Chávez y Adam Smith

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  Hugo Chávez y Adam Smith/Paul Kennedy, catedrático de Historia y director del International Security Studies de la Universidad de Yale.

Traducción de Pilar Vázquez
Tomado de EL PAÍS, 16/02/2007);
Las diferencias entre Hugo Chávez y Adam Smith son obvias. El presidente de Venezuela es una persona carismática y radical, dada a soltar arengas sobre la maldad del imperialismo, ya sea a las masas entusiastas de seguidores o ante el público, más escéptico, de la Asamblea General de Naciones Unidas. El economista político escocés era una persona prudente y reflexiva que hace 230 años escribió la obra más influyente de todos los tiempos sobre la economía política, La riqueza de las naciones.

Pero no son sus enormes diferencias lo que me interesa analizar aquí. Lo que parece significativo, y no deja de sorprenderme, es hasta qué punto, a juzgar por su política reciente (y las intenciones que anuncia para el futuro), Chávez se empeña en rechazar todas aquellas medidas de sentido común que, según el escocés, ayudan a hacer prósperas, estables y fuertes a las naciones.
No estoy sugiriendo con esto que el presidente venezolano sea consciente de la obra de Smith. Personalmente, lo veo poco probable. Sin embargo, es un hecho evidente que la política actual de Venezuela no puede haber tomado una dirección más opuesta a los consejos del gran economista.

Sobre Fukuyama

Fukuyama; la sombra de Pol-pot sobre Bagdad/Oscar Elía Mañú (GEES, Grupo de Estudios Estratégicos, 19/07/2006); http://www.gees.org/articulo/2760/

El autor es Licenciado y doctorante en Filosofía por la Universidad de Navarra; investigador de la filosofía política y el pensamiento estratégico en Raymond Aron.

Fukuyama contra los molinos neoconservadores
Muchos y variados son los temas de la última obra de Francis Fukuyama, “America at the Crossroads. Democracy, power, and the neoconservative legacy” (YUP, 2006). Poca novedad encontrará quien siga de cerca los debates políticos norteamericanos. En un libro de indudable olfato mediático, precedido de la batalla intelectual en periódicos y revistas, Fukuyama da por finalizado el recorrido de la doctrina neoconservadora, y establece los errores capitales que la Administración Bush y sus “seguidores neoconservadores” cometen en Irak. tales errores se reducen principalmente a tres.
En primer lugar, Fukuyama repite la tesis estratégica defendida en los últimos años, y que hunde sus raíces en el optimismo histórico de “El fin de la historia”. Para el profesor de la Johns Hopkins University, el terrorismo islámico no constituye ningún tipo de amenaza seria para las democracias occidentales, razón por la cual el temor neoconservador, ejemplarizado en la obra de Kristol y Kagan “Present Dangers; Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy” (2000), carece de sentido.
Para Fukuyama, el terrorismo islámico es una reacción al proceso de la modernidad, que no es otro que el del triunfo de la democracia liberal. Desde este punto de vista, la historia es un movimiento en el que la democracia se acabará imponiendo en todo el mundo; a este proceso se oponen determinados fenómenos, como reacciones ante un fenómeno acelerado. El terrorismo islámico es así más un fenómeno psicológico irracional que un proyecto político con posibilidades de éxito.
Mucho se ha escrito acerca de la concepción que Fukuyama tiene de la democracia, y del hecho de que parece entenderla únicamente en términos ideales o abstractos; contra los detractores de su optimismo post-1989, afirma que su tesis es que la democracia liberal triunfa pero como idea legitimadora. Ello le permite afirmar que Estados Unidos y los neoconservadores sobreestiman la amenaza terrorista; ésta no presenta ninguna posibilidad de éxito ante la legitimación política liberal. El problema es que siguiendo a Fukuyama, cualquier amenaza terrorista queda sobreestimada, puesto que ninguna parece alternativa legítima real al parlamentarismo. Como el terrorismo islámico con el ideal liberal, tampoco ETA parece ser alternativa al constitucionalismo, con lo que siguiendo al autor de “América at the Crossroads”, de poco deben preocuparse los gobernantes.
En segundo lugar, Fukuyama recuerda que la Administración Bush no tuvo en cuenta la reacción antinorteamericana surgida en contra de la intervención en Irak. De nuevo en clave abstracta e historicista, Fukuyama parece centrar su interés en los grandes debates intelectuales dialécticos que en la realidad y concreción de los hechos. Si el fundamento de la intervención americana contra el sátrapa de Bagdad es moral, la cuestión que tanto preocupa a Fukuyama, la reacción ideológica, es secundaria. La reacción que la política exterior estadounidense causa en el mundo es un importante aspecto; poco determinante parece cuando el interés se centra en garantizar la seguridad norteamericana o liberar a los iraquíes del yugo de Sadam.
La tercera crítica de Fukuyama va contra la falta de previsión de la administración norteamericana de las consecuencias de la guerra y las condiciones de la postguerra. Sin pretenderlo, Fukuyama pone el acento en el verdadero problema de la política, que no es otro que la decisión del gobernante en determinadas circunstancias históricas. La historia humana está repleta de consecuencias imprevisibles, de decisiones aventuradas y poco meditadas. Todas ellas pertenecen a las circunstancias del gobernante, pero Fukuyama eleva las consecuencias a categoría ideológica; los errores norteamericanos en Irak serían consecuencia de las premisas teóricas neoconservadoras, y no de errores tácticos o estratégicos más o menos lógicos e inevitables. Podremos convenir en el problema de la imprevisión; es rotundamente falso que éste se deba al sustrato ideológico neoconservador.
La obra es violentamente historicista; sobreestimar el terrorismo, sobreestimar las reacciones futuras, no anticipar las dificultades del mañana presentan un aspecto cierto, pero están basadas en la convicción determinista en que el sentido de la historia es único e inamovible, y que los gobernantes no pueden sino tratar de sumarse a él de la mejor manera posible. Tal determinismo, violentamente antiliberal y anticonservador, está presente en la obra de Fukuyama de 1989, y no parece haberse suavizado o matizado en los últimos años.
La crítica de Fukuyama a la política norteamericana es totalmente cierta a condición de aceptar que el terrorismo islámico no es una amenaza importante para las democracias liberales, que éstas son ante todo un concepto de discusión y acuerdo dialéctico entre EEUU y el resto del mundo, y que la intervención contra la tiranía y el totalitarismo carece de sentido cuando será la historia la que lleve la democracia a Irak, Irán, Corea del Norte, China o Marruecos. Si la democracia llegará necesariamente a Irak, toda acción política encaminada en esa dirección será aventurada y pecará de falta de prudencia.
Sin embargo, al lector heredero del siglo XX, de los grandes totalitarismos, de los esfuerzos de las ideologías por crear un hombre nuevo y una nueva humanidad, llamará la atención la adscripción que Fukuyama hace del movimiento neoconservador a la llamada ingeniería social. Sería difícil en pocas líneas demostrar que el movimiento neocon no es posiblemente ni movimiento ni neocon, sino que con el se denomina a una derecha que sólo parece tener en común la frenética actividad intelectual. Pero sí merece la pena recordar uno de los grandes errores ideológicos, históricos y teóricos de Fukuyama, y es la utilización del término ingeniería social con ambigüedad, abstracción y alegría mediática.
Fukuyama; anti-liberal, anti-conservador, anti-político
Efectivamente, como afirma Fukuyama (pág. 114), los neoconservadores reconocen una evidencia; el régimen interno de los Estados tiene una consecuencia inmediata en las relaciones con los demás países. Ni siquiera el pacifismo violento de la coalición mediática y política española puede negar que el régimen baasista era un peligro para toda la región, desde los Estados del Golfo hasta Israel. En principio, un régimen totalitario es más proclive a la guerra que uno democrático. Una política internacional sin sobresaltos ni crisis es más fácil si los distintos regímenes abrazan políticas democráticas.
La conclusión histórica de tal argumento es que la democratización de Irak rebajaría la tensión todo Oriente Medio, desanimaría a regímenes indecentes y animaría a unas relaciones pacíficas entre países. Para ello la intervención, activa o pasiva, se convierte en una opción necesaria. Pero al tiempo, reconoce el autor, los neoconservadores advierten del riesgo de una ingeniería social ambiciosa, fruto del origen anti estalinista de todos ellos. Tales principios, a los ojos de Fukuyama contradictorios, son, sin embargo, complementarios, en la medida en que uno afecta a la misma naturaleza de la política y el otro al pensamiento liberal-conservador.
Heredero estruendoso del historicismo hegeliano, el supuesto carácter liberal-conservador de su doctrina choca con un desconocimiento de la derecha liberal europea. En “The end of History” apenas cita a Popper, Aron o Hayek, los tres mayores críticos del mismo determinismo hegeliano que Fukuyama celebra con entusiasmo. Tampoco en “America at the Crossroads” dedica mayor atención a la derecha europea antimarxista, que es derecha por su carácter antihistoricista. Ocupado en demostrar el triunfo necesario del liberalismo olvida profundizar en su pensamiento.
El pensamiento liberal-conservador, más allá del mundo neoconservador que sólo es parte actual de éste, contiene ambos elementos; por un lado considera que el ordenamiento jurídico y constitucional debe entorpecer lo menos posible la vida espontánea de la sociedad; el estado hobbesiano no es sino un monstruo totalitario que vela por la seguridad de los ciudadanos que lo han creado y encerrado en sus límites. La clásica doctrina del pacto social reincide en esta idea; la política es posterior a las relaciones sociales de los individuos, y surge únicamente con carácter instrumental. Es la aportación moderna a la teoría política.
Pero la preocupación liberal en mantener lo público alejado de lo privado no puede dejar de tener en cuenta que tal constructo es imposible; la política es precisamente acción, y desde Aristóteles sabemos que ésta cambia la faz de la sociedad. El hombre es una animal social y un animal político. Sociedad y política son indisolubles, enseña la filosofía política clásica. Esta esencia de lo político es inalterable, pese a los esfuerzos a veces estériles de la modernidad.
En este sentido, entre sociedad y política se establece una relación dialéctica; la primera no puede dejar de ser el origen de la segunda, y ésta no puede dejar de dibujar el futuro de la primera. Tal naturaleza de lo político no puede dejar de resultar problemática; ni el científico podrá defender un tipo necesario de régimen aludiendo a las características sociales ni el político podrá configurarla a su gusto. Esta incertidumbre parece consustancial al destino de las colectividades, y permite que la actividad política siga siendo una actividad libre, influenciada pero no determinada por las tendencias sociales.
Para el analista, la tentación sociologista es fuerte. Fukuyama cita a Tocqueville; la democracia americana sólo es posible en unas condiciones sociales, culturales y religiosas determinadas, afirma el autor de “La democracia en América”. Más allá de lo que quiso decir Tocqueville, y sin mayor profundización, el autor cita a Tönnies, Weber o Durkheim, y deriva su argumentación hacia una interpretación sociologista; son las condiciones del desarrollo económico y social las que hacen brotar el régimen político y determinan su desarrollo.
Si en “El fin de la Historia” Fukuyama mostraba un carácter historicista, en “Amèrica en la encrucijada” muestra un carácter sociologista; nada hay que hacer cuando el análisis social señala que el régimen resultante está predeterminado. Si esto es así, ninguna iniciativa política, no ya en Irak, sino en ninguna parte del mundo, es libre de superar el yugo de la sociología. La acción política deja entonces de tener sentido, y desaparece irremediablemente. Defendiendo una continuidad necesaria entre el carácter de la sociedad y el régimen político, para Fukuyama cualquier iniciativa propiamente política del gobernante aparece como temeraria.
Tal parece ser la razón del desenfoque teórico de Fukuyama; desde un sociologismo en el que la política sigue la inercia del cuerpo social, cualquier iniciativa propiamente política queda definida como “ingeniería social”. La expresión es tan mediáticamente provechosa como intelectualmente errónea. Para un determinismo así, cualquier acción propiamente política es una osadía y un desafío a la sociedad y a la historia. No sólo es anti-liberal y anti-conservadora; la teoría de Fukuyama es también anti-política. Desde el marasmo de una interpretación de la vida humana determinista y paralizante, cualquier actividad política aparece como “ingeniería social”, eliminando el tenebroso sentido que tal expresión tiene para la historia de las ideas.
Ingeniería social a sangre y fuego
El determinismo histórico y social de Fukuyama, su confianza en una historia que solucionará los problemas del mundo parecen empujarle hacia la creencia en que cualquier acción política es, en el fondo, innecesaria y peligrosa. Desde este punto de vista se entiende la obsesión del autor por denominar “ingeniería social” a la aventura norteamericana en Irak.
El lector inquieto recordará que etimológicamente la ingeniería no es otra cosa que la aplicación de la tecnología, a su vez aprovechamiento práctico del conocimiento científico y teórico. En una época de laxitud intelectual y relajamiento conceptual que afecta también a Estados Unidos, conviene en primer lugar fijar con claridad las definiciones; ni el historiador ni el analista pueden prescindir de cierto rigor en sus estudios. De lo contrario, la discusión naufragará a la manera como en España naufraga la discusión acerca del concepto de “paz”, entre la propaganda y el instrumentalismo ideológico. Conviene pues, profundizar en la idea de “ingeniería social”.
La ingeniería social es la puesta en práctica de una doctrina política de carácter científico. Históricamente, la doctrina científica por excelencia es el materialismo dialéctico, la creencia en un sentido único de la historia, en el que el punto de llegada será la sociedad sin clases, el paraíso humano sobre la tierra. Tanto Lenin como Mao Tse-Tung se pusieron manos a la obra con una creencia; que la historia actual es insoportable, y que sólo un cambio total de la sociedad haría posible que la profecía histórica marxista se cumpliera.
La ingeniería social exige una ciencia que la sustente. Y ésta existía desde un siglo antes; un pasado y un presente considerados como el mal absoluto debían ser destruidos para construir un futuro radiante; el materialismo dialéctico es, ante todo, una verdad científica. Consecuencia previsible, en abril de 1975 las harapientas huestes de Pol-Pot denominaron su llegada al poder de la mejor forma que una ideología simple podría hacerlo; “Camboya Año Cero”, fue el comienzo del intento de crear una nueva sociedad sobre el solar camboyano. Poco añadido teórico al legado teórico recibido del marxismo y del maoísmo, pero añadido técnico y práctico de alcance ilimitado.
Del primero, los jemeres rojos tomaron de la filosofía de la historia; la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Desde Angkor Watt hasta Lon Nol, la historia camboyana se lee en los términos del Manifiesto Comunista. Desde que la historia es historia, las relaciones humanas han consistido en la relación entre el amo y el esclavo, entre el siervo y el señor, entre el que lo tiene todo y el que no lo tiene nada; entre el capitalista y el proletariado. La Revolución, la toma violenta del poder, es el primer paso hacia la concordia humana; la destrucción del orden social, el medio necesario para llevarla a cabo.
Pero además, la revolución jemer lee también en el Libro Rojo; la revolución es tan internacional como nacional, y libera a los camboyanos tanto del capitalista como del imperialismo. El gobierno de Lon Nol es un perro lacayo de los Estados Unidos, como Dinh-Diem en Vietnam, como Batista en Cuba. El capitalista es también el invasor, y el proletariado es el campesinado. No sólo es el pueblo, también la tierra la que se levanta contra el expolio, y lo hace desde lo mas hondo, desatando una violencia y una fuerza absoluta; desde la Gran Marcha a las bombas en los cafés de Saigón, todo está permitido en nombre del Libro Rojo.
La consecuencia de todo ello no podía ser otra; un proyecto de ingeniería social que llegó a escandalizar incluso en Moscú; los jerarcas del Kremlin creían ser más educados en su destrucción de cuerpos y almas. En el santoral leninista, el proletariado surgido de las fábricas redimiría al mundo; en el santoral maoísta, será el campesinado el que caerá en tromba sobre las ciudades. Para los herederos camboyanos de Mao, La ciudad era el mercado, el intercambio con el extranjero, el dinero, la corrupción, la educación burguesa. Sus ciudadanos estaban demasiado acostumbrados al orden y al bienestar burgués, a vivir a expensas del campesinado que los rodea; Pnom Penh, la corte de Sihanouk, era sinónimo del orden pasado, aquel al que aplicar las técnicas revolucionarias con mayor rigor.
El campo, las penurias, el campo de batalla entre jemeres, tropas camboyanas, vietnamitas y norteamericanas. Refugio de la guerrilla, ¿acaso no nace allí el Partido Democrático de Kampuchea?¿Acaso no fueron las selvas camboyanas las que vieron la coronación de Pol Pot como Gran Timonel de la revolución jemer? Depositario de las esencias genuinas del pueblo camboyano, el campesinado estaba llamado a redimir a todo el pueblo, y ahí organizó el Jemer a sus guerrillas.
Si la teoría maoísta enseña la superioridad del campo sobre la ciudad, la ingeniería enseña que para construir un nuevo mundo es necesario hacerlo sobre los escombros del anterior; la teoría de la destrucción del orden social exige una ingeniería de destrucción de lo urbano. El paraíso comunista exigía que los habitantes de las ciudades fueran evacuados al campo. Ingenuidad política y certeza estratégica; los ingenieros sociales forzaron el exilio forzoso de dos millones de personas, que en largas columnas atravesaron cientos de kilómetros hasta sus destinos, prefijados por el Partido.
No sólo materialmente; espiritualmente las ciudades debían ser eliminadas. La historia es demasiado conocida. Comenzaron con la familia real y la familia de la familia real; con el gobierno y la familia del gobierno; con los profesores, funcionarios, artistas, escritores, comerciantes, artesanos y sus familias. Nada de la antigua Camboya debía quedar en pie, para cumplir la teoría. Pocas fuentes quedaron para contarlo; las que sobrevivieron hablan de cunetas repletas de embarazadas, ancianos y niños asesinados a bastonazos (había que ahorrar balas, como en la China que actualmente celebran empresarios y políticos occidentales), y personas moribundas semihundidas en los arrozales.
Pronto el mundo del campo aprendió a tratar como era debido a los advenedizos de la ciudad, que fueron degradados a “gente nueva”, para diferenciarlos de quienes seguían a Pol Pot desde el principio del experimento. La gente nueva era no obstante testaruda, y hubo que separar a padres, madres e hijos a miles de kilómetros. El experimento funcionó; las ciudades fueron abandonadas llenándose de maleza, convertidas en zonas prohibidas para la mayoría. Con ellas desapareció el comercio, el intercambio, el dinero; la raíz del mal. Camboya se convirtió en algo nuevo, en una potencia agrícola, celebrada por los de siempre en Occidente y aislada celosamente del resto del mundo.
Vía ingeniería social, Camboya cambió; pasó a convertirse en un campo de trabajo, y de ahí a un campo de exterminio. Las consecuencias son bien conocidas; tres millones de muertos, que a fin de cuentas eran prescindibles; “Basta un millón de buenos revolucionarios para el país que nosotros construimos”, rezaba el Jemer. Uno de cada cuatro camboyanos murió en la revolución, la represión, la reeducación y la construcción de un nuevo mundo.
El país asiático pasó a la historia de las ideas políticas como el laboratorio más adelantado de ingeniería social. Sus gobernantes llegaron con una teoría política que era una teoría científica; pusieron en marcha un programa de cambio económico, social y político que incluía la reeducación de los asimilables y la eliminación de todos aquellos que no eran aprovechables. Llevó el legado de Lenin y de Mao a sus últimas consecuencias.
Pol-pot se pasea por las calles de Bagdad
Ningún atleta camboyano participó en los juegos olímpicos de Montreal y Moscú; la mayoría murieron recogiendo arroz en las diarias jornadas de trabajo; en la nueva Camboya se trabajaba doce horas, se dormía ocho y se estudiaba cuatro. El país se convirtió en un infierno terrenal, donde la muerte y el fanatismo rondaban en cada esquina. ¿Por qué traer a la memoria el exterminio camboyano? La aventura de la Administración Bush en Irak será acertada o no, estará bien llevada o llevada de manera nefasta, cometerá errores políticos, estratégicos o tácticos. Pero denominarla “ingeniería social” es un error histórico y político de enormes dimensiones, y una licencia mediática escasamente rigurosa y respetuosa con la realidad.
El proyecto norteamericano para Irak incluye exclusivamente un cambio de régimen; no busca ni destruir el pasado iraquí, ni erradicar sus instituciones tradicionales, ni cambiar la estructura social de los iraquíes. No busca crear un nuevo hombre destruyendo el pasado, ni reeducar en el presente en nombre de la historia. públicamente, la política norteamericana en Irak está disponible en los discursos de Bush, en los de Rice o Rumsfeld, así como en los artículos de Kristoll o Krauthammer, exagerados o no. Ninguno de ellos muestra la más mínima inclinación a una ideología total como la que exige un proyecto de ingeniería social, ni a la defensa de los instrumentos que toda ingeniería social, desde Pnom Penh a Tirana hundieron en la miseria y la muerte a millones de personas.
Lo que Fukuyama denomina doctrina neoconservadora no es una ideología en sentido estricto; ni es una teoría científica de la sociedad ni aspira a serlo. Lo único común a lo que Fukuyama denomina neoconservadurismo es la pérdida de complejos, la toma de iniciativa y la ofensiva intelectual y periodística. Sus miembros ni constituyen ni pretenden constituir algo análogo a lo que es el corpus científico comunista.
A estas alturas de la historia parece ridículo recordar las diferencias entre la intervención norteamericana en Irak y los proyectos históricos de ingeniería social. El conservadurismo de Fukuyama es un historicismo y un sociologismo incompatibles con el pensamiento liberal-conservador. Está más cercano teórica e intelectualmente al marxismo comunismo del que abomina. Su alusión a la ingeniería social norteamericana le impide ver que si existe ingeniería social en Irak es desde el proyecto yihadista de quienes destripan ingenieros y bombardean mercados. Claro que para el profesor de la Hopkins University, basta con sentarse a esperar el fracaso islamista y el triunfo liberal. Triunfo construido, eso sí, sobre una montaña de cadáveres. Curioso y sanguinolente triunfo de la astucia de la historia, que diría Hegel.

Reprueban el Plan Bush

Pero....lástima faltaron cuatro votos en el Senado.

La Cámara de Representantes de EE UU aprobó este viernes 16 de febrero (246-82) una resolución que se opone a su plan de incrementar en 21,500 las tropas estadounidenses en Irak.

Y aunque la resolución no tiene peso de ley, refleja el creciente descontento nacional con el curso de la guerra e incluso de muchos republicanos (17 votaron con los demócratas), sobre todo los que están vulnerables y representan distritos electorales que se oponen cada vez más al conflicto.

A pesar de que la Casa Blanca argumentó que un voto a favor de la resolución minaría el ánimo de las tropas y le enviaría un mensaje a los terroristas de que EE UU está claudicando en la lucha antiterrorista, 17 republicanos —menos de lo anticipado—, se unieron a 229 demócratas para favorecer la iniciativa de dos oraciones que "desaprueba" la decisión de Bush de aumentar las tropas en Irak.

Sin embargo, la resolución agrega que el Congreso y el pueblo estadounidenses seguirán apoyando y protegiendo a los elementos de las Fuerzas Armadas que sirven en Irak. Dos demócratas y 180 republicanos votaron en contra.
La Casa Blanca y el liderazgo republicano del Congreso aseguran, sin embargo, que la resolución es el preludio de medidas más drásticas para recortar los fondos a las tropas en Irak con la intención de forzar un repliegue.
Xavier Becerra (D-CAL), dijo que el repliegue es necesario, pero que hay que hacerlo de manera responsable: "lo que necesitamos es un aumento en la diplomacia y no en las tropas".

En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró por su parte: "Esta resolución bipartidista le enviará un fuerte mensaje al Presidente: en el Congreso estamos comprometidos a apoyar a nuestras tropas". Pero, agregó, "la aprobación de esta iniciativa refleja un cambio en la dirección en Irak que pondrá fin al conflicto y traerá a nuestras tropas a casa de manera segura y pronta".
John Boehner, líder de la minoría republicana en la Cámara, reiteró que el plan demócrata es "eliminar los fondos paras nuestras tropas que están en medio del peligro".
El voto culminó cuatro días de intenso debate sobre una guerra que se justificó con reportes falsos de inteligencia, que ha costado más de tres mil vidas de soldados estadounidenses y decenas de miles de vidas de iraquíes, así como miles de millones de dólares.
La Casa Blanca reiteró que "el debate importante vendrá cuando hablemos de si el Congreso proveerá o no el apoyo necesario a nuestras tropas", indicó el vocero Scott Stanzel.
De momento, entre los demócratas no hay un amplio apoyo a medidas que supongan recortar los fondos para las tropas que ya están destacadas en Irak.
Y bueno, las cosas en el Senado fueron diferentes.

Este sábado los demócratas, aún con apoyo republicano no alcanzaron los votos necesarios el someter el bloqueo de la moción a debate; faltaron sólo 4 votos (56 a favor-34 en contra).

Se trata de la segunda ocasión en quince días en que la Cámara Alta rechaza debatir y votar la resolución, que censura un aumento del número de tropas estadounidenses desplegadas en el país árabe.

Según las normas del Senado, los legisladores debían pronunciarse en primer lugar acerca de si aceptaban un debate sobre la moción, para lo que eran necesarios al menos 60 votos a favor. Al no lograrse esos sesenta respaldos, la moción no se sometió a debate y, por lo tanto, no llegó a votarse. En esta ocasión, siete senadores republicanos se alinearon con la mayoría demócrata.
Hace dos semanas, los demócratas consiguieron 49 votos, once menos de los necesarios para desbloquear la moción.

Llamó la tención que la votación de este sábado en el Senado coincidió con la visita relámpago a Bagdad de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

Por medio de agencias de noticias nos enteramos que Rice, una vez que estuvo en Bagdad viajo a Jerusalén que la cumbre del próximo lunes 19 de febrero con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la ANP, Mahmud Abbas, se centrará en la creación de un Estado palestino independiente.

En su visita sorpresa a Irak, Rice se ha entrevistado con altos mandos militares iraquíes y estadounidenses en Bagdad.

La intención de Rice es impulsar una solución definitiva al conflicto palestino-israelí, con el "obstáculo", según sus propias palabras, que supone la creación de un Gobierno de Unidad Nacional en la Autoridad Nacional Palestina.

El jueves 15, el presidente Abbas encargó al actual primer ministro, el islamista de Hamás Ismail Haniya, la formación de un Gobierno de unidad, que Israel ve con recelo porque considera que legitima al movimiento islámico sin que éste haya reconocido la existencia del Estado de Israel.
En tanto, en una reunión con el subsecretario de Estado de EE UU para Oriente Medio, David Welch, Abbas le ha aclarado que EE UU e Israel tendrán que aprender a vivir con el Gobierno en gestación, producto de las negociaciones que Hamás y Al Fatah celebraron en la ciudad saudí de La Meca la semana pasada. "El acuerdo de La Meca era lo único que había y el mundo debe aprender a vivir con él", ha dicho Abbas a Welch, según el asesor presidencial Nabil Abu Rudaina.

Cuando aprenderán los Neocons: Fukuyama

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  ¿Cuándo aprenderán los neocons la lección de IRAK?/Francis Fukuyama, politólogo estadounidense y autor de After the Neocons, obra a la que pertenece este extracto. Publicada por Profile Books, será editada próximamente en España por Ediciones B. En 1989 se dio a concoer por un artículo llamado "El fin de la historia", que tres años despues dio origen al libro: "El fin de la historia y el último hombre",

Publicado en EL MUNDO, 16/02/2007), y antes -31/01/2007, en ingles en The Guardian."The neocons have learnde nothing from five years of catastrophe"

En la actualidad, Estados Unidos gasta en solitario la misma suma de dinero que todo el resto del mundo junto en su aparato militar. Por tanto, merece la pena reflexionar sobre las razones por las que resulta que, después de casi cuatro años de esfuerzo bélico, de la pérdida de miles de vidas norteamericanas y de un desembolso de alrededor de medio billón de dólares, EE UU no ha conseguido pacificar un pequeño país, como Irak, de unos 24 millones de habitantes, y mucho menos aún conducirlo hacia algo que se parezca remotamente a una democracia con futuro.
Una posible respuesta es que la naturaleza de la política global ha cambiado en muchos aspectos durante la primera década del siglo XXI. El mundo de nuestros días -al menos en esa franja de inestabilidad que se extiende desde el norte de Africa hasta Oriente Medio, y a lo largo del Africa subsahariana y Asia central- se caracteriza por un número considerable de estados débiles y, en ocasiones, fallidos, así como por agentes transnacionales capaces de trasladarse de manera fluída a través de fronteras internacionales, animados por esas mismas posibilidades tecnológicas que ha producido la globalización. Palestina y Estados como Afganistán, Paquistán, Irak, el Líbano, Somalia, Palestina, entre un sinfín de muchos otros, no son capaces de ejercer el control de la soberanía sobre su propio territorio y ceden poder e influencia a grupos terroristas como Al Qaeda, a mezclas de partidos políticos y milicias como Hizbulá en el Líbano, o a facciones diversas de índole racial y sectaria en otros países.
La doctrina militar norteamericana ha entronizado, en primer lugar, el recurso a una fuerza apabullante, aplicada de forma brusca y decisiva, para derrotar al enemigo. Sin embargo, en un mundo en el que insurgentes y milicianos se despliegan entre la población civil sin dejarse ver, una fuerza apabullante es casi siempre contraproducente: se enajenan, precisamente, las simpatías de quienes tienen que romper con los combatientes más fanáticos y negarles la capacidad para moverse con libertad. La variante de campaña antiinsurgencia que se necesita para derrotar a milicianos y terroristas transnacionales sitúa los objetivos políticos por delante de los militares y ha de hacer hincapié en ganarse los corazones y las mentes antes que en arrollar y meter miedo en el lugar de acción.
La segunda lección que debería haberse sacado de los últimos cinco años es que la guerra preventiva no puede convertirse en la base de la estrategia norteamericana de no proliferación de armamento nuclear en el planeta a largo plazo. La doctrina del Gobierno de Bush pretendía utilizar la guerra preventiva contra Irak como fórmula para hacer evidente, ante posibles aspirantes a convertirse en potencias nuclear, que se había incrementado el coste de avanzar hasta el umbral de la nuclearización. Desgraciadamente, el coste para Estados Unidos ha sido tan desmesurado que la lección que ha enseñado ha sido exactamente la contraria: el efecto disuasorio del poder convencional norteamericano es escaso y, de hecho, las probabilidades de una guerra preventiva disminuyen cuando un país consigue cruzar dicho umbral.
Una última lección que se debería haber sacado de la Guerra de Irak es que el actual Gobierno estadounidense ha demostrado una incompetencia supina en su gestión política del día a día. Uno de los aspectos más sorprendentes es lo mal que se ha desempeñado en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos que él mismo se marcó. En Irak, el Gobierno ha actuado como un enfermo trastornado por un déficit de atención. EE UU ha culminado con éxito la organización eficaz de acontecimientos clave en Irak como, por ejemplo, el traspaso de soberanía del 30 de junio de 2004 o las elecciones del 30 de enero de 2005. Sin embargo, se ha estrellado en la formación de las fuerzas armadas iraquíes, en el nombramiento de embajadores, a la hora de exigir la debida diligencia a los adjudicatarios de contratos y, por encima de todo, se ha estrellado a la hora de exigir cuentas a los cargos oficiales responsables en mayor grado de éstos y otros fallos.
En teoría, esta falta de competencia en la gestión podría arreglarse con el tiempo, pero reviste consecuencias importantes a corto plazo para una estrategia tan ambiciosa como la de Estados Unidos. Los teóricos neoconservadores se imaginaban que el país ejercía una hegemonía benevolente sobre el mundo mediante el recurso a su enorme poder, ejercido de manera prudente e incontestable, para resolver problemas acuciantes como el terrorismo internacional, la proliferación de armas nucleares en el planeta, la amenaza de numerosos estados subversivos y toda clase de violaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, aun en el supuesto de que sus amigos y aliados se sintieran inclinados a creer en las buenas intenciones de los norteamericanos, les resultaría enormemente difícil no sentirse consternados ante la puesta en práctica de esa política en la realidad y ante la gran cantidad de cristales rotos que el elefante va dejando a su paso.
El fracaso en cuanto a la asimilación de las lecciones de Irak ha quedado de manifiesto cuando los neoconservadores se han puesto a hablar sobre cómo hacer frente al creciente poder de Irán en la zona y a su plan de nuclearización. La República islámica iraní representa en la actualidad un problema de primer orden para Estados Unidos, así como para sus aliados árabes en Oriente Medio. A diferencia de Al Qaeda, Irán es un Estado que hunde profundamente sus raíces en la Historia (no ocurre lo mismo con el actual Irak) y que posee abundantes recursos, como resultado de las subidas de precio de la energía. Está gobernado por un régimen islamista radical que, sobre todo desde la elección como presidente de Mahmud Ahmadineyad en junio del 2005, ha tomado una dirección preocupantemente intolerante y agresiva.
En contra de sus propias pretensiones, Estados Unidos ha favorecido el auge de Irán en la zona con la invasión de Irak, la eliminación del régimen baazista que ejercía de contrapeso frente a los islamistas y la potenciación actual de los partidos chiíes próximos a Teherán. Está claro que Irán aspira a tener armas nucleares, a pesar de sus airadas manifestaciones afirmando que su plan nuclear sólo persigue objetivos no militares. La energía nuclear no tiene mucho sentido en un país que se asienta sobre unas de las mayores reservas petrolíferas del mundo, pero tiene todo el sentido como base de un plan de armamento nuclear. Resulta natural que los iraníes hayan llegado a la conclusión de que estarán más seguros frenta a amenazas externas con la posesión de la bomba atómica que sin ella.
Es fácil explicar, a grandes rasgos, los obstáculos que se interponen de cara a un final negociado de la crisis iraní, en cambio, resulta mucho más difícil proponer una estrategia alternativa. El recurso a la fuerza parece muy poco atractivo. No puede decirse que Estados Unidos esté precisamente en posición de invadir y ocupar otro país más, especialmente uno que es tres veces mayor que Irak. El ataque tendría que ser acometido desde el aire, lo que no daría como resultado un cambio de régimen, que es el único modo de detener el plan de ADM (armas de destrucción masiva) a largo plazo. Se hace muy cuesta arriba depositar una gran confianza en que la información confidencial de los estadounidenses sobre las instalaciones iraníes sea mejor que la que tenían sobre Irak. Una campaña aérea es mucho más probable que incremente los apoyos al régimen en lugar de que lo derribe y fomentará el terrorismo y los atentados contra instalaciones de Estados Unidos y de sus aliados en todo el planeta. EEUU se quedaría aún más aislado en semejante guerra de lo que lo viene estando durante la campaña de Irak; sólo Israel se mantendría como seguro aliado.
Ninguna de estas consideraciones, tampoco el desastre de Irak, ha impedido que determinados neoconservadores sigan defendiendo la intervención militar contra Irán. Algunos insisten en que el régimen de los ayatolás supone una amenaza aún mayor que la del desaparecido Sadam Husein, sin tener en cuenta el hecho de que su entusiasta apoyo a la invasión iraquí es lo que ha destruido la credibilidad de EEUU y reducido su capacidad de tomar medidas contundentes contra Irán.
Cabe pensar en Ahmadineyad como un nuevo Hitler; podría resultar que las negociaciones en curso fueran el equivalente a nuestros acuerdos de Múnich; podría ser que Irán estuviera en manos de unos fanáticos religiosos irreductibles; y podría ser que Occidente tuviera que hacer frente a una «amenaza de civilizaciones». En mi opinión, no hay razones para mostrarse tan alarmista. A fin de cuentas, Irán es un Estado con importantes riquezas que defender, y ya se encargarían de disuadirlo otros estados en posesión de armas nucleares -no olvidemos que es una potencia regional, no mundial; ha anunciado en el pasado objetivos ideológicos extremistas pero rara vez se ha movilizado para cumplirlos cuando han entrado en juego intereses nacionales de importancia, y no parece que sus procesos de toma de decisiones estén unificados ni bajo control de las fuerzas más radicales-.
Lo que más me llama la atención de la batería neoconservadora de argumentos sobre la cuestión iraní es lo poco que han variado respecto a los utilizados sobre Irak en el 2002, a pesar de los acontecimientos trascendentales registrados en los últimos cinco años y del fracaso manifiesto de las políticas que los propios neoconservadores han promovido. Lo que quizá haya cambiado sea la predisposición de la opinión pública norteamericana a escucharles.

The neons have learned nothing from five years of catastrophe/Francis Fukuyama. This is an edited extract from ‘After the Neocons’

THE GUARDIAN, 31/01/2007);

The United States today spends approximately as much as the rest of the world combined on its military establishment. So it is worth pondering why it is that, after nearly four years of effort, the loss of thousands of American lives, and an outlay of perhaps half-a-trillion dollars, the US has not succeeded in pacifying a small country of some 24 million people, much less in leading it to anything that looks remotely like a successful democracy.
One answer is that the nature of global politics in the first decade of the 21st century has changed in important ways. Today’s world, at least in that band of instability that runs from north Africa and through the Middle East, sub-Saharan Africa and central Asia, is characterised by numerous weak and sometimes failed states, and by transnational actors who are able to move fluidly across international borders, abetted by the same technological capabilities that produced globalisation. States such as Afghanistan, Pakistan, Iraq, Lebanon, Somalia, Palestine and a host of others are not able to exercise sovereign control over their territory, ceding power and influence to terrorist groups such as al-Qaida, political parties-cum-militias such as Hizbullah in Lebanon, or various ethnic and sectarian factions elsewhere.
American military doctrine has emphasised the use of overwhelming force, applied suddenly and decisively, to defeat the enemy. But in a world where insurgents and militias deploy invisibly among civilian populations, overwhelming force is almost always counterproductive: it alienates precisely those people who have to make a break with the hardcore fighters and deny them the ability to operate freely. The kind of counterinsurgency campaign needed to defeat transnational militias and terrorists puts political goals ahead of military ones, and emphasises hearts and minds over shock and awe.
A second lesson that should have been drawn from the past five years is that preventive war cannot be the basis of a long-term US nonproliferation strategy. The Bush doctrine sought to use preventive war against Iraq as a means of raising the perceived cost to would-be proliferators of approaching the nuclear threshold. Unfortunately, the cost to the US itself was so high that it taught exactly the opposite lesson: the deterrent effect of American conventional power is low, and the likelihood of preventive war actually decreases if a country manages to cross that threshold.
A final lesson that should have been drawn from the Iraq war is that the current US government has demonstrated great incompetence in its day-to-day management of policy. One of the striking things about the performance of the Bush administration is how poorly it has followed through in accomplishing the ambitious objectives it set for itself. In Iraq, the administration has acted like a patient with attention-deficit disorder. The US succeeded in organising efficiently for key events such as the handover of sovereignty on June 30 2004, or the elections of January 30 2005. But it failed to train Iraqi forces, failed to appoint ambassadors, failed to perform due diligence on contractors and, above all, failed to hold accountable those officials most responsible for these and other multiple failures.
This lack of operational competence could in theory be fixed over time, but it has important short-term consequences for American grand strategy. Neoconservative theorists saw America exercising a benevolent hegemony over the world, using its enormous power wisely and decisively to fix problems such as terrorism, proliferation, rogue states, and human-rights abuses. But even if friends and allies were inclined to trust America’s good intentions, it would be hard for them not to be dismayed at the actual execution of policy and the amount of broken china this particular bull left behind.
The failure to absorb Iraq’s lessons has been evident in the neoconservative discussion of how to deal with Iran’s growing regional power, and its nuclear programme. Iran today constitutes a huge challenge for the US, as well as for America’s friends in the Middle East. Unlike al-Qaida, Iran is a state, deeply rooted historically (unlike Iraq) and flush with resources as a result of energy price rises. It is ruled by a radical Islamist regime that - particularly since Mahmoud Ahmadinejad’s election in June 2005 - has turned in a disturbingly intolerant and aggressive direction.
The US unintentionally abetted Iran’s regional rise by invading Iraq, eliminating the Ba’athist regime as a counterweight, and empowering Shia parties close to Tehran. It seems reasonably clear that Iran wants nuclear weapons, despite protestations that its nuclear programme is only for civilian purposes; nuclear energy makes little sense for a country sitting on some of the world’s largest oil reserves, but it makes sense as the basis for a weapons programme. It is completely rational for the Iranians to conclude that they will be safer with a bomb than without one.
It is easy to outline the obstacles to a negotiated end to the Iranian programme, but much harder to come up with an alternative strategy. Use of force looks very unappealing. The US is hardly in a position to invade and occupy yet another country, especially one three times larger than Iraq. An attack would have to be conducted from the air, and it would not result in regime change, which is the only long-term means of stopping the WMD programme. It is hard to have much confidence that US intelligence on Iranian facilities is any better than it was in the case of Iraq. An air campaign is much more likely to build support for the regime than to topple it, and will stimulate terrorism and attacks on American facilities and friends around the globe. The US would be even more isolated in such a war than during the Iraqi campaign, with only Israel as a certain ally.
None of these considerations, nor the debacle in Iraq, has prevented certain neoconservatives from advocating military action against Iran. Some insist that Iran poses an even greater threat than Iraq, avoiding the fact that their zealous advocacy of the Iraq invasion is what has destroyed America’s credibility and undercut its ability to take strong measures against Iran.
All of this could well be correct. Ahmadinejad may be the new Hitler; the current negotiations could be our Munich accords; Iran could be in the grip of undeterrable religious fanatics; and the west might be facing a “civilisational” danger. I believe that there are reasons for being less alarmist. Iran is, after all, a state, with equities to defend - it should be deterrable by other states possessing nuclear weapons; it is a regional and not a global power; it has in the past announced extreme ideological goals but has seldom acted on them when important national interests were at stake; and its decision-making process appears neither unified nor under the control of the most radical forces.
What I find remarkable about the neoconservative line of argument on Iran, however, is how little changed it is in its basic assumptions and tonalities from that taken on Iraq in 2002, despite the momentous events of the past five years and the manifest failure of policies that neoconservatives themselves advocated. What may change is the American public’s willingness to listen to them.

Decomiso de bienes al crímen organizado

El diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del PVEM presentó este jueves una iniciativa denominada: Ley Federal de Decomiso de Bienes de Procedencia Ilícita y Resultado de la Delincuencia Organizada.
Dijo el legislador en su presentación:
"La delincuencia organizada en este país ha ido en aumento, principalmente en delitos como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, así como delitos patrimoniales."

Aporta los siguientes datos, citando al INEGI:

"una tasa de crecimiento promedio anual de los principales delitos denunciados de un cuatro por ciento. Para el período 2001 al 2003 se observó un incremento del 18%en delitos relativos a la Ley de Armas; incremento de 10% en delitos vinculados al tráfico de narcóticos; 6% relacionados con daños patrimoniales y 5 por ciento relativos al robo.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una cifra negra importante que desde el punto de vista de los expertos en la materia podría representar hasta el 90 por ciento de delitos no denunciados....,

"Los costos directos e indirectos a la delincuencia para México se estiman en alrededor de 108 mil millones de dólares anuales, esto implica aproximadamente un costo anual para el país del 15 por ciento del producto interno bruto, según datos que arroja el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Aunado a lo anterior, la inversión en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la acumulación de bienes, inmuebles y muebles por parte de diversos grupos delictivos, han ido en aumento.
"De acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el doctor Guillermo Zepeda, en nuestro país la probabilidad de ser condenado por la comisión de un delito es de las más bajas del mundo pues representa tan sólo el 1.1 por ciento; en tanto que en Estados Unidos de América la probabilidad de ser condenado es del 9.1 por ciento, en Italia de 11.5, en Argentina de 12 por ciento y en Inglaterra de 22.6 por ciento, sólo por mencionar algunos países.
Lo anterior implicaría que los delitos en nuestro país quedan impunes en aproximadamente un 98.9 por ciento.
Una tercera causa del incremento de los delitos es que éstos constituyen una manera fácil de hacerse de recursos económicos. Hoy en día los grupos organizados actúan con criterios empresariales, buscan lograr la mayor rentabilidad y los mayores ingresos que les permitan mantener su influencia y poder.
Es precisamente en este punto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que es de suma importancia legislar, a fin de convertir no sólo el financiamiento de aquellos que delinquen sino también de quienes se beneficien directa o indirectamente de dichas conductas delictivas.
Los recursos financieros a disposición del crimen son tanto un fin como un medio para delinquir. Son un fin porque en la mayoría de los casos lo que se busca es el lucro; es decir, se busca delinquir para obtener un beneficio económico; no obstante, los recursos financieros también son instrumentos para delinquir toda vez que la capacidad económica proporciona los medios para la comisión de delitos.
Debemos reconocer además, que son los recursos financieros a disposición del crimen los que han permitido corromper en múltiples ocasiones a las estructuras gubernamentales que debieran encargarse de combatir las actividades delictivas....,

"Por ello, legisladores del Partido Verde ponemos a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley Federal de Decomiso de Bienes de Procedencia Ilícita y Resultado de la Delincuencia Organizada.
A través de la presente iniciativa buscamos establecer mecanismos legales para cerrar el acceso a recursos financieros, materiales e institucionales, tanto de los propios delincuentes como a sus beneficiarios.
Al atacar los bienes y recursos de los grupos del crimen organizado se busca desarticular su capacidad delictiva, a fin de que estos grupos ya no tengan acceso a una de sus principales herramientas operativas: su capacidad financiera. Propuestas similares se han legislado en otros países, como es la Ley de Extinción de Dominio, de Colombia, denominada Ley 793-02, que pretende precisamente eso, atacar los recursos financieros de los cárteles de la droga.
El decomiso de bienes a que se refiere nuestra iniciativa se realiza mediante vía contenciosa y por ello a través de una acción que iniciará el Ministerio Público ante un juez, es decir, en la propuesta de Ley Federal de Decomiso de Bienes está garantizada la defensa de aquel o de aquellos que podrían sufrir en su patrimonio el decomiso de bienes.
El artículo 22 constitucional prevé actualmente que no se considerará confiscación el decomiso de bienes que ordene la autoridad judicial en casos como enriquecimiento ilícito ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado en los procesos que se sigan por delitos previstos como delincuencia organizada, ni de aquellos respecto de los cuales el sentenciado se conduzca como dueño y no pueda acreditar la legítima procedencia de éstos.
El problema es que el decomiso no está regulado en leyes secundarias; es decir, la iniciativa de ley que ahora presentamos no violenta en ningún modo los derechos humanos ni las garantías individuales, lo que plantea es una abstención del derecho de propiedad, pero emanada como lo establece la propia Constitución, de que se obtuvieron bienes a partir de actividades ilícitas.
En nuestra propuesta el Ministerio Público podrá acudir ante un juez de distrito en materia penal, a fin de solicitar sea decretado el decomiso de bienes y por ende la pérdida de la propiedad de los mismos, pero para poder proceder en la acción de decomiso el Ministerio Público deberá tomar en cuenta ocho causales, entre las que destacan tres:
La primera. Que el o los sujetos que sufrirán el detrimento o decomiso de bienes tengan abierta alguna indagatoria o procedimiento por delitos del crimen organizado o sean delitos considerados graves por la legislación penal.
La segunda. Cuando existe un incremento patrimonial injustificado, sin que se explique el origen lícito del mismo.
La tercera -y es consideración eje de nuestra propuesta- es que el bien o los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas o correspondan al objeto del delito.
La propuesta establece que los bienes decomisados pasarán a ser propiedad del Estado y será el Servicio de Administración de Bienes quien lleve a cabo la administración y disposición de los bienes, derechos y productos decomisados.
Proponemos que el destino final de los beneficios económicos sea determinado por esta Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se procurará que sean utilizados para la impartición de justicia, la asistencia a víctimas del delito para el sector salud, la protección del medio ambiente y sobre todo, para el combate a la delincuencia.
La presente propuesta de ley complementa la legislación vigente para combatir el crimen organizado, razón y motivación suficiente para que consideremos su establecimiento en el ámbito federal.
El día de hoy tenemos noticia de que el Gobierno del Distrito Federal ha expropiado predios donde presuntamente se cometían delitos relacionados con el narcotráfico, el robo y la piratería. Por su parte, la Procuraduría General de la República y la Sedena nos informan que durante el sexenio pasado se incautaron alrededor de 330 millones de pesos en promedio al año y se propone que los recursos decomisados a los narcotraficantes sean utilizados para la rehabilitación de farmacodependientes.
Estas acciones ponen en evidencia que el gobierno requiere de mayores instrumentos para combatir los recursos financieros del crimen. Expresan también la importancia de darle un uso social a los recursos decomisados, situación que compartimos y está contemplada en la iniciativa de ley que presentamos.
El Presidente Calderón hizo un llamado a todos los actores, pero principalmente a los Poderes de la Unión, para combatir la inseguridad que afecta a los mexicanos. Nos compete a los legisladores ser corresponsables de esa tarea y mejorar los instrumentos jurídicos a disposición del Estado para atacar la riqueza ilícita y la capacidad financiera de los grupos del crimen organizado. Por su atención, muchas gracias."
La propuesta fue turnada, para su dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Pero...,, el legislador todavía no envia concretamente la propuesta con el articulado correspondiente.

Declaración de Tlaxcala: Conago

El pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) signó una declaración de apoyo al Gobierno federal, después de reunirse con el Presidente Felipe Calderón: la declaración de Tlaxcala
Avalaron los operativos del Gobierno federal:
"Expresamos nuestro reconocimiento y adhesión a las estrategias que el Gobierno federal ha puesto en marcha, así como nuestro total apoyo a las acciones emprendidas para combatir al crimen organizado, que incluyen operativos de fuerzas y corporaciones federales en diversas regiones del País, así como la extradición de peligrosos delincuentes", establece la declaratoria formulada a propuesta del Gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
"Afirmamos nuestra convicción de que la seguridad de nuestras entidades pasa, necesariamente, por la seguridad del País; que la seguridad de México se construye a partir de la seguridad en sus estados y en sus municipios. Lo que suceda en cualquier punto del territorio nacional afecta al País entero", suscribieron.
La Conago se comprometió a construir "un sólo frente, fuerte, decidido y vigoroso", con el Gobierno federal, para ejecutar acciones que permitan afirmar, dentro del marco legal, el principio de que ninguna fuerza criminal puede ser superior a la del Estado mexicano.
"Contra el crimen organizado no podemos presentar frentes aislados. Es un problema nacional que sólo puede combatirse con la suma de esfuerzos de los tres Poderes de la República, así como de sus tres órdenes de Gobierno", resalta el pronunciamiento, aprobado por unanimidad.
"A la sociedad, afectada por las acciones de los delincuentes no le interesa el nivel de Gobierno, o el orden de autoridad responsable de combatir a los delincuentes. La sociedad quiere resultados tangibles; no quiere explicaciones sobre competencias o separación de funciones entre el Gobierno federal, estatal o municipal. La sociedad quiere recuperar la seguridad y los espacios que el crimen organizado les ha venido arrebatando",
En tanto, el Presidente Calderón durante la Inauguración de la reunión, señalo:
"Desde el inicio de mí Gobierno he señalado a los mexicanos tres prioridades: la seguridad pública, la superación de la pobreza y la generación de empleos.
Estamos trabajando en los tres frentes, aunque las circunstancias precarias que observamos en la lucha contra el crimen, la lucha por rescatar la seguridad pública, ha llamado y ameritado una mayor atención por parte de todos. A ello me referiré el día de hoy.
En Nayarit ustedes plantearon varias propuestas bien fundamentadas para avanzar hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado. He estado atento a la estrategia y las propuestas formuladas en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Casi todas ellas han sido incorporadas en los convenios de colaboración en materia de seguridad pública que hemos suscrito la Federación y los estados, el 22 de enero pasado, en el marco de la XXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Para avanzar en los compromisos tendremos que unir esfuerzos, en el caso del Gobierno Federal, con todos los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos a nuestro alcance, y en el de las 32 entidades federativas, con la fuerza de la policía local, con los recursos acumulados en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y los cinco mil millones adicionales previstos en el actual presupuesto y que recibirán los estados en los primeros 10 meses del año.
Tengan ustedes la plena seguridad de que seguirán contando, ustedes y los ciudadanos, con todo el apoyo de la Federación.
Sé que han venido trabajando con sus Gabinetes de Seguridad intensamente para cumplir estos acuerdos.
Una prueba de ello ha sido la reunión que sostuvieron los Secretarios de Seguridad Pública y los Procuradores de Justicia Estatales en el Estado de Morelos recientemente donde se refrendaron los puntos contenidos en el acuerdo del 22 de enero.
Yo me congratulo ampliamente por esa reunión y por los resultados de la misma.
La colaboración entre gobiernos es fundamental para recuperar la seguridad y el orden en donde el crimen y la delincuencia amenazan la convivencia entre los ciudadanos y las familias.
Por eso es importante refrendar por qué lo estamos haciendo y hacia dónde va la estrategia.
Lo hacemos porque las condiciones de seguridad del país, hay que reconocerlo, llegaron a un deterioro insostenible, al punto de convertirse primero, en la principal preocupación de la gente en varias regiones y ciudades del país, y luego en la principal preocupación de los mexicanos.
Sabemos que no hay futuro si no contamos con la seguridad elemental para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener condiciones de vida digna, para que sus hijos puedan crecer, jugar, ir a la escuela, aprender, trabajar y desarrollarse plena y felizmente.
El primer deber del Estado e incluso, la justificación misma que el Estado tiene para conservar para sí el monopolio de la fuerza es, precisamente, el salvaguardar la seguridad y la integridad de los gobernados.
La seguridad, por otra parte, es la primera condición que reclama el país para prosperar.
El principal obstáculo al turismo y a la inversión en México es la inseguridad, de nada servirán las magníficas condiciones que muchos de ustedes están ofreciendo a la inversión, en sus respectivos estados, si prevalece una percepción de inseguridad sobre el país.
De nada sirve tener uno de los países más bellos del mundo y con una de las mayores diversidades de atracción turística si se genera la idea de que visitar México es peligroso y que son los criminales y no la autoridad quien está en control de la situación.
Más aún, cuando los criminales no detienen su actuar en las actividades tradicionales, no es ya el mero trasiego de drogas a Estados Unidos, sino ahora un esfuerzo deliberado por provocar la adicción de nuestros niños y jóvenes con el objeto de crear en ellos dependencia y, con ello, ampliar un mercado doméstico, seguro y rentable.
Su actividad criminal también tiende a diversificarse, no sólo es el narcotráfico, sino ahora el robo, particularmente de automóviles; la extorsión a los ciudadanos, el secuestro y otras actividades criminales en las plazas y lugares donde pretenden tomar control territorial a través de las autoridades.
Es por eso que hemos dado y seguiremos dando pasos contundentes para cerrarle el paso a la criminalidad.
El objetivo de la estrategia es recuperar condiciones mínimas de seguridad en los lugares más afectados por este terrible mal, retomar un pleno control territorial por parte del Estado mexicano en todos los rincones del país y tomar firmemente la iniciativa.
Esta es una tarea que nos convoca y nos compromete a todos.
Como he dicho, es una batalla ardua y difícil, prolongada, que va a tomar tiempo, que consume recursos económicos enormes y que, por desgracia, ha costado y costará vidas humanas.
Sin embargo, la alternativa es muy clara: o restablecemos el orden y las condiciones mínimas de seguridad o México no saldrá adelante.
Mi Gobierno, señora, señores gobernadores, claramente, al igual que el de ustedes, opta por el futuro que anhelamos: un México libre, un México seguro, un México justo como lo merecen los mexicanos y al cual no vamos a renunciar.
Con todo y los riesgos y dificultades que había que enfrentar, estamos avanzando en los objetivos.
Recuperamos condiciones mínimas de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos en varias regiones del país, tomamos el control territorial, enviamos a las mexicanas y a los mexicanos y al mundo una señal muy clara: el Gobierno de México tiene un compromiso claro, sobre todo un compromiso creíble que incidirá en la restauración del orden en el país.
Ello se ve, por ejemplo, ya reflejado en el interés de inversionistas potenciales que se han acercado a conversar con mi Gobierno y, por ejemplo, en el comportamiento de nuestro propio mercado de valores que en estas circunstancias, incluso, ha alcanzado en tan sólo el mes de enero, 11 veces el récord máximo histórico.
Por eso no cederemos, no daremos ni un paso atrás. Tengan ustedes, además la plena seguridad que en esta batalla contra los enemigos de México, entre todos los mexicanos habremos de salir victoriosos, particularmente si seguimos uniendo nuestras fuerzas, si continuamos sumando nuestra energía, nuestro talento y nuestra voluntad.
Por eso agradezco las palabras del gobernador anfitrión, reitero mi convocatoria respetuosa a los gobiernos estatales y municipales, a los Poderes de la Unión, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las iglesias y a la sociedad civil entera, para que trabajemos unidos en esta causa que es superior a todos nosotros, y que es el interés máximo de la Nación.
Debe quedar claro que el Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización criminal, seguiremos firmes en el combate contra quienes desafían a la autoridad y amenazan a la sociedad.
Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes amedrentan a los mexicanos, retan a las instituciones y ponen en riesgo el futuro del país.
Los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno, los poderes estatales, somos corresponsables de la autoridad que han depositado en nosotros los ciudadanos, corresponsables de su correcta aplicación, sobre todo, de otorgar soluciones diarias a los problemas que enfrentan los ciudadanos.
Y reitero, el Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización criminal y si el Estado mexicano a nivel federal es fuerte, más lo son las entidades federativas unidas, cuya policía, por ejemplo, es varias veces superior en número a la Policía Federal.
La corresponsabilidad es el signo de nuestro tiempo y México no puede esperar.
La demanda de la sociedad por vivir en un país seguro y libre de violencia debe ser atendida ya, como se está atendiendo ahora por ustedes y por mi Gobierno.
Tenemos que aprovechar también este entorno para poner la casa en orden en todo el país: en la Federación, en los estados y en los municipios.
Revisar con cuidado y con atención la integración de nuestros cuerpos policíacos, poner en marcha programas preventivos amplios, particularmente en prevención y tratamiento de adicciones entre los jóvenes; generar una nueva cultura de legalidad; desarrollar en beneficio de nuestros gobernados los mayores avances tecnológicos posibles, particularmente en información e inteligencia para reforzar esta gran batalla por la seguridad que vamos a ganar entre todos los mexicanos.
Es por ello que, en el marco de lo que me comprometí con la ciudadanía para los primeros 100 días de Gobierno, hemos impulsado diversos programas de acciones encaminados a cumplir con los objetivos contenidos en los convenios suscritos en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad, entre los cuales están:
Dar un impulso renovado a la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de nuestras políticas en materia de seguridad y procuración de justicia.
Trabajar por la unificación de los estándares de profesionalización, capacitación y ética de los cuerpos policíacos en los tres Órdenes de Gobierno.
Otorgar mayores recursos para el equipamiento y capacitación de nuestras policías.
Avanzar en la consolidación del Sistema Único de Información Criminal para contar con una plataforma tecnológica que concentre la información necesaria para combatir la delincuencia.
Establecer programas para transportación segura y seguridad en el sistema financiero, incluido en los ejes del Convenio que en el marco de Seguridad Nacional, del pasado 22 de enero, suscribimos.
Fortalecer también nuestra política contra el narcomenudeo mediante la asignación de más recursos a esta tarea y, sobre todo, mediante la puesta en marcha de operativos conjuntos entre los tres Órdenes de Gobierno.
Iniciar un programa para reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con la participación de maestros, los padres de familia y la comunidad, que busca escuelas seguras de droga y seguras de violencia, para lo cual empezaremos en las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo.
También estamos trabajando para encontrar los mecanismos de coordinación para rescatar, entre todos, los espacios públicos para que sean espacios para los ciudadanos y no para los delincuentes, en los principales municipios del país.
Finalmente, combatir y sancionar con mayor severidad la violencia contra las mujeres, para lo cual hoy contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
No obstante, y lo sabemos, aún quedan pendientes asuntos fundamentales como la modernización de nuestro sistema de administración y procuración de justicia, la coordinación de los cuerpos policíacos, particularmente federales; el otorgamiento de facultades de investigación a las policías y el establecimiento de garantías para las víctimas de los delitos y para quienes los denuncian.
Para ello, resulta inaplazable la transformación de nuestras leyes e instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia.
Porque la idea es, señora y señores gobernadores, no permitir que los criminales se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley.
Por ello, el Ejecutivo a mi cargo presentará un paquete de reformas constitucionales y legales con el que propondremos una modificación integral a nuestro sistema de procuración e impartición de justicia penal.
Yo les pido su apoyo para avanzar en esta materia fundamental, no podemos permitirnos titubeos ante el avance de nuestros enemigos comunes: el crimen organizado y la inseguridad.
Y debemos ganar esta batalla, asumamos juntos el reto de devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, debemos actuar unidos sin descanso, sin diferencias partidistas, sin regateos y sin ambigüedades.
Ningún esfuerzo federal, local o municipal será suficiente mientras no garanticemos que nuestras leyes y nuestras instituciones sirvan efectivamente a la vigencia plena del Estado de Derecho, en protección de los ciudadanos y en castigo de los delincuentes.
Señora y señores gobernadores:
La CONAGO y el Gobierno Federal podemos aportar mucho para generar acuerdos en los temas esenciales para el desarrollo del país, en esta ocasión me he referido principalmente a una de las prioridades, que a mi juicio, lo son del país: la seguridad pública.
Ello será sin menoscabo de otras dos tareas impostergables: la superación de la pobreza y la generación de empleos.
Tomo debida nota de las inquietudes que ustedes han externado respecto de la impostergable necesidad de transformar la distribución y la generación de ingresos públicos entre el Gobierno y las entidades federativas.
Retomar esta tarea de reflexión, de deliberación, de discusión y decisión de los mexicanos en torno a las finanzas públicas y en torno al federalismo fiscal, es una tarea que asumo como propia al frente del Gobierno Federal.
Refrendo mi disposición para escuchar y analizar sus planteamientos en estos y en otros temas de importancia, como los relacionados con el fortalecimiento de las estructuras de protección civil, con el abatimiento del analfabetismo, con el avance hacia la cobertura universal de salud, comenzando por el fortalecimiento del seguro médico y la ampliación a un Seguro General para una Nueva Generación.
El desarrollo rural sustentable, tan importante para el país; el compromiso claro con el medio ambiente y el esfuerzo global para preservar nuestro entorno y todos los asuntos relevantes para los gobernadores, que lo serán también relevantes para el Gobierno de la República.
En el México de hoy, la colaboración entre gobiernos es un instrumento poderoso para superar los desafíos y los rezagos que enfrentamos.
El diálogo abierto, responsable y constructivo entre los actores políticos, es el aliento vital de la República; es el motor que mueve al federalismo mexicano del Siglo XXI.
Tengo una firme convicción federalista, siempre he luchado por el establecimiento de un régimen federal fuerte, eficaz, democrático, que refleje la pluralidad y la diversidad de la Nación.

***

Antecedentes
En octubre de 1999, se constituyó la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago), en la ciudad de Tlaxcala. Los miembros fundadores fueron los mandatarios de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila; del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga; de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño; de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, y de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez.
Sus objetivos fueron avivar el federalismo, impulsar el desarrollo regional y proponer a la Federación nuevos esquemas de interrelación entre el gobierno federal y los ejecutivos estatales. “En sus inicios, la Anago se centró en la realización de trabajos de manera conjunta con los mandatarios estatales del PAN para solicitar al Ejecutivo y al Legislativo federales la asignación de mayores recursos para los estados.”
Sus primeras gestiones derivaron en la creación del Programa de Apoyo y Fortalecimiento a Entidades Federativas (PAFEF), a través del cual se destinaron recursos extraordinarios a las 32 entidades, aplicables a educación, salud, infraestructura y deuda pública.
Fue hasta 2002, en el gobierno del Presidente Fox cuando en Cancún, Quinta Roo. se constituyó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)” como una nueva instancia que reflejara los acuerdos, los intereses y los consensos en los planteamientos y requerimientos de los estados con el fin de establecer un mejor diálogo con la Federación.”
“Para hacer más ágil y eficiente su trabajo, el Pleno de Gobernadores decidió, desde el inicio de la Conago, crear comisiones cuyas tareas tienen que ver tanto con la elaboración como con la presentación de estudios, informes y proyectos a fin de dar seguimiento a los mandatos de los ejecutivos estatales. Una vez consensuados y aprobados los estudios, informes o proyectos, el Pleno de Gobernadores determina las acciones que llevará a cabo la propia Conago para la consecución de los objetivos planteados.
La reunión de Tlaxcal es la primer en el gobierno de Presidente Calderón

¿Qué es la CONAGO? ( de su página de internet)
La Conferencia Nacional de Gobernadores manteniendo pleno respeto de las instituciones del país busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos. Para ello, este foro permanente habrá de mantener los siguientes fundamentos:
LA CONAGO funciona como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr tanto un mayor equilibrio como la redistribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal.
LA CONAGO impulsa el fortalecimiento de las Entidades Federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades.
LA CONAGO reafirma el superior compromiso de las Entidades Federativas con el Pacto Federal, con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el fortalecimiento del Federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones.
LA CONAGO propone el diseño de políticas públicas para el fortalecimiento del federalismo y de los procesos de descentralización, con una planeación y diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia.
LA CONAGO se suma proactivamente en la promoción del desarrollo social en los ámbitos Nacional, Estatal y Regional, actualizando las relaciones interinstitucionales para estar en mejores condiciones de lograrlo.
LA CONAGO representa el inicio de una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno, cuyos resultados deberán ser el impulso al federalismo y el desarrollo integral de nuestra Nación.
LA CONAGO busca coincidir con el gobierno federal en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos con base en los siguientes principios: de solidaridad, para la búsqueda de relaciones de justicia y equidad entre los órdenes de gobierno; de subsidiariedad, para propiciar gobiernos locales capaces y comprometidos con las facultades, funciones, responsabilidades y recursos que les competen conforme a ley; de resarcitoriedad, para retribuir a las Entidades Federativas de forma proporcional a sus esfuerzos recaudatorios.
LA CONAGO es un espacio incluyente abierto a todas las entidades del país sin distinción de partidos políticos. Es un canal de diálogo y concertación, así como un espacio permanente de trabajo entre sus respectivas dependencias y entidades para contribuir corresponsablemente al desarrollo nacional.
LA CONAGO tiene dentro de sus objetivos el realizar los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos para deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a: política presupuestaria, criterios para la transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, costo de los servicios públicos, políticas de inversión pública, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, fortalecimiento a los Gobiernos Locales y relaciones intergubernamentales.
Los Gobiernos integrantes de la CONAGO están conscientes de que México debe de ser un país fuerte sustentado en estados y municipios con solidez financiera y capacidad jurídica para atender las demandas sociales. Es evidente que todo país desarrollado ha logrado alcanzar un nivel de crecimiento económico con equidad, cuando cuenta con paz social, certidumbre democrática, estabilidad en las variables macroeconómicas fundamentales y una administración pública federalizada a gran escala.