El Presidente Alvaro Uribe Vélez defendió, en la instalación de la última legislatura del Congreso colombiano, que se mantenga la presencia de militares estadounidenses en el país.
Este es parte del discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la ceremonia de instalación del Congreso de la República
Bogotá, 20 jul (SP). “Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación de las coberturas sociales.
Aún no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra ‘paramilitar’ se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas con recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes, honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Estos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
(...)
Bogotá, 20 jul (SP). “Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación de las coberturas sociales.
Aún no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra ‘paramilitar’ se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas con recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes, honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Estos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
(...)
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Estos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Estos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
(...)
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, encabezadas por el Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade, y el Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón. Gratitud por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. El Estado de Opinión el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, encabezadas por el Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade, y el Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón. Gratitud por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. El Estado de Opinión el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
(...)
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aún no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América es para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo con los Estados Unidos procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando esta lucha, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa, nos han ayudado en forma práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí y Colombia sufre el secuestro. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica. Efectiva ha sido la cooperación del Plan Colombia. Efectiva será la cooperación del nuevo acuerdo.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: “Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?”.
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Declaro formalmente instalado el periodo de sesiones del Congreso de la República.
Muchas gracias.
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aún no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América es para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo con los Estados Unidos procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando esta lucha, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa, nos han ayudado en forma práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí y Colombia sufre el secuestro. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica. Efectiva ha sido la cooperación del Plan Colombia. Efectiva será la cooperación del nuevo acuerdo.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: “Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?”.
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Declaro formalmente instalado el periodo de sesiones del Congreso de la República.
Muchas gracias.
