El "escándalo" de las grabaciones

El escándalo, una cortina de humo
JENARO VILLAMIL

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1686; 22 de febrero de 2009:
En su intento por deslindarse de las conversaciones telefónicas que lo exhiben, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, enfiló sus acusaciones hacia la exsubsecretaria Purificación Carpinteyro, a quien acusa de filtrar las grabaciones. Pero ella contraataca: Téllez tiene “visos de paranoia”… Quien hasta hace tres semanas era amiga del presidente Calderón y ahora es, según ella, “enemiga del Estado”, dice a Proceso: el escándalo de las intercepciones telefónicas de Téllez constituye “una cortina de humo” en medio de una “zona de guerra entre Telmex y Televisa” por el gran negocio de las telecomunicaciones.
“No soy la chica de Cipol ni tengo una central de inteligencia. Seguramente si la tuviera, tendría una gran base de clientes, pero no es el caso”, sentencia Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes.
Nombrada por el presidente Felipe Calderón para ese cargo, al que renunció el pasado 30 de enero, Carpinteyro no tiene interlocución con su excolega de la Escuela Libre de Derecho desde el último encuentro que tuvo con el mandatario, el día 20 del mismo mes. Ahora se considera a sí misma como “enemiga del Estado” por enfrentar las acusaciones penales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Procuraduría General de la República.
Carpinteyro advierte que lo sucedido con el escándalo de las intercepciones telefónicas de Luis Téllez constituye “una cortina de humo” en medio de una “zona de guerra entre Telmex y Televisa” que está afectando al sector de las telecomunicaciones.
“Sabemos que si Telmex busca el cambio de título de concesión para dar servicios convergentes de triple play y que si Cablevisión y Cablemás, ambas de Televisa, están luchando a través de Canitec para hacer hasta lo imposible por evitar que eso suceda, para cualquiera es evidente que sí existe esta zona de guerra, en la cual hay dos claros grupos poderosos que están llevando esta pelea para proteger sus intereses”, reseña.
En menos de tres semanas, Carpinteyro pasó de tener “diferencias irreconciliables” con el titular de la SCT a ser acusada por esta dependencia, donde laboró cinco meses, como presunta responsable de los delitos de intercepción de llamadas telefónicas y divulgación de sus contenidos en los medios electrónicos.
En entrevista con Proceso, Carpinteyro niega ser la autora de estas grabaciones, reitera que sólo conoció las ocho llamadas telefónicas divulgadas el viernes 13 en Reporte Índigo por medio del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y contraataca: Téllez tiene “visos de paranoia” y “un terrible problema de desconfianza”.
Pistas de “guerra sucia”
Entre el jueves 19 y el viernes 20 aparecieron otras pistas que apuntan hacia una guerra sucia de anónimos y “filtraciones” contra el titular de la SCT. El jueves 19, el periódico Excélsior divulgó otra serie de tres conversaciones telefónicas entre Téllez y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, presidente de la Cofetel en el sexenio de Ernesto Zedillo y cuyo nombre se menciona insistentemente para ocupar la titularidad de la SCT.
En esas llamadas, Téllez se lanza contra el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Álvarez Hoth, quien publicó en Reforma una serie de artículos en los que documenta la violación de la SCT al amparo de Telcel en la disputa con Axtel por las tarifas del programa El que Llama Paga.
Simultáneamente, circuló una “carta anónima” dirigida a Téllez en la que se hace una breve y críptica reseña de otras posibles llamadas telefónicas en las cuales el titular de la SCT se queja de los priistas, critica a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se burla del titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, se queja ante la falta de sensibilidad en Los Pinos, hace recomendaciones al concesionario Pancho González para ganar licitaciones, negocia con Diego Fernández de Cevallos, acusa a Emilio Gamboa Patrón de haber “regalado” a amigos de Carlos Salinas concesiones de radio y da instrucciones a sus colaboradores para “maquillar” cifras del presupuesto o darle “todos los apoyos necesarios” a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, comisionados de Cofetel que estuvieron en el equipo de Téllez.
En una de sus partes más delicadas ese anónimo advierte:
“Además, te encanta lo ilegal y te quejas de ello, te indigna que te hayan grabado, pero tú ordenaste a Ricardo (Ríos, su secretario privado) para que hable con el almirante (José Luis) Figueroa (responsable de seguridad interna en la SCT) para que investigue a Carpinteyro, la sigan y la graben. Si en realidad Purificación está tan loca como dices, es tan mala y perversa… o se trata de otra de tus mentiras como la que te aventaste de Carlos Salinas.”
En su programa radiofónico, Joaquín López Dóriga destacó el jueves 19 que este texto circuló en los correos electrónicos del Senado. Sin embargo, la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en esa Cámara, Manlio Fabio Beltrones, negó que un escrito de esta naturaleza hubiera llegado a alguno de los 28 senadores de su fracción. Tampoco llegó a su correo electrónico, dijo. Los senadores del PRD y del PAN, así como reporteros de la fuente consultados, rechazaron que se hubiera distribuido o conocido en el Senado el anónimo que leyó López Dóriga.
En su edición del viernes 20, Excélsior publicó una versión más extensa de este anónimo, aun con partes omitidas. La rúbrica, dirigida a Luis Téllez, es una clara amenaza: “Voy a hacer de tu vida una vida miserable.”
En los tres últimos párrafos de este texto se lanzan otras advertencias contra el titular de la SCT, a quien retan a que renuncie antes de que se conozcan nuevas grabaciones:
“¿Y por qué tapas a Cerisola? ¿Por qué dices que le vas a pedir al secretario de la Función Pública que no se metan con él? ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Estás encubriendo algún delito?
“Bueno, bueno, tenemos mucho, mucho más, pero lo más delicado lo dejamos para la próxima.
“Esperamos que renuncies antes de convertir tu vida en un verdadero escándalo…
“Por último, Teddy bear, te quiero decir que… seguramente vas a negar todo. Recuerda que tenemos las grabaciones de todo lo aquí escrito y las haremos llegar desde el extranjero, a toda la sociedad.”
A diferencia de hace una semana, la SCT no reaccionó ante este anónimo; tampoco lo acreditó ni anunció investigación alguna.
Por el contrario, el jueves 19 el titular de la Unidad Jurídica de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, orientó sus baterías contra la exsubsecretaria. Declaró a un programa radiofónico que otro anónimo, llegado vía e-mail a la secretaría, era de Carpinteyro, ya que contenía palabras en portugués y “ella tiene la nacionalidad brasileña”.
Según el acta de nacimiento del Registro Civil, cuya copia tiene Proceso, Purificación Carpinteyro Calderón nació en el Sanatorio Español de la Ciudad de México, es hija de padres mexicanos y tiene nacionalidad mexicana.
La exfuncionaria admite que las principales diferencias entre ella y Téllez surgieron a raíz del litigio entre Axtel y Telcel. “No estuve de acuerdo con la decisión tomada por la SCT. Había una suspensión que fue notificada por Cofetel. El punto fue si la decisión adoptada implicaba una violación a la suspensión. Con posterioridad, encargué un estudio jurídico al despacho de Julio Esponda para que me diera una opinión al respecto”, relata.
El despacho concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión” (Proceso 1685). El litigio está siendo revisado en un tribunal colegiado, como segunda instancia.
La ruta de las grabaciones
¿Cómo le llegaron las grabaciones? se le pregunta a Carpinteyro.
“En una conversación con el arquitecto Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, le hago el comentario de que me enteré que el secretario de Comunicaciones le había dicho al presidente que había un ‘hoyo’ de mil millones de pesos en Correos Mexicanos”, responde.
–¿Existía ese “hoyo” presupuestal?
–No había un “hoyo”. Hay una gran diferencia entre no haber alcanzado las expectativas de ingresos que estaban presupuestados, a que exista un “hoyo”. Era parte del presupuesto de ingresos, una proyección de cuáles iban a ser. No se concretó por infinidad de motivos, entre ellos, por la crisis económica. Distintos clientes corporativos nos habían dado un estimado de 15% de crecimiento y no crecieron, disminuyeron. La crisis comenzó a impactar prácticamente a todas las empresas del sector público y privado. No llegamos a la meta. Eso no es muy diferente a que haya un “hoyo”; decirlo implica que hubo corrupción.
–¿Cómo se enteró de que el presidente sabía de ese faltante?
–La diputada panista de Chiapas Martha Cecilia (Díaz Gordillo) me habló para decirme que en una gira con el presidente ella le había sugerido que se promovieran las nuevas tiendas de Correos. El presidente le dice que eso no será posible porque habían encontrado “un hoyo de mil millones de pesos”.
“Obviamente, Téllez había informado de manera desvirtuada al presidente y se lo comento a Osuna. Él me dijo: ‘Ay, qué curioso, porque a mí me llegó de forma anónima una cinta en donde Téllez afirma, entre otras muchas cosas, que tenía que decir que había un ‘hoyo de mil millones de pesos en Correos’.
“Tenía la oportunidad de tener una reunión privada con el presidente y pensé que era el momento adecuado de mostrarle estas cintas, puesto que yo quería decirle al presidente que le estaban dando información mentirosa y desvirtuada.”
–¿Fue la reunión del 20 de enero?
–Sí.
–¿Cómo reaccionó el presidente?
–Desafortunadamente, esperaba que se diera una reunión donde sólo estuviéramos el presidente y yo. Pero estaban convocados dos secretarios de Estado (Luis Téllez y Fernando Gómez Mont), la jefa del gabinete (Patricia Flores) y el director jurídico de Presidencia (Miguel Alessio). El presidente me dijo que eran ilegales esas grabaciones y que, por favor, en todo caso entregara al secretario de Gobernación las cintas.
–¿Fueron las únicas grabaciones que entregó?
–Sí, fueron las únicas.
–¿Usted las filtró a la prensa?
–No.
–¿Por qué entonces la insistencia de la SCT de que usted primero las grabó y luego las distribuyó?
–Si yo renuncio con una relación deteriorada y desgastada, irreconciliable, tal como lo digo en mi carta, ¿no cree que si mi intención era filtrarlas lo hubiera hecho antes?... ¿Por qué las iba a filtrar si el presidente, el secretario de Gobernación y todo el mundo sabían que las tenía? Claro que no fui yo quien filtró esa grabación.
–¿Usted las grabó?
–Para poder hacer intercepción telefónica se requiere de equipos sumamente sofisticados que difícilmente yo tengo. Por supuesto, no los grabé. Me dio mucha risa una columna periodística que leí hace una semana en donde me llamaban la señora Cipol y decían que la KGB, la CIA y la agencia británica de espionaje me estaban buscando para hacerme una oferta de trabajo.
“Las grabaciones llegaron a mis manos de la forma que he relatado. Yo le comenté a Héctor Osuna que iba a ir con el presidente y que creía que las debía conocer.”
–¿No se las había entregado Osuna antes al presidente?
–Hacía más de un año que él no tenía una reunión con el presidente.
Por su parte, Osuna declaró en otro programa radiofónico, el jueves 19, que no tenía “nada que ver” con las grabaciones. “Yo creo que vale la pena que este asunto lo ventilemos con quien la autoridad designe. Yo no tengo ningún problema en el asunto”, afirmó Osuna al periodista Sergio Sarmiento.
La ruptura con Téllez
Purificación Carpinteyro asegura que el quiebre en su relación con Téllez ocurrió en una reunión en su oficina, cuando éste le gritó y la acusó de mentirle tres veces en menos de 24 horas. Recuerda que eran cuestiones irrelevantes, como que ella había tenido una cena con el senador Manlio Fabio Beltrones, que había citado a Alfredo Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) para hablar de la fibra óptica o que se había reunido con alguien de MVS.
“Lo hizo de manera muy grosera, que le mandé una carta. Le dije que me parecía que las relaciones personales y profesionales, con independencia de jerarquías, se tenían que basar en el respeto. Que si bien quedaba constancia de que él no tenía respeto para mi persona, y que lo que en ese momento debía hacer era presentar mi renuncia, no lo haría en tanto el presidente Calderón no me lo pidiera. Yo estaba segura que estaba siendo un estorbo para otros planes.”
–¿Fue antes del 9 de enero, fecha de la emisión del reglamento interno de la SCT que le otorga amplias facultades a Téllez?
–Sí.
–Una versión de su renuncia es que usted estuvo en desacuerdo con el reglamento porque le restaba atribuciones a la subsecretaría.
–Eso no tiene ningún fundamento por la sencilla razón de que las atribuciones se le dan a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y que depende directamente de la subsecretaría, por lo tanto, son responsabilidades de la propia subsecretaría.
“Si bien no estoy de acuerdo con los términos del reglamento, la verdad es que no lo conocí hasta que fue publicado y ya la relación con Téllez estaba muy, muy desgastada. Ya era una situación irreconciliable.”
–Usted presentó un plan para el sector de telecomunicaciones. ¿Le expresó su desacuerdo el secretario?
–Presentamos un plan que comprende seis puntos para transformar el sector y que no son fáciles de implementar. El secretario me manifestó estar de acuerdo y posteriormente me demostró que no lo estaba. Siempre existió esta falta de confianza necesaria para que el funcionario público pueda operar.
–¿Es paranoia?
–No soy psiquiatra para evaluarlo, pero según la definición que existe en el diccionario, eso aparenta.
–También se corrió el rumor de que usted llegaba a la subsecretaría con la intención de desbancarlo. ¿Qué tanto influyó esta percepción?
–Probablemente ese fue uno de los factores que más desgastó la relación en el ánimo del secretario.
“Ahora, tampoco hay que descartar una buena dosis de misoginia. Por los desafortunados rumores que se generan en relación con una mujer que tiene una determinada posición, él simplemente utilizó este tipo de chismes. Incluso, diciendo que era yo la que las propalaba.”
–Usted está demandada. ¿Ya le notificaron?
–Primero, no sé si la denuncia esté hecha en contra mía. No me han notificado.
–¿Cómo interpreta el comunicado de la Secretaría de Gobernación?
–Acreditan que les entregué las grabaciones.
–¿No es ambiguo?
–No. Creo que eso deja claro que se procederá conforme a derecho. Es legítimo que se haga una investigación.
–¿Cómo es su relación ahora con el presidente?
–No hay una relación.
–¿Espera usted algún encuentro?
–Estimo que no es necesario…
–Detrás de esto, ¿ve usted un pleito entre Telmex y Televisa?
–Definitivamente.

Sobre la despenalización de las drogas

Posicionamiento de Moisés Naím.

Del 'prohibido fumar' al 'prohibido pensar'/Moisés Naím, editor de Foreign Policy y miembro de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

Publicado en El País, 22/02/2009;

En Estados Unidos, el 76% de la población piensa que la guerra contra las drogas ha fracasado. Al mismo tiempo, una igualmente abrumadora mayoría piensa que las políticas en las que se basa la guerra contra las drogas (represión de la producción, interdicción de las importaciones, prohibición del consumo y criminalización) no se pueden cambiar. Esta contradicción no es sólo de los estadounidenses.
Las encuestas revelan que estas ideas forman parte de las creencias de altos porcentajes de la población en muchos países: pobres y ricos, exportadores e importadores de narcóticos, democráticos y autoritarios, asiáticos, europeos o americanos.
¿Cómo explicar esta irracionalidad? ¿Cómo es posible estar en contra de cambiar una política pública que se sabe que no funciona? Mi respuesta es que la prohibición de todo lo relacionado con las drogas ha creado un clima donde también está vedado pensar libremente sobre alternativas a la prohibición. Un senador estadounidense que me habló con la condición de que no revelara su identidad me dijo: "Muchos de mis colegas y yo sabemos que los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas no sólo no funcionan sino que tienen efectos contraproducentes. Pero esta es una posición políticamente suicida. Si lo digo públicamente es casi seguro que pierda mis próximas elecciones".
Y no son sólo los políticos: "¿Por qué a pesar de los esfuerzos, la situación en Afganistán se ha deteriorado tanto? En mi opinión la principal causa es el tráfico de drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los talibanes... Cuando estuve allí en 2006 no podíamos ni mencionar el tema. Era un asunto sobre el que nadie quería hablar". Esto lo dijo el general James Jones, ex comandante del Cuerpo de Marines (1999-2003) y comandante supremo de la Alianza Atlántica (2003-2006). Cabe notar que esta declaración la hizo meses antes de saber que iba a ser nombrado por el presidente Barack Obama asesor para la Seguridad Nacional.
La manera en la que el mundo enfoca el problema del tráfico y consumo de drogas es indefendible. Todos los analistas objetivos que han examinado el tema concluyen que el régimen actual requiere una urgente y profunda reforma. El problema es que cualquier propuesta en este sentido es usualmente contestada con acusaciones de ingenuidad, complacencia con los narcotraficantes y hasta de complicidad con ellos. Sin embargo, la realidad y los números son abrumadores. A pesar de los inmensos esfuerzos no hay evidencia alguna de que se estén alcanzando los objetivos de disminuir la producción o el consumo de drogas. Recientemente, el Gobierno británico informó de que en ese país la abundancia de cocaína es tal que estaba costando menos que una cerveza o una copa de vino. En Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel, la inmensa mayoría por tenencia de drogas. (Cada recluso le cuesta al Estado 34,000 dólares al año -unos 26,000 euros-, mientras que el costo anual de tratar a un adicto a las drogas es de 3,400 dólares). La violencia que se vive en México, Colombia o en cualquiera de los barrios pobres de América Latina, África y Asia es en gran medida un daño colateral causado por la guerra contra las drogas. La situación es insostenible y necesita un nuevo enfoque.
Esto es lo que acaba de proponer la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo de 17 latinoamericanos del cual formo parte. La comisión, presidida por tres muy respetados ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, divulgó sus recomendaciones después de casi un año de trabajo, que incluyó la revisión de la mejor evidencia disponible y de amplias consultas con científicos, policías, médicos, militares, alcaldes y expertos en salud pública. Por favor, lea el informe en www.drogasydemocracia.org.
La comisión no cree que existan políticas alternativas a la prohibición que estén exentas de costos y riesgos. Pero sí cree que hay que considerar y probar otros enfoques que traten al problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una guerra.
Hablar genéricamente de "legalización de las drogas" es superficial e irresponsable y sólo sirve para banalizar y estancar la discusión. Pero prohibir la discusión racional de los costos y beneficios de descriminalizar la tenencia de marihuana para el consumo individual, por ejemplo, es aún más irresponsable.
El consumo de drogas es una maldición contra la cual hay que luchar. Pero hay que hacerlo bien. Y eso no sucederá mientras exista la prohibición de pensar libremente en qué significa hacerlo bien. mnaim@elpais.es

La figura del arraigo

Columna Bitácora del director/Pascal Beltrán del Río

Publicado en Excélsior (www.exonline.com.mx), 22 de febrro de 2009;

Mantener la superioridad moral del Estado
Decía la semana pasada que una de las causas de la crisis de seguridad pública que vive actualmente México es su pobre cultura de la legalidad.
Por eso no extraña que en esta terrible coyuntura se escuchen opiniones de que a la delincuencia organizada hay que combatirla por los medios que sean, aunque éstos no cumplan lo estipulado por la Constitución o los compromisos internacionales del país.
Entre la poca fama que tiene en México la expresión “Estado de derecho” y la desesperación por ver resultados en la lucha contra el crimen, se cuela entre los mexicanos la tentación de abatirla a como dé lugar, incluso echando mano de sus propios métodos canallescos.
Eso va para aquellos que piensan que la solución es organizar escuadrones ilegales que vayan cazando a los capos uno por uno y liberen de sus fechorías a la sociedad, pero también para quienes siguen sosteniendo que se vale abusar de la endeble figura del arraigo judicial, a pesar de que se acumulen las evidencias de que se trata de un encarcelamiento disfrazado.
Sobre la primera de esas opiniones aquí he expuesto las pésimas experiencias que existen sobre luchar contra el delito mediante procedimientos no previstos en la ley.
No olvidemos que quienes combatieron a los grupos guerrilleros en los años 70 y 80 —entre ellos los miembros de la infame Brigada Blanca— no solamente mataron, torturaron y desaparecieron a personas involucradas y no relacionadas en esos movimientos armados, sino que, al paso de los años, se convirtieron ellos mismos en delincuentes y hoy son una de las raíces del enorme problema que nos aqueja.
Tampoco olvidemos cómo una de las mejores agencias de inteligencia del mundo, el Mossad, asesinó en Noruega a un inocente mesero de origen marroquí, después de confundirlo con un terrorista palestino que planeó la matanza de miembros de la delegación israelí durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.
Con respecto a los arraigos judiciales, este diario ha podido documentar cómo la autoridad federal ha escalado su uso de esta figura, que le permite detener antes de investigar. Gracias a una petición basada en la Ley de Acceso a la Información Pública, mi compañero Lemic Madrid logró saber que mientras en 2007 hubo 230 órdenes de arraigo, en 2008 se dieron mil 720, un aumento de 747 por ciento.
Tiene razón la Procuraduría General de la República en que cada arraigo requiere el mandato de un juez, pero cuando pregunté hace unos días a un funcionario de la dependencia cuántas de las solicitudes de arraigo son denegadas, no me lo supo decir. Sospecho que muy pocas.
La insistencia en abusar de una figura que ya ha sido repudiada por la Suprema Corte ha captado la atención del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que acaba de recomendar a México revisar la compatibilidad del arraigo con los estándares internacionales. Eso pasa cuando se olvida que la globalización es algo más que el ir y venir de mercancías.
Está claro que una sociedad pierde cuando intenta deshacerse de sus problemas sin tener en cuenta la ley, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos.
Y que los gobernantes que recurren a esa salida falsa, como el ex presidente estadunidense George W. Bush, acaban repudiados por la población, así tengan enfrente un tema como el terrorismo.
Si no logramos afincar en este país la conciencia de que vivir en el marco de la legalidad es bueno para todos, no conseguiremos salir del círculo vicioso delincuencial en que nos hemos metido.
Una de las formas de comenzar a atacar el problema es que todos cumplamos con la ley, y eso incluye, antes que a nadie, a la autoridad, que debe poner el ejemplo con una actuación transparente y apegada a derecho.
Por eso es de celebrarse el discurso del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, el Día del Ejército. Hizo muy bien Galván en pedir que se analice si la “faceta jurídica que provee sustento y otorga competencia” a las Fuerzas Armadas en la labor subsidiaria que realizan a favor de la preservación de la seguridad es la más adecuada.
Los militares mexicanos —soldados y marinos— se encuentran hoy en la primera línea en la lucha contra la delincuencia organizada, y son, por ahora, nuestra última defensa.
Las contradicciones del pacto federal, así como la ineficacia y la corrupción de muchas entidades de procuración de justicia, se han traducido en un compromiso cada vez menor por parte de los estados de la República en este combate y en una participación cada vez mayor del Ejército y la Armada.
Aunque ha habido señalamientos concretos sobre abusos cometidos por militares en esta tarea, es innegable que las Fuerzas Armadas han probado su eficacia y lealtad mediante el aseguramiento de grandes cargamentos de droga y la detención de diversos capos, al tiempo que han sufrido agresiones arteras que van del levantamiento y decapitación de soldados adscritos a labores administrativas hasta la tortura y el asesinato de un general especialista en la lucha contra el narcotráfico.
Si faltaran pruebas sobre la importancia que han adquirido los militares en el combate al crimen organizado, ahí están los bloqueos callejeros realizados por los llamados tapados, quienes, manipulados por el cártel del Golfo, demandan el cese de las operaciones del Ejército contra el narcotráfico.
Dada la relevancia que ahora tiene la participación de los militares, sí parece conveniente, como planteó el general secretario, una discusión legislativa seria y serena sobre el marco legal que rige su función.
Su eventual adecuación deberá seguir los lineamientos tanto de la Constitución como de los convenios internacionales que México ha suscrito, pero, sobre todo, la convicción de que el Estado debe mantener en todo momento su superioridad moral frente a los criminales.

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Pascal escribió en su columna del domingo 8 de febrero de 2009: "Aunque existe, a nivel federal y en el fuero común desde hace varias décadas, apenas hace diez años que el arraigo se utiliza de manera recurrente. Se calcula que 50 mil personas han sido arraigadas en México durante ese lapso. Su uso tiene que ver con la mediatización de la justicia, puesto que permite a la autoridad dar la impresión de que está trabajando, resolviendo casos, cuando en realidad está tratando sobre todo de anotarse puntos ante la opinión pública y avanzar en la arena política."

Extorsiones

Las extorsiones se disparan en el país
Carlos Benavides y Francisco Gómez, reporteros.

El Universal (www.eluniversal.com.mx) 22 de febrero de 2009;

La delincuencia ha encontrado la manera de dar con los grupos económicamente “rentables”, a los que les cobran cuotas fijas a cambio de no ser molestados, golpeados e, incluso, asesinados
El cobro de cuotas o “derecho de piso” por venta de protección para empresas, comercios, vendedores ambulantes, profesionistas e incluso en las prisiones, es la nueva modalidad de extorsión, que ya es considerada un asunto de prioridad nacional por las autoridades federales.
La delincuencia ha encontrado la manera de dar con los grupos económicamente “rentables”, a los que les cobran cuotas fijas a cambio de no ser molestados, golpeados e, incluso, asesinados.
Desde extorsionadores recluidos en un penal que fingen ser miembros de Los Zetas, hasta verdaderos sicarios de La Familia o algún cártel, se han aprovechado del temor generado por la violencia extrema del narco para intimidar, detalla la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
Esto ha obligado a empresarios y profesionistas de algunas ciudades a retirar los anuncios para ofertar sus productos o servicios, con el fin de no dar señales de éxito que los haga víctimas de extorsionadores.
Tan rentable ha resultado este ilícito para el crimen organizado, que ya es la tarea principal del cártel de Tijuana, por encima del narcotráfico. Un sicario de esa organización relata que no sólo cobran derecho de piso a narcotraficantes, también a gente dedicada a actividades lícitas.
La Familia ha hecho lo suyo en el estado de México, donde exige pagos fijos a cambio de tranquilidad. Tal fue el caso de un dueño de un aserradero, quien por denunciar, los delincuentes le advirtieron: “Por avisar a la policía, la cuota que debes pagar por esta ocasión es de 30 mil pesos y mensualmente 10 mil pesos”, de lo contrario, amagaron con asesinarlo.
De acuerdo con la SSP, en 2007 y 2008 se registraron en promedio 50 mil casos de extorsión al año, mientras que en 2002 la cifra fue de sólo 53 casos, lo que refleja el crecimiento exponencial de ese delito en los últimos años.

Paga o muere: tradición de “La Familia”
El Universal (www,eluniversal.com.mx), 22 de febrero de 2009;

Considerada una de las organizaciones criminales emergentes más violentas en México, La Familia tiene entre sus principales activos criminales la extorsión. En donde aparecen sus células, nadie escapa a lo que ellos llaman “protección”. Comerciantes, empresarios, vendedores ambulantes y hasta delincuentes son sometidos a diferentes formas de extorsión, mediante pagos que deben hacer a cambio de no ser golpeados o incluso asesinados.
La llegada de La Familia al estado de México detonó en diversos sitios de la entidad denuncias de extorsión. En Valle de Bravo, la presencia del grupo se dejó sentir desde hace varios meses.
Reportes de la Subdirección Operativa Sur de la Agencia Estatal de Seguridad, contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/239/2008, revelan la tentativa de extorsión contra el dueño de un aserradero.
“Recibimos —indica el parte del subdirector Octavio Armando Bernal Ocampo— denuncias de distintas personas, entre éstas de René Delgado Loza, propietario de un aserradero ubicado en la comunidad de Cerro Gordo, de tentativas de extorsión de grupos armados que se hacen llamar La Familia.
“Los comerciantes de discos pirata del mercado Los Colorines, en Valle de Bravo, y los vendedores del mismo producto en Villa Victoria también se quejaron”.
Pero la queja de los afectados llegó hasta oídos de los delincuentes, que no tardaron en visitar el aserradero. A bordo de una camioneta Explorer, placas LJT-0185 de Michoacán, José Ángel Rivera Magaña, El Abuelo; Antonio González Vences, El Médico, y Rafael Méndez Valenzuela, El Chester, arribaron al negocio. “Por avisar a la policía, la cuota que debes pagar por esta ocasión es de 30 mil pesos y mensualmente 10 mil pesos”, advirtieron al dueño, o en caso contrario sería asesinado.
Sin embargo, la policía ya seguía el rastro de esta célula y justo en el momento de esa amenaza comenzó un operativo para su captura. Apenas unos kilómetros después de cometida la extorsión en el aserradero, la policía los copó en una brecha cercana del llamado cerro Colorado y fueron detenidos. Y aún ante sus captores insistieron: “Venimos en son de paz. Nosotros no somos secuestradores ni rateros. Venimos a poner orden y ayudarlos en lo que ustedes no pueden”.

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Los mensajes de “La Línea”
El Universal Domingo 22 de febrero de 2009
La mañana del lunes 5 de enero, el cuerpo de José Iván Vázquez López, de 44 años, se halló enroscado en un contenedor de basura a mitad de una calle solitaria de Ciudad Juárez. Era la séptima víctima de asesinato en cinco días. Pero el suyo fue un caso que atrajo investigadores y medios de comunicación por un detalle: el depósito de los restos lucía una cartulina verde fluorescente en la que los asesinos dejaron un mensaje: “Esto les va a pasar a los que cobren cuota a nombre de La Línea”.
Vázquez, líder en una agrupación de vendedores de autos usados llamada Teto’s Car, fue secuestrado la tarde del domingo. Testigos dijeron que hombres armados discutieron previamente con él. Trató de huir pero fue herido y se lo llevaron. Afirmaron que los asesinos son sujetos dedicados al secuestro y la extorsión. Y Vázquez tendría algún grado de implicación en los delitos. “Esta persona cedió a los caprichos de un grupo y tuvo problemas con ellos”, declaró a El Diario de Juárez uno de los agremiados.
Un par de días más tarde, la dosis asesina se repitió. La policía halló el cuerpo de un hombre, al que le cortaron los brazos, y un mensaje: “Esto es para los que siguen sin creer, que andan extorsionando y cobrando cuota”. Firmaba La Línea. Mensajes parecidos se habían colocado en otras víctimas desde noviembre, dando sustento al rumor de un acuerdo entre grupos criminales y, sobre todo, al de estamentos paramilitares contratados por empresarios.
El más elocuente aviso contra supuestos secuestradores y extorsionadores ocurrió el 10 de noviembre de 2008. Un comando llegó hasta una de las sedes de la Policía Municipal para dejar un cuerpo mutilado al que habían prendido fuego. Le pusieron un par de encendedores en las manos y se dieron tiempo para colocar una manta sobre la malla del estacionamiento, en la que se leía que era “quemador de negocios y extorsionador”. Al retirarse, los policías intentaron descolgar la manta pero fueron advertidos por la frecuencia de radio: debían retirarse y despejar el camino a los medios de comunicación, o regresarían para matarlos.
La Línea fue la organización denunciada inicialmente por empresarios locales por extorsiones y secuestros, perpetrados desde finales de 2007. El nivel de acoso y atentados creció de manera exponencial en 2008, sin que hubiera una intervención decidida de las autoridades. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño calculó en octubre pasado que 3 mil agremiados cerraron por sentirse vulnerables, y la Canaco refirió cifras parecidas para mediados de ese año. La magnitud del despojo llevó al cierre temporal de yonkes, talleres mecánicos, consultorios médicos, constructoras, contadurías públicas, agencias aduanales y central de abasto.
En octubre, el rumor de grupos armados al servicio de empresarios alcanzó tal nivel, que el senador Ramón Galindo emitió un comunicado de prensa: “La evidente debilidad del Estado y la poca credibilidad en la ley propiciarán que los sangrientos episodios derivados de la justicia por propia mano se repitan cada vez con más frecuencia”, advirtió. “Los niveles de violencia que azotan al país han comenzado a orillar a los empresarios mexicanos a tomar las armas, pues la falta de acceso a la justicia potencia la búsqueda de ésta a través de formas alternativas altamente peligrosas”.
Tras los asesinatos de enero de este año, en una reunión de la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio, se tocó el tema de las extorsiones. Algunos confiaron haber pagado cuota de protección durante meses, pero en enero, el grupo que los extorsionaba les notificó su conclusión. “Les dijeron que ya todo estaba arreglado y que si alguien los quería extorsionar, les llamaran; que ellos se harían cargo”, dijo un participante de la reunión.
No hay versión ni postura oficial hacia ello. La Procuraduría inclusive se reserva información sobre la cantidad de mensajes colados en personas asesinadas. “Nosotros no podemos revelar información al respecto. Lo que investigamos es el homicidio en sí… el contenido de esos mensajes y de los casos en los que se han dejado otros parecidos, no lo podemos revelar; sólo puedo decir que obra en expedientes”, dice Daniela González, vocera de la fiscalía para la zona norte de Chihuahua.
En la ciudad, sin embargo, la cantidad de extorsiones y secuestros decrece, según reportes de organismos empresariales.