21 ago 2008

Discurso del Presidente Calderón

Discurso del Presidente Calderón en la XXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Palacio Nacionmal, 21 de Agosto de 2008
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Diputada Ruth Zavaleta, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Señoras y señores titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas: Gobernadores y Jefe de Gobierno.
Señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo de Seguridad.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales, religiosas.
Señores representantes de los medios de comunicación.
Ciudadanos.
Señoras y señores:
Agradezco su asistencia a esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ha sido convocado para atender un asunto de la mayor urgencia y relevancia para la Nación.
Este Consejo es la instancia superior de coordinación en la cual estamos llamados a tomar los acuerdos necesarios para dar respuesta al reclamo más urgente de los ciudadanos: recuperar las condiciones mínimas de seguridad que requieren para vivir en paz.
Los ciudadanos nos exigen, con toda justicia, que las autoridades pongamos un freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades, la cual ha emprendido una ofensiva violenta contra la sociedad en su intento por mantener impune su actividad.
Hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos.
Además de nuestros propios errores u omisiones, México padece hoy las consecuencias de muchos años de indolencia o corrupción ante el cáncer de la criminalidad, que se fue enquistando en diversos órdenes o comunidades de la geografía nacional, hasta ser vista como parte nuestra vida cotidiana.
Este cáncer, ignorado en su génesis y desarrollo por largo tiempo, ahora amenaza el bienestar y el futuro de nuestras familias, y es un desafío para la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
No se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entendamos como ajenas. La verdad es que todos somos responsables.
Se trata de reflexionar y reconocer que la forma tradicional de combatir a la inseguridad ha sido insuficiente y que ha llegado la hora de actuar de manera mucho más coordinada y mucho más vigorosa entre nosotros y de cara a la sociedad.
Con todo, hoy contamos con nuevas herramientas para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Tenemos un marco jurídico que establece las bases para un sistema de procuración e impartición de justicia más eficaz.
Se trata de la recién aprobada Reforma Constitucional en Materia Penal que debe enmarcar la Estrategia Nacional de Seguridad que pusimos en marcha, a partir de su aprobación en este Consejo de Seguridad.
Esta Reforma nos permite a los tres órdenes de Gobierno y a los tres Poderes de la Unión, asumir la guerra frontal contra la delincuencia como lo que debe ser: un asunto de Estado, un asunto de seguridad nacional; frente a la tentación de ignorar o minimizar el problema de la inseguridad pública, debemos optar claramente por reconocerlo y encararlo con toda determinación.
Debemos hacerlo aplicando toda la fuerza del Estado con una estrategia integral y de largo aliento.
Una de las mayores causas de indignación y frustración entre los ciudadanos lo constituye la impunidad en la que actúan los delincuentes debida a diversos factores; uno de ellos, la incapacidad de las autoridades para realizar una eficaz investigación de los delitos, sea por falta de preparación, sea por falta de recursos o, incluso, por falta de compromiso verdadero para hacerlo.
Otra razón es que la grave impunidad que enfrentamos se vincula también al grado de encubrimiento o de franco involucramiento con el que cuenta la criminalidad en algunos cuerpos policiacos o en servidores públicos de distintos niveles, que por intimidación, la mayoría de las veces, o por cooptación en otras, ha dado paso franco a la acción de grupos criminales.
Es fundamental que el ya basta, expresado por la ciudadanía, lo sepamos traducir en acciones concretas, que restituyan la confianza en nosotros y en las policías encargadas de cuidarnos.
Debemos frenar a la delincuencia: un primer paso es sacarla de nuestra propia casa.
Un fenómeno que observamos es que los criminales, a partir de su incrementada capacidad de fuego y de la impunidad, pretenden tomar el control de zonas, ciudades, pueblos o regiones del país.
Es fundamental que diseñemos estrategias que nos permitan recuperar, en favor del Estado mexicano, el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes.
Por ello, es fundamental adoptar un nuevo modelo de formación policial en los tres Órdenes de Gobierno, para crear una nueva generación de policías, con elevados estándares de ética, profesionalismo y capacitación, que cuenten, además, con las mejores tecnologías y el mejor armamento para combatir al crimen.
Ese nuevo modelo, debe permitirnos depurar, profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiacos, para contar nuevamente con policías confiables para gobernantes y para gobernados.
Policías que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes, que combatan a la delincuencia y no se hagan cómplices de ella o la ignoren deliberadamente. Esta afirmación, que es tan elemental: policías que cuiden a los ciudadanos, es a la vez clave para el éxito o el fracaso de nuestro propósito común.
Adicionalmente, para ganar la guerra que la criminalidad ha desatado contra la sociedad, es fundamental que el Estado se provea de todos los instrumentos que le permitan adquirir superioridad técnica, logística o de armamento, para ello debemos replantearnos las capacidades de operación y de acceso tecnológico de las policías del país. En mi opinión, debemos avanzar mucho más rápido en consolidar el Sistema Único de Información Criminalística.
La lucha contra la delincuencia sólo se puede ganar con información precisa, con inteligencia construida a partir de esa información, con estrategia integral y con inteligencia policial.
Escalar el armamento con el que puedan contar policías, de quienes nos hayamos asegurado de su confiabilidad y aumentar los recursos presupuestales destinados a la seguridad en los tres Órdenes de Gobierno.
Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas en las investigaciones criminales para resolver los delitos, terminar con la impunidad y combatir a la delincuencia más eficazmente.
Por otra parte, tenemos que replantear el trabajo público a partir de una política de prevención social del delito, mucho más audaz, mucho más activa y mucho más eficaz.
Esta batalla la tenemos que ganar, no sólo persiguiendo a los criminales, sino evitando que nuestras familias, que ciudadanos, que los jóvenes, sean presa fácil de sus intereses; la tenemos que ganar recuperando espacios públicos que hoy están en poder de la delincuencia, defendiendo nuestras escuelas, a los niños y a los jóvenes de la delincuencia, librándolos de las drogas, del vandalismo.
Proporcionarles, también, oportunidades de superación, de deporte, de entretenimiento y de trabajo en zonas de mayor vulnerabilidad al delito.
Un elemento clave que ha estado ausente de nuestras consideraciones y políticas es la participación de los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos ocupen el espacio de participación al que tienen derecho y que reclaman, y que no se los hemos proporcionado adecuadamente.
Hoy se requiere no sólo policías que vigilen a los ciudadanos, sino paradójicamente, por la situación a la que hemos llegado, también ciudadanos que vigilen a las policías.
Necesitamos ciudadanos que nos ayuden a recomponer el tejido social destruido por la delincuencia y cuya carencia a la vez es campo propicio para su expansión y para mayor criminalidad.
Ciudadanos que denuncien la corrupción en los gobiernos, y que nos proporcionen información de quiénes son y qué hacen los criminales que los acosan a diario.
Y, además, posibilitar que hagan y entreguen esta información sin que corra riesgo su integridad física y la de su familia.
Esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados entre nosotros; mucho menos puede ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas.
Tampoco puede ser producto de la improvisación. La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo en donde encuentre la plena coordinación de nosotros, a fin de atender sus demandas más sentidas en seguridad pública.
Es por ello que, en cumplimiento del deber de Presidente de la República, hemos impulsado una lucha frontal contra organizaciones criminales para enfrentar con firmeza y determinación este mal, porque sabemos que lo que está en juego es el presente y el futuro de México.
Sin embargo, sólo podremos ganar la guerra a la delincuencia y al crimen si contamos con el compromiso y la participación de todos y cada uno de quienes conformamos el Estado mexicano y sus órganos representativos, los órganos de Poder y los niveles de Gobierno.
El desafío es indiscutible e inaplazable. No tenemos tiempo que perder ni esfuerzo o recursos que escatimar.
Hoy, la situación que vive la ciudadanía nos exige y nos convoca a todos: al Ejecutivo Federal, al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, a las autoridades y congresos estatales, a los cabildos y presidentes municipales, a los partidos políticos, al sector productivo, a los empresarios y a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las asociaciones religiosas, a las instituciones académicas y a todos los ciudadanos, a fin de concretar acciones concretas para enfrentar la delincuencia.
Por eso hemos sido convocados por el empuje de la ciudadanía y por eso hoy convocamos a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En esta Sesión de Consejo tenemos oportunidad de formalizar los primeros compromisos concretos que nos permitan atender la urgente tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Construir un acuerdo que contribuya a la integralidad de la Estrategia Nacional de Seguridad, un acuerdo que contemple políticas para la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la readaptación social; que tenga como prioridad la participación ciudadana, la generación de inteligencia policial y el empleo de modernas tecnologías en el combate al delito.
Que contemple la modernización de la legislación en la materia, el establecimiento de mecanismos para el control de confianza de los miembros de las policías y las instituciones de seguridad y justicia.
Así, este Acuerdo Nacional propone que asumamos, entre muchos otros, compromisos en temas de vital importancia como los siguientes:
Que los tres órdenes de Gobierno tomemos medidas contundentes y marcadas por plazos perentorios para la depuración y certificación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Que diseñemos y pongamos en práctica una estrategia nacional antisecuestro y la formación de unidades estatales especializadas sobre este delito o el fortalecimiento de las muchas que ya existen en el país.
La creación de nuevos centros federales de readaptación social de alta seguridad con módulos especiales para secuestradores.
El fortalecimiento del Sistema Único de Información Criminal para contar con inteligencia policial y tecnología.
El diseño de sistemas que permitan la ubicación en tiempo real de teléfonos móviles utilizados por los delincuentes para sus actividades.
Un sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales o locales, en seguridad y procuración de justicia; mejores instrumentos de denuncia anónima, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de recompensa.
Medidas para la prevención, como la recuperación organizada de espacios públicos, la protección de escuelas y comunidades educativas, y la prevención y el tratamiento de adicciones.
El Acuerdo Nacional busca formalizar el compromiso del Poder Legislativo para dictaminar y resolver, en el ámbito de su competencia, iniciativas que permitan poner en práctica reformas al Sistema de Seguridad y Justicia Penal, o establecer legislaciones tales como una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es fundamental que los medios de comunicación también se sumen a esta lucha por un México más seguro, y permitan que los contenidos que difunden fortalezcan la cultura del respeto a la legalidad, de la denuncia y de la prevención del delito y eviten la difusión de programas que hagan apología del mismo.
Finalmente, uno de los elementos torales de este Acuerdo propone la creación de un
observatorio ciudadano que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de nuestro compromiso para que sea la sociedad misma, los ciudadanos, quienes den seguimiento puntal a nuestras acciones y reconozcan o sancionen a las autoridades que cumplan o no con sus tareas.
Más allá de divisiones de competencia, todos los actores debemos unirnos en lo esencial.
Debemos coordinarnos para enfrentar de raíz la espiral de violencia que ha envuelto de miedo a muchas de nuestras comunidades.
Debemos unirnos para recuperar el control que el Estado nunca debió ni debe perder sobre su territorio.
Hay que hablar claro, la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le fue brindando la impunidad; impunidad que se ha abierto camino en medio de nuestras insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas.
Impunidad que, aprovechándose de una mala entendida división de competencias entre autoridades y Órdenes de Gobierno, ha encontrado el camino a sus anchas para delinquir.
Impunidad que se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas o de investigar, o de procurar o de impartir justicia.
Impunidad que ha avanzando, plaza por plaza, debido al miedo, a la intimidación y por desgracia, también, a la corrupción, en algunos casos, de autoridades o quienes han decidido darle cobijo a los delincuentes.
Por ello, no debemos olvidar que la función misma de la autoridad es actuar con la mayor diligencia en la tarea de servir a los ciudadanos.
Como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía.
Señoras y señores:
De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones. Debe quedar claro que este Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es una respuesta de Estado con compromisos concretos que requieren ser verificados en su cumplimiento en el tiempo, es una respuesta a un reclamo justo, cuya atención no podemos posponer más.
El futuro de México depende en gran medida de la capacidad que hoy mostremos para construir los acuerdos, y el día de mañana para seguir con una estrategia constante, perseverante, permanente, para recuperar la seguridad perdida en el país.
Con unidad México vencerá al flagelo de la delincuencia, porque somos más, muchos millones más quienes estamos dispuestos a luchar por la seguridad de nuestros hijos y por el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a vivir en una Nación de libertades, de orden, de legalidad y de paz.
Yo estoy seguro de que con unidad, los mexicanos vamos a construir el México seguro y libre de violencia que queremos para nuestras familias y que queremos legar a las generaciones por venir.
Sea éste el principio de un gran esfuerzo nacional, un gran esfuerzo de Estado, para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Bienvenidos y enhorabuena.

El Ministro Ortiz Mayagoitia, compromisos

DISCURSO DEL MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL ACTO DE EMISIÓN DEL “ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA”
CIUDAD DE MÉXICO, AGOSTO 21 DE 2008
SEÑORAS Y SEÑORES:
El Poder Judicial de la Federación asume con absoluta responsabilidad, en el ámbito de sus facultades y competencias constitucionales, los retos que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
Estamos concientes del difícil momento que vivimos y de la necesidad de enfrentarlo de manera coordinada, con unidad y con visión de Estado.
Por eso estamos aquí, atendiendo el reclamo de la sociedad y la convocatoria del Jefe del Estado Mexicano, con pleno respeto a la división de poderes y a las competencias de cada órgano constitucional.
Acudo por primera vez al Consejo Nacional de Seguridad Pública – al que no pertenece el Poder Judicial de la Federación – porque hoy es el foro propicio para dar a conocer públicamente compromisos puntuales desde nuestras respectivas funciones.
Es plausible la iniciativa para emitir el documento que lleva por título “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”. Más que un pacto, se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume, en el ámbito de sus propias atribuciones.
Son metas que se suman y se agregan en torno de una misma causa: superar la situación en que se encuentra la seguridad pública y generar condiciones de tranquilidad y certeza – con legalidad y justicia – para la sociedad.
El Poder Judicial de la Federación – debo decirlo – no ha tenido participación en las propuestas y compromisos de quienes concurren a esta convocatoria, y desde luego, tampoco se le ha impuesto alguno.
Acudo con plena libertad y autonomía a este respetuoso encuentro, para hacernos cargo de la atención que la sociedad demanda de todos y cada uno de quienes ejercemos funciones de autoridad.
Concurrimos a dar respuesta a un sensible y natural reclamo social.
Es muy importante expresar a la sociedad que debemos velar por nuestras libertades constitucionales. Las acciones de gobierno que se anuncian, pueden ser objeto de alguna impugnación. Al Poder Judicial de la Federación le tocará resolver con apego a derecho. Por eso todas las acciones deben observar, invariablemente, lo que la Constitución y las leyes dispongan.
Como todos saben, la tarea sustantiva de los juzgadores es dictar resoluciones justas, imparciales y apegadas a derecho. Las sentencias no pueden ser objeto de convenio, ni pueden ser el resultado de una política pública o de una decisión preestablecida.
Son y deben ser la expresión imparcial del derecho. La Constitución es el referente del juez y sólo de ella debe rendir cuenta en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
Pero desde la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial federal, haremos todo lo que está a nuestro alcance para responder eficientemente a nuestros retos como nación.
En este acto, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, vengo a comprometer un esfuerzo adicional y renovado, para que las políticas judiciales mejoren la impartición de justicia en el país y contribuyan en las soluciones que necesitamos.
Queremos dejar muy claro que la sociedad cuenta con el Poder Judicial de la Federación.
Los ministros, consejeros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, y todos los funcionarios de la judicatura federal, trabajamos con esmero – y lo haremos más – por hacer valer las leyes y la Constitución por sobre todas las cosas.
Sabemos que todos los órganos públicos debemos analizar y evaluar nuestro trabajo, nuestros resultados y nuestros procesos, para ser más eficientes, más ágiles en la respuesta, y para prevenir y corregir deficiencias y males, como la corrupción y la impunidad.
En el Poder Judicial de la Federación, estamos comprometidos con los cambios y evoluciones institucionales.
La reciente reforma constitucional en materia penal, prevé una instancia de coordinación en la que participaremos. Ese será un foro constitucional para avanzar en la transformación de corto y mediano plazo que comenzó este año.
Seguiremos con atención los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para llevar al seno del Consejo de la Judicatura Federal, todos los temas o propuestas que pudieran ser apoyados con alguna medida administrativa, desde el Poder Judicial de la Federación.
Como es sabido, el Poder Judicial de la Federación ha sido participativo y ha aportando propuestas de fortalecimiento y modernización de la justicia, como las que se encuentran en el "Libro Blanco de la Reforma Judicial".
Ahora, con el mismo espíritu participativo, en el marco de este evento, hacemos públicos diez compromisos puntuales que, en su momento, fueron debidamente discutidos y aprobados en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien autorizó también que formen parte del importante documento que hoy nos reúne.
Esos diez compromisos son:
1. Transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño, a los que tendrá acceso la sociedad.
2. Se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales, en los circuitos con mayor carga de trabajo, para atender con mayor calidad y rapidez, los procesos judiciales.
3. Se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, entre otras providencias.
4. Se impulsará la celeridad en los procesos. Para ello, facilitaremos la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos.
5. Se fortalecerá la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal. Para evitar que las amenazas y la violencia afecten sus decisiones, se contará con herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor.
6. Se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
7. Se intensificará la capacitación y especialización de Jueces en materia penal, particularmente en materia de proceso orales.
8. Se continuará la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes y en procesos orales, para hacer frente de forma efectiva, a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la constitución.
9. Se fortalecerá el control de los procesados. Instalaremos en todo el país un Sistema Biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para hacer más estricto el cumplimiento de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial.
10. Se sistematizará la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, mediante la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial, en el que aprovecharemos el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). Esta iniciativa contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad de los jueces.
Estos son los diez compromisos que el Poder Judicial de la Federación suscribe de cara a la sociedad. Con transparencia, responsabilidad y con la convicción de rendir cuentas
Señoras y señores:
En mi informe anual de actividades, el próximo mes de diciembre, daré cuenta puntual del grado de avance y cumplimiento de cada una de estas acciones.
Los desafíos de nuestros tiempos demandan firmeza en las acciones de gobierno. La fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones. Toda estrategia de seguridad pública debe respetar el estado de derecho y las garantías individuales consagradas en la Constitución.
La democracia constitucional debe ser segura para todos.
Velar por la supremacía de la Constitución y por la legalidad de las acciones públicas, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, como lo manda el artículo 97 de la Carta Magna, es el más profundo compromiso de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación: esa es nuestra misión y nuestro mandato.
Esa es nuestra misión, ese es nuestro mandato en la democracia constitucional. Esa es
nuestra principal aportación para la seguridad, la legalidad y la justicia

Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Lectura del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a cargo del Licenciado Roberto Campa Cifrián, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Palacio Naciona, jueves, 21 de Agosto de 2008
En el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben: Poderes Ejecutivos Federal y estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia.
Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.
El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida.
Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, problemas desatendidos a lo largo de décadas.
Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. En muchos casos la delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias enteras y comunidades.
El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner un alto al crimen y a la inseguridad que se han incrementado a lo largo de los años y que minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones.
Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.
Un acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y, como ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia, y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.
Para ello se debe partir de las siguientes premisas:
1. La política de seguridad es una política de Estado.
2. La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.
3. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe hacer la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo a las metas y a los tiempos acordados.
4. El Acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, a la sociedad civil y a sus organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.
5. De la misma manera el éxito del Acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de comunicación para que en el marco de la libertad de expresión se promueva la cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia de las acciones de las autoridades.
6. Cada compromiso particular suscrito por los firmantes del Acuerdo deberá ser del conocimiento de la sociedad y deberá incluir mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.
7. Es necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.
8. El Acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que trascienda la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben.
Hoy más que nunca, se debe consolidar a la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos –a las autoridades y a la sociedad– y los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.
Al mismo tiempo, resulta impostergable la actuación coordinada entre todas las autoridades, en el marco del federalismo, de una actuación conjunta que asuma como premisa fundamental la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.
Durante los últimos meses, se han realizado esfuerzos institucionales conjuntos para poner un alto a la acción del crimen organizado. Se están tomando medidas para fortalecer la capacidad del Estado y se realiza un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e inteligencia policial con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública.
Además, gracias a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo marco legal propicio para dar un renovado impulso a los procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia.
Este momento brinda al Estado y a la sociedad la oportunidad de establecer un acuerdo que tiene un carácter eminentemente nacional, que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores.
En él se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como los responsables para cada uno de los compromisos. Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este Acuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en consecuencia un realineamiento en las prioridades presupuestales. Demanda también un ejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin en todos los poderes y órdenes de gobierno.
El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que se plantea, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno, y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia.
Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.
CONSIDERANDOS
Los mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas, hemos decidido unir nuestras fuerzas, considerando:
Que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades.
Que ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, los mexicanos exigen una coordinación y cooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica.
Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
Que la sociedad mexicana reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad pública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro.
Que la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar instituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas.
Que la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social.
Que sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro, en el cual las familias puedan superarse y vivir en paz, hemos decidido suscribir el siguiente:
ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD
Naturaleza del Acuerdo y Objetivo del mismo Artículo 1.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
I. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
1.1 Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.
Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados. Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación, e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados.
• Tiempo de ejecución: 1 Año
1.3 Sujetar a evaluación permanente y de control de confianza, a través de organismos certificados, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de Aduanas y de los centros de readaptación social federales. Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.
• Tiempo de ejecución: un año
1.4 Establecer un sistema nacional de desarrollo policial.
La Secretaría de Seguridad Pública (en coordinación con las entidades federativas) se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país.
• Tiempo de ejecución: 6 meses a partir de la promulgación de la legislación pertinente.
1.5 Establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores.
La Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.
• Tiempo de ejecución: 2 años. • Tiempo de ejecución para ministerios públicos federales: 1 año.
II. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, el Poder Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
• Tiempo de ejecución: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
III. Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno. En especial se apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro.
La PGR y la Secretaría Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Esa estrategia incluirá la elaboración de programas tipo, de acuerdo a la realidad de las entidades federativas y el diseño de cursos, talleres y seminarios de capacitación para cada entidad y a mantener una capacitación continua.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, en coordinación con entidades federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de Gobierno en el marco de la legislación que determine el Congreso de la Unión.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
El Gobierno Federal asume el compromiso de fortalecer a la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y equipamiento.
• Tiempo de ejecución: 18 meses.
IV. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero. Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
Asimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar y presentar la iniciativa para regular transacciones en efectivo.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
V. Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.
La Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
VI. Fortalecer y consolidar las redes de atención a victimas del delito a nivel nacional.
Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el DIF-Nacional y la Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios con entidades federativas e instancias de la sociedad civil y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio efectivo de información entre instituciones y órdenes de gobierno. • Tiempo de ejecución: 6 meses.
VII. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a emitir o en su caso promover un instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
VIII. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089)
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Salud, Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar a las entidades federativas para poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
IX. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia.
Las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación de la denuncia y procedimientos de sanción.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
X. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública, para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en consulta con las entidades federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunos de los principales objetivos de la ley son las directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes; regular la implementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer las reglas generales para la administración de los fondos de ayuda federal.
• Tiempo de ejecución: Presentar la iniciativa en septiembre de 2008.
XI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.
La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
XII. Expedir la Cédula de Identidad.
La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal y que sirva de base para el propósito de identificación personal en los trámites más relevantes.
• Tiempo de ejecución: 3 años.
XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario.
La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta seguridad incluyendo módulos especiales para secuestradores.
• Tiempo de ejecución: 2 años.
XIV. Revisar el Socorro de Ley.
La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar, junto con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación social estatales.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XV. Fortalecer el sistema de aduanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos.

• Tiempo de ejecución: 2 años.
XVI. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan las capacidades del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a elaborar proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo federal presente ante el Congreso de la Unión las siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y organización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera de la corporación; Ley Orgánica de Procuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la Federación y la policía, así como su modernización institucional; Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a bienes producto de delitos de alto impacto; Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que han entrado en vigor.
• Tiempo de ejecución: Presentar antes de octubre de 2008.
XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir al delito.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las Entidades Federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
XVIII. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.
La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a poner en operación un módulo de información específica relacionada con el delito del secuestro.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XIX. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia.
Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e instituciones federales que combaten a la delincuencia.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
XX. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.
Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los medios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
XXI. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.
La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de 300 puntos y cobertura nacional.
• Tiempo de ejecución: 31 de diciembre de 2008.
Asimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
XXII. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.
La Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos 1,000 espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.
• Tiempo de ejecución: 1 año
XXIII. Fortalecer el Programa Escuela Segura.
La Secretaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de 13,500 escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en escuelas privadas.
• Tiempo de ejecución: 1 año
XXIV. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública.
Las secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
XXV. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública
El Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XXVI. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.
La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia para que cuente con reconocimiento y liderazgo social.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
XXVII. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.
La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas a formular el protocolo y a participar en la evaluación y el seguimiento.
• Tiempo de ejecución: 2 meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano.
XXVIII. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.
La Secretaría de Educación Pública se compromete a fomentar desde la currícula escolar, la promoción de la cultura de la legalidad y la promoción de valores cívicos.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
Artículo 3.- Que el Poder Legislativo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXIX. Dar trámite legislativo a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública sean presentadas antes del día primero de octubre en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.
XXX. Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo así como reglas que permitan su aplicación eficaz.
El Congreso de la Unión se compromete a legislar en materia de narcomenudeo.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.
XXXI. Prever en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales reglas para impedir la pre-liberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia. El Congreso de la Unión se compromete a legislar una reforma al marco jurídico vigente.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal. XXXII. Impulsar una ley general del delito del secuestro.
El Congreso de la Unión se compromete a presentar una iniciativa, dictaminar y votar una ley general del delito del secuestro.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.
XXXIII. Velar a fin de que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas y acciones en materias de seguridad pública y procuración de justicia.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a que en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se revisen las prioridades presupuestales a fin de que el Estado cuente con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.
XXXIV. Mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las policías estatales y municipales, así como para la prevención social del delito.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XXXV. La Cámara de Diputados se compromete a que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo revisiones y auditorías a las 32 entidades federativas.
La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, se compromete a auditar la aplicación de los recursos federales por las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública y procuración de justicia.• Tiempo de ejecución: 1 año.
Artículo 4.- El Poder Judicial de la Federación se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXXVI. A Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares.
El Consejo de la Judicatura Federal creará y sistematizará indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y en su caso, las propuestas y mejoras que para una mejor impartición de justicia.
• Tiempo de ejecución: 4 meses.
XXXVII. Instalar nuevos juzgados y tribunales federales.
El Consejo de la Judicatura Federal instalará más órganos judiciales en los circuitos con mayor carga de trabajo para el mejor cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación.
• Tiempo de ejecución: 14 meses.
XXXVIII. Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades.
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá juzgados de control, con residencia en el Distrito Federal, que estarán facultados para emitir órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, con tecnología informática que les permita proteger la confidencialidad y dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes en todo el país.
• Tiempo de ejecución: 4 meses.
XXXIX. Favorecer la celeridad en los procesos.
El Consejo de la Judicatura Federal concentrará a las personas sometidas a procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos. Se dará competencia en todo el país a los juzgadores ubicados en los lugares que cuentan con reclusorios de alta seguridad.
• Tiempo de ejecución: 30 días.
XL. Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.
El Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con autoridades estatales y federales, contará con herramientas y servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de los juzgadores federales que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de delincuencia organizada para evitar que el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.
• Tiempo de ejecución: proceso permanente.
XLI. Fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
El Consejo de la Judicatura Federal profundizará y mejorará los procedimientos de concurso para que sean más transparentes y se designe a los aspirantes más aptos para encargarse de impartir justicia en materia penal, a partir de su conocimiento y experiencia.
• Tiempo de ejecución: 30 meses.
XLII. Intensificar la capacitación y especialización de Jueces en materia penal.
El Consejo de la Judicatura Federal impartirá capacitación constante, moderna y especializada para quienes ya ocupan un cargo dentro del poder judicial de la federación.
• Tiempo de ejecución: permanente.
XLIII. Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.
El Consejo de la Judicatura Federal hará frente de forma efectiva a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la Constitución.
• Tiempo de ejecución: 30 meses.
XLIV. Fortalecer el control de los procesados.
El Consejo de la Judicatura Federal instalará en todo el país un Sistema Biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para asegurar que cumplan con su obligación de presentarse personalmente ante la autoridad judicial con apoyo tecnológico que permita su plena identificación y control.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XLV. Sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades.
El Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y las autoridades estatales y federales, coordinará la suscripción de convenios para la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial que permita recopilar, ordenar y compartir información con las autoridades y la sociedad, en relación con los procesos judiciales estatales y federales, que contenga datos sobre las etapas de los juicios y su duración; los delitos y sentencias, entre otros asuntos. Se aprovechará el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Dicha información también contribuirá a la transparencia y a la rendición de cuentas de la actividad de los jueces.
• Tiempo de ejecución: 2 años.
Artículo 5.- Los gobiernos de las entidades federativas a través de sus Titulares se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
XLVI. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
1.1 Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear y/o fortalecer un centro de evaluación y control de confianza certificado en su entidad.
• Tiempo de ejecución: 1 año
1.2 Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a sujetar a una evaluación permanente y de control de confianza, a través de un organismo certificado, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social.
• Tiempo de ejecución para someter a exámenes al responsable y al primer nivel de mando, y a todos los integrantes de las unidades antisecuestro: 6 meses. En caso de no contar con un centro de control de confianza certificado el gobierno federal realizará los mismos.
1.3 Las Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas se comprometen a perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de los propios mandos.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
1.4 Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.5 Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el sistema nacional de desarrollo policial y a condicionar la permanencia en instituciones a la aprobación de evaluaciones y control de confianza.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.6 Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y a condicionar la permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
XLVII. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
• Tiempo de ejecución: Incluido en el Presupuesto 2009 de cada entidad. XLVIII. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear unidades integradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y adscribir un enlace permanente con la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
XLIX. Adecuar la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional.Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a presentar en su congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley General de del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión.
• Tiempo de ejecución: 6 meses después de la aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Unión.
L. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y ex- policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, registro de armamento. Asimismo, se comprometen a aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y generar mapas geodelictivos.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
LI. Desarrollar programas por entidad federativa que incorporen el componente social de la Estrategia de Seguridad.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, se comprometen a colaborar con la Secretaría de Desarrollo Social, para cumplir con las metas anuales, así como para aplicar de manera oportuna los recursos federales y estatales al Programa de Rescate de Espacios Públicos en cada entidad federativa, que tiene como objetivo apoyar la rehabilitación de espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.
Asimismo, se comprometen a colaborar con la Secretaría de Educación Pública para cumplir las metas anuales, así como la aplicación oportuna de los recursos federales y estatales del Programa Escuela Segura.
Simultáneamente, se comprometen en coordinarse con la Secretaría de Salud para cumplir las metas anuales, así como la aplicación oportuna de los recursos federales y estatales del Programa Centros de Atención Primaria Nueva Vida, el cual atiende a personas con problemas de adicciones.
• Fecha ejecución: 31 de diciembre de 2008.
LII. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
• Tiempo de ejecución: 3 meses.
LIII. Establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear una instancia concentradora de información, incluyendo mecanismos de observación ciudadana.
• Tiempo de ejecución: 1 año
Artículo 6.- Las Asociaciones de Alcaldes se comprometen a promover entre sus miembros los siguientes objetivos:
LIV. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.1.1. Los municipios del país, con el apoyo de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública de su estado y de los Centros estatal y nacional de Evaluación y Control de Confianza, se comprometen a desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la policía municipal y de sus propios mandos.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.2 Los municipios del país, con el apoyo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, se comprometen a sujetar a una evaluación permanente y controles de confianza al personal de la policía municipal y centros de readaptación social. Este punto será obligatorio para todos los municipios.
• Tiempo de ejecución para los municipios del SUBSEMUN someter a exámenes a mandos y personal de análisis: 1 año.
• Tiempo de ejecución para los municipios restantes: 2 años.
1.3 Los municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, se comprometen a condicionar la permanencia de los policías a la aprobación de evaluaciones de control de confianza.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
1.4 Los municipios del país, con el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se comprometen a instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación y retiro de los policías.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
LV. Interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México para el registro, acceso y análisis de información sustantiva.
Los municipios del país se comprometen a conformar bases de datos de: estado de fuerza, equipamiento e infraestructura; a incorporar la información municipal con sistemas y metodología homologados; además de aplicar el Informe Policial Homologado.
• Tiempo de ejecución: 6 meses para los 150 municipios del SUBSEMUN
• Tiempo de ejecución para el resto de los municipios: 2 años.
LVI. Programa permanente de desarrollo de procedimientos policiales.
Los municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Ejecutivo Estatal se comprometen a desarrollar e instrumentar protocolos de operación homologados.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
LVII. Actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el cardex de la Plataforma México.Los municipios del país se comprometen a regularizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego para que únicamente el personal en activo esté amparado en la licencia colectiva.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LVIII. Actualizar y adecuar las normas municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública.
Los municipios del país se comprometen a actualizar las disposiciones de policía y buen gobierno en materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de barandilla.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LIX. Desarrollar un programa municipal que incorpore el componente social de la estrategia de seguridad.
Los municipios del país se comprometen a instrumentar programas locales en las vertientes social de la seguridad, educación, salud y prevención y tratamiento de adicciones a fin de de coadyuvar con el gobierno federal en la implementación de los programas Limpiemos México, Rescate de Espacios Públicos, Escuelas Seguras, así como Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LX. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento
Los municipios del país se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LXI. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los gobiernos municipales reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
• Tiempo de Ejecución: Presupuesto 2009 de cada municipio.
Artículo 7.- Los integrantes del sector productivo se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXII. Promover entre agremiados y trabajadores del sector productivo la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LXIII. Promover y facilitar entre todos los actores del sector productivo la denuncia sistemática de cualquier acto ilícito o injusticia laboral.El sector productivo se compromete a capacitar a su personal en herramientas y números telefónicos de denuncia.
• Tiempo de Ejecución: 1 año.
LXIV. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, de proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.
Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores se comprometen a homologar el 100 por ciento de los registros con la base de datos de la Cédula Única.
• Tiempo de Ejecución: 2 años.
LXV. Propiciar condiciones de seguridad
Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores y las autoridades se comprometen a mejorar el entorno de los centros de trabajo y los espacios de uso común.• Tiempo de ejecución: 1 año.
Artículo 8.- Las Asociaciones Religiosas se comprometen a alcanzar el siguiente objetivo:
LXVI. A promover entre integrantes de las asociaciones religiosas la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LXVII. A fomentar en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus iglesias y en sus lugares de oración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.
• Tiempo de ejecución: 1 año.
Artículo 9.- Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXVIII. Promover entre integrantes de las organizaciones de la sociedad civil la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
• Tiempo de ejecución: 6 meses
LXIX. Desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social de la Estrategia de Seguridad
Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a instrumentar programas ciudadanos en las vertientes de educación, salud y desarrollo social congruente con la estrategia de seguridad, a fin de coadyuvar con el gobierno federal en la implementación del programa Limpiemos México.
• Tiempo de ejecución: 6 meses.
LXX. Participar en la creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social.
Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a promover la participación activa y autónoma de los ciudadanos en el 100% de las instancias de evaluación y monitoreo de las acciones gubernamentales.
• Tiempo de Ejecución: 1 año.
Artículo 10. Los medios de comunicación se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXXI. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad
Los medios de comunicación ampliarán la difusión de contenidos y de campañas que exalten las consecuencias positivas del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito.
LXXII. Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adiccionesLos medios se comprometen a difundir contenidos que resalten la importancia de prevenir el consumo de drogas y del papel fundamental que juegan los padres de familia en la salud de sus hijos.
También se comprometen a dar a conocer los centros de prevención y atención a adicciones, con el fin de que se conozca su utilidad social.
Asimismo, los medios informarán cómo incide la prevención de adicciones en la lucha contra el narcotráfico, al reducir la demanda.
Exponer ante la opinión pública las ventajas de instrumentar programas integrales de política social y de seguridad, entre otras acciones exitosas asumidas por organizaciones de padres de familia, centros escolares y/o profesionales.
LXXIII. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la seguridad y la denuncia. Los medios difundirán:Enfatizar la importancia de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en el combate al crimen organizado, a fin de concientizar a la ciudadanía que la ausencia de participación sólo fortalece a la delincuencia.
La importancia de que las asociaciones de vecinos asuman una participación activa, a través de medidas que coadyuven a generar entornos seguros y una cultura de la denuncia.
Resaltar la valía de denunciar un delito ante la autoridad correspondiente, así sea de manera anónima.
Difusión de casos exitosos de denuncia ciudadana que hayan derivado en aprehensiones y sentencias.
Difusión de los distintos canales institucionales y números telefónicos de atención de autoridades federales, estatales y locales ante los cuales la población denuncia la comisión de diversos delitos del orden federal y del orden común.
LXXIV. Se propone que cada medio de comunicación defina y publique estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que:
Evite hacer apología del delito.
Respete integralmente la dignidad de las víctimas.
Que evite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.
Que establezca criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad.
LXXV. Se propone que los medios nacionales, estatales y locales den seguimiento puntual a los acuerdos asumidos en la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública por cada uno de los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en el propio ámbito de sus responsabilidades.Se propone que cada medio tome en cuenta los indicadores asumidos en el marco del Consejo por los firmantes y dé seguimiento a los acuerdos signados por las distintas autoridades.
Artículo 11.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción.
Dado en Palacio Nacional, Ciudad de México el 21 de agosto de 2008.
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ANOTACIONES AL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, HECHAS POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, GENARO GARCÍA LUNA, DURANTE LA XXIII SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
…SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, GENARO GARCÍA LUNA: Muchas gracias, licenciado Campa.
A los miembros del Consejo, precisar que el punto 51 no estaba en la propuesta final acordada, por tal motivo se retira.
Solicito a la Secretaría Técnica hacer la corrección correspondiente.…
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, GENARO GARCÍA LUNA: Muchas gracias Ministro Presidente, al proyecto del Consejo Nacional, informar otra precisión: respecto al punto 1.1 de los compromisos atribuidos al Gobierno Federal, precisar que el tiempo de aplicación se reduce de un año a cuatro meses. Por tal motivo le pido a la Secretaría Técnica hacer la corrección correspondiente.

El IFE de la seguridad pública

Columna Itinerario Político/Ricrdo Alemán,
Publicado en El Universal (www.eluniversal.com.mx), 21 de agosto de 2008
2009: ¿Elección de la seguridad?
No son pocos los escépticos sobre las bondades de un encuentro de emergenciaHoy conoceremos al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Políticos al fin y al cabo, hoy veremos a gobernantes, líderes parlamentarios y judiciales enfrascados en un teatro monumental sobre la seguridad pública que, sin exagerar, podría ser
el tema electoral para 2009.
Como se sabe, hoy se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública —que convoca a mandatarios estatales, al Presidente, al jefe del GDF, a líderes parlamentarios y del Poder Judicial—, luego del “¡Ya basta!” ciudadano surgido del secuestro y crimen de Fernando Martí.
Y con razón no son pocos los escépticos sobre las bondades de un encuentro convocado de emergencia ante la presión social y los preocupantes vacíos de poder. Abundan quienes aseguran que se trata de una respuesta no sólo tardía, sino tibia, insuficiente y menor, sobre todo frente al tamaño del problema de la inseguridad.
Sin embargo, hasta la noche de ayer eran muchos los indicios de que hoy no sólo veremos un espectáculo mediático que reunirá a buena parte de la República, sino el nacimiento de una novedosa estructura de seguridad pública, con un eje articulador de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Vimos que se decretó el fin de un despropósito heredado por el foxismo —se le dio la puntilla al poderoso secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, entregado por el calderonismo al grupo político de Elba Esther Gordillo en la persona de su delfín Roberto Campa Cifrián.
Hasta anoche nadie conocía el tamaño del pacto federal que hoy posiblemente se firmará entre los integrantes del consejo, pero por lo pronto el Diario Oficial dio cuenta de la reforma y debilitamiento del hasta hoy poderoso “secretariado ejecutivo” del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿A qué nos referimos? Ayer, el Diario Oficial publicó el decreto —que hoy entra en vigor— por el cual el presidente Calderón reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del secretariado ejecutivo del SNSP. ¿Y eso qué?, preguntaría un mortal.
Casi nada, que el secretario ejecutivo del SNSP, Campa —hombre de Gordillo, al que la profesora regaló la candidatura presidencial del Panal en 2006—, no lo será más, ya que el artículo primero del reglamento de ese secretariado fue reformado por decreto, se le quita el carácter fundamental de “órgano administrativo desconcentrado… con autonomía técnica y administrativa”, además de que se derogó el artículo 18, que regulaba el manejo presupuestal. Para efectos prácticos, desaparece el secretariado ejecutivo, como lo creó el gobierno de Fox, y que fue severamente criticado, ya que además de ser el centro de reparto presupuestal federal, era un poderoso centro de poder político.
¿Por qué se acabó con ese centro de poder en materia de seguridad pública y política? Porque, como dijimos en el Itinerario Político del martes, el Presidente firmó el decreto que valida la reforma constitucional en materia penal aprobada por el Congreso en semanas anteriores. Esa reforma establece la designación, para el 19 de agosto, del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
¿Qué es el secretario técnico del CNSP? Pues según la reforma, y la nueva estructura creada para ello, ese cargo es el del verdadero jefe operativo de la seguridad nacional; una suerte de IFE para la seguridad pública, encargado de coordinar los esfuerzos de los tres poderes y los órdenes de gobierno, con facultades, entre otras, para regular y evaluar la selección, formación, ingreso y certificación de policías de todo el país, y crear las bases de datos de criminales y policías.
¿Y quién ocupará ese cargo? En el mismo Itinerario Político señalamos que los tiradores eran muchos, y que el jaloneo por el control de ese nuevo centro de poder había provocado la guerra declarativa de priístas contra Calderón, la guerra entre priístas y elbistas y hasta que los amarillos pretendieran meter la mano. Entre los que fueron señalados aparecían el propio Campa —quien adimitió la posibilidad de ocupar el cargo—, César Camacho Quiroz, priísta y padre de la reforma penal; Emilio Rabasa, hombre de Beltrones; Gerardo Lavega, delfín del procurador Medina Mora; y Moisés Moreno, hombre del Presidente. Ayer se sumó a los potenciales ocupantes del cargo José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de la PGR.
Hoy sabremos quién será el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, verdadero jefe operativo de la seguridad a nivel federal. ¿Pero será suficiente? En todo caso, todos esperamos una acción decidida en torno a la lucha contra el crimen organizado y sus flagelos; y la ya cercana elección para renovar la Cámara de Diputados tendrá en la seguridad pública uno de sus ejes fundamentales. El partido que saque mayor raja política de ese tema podría resultar ganancioso.

Aprender de la historia

¡Aislar a Rusia? Keynes y Monnet/ Francesc de Carreras
Publicado en LA VANGUARDIA (www.lavanguardia.es) 21/08/08:
El breve pero sangriento episodio de la guerra en Georgia ha puesto de relieve, una vez más, la tendencia occidental de cercar y aislar a Rusia, tratándola todavía como un peligroso enemigo, como si no hubiera cambiado desde la época de la guerra fría.
Precisamente mañana se cumplirán cuarenta años de la ocupación de Checoslovaquia, una invasión militar que acabó con el intento de socialismo democrático que encabezó Dubcek. Aquel día muchos europeos de izquierdas perdieron definitivamente la poca fe que les quedaba en una posible evolución democrática de la URSS. Pero el régimen de Brezhnev nada tiene que ver - ni por ámbito geográfico, ni por sistema económico, ni por instituciones políticas- con la actual Rusia de Putin y Medvedev. Por el contrario, son realidades muy distintas y el comportamiento de las instituciones occidentales (los estados, la UE y la OTAN) deben también ser distintos para adecuarse a estas nuevas realidades.
Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Un comentarista tan moderado como el ex director de Le Monde Jean-Marie Colombani ha escrito estos días que la acción rusa en Georgia “confirma los peores temores que podíamos tener sobre la Rusia de Putin”, la cual “vuelve a ser una amenaza para Europa”.
No se trata de frases exageradas sino inciertas. No hay peligros ni amenazas para Europa, más bien al contrario. En los últimos años, es el comportamiento del bloque político y militar occidental el que está provocando en los rusos sospechas, recelos y miedo. Aislar a Rusia, excluirla del grupo de grandes potencias, asediarla militarmente y ahogarla económicamente, son algunas de las muy visibles tentaciones occidentales. Ello supondría, desde mi punto de vista, un grave error de imprevisibles consecuencias. Por el contrario, la tarea que debe llevarse a cabo es justamente la contraria: incorporar a Rusia al bloque occidental, dejar que forme parte de nuestras instituciones de cooperación internacional. No se trata del enemigo que batir sino del amigo que integrar.
Hay que aprender de la historia. Dos experiencias del siglo XX me llevan a justificar la necesidad de integrar a Rusia. La primera nos la suministró el economista inglés John Maynard Keynes. Keynes formaba parte del equipo técnico británico negociador del tratado de Versalles que puso fin a la guerra europea. Al prever que dicho tratado conduciría a una nueva catástrofe, Keynes dimitió de su puesto y escribió su libro Las consecuencias económicas de la paz. En él sostuvo que el tratado imponía unas condiciones excesivamente duras a Alemania que impedirían su prosperidad económica y reforzarían las tradicionales tendencias nacionalistas y militaristas. Inevitablemente, antes de veinte años, se producirá una nueva conflagración mundial, sostuvo proféticamente Keynes al intuir ya la llegada de Hitler y el nazismo. Aprendida la lección, en 1945 el comportamiento de los vencedores fue muy distinto: el plan Marshall ayudó a la reconstrucción económica de Europa, también de Alemania.
Y ahí enlazamos con el otro ejemplo histórico, también con nombre propio: los inicios de la unidad europea y el francés Jean Monnet. Los proyectos de unión europea eran antiguos. Sin remontarnos a otros más lejanos, ya la propuso Victor Hugo. Pero la unidad europea se solía fundar en la identidad cultural común y en el proyecto de crear un Estado federal europeo. Las dificultades, sin embargo, eran múltiples, especialmente las derivadas de las ambiciones soberanas de los estados nacionales. Monnet fue el gran artífice de una idea distinta que, a la postre, resultaría la única realista. Monnet dedujo de la historia que las guerras en Europa tuvieron como causa fundamental la oposición entre Alemania y Francia. Sin embargo, advirtió Monnet, entre estos dos grandes países había, como mínimo, un interés económico común, la creación de una gran industria siderúrgica, cuyos componentes esenciales eran el hierro y el carbón. Precisamente, Alemania era rica en minas de hierro y Francia en yacimientos de carbón. ¿Por qué no asociarlas para que cooperaran entre sí? De ahí surgió en 1950 el tratado de la CECA - la Comunidad Europea del Carbón y del Acero-, preludio del tratado de Roma de 1957 que creó la Comunidad Económica Europea e inició el Mercado Común. Nunca más, ni por asomo, hubo riesgo de guerra entre los estados europeos occidentales. Por el contrario, la cooperación económica, además de paz, produjo también libertad, democracia y bienestar.
Estas experiencias históricas deberían ser tenidas en cuenta para las actuales relaciones entre MESEGUER Europa y Rusia. Esta ya no es la URSS sino un régimen con instituciones democráticas todavía débiles y una imperfecta economía de mercado: Europa debe contribuir a consolidarlas. El aislamiento y el bloqueo sólo pueden conducir a la involución, a fortalecer las fuerzas nacionalistas y militaristas. Rusia tiene petróleo y gas, Europa carece de estas fuentes energéticas pero le sobra capacidad industrial. Las posibilidades y beneficios de una política de cooperación mutua son evidentes.
Aprendamos de Keynes y de Monnet, dos inteligencias pragmáticas.

Hace 40 años

Cuarenta años no son nada/ Hermann Tertsch
Publicado en el periódico ABC, 21/08/2008;
«A todo el pueblo de la República Socialista de Checoslovaquia. Ayer, día 20 de agosto de 1968 a las 23 horas, tropas de la Unión Soviética, de la República Popular de Polonia, de la República Democrática Alemana, la República Popular Húngara y la República Popular de Bulgaria han cruzado la frontera de la República Socialista Checoslovaca. Lo han hecho sin conocimiento del presidente de la República, de la Asamblea, del Comité Central y los demás órganos del Estado». Veinte años después de que los comunistas impusieran la dictadura en 1948, la Radio Estatal Checoslovaca no podía ya desprenderse de su retórica burócrata y totalitaria ni siquiera para denunciar la agresión de sus vecinos, aliados y patronos ideológicos. Para clamar por la libertad hace falta otro lenguaje. Y, sin embargo, horas después, hace hoy -esta misma mañana- cuarenta años, decenas de miles de ciudadanos de Praga, hacían frente, armados tan sólo con su ira y dignidad, a aquellas tropas extranjeras que irrumpían por las calles de la ciudad milenaria. Aquel primer día los invasores mataron tan sólo a 58 personas en toda Checoslovaquia, 22 de ellas en Praga, 15 de ellas precisamente en el asalto al edificio de la Radio estatal. Querían a toda costa que no les diera tiempo a los locutores a adoptar el lenguaje de los hombres libres.
Lo consiguieron. Hubo muchos más muertos, heridos, detenidos, deportados y torturados en días, semanas, meses y años, décadas siguientes. Todos estos sufrimiento fueron compartidos, por supuesto, trágica y paradójicamente, con los ciudadanos de las naciones, a su vez aplastadas, cuyos ejércitos participaron en aquella operación tan rotundamente victoriosa para el poder soviético. Porque lo fue en su momento. Pese a los actos heroicos, las protestas sinceras y los lloros petimetres occidentales. Millones de vidas rotas y ese silencio cargado miedo. Durante otros veinte años volvió a reinar ese silencio oprobioso, ese orden bruto y brutal que era la pax soviética de Moscú. Hasta 1989 los disidentes fueron, cuando no suicidas como Jan Palach, que se inmoló en la Plaza de San Wenceslao, sí héroes civiles dispuestos a la muerte civil y profesional, a la cárcel o al destierro. En las capitales occidentales, como doce años antes durante las trágicas jornadas de octubre de 1956 en Budapest, solo se podía escuchar el lamento de la impotencia. Como en Bruselas, en la sede de la OTAN, el 19 de agosto del 2008. Cuarenta años no son nada.
Parece que fue ayer aquel 21 de agosto de 1968. En gran medida lo ha sido. Este agosto tiene mucho de aquel. Las imágenes de los tanques soviéticos aplastando coches de la policía de Praga son intercambiables con las que ahora vemos de los carros de combate del Zar Putin arremetiendo contra vehículos policiales georgianos en Gori. Y ha vuelto a suceder lo que siempre deberíamos al menos querer evitar: la obscena pero incontestable y palmaria demostración de los enemigos de nuestra forma de vida de que tienen instrumentos superiores a los nuestros para imponer su voluntad y su orden. No nos había pasado de forma tan contundente desde Praga. Las fronteras entre los bloques se debilitaban entonces por la voluntad de los ciudadanos del este de ser libres, en Praga y Varsovia. Hoy estamos como entonces, ante la contraofensiva de un estado imperial, como entonces un estado fracasado por poderoso que le hagan sus recursos minerales, que niega a los estados vecinos una libertad democrática que, de triunfar, pondría en peligro su propio régimen. La convulsión de los años sesenta había hecho germinar la idea de que los bloques hegemónicos y sobre todo el «cortijo» ideológico y político militar del Kremlin no era una realidad irreversible. Antes había sucedido en 1948 cuando el yugoslavo Josip Broz «Tito» se revolvió contra Stalin y éste respondió con su inmensa e implacable ofensiva de «limpieza» de todos los cuadros comunistas en Praga, Varsovia, Budapest y Bucarest. De veinte en veinte años como pueden ver parece pendiente siempre un pulso entre el totalitarismo y la libertad en nuestro continente. De la imposición estalinista en toda Europa oriental en 1948 retando a las democracias con el bloqueo de Berlín y la batalla contra el «titoismo» a la imposición de la doctrina «Breznev» del sarcasmo de la «hegemonía limitada» en 1968. De la confirmación del fracaso del Pacto de Varsovia y el sistema del socialismo real en 1988/89 a la resurrección de una fuerza totalitaria que reclama su potestad incondicional sobre su inmediata vecindad y reclama para sí la hegemonía de un estado bonapartista o abiertamente dictatorial sobre las democracias vecinas o cercanas.
Estamos en este agosto ante un cambio de era y es muy posible, aunque indeseable, que éste suponga, como el agosto praguense, dos décadas de ocupación más o menos larvada y sumisión para pueblos que quieren compartir libertad y prosperidad con Occidente y cuyo mayor delito es tener fronteras con el nuevo Bizancio de la Checa, aunque reconvertido a la estética Armani. Aun estamos a tiempo para evitarlo. Siempre que Occidente sea consciente de que hoy no puede ya dividir el mapa europeo como lo hicieron Churchill y Roosevelt en Yalta. Nuestra debilidad ante Rusia la pagaremos todos con una dependencia permanente y creciente en la que nuestra libertad y soberanía no pueden sobrevivir. Y que no se basa en la amenaza de un arma, la nuclear, de la que también disponemos, sino de otras, la energética y tras ella la militar convencional, en las que no podemos o no queremos competir.
Los tiempos se vuelven profundamente inciertos para quienes no queremos conciliaciones entre nuestro sistema de libertades y el matonismo imperial. Aunque solo sean conscientes de ello quienes sienten un poco el pulso de la historia, tienen ciertas claves para identificar sus vaivenes y disfrutan o sufren la capacidad de percepción, como malditos augures, de las tinieblas de miedo, violencia y precariedad. Nubarrones de angustia amenazan con acabar con grandes proyectos de libertad, seguridad y prosperidad construidos por generaciones de comunidades de civilización participativa en zonas muy concretas del globo, gracias a voluntades, principios y circunstancias muy específicas, gracias a los legados de Grecia, de Roma, del Cristianismo, de la Ilustración y finalmente de la Democracia. Sus resultados son envidiados por la inmensa mayoría de los seres vivos de este planeta. Tanto que muchos arriesgan sus vidas por acceder a la condición de pobladores de estos círculos privilegiados de seres humanos que son los habitantes de las democracias occidentales. Es lo que intentaron los checoslovacos cuando se levantaron sin éxito contra la hegemonía soviética hace cuarenta años. Es lo que lograron todos esos millones que considero compatriotas, en Centroeuropa, en el Báltico y ya también final y lentamente en los Balcanes, cuando derrocaron a los cacicatos comunistas impuestos por un imperialismo soviético ideológico que hoy renace como fuerza expansionista imperial rusa. O cuando vencieron al mensaje fanático, mezquino y destructivo del nacionalismo, en el que otros intentan aun sumergirse. Esa huída hacia la vida en libertad y decencia es la misma que intentan todos aquellos que escapan de Cuba o Senegal, Mauritania o Marruecos, Myanmar o Sudán. Ahí es donde se equivoca nuestra caverna del izquierdismo europeo. El español, como siempre, el que más. Porque la gente huye mucho más de la falta de libertad que de la miseria porque sabe que ésta es consecuencia de aquella. Pero es inútil intentar debatir con quienes no tienen más hoja de navegación que el miedo a la libertad y el código de la dependencia como relación entre seres humanos y entre el poder y la ciudadanía.
Hace cuarenta años hoy de aquel día en el que Praga, como antes Budapest, después Varsovia y Gdansk, nos dio una suprema lección. Nunca la han aprendido quienes creen que las libertades son un privilegio por criterio poco menos que geográfico. Nunca la aprenderán los apaciguadores; los que claman contra la crispación «venga de donde venga»; los turbados por el conflicto; los convencidos de que sus vidas tendrán mejor calidad si no provocan sino complacen a quien les intimida; quienes están convencidos de poder vivir el resto de su vida en un pacto con los enemigos de la libertad; quienes así se convierten ellos mismos en enemigos de la libertad de quienes de verdad la quieren y la aprecian como máxima expresión de la dignidad de la persona y de la sociedad.