8 may 2008

"Chismes" lo del informe del Ejército: García Corpus

El secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, Manuel García Corpus, conminó a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a dar información seria y dejar de “manosear” el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Negó ser el informante del general Alfredo Oropeza Garnica, aunque sí aceptó haber sostenido una “charla” con él cuano era el comandante de la Octava Región Militar; empero, señaló a Pedro Matias de la agencia APRO que sólo emitió su punto de vista sobre el conflicto popular de 2006.
Insisrió en que la postura del gobierno del gobernador Ulises Ruiz “es institucional, no de chismes”. Incluso aventuró que “estamos en contra de cualquier desaparición de cualquier ciudadano que realice actividades políticas”.
Dijo que respeta al Ejército Mexicano, sin embargo, “no tiene nada que ver con todos los demás elementos que están siendo utilizados a manera de nota periodística y que no tienen sustento alguno”. Deploró que “el Ejército, siendo una institución con esa moral, pueda prestarse a chismes para propiciar situaciones como las que hoy se están ventilando en los medios”.

Reunión del gabinete de Seguridad Nacional

Se reúne el gabinete de seguridad con el gobernador de Sinaloa
Ciudad de México, Jueves, 8 de Mayo de 2008 Comunicado 118 /08
Secretaría de Gobernación
El día de hoy, se llevó a cabo en esta dependencia una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional que contó con la presencia de diversas autoridades del Estado de Sinaloa.
En la reunión, a la que asistieron los Secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; de Defensa, General Guillermo Galván Galván; de Marina, Almirante Mariano Saynez Mendoza; así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el Gobernador del estado Jesús Aguilar Padilla, dialogaron sobre las condiciones que guarda la entidad sinaloense en materia de seguridad.
En este sentido, se refirieron a los hechos extraordinarios de violencia que se han registrado en la entidad y se comprometieron a reforzar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para combatir este flagelo de la sociedad.
El Secretario de Gobernación señaló la disposición del Gobierno Federal de incrementar el número de elementos de seguridad a fin de fortalecer los operativos que se realizan en la entidad para rescatar los espacios públicos y recuperar la tranquilidad de las familias del estado.
Se acordó que el Gabinete de Seguridad sesione en fecha próxima en el estado de Sinaloa, con el objetivo de evaluar los operativos y las necesidades en materia de lucha contra el crimen organizado en la entidad.
En la reunión también participaron Rafael Oceguera Ramos, Secretario General de Gobierno de Sinaloa; Luis Antonio Cárdenas Fonseca, Procurador General de Justicia del Estado; Josefina García Ruíz, Secretaria de Seguridad Pública y Jesús Vizcarra Calderón, Presidente Municipal de Culiacán; así como el Diputado Federal Gerardo Vargas Landeros.
Fuente: Dirección General de Comunicación Social.
Secretaría de Gobernación, (SEGOB).

Incalcaterra

Columna Plaza Pública/Miguel Angel Granados Chapa
Publicado en Reforma, 8/05/2008;
Retorno a la cerrazón autoritaria
Aunque él asegure que no hubo presiones, el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos termina su misión a pedido del gobierno mexicano, que no niega haberlas practicado y pretende que la remoción del funcionario es normal
La Cancillería que solicita el relevo de un funcionario internacional al que juzga incómodo y un subprocurador de la República reticente hasta ser agresivo con una misión llegada a examinar las condiciones del ejercicio periodístico en México son ingredientes de un posible retorno a la cerrazón autoritaria que caracterizó al sistema priista.
A fines de mayo se marchará el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Hartó a sectores duros del gobierno mexicano, y de sus inmediaciones, que pidieron a la titular de aquella oficina, Louise Arbour, su pronto reemplazo, a lo que accedió la funcionaria internacional durante su estancia en México en febrero pasado. En una adecuada interpretación de su papel como un promotor de derechos humanos más volcado a la sociedad que hacia el gobierno y la CNDH, Incalcaterra fue haciéndose disfuncional al propósito gubernamental, e insoportable para la piel sensible de algunos funcionarios.
Ese mismo género de epidermis se mostró el 21 de abril en la Procuraduría General de la República según refieren al presidente Calderón integrantes de una misión que estuvo en México para documentar ataques contra periodistas y medios de comunicación. En aquella fecha la misión se reunió con "el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano, quien realizó una breve presentación para posteriormente abrir la sesión para recibir preguntas de la sesión. Se solicitó información sobre la averiguación previa del caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en el 2006, y cuyo caso fue desestimado por el subprocurador al afirmar que éste no era un periodista debido a que no contaba con una calidad y característica migratoria que lo acreditara como tal. Después de solicitarle información sobre otros casos en particular y dar respuesta puntual y de manera respetuosa a algunos cuestionamientos que el mismo funcionario solicitó a integrantes de la misión, el subprocurador señaló a la vicepresidenta de la Asociación mundial de radios comunitarias como 'enemiga del estado', al tratar el caso del reciente asesinato de dos periodistas de radio comunitarias en Oaxaca. Con sorpresa, dicha integrante de la misión le preguntó si era verdad que considerara que ella es una enemiga del estado, a lo que de manera agresiva el funcionario aseveró de nueva cuenta: 'sí, usted es una enemiga del Estado por las afirmaciones que hace'. Cabe destacar que el funcionario condujo la reunión de un modo confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo".
No menos rasposo ha sido el descontento oficial mexicano contra Incalcaterra, cuya suerte se conocía vagamente pero de la que se tuvo noticia más precisa por una vasta información -a toda una plana, en la edición mexicana del lunes pasado- del diario español El País. Su corresponsal Francesc Relea afirmó que el funcionario de la ONU "deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades...", motivo que fue diplomáticamente negado por el funcionario en declaraciones formuladas ayer.
Desde su llegada a México a fines de 2005, Incalcaterra "ha denunciado con firmeza las violaciones a los derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible".
La reacción oficial ha sido elusiva y elocuente. Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos de la Cancillería negó el malestar gubernamental en el tema: "No tengo conocimiento de ello", dijo, y acudió a la respuesta formal. Atribuyó a la Alta Comisionada Arbour la decisión de reemplazar a Incalcaterra: "Ella designa a sus representantes". Negrín anticipó de ese modo la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el martes expidió un boletín (no se atrevió a enrostrar un desmentido al diario español) que reiteró la obviedad de que "es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que los funcionarios... sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo".
La Secretaría también habría negado el hecho de que, como relata Relea, "llamó a capítulo" al funcionario internacional "por un artículo publicado en el diario El Universal el 3 de agosto de 2006 sobre la controvertida elección presidencial... El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que 'los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país'".Como quiera que el funcionario no se dejara intimidar, en 2007 fue de nuevo reprendido por la Cancillería. Incalcaterra dijo que la participación militar en funciones policiacas provoca violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa se inconformó con esa opinión y la de Relaciones le lanzó "un ultimátum: no más críticas a las Fuerzas Armadas porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de estado".
A las razones enumeradas por el corresponsal de El País hay que añadir la distancia creciente entre su oficina y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyo presidente no satisfizo la inclinación del funcionario a relacionarse con la sociedad civil y no con el costoso armatoste que no ha sido capaz de presionar al Estado para que emita su plan nacional de derechos humanos. Incalcaterra no vaciló en hacer suyas las conclusiones del informe de Human Rights Watch, adversas al funcionamiento de la comisión. Cajón de Sastre En una comunicación dirigida a las personas a las que pidió mediar para dialogar con el gobierno, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario rechazó ayer "categóricamente la respuesta del gobierno calderonista en todos y cada uno de sus puntos por alevosa, grosera y tramposa". Se refiere a la emitida el 29 de abril por el secretario de Gobernación que, a juicio del grupo armado, "simplemente es una propuesta inaceptable", destinada a "ganar posicionamiento en los medios". El PDPR-EPR seguirá "esperando una propuesta seria y responsable de acuerdo a la gravedad del caso que implican las desapariciones forzadas por motivos políticos". Igualmente rechaza la descalificación extraoficial a la senadora Rosario Ibarra como mediadora.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Tráfico de armas

Narcos mexicanos compran armas en Estados UnidosAgencia EFE El Universal digital, Phoenix, Ar., Jueves 08 de mayo de 2008 12:55 horas
De acuerdo con la Procuraduría de Justicia estadounidense en Phoenix, el 90 % de las armas confiscadas a narcotraficantes en México fueron compradas en los estados fronterizos de Texas, California y Arizona
El 90 por ciento de las armas que han sido confiscadas a narcotraficantes en México fueron compradas en los estados fronterizos de Texas, California y Arizona, aseguran autoridades federales.
"Estamos en una guerra, una guerra en contra de estas organizaciones delictivas que utilizan las armas para fomentar un estado de violencia en las comunidades y matar policías y gente inocente en México" , dijo en entrevista William D. Newell, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) en Arizona.
De acuerdo con la oficina del Procurador de Justicia de EU en Arizona, la ciudad de Phoenix ha sido identificada como una de las cinco ciudades metropolitanas en el país donde armas y municiones son obtenidas y traficadas en México.