Más protección a las víctimas/

Más protección a las víctimas/Viviane Reding es vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia y Antonio López-Istúriz es eurodiputado y secretario general del PPE.

El Mundo | 23 de mayo de 2013
En Europa, todos los días, las mujeres son víctimas de la violencia. Se estima que una de cada cinco mujeres ha sufrido algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida. Lamentablemente, la forma más común de violencia física es la causada por una persona próxima a la mujer, a menudo su pareja. Ya se trate de violencia en el ámbito doméstico, en la calle o en cualquier otro lugar, las mujeres deben contar con la protección y el apoyo adecuados. Las mujeres tienen también las mismas necesidades básicas que las víctimas de delitos: respeto, dignidad y acceso a la justicia y una indemnización. Las leyes vigentes en el conjunto de la UE son a veces incompletas y no siempre responden a estas necesidades. Hay personas que no consultan a ningún asesor jurídico tras una agresión y otras a las que no se les facilita un traductor al declarar contra un agresor en otro país. ¿A quién deben dirigirse las víctimas para obtener protección o ayuda? ¿Cuáles son sus derechos en cada país?

Dirección: Dinamarca/Luis Fernández-Galiano

Dirección: Dinamarca/Luis Fernández-Galiano es arquitecto.

El País | 24 de enero de 2015

¿Cómo se llega a Dinamarca? Tal es la pregunta que impulsa la colosal obra de Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay. Culminación de un empeño iniciado en 2011 con The Origins of Political Order —que exploraba el desarrollo de las instituciones desde la jerarquía en los primates hasta la Revolución Francesa—, el volumen recientemente publicado describe ese proceso de evolución política desde la revolución industrial hasta la globalización de la democracia, y las 1.300 páginas de la obra completa están enhebradas por el empeño en desentrañar de qué forma podemos aproximarnos a esa Dinamarca que emplea como símbolo de una sociedad “próspera, democrática, segura, bien gobernada y con bajos índices de corrupción”. Y aunque advierte que no se refiere tanto al país de ese nombre como a una comunidad ideal con esos rasgos, explica que Dinamarca llegó a ser Dinamarca cuando su sistema político —con el que hoy estamos familiarizados a través de la serie televisiva Borgen— efectuó la transición de un Estado patrimonial a otro moderno. Un proceso complejo y difícil que no es sensato intentar reproducir, siguiendo las pautas de los organismos internacionales, en países como Afganistán, Somalia, Libia o Haití.

Qué dicen las columnas políticas hoy, 25 de enero de 2015?

Qué dicen las columnas políticas hoy, 25 de enero de 2015?

FRENTES POLÍTICOS/Excelsior 

I.Pendientes. Los senadores del PRI, PAN y PRD definirán la semana que está por empezar sus agendas legislativas. Destaca el tema del Mando Único Policial. No es lo único. Además de la reforma que propuso el presidente Enrique Peña Nieto sobre justicia, seguridad pública y derecho, falta legislar las de combate a la corrupción, fortalecimiento de la transparencia y la Reforma Política para el DF. Los panistas viajarán a Los Cabos, Baja California, apoyarán a su candidato a gobernador, Carlos Mendoza Davis, y analizarán su agenda legislativa. Ojalá sirva de algo y no sean sólo vacaciones, una de sus francachelas a costa de los mexicanos. ¿Fiestecita a lo Luis Alberto Villarreal?

II.La soberbia amarilla. A Carlos Navarrete, líder nacional del PRD, la realidad se le distorsiona. Ante la inminente desbandada de militantes, se acoraza. La niega. Y asegura que su partido es más fuerte que las dificultades. El balance es alarmante. Le han renunciado 28 en los últimos cuatro meses, seis fundadores. Esta semana, la carta de despedida de Navarrete a Alejandro Encinas, enviada antes de que éste se fuera del partido, fue la comidilla. Encinas se fue porque, a cuatro meses de la tragedia de Ayotzinapa, el PRD guarda silencio. Son poquitos según Navarrete, pero arrastrarán a miles. Profunda ceguera. O altanería pura.

Los desenterradores anónimos/el reportaje de la Turati

Los desenterradores anónimos/Marcela Turati

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Ninguneados por las autoridades, relegados siempre, los parientes de los desaparecidos también eran invisibles. Nadie los escuchaba, nadie los atendía. La brutalidad y la proyección del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, empero, removió su dolor y provocó que se organizaran. Así, con sus propios medios y asumiendo el inmenso riesgo que implica, comenzaron a buscar a sus familiares por la sierra, a través de territorio narco, centímetro a centímetro. Desde que comenzaron a trabajar se han encontrado más de 60 fosas en Guerrero.

IGUALA, GRO.- Incontenibles, se lanzaron al cerro así nomás, a corazón abierto, sin comida ni agua pero con uñas, manos, picos, palas, barretas, varillas, machetes, mazos, lo que tuvieron a mano, para excavar hasta dar con sus familiares desaparecidos. Llevaban lentes oscuros, paliacates o gorras por el miedo a ser identificados, pues sabían bien que habían traspasado un territorio de sicarios. Eran unos 50 desenterradores.

 “Aquí hay una fosa”, gritó el que topó con los primeros huesos. Todos se acercaron al entierro clandestino. Algunos derramaron lágrimas silenciosas; varias mujeres se abrazaron y rezaron. Ese primer día encontraron ocho cuerpos. Desde entonces no ha parado el grito de “encontré una fosa”, “otra por acá”.

 Desde ese domingo 16 de noviembre, ya bajo la supervisión de la PGR, que llegó a la semana siguiente cuando vio el incontenible destapadero de fosas, en Iguala han sido recuperados 39 cuerpos de entierros clandestinos y 75 –suma de cadáveres y restos– de la fosa común del panteón municipal.

 En total 63 fosas han sido inspeccionadas: sólo 16 tenían restos; las otras, basura de los campamentos de los sicarios o ropas que podrían ser de las víctimas.

Después de Iguala, nada será igual

Después de Iguala, nada será igual/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Alejandro Encinas, militante izquierdista desde los tiempos del Partido Comunista, renunció al PRD, del cual es fundador. En entrevista el aún senador y exjefe de gobierno capitalino hace un retrato certero del sol azteca, a su juicio completamente corrompido, y augura un panorama muy negro después del proceso electoral de este año, donde el castigo ciudadano –traducido en votos nulos y abstencionismo– puede abrirle el camino a la ultraderecha. No deja de tocar el tema Ayotzinapa –nada será igual después de eso, afirma– que implicó a cuadros de la izquierda partidista.

“En el país estamos en una encrucijada a raíz de Iguala: la división de las izquierdas allana el camino para una salida autoritaria, conservadora, pero también obliga a replantear una salida más allá de los partidos. El PRD pasó de ser víctima a victimario, por su involucramiento con el crimen organizado”, sentencia Alejandro Encinas, senador por el Estado de México, dos veces candidato a gobernador por esta entidad, exjefe del gobierno capitalino en 2006, aspirante a la dirigencia nacional en 2008 del partido al cual ayudó a fundar, pero del que ahora se retira, ante “la imposibilidad de confrontar a las corrientes políticas que se convirtieron en grupos de interés”.

En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón

 En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Felipe Calderón critica en Gustavo Madero, el presidente del PAN, lo que él ejerció cuando estuvo en Los Pinos: su poder unipersonal, y hasta amenaza con abandonar el partido –como declaró en entrevista desde Davos, Suiza, la semana pasada– y buscar una nueva opción política de largo plazo. En su ofuscamiento, el exmandatario acusa a Madero de cerrar las puertas a los ciudadanos. Para el exsenador Marko Cortés, Calderón y su grupo no entienden que su tiempo ya pasó.

Acostumbrado a controlar y manipular a personajes como Germán Martínez y César Nava, a quienes impuso como presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) con todo el poder que tenía como jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón quiso hacer lo mismo con Gustavo Madero. No pudo.

Y ese es el origen de una guerra en la que Madero le ha ganado todas las batallas a Calderón, quien perfila ya su capitulación con el anuncio, justo en medio del proceso electoral, de su eventual renuncia al PAN para construir una nueva “opción política” de largo plazo.

Arizona sucumbe a la heroína mexicana

Arizona sucumbe a la heroína mexicana/J. JESÚS ESQUIVEL

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

La heroína mexicana del Cártel de Sinaloa se convirtió en una “epidemia mortal” en Estados Unidos. En algunas zonas, hasta 20% de los jóvenes son adictos a esa droga, se asienta en el documental Enganchados, producido por la Universidad de Arizona. Y lejos de disminuir, el problema crece: en sólo un año se duplicó el tráfico de drogas duras desde Sinaloa a Arizona, y las propias autoridades estadunidenses admiten que el fenómeno los sobrepasó.

WASHINGTON.- Enganchados es el título de un documental producido por la Universidad Estatal de Arizona que considera una epidemia mortal el consumo de heroína mexicana en Estados Unidos y evidencia el creciente poder del Cártel de Sinaloa en ese país.

El jueves 15 Enganchados –Hooked– se transmitió al mismo tiempo en todos los canales de televisión de Arizona y sacudió a la población de esa entidad, considerada la mayor narcobodega del Cártel de Sinaloa en el extranjero, según la Administración Antidrogas (DEA).

Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar& reportaje

Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar/Gloria Leticia Díaz

Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

El martes 13, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el voluminoso expediente de la PGR en el que se menciona a los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, así como al coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, a quienes no se les señala en la Recomendación 51/2014 emitida por la CNDH en octubre pasado. Al principio, la Sedena manifestó su disposición a colaborar con la investigación, pero tras la decisión de González Pérez y conocerse el papel que jugaron esos militares, la dependencia optó por callar.

 Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

 En el voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicadas en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.

 Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

 Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustituyó semanas después a Plascencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo “violaciones graves” a los derechos humanos.

Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014, 11 días después de que la Sedena y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles en un “enfrentamiento” en el que un soldado resultó herido.

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote/Rodrigo Vera

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

En Ciudad Altamirano las bandas criminales se han ensañado con el clero, igual que con el resto de la gente. Tras el asesinato de cuatro sacerdotes, sus compañeros ya consideran la zona como una “tierra de misión”, donde su prédica puede tener consecuencias fatales. El vocero de la diócesis correspondiente, Fidencio Avellaneda, considera que la razón es simple: los delincuentes “no tienen ningún respeto por la Iglesia”. Pero el obispo Maximino Martínez no duda en definir esa ciega violencia: “¡Es el mal! ¡El mal!”.

 Triste por los recientes asesinatos de cuatro sacerdotes de su diócesis, Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, comenta: “Esos crímenes me duelen profundamente. Son golpes muy duros, durísimos, pues mis sacerdotes son como mis hijos o mis hermanos. Pero debo hacerme fuerte y reponerme. Ni modo, me tocó desempeñar mi ministerio en esta violenta zona de Guerrero”.

–Los informes señalan que a escala mundial su diócesis es la más peligrosa para ejercer el sacerdocio. ¿Es cierto?

–Al menos en los últimos meses no conozco otra donde se haya dado tanto crimen y tanta violencia contra el clero. ¡No la conozco! Quizás en algunos lugares convulsos del oriente islámico exista una violencia parecida, pero no en el mundo católico.

En su reporte de 2014, El riesgo de ser sacerdote en México, el Centro Católico Multimedial asegura que, por lo menos en América, el país más peligroso para la Iglesia Católica es México, donde “la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza”. Sólo en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ejemplifica, los ataques aumentaron 100% respecto del mismo periodo del sexenio anterior.­

Desarman las acusaciones contra Nestora

Desarman las acusaciones contra Nestora/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1995,, 24 de enero de 2015

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

 El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

 Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

 El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

Caso Regina Martínez

Caso Regina Martínez/LA REDACCIÓN

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Mil días de impunidad

El homicidio de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, está lejos de ser esclarecido y se ve remota la posibilidad de castigar a los verdaderos responsables.

El viernes 23, cuando se cumplieron mil días del asesinato, seguía prófugo José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, principal acusado de ser el autor material en la versión del gobierno de Javier Duarte. Y el único detenido, el presunto copartícipe Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise la resolución judicial que anuló su libertad.

El gobierno de Veracruz ya da el caso por resuelto, pero El Silva mantiene su dicho: fue torturado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se inculpara e hiciera suya la versión de que el móvil del asesinato fue el robo, con características de crimen pasional.

A través de su defensa legal, Silva Hernández presentó ante el máximo tribunal del país un recurso de revisión de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, del Séptimo Distrito.

Ese tribunal federal, con jurisdicción en Veracruz, revocó el 19 de junio pasado el amparo que le había concedido la justicia estatal por considerar que no había pruebas directas en su contra y se habían violado sus garantías constitucionales desde su detención y al momento de ser maltratado física y moralmente para inculparse.

Policías detenidos, chivos expiatorios/PATRICIA DÁVILA

Policías detenidos, chivos expiatorios/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso  No. 1995, 14 de enero de 2015

El repudio nacional por el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa provocó una respuesta gubernamental lenta y sumamente criticada. Ahora, nuevas voces se suman al rechazo: familiares de policías municipales detenidos por el atentado explican que los agentes acusados vacacionaban, tenían día de descanso o estaban asignados a otras comisiones cuando ocurrieron los hechos. “La PGR está tratando de que su supuesta investigación encaje”, acusa el abogado de cuatro de los detenidos.

IGUALA, GRO.- En su afán por acallar las protestas de los padres de familia de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) “fabrica culpables”: Responsabilizó de homicidio, intento de homicidio, secuestro y delincuencia organizada a policías municipales que estaban de vacaciones, tenían descanso o que el día y a la hora de los hechos desempeñaban comisiones lejos del lugar del ataque.

 Así lo denuncian las esposas de Osvaldo Arturo Vázquez Castillo, Jorge García Castillo, Ubaldo Toral Vences y Gerardo Delgado Mota, agentes asignados a la patrulla municipal 017, quienes se desempeñaban como escoltas del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También habla el abogado de los policías, quien señala las irregularidades jurídicas que mantienen presos a sus clientes.

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