"Por ello impulsamos una Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, con la cual México adopta un nuevo sistema acusatorio, con juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección a las víctimas.El Presidente Calderón en la inauguración en la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
No obstante, tenemos que trabajar más para que se implemente en todas las entidades federativas y así sus beneficios puedan llegar verdaderamente a los mexicanos.... Felipe Calderón.
2010-06-03 | Discurso
Gracias, señoras y señores.
Muy buenos días.
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Senador Ricardo García Cervantes, Vicepresidente del Senado de la República.
Señoras y señores Gobernadores integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Señoras y señores Secretarios de Estado:
En mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta XXVIII Sesión del Consejo.
Agradezco particularmente la presencia de las señoras y señores representantes de los diversos organismos de la sociedad civil y, desde luego, de los medios de comunicación, así como de los señores Gobernadores que encabezan la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, José Guadalupe Osuna Millán; de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, licenciado Guillermo Padrés, y del Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Presidente y representante de los señores alcaldes.
Agradezco también la presencia de los medios de comunicación.
Hoy nos reúne, señoras y señores, el cumplimiento de uno de nuestros más altos deberes: Trabajar unidos para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.
Este Consejo se reúne ahora, como en otras ocasiones, con un solo y fundamental propósito: Construir un México más fuerte y más seguro, y forjar así el futuro que las nuevas generaciones de mexicanos merecen.
De la anterior reunión de Consejo a la fecha han, desde luego, ocurrido singulares eventos de violencia e inseguridad que preocupan a nuestra sociedad.
A la luz de tales acontecimientos, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo, a nuestro juicio, llegó México al problema de inseguridad que hoy tenemos y en particular enfatizar lo que es más del ámbito de nuestra competencia, que es la presencia del crimen organizado en diversos puntos de la geografía nacional.
En buena parte, esta situación se explica, señoras y señores, por diversas razones, pero especialmente por una, que es el cambio de modelo en la operación de las organizaciones criminales.
Sabemos que por mucho tiempo, por décadas quizá, las bandas delictivas se dedicaron exclusivamente al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Su prioridad era garantizar que sus envíos cruzaran la frontera, Y para lo cual su estrategia clave era controlar rutas de tránsito y puntos de cruce hacia aquella nación exclusivamente. Por eso actuaban con un bajo perfil ante las autoridades y la ciudadanía. Su estrategia se centraba, precisamente, en no ser descubiertos.
Ese fue el modelo que siguieron hasta mediados de los años 90, cuando optaron por diversificar y ampliar sus actividades delictivas. A partir de esa época, ya no sólo se conformaron con exportar droga hacia Estados Unidos, sino también procuraron generar un mercado de consumo, particularmente entre los jóvenes mexicanos.
Esta nueva estrategia del crimen organizado conllevó un importante cambio operativo en su actividad delincuencial; junto con el control tradicional de rutas y puntos fronterizos, buscaron el control de plazas y ,desde luego, el control de mercados en el propio interior de la República.
Este cambio supuso también un cambio de perfil. De un bajo perfil que evadía a la confrontación y aún la presencia en la ciudadanía y frente a las autoridades, a un alto perfil, en donde se incrementaron los niveles de violencia.
Para dominar territorios, para hacer sentir su fuerza, los criminales aumentaron su poder de fuego, no sólo con el propósito de intimidar a rivales que les disputaban el control de tales territorios, sino también para paralizar a las autoridades y atemorizar a la sociedad.
Esto se tradujo en ejecuciones, agresiones, mantas y amenazas dirigidas a bandas delictivas opuestas, pero también a las autoridades y a los ciudadanos.
Así, la acción criminal comenzó a afectar directamente a la población. Ya no se trató únicamente de narcotráfico, literalmente tráfico de narcóticos a Estados Unidos, fundamentalmente, sino también, en una primera instancia, de narcomenudeo entre nuestra población y, en una segunda, de crimen organizado tradicional; es decir, la organización criminal que mediante la amenaza o la violencia directa busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de personas y empresas en una comunidad.
La expansión territorial del crimen organizado, así como la inusitada y desmedida violencia, tomó, por su parte, desprevenidas a muchas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a nivel municipal y estatal, que no estaban preparadas para ese nuevo perfil delictivo.
Los criminales pretendieron así apoderarse de pueblos, de comunidades, y en algunos casos pudieron hacerlo sin mayor resistencia por parte de las autoridades.
Una vez establecidas ahí, con el control de las comunidades, las bandas delictivas diversificaron aún más sus actividades; sin dejar atrás ni el narcotráfico ni el narcomenudeo, actuaron en el control de delitos comunes que afectan directamente a la población; hechos, asumidos como dueños de plaza, asumieron también el control de la criminalidad total, y con el fin, desde luego, de aprovechar sus nuevas capacidades de mando y de dominio sobre la población e incrementar sus ingresos.
Por eso incursionaron en comisión de delitos graves, que lastiman, ofenden y atemorizan a nuestra sociedad, como son el secuestro, la extorsión, el control del robo realizado directamente o a través de otras bandas criminales y, desde luego, la realización de homicidios con una violencia inusitada.
Inicialmente, el crimen organizado comenzaría a extorsionar a otros delincuentes que operaban en la plaza y a quedarse con sus rentas, pero no conforme con ello, como también empezó a extorsionar y secuestrar a ciudadanos honestos, como empresarios, agricultores, ganaderos, comerciantes.
Ante estas circunstancias, muchos ciudadanos se vieron obligados a colaborar con los criminales, a fin de que no les pasara nada a ellos o a sus familias. Esta delicada situación, la encontré, y de manera creciente, al inicio de la Administración.
Y fue por esa razón que decidimos combatir con toda la fuerza del Estado, no sólo a quienes realizaban actividades tradicionales de narcotráfico, sino en general a las crecientes actividades de crimen organizado altamente lesivas de la vida de la sociedad en diversos puntos del territorio nacional.
Quiero subrayar ello. Esta lucha no es sólo del Presidente, es de la sociedad y de los gobiernos en sus distintos niveles, de los poderes públicos; y no es sólo ni principalmente contra el narcotráfico, es una lucha, a fin de cuentas, para hacer prevalecer la ley, el Estado de Derecho y la seguridad.
Es una lucha para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus libertades, para que, por ejemplo, cualquiera pueda abrir un negocio sin que nadie le exija las cuotas de protección que exige la criminalidad.
Porque es indignante que los grupos criminales pretendan suplantar a las autoridades municipales, estatales o Federal e imponer sus propias reglas; que pretendan, por encima de la ley, exigir a la gente honrada cuotas de protección y que los ciudadanos no tengan el respaldo de autoridades fuertes que las defiendan de estos abusos.
El imperio de la ley, señoras y señores, es una condición indispensable para transformar a México en lo que queremos: un país seguro, un país moderno, un país desarrollado.
Y precisamente, para construir ese México más fuerte, pusimos en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene un carácter integral, que está compuesta por varios ejes.
El primero. Fortalecer la presencia del Estado en todo el país.
Por qué.
Porque, como he dicho, las bandas criminales habían rebasado la capacidad de acción de algunas autoridades a nivel local en varias comunidades o pueblos a lo largo y a lo ancho del país.
Esto propició que muchos ciudadanos inocentes fueran sometidos a la voluntad de la delincuencia organizada.
Qué teníamos que hacer.
Teníamos que desplegar a las Fuerzas Federales para apoyar con todo el poder del Estado, como insistentemente he dicho, a las autoridades locales, precisamente, en esos lugares donde estuviesen más amenazadas por la acción de los criminales.
Y qué estamos haciendo.
Precisamente, a instancia de los gobiernos locales, hemos puesto en marcha operativos conjuntos en diversas zonas del país, con la participación de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y agentes ministeriales Federales que apoyan a las autoridades locales y a la población.
Quiero subrayar, señoras y señores, que el Gobierno Federal ni pretende, ni debe sustituir de manera permanente la tarea que en cada municipio y en cada estado, debe realizarse para proteger a la población.
El apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal a las autoridades estatales y municipales es de carácter temporal y subsidiario. Nuestro objetivo es respaldarlas en tanto las autoridades locales pueden reconstruir sus cuerpos policíacos y los integren con gente confiable, que no tenga compromiso con los criminales, sino única y exclusivamente con los ciudadanos.
Es proveer de tiempo y de la oportunidad para poder fortalecer o reconstruir, si es necesario, las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.
Por eso me congratulo de que en esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se discutirá la propuesta de avanzar hacia un nuevo modelo policial, integrado por 32 policías estatales con un mando único y confiable en cada entidad, y con el apoyo de la Policía Federal; un modelo que ha sido, también, discutido, planteado y propuesto por la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Sé que hay quienes cuestionan la participación de las Fuerzas Federales, y en particular de las Fuerzas Armadas, en estas acciones. Sin embargo, vale la pena recordar, primero, que también es responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo salvaguardar la soberanía exterior del país, sino, constitucionalmente se establece, salvaguardar la seguridad interior de la Nación.
Y segundo. Que la virulencia con la que estaban actuando ya las organizaciones criminales, hacía imperativo hacerles frente con determinación y con una fuerza superior a las organizaciones criminales, que sólo puede provenir, por ahora, de las Fuerzas Armadas.
Así es como estamos combatiendo al crimen organizado en las zonas más asediadas por la delincuencia, y también lo estamos haciendo con determinación en todo el resto del país.
Se señala, también, que la violencia ha sido provocada por la presencia de las Fuerzas Federales. Éste es otro juicio también equivocado. Es al revés. La presencia de las Fuerzas Federales obedece a los niveles de violencia y desafío que venían desarrollando las organizaciones criminales en el país.
Como parte de esfuerzo nacional, hemos logrado rescatar en muchos lugares niveles de fortaleza indispensables de las autoridades locales, aparte de haber asestado golpes significativos y sin precedentes a los criminales.
Lo mismo en decomiso de drogas, por ejemplo, más de 130 mil millones de pesos, que constituye un duro golpe a sus finanzas, como haber atrapado a más de, decenas y decenas, a más de cientos, de líderes locales, pequeños capos a nivel local o de ciudad, que amenazaban a la población.
Por otra parte, desde la Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, hemos detenido a más de dos mil 500 secuestradores, tanto entre las Fuerzas Federales, como las fuerzas de seguridad local; 2 mil 500 secuestradores desde la Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, desarticulado alrededor de 300 bandas de secuestradores y liberado a más de mil 800 víctimas.
Esto gracias, en una muy buena parte, a las unidades especializadas en el combate al secuestro que ya están operando en 24 entidades federativas.
Es fundamental que en todas las entidades federativas, los ciudadanos cuenten con el respaldo de sus autoridades con unidades especializadas en el combate a este delito.
El segundo eje de la acción, es fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, porque las instituciones de seguridad y justicia en los diversos órdenes de Gobierno eran insuficientes en número, estaban debilitadas y, en algunos casos, permeadas por la criminalidad.
Además, la coordinación entre las instancias de los tres niveles de Gobierno era deficiente, y a ello se suma una grave carencia y dispersión en los sistemas de información.
Qué teníamos que hacer.
Era necesario multiplicar el estado de la fuerza y trabajar para limpiar, modernizar y profesionalizar a las instituciones de seguridad y justicia en todo el país.
Qué estamos haciendo.
Hemos triplicado el número de elementos de la Policía Federal; además, para garantizar la probidad de los agentes de seguridad y procuración de justicia, hemos institucionalizado los mecanismos de control de confianza en los órganos de seguridad del Gobierno Federal, y cada vez más en los gobiernos locales.
Hoy, ya contamos con 40 Centros de Evaluación de Confianza. Al menos uno en cada entidad federativa.
Sabemos que no basta con tener más policías mejor equipados y más capacitados, sino que es fundamental, también, que cuenten con la información y tecnología necesarias para combatir con eficacia a la delincuencia.
Para eso se creó la Plataforma México y el Sistema Único de Información Criminal, una gran base de datos de información delictiva que ya comparten las autoridades de las 32 entidades y de los 150 municipios con mayor incidencia delictiva.
La generación de inteligencia es indispensable, no sólo para perseguir y capturar a delincuentes que amenazan a la sociedad, sino también para combatir delitos conexos, como el lavado de dinero y golpear así a las redes del crimen organizado en donde más les duele, que es en sus finanzas.
Bajo esta misma lógica, pusimos al servicio de la ciudadanía la primera generación de policías investigadores de inteligencia de la Policía Federal y también estamos trabajando en pruebas de control de confianza en los Ministerios Públicos y, en general, comenzando por los altos oficiales, en la Procuraduría General de la República.
Nuevamente, el modelo policial que hoy se discutirá, permitirá una acción organizada para poder realizar exámenes de control de confianza y contar así en las nuevas policías estatales de mando único, con mandos específicamente confiables que desde el ámbito local puedan combatir con eficacia a la criminalidad.
Lo tercero ha sido modernizar y rediseñar el marco legal en materia de seguridad e impartición de justicia.
Qué teníamos que hacer y qué es lo que estamos haciendo.
Teníamos que redefinir la arquitectura legal para hacerla más eficaz y transparente.
Por ello impulsamos una Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, con la cual México adopta un nuevo sistema acusatorio, con juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección a las víctimas.
No obstante, tenemos que trabajar más para que se implemente en todas las entidades federativas y así sus beneficios puedan llegar verdaderamente a los mexicanos.
Hemos presentado diversas iniciativas al Congreso de la Unión. Quiero destacar la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional, que ya ha aprobado el Senado de la República y que ahora se analiza en la Cámara de Diputados.
Aquí lo importante es que el resultado del proceso legislativo sea una ley que, con pleno respeto a las Fuerzas Armadas, les brinde mayor certeza y claridad a ellas y a todas las autoridades sobre sus responsabilidades y funciones en la preservación de la seguridad interior del país.
De manera complementaria, impulsamos diversas reformas al Código Penal Federal que buscan, entre otras cosas, ampliar el rango del tipo delictivo del delito de portación de armas de fuego y cartuchos prohibidos, establecer como delito grave la portación ilegal de armas especialmente lesivas reservadas a las Fuerzas Armadas, y castigar a los criminales en función del número y calibre de las armas que individual o colectivamente portan.
Se plantea además elevar la sanción máxima para secuestradores y que en algunas modalidades especialmente gravosas de este delito se castiguen con prisión vitalicia.
Cuarto. El cuarto eje es fortalecer a las comunidades y reconstruir el tejido social para prevenir el delito.
Los grupos criminales habían tomado el control de espacios públicos esenciales para la convivencia social.
Escuelas, parques, plazas, jardines públicos habían dejado de ser espacios seguros y el problema de las adicciones se había agudizado.
Es impostergable recuperar esos espacios públicos de manos de los delincuentes y devolverlos a la ciudadanía.
Por eso hemos puesto en operación una estrategia preventiva, con tres componentes: el Programa Escuela Segura que hoy opera alrededor de 25 mil planteles de educación básica; el Programa de Rescate de Espacios Públicos, con el cual se han reconstruido o remodelado 2 mil 700 parques, plazas o canchas deportivas en todo el país; y el Programa de Prevención de Adicciones Nueva Vida, que opera en más de 300 centros para atender las adicciones.
La inseguridad, la falta de oportunidades de desarrollo, la desintegración de las comunidades y la proliferación de conductas antisociales, son todos fenómenos entrelazados.
Por eso, el Gobierno Federal, en coordinación con el gobierno estatal y municipal, ha puesto en marcha la Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, cuyo objetivo último es cambiar las condiciones sociales que propician la reproducción del crimen y la violencia.
El quinto eje es. Fortalecer los mecanismos de cooperación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Por qué.
Porque al inicio de la Administración también encontramos una débil coordinación y un escaso intercambio de información entre las autoridades, lo que impedía la integración de los recursos disponibles para combatir la criminalidad con eficacia.
Qué teníamos que hacer.
Establecer normas claras para la coordinación de los tres órdenes de gobierno y homologar los estándares de actuación de sus cuerpos de seguridad.
Qué estamos haciendo.
Impulsamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, con ella, la coordinación que antes dependía sólo de la buena voluntad aislada de cada autoridad, ahora es obligatoria.
Esto es fundamental para cerrar espacios a la impunidad generada por una mala entendida división de competencias.
Además, estamos apoyando, a través de 7 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, es decir, 40 por ciento más que al final de la pasada Administración, a las autoridades locales, para alinear las capacidades de cada una de ellas.
También se creó el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, que destina este año más de 4 mil millones de pesos a los municipios, con el mismo propósito de mejorar su capacidad de combate a la delincuencia y hacer posible la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Estamos apostando a reformas de fondo. Y por eso, en el marco de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, me comprometo a presentar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional y legal que impulse el nuevo modelo policial, basado en 32 policías estatales con un mando único y confiable en cada una de esas policías y que permita avanzar con mucho mayor claridad y unidad de mando en la coordinación en los distintos órdenes de gobierno.
Señoras y señores:
Nuestro objetivo primordial es lograr que, sin importar quién gobierne o a qué partido pertenezca, los mexicanos estén protegidos por una policía honesta y profesional, por un sistema de justicia eficaz y transparente, y por un marco legal que fortalezca a la autoridad frente a los criminales y permita castigar eficazmente a los delincuentes.
No hay mejor respuesta a la criminalidad, que soluciones institucionales que perduren más allá de los gobiernos.
Los países que han superado exitosamente el problema de la inseguridad, lo han resuelto de manera integral, de manera nacional y con una estrategia de largo plazo.
Tenemos que seguir trabajando para que los cambios institucionales se traduzcan en la seguridad y en la tranquilidad de los mexicanos.
Por ello, es indispensable que las autoridades locales puedan redoblar esfuerzos en la profesionalización y confianza de sus cuerpos de seguridad, que fortalezcan sus instituciones de procuración y administración de justicia.
Es indispensable también que el Poder Judicial no cese la revisión permanente de la integridad de sus elementos, de jueces y magistrados.
Yo reitero la disposición de la Administración Pública Federal para apoyar todos y cada uno de esos esfuerzos.
Yo estoy seguro que la discusión que aquí tendremos sobre el nuevo modelo policial, sobre los recursos y las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, sobre la creación de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria y otros, prevalezca en ellos el interés de los mexicanos por encima de cualquier otro.
El México de libertades, de orden y de paz que queremos heredar a las futuras generaciones, demanda el compromiso irrestricto de todos los que tenemos el privilegio de servir a nuestra Patria en un cargo público.
La razón de nuestra lucha es esa: hacer de nuestro país un México más fuerte, donde las familias puedan convivir y caminar tranquilamente por sus calles, por sus comunidades, por sus plazas.
Queremos un México seguro, en donde el miedo, la violencia y la impunidad que hoy padecemos no tengan cabida.
Sé que eso es difícil, pero también sé, amigas y amigos, que ese México es posible y que con el apoyo decido de todos ustedes, de todos los mexicanos, ese México más fuerte y más seguro, ese México vendrá y será el hogar común de todos nosotros y de nuestros hijos.
Deseo el mejor de los éxitos para esta Sesión del Consejo y, si me permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer la Declaratoria Solemne de Inauguración.
Hoy, siendo las 11 horas con 35 minutos, del jueves 3 de junio de 2010, declaro formalmente inaugurada la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Muchas gracias.
**
Segunda intervención del Presidente Calderón:
Si permiten los integrantes del Consejo. Les pediría el que me permiten formular una propuesta que integre, desde luego, la Comisión de Seguridad Pública de la CONAGO, más las diversas comisiones que ya hay aquí en el Consejo. No recuerdo. Una es, precisamente, de control de confianza, otra es de, de Certificación y Control de Confianza; otra es de Información, en fin.
Integrar estas comisiones procurando los equilibrios políticos y regionales debidos, y en donde se incluya, yo creo que no habría problema en que participara la representación municipal, porque lo que queremos es, simplemente, que se analicen los detalles, pero que nos centremos en el acuerdo que está presentando el Gobernador Medina y que, desde luego, lo hace suyo no sólo la Secretaría Técnica, sino la Presidencia de este Consejo, para avanzar hacia lo que es lo medular.
Es un nuevo modelo policial, integrado por 32 policías estatales, con mando único y confiable, y con el apoyo de la Policía Federal, desde luego, de las Fuerzas Federales en general en el ámbito de su competencia, para lo cual se preparará una propuesta específica en términos legislativos, que también, si así lo consideran pertinente, se presente por mi conducto al Congreso de la Unión, y que recoja, a través de esta Comisión, que insisto, pido me permitan formularla con posteridad para guardar los equilibrios convenientes y que podamos avanzar.
Pero que nos concentremos en la primera parte, entonces, del acuerdo que se ha presentado, llamémoslo así, el primer párrafo que ha presentado la Secretaría Ejecutiva, y que en todo caso, yo pediría que se ponga otra vez a revisión para que lo consideren los integrantes del Consejo, y si es pertinente, proceder a su votación.
**
Intervación el Presidente Calderón en la Clausura de la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Antes de hacer la declaratoria, voy a proponer al Consejo la integración de esta Comisión Especial, una Comisión Especial que dé, precisamente, seguimiento al acuerdo encaminado a concretar la propuesta de un nuevo modelo policial.
Para integrar, precisamente, el trabajo que viene desarrollando la Conferencia Nacional de Gobernadores con, la integración, y agradezco la consideración, la representación Federal en el Consejo, propongo que se integre esta Comisión Especial por quienes actualmente desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente de la CONAGO, el Gobernador de Nuevo León y el Gobernador de Jalisco, e integrar un tercer Gobernador: uno del Norte, uno del Centro, un tercer Gobernador del Sur, preferentemente, por ser Estado fronterizo, el Gobernador del Estado de Chiapas, para que haya un equilibrio regional y político en esta representación.
Nombrar como representantes del Gobierno Federal, al Secretario de Gobernación, al de Seguridad Pública y al Procurador General de la República, e integrar a esta Comisión Especial a quien presida, en el cargo, la representación de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Asimismo, que con la encomienda de que esta Comisión Especial, concurran, en las materias que le sean competentes de la ejecución del nuevo modelo policial, a las distintas comisiones permanentes del Sistema: la de Información, la de Certificación y la de Participación Social, con todos sus integrantes.
Y finalmente. Que las sesiones de esta Comisión Especial sean notificadas a todos los integrantes, para que quien desee participar o proponer o participar con voz en sus sesiones, pueda hacerlo en el momento que lo considere oportuno.
-LIC. JUAN MIGUEL ALCÁNTARA SORIA: Está a su consideración la aprobación de la Comisión Especial en los términos dispuestos. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado.
Tiene la palabra el señor Presidente.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Bien. Si me permiten, simplemente voy a hacer una declaratoria formal. Les pido que me acompañen a hacerla.
Siendo las 13 horas con 45 minutos del día de hoy, 3 de junio de 2010, doy por clausurada la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encomendando a todos los integrantes el dar seguimiento a los acuerdos aquí tomados el día de hoy.
Enhorabuena.
Y muchas gracias.
