Debate sobre despenalización de las drogas

El asunto no es fácil, requiere de un debate amplio, con especialistas, sobretodo del área medica.

Además casi ningún partido le quiere entrar abiertamente;-sólo el PRD parece querer entrarle y con acotaciones-, las declaraciones del Diputado Javier González Garza quien consideró que se deben llevar a cabo medidas drásticas como podría ser la legalización de drogas, pero , dijo que primero en los EE UU, debido a que es el mayor consumidor. O sea, primero los gueros , y después nosotros.
Hace tres o cuatro años -no recuerdo muy bien-, el entonces Procurador del DF, el Maestro Bernardo Bátiz Vázquez habló de despenalizar el consumo de drogas, bajo el argumento de que “permitiría abatir uno de los delitos más graves y cruentos que aquejan a la sociedad” Propuso abrir un debate serio toda vez que “la droga es un flagelo que produce crímenes de crueldad, negocios ilícitos y corrupción a los que hay que irle buscando respuestas”.
Insistió incluso en suministrar drogas gratuitamente a los presos adictos, y paralelamente, involucrarlos en un tratamiento para irlos rehabilitando; ello, dijo, rompería el negocio del narcotráfico al interior de los penales.
Y no le faltaba razón, pero..., el Maestro Batiz no le había pedido permiso a su jefe.

En entrevista con Monitor de Radio Red, admitió que su propuesta fue una idea que no era del conocimiento del jefe de Gobierno, pero dijo que ahora se ve “obligado a madurar” porque sería “un experimento interesante” y el tema está en el ambiente.
Por cierto, su jefe entonces, Andrés Manuel López Obrador señaló que la propuesta de su subalterno no era oficial, sino un comentario a título personal. Y ahí quedo! ¡el tema no era rentable electoralmente!
De eso han pasado cuatro años. Mucho tiempo.

En estos días esta de nuevo el debate y son analistas como Humberto Musacchio, José Antonio Crespo, Octavio Rodríguez, El Senador Ricardo Monreal, et al.

Colocaré en esta bitácora sus opiniones.

Pero antes, un comentario.

Hoy esperabamos que se aprobará en El Senado una Ley que de entrada convertir el narcomenudeo en un delito del fuero común y permitir el consumo individual de algunas drogas, así como enviar a centros de rehabilitación a los farmacodependientes.

Y los legisladores, simplemente dijeron ¡no!, debido a inconsistencias.

Es un lástima, debido a que la ley se irá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que se incia en septiembre, a menos que hay un periodo extraordinario.

Y es una lástima digo porque las comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, habías aprobaron el dictamen anteayer y hoy sería presentado al pleno este jueves 26 para su lectura discusión y aprobación, en su caso, y después pasará directamente al Ejecutivo federal para que de ser avalada sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación.
Las reformas en materia de narcomenudeo, que fueron vetadas por el ex presidente Fox el año pasado, porque consideró que abrían la puerta a la legalización del consumo de drogas, incluyen las observaciones del Ejecutivo federal y añaden otros puntos, como la forma en que los farmacodependientes deberán acceder a los programas de rehabilitación.
En el dictamen se establece que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos de narcomenudeo cuando se trate de opio, heroína, cannabis, cocaína, LSD, MDA, metanfetamina y flunitrazepam, “siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la misma ley”.
Lo permitido de acuerdo al dictamen:
Un consumidor por única vez se salvará de ir a la cárcel cuando la policía lo encuentre en posesión de un máximo de: dos gramos de opio; Heroína, 50 miligramos; Cannabis, dos gramos; Cocaína, 500 miligramos; Lisergida (LSD) 0.015; MDA, metilenodioxianfetamina 200 miligramos; MDMA metilendioxin Dimetilfeniletilamina 200 miligramos; Metanfetamina 200 miligramos.; Flunitrazepam 1 miligramo.
Cuando se mueve el avispero/Octavio Rodríguez Araujo

Publicado en La Jornada, 26/04/2007;
Las avispas no necesariamente son agresivas, pero cuando se las molesta tienden a picar con su aguijón. Uno debe tener cuidado al tratar de acabar con un panal de avispas y saber hacerlo. De otro modo, se revierte, y el "exterminador" puede resultar seriamente dañado.
Cuando Felipe Calderón resolvió combatir el narcotráfico algo falló en el método y en la prevención de las consecuencias. Ya perdí la cuenta de las muertes provocadas por el narcotráfico, principalmente de policías y de otras personas relacionadas con la administración de justicia en nuestro país. Todas o casi todas tienen la apariencia de haberse realizado por venganza, algunas bajo la forma de ajusticiamientos más que como advertencia. Muy lamentable.
El crimen se ha extendido, sobre todo en aquellos estados donde más han actuado las fuerzas militares encargadas por el Ejecutivo para combatir a los narcotraficantes. De golpe varias ciudades del país se volvieron la Medellín de la película La virgen de los sicarios (2000), dirigida por Barbet Schroeder y basada en una novela y un guión de Fernando Vallejo. ¿Cuántos años, por cierto, lleva la guerra contra el narcotráfico en Colombia y qué resultados positivos se han obtenido?
No digo, ni pretendo sugerirlo, que el crimen organizado deba ser permitido ni tolerado en lugar de combatirlo. Por salud social debe ser perseguido, y sus autores, intelectuales o directos, detenidos. Pero la forma en que se está haciendo no parece ser la mejor. Ahora los ciudadanos, y no sólo los miembros de las diversas fuerzas del orden, estamos expuestos a ser victimados, sin tener parte en el asunto. Si andar por las calles es un peligro desde hace 20 años, por el aumento de criminales de poca monta que asaltan, roban y secuestran (algo que casi no ocurría a principios de los 80 del siglo pasado), en el presente la inseguridad se ha vuelto una amenaza de tal magnitud que terminará por encerrarnos en nuestras casas (nunca ciento por ciento seguras). Salir a la calle, sin metáforas de especie alguna, es un riesgo, en algunas ciudades más que en otras.
Pero ese riesgo es mayor porque Calderón movió el avispero sin medir las consecuencias y sin haber creado antes mecanismos de defensa para quienes nada tenemos que ver con el narcotráfico ni con el gobierno. Se trata de una medida necesaria y no sólo mediática, pero no se siguió una estrategia adecuada, si juzgamos los resultados. Para decirlo de manera simplista, lo que ahora parece es que se están dando palos de ciego a una piñata que todos sabemos que ahí está, pero no que su contenido, que en este caso no es de dulces ni frutas, nos puede caer encima, como ya está ocurriendo con graves secuelas.
Lo que veo, como ciudadano y lector de periódicos es que esta guerra no se está ganando. La sociedad, y en ésta incluyo a policías que no están directamente involucrados con esta guerra, lleva más muertos que los peligrosos hampones perseguidos por el gobierno, y normalmente en una guerra el que tiene más muertos es el que pierde.
La guerra de Eliot Ness contra Al Capone se inició aproximadamente en 1927 y el mafioso fue condenado en 1931, pero antes Ness dedicó sus esfuerzos a depurar la corrupción entre la policía hasta quedarse con sólo nueve elementos de su absoluta confianza. Con esto atacó a Capone por dos lados: evasión de impuestos y contrabando de licor en la "era de la prohibición". Con Capone sentenciado no terminó la lucha contra las mafias en Estados Unidos, pero con el fin de la prohibición en 1935 los mafiosos tuvieron que dedicarse a otros negocios y ahí siguen, no los mismos, pero sí sus socios más jóvenes, o sus hijos u otros que surgieron después. Las mafias y el narcotráfico no han desaparecido en el país más poderoso de este planeta. ¿En el nuestro sí desaparecerán? Perdóneseme mi pesimismo, pero mi respuesta es contundentemente negativa.
En el libro de James Mills (The Underground Empire. Where Crime and Governments Embrace/El imperio subterráneo. Donde crimen y gobiernos se abrazan), publicado en 1987, se involucra a varios políticos mexicanos en activo como cómplices o relacionados con el narcotráfico. Ahí se mencionan varios personajes muy importantes de gobiernos de aquella época. ¿Por qué no pensar que ahora ocurre algo semejante? ¿Se ha hecho una investigación a fondo de los posibles funcionarios públicos coludidos con los capos del narcotráfico?
Hay quienes sostienen que la mejor manera de acabar con el tráfico ilegal de drogas es legalizándolas. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis. Es cierto que con una medida semejante no se terminará con el consumo de drogas, como no se ha terminado con el de alcohol legalizando su producción, venta y consumo, pero lo que sí es un hecho es que, con la excepción de bebidas adulteradas metidas de contrabando en el comercio legal, se acabaron las mafias que vivían del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Ahora son otras o cambiaron de giro, pero siempre existirán. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios de que las drogas sean ilegales? Los que comercian con ellas y los que los cubren y protegen desde las instancias que debieran combatirlos, ni siquiera los consumidores que con frecuencia reciben gato por liebre (productos adulterados) y mueren en consecuencia.

Guerra populista e inútil/Ricardo Monreal

en Milenio Diario, 24/04/2007
“¿Cuánta sangre cuesta una victoria?... La verdadera gloria de una guerra consiste en ahorrarla”. (Napoleón )
En relación a la guerra que el gobierno libra contra el narcotráfico, una cuenta está pendiente. Es la misma que ha exigido en dos ocasiones Ciro Gómez Leyva desde MILENIO, “¿Cuántos muertos, Presidente?”. Una rendición de cuentas sin respuesta. En gran medida, porque esa pregunta incómoda es la que menos cuenta en este momento, según la encuesta de María de las Heras: 77%, en favor de que siga la lucha antinarco sin importar los hechos violentos; 75%, en favor de que el Ejército la dirija directamente.
Ahora bien, cuando en una guerra los muertos no cuentan o son una especie de “daño colateral”, estamos en presencia de lo que se llama una “guerra justa” (Michael Walzer)…, tan injusta como populista e inútil. Una auténtica cruzada medieval, donde los razonamientos son de orden moral, no de técnica contable; los indicadores son ideológicos, no logísticos; y las evaluaciones son del reino de la Fe no de la ciencia. Por ello, a la inoportuna pregunta “¿cuántos muertos costará esta guerra?”, los promotores de las cruzadas tienen la misma respuesta oportuna, “los que sean necesarios”, y se aferran al mismo parámetro populista, “hasta que las encuestas nos digan lo contrario”.
La guerra que el gobierno ha lanzado contra el narcotráfico tiene estas características: justa en su argumentación y santa en su actitud, es ineficaz en sus resultados e inhumana por sus baños de sangre. Y esto la convierte en una guerra populista, irresponsable e inútil.
¿Hay otros caminos? ¿Negociar? Durante décadas, los gobiernos del PRI “controlaron” el problema del narcotráfico con esquemas de sobra conocidos. No enfrentaban a todas las bandas a un mismo tiempo. Pactaban con una, a costa de las demás. Privilegiaban la tranquilidad de la vía pública por sobre todas las cosas: no muertos en las calles, no drogas en las escuelas, control riguroso de bandas pequeñas, algunos decomisos periódicos, asignación de territorios y, por supuesto, reparto de las utilidades. La negociación devenía en negocio.
El esquema del PRI entró en crisis por varios factores. Uno de ellos, la corrupción de los cuerpos policiacos; llegó el momento en que era difícil distinguir quién había infiltrado a quién, si las bandas del narcotráfico a los cuerpos de seguridad o éstos a aquéllas. Dos, la alternancia política en los diversos niveles de gobierno se tradujo en un pluralismo de códigos, estrategias y prácticas policiales, que permitió a la delincuencia organizada evadir cualquier control, sin importar el partido que temporalmente gobernara la localidad. Tres, la delincuencia organizada adquirió un poder económico y paramilitar de tal magnitud, que además de controlar calles y “territorios” le permitió disputar al Estado una de sus funciones sustantivas, el monopolio de la violencia legítima. De esta forma, el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad pública a otro de seguridad nacional y, dada la proliferación del narcomenudeo, en un problema de salud pública.
Hay quienes añoran el esquema de negociación priista, que daba seguridad y tranquilidad a costa de la moralidad pública. Ni la forma ni el fondo bajo el cual floreció ese esquema existen más. Sin embargo, tampoco es válida la visión actual de una guerra santa contra el narcotráfico, donde los muertos no cuentan, pero tampoco las garantías y las libertades de los vivos, como lo demuestra la reforma penal de corte prusiano que envió Felipe Calderón al Congreso, donde pide poderes extraordinarios para el gobierno federal, se concentran funciones policiales y de investigación en una sola instancia, se impone un solo código penal al país, se abre la puerta a prácticas del pasado como la tortura y el espionaje telefónico y se bendice el autoritarismo judicial. Una restricción de libertades en nombre de una seguridad y un orden fundamentalistas.
A la delincuencia organizada hay que hacerle una “guerra inteligente”, no declararle una “guerra santa”. Con armas de precisión, no con tiros de perdigón. Con sentido de responsabilidad, no de popularidad. Con penas eficaces, no con penas más altas. Hay que legalizar las drogas, no la represión. Criminalizar el comercio ilícito, no el consumo personal. Prevenir las adicciones, no lamentar las aflicciones. Abatir la impunidad, no sitiar a la sociedad. Sumar a la ciudadanía, no restarle iniciativa. De otra forma, seguiremos contando los muertos de una guerra cada día más irresponsable e inútil.

Columna: Horizonte político de José Antonio Crespo: Narcoviolencia en ascenso; Excelsior, 23/04/2007;
El fantasma del fracaso ronda los operativos policiaco-militares en contra del narcotráfico con los que Felipe Calderón inició su gobierno. Es cierto que todo aconsejaba dar un golpe político en esa dirección para que los ciudadanos sintieran que el Estado mexicano no estaba pintado en la pared; que percibieran que, ahora sí, había Presidente de la República, que no se permitiría, sin más, que el vacío de poder que dejó Vicente Fox sería llenado con tranquilidad por los capos.

Y tal despliegue podría convertirse en un golpe mediático, lo que elevaría la popularidad de Calderón. Todo lo cual ocurrió. Sin embargo, la estrategia conllevaba riesgos, y no pequeños. De continuar la violencia, los operativos podrían convertirse en un bumerán y, tras haber involucrado de lleno al Ejército, se enviaría el mensaje de que los narcos prevalecieron sobre el Estado mexicano. Quienes entienden algo de la complejidad del fenómeno del narcotráfico saben que no es con "cruzadas" o "guerras sin cuartel" como se puede terminar con el problema.

Que no se trata de una guerra convencional y, por tanto, no se puede "ganar". Que mientras más se les ataca a los capos, por ese lado más violencia callejera se genera y tiende a orientarse en contra de agentes del gobierno mismo, periodistas y, eventualmente, también les toca a los ciudadanos comunes (accidental o deliberadamente, según el caso). Que las víctimas de esa absurda guerra no constituyen la simiente para una futura paz, sino muertes innecesarias, inútiles y evitables. Que elevar las penas contra esos delitos de nada sirve, pues sobran quienes prefieren desafiar la ley del Estado, apegados a la ley de la oferta y la demanda. Que responder desde el gobierno que, mientras más violencia genera el narco, más intensos serán los operativos y más severa la acción del Estado, es generar una escalada de violencia con puros saldos negativos. Que por más capos a quienes se detengan, droga que se decomise y dinero que se incaute, los adictos estadunidenses recibirán su dosis de estupefacientes. Que mientras más éxito tenga el Estado en impedir que cargas de droga no crucen la frontera, más droga circulará en el mercado interno, lo que elevará la adicción entre los mexicanos.
Que por cada tonelada de cocaína o mariguana decomisada hay miles que no lo son. Que la incautación de 200 millones de dólares, siendo un golpe espectacular, es también un indicio de la cantidad de dinero que corre en el mercado negro del narcotráfico. ¿Doscientos millones de dólares son mucho o poco? Muchísimo, a los ojos del ciudadano normal, pero en realidad no sabemos cuánto constituye en el volumen global del comercio ilícito en México. En todo caso se entiende por qué la penalización de esa actividad de nada sirve y por qué múltiples policías y otros agentes del gobierno cobran en una o más "narconóminas". Y por qué los cárteles se despedazan literalmente por el control de los mercados internos e internacionales.
La estrategia de prohibir la droga fue diseñada en Estados Unidos por convenir a su visión e intereses. Y, sin embargo, no hay manera para el gobierno mexicano de quedar bien con nuestro vecino: si reducimos un poco el inútil esfuerzo de combatir frontalmente a los capos, entonces Washington presionará por no hacer nuestra tarea; pero si nos tomamos en serio dicha tarea y se genera como consecuencia inevitable mayor violencia en las calles, fronteras, plazas y centros turísticos, tendremos como respuesta estadunidense una reprimenda por ser incapaces de evitar la violencia y recomendaciones a sus ciudadanos para que no visiten nuestro país. Es una situación de perder-perder para México.
Por lo tanto es irracional para el interés del país seguir puntualmente las directrices con el fin de combatir al narcotráfico, diseñadas en Estados Unidos, que ellos mismos evitan en su propio territorio (salvo en los inofensivos casos de distribuidores callejeros). Allá no se toca a los grandes capos que distribuyen la droga importada o la producen ahí mismo. Y, eso, justo para evitar la violencia que conocieron durante la Ley Seca en los años treinta. Meter al Ejército en esta batalla no sólo es inútil, sino que conlleva también riesgos, como elevar la probabilidad de que se corrompa al contacto con los millones de narcodólares, además de desprestigiarse frente a la ciudadanía en la medida en que ésta se percate —como empieza a ocurrir— de que las Fuerzas Armadas son incapaces de reducir las narcoejecuciones (y no sólo en México). Y, por eso mismo, los estadunidenses evitan que su ejército se involucre en la lucha antinarco, pero no tienen mayor problema en que los gobiernos latinoamericanos (con más candidez que lucidez) sí lo hagan de lleno. Al prohibir la producción y comercialización de la droga —como sucedió con el alcohol—, el remedio es peor que la enfermedad, pues, sin resolver las adicciones, se genera un monstruo perjudicial a toda la sociedad, que provoca graves daños a la paz pública, la institucionalidad política y la economía. Y, por eso, a quienes entienden algo sobre este fenómeno, no les sorprende que los operativos estén resultando inútiles, si no es que contraproducentes.
Y es que, en lugar de tomarse en serio el combate a la oferta de las drogas, resultaría más racional hacer un poco "la vista gorda", promover acuerdos territoriales entre los cárteles (como hacen los estadunidenses), para concentrarse, eso sí, en el combate a la demanda de narcóticos (con publicidad, educación, rehabilitación, sanciones administrativas, no penales, al consumo, más que a su producción y comercialización). Sin embargo, para quienes ignoran esta complicada dinámica, lo único que se les ocurre es hacer operativos policiaco-militares, creyendo que así se solucionarán las cosas en algún futuro, tan idílico como intangible.

Despenalización de las drogas/Humberto Musacchio en Excelsior, 19/04/2007);
La normativa actual propicia la corrupción de las autoridades, la descomposición del aparato de impartición de justicia y la pérdida de límites entre la delincuencia y sus presuntos perseguidores
En México los abortos están prohibidos, pero eso no evita que cada año se practiquen decenas de miles, incluso más de cien mil según ciertas estimaciones. Por su carácter clandestino, la inmensa mayoría se ejecutan en pésimas condiciones de higiene y el resultado es la muerte de miles de mujeres que dejan al marido en la viudez y a los hijos —la mayoría de las mujeres que abortan tienen hijos— en la orfandad y frecuentemente en el mayor desamparo.
Algo semejante sucede con la marihuana. Su producción y venta están prohibidas, pero lo cierto es que grandes extensiones del territorio nacional están dedicadas al cultivo de la cannabis y una incalculable cantidad de personas participa en su producción y comercialización, entre otras los ejércitos de pistoleros de que dispone cada organización productora y distribuidora. Por simple lógica económica, si se cultiva y distribuye es porque existe una gran demanda, mayor aún que el miedo a caer en prisión.
El consumo no está penado y una persona a la que se halle una cantidad para consumirla no debe ser detenida, pero lo cierto es que, como son policías quienes determinan cuándo y quién rebasa esa cantidad, los abusos contra los ciudadanos son, no sólo frecuentes, sino habituales y generan una realidad que quienes hicieron las leyes pretendían evitar.
Además de los abusos policiales, el consumidor, que no por serlo es un delincuente, se ve constreñido a buscar la droga en ámbitos clandestinos, situados, esos sí, al margen de la ley. Si un consumidor es sorprendido en el momento de realizar una compra al vendedor de estupefacientes, no habrá policía que lo deje libre, sino que lo considerará para todos los efectos parte de la cadena delictiva. Lo mismo harán los agentes del Ministerio Público y los jueces, a quienes no importa quién la hizo sino quién la pague.
La penalización de las drogas tiene efectos antisociales que se multiplican. La iniciación de los adictos y la adquisición habitual, por estar confinados a la clandestinidad, exponen a los consumidores a riesgos que en esas condiciones son inevitables, pues el trato con el lumpen implica graves peligros, entre otros el de perder la vida.
La normativa actual propicia la corrupción de las autoridades, la descomposición del aparato de impartición de justicia y la pérdida de límites entre la delincuencia y sus presuntos perseguidores. Sin embargo, no ha servido para acabar con el tráfico de drogas, ni siquiera para disminuirlo.
Con cierta ingenuidad perversa, los legisladores endurecen periódicamente las leyes, pero cada vez que lo hacen fracasan, pues el negocio es tan atractivo que lleva a minimizar los riesgos, lo que se refuerza por la poca eficacia de los cuerpos policiacos y por la corrupción que estimula una actividad delictiva tan próspera.
La legislación sólo ha conseguido incrementar el poderío de las mafias y ha minado hasta extremos alarmantes la capacidad represiva del Estado. Cada año aumentan los presupuestos para combatir el narcotráfico y cada año se eleva la producción de drogas y el monto de las que se comercian. Las cárceles están llenas y ni por eso baja la actividad del crimen organizado ni el peso social de las mafias.
La única solución es despenalizar las drogas, empezando por la marihuana, que no es más dañina que el alcohol. Desde hace más de un cuarto de siglo lo venimos proponiendo diversos ciudadanos y hoy se trata de una demanda que han hecho suya relevantes personajes del mundo intelectual y hasta del político.
Algunas buenas conciencias suponen que despenalizar las drogas llevará a muchas personas a convertirse en adictas. Tal vez se eleve la tendencia al consumo en una primera etapa, pero experiencias como la de Holanda demuestran que el consumo nacional se mantiene constante, sea legal o ilegal.
Por supuesto, la despenalización, para ser eficaz, tiene que estar acompañada de una nueva normatividad que señale dónde, cuándo, en qué cantidades y bajo cuáles condiciones se puede consumir una sustancia de las ahora prohibidas. Por seguir con el caso de Holanda, allá la venta se realiza en lugares llamados "cafés" —donde no necesariamente se vende el líquido negro—, en dosis rigurosamente determinadas y la casa se niega invariablemente a servir "las otras".
Alguien dirá que allá es Holanda y acá es México, como si los habitantes de aquel país fueran marcianos y los mexicanos estuviéramos situados más abajo en la escala zoológica. Pero no. Aquí y allá hay seres humanos. Lo diferente es la legislación y en aquel país son contadas las personas detenidas por delitos contra la salud. Como en todas partes, hay quien pretende ir más allá de la norma, y contra ella se encamina la acción policiaca, pero las drogas —y la criminalidad asociada a ese fenómeno—dejaron de ser un problema social y ahora son vistas como un asunto de salud al que se destina parte de los enormes presupuestos que antes eran absorbidos por el combate a la delincuencia. Aquí, en cambio, seguimos tirando dinero. hum_mus@hotmail.com

Aprobada la Ley sobre la Trata de Personas

Tal y como estaba programado, el día de hoy -jueves 26 de abril-, fue aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos - 0 en contra y 1 abstención-, el decreto que expide la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal.
El Presidente de la Cámara instruyó devolverlo al Senado para los efectos del inciso E) del artículo 72 constitucional, que dice:
ARTICULO 72. "TODO PROYECTO DE LEY O DECRETO, CUYA RESOLUCIÓN NO SEA EXCLUSIVA DE ALGUNA DE LAS CÁMARAS, SE DISCUTIRÁ SUCESIVAMENTE EN AMBAS, OBSERVÁNDOSE EL REGLAMENTO DE DEBATES SOBRE LA FORMA, INTERVALOS Y MODO DE PROCEDER EN LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES."
E).- "SI UN PROYECTO DE LEY O DECRETO FUESE DESECHADO EN PARTE, O MODIFICADO, O ADICIONADO POR LA CÁMARA REVISORA, LA NUEVA DISCUSIÓN DE LA CÁMARA DE SU ORIGEN VERSARA ÚNICAMENTE SOBRE LO DESECHADO O SOBRE LAS REFORMAS O ADICIONES, SIN PODER ALTERARSE EN MANERA ALGUNA LOS ARTÍCULOS APROBADOS. SI LAS ADICIONES O REFORMAS HECHAS POR LA CÁMARA REVISORA FUESEN APROBADAS POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS VOTOS PRESENTES EN LA CÁMARA DE SU ORIGEN, SE PASARA TODO EL PROYECTO AL EJECUTIVO, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN A...."
A).- APROBADO UN PROYECTO EN LA CÁMARA DE SU ORIGEN, PASARA PARA SU DISCUSIÓN A LA OTRA. SI ESTA LO APROBARE, SE REMITIRÁ AL EJECUTIVO, QUIEN, SI NO TUVIERE OBSERVACIONES QUE HACER, LO PUBLICARA INMEDIATAMENTE."
Por cierto, la lectura fue dispensada, por lo que el Presidente Jorge Zermeño lo puso de inmediato a discusión.

La Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
El dictamen aprorbado hoy señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la PGR, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito.
Se establece que promueve el delito de trata de personas quien solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, por sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Menciona que a quien cometa este delito se le aplicarán: de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días de multa. Así como de 9 a 18 años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, si el agente se valiese de la función pública que tuviera o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público.
Además, se le impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Detalla que las penas se incrementarán hasta una mitad, si el delito es cometido en contra de una persona menor de 18 años o mayor de 60, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; o de quien tenga discapacidad o se trate de persona indígena.
O bien, cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor de la víctima; además, según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad.

Vale la pena leer los posicionamientos de los partidos en torno al tema, y esperar a que el Senado la apruebe de inmediato.
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa): A nombre del grupo parlamentario de Alternativa me permito manifestar nuestro pleno respaldo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Felicitamos su aprobación y el trabajo serio y comprometido de la Comisión de Justicia, especialmente su compromiso con las mujeres, los niños y las niñas, quienes serán las beneficiarias de esta Ley.
Asimismo, hacemos un reconocimiento al grupo de organizaciones civiles contra la trata de personas, quienes promovieron, dotaron de contenido y acompañaron el proceso legislativo de esta importantísima Ley.
Sabemos de la complejidad del problema de la trata de personas y es un hecho que la sola promulgación de esta ley no resuelve en automático ni de inmediato el problema en cuestión; sin embargo, esta ley tiene la virtud de considerar irregular de manera sistemática los tres aspectos básicos para su atención: la persecución de los traficantes, la protección a las víctimas y la prevención de la trata.
La aprobación de esta ley también será de gran utilidad para procesar y sentenciar a los responsables de delitos relacionados con la trata de personas. Y por último, será un instrumento invaluable en la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.
La diputada Mónica Arriola, (Nueva Alianza): Compañeros y compañeras legisladores, "Lucila y yo salimos de nuestro pueblo en compañía de Pepe. Viajamos muchas horas, cuando por fin llegamos a una casa de dos pisos en el sur de México. Nosotras pensábamos que nos iban a pagar para hacer limpieza porque somos pobres, pero no pensamos que fuera a estar tan lejos. Nunca antes habíamos salido de nuestro pueblo.
Nos llevaron a un cuarto donde había una cama muy grande y más niñas como nosotras. Tres de ellas estaban amarrando a otra de las manos y los pies y le pusieron chocolate líquido en su cuerpo desnudo. En el cuarto también estaban otros tres señores con un aparato que nos dijeron que era una videocámara y grababa todo lo que hacíamos. Nos pegaban muy fuerte; si alguna no hacía lo que ellos decían, se la pasaban gritándonos y hablándonos con groserías".
Este es el testimonio de Sandra, niña oaxaqueña de 12 años que junto con su amiga Lucila, de 11, fueron traídas a la Ciudad de México a base de engaños para ser explotadas. Ésta es la evidencia de la pobreza, discriminación, desigualdad, falta de oportunidades económicas, de desconocimiento y la promesa de beneficios materiales a las que se enfrentan muchas personas en nuestro país.
Ésta es la cara de la trata de personas. La trata de personas es una actividad que utilizando determinados medios tiene como propósito afín la explotación. Ésta debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a la que nuestro país ha estado sujeto desde hace varios años.
Hoy, la minuta con proyecto de decreto que estamos discutiendo trae a la vida jurídica, la tipificación de esta conducta socialmente intolerable, que hasta ahora encontraba huecos importantes en nuestra legislación.
El delito de trata ha sido establecido de oficio y grave. La seriedad en la persecución deviene de la gravedad en la lesión que se ocasiona a las víctimas. La minuta no sólo contempla la prevención y la procuración de justicia, elementos de suma importancia; contempla también la protección y la asistencia a las víctimas de trata, estableciendo una red de contención y auxilio.
Además, prevé que los grupos de personas asociados a, para estos fines, sean investigados y procesados bajo el régimen severo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Votar a favor del dictamen es, para Nueva Alianza, votar a favor de la justicia; votar a favor de la lucha en contra de la explotación; a favor de la defensa de la libertad y de la integridad de las personas.
Con esta ley se busca cubrir la carencia de normas concretas que permitan prevenir y sancionar de manera efectiva la trata de personas en nuestro país. Una de nuestras funciones como legisladoras y legisladores, será la de perfeccionar la ley, adecuarla a las legislaciones locales para hacerla efectiva.
Hoy, el Estado mexicano, los órganos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, tienen la obligación de combatir y prevenir la trata de personas. Fortalezcamos con nuestro apoyo este dictamen, que de ello dependerán muchos de los resultados en el combate de la trata de personas en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz (grupo parlamentario del PT): Compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para respaldar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que adiciona otros ordenamientos jurídicos.
En primer lugar, la ley que se expide tiende a erradicar la nefasta práctica de traficar seres humanos para explotarlos sexualmente. Existen en México y en el mundo redes delincuenciales que secuestran personas en sus países de origen, para llevarlos a otros, a ejercer la prostitución.
México es un país receptor de este tipo de casos, pero también expulsor, ya que se tiene conocimiento de que en regiones del estado de Tlaxcala se fuerza a mujeres, que mediante engaños, son llevadas a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ésta es una conducta aberrante cuando se trata de adultos, más lo es tratándose de niños y niñas.
En segundo lugar, el mérito de esta ley es que tipifica la conducta de trata de personas, definiéndola en el artículo 5o. como: "Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona por medio de violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterlos a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes".
Como podemos apreciar, estamos integrando al tipo penal de trata de personas, la amplia cadena de hipótesis que se pueden presentar en la comisión de este delito. Con ello pretendemos cerrar la descripción de la figura típica y evitar que quienes cometen este delito puedan evadir la acción de la justicia.
Resulta paradójico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba la esclavitud en los hechos, mientras en materia de explotación sexual esta conducta persista y no sea combatida oportuna y adecuadamente.
En tercer lugar, otro mérito del dictamen en comento es que en la ley se ordena la creación de una comisión intersecretarial integrada por dependencias y entidades de la administración pública federal y por la Procuraduría General de la República. Dicha comisión tendrá, entre otras tareas, la de elaborar el programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas. Con esta medida el Estado mexicano se obliga a diseñar toda una política integral de combate a quienes realizan esta actividad.
Asimismo, se establece como obligación para las autoridades disponer todas las medidas necesarias para la protección y asistencia a las víctimas u ofendidos de la trata de personas. Ésta es una disposición bondadosa que reconoce el estado de vulnerabilidad y alto riesgo en el que se encuentran las personas que son víctimas de este delito.
La ayuda que se les proporcionará comenzará desde trámites migratorios hasta ponerlos en contacto con sus representantes diplomáticos e inclusive las de permanecer en el país.
Adicionalmente se proponen reformas a otros ordenamientos jurídicos que también contribuyen al combate del delito de trata de personas. Por todo lo anterior, nuestro voto es a favor del dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Mercedes Maciel. En el caso de la siguiente participación, se instruye a la Secretaría para que pueda insertar el texto de la participación del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI): El Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, ocurre a apoyar esta ley para prevenir y sancionar la trata de personas que, como ya lo ha dicho mi compañera que me antecedió, en el artículo 15 de la ley se prevén todas las diversas conductas típicas de la configuración de este delito, que está ampliamente sustentado.
Sabemos que la trata de personas es un fenómeno muy antiguo. Recientemente, un diario de circulación nacional citaba la denuncia de Nidia Laguarda, especialista del BID, quien manifestaba que el tráfico ilegal de humanos se convirtió, en los últimos dos años, en el segundo negocio criminal más lucrativo del mundo, rebasado únicamente por el narcotráfico y precedido ahora por la venta ilegal de armas.
Que la trata de personas representa un negocio global de 32 mil millones de dólares al año, cuando en el 2004 la UNICEF marcaba que eran siete mil y 10 millones de dólares anuales. Es decir, aumentó más del triple, y precisa que el tráfico de personas es básicamente para fines de explotación sexual, laboral, en prácticas similares a la esclavitud o trabajo forzado o para la extracción de órganos.
Anualmente se trafican entre uno y dos millones de mujeres, hombres, niños y niñas y se obtienen ganancias de entre cuatro mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima y afirma que son muy pocos los casos que llegan a resolverse.
Por su parte, el INEGI estima que en México hay 16 mil niños y niñas sometidos a explotación sexual, principalmente en Cancún, Acapulco, Tijuana, Distrito Federal y Ciudad Juárez.
Juan Artola, el jefe de la misión mexicana de la Organización Internacional de las Migraciones, señala que México es uno de los cinco países de América, junto con Brasil, Colombia, República Dominicana y Surinam, con mayores problemas de trata de personas, sobre todo de mujeres, calculándose que de estos países 100 mil mujeres y adolescentes son conducidas a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel y Japón, donde son obligadas a prostituirse y que sólo en México 20 mil menores mexicanos son utilizados en el país para prácticas de prostitución y pornografía.
Por ello es que es el momento de que, como legisladores, asumamos una acción decisiva en nuestro ámbito de competencia, emitiendo las disposiciones legales que nos permitan hacer frente a este flagelo social, que se insiste, es el segundo ilícito más lucrativo del crimen organizado, sólo detrás del narcotráfico.
Se trata entonces, de una ley urgente y además, sirve para cumplir con los compromisos internacionales de diversas instituciones que ya operan en el mundo. En estas disposiciones de esta nueva ley, se establece la actividad, el modo de acción, ya sea el transporte, el traslado, etcétera, los medios, amenazas o el uso de la fuerza, propósito que incluye la explotación, la prostitución. En general es una ley muy completa que tiene claras diferencias con otro tipo de delitos.
La trata de personas puede darse dentro o fuera de un país. En la trata hay engaño, abuso y coacción; siempre hay explotación. En la trata la salida y el ingreso pueden ser legales. Después de haber llegado al destino, la trata, la explotación, generalmente puede prolongarse. La trata atenta principalmente contra la dignidad y los derechos de la persona.
El dictamen, compañeros, que hoy se propone, satisface los principios de la persecución de los traficantes, la protección de la víctima y la prevención de la trata. Por ello, solicitamos y apoyamos esta iniciativa. Felicitamos a todos los miembros de cada uno de los grupos parlamentarios, ya que esta ley fue aprobada en la Comisión de Justicia, por unanimidad. Felicidades a todos y muchas gracias. Ruego se inserte este documento en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La diputada Silvia Oliva Fragoso (PRD): Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy vamos a aprobar un dictamen de suma importancia para la vida de este país. Este dictamen que ha sido discutido ampliamente, el día de hoy tenemos un final adecuado: la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Que es un flagelo que ha estado presente en nuestro país y como lo dice bien la exposición de motivos, la Escuela Nacional de Antropología e Historia revela que 85 mil niñas y niños mexicanos y centroamericanos, están siendo explotados en la industria sexual de nuestro país y sólo en la Ciudad de México se considera que 150 mil personas adultas se dedican a la prostitución. El 99 por ciento de ellas, no son oriundas de la Ciudad de México.
¿Qué quiere decir esto? Que vienen de otros lugares y no solamente del interior de nuestro país; vienen de otros países y han sido sometidos a este terrible problema. Por eso, en nuestro país, también al compartir una frontera común con los Estados Unidos, es considerado como de origen, tránsito, así como destino final, la trata de personas, con fines de explotación sexual y laboral.
El fenómeno de la trata de personas en México es complejo y se encuentra estrechamente vinculado con redes delictivas, organizadas a nivel transnacional. Muchos emigrantes ilegales se convierten en víctimas y son explotados durante su trayecto de la frontera sur con Guatemala o hasta la frontera norte colindante con Estados Unidos de Norteamérica.
Además de la trata fronteriza, México enfrenta igualmente un considerable problema de trata interna, en la que miles de niños, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, son víctimas de esta explotación.
Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de miles de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes como el sector más vulnerable de ser expuesto por este delito.
La trata de personas es un delito con terribles consecuencias, considerado como una modalidad contemporánea de la esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres y niños que viola sus derechos fundamentales.
De ahí la importancia de este dictamen, de contar con un marco jurídico acorde a las realidades, no tan sólo del país sino del contexto internacional, donde el problema de la trata de personas se considera como un delito de consecuencia organizada de carácter internacional.
Nuestro grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del presente dictamen, toda vez que se incorporan lineamientos del derecho internacional para calificar estos hechos delictivos en el ámbito federal, con la cooperación de autoridades involucradas en las distintas esferas de gobierno.
El establecimiento además de programas de acciones permanentes que en esta ley se establecen, por un tipo penal acorde a las necesidades de las realidades del país y del contexto internacional.
Creo que esta Legislatura al aprobar esta ley dará un paso importante en la justicia para todas las personas y principalmente para los niños y las niñas. Muchísimas gracias, diputada Presidenta.
El diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez (PAN): Compañeras diputadas, compañeros diputados, en nuestro carácter de representantes populares, los diputados tenemos la obligación moral y cívica de permanecer atentos a los acontecimientos sociales que nos rodean, ya que si bien la función primordial del legislador es justamente la de crear y modificar ordenamientos jurídicos, debe de convertirse en un observador de problemas que enfrentamos en la actualidad y en un receptor de las necesidades y peticiones de la población.
Lo anterior con el objeto de desempeñarnos como actores protagónicos de la escena política en que vivimos, por lo tanto, Acción Nacional se funda, con la intención de ser una institución permanente, con un cuerpo de doctrina, con una filosofía política y social que dentro de sus principios defiende la justicia y la correcta aplicación de la misma.
Puesto que en el Estado es responsabilidad social, los individuos que tienen una relación específica con la comunidad, que se expresa en leyes aprobadas por las autoridades, para ordenar la convivencia social, preservar el bien común y dar efectiva protección a los derechos humanos.
Debido a que el mundo está inmerso en una permanente dinámica de globalización, lo que genera oportunidades, pero también en la que coexisten aspectos destructivos entre los que destacan el crimen organizado, lo que obliga a todos los actores del mundo a conducirse de acuerdo con el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad.
En ese sentido, hago uso de la tribuna para manifestar el respaldo de Acción Nacional al dictamen de la minuta de iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ya que como señala la exposición de motivos de la minuta antes citada, surge ante la impostergable necesidad de crear un marco legal vinculado con el derecho internacional que atienda en forma integral la problemática de trata de personas como un problema de índole mundial.
Lo anterior, como resultado de un compromiso originado en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, en diciembre de 2000, y que el Senado de la República ratificó el 22 de octubre de 2002; puesto que si bien es cierto que en el Código Penal Federal se contempla algunos tipos penales vinculados con la explotación y privación de la libertad de las personas, tales como son el lenocinio, pornografía infantil, tráfico de menores, tráfico de indocumentados, entre otros, su contexto no responde a los compromisos asumidos en el plano internacional de garantizar y hacer valer los derechos de quienes son víctimas de cualquier tipo de explotación sexual, laboral o de servidumbre.
Asimismo, es importante señalar que con este tipo penal que se propone, se contemplan mayores penas para quienes son responsables de la realización de un delito de trata de personas, por lo que se establecen agravantes en la pena cuando se trata de menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el significado, de hecho, quienes tengan capacidades diferentes, cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco con la víctima o si el agente se valiese de la función pública para cometer dicho delito.
Aunado a lo anterior cabe destacar que se establece de manera clara y precisa la competencia en el ámbito federal y en ese sentido la creación de la Comisión Intersecretarial, la que está integrada por dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República, la que elaborará y pondrá en práctica un Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en el que deberá incluir, por lo menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción del tipo en comento, así como la protección y atención a las víctimas de dicho delito; y por otra parte, la coordinación entre autoridades involucradas en distintas esferas de gobierno.
En ese sentido, concluyo que con esta ley se dará cumplimiento a una de las obligaciones derivadas del derecho internacional en el que México ha venido teniendo una participación activa; por lo que una vez más, reitero el compromiso de Acción Nacional en el combate del crimen organizado, específicamente en la lucha contra la trata de personas. Es por ello que estaremos a favor de la misma. Es cuanto, diputada Presidenta.
El diputado César Camacho Quiroz (PRI): Compañeras y compañeros diputados, la trata de personas, como lo hemos advertido en los últimos minutos, es evidentemente un delito que viola derechos humanos fundamentales e impacta negativamente al tejido social de las naciones.
La ONU estima que cada año son traficadas más de 800 mil personas en el mundo. Cerca de 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de distintas formas de abuso en nuestra frontera sur; 16 mil son sometidos a explotación sexual en Cancún, Acapulco, Tijuana y el Distrito Federal, según datos del INEGI. Es inaceptable que en el presente siglo se sigan perpetrando conductas tan lesivas para la dignidad de las personas, consideradas incluso formas contemporáneas de esclavitud.
El carácter transnacional de este crimen muestra que los países de origen, tránsito y destino deben trabajar en conjunto para evitar la trata de personas, proteger a sus víctimas y procesar a los responsables de la misma. Se trata, ciertamente, de un delito complejo, que en ocasiones opera a través de sofisticadas redes de comunicación e intercambio, que obtienen ganancias —por cierto— sólo superadas por otras formas delictivas como el tráfico de armas y el de narcóticos.
La experiencia internacional sugiere una estrategia ad hoc que entienda al fenómeno en su integralidad. México, desafortunadamente no está exento de este fenómeno delictivo del cual hasta hoy se habían presentado esfuerzos aislados por combatirlo e implicaba, en fin, una deuda legislativa en esta importante materia.
Por ello los legisladores de todos los partidos hoy cubrimos este pendiente y, comprometidos con la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, unánimemente presentamos a esta soberanía una ley, nueva ella, para prevenir y sancionar la trata de personas. Con ella el Estado mexicano podrá combatir enérgica y eficazmente esa conducta reprobable.
Esta ley es por supuesto necesaria y oportuna, vanguardista e integral, amplia y protectora. Cubre un espectro de protección mayor al que se cubriría con la sola tipificación de la conducta en el Código Penal. La ley abarca el tema desde tres vertientes fundamentales: la prevención, la sanción y la atención a las víctimas.
Millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes formas de explotación laboral, sexual o de servidumbre; responde entonces al compromiso internacional de nuestro país y a nuestra propia convicción nacionalista, el crear un marco legal que atienda especial e integralmente el fenómeno.
Establece de forma prolija la forma en que deberá cubrirse la reparación del daño a las víctimas de este delito, cuando esto sea posible. Tutela, por supuesto, un bien jurídico superior que es el libre desarrollo de la personalidad y tipifica la conducta delictiva con enorme cuidado y escrúpulo, promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Establece también la ley, una política preventiva y una política criminal adecuadas. La primera a cargo de una Comisión Intersecretarial encargada de elaborar un programa de prevención, encargada de celebrar convenios de colaboración interinstitucional y de coordinarse con todas las dependencias que haya necesidad. Y en la segunda, en la política criminal, responsabiliza a diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, a la Procuraduría, a los organismos públicos autónomos e incluso —y esto me importa destacarlo— a representantes de la sociedad civil y a especialistas.
En fin. Con ella, compañeras y compañeros, el Estado mexicano reivindica la esperanza de miles de personas, aquellas con derechos violados de manera grave por conductas que atentan contra su libre desarrollo.
De esta manera, el Estado mexicano previene, protege y castiga severamente a quienes sin escrúpulo pretenden medrar contra el valor más importante de las personas: su dignidad. El gobierno se pone de su lado.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, respetuosamente pido su voto aprobatorio para poner en marcha este mecanismo, este instrumento jurídico que a todos nos hará mucho bien. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César Camacho Quiroz. No habiendo más oradores anotados, se considera suficientemente discutido el tema. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.
No habiendo ningún artículo reservado, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. (Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 396 votos en pro; 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos el decreto que expide la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal.
Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E) del artículo 72 constitucional.