, en materia de seguridad, debemos reforzar la prevención para abatir al crimen. El gobierno gasta mucho en pago por spots triunfalistas que no se reflejan en la realidad, y se han eliminado mensajes de valores a favor de la sociedad y en contra de las drogas.
Tanto la diputada Cruz Santiago como Rivera Bedoya afirman por separado que el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Justicia, firmado por los sectores políticos y sociales el pasado 21 de agosto, "es una lluvia de ideas sin instrumentación".
En un análisis de los 74 puntos planteados, ambos legisladores aseguran que no ven "nada nuevo", ya que la mayoría de los planteamientos forman parte de los proyectos trazados al inicio del sexenio, pero que por desgracia no se han cumplido.
Dentro de los puntos del acuerdo existen propuestas cuyas soluciones se presentaron desde el sexenio de Vicente Fox, como la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otro acuerdo planteado como novedad el 21 de agosto y que ya fue tratado por el Poder Legislativo es la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.
Lo mismo ocurre con el fortalecimiento y consolidación de las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional. Al respecto, el análisis de la legisladora Cruz Santiago señala que tal proyecto "se elaboró cuando se discutió una iniciativa para aprobar la Ley de Acceso Igualitario a la Justicia".
-¿Cuál es la novedad del llamado Acuerdo por la Legalidad y la Justicia? -se le pregunta a Rivera Bedoya.
-No hay nada nuevo, todo es una lluvia de ideas, pero que no tienen instrumentación; muchos puntos ya están tratados, pero lo preo-cupante es que no hay resultados y ahora nos piden más dinero para la seguridad.

Los ejecutados de Ocoyoacac

El Desafio

Daniel Lizarraga, reportero

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;

El crimen organizado está respondiendo a las marchas contra el secuestro y a los convenios de funcionarios, empresarios y políticos contra la inseguridad. Entre la confusión de los operativos armados para enfrentar al narcotráfico, los sicarios se dan a entender con su lenguaje brutal, en el que cada víctima de sus balas es un signo. Los cadáveres aparecen diseminados en el norte, apilados y decapitados en el sur y, ahora, amontonados cerca del parque La Marquesa, a las puertas de la capital del país. Están gritando su reto.
OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.- El viernes 12 se realizó la mayor ejecución masiva de que se tenga registro oficial, con un saldo de 24 personas asesinadas. Fue perpetrada por alguna de las bandas del crimen organizado que controlan la zona central del país a tan sólo 70 kilómetros de la Ciudad de México. Se realizó justo el día que el presidente Felipe Calderón Hinojosa pronunció un vehemente discurso en el cual dijo "que esta guerra la vamos a ganar".
"Esta es la lucha", rezaba una pinta, en color blanco, localizada sobre la carretera a Xalatlaco, justo a la entrada del camino que conduce al paraje La Loma, sitio en el cual los lugareños encontraron los cuerpos sin vida. Todos tenían el tiro de gracia y estaban descalzos, amordazados y apilados con la ropa hecha jirones. De acuerdo con las primeras conclusiones de los médicos forenses, siete de esas personas llegaron aún con vida a ese sitio y ahí mismo las remataron a mansalva.
La mañana de ese viernes, dentro de las instalaciones del Colegio Militar, Calderón exhortó a los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad a que pasaran de los dichos a los hechos al declarar la guerra contra los enemigos de México.
"Hoy los mexicanos sabemos muy bien que sólo derrotaremos a la delincuencia y a la criminalidad si asumimos esta batalla como una misión colectiva, si cada quien asume la parte de responsabilidad que le corresponde, si cada entidad del Estado y cada expresión del poder nacional, así sea municipal, estatal y, desde luego, federal, hace la tarea y el deber patrio de defender a México de sus enemigos; si nadie se excluye y omite, precisamente, el cumplimiento del deber", expresó durante la Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar.
De acuerdo con los primeros peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, las ejecuciones pueden haberse realizado al mismo tiempo en que Calderón pronunciaba su arenga en el Colegio Militar.
En entrevista con El Noticiero, de Televisa, el cual comienza a transmitirse a las 22:30 horas, el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, dijo que las ejecuciones quizá ocurrieron entre 10 y 15 horas antes. De hecho, comentó que desde la mañana los elementos de seguridad pública estatales se encontraban en alerta toda vez que habían recibido reportes de que algunas personas habían sido levantadas en la zona oriente de la entidad.
Entre el momento en que fueron encontrados los cadáveres y las primeras horas del sábado 13, las autoridades federales y locales aún no contaban con alguna prueba o indicio sobre la identidad de los responsables.
Las ejecuciones se registraron a unas horas de que comiencen los festejos patrios en la Ciudad de México, luego de que Calderón anunciara un aumento presupuestal del 39% al rubro de seguridad pública y tras la marcha "Iluminemos a México" realizada el pasado 30 de agosto contra la inseguridad pública.
El único reporte emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que las personas fallecidas eran hombres de entre los 25 y los 35 años de edad, con cabello muy corto y ropa propia de las zonas cálidas.
El paraje La Loma se encuentra en plena zona boscosa. Durante el día, en una de las carreteras cercanas, que va a Chalma, circulan cientos de vehículos y los puestos ambulantes atienden a los peregrinos. Sin embargo, durante la noche la zona está completamente despoblada. Los peritos de la procuraduría mexiquense así como la Policía Federal y el Ejército trabajaron a marchas forzadas y con equipo especial de iluminación.
Este multihomicidio superó la decapitación de 12 personas ocurrida en Yucatán. El pasado 28 de agosto, en los alrededores de Mérida, un grupo de motociclistas y habitantes de Chichí Suárez fueron quienes descubrieron los cuerpos.
A pesar de estos acontecimientos, Calderón dijo estar convencido que "vamos a ganar" con la participación y el apoyo de todos. "Por eso, en esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel porque rescataremos uno a uno los espacios públicos y los pueblos y las ciudades en poder de malvivientes, para devolverlos a los niños, a los ciudadanos, a las madres de familia, a los abuelos", sentenció.
Desde que rindió protesta como presidente, el 1 de diciembre de 2006 y hasta el viernes 12, Calderón ha pronunciado al menos una docena de discursos en los que expresa su deseo de combatir el narcotráfico como si se tratara de una guerra.
"Para ganar la guerra contra la delincuencia organizada es indispensable trabajar unidos, más allá de nuestras diferencias, más allá de cualquier bandera partidista y de interés particular", expresó el 23 de enero de 2007. Lo ha venido repitiendo desde entonces.
Por otro lado, la noche del viernes 12 y durante las primeras horas del sábado 13, elementos del Ejército, de la Policía Federal, así como integrantes de las corporaciones policiacas del Estado de México, se dedicaron a reunir los casquillos usados en el paraje de La Loma; no obstante, su labor se dificultaba por la oscuridad reinante. Las fuerzas de seguridad pública no recibieron ninguna llamada, ni denuncia que los pusiera en alerta sobre la presencia de personas extrañas en la zona.
Los cuerpos sin vida fueron llevados hasta ese sitio a bordo de un vehículo pesado, algún tráiler por ejemplo, sin que los conductores fueran detenidos ni inspeccionados por la Policía Federal de Caminos o alguna otra corporación.
En cuanto la Agencia de Seguridad Estatal emitió por radio una llamada de auxilio, el paraje ubicado a unos 15 minutos del Parque Nacional de La Marquesa se convirtió en un terreno prohibido. Hasta ahí llegaron policías locales, estatales y federales, además de elementos del Ejército. La zona de acordonamiento abarcaba dos hectáreas alrededor de donde fueron descubiertos los cadáveres. Sin embargo, no hubo manera de dar con los responsables.
Los pobladores de las comunidades más cercanas no se acercaron. Felipe Calderón ha sido insistente al pedir a la población que participe en mayor medida en el combate al crimen organizado mediante denuncias anónimas a la policía federal.
Durante una gira por Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizada el 24 de noviembre del año 2007, el presidente manifestó: "Además de mejores policías, la lucha contra la delincuencia requiere, sobre todo, la participación decidida de la sociedad. El México seguro por el que estamos luchando exige una sólida cultura de prevención y denuncia del delito. Sé que no lo lograremos mientras la gente no tenga plena confianza en la Policía y el Ministerio Público.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal no han hecho público informe estadístico alguno sobre el número de llamadas recibidas de manera anónima desde que Calderón convocó a la población para que participe en la guerra contra la delincuencia.