Calentamiento global, asunto de seguridad nacional

¡Preocupante!

El calentamiento global muy probablemente aumentaría la inmigración ilegal, crearía desastres humanitarios y desestabilizaría gobiernos, todo lo cual podría afectar la seguridad nacional de EE UU, señala un informe de la National Intelligence for Analysis (Dirección Nacional de Inteligencia (NDA en ingles) de los EE UU.

El informe fue presentado por Thomas Fingar, director adjunto de la NDA al Comité de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes en una audiencia de evaluación de la seguridad global; ahí se advierte de los efectos globales: un aumento de la migración y disputas por agua.

La inteligencia estadounidense considera improbable que el cambio climático por sí solo provoque un derrumbe del estado en ningún país de aquí a 2030, pero su impacto agravará problemas existentes como la pobreza, las tensiones sociales, la degradación del medioambiente y la debilidad de las instituciones políticas, señalo Fingar

"Nosotros pensamos que el impacto más significativo para EE UU será indirecto y resultado de los efectos del clima en otros países y su potencial para afectar gravemente los intereses de seguridad nacional estadounidenses".

El reporte de inteligencia sobre los efectos del calentamiento global es una de una serie de evaluaciones periódicas de inteligencia que ofrecen el consenso de los principales analistas de las 16 agencias de inteligencia en EE UU sobre política exterior, seguridad y economía.

El informe fue solicitado por Congreso el año pasado.

África está entre las regiones más vulnerables, dice el reporte. Un esperado incremento de las sequías pudiera reducir a la mitad el rendimiento agrario de cultivos dependientes de las lluvias en los próximos 12 años.
Partes de las cosechas en el sur y el este de Asia son vulnerables tanto a sequías como a inundaciones, con las cosechas de arroz y granos potencialmente enfrentando una declinación de 10%.
Hasta 50 millones de personas más pudieran enfrentar hambruna para el 2020, y el suministro de agua -aunque mayor a causa de la fusión de glaciares, se verá presionado por el crecimiento poblacional y el consumo.

Entre 120 millones y 1.200 millones de personas en Asia "continuarán enfrentando problemas con el agua".

En tanto, América Latina pudiera experimentar un aumento en las precipitaciones, posiblemente reduciendo en decenas de millones de personas las cifras de quienes sufren escasez de agua. Pero para entre 7 millones y 77 millones la escasez pudiera persistir, a causa del crecimiento poblacional.

Comisión de mediación/Carlos Montemayor

Comisión de mediación/Calos Montemayor

Publicado en La Jornada, 24 y 25 de junio de 2008;

El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.

Carlos Montemayor/ II y última
Decíamos en el artículo de ayer que la comisión mediadora entregó a los representantes del gobierno federal el pasado 13 de junio un segundo documento con el análisis del delito de la desaparición forzada de persona como crimen de lesa humanidad en el contexto de la legislación internacional. La Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001 y depositada en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 4 de septiembre de 2002, tipifica así ese grave delito:
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Este delito es considerado de extrema gravedad por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede. Es perpetrado por agentes del Estado o por individuos que tienen la aquiescencia de éste. La víctima es detenida sin que se cumplan las formalidades legales: no existe orden de autoridad competente, no se especifica de qué se le acusa, no se menciona quién lo acusa, ni los elementos inculpatorios que existen en su contra. Después de la detención, la víctima es puesta en situación de indefensión total, pues es conducida a un sitio que no es de reclusión oficial. Quienes están obligados a informar a la sociedad acerca de la detención la niegan de forma sistemática. No existen rastros visibles de la víctima. Las autoridades niegan a los familiares, amigos y copartidarios de las víctimas, así como a los defensores de los derechos humanos, recursos legales efectivos para obtener su presentación.
La desaparición forzada de persona produce además una violación múltiple de los derechos humanos: el del debido proceso, el de libertad de locomoción y tránsito, el de respeto a la integridad física, el de visita familiar, el de asistencia jurídica y el de reclusión en un centro donde se respete su dignidad. Se ofende a toda la especie humana porque se transgreden las normas legales que regulan la vida en colectividad. En una sociedad que se precie de vivir bajo un estado de derecho, es inadmisible que se practique la desaparición de personas, que anula la posibilidad de una genuina vida democrática.
En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los integrantes de la comisión mediadora consideramos que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona:
a) Fueron detenidos por agentes policiacos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
b) Desde que tuvieron conocimiento de su detención, sus familiares los buscaron en la Cruz Roja, en otros hospitales, en cárceles y otros centros de reclusión oficiales e incluso en el servicio médico forense, sin encontrarlos.
c) Las autoridades, tanto policiales como civiles, federales y locales, negaron en todo momento tenerlos en su poder. La tónica que han seguido es la de negar la detención y posterior desaparición en un sitio clandestino.
d) No obstante que jueces federales ordenaron su presentación con vida, tal mandato resultó infructuoso.
Ahora bien, el Ministerio Público en México se niega a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de persona argumentando que ello equivaldría a la calificación anticipada de un juicio. Es decir, las autoridades mexicanas sólo pueden aceptar la desaparición forzada de persona como resultado conclusivo de un juicio y no como hipótesis de una averiguación previa. Tanto la resistencia ministerial como el aparente argumento legal son insostenibles o, si se prefiere, al menos cuestionables. Si así procedieran en todos los casos las autoridades mexicanas responsables de la procuración e impartición de justicia, no habría posibilidad alguna de iniciar procesos legales en México.
Toda queja, acción legal o demanda que produzca una averiguación previa en el Ministerio Público o a la que se dé entrada en un juzgado constituye siempre una hipótesis legal y no se le impugna como un resultado anticipado de la conclusión de un juicio. El término que se aplica en técnica jurídica es por ello el de presunción. Todos los indiciados son en verdad hipotéticos o presuntos delincuentes. Un asesino, un defraudador o un narcotraficante sometidos a proceso judicial son presuntos culpables de los delitos de homicidio, fraude o crimen organizado. El Ministerio Público puede iniciar una averiguación previa por esos ilícitos ante la hipótesis de un asesinato o de un fraude; esa presunción o hipótesis debe ser verificada (positiva o negativamente: esto es, verificada si es cierta; falsificada, si es falsa, según la vieja lógica científica) a través de un juicio. La sentencia del juez debe confirmar o desechar la hipótesis o presunción original. En ningún caso, pues, la hipótesis inicial o presunción jurídica de la averiguación previa se confunde con una versión anticipada de la sentencia del juez.
¿Por qué se argumenta, en cambio, que en el caso de la presunción de desaparición forzada de persona no se trataría de una hipótesis legal o presunción jurídica, sino de una anticipación o usurpación de sentencia? Creo que la resistencia a aceptar la presunción de desaparición forzada de persona deriva no de razones jurídicas, sino políticas. Aceptar la presunción jurídica de la desaparición forzada de persona en la procuración e impartición de justicia y en la legislación mexicana es ahora fundamentalmente un asunto, por ello, de decisión política, insisto. Aceptar esto en el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez y en otros del pasado reciente (y por desgracia, también del posible futuro), significaría un avance legal, político y democrático de gran relevancia en México.
Con este propósito la comisión de mediación entregó a los representantes del gobierno federal el segundo documento que explica la desaparición forzada de persona en la legislación internacional y un tercero en que se concreta la petición aquí explicada y en el que se enumeran otras precisiones necesarias a propósito de hechos policiales vinculados con la desaparición de los dos eperristas. Para llevar adelante nuestra tarea de mediación, expusimos a los representantes del gobierno federal la necesidad de aclarar y precisar ciertos aspectos en los siguientes temas:
1. Debe tomarse en cuenta que los delitos de lesa humanidad son ya materia de la jurisdicción de instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos también se encuentran tipificados en la legislación mexicana, tanto en ordenamientos del fuero común como del federal. No obstante, en estos delitos las procuradurías y los tribunales son reticentes a aplicar tanto la normatividad nacional como la internacional. Ante esta reiterada negativa del Ministerio Público Federal a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad, particularmente en los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero también en otros del pasado reciente, creemos indispensable que el Estado mexicano garantice la atención debida a las denuncias de estos graves delitos.
2. En relación con la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, consideramos necesario destacar que a mediados del mes de octubre de 2007 se presentó con los familiares del segundo una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez, fuera de su domicilio, a que demandara al Ejército Popular Revolucionario “por difamar a su hijo”.
3. El mismo Alejandro Punaro, en fechas anteriores, se había presentado con miembros de diferentes organizaciones ostentándose también como representante del Ejército Mexicano y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Con este carácter ejerció presiones y detenciones injustificadas que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR. Consideramos indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona, así como su vínculo real con la Presidencia de la República, el Ejército Mexicano o el Cisen.
4. El general Tomás Ángeles Dahaujare, en su calidad de subsecretario de la Defensa Nacional, durante las mismas fechas realizó entrevistas con personas y diversos organismos de la sociedad civil, a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR. Consideramos necesario que el gobierno federal aclare la relación de estas acciones con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
5. En suma, creemos de gran utilidad que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la policía militar fue la corporación que intervino, según lo difundieron de manera amplia los medios de comunicación, en la detención de los policías y peritos de la policía ministerial del estado de Oaxaca el pasado 26 de abril en la capital de ese estado.
En los días inmediatamente posteriores a la reunión del 13 de junio, la comisión de mediación recibió, de manera discreta aunque plenamente confiable, información proveniente del Ejército Mexicano sobre algunos de los puntos planteados en este último documento. Ello nos persuade a pensar que es posible seguir avanzando en el proceso de la mediación y en el esclarecimiento del caso que ahora constituye el tema nodal y actual de este proceso.

No hubo negociación con el gobierno: EPR

Son filtraciones del CISEN, señalan.

11 aniversario de Aguas Blancas: "¡ni perdón, ni olvido!"

Comunicado de la Comandancia General del EPR.

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El gobierno de Felipe Calderón insiste en intimidar a los pueblos campesinos e indígenas, insiste en desaparecer a luchadores sociales como a los ciudadanos Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco en el estado de Puebla y al colono Moisés Molina Rodríguez en Michoacán. Se insiste en poner como representantes del Estado mexicano a personas sin oficio político con una ideología ultraderechista para tratar asuntos tan delicados como la continua práctica gubernamental de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad imprescriptible.
En el contexto de la violencia institucional y de la respuesta a ésta de presuntos delincuentes, las fuerzas represivas aprovechan esta coyuntura para aprehender, torturar y desaparecer a luchadores sociales pretendiendo mimetizarlos con simples levantones del narcotráfico, verbigracia, los 38 trabajadores de PEMEX desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León.
El Sr. Calderón se burla diariamente de un pueblo al que le exige que no se violente mientras que su gobierno violentamente le reduce casi a la nada los derechos a la alimentación, a la educación, al empleo, la seguridad social, y a la manifestación; la mayor burla en estos momentos es el supuesto congelamiento de precios que ya habían sido aumentados en alimentos que ni siquiera son de primera necesidad y menos de consumo popular, y junto a la burla la mentira de que ya había firmado un acuerdo con los empresarios que se vieron en la necesidad de desmentirlo; y cuando por algún motivo este pueblo reclama, criminaliza inmediatamente su lucha y lo reprime por "atentar contra las instituciones" y "buenas costumbres", ¡esto es fascismo!
Para tales fines se apoya en algunos corifeos de los medios para que estos le sirvan de reforzamiento mediático a su política, exigiendo a la población que se conviertan en soplones de la PGR, y otorga el derecho a algunos medios para continuar con el linchamiento de toda expresión organizativa y de los luchadores sociales, ¡esto también es fascismo!
El gobierno mexicano, apoyado en la ley bushiana con financiamiento económico, asesoría y con efectivos policiaco-militares que ya han violado desde hace muchos años nuestra soberanía permite que participen en la tortura e interrogación de los presos políticos; también permite que la policía colombiana y de otros países de ultraderecha intimiden, persigan y vigilen a todo activista político en nuestro país, dando para esto el dinero suficiente que se van a repartir los corruptos de las fuerzas represivas, enriqueciéndolos.
Existe la complicidad entre gobierno, empresarios, mandos de las fuerzas armadas y cabezas de los grupos de ultraderecha para conformar grupos de paramilitares que hagan el "trabajo sucio" para intentar dejar incólume al ejército federal en la comisión de delitos de lesa humanidad. Un ejemplo del "trabajo sucio" que realizan lo tenemos con el supuesto hallazgo en Oaxaca, de fosas clandestinas y la inhumación de los cadáveres con evidencias de tortura y tiro de gracia que tratan forzadamente de relacionar con la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, tratando de diluir la esencia de nuestra demanda que es su presentación con vida y la de todos los desaparecidos políticos, alargando el tiempo al intentar distraer a la opinión pública con estos hechos.
No descartamos aún, la posibilidad que nuestros compañeros se encuentren en el campo militar Número Uno porque la experiencia conocida en el país es que a los luchadores sociales desaparecidos los mantuvieron durante años en ese lugar, como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde años anteriores, lo que fue corroborado con los testimonios de los presos políticos que sobrevivieron, que ahí estuvieron y vieron a muchos otros compañeros que después desaparecieron, por lo que resulta poco creíble que cuando va un miembro de la CNDH a revisar las instalaciones diga no haber encontrado nada, esto es una burla más, porque para revisar el campo militar Nº 1, se requerirían 30 días o más para poder hacerlo de manera exhaustiva. La otra posibilidad es que aún se encuentren en alguna de las casas de seguridad que tienen las fuerzas represivas, como las denunciadas en la revista Proceso, de las que ninguna autoridad ha dado una explicación, el único que la da es el Sr. Enrique Rojas Cruz, hijo del dueño del Club de Billares Red, donde él dice que sus papeles están en regla, no nos referimos a que sea ilegal su negocio, nos referimos a que ahí se reunían todo tipo de policías y no aclara el por qué, porque ahí podrían estar detenidos algunos luchadores sociales. No se deslinda de eso, sino lo toma de una forma administrativa y no política.
El andamiaje clandestino y las formas que utiliza el Estado para intentar paralizar la protesta social perduran hasta la actualidad, tanto es que viejos policías de la DFS hoy brindan asesoría, infraestructura y consejos para encubrir y solapar, y repetir todo lo que ellos hicieron en la llamada guerra sucia apoyados por lo regular por sus hijos, quienes hoy pertenecen al Cisen o a la AFI.
Insistimos por enésima ocasión en la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y también demandamos enfáticamente a los presuntos representantes del pueblo en la cámara de diputados y senadores que promulguen la ley de amnistía para todos ellos, no hacerlo es convertirse en cómplices de todo lo que está sucediendo, porque dentro del PRI junto con el PAN, que son los que avasallan al legislativo para imponer leyes y reformas anticonstitucionales por ende antipopulares como la del ISSSTE. Se dejan guiar por orientaciones de un eufórico Manlio Fabio Beltrones, quien sí sabe del complot para asesinar a Luís Donaldo Colosio, al torturar personalmente al presunto asesino solitario Mario Aburto, y siendo gobernador se hizo cómplice y solapó a la delincuencia organizada en su estado. Este es el tipo de representantes que dicen ser defensores de nuestro pueblo, sin embargo, hoy nuestro pueblo se está dando cuenta del currículum nefasto y mafioso de la mayoría de los dirigentes del PRI y del PAN que tratan de controlar la política de nuestro país.
Son ellos, junto con Calderón, los que están entregando a empresas extranjeras las minas de hierro en la sierra sur de Oaxaca corrompiendo a los representantes de los pueblos con dinero, los que están en estos momentos protegiendo al asesino Ulises Ruiz, a los pederastas Emilio Gamboa Patrón, Miguel Ángel Yunes Linares (asesino sádico de Ixhuatlán de Madero), Mario Marín en Puebla, que es responsable de la desaparición del indígena totonaca Bonifacio, a Elba Esther Gordillo asesina del maestro Misael Núñez Acosta y promotora de grandes fiestas orgiásticas para tener el control de todos estos políticos que son producto de la descomposición moral y política del sistema al igual que hoy lo son los políticos de nuevo cuño del PAN, quienes siendo santurrones tienen una doble moral, como el gobernador de Jalisco que se atreve a mentarle la madre al pueblo sin ningún recato en compañía de un millonario y cerebro de las fuerzas de ultraderecha como es el arzobispo Sandoval Iñiguez, a quien no hay que confundir con otros obispos y sacerdotes que arriesgan su vida al dedicarse a la defensa de los más humildes denunciando públicamente las injusticias que el Estado comete contra los trabajadores como es el caso de Pasta de Conchos (Mons. Vera López) y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército.
Y aunque como dicen ellos de todo hay en la viña del señor, nosotros no podemos ser tolerantes ante la impunidad, la injusticia y la iniquidad social, esta es una lucha de clases y como tal los sectores oprimidos y explotados tenemos el legítimo derecho de un día levantarnos contra los opresores.
¿Cómo se atreven a decir que en México no hay hombres capaces científica y técnicamente en PEMEX? Cuando que éstos son subcontratados, para negarles los derechos que les corresponden o son llevados por empresas extranjeras como mano de obra calificada a otros países, precisamente por su capacidad.
Esta es una verdadera ofensa para nuestras instituciones como son la UNAM y el Politécnico Nacional. Compartimos lo que bien dice el rector Dr. Antonio Narro, ni un paso atrás en el subsidio, al contrario debe darse un paso para exigir mayor subsidio para que haya cupo para todos los jóvenes y tengan dónde estudiar y puedan obtener un empleo digno, la libertad del deporte, el arte y la cultura y no morir en una discoteca, en donde aprovechando la falta de interés del Estado por la educación, orilla a los jóvenes a la drogadicción y al vicio para morir de asfixia y destrozados entre ellos mismos.
¿A qué se debe esto? Se debe a la ineptitud y demagogia del "presidente del empleo", el culpable es él por sus políticas de favorecer únicamente a quienes le ayudaron a ocupar ilegítimamente un puesto para el cual no está capacitado, porque lo único para lo que está capacitado es para ser un empleado segundón de los empresarios. De presentarse como el candidato y luego el "presidente del empleo" se ha desenmascarado como el presidente de las desapariciones forzadas.
Insistimos en la libertad de todos los presos políticos y en la presentación de todos los detenidos-desaparecidos. El gobierno de Calderón debe dar una respuesta oficial y no recurrir a voceros oficiosos y a maniobras sucias de propaganda negra contra nuestro partido que buscan desvirtuar nuestras demandas y lucha, presionando para reventar el papel de la Comisión de Mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta. (nota de Alejandro Jimémez en El Universal, 23 de junio de 2008. comentada el martes 24 de junio por el cloumnista Ciro Gómez Leyva en Milenio).
Estas filtraciones en esencia constituyen amenazas veladas contra nosotros, que al no tenernos al alcance de su garra represora presionan y pretenden desquitarse con luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y presos políticos de conciencia. ¿Estos serán los incidentes a que se refirió la Secretaría de Gobernación

Ni negociaciones secretas, ni hipótesis de confort, ambas son parte de la campaña contrainsurgente, que de manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al desgaste y al olvido por medio del terror de Estado.
Rubén Figueroa padre y Rubén Figueroa hijo, asesino de Aguas Blancas, par de asesinos seriales protegidos por el Estado por presiones del PRI para no ser molestados y vivir en la impunidad, éste último culpable de la masacre de los campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Por lo que un año después, nos presentamos públicamente como Ejército Popular Revolucionario (EPR) para dar una respuesta militar contra la impunidad y la injusticia, misma que se seguirá dando en lo posible cada vez que haya una agresión de este tipo hacia nuestro pueblo, mientras no haya solución ni respuesta a los reclamos de justicia.
Recordamos a los mártires del 28 de junio no con un minuto de silencio sino con una vida de lucha revolucionaria. ¡Ni perdón, ni olvido! Se debe seguir exigiendo juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República mexicana, a 25 de junio de 2008.

Cadenatres: Canal 28

Respuesta a Gabriel Sosa Plata

Columna Nudo Gordiano/Yuriria Sierra

Publicado en Excelsior, 27o8/2008;

Los hermanos Sosa Plata
Con tristeza y mucha indignación, leí la columna de Gabriel Sosa Plata publicada el día de ayer en el periódico El Universal. La tristeza viene de constatar cómo un académico, que durante varios años ha querido convertirse en autoridad del tema de telecomunicaciones, puede volverse, sin ningún pudor, un francotirador arropado en argumentos nada académicos (y luego preguntan por qué la “academia” en México está tan desprestigiada) y convertirse en un enemigo más de la apertura televisiva en nuestro país. Y la indignación porque, con su texto, termina por borrar, de un plumazo, los gigantescos esfuerzos que un mundo de gente realiza todos los días para construir una alternativa televisiva en nuestro país: Cadenatres.
En su columna, titulada Cadena 3: revelaciones a dos años, Sosa Plata decidió, sin más argumento que su opinión, sus personales filias y fobias o sus compromisos familiares, políticos y empresariales, cuestionar la adquisición de Canal 28 por el Grupo Empresarial Ángeles.
Como usted bien sabe, y si no aquí se enterará, GEA (propietario también de Grupo Imagen y de Excélsior) adquirió, hace exactamente dos años, Canal 28, mismo que lleva un año al aire funcionando como Cadenatres. Este acuerdo se realizó entre dos particulares y dentro de todos los lineamientos de la ley: Grupo Empresarial Ángeles, bajo la dirección de Olegario Vázquez Aldir y Raúl Aréchiga Espinosa, el propietario de Aerocalifornia.
Cuando la frecuencia de XHRAE-TV (Canal 28), aún estaba en manos de Aréchiga, éste anunció su intención de vender, al mejor postor, la concesión de Canal 28. Los interesados, evidentemente, fueron varios, entre ellos la cadena estadunidense Telemundo e Isaac Saba, muy interesada aquélla, en ese entonces, para entrar al mercado mexicano, no sólo como vendedora de sus productos a canales de cable o nacionales. Cuando la concesión de Canal 28 se puso en venta, de inmediato hizo pública su intención de adquirirla. Así, Telemundo se convirtió en el primer postor.
Al mismo tiempo, Grupo Pegaso, al mando de AlejandroEl Güero Burillo, quien llegó ahí después de su salida de Televisa, también levantó la mano con el fin de hacer su oferta por ésa, una de las pocas concesiones para operar un canal de televisión abierta que se habían otorgado en los últimos años. Él se convirtió en el segundo postor.
El Grupo Empresarial Ángeles, que ya integraba en sus filas a Grupo Imagen y al periódico Excélsior, hizo también su oferta por la señal de este canal local. Olegario Vázquez Aldir se convirtió en el tercer y, a la postre, mejor postor.
Como sucede en estos casos, cuando los negocios ocupan sólo la atención de los particulares, el trato se cerró, no nada más con quienes demostraron mayor interés y sustentaron sus planes para el Canal que estaba en juego, sino con quienes ofrecieron más y actuaron con mayor velocidad.
Hoy, Canal 28 es conocido como Cadenatres, a dos años de su compra y a uno de haber salido al aire, muchos somos quienes nos hemos jugado todo por sacar adelante este proyecto, con aciertos y errores (que se perdonan, porque es así como se aprende a mejorar cualquier cosa); muchas han sido las victorias de este Canal y no sólo porque se ha sabido enfrentar a una competencia que no estaba acostumbrada a ello, sino porque también ha hecho ruido en otros medios de comunicación que, impotentes para mermar las actividades de quienes todos los días trabajamos en esta empresa, intentan llenar con meras suspicacias la integridad del grupo empresarial capaz de responder a todas las preguntas.
Sorprende que Sosa Plata cuestione hoy el esfuerzo más importante que se ha realizado para terminar con el duopolio televisivo en nuestro país. Pregunto: ¿cómo se atreve un (hoy sabemos) “seudoexperto” en comunicaciones a escribir lo siguiente: “Entonces se comentó que algo tuvo que ver la llamada ‘pareja presidencial’ en la operación”, sin exhibir ni media prueba de su dicho? (¿será que verter ese tipo de aseveraciones sin probarlas ya es tradición en nuestro país?). De ser así, el señor Sosa Plata hubiera encontrado forma de probar su dicho, pero en realidad el que tiene que explicar sus nexos con los Fox es precisamente el columnista. Y es que nada más y nada menos que su hermano, José Antonio Sosa Plata, fue uno de los principales operadores de Marta Sahagún en la Fundación Vamos México (puesto que se ganó luego de jugar como “doble agente” en las campañas de 2000, después de traicionar a Francisco Labastida para darle toda la información a la campaña de los blanquiazules), además de “venderle”, a la entonces Presidencia foxista, desde cursos de comunicación política hasta encuestas patito levantadas en centros comerciales. Todo pagado, seguramente, con nuestros impuestos. Ello, claro está, después de haber trabajado para Manuel Camacho y de traicionarlo también, con el fin de irse con Colosio y, a la muerte de éste, saltar al equipo de Zedillo y luego al de Labastida y, entonces, al de la “pareja presidencial”…
En fin, que Gabriel Sosa Plata es quien tendrá que responder a esas otras preguntas. Porque no se vale que alguien, ataviado en un falso traje de “experto”, no haga sino comprometer los esfuerzos que se realizan para abrir la competencia televisiva cuando, evidentemente, él sí que parece representar a intereses muy particulares… Y, si no, ¿desde dónde un “académico” habla tan a la ligera, con tan evidente desconocimiento, de un canal de televisión, ignorando todo lo que se refiere a inversión, no sólo financiera sino humana —por no mencionar la periodística, de talento, tecnología, producción, realización, etcétera—, como si todo el esfuerzo de un grupo para traer una nueva opción a las televisiones mexicanas fuera cosa que pudiera demeritarse en un artículo sin carne y sin sustento..? Más bien, que Sosa Plata nos responda: ¿a quién, que nos diga exactamente a quién, le está haciendo tanto ruido Cadenatres a un año de haber entrado al aire?
La Columna Telecom y Medios de Gabriel Sosa

El Universal, 24 de junio de 2008;

Cadena 3: revelaciones a dos años
Raúl Aréchiga, accionista principal de la Compañía Internacional de Radio y Televisión, SA, concesionaria de la frecuencia XHRAE-TV, Canal 28, vivía momentos difíciles
Hace dos años los empresarios Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles, y Raúl Aréchiga Espinoza, radiodifusor y dueño de Aerocalifornia, se ponían de acuerdo sobre los últimos detalles para adquirir el canal 28, una de las pocas frecuencias disponibles para la televisión abierta en el Distrito Federal: Cadena 3.
Raúl Aréchiga, accionista principal de la Compañía Internacional de Radio y Televisión, SA, concesionaria de la frecuencia XHRAE-TV, Canal 28, vivía entonces momentos difíciles. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes había suspendido, desde el 2 de abril de 2006 las operaciones de su empresa Aerocalifornia y, para colmo, la concesión de su canal de tv vencía el 22 de mayo de ese año.
Sólo Aréchiga sabe qué le obligó a vender la televisora a Vázquez Raña, quien con rapidez se convertía en un destacado operador de medios de comunicación al adquirir el grupo radiofónico Imagen en 2004 y el periódico Excélsior a principios de 2006.
Entonces se comentó que algo tuvo que ver la llamada “pareja presidencial” en la operación y que la suspensión de Aerocalifornia se convirtió en pieza de canje, pero también es cierto que el monto ofrecido por Vázquez Raña no era despreciable: finalmente no fueron ni 80 ni 100 millones de dólares, como en su momento se dijo, sino 126 millones de dólares, según la notificación que Administradora Arcángel, división de Grupo Ángeles que opera medios de comunicación, le hizo a la Comisión Federal de Competencia el 31 de julio de 2006.
El 26 de junio de 2006 reinició operaciones Aerocalifornia y el 9 de mayo Aréchiga logra obtener el refrendo de la concesión hasta 2021, al sumarse al acuerdo de política de tv digital. Pero ya todo estaba arreglado. Vázquez Raña se preparaba para entrar a la tv, bajo la “seguridad jurídica” del refrendo.
Aun cuando la compra se había concretado, el 13 de julio, Jorge Cuevas Renaud, en representación de la Compañía Internacional de Radio y Televisión, informó a la SCT la “intención” de traspasar a Administradora Arcángel y a Olegario Vázquez Aldir las acciones de Cits Comunicaciones (empresa mayoritaria de Compañía Internacional de Televisión, propiedad de Raúl Aréchiga), el mismo Jorge Cuevas, Consuelo Martínez, Candelario Serna y Raúl Aréchiga.
El 24 de agosto de 2006, la Cofeco aprueba la adquisición del Canal 28, pero multa por la cantidad de 221 mil pesos a Administradora Arcángel por “no haber notificado oportunamente una concentración que tenían la obligación de hacer previamente a su realización”.
El 28 de mayo de 2007, hace poco más de un año, nació el proyecto de Vázquez Raña: Cadena 3. A partir de ese día comienza y termina una etapa en la televisión. Aunque ha transcurrido poco tiempo de su surgimiento, ya podemos tener una idea de la labor del Canal 28. ¿Qué tanto ha contribuido a enriquecer los contenidos de la televisión? ¿Ha representado una opción frente a Televisa o Televisión Azteca o seguimos en las mismas? Ahí quedan las preguntas.
Cadena 3 dejó tras de sí una larga y azarosa historia de más de 40 años, plagada de irregularidades jurídicas, innumerables promesas incumplidas de inicio de operaciones, un procedimiento de nulidad de concesión, amparos perdidos por el gobierno, demandas por difamación, denuncias en la Contraloría Interna y mucho más, contenidas en un expediente de miles de páginas. En él, hasta una carta de Raúl Aréchiga enviada a Vicente Fox el 20 de septiembre de 2002 en la que acusa de despojo de “su canal” a un grupo de ex funcionarios y funcionarios de SCT.
Atrás quedó la historia de quien fuera accionista mayoritario de la Compañía Internacional de Radio y Televisión, Roberto Nájera Martínez, cuando se obtuvo la concesión del canal en 1964, y quien en julio de 1989 traspasó sus acciones a Raúl Aréchiga para que “gestionara la fianza y/o financiamiento para la instalación y operación del canal”. Diez años después, Nájera acusó a su vez de despojo a Aréchiga, sin que hasta ahora se sepa con claridad a qué acuerdos se llegó con ese traspaso accionario.
Noticias sobre radio. La Séptima Bienal Internacional de Radio, que organiza el Conaculta a través de Radio Educación, está próxima. Por lo pronto, radiodifusoras comerciales y culturales, y productores independientes o toda aquella persona que haga radio, tienen hasta el 18 de julio para inscribir sus producciones al concurso, cuyos ganadores se llevarán 675 mil pesos en premios considerados en las nueve categorías. Vale la pena participar. Más detalles sobre el concurso en www.bienalderadio.gob.mx y www.radioeducacion.edu.mx.
El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), que dirige Héctor Villarreal, continúa transmitiendo en vivo los foros que sobre la reforma energética organiza el Senado. Siga los debates en la frecuencia 710 de amplitud modulada… Otra buena noticia sobre el Imer: Radio Ciudadana tuvo una respuesta favorable a su convocatoria para la recepción de proyectos radiofónicos. En total fueron inscritos 84 proyectos, de los cuales una veintena serán seleccionados para formar parte de la programación de la emisora. Radio Ciudadana transmite en los 660 kilohertz de la banda de amplitud modulada y en internet: www.radiociudadana.imer.com.mx.

Gabriel Sosa Plata es un experto en temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación de la UNAM.
Entre sus obras se encuentran "Historia de las innovaciones tecnológicas de la radio en México" y "Las mil y una radios. Una historia, un análsis actual de la radiodifusión mexicana".
Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa. Socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

Más sobre News Divine

¡Estúpidos!

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Publicado en Excelsior, 25/06/2008;

News Divine: los otros crímenes
Las autoridades capitalinas tardaron por lo menos 48 horas en comprender la profundidad de la crisis que les ha generado la muerte de 12 personas, entre ellas ocho menores de edad, en la tardeada de la discoteca News Divine, en la delegación Gustavo A. Madero. No se trató sólo de un operativo policial marcado por la negligencia y la brutalidad contra jóvenes que no estaban cometiendo delito alguno, sino de la exposición pública de todo un estilo de gobernar negligente y, en muchas ocasiones, corrupto.
Las imágenes distribuidas y los testimonios de los sobrevivientes y los vecinos no dejan lugar a duda sobre la responsabilidad de las fuerzas policiales capitalinas en la muerte de los jóvenes. Los dueños del lugar podrán haber violado los reglamentos, pero no provocaron esas muertes: las provocaron los policías que intervinieron sin ningún sentido lógico, orquestaron un operativo dirigido contra los jóvenes, no contra los dueños del local y que, por eso, impidieron que los muchachos salieran del lugar. Jóvenes a quienes persiguieron, golpearon, robaron y vejaron. La idea era castigarlos a ellos, no a los dueños que venían trabajando con impunidad desde hace años.
Ello lo demuestra, además, la declaración del diputado perredista Andrés Lozano, quien fue el responsable jurídico y de gobierno de la delegación Gustavo A. Madero, mano derecha del actual jefe de policía, Joel Ortega, y quien renovó el permiso para la operación del News Divine en 2002. Andrés Lozano aceptó haber renovado ese permiso sin realizar ninguna inspección, pero en su descargo dijo que lo hizo porque había “orden” de renovar todos los permisos de las discotecas y los giros de esa naturaleza. ¿Quién dio la orden, la delegación o el gobierno capitalino? Porque quien la haya dado estaba violando en forma flagrante la ley y renovando en automático las licencias de los llamados giros negros, sin ninguna inspección de por medio, casualmente a unos meses de las elecciones de 2003. Si lo que dice Lozano en su descargo es verdad, existe una responsabilidad directa y mayor, del entonces delegado Joel Ortega o de quien era su jefe, Andrés Manuel López Obrador.
Se ha presentado como argumento, lo hicieron el mismo Andrés Lozano y las actuales autoridades capitalinas, que no existen inspectores suficientes para revisar este tipo de negocios: a cada inspector, se lamentan, le tocan 166 lugares. Parece demasiado, pero no lo es: para asegurarse de que existen las medidas sanitarias y de seguridad es suficiente con una inspección y ésta no tiene por qué hacerse día con día. Asumiendo que esa sea la cifra real que le toca a cada inspector estamos hablando de que, aun cuando hicieran sólo una inspección diaria, podrían revisar cada local por lo menos dos veces al año. Y una inspección al día, para alguien que supuestamente trabaja ocho horas, no debe ser un esfuerzo demasiado intenso. Pero es peor aún, porque este local ya tenía denuncias previas y, sin embargo, seguía funcionando sin problemas. ¿Quién es el responsable?
Uno de los capítulos indignantes de todo esto son las violaciones cometidas contra los jóvenes incluso después de los hechos ocurridos dentro del local. Fueron perseguidos, golpeados, robados, detenidos: los testimonios de las jovencitas desnudadas “para su revisión”, haciéndolas poner en pose y girar para los agentes en las oficinas del Ministerio Público que las observaban, es tan indignante como la declaración del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al decir que son ellas las que tienen que demostrar que eso realmente sucedió. Por suerte, el tema está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que encabeza Emilio Álvarez Icaza y está decidida a participar a fondo en la investigación de los hechos y ya ha comenzado a recabar todos los testimonios.
Pero también es indignante un argumento que han comenzado a manejar desde el domingo en el gobierno capitalino. Dicen que en realidad la responsabilidad es de los padres que permitieron a los jóvenes participar en esa fiesta. Es un argumento fascistoide. Los jóvenes no estaban en un lugar perdido y clandestino a las tres de la mañana: se encontraban en su colonia, en una tardeada en un local cuyo funcionamiento estaba permitido por las autoridades. El operativo se desarrolló a las cinco y media de la tarde, quienes había dentro del local eran jóvenes menores de edad que estaban festejando el fin del curso. Puede ser que se hayan vendido bebidas alcohólicas, mas lo cierto es que el lugar abrió a las cuatro y se llenó a las cinco y, en media hora de consumo, resulta difícil de asumir que el alcohol haya sido el responsable de los hechos. Y los testimonios surgidos demuestran que, sobre todo, se vendió cerveza. Dentro del lugar, entre la concurrencia, había agentes “encubiertos” que estaban en comunicación con sus jefes (y ahora resulta que los alcoholizados eran esos personajes) y sabían perfectamente cómo estaban las cosas y el hacinamiento en ese sitio, un espacio eminentemente popular, cuyo cover era de apenas 25 pesos. ¿Quién no ha ido a una tardeada a festejar un fin de curso?, ¿de qué son responsables los padres? Un informe del Gobierno capitalino deslizaba, como si fuera un pecado, que una de las jóvenes víctimas era hija de una mujer que trabajaba en un table dance e incluso que entre el público había teiboleras. ¿Qué tiene que ver?, ¿qué hace diferente el hecho de que fueran bailarinas o hijos de obreros?, ¿existe algún argumento más racista y discriminador?
Hasta ahora se ha buscado, de todas formas, deslindar a altas autoridades de su responsabilidad o hacer recaer ésta en funcionarios menores. Igual ocurrió con el incendio del Lobohombo y con la muerte de los policías en Tláhuac, donde participaron muchos de los mismos protagonistas de esta historia indignante de violencia y discriminación, protagonistas más preocupados por su futuro político que por la ciudad y sus habitantes.