Proceso y Bous

Sonora impiden la circulación de Proceso

Patricia Dávila, reportera.

Revista Proceso, No. 1644, 4 de mayo de 2008;

HERMOSILLO, SON.- Los mil 420 ejemplares del semanario Proceso todavía no llegaban al estado, pero ya se habían vendido. Entre esa cantidad, que se envía normalmente, más los nuevos pedidos solicitados, la semana pasada miembros del gobierno de Eduardo Bours acabaron por adquirir 3 mil 530 ejemplares de la edición 1643 de esta revista para impedir su venta directa.En la página 10 de su edición correspondiente al 27 de abril, Proceso publicó el reportaje titulado El sospechoso gobernador multimillonario, en el cual el reportero Ricardo Ravelo describe cómo “desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político (…) a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero”.

Habitualmente, el semanario llega al aeropuerto de Hermosillo los domingos por la tarde y su distribución se inicia el lunes por la mañana. Mil 30 ejemplares se le entregan a voceadores de Nogales, Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado, y 390 se envían a locales cerrados de estas tres últimas ciudades.

Mauricio Ramírez, jefe de circulación de Proceso, relata que la noche del domingo 27 de abril Luis Lomelí, gerente de la zona norte-occidente de Publicaciones Citem –distribuidora nacional del semanario–, le notificó que su agente en Hermosillo, Luis Lugo, fue visitado por un grupo de personas que dijeron ser empleados del gobierno sonorense y le ordenaron que cuando llegaran los paquetes de la revista les avisara. “Las compramos todas”, aclararon.Como en otros casos de decomiso masivo de Proceso, Mauricio Ramírez le pidió al agente que intentara distribuir los ejemplares y que sólo si esto implicaba un riesgo para él vendiera las revistas al comprador del gobierno. Explica Ramírez: “Por experiencia sabemos que los agentes prefieren venderla, para evitar riesgos y tener una venta del 100% con pago inmediato”.

El lunes 28 por la mañana, Citem confirmó a la gerente de Ventas y Mercadotecnia de Proceso, Margarita Carreón, que en cuanto llegó la revista el gobierno de Sonora compró los ejemplares destinados a los voceadores, y que los compradores de Sanborns y Cuencas (tiendas del aeropuerto) solicitaban más ejemplares.Esa tarde Citem corroboró que se realizaron compras masivas en Sanborns, Cuencas y Wal-Mart, entre otros locales cerrados, por lo que, a solicitud de los distribuidores, se realizó un segundo envío de 460 ejemplares, que se distribuyó entre el miércoles y el jueves. Tanto en las oficinas administrativas como en la redacción de la revista se recibieron llamadas telefónicas de lectores que denunciaron el decomiso de ejemplares. Por el tono imperioso de las voces, se deduce que algunos telefonemas fueron realizados por empleados del gobierno sonorense para sondear cuándo se realizaría un siguiente envío. El miércoles 30 de abril salió un tercer embarque de mil 650 revistas para Hermosillo y Nogales; sin embargo, nuevamente fue adquirido en su totalidad por los mismos trabajadores del gobierno sonorense. Sólo que en esta ocasión los enviados del gobernador Eduardo Bours le exigieron al agente de Citem, Luis Lugo: “Detén el asunto, porque ya compramos muchas”. l

Para su conocimiento…
Sergio Loya, reportero.
El martes 29 de abril llegó un extraño mensaje a la Redacción de Proceso.
Se trataba de un fax remitido por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, acerca del reportaje que, en la edición número 1643 del 27 de abril, fue anunciado en portada con la imagen del mandatario y la leyenda: Eduardo Bours / narcopoder en Sonora.
Rubricado por el gobernador, y con el título La revista Proceso miente una vez más, el texto de Eduardo Bours niega todo –o casi todo– el contenido de la investigación que realizó el reportero Ricardo Ravelo con base en documentos de la PGR y otras fuentes (El sospechoso gobernador multimillonario, fue el título de interiores).
Según Eduardo Bours, su familia no es dueña de algunas empresas cuya propiedad se le atribuye, ni invirtió grandes sumas de dólares en el ramo de la hotelería, ni posee siete minas, ni la firma Bachoco –en cuyos camiones se han encontrado cargamentos de droga– tiene relación alguna con el trasiego de estupefacientes ni dispone de licencia para importar efedrina…
Aunque la lista de supuestos “desmentidos” es enorme –incluyendo su participación en la industria de la acuacultura y los presuntos vínculos de su jefe de escoltas con el narcotráfico–, Eduardo Bours no rechazó que pretenda dejar en la gubernatura a un incondicional ni, mucho menos, que pese a las investigaciones de la PGR –cuyos números de averiguación fueron consignados por el reportero– buscará postularse como candidato a la Presidencia de la República
Hasta allí todo parecía normal. No era nada raro que el gobernador Bours, envuelto en diversos escándalos por sus palabras y sus hechos durante una gestión que está a punto de terminar –le queda año y medio en la gubernatura–, negara lo innegable y ocultara lo evidente magnificando algunos errores menores que, en efecto, se cometieron en el reportaje.
Tampoco era insólito que, después de enumerar una serie de “logros” en su lucha contra el narcotráfico, como si estuviera en precampaña, incluyera una frase críptica como esta:
“Entiendo que tantas imprecisiones y ‘errores periodísticos’ obedecen a un móvil de ataque a mi persona, al nombre de mi familia y a los sonorenses y con un origen político, por políticos corruptos que están acostumbrados a amedrentar a aquellas gentes que se atreven a participar en sus tradicionales espacios de poder ahora compartidos con intereses del narcotráfico.”
Autoacusaciones involuntarias como ésta –ocasionadas por las anfibologías del inconsciente– tampoco mueven a sorpresa.
Lo que sí resultaba extraño es que el fax recibido en Proceso y el desplegado que el mismo día se publicó en varios diarios de la Ciudad de México coincidían en todo, punto por punto, excepto porque el fax contiene dos párrafos que no aparecen en el desplegado.
Los dos párrafos que Eduardo Bours quiso reservar en exclusiva para Proceso –y que el semanario prefiere compartir con sus lectores– son los siguientes:
“Teniendo claro todo lo anterior, no quisiera ni pensar que su ‘artículo’ fuese producto de la presión que hayan ejercido grupos o personas que tengan como propósito afectar la imagen de un gobernador que por actuar en contra del crimen organizado les resulte incómodo.
“No quisiera ni pensar que se trate de alguna campaña orquestada de la cual su medio de comunicación esté sirviendo como instrumento para golpear al viejo estilo de los políticos que ponen por encima de cualquier cosa su ambición de poder.”
“Que no se publique”
Recibido en las oficinas de este semanario a las 16:42 horas del 29 de abril, el fax fue turnado, como se hace con todas las réplicas, a la sección Palabra de Lector de la revista.
Al recibirlo, el editor de la sección se percató de que el texto, además de ser muy extenso, no cumplía con los demás requisitos de estructura, destinatario e identificación a que deben someterse todas las misivas.
Puesto que el escrito tenía forma de desplegado –y como tal se había publicado en dos periódicos nacionales–, el editor llamó alrededor de las 19:20 horas al conmutador del gobierno de Sonora buscando al coordinador de Comunicación Social, Daniel Durán Puente.
Una voz femenina preguntó:
–¿De dónde llama usted?
–De la revista Proceso.
–¿En qué podemos servirle?
–Necesito hablar con el coordinador de Comunicación Social.
–¿Es urgente?
–Sí.
–Mire, el licenciado Durán está ocupado en un evento muy importante y no se le puede interrumpir. Le voy a dar el teléfono celular de su asistente particular, el señor Mario Wolf. ¿Tiene con qué anotar?
–Sí, adelante…
Aproximadamente a las 19:45 horas, el editor marcó el número proporcionado. Sonó ocupado. Lo hizo otras dos veces con la misma suerte y, cerca de las 20:00 horas, Mario Wolf se reportó.
–Mi teléfono registró varias llamadas de usted. ¿Qué se le ofrece? –preguntó.
–Mire, licenciado, soy editor de la revista Proceso y quiero hablar con el licenciado Durán para preguntarle en qué condición el gobernador Eduardo Bours mandó hoy a nuestra Redacción un fax.
–¿A qué se refiere?
–No sabemos si se trata de una réplica para publicar en la sección Palabra de Lector o de un desplegado…
–Espéreme un momento. Voy a consultarlo con el licenciado Durán y de inmediato nos comunicamos con usted.
Tres o cuatro minutos después, Mario Wolf llamó de nuevo y señaló:
–Me dice el licenciado Durán que el documento del fax sólo es para conocimiento del director de Proceso.
–¿Qué quiere usted decir? ¿Que no es para publicarse en la revista?
–No. Sólo es para conocimiento del director.
–Pero si el director ya lo conoce… Se ha publicado como desplegado en por lo menos dos periódicos nacionales.
–Pues así nomás…
–¿Me confirma entonces que no desean su publicación en las páginas de Proceso?
–Sí, no queremos que lo publiquen, es sólo para que lo tenga el director…

Don Samuel Ruiz y la nueva Conai

Monseñor Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristobal de las Casas, dijo este domingo en Quéretaro -donde vive-, que confia en que se lograrán acuerdos con el diálogo que pide el EPR al gobierno de la República.
Agregó que las investigaciones sobre los responsables de las explosiones de los ductos de Pemex, del año pasado, no deben ser condicionante para el diálogo entre ese grupo yel gobierno federal.
Aclaró que por ahora no tiene comunicación del EPR, únicamente la que dieron a conocer a través de los medios de comunicación, donde se le propuso como uno de los intermediarios en el diálogo con el gobierno federal.
Por eso, afirmó, no hay conocimiento sobre la fecha ni lugar en los que podría realizarse ese diálogo que propuso dicho grupo, pero afirmó que "estamos dispuestos al diálogo donde sea", porque estas negociaciones siempre funcionan.

Fuente: Notimex-El Universal

Texto de Granados Chapa en Proceso, 1644, 4/05/2008;

Breve noticia de una mediación en cierne/Miguel Ángel Granados Chapa

El jueves 24 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario) difundió un comunicado radicalmente diferente a los que había emitido en los 11 meses anteriores. Se refería, como en ellos, a la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero esta vez solicitaba diálogo con el gobierno para lograr la presentación con vida de sus dos compañeros y pedía mediación civil para entablar dicho diálogo.

“Nunca hemos tratado, ni mucho menos dialogado con ese gobierno, aunque dice que lo estamos haciendo, eso es una mentira –dijo el EPR–. Por eso, para evitar mayor violencia, es necesario que entreguen a todas las víctimas de desaparición forzada.

“A quienes nos dirigimos, apelamos a su actitud humanitaria y honesta, si es que quieren y pueden hacerlo, para que intervengan con su autoridad moral y sus buenos oficios para que se resuelva este problema de carácter nacional y se haga justicia.

“Les suplicamos, si es de su interés, nos den una respuesta por medio de la prensa, cuando estén decididos a hacerlo o no hacerlo. Nos atrevemos a planteárselo en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos. “Por eso queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo, al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión.”

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas se hallaba fuera de México. Pero su presencia se hizo notar a través de una de las iniciativas que encabeza, la oficina de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Algunos de sus entusiastas y eficaces colaboradores –Pablo Romo, Dolores González– ofrecieron de inmediato sus instalaciones al resto de los nombrados por si querían deliberar juntos sobre la invitación que les hacía, de modo insólito, una organización político-militar que las más de las veces amagaba con atacar o se hacía responsable de ataques como los que en julio y septiembre del año pasado causaron gravísimos daños –ninguno a persona alguna– a ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Reunidos en Serapaz el viernes 25, Montemayor, López y Rivas y yo mismo, y contando con aquiescencia de don Samuel, aceptamos el llamado del EPR. Lo hicimos, según el consenso rápidamente alcanzado, por la importancia que atribuimos, “en las difíciles condiciones que vive hoy nuestro país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzosas”.

Aceptamos en el entendido de que nuestra eventual participación (que requería conocer el parecer del gobierno federal, la otra parte) tendría un carácter puntual, referido a las personas desaparecidas el 25 de mayo de 2007 y en el entendido de que el EPR se abstendría de toda acción armada mientras se realizara la interlocución entre las partes.

Por su parte, el FNCR respondió “afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos”. Así mismo, el Frente dijo recibir “con beneplácito la noticia de que también las cuatro personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva”. Más adelante el Frente nombraría para representarlo a su fundadora doña Rosario Ibarra y a los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

El EPR se dirigió el 28 de abril a don Samuel, la senadora Ibarra, López y Rivas, Montemayor y Granados Chapa para decirles que les habían “conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las personas de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”. Dijo también: “Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones”, incluido el compromiso de que “mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.

El EPR añadió “varias consideraciones que el gobierno federal tendría que cumplir:

a) que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito;

b) que se deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra;

c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido, y

d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.

Al día siguiente, 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, leyó un mensaje cuya médula consiste en decir que “el gobierno federal acepta dicho diálogo, siempre y cuando se consideren las siguientes condiciones y propuestas”:

1) Que el EPR “se comprometa públicamente a suspender en forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”;

2) que el diálogo no se limite al interés del EPR “sobre la presunta retención-desaparición de dos de sus militantes”, sino que comprenda también “aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”:

3) El diálogo sería directo, con integrantes del EPR “donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”; y

4) Dialogar no significa “que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El primero de mayo en Serapaz se reunieron por primera vez todos quienes eventualmente integrarían la comisión, que sólo nacerá –a mi entender– cuando queden claros los términos de la cuestión. Don Samuel, doña Rosario, González Ruiz, Hernández Monge, López y Rivas, Montemayor y yo “reiteramos nuestra disposición a realizar las labores de intermediación que faciliten el diálogo entre las partes” y solicitamos al gobierno “precisar en qué medida los condicionantes que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto”, porque en los términos en que fueron expresados parece que requiere la capitulación del EPR. Y mantuvimos que la figura de testigo social con que el gobierno pretende caracterizarnos, para no tenernos como mediadores, “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

En eso estamos a la hora de escribir estas líneas el viernes 2 de mayo.

Los fugitivos de la política

Los fugitivos de la política/Joaquín González es fiscal, jefe de la Unidad de Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) y autor del libro Corrupción y justicia democrática.

Publicado en El País, 05/05/2008;

Las relaciones entre poder económico y política vienen de antiguo y han sido objeto de estudio, al menos desde el Estado moderno. Max Weber advirtió que el nacimiento de este último, caracterizado por el monopolio de la coacción, fue impulsado de manera decisiva por los banqueros, obsesionados por la seguridad como condición de la buena marcha de los negocios. Se formalizó así un matrimonio de intereses bendecido por el capital, con reparto de papeles bien definido. Los magnates del dinero, conscientes de que el poder es por naturaleza oculto, se reservaron una función discreta, mientras que se les reconoció a los políticos el señorío del gran teatro de la vida pública.
Nuevas son las formas de interdependencia entre política y poder económico, con acreditada capacidad de adaptación. Singularmente, a los retos de la ampliación de mercados que permite la globalización y al desmantelamiento del sector público, que aun en manos privadas sigue manteniendo oscuros pasadizos con sus orígenes. Hoy en día cada opción política genera un enjambre de empresarios afines, a los que se vincula mediante lazos particulares y alianzas relativamente estables. Bajo la ley del silencio se crea un entretejido de intereses recíprocos, urdido en beneficio mutuo. El paso de un lado al otro, sobre todo de la política al campo empresarial, una vez amortizado el personaje en la primera, no es infrecuente. Convencidos como Sartre de que "el infierno son los otros", los agentes de estos clanes extienden una red de relaciones de naturaleza sectaria, ajena a todo control y esencialmente antidemocrática. Es la antesala de la corrupción.
El asunto es bien conocido en otros países de nuestro entorno, que ya fueron víctimas de tal forma de proceder. Normas precisas han sido adoptadas y las nociones de conflicto de intereses y de incompatibilidad forman parte fundamental de su cultura política. En la Unión Europea permanece en el recuerdo el intento de contratación, por una compañía de telefonía española, del comisario responsable de las telecomunicaciones. Ocurrió en 1999, con una Bruselas conmocionada por la dimisión de la Comisión Europea, en marzo de ese año, ante los aireados escándalos de corrupción. Y ahí ardió Troya. Se invocó "la délicatesse", fórmula propia del refinamiento francés, o the codes of conduct de sello anglosajón, para oponerse al despropósito, bajo la advertencia de acudir al Tribunal de Justicia por grave violación de los deberes de los comisarios.
España se ha sumado a velocidad de vértigo a este nuevo mundo, con su contrastada capacidad de adaptación, tanto para lo bueno como para esto. Muestra de ello es el incesante trasvase del mercado de la política al de los negocios que vivimos en estos días. Hoy más que nunca parece la primera seducida por los métodos y la estética de la empresa. Sin convicciones morales, ni credos políticos, ni ideales; es decir, lo que verdaderamente ennoblece a la política, arribistas de uno y otro signo desembarcan en las filas de los partidos, o en los órganos de decisión o en sus aledaños, para entreverar sus filas con el espíritu de la ganancia. Y allí, en el discreto púlpito de los despachos oficiales, predican la buena nueva del beneficio, de atractivo al parecer irresistible. Probablemente sea la extensión al ámbito económico del giro radical en la filosofía social que operaron Maquiavelo y Tomas Moro. Teorizaron una política entregada al orden del ser, abandonado el deber ser donde, fiel compañera de la ética, había vivido desde los tiempos de Aristóteles. Por esta vía, y si no se pone remedio, la política se convertirá en gestión empresarial; los partidos, en sociedades económicas; el poder, en negocio de colosales proporciones, y los políticos, en sus agentes.
Los fugitivos de la política acuden a sus nuevos destinos ligeros de equipaje. No allegan nuevas teorías, ni libros, estudios u otros documentos, si no algo más sencillo, aunque sumamente valioso: información confidencial y una agenda de contactos. Lo sabemos por sus protagonistas, que sin rubor alguno confiesan que su cotización depende de su círculo de amistades y conocidos. Siendo ya esto en extremo preocupante, no es lo más grave. Los silencios de unos y la limitada reacción de otros legitiman de manera simbólica prácticas en las antípodas de la moralidad pública. Se fabrican así nuevos triunfadores, espejo para jóvenes carreristas de la política que aspiran secretamente al viaje al Dorado de los consejos de administración, de las fundaciones y demás. El daño que se produce, en lo hondo de la organización social, es devastador.
En el entretejido y sus túneles subterráneos a que me refiero la corrupción deja de ser un fantasma para convertirse en discreto gendarme en el reparto desigual de las ganancias. La falta de visibilidad de las decisiones, no así de sus consecuencias, facilita la apropiación ilícita de información, utilizada en beneficio de unos pocos con violación de las reglas jurídicas y discriminación de terceros. Aquí puede radicar el interés de grandes empresas por determinadas personas vinculadas al poder político. En estos momentos de crisis económica, junto al apoyo de sus inversiones en el extranjero, buscan con avidez una posición de privilegio en la piñata de la contratación pública. Tengo en mi pensamiento a los pequeños y medianos empresarios, huérfanos de padrinos y ajenos a estos tejemanejes. Puedo entender su indignación.
Cierto es que España dispone de normas frente al tráfico de influencias y a los conflictos de intereses e incompatibilidades de nuestros políticos. No creo que sean suficientes. La corrupción es un fenómeno proteico, un prisma con formas variadas y cambiantes. Y las normas, estructuras rígidas, redes por entre cuyos orificios se escapan no pocos comportamientos. Por ello, aunque es necesario perfeccionar el orden jurídico, tanto en sus normas como en la organización, no podemos confiar toda la solución de este grave problema al Derecho. Ésta sería, lo es ya, una trampa. La experiencia demuestra que los sistemas penal y administrativo apenas atrapan los comportamientos más burdos. Y suelen hacerlo tarde, muy tarde, con respuestas que son ecos del olvido. La corrupción política, la que corroe los cimientos del pacto social, ha de tener respuesta inmediata en el seno en que se produce. Y su antídoto ha de venir de lo que García Pelayo definió como el ethos colectivo de creencias políticas y convicciones jurídicas inmanentes a nuestra Constitución.
Nuestro sistema tiene suficiente salud moral y líderes capaces de hacer valer la virtud en la vida pública. Se trataría de instaurar códigos morales y políticos de rigurosa observancia, antes, durante y después del paso por la vida pública. Habrían de disuadir a profesionales del medro, especuladores de la información, encantadores de salón, ilusionistas del negocio fácil y otros indeseables de nuestra poblada fauna político-empresarial. Se incrementaría así la sensación de que nuestros gobernantes no son marionetas en manos de un poder oculto. Sólo así podremos eliminar la permanente sospecha, alejar de la vida pública la sombra de la corrupción. Nuestros políticos tienen la palabra. Una gran parte de la credibilidad del sistema depende de ello.

Elecciones en Paraguay

La conformación del Congreso en Paraguay.

Aún cuando "Los colorados" perdieron una hegemonía de 61 años en el poder en la elección presidencial el pasado 20 de abril, serán la primera mayoría ya que ocuparán 15 de los 45 escaños del Senado; el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), será segunda fuerza electoral, que tendrá 14 bancas; la Unión Nacional de Ciudadanos ticos (UNACE), del general retirado y ex candidato presidencial Lino Oviedo, con 9 bancas, desplazan de ese lugar al Partido Patria Querida (PPQ), que alcanzó solo 4 escaños; por su parte, el Partido País Solidario (PPS), el Movimiento Popular Tekojojá y el Democrático Progresista (PDP), todos afines al ex obispo, accedieron cada uno a un lugar en El Senado.

En tanto, en la Cámara de Diputados, de 80 miembros, Los Colorados también lograron la primera mayoría con 30 representantes, seguido por el PLRA, que obtuvo 29; UNACE, que acumuló 15; el PPQ, 4, y el PDP y el Tekojojá uno cada uno.
Antes de conocerse la composición de ambas cámaras legislativas, el vicepresidente electo y titular del PLRA, Federico Franco, admitió la necesidad de construir pactos y anunció que la Alianza ha ofrecido cuotas de poder tanto a UNACE como al PPQ.
Franco ha destacado que las negociaciones con el ex jefe del Ejército apuntan a ''compartir con la oposición y conseguir mayoría en el Parlamento'.

Monseñor Fernadndo Lugo, quién asumirá el cargo el 15 de agosto próximo, no descartó un acercamiento con el sector disidente ''colorado'' que lidera el ex vicepresidente Luis Castiglioni, quien se erigió en un declarado enemigo político de Duarte. Castiglioni, quien afirma haber sido víctima de un fraude en las elecciones primarias en las que se impuso la candidatura presidencial de Blanca Ovelar, apoyada por Duarte, tendrá varios legisladores leales en ambas cámaras.
El ex vicepresidente, que ha anunciado que tendrá su propia bancada en el Congreso, y ha responsabilizado al gobernante saliente de la derrota electoral y le ha exigido la renuncia en la presidencia del Partido Colorado.

Monseñor Lugo pudo ganar las elecciones del pasado 20 de abril, con la coalición Alianza Patriótica para el Cambio, (APC). Esta. fue fundada penas hace ocho meses y la integran nueve partidos -encabezados por el PLRA- desde centristas y aún derechistas y trece movimientos sociales, en su mayor parte con orientación de izquierda, como el Movimiento al Socialismo.

Monseñor Lugo y el vicepresidente, Federico Franco (del PLRA), llegaron a un acuerdo con Lino Oviedo y su partido UNACE para lograr mayoría en el Congreso. Empepro, como lo comentan varios analistas el verdadero problema de gobernabilidad que enfrenta Paraguay no está en el Poder Legislativo; tiene un carácter estructural y se refiere al hecho de que amplios sectores del Estado paraguayo, tanto vertical como espacialmente, están controlados por el contrabando y el crimen organizado desde la década del setenta.

Fuente: EFE.

EPR; la opinión de Ricardo Alemán

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán

Publicado en El Universal, 04 de mayo de 2008;

EPR: ¿Para qué dialogar?
Indicios de que el gobierno de Calderón tendió la mano
Todo apunta a que la gestión de Ulises Ruiz está implicada
Parece un ejercicio ocioso, pero lo cierto es que para entender lo que está ocurriendo en torno al EPR y su repentina propuesta de diálogo con el gobierno de Calderón, primero debemos intentar responder interrogantes básicas.
¿Por qué un grupo guerrillero, clandestino, que lleva más de cuatro décadas de lucha, con escasas posibilidades de crecimiento y de éxito, en forma repentina cambia su estrategia y propone dialogar con un gobierno al que califica de “espurio”?
¿Qué hizo posible el giro de 360 grados en su postura radical?
¿Por qué dialogar con un gobierno de derecha como el de Calderón, cuestionado de origen, y con el que la llamada izquierda institucional y partidista decretó “cero diálogo”?
¿A quién le urge el diálogo, quién resultará más favorecido, más allá de que fue el EPR el que lo propuso?
¿El diálogo es sólo para forzar al gobierno a localizar a los también guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o es que el EPR pretende abrir espacios para construir el puente que los lleve a la vida institucional mediante, por ejemplo, un proceso de amnistía?
¿Qué no tiene tintes de trampa, la propuesta de diálogo, para romper la alianza PRI-PAN-gobierno de Calderón?
EPR en evolución
En sentido contrario a las muchas opiniones que han expresado voces que se reclaman emparentadas con la izquierda, aquí creemos que sí existe un proceso de evolución intramuros de ese núcleo cerrado que compone el cuerpo de mando del EPR y que un sector mayoritario, especialmente de cuadros jóvenes y con mayor preparación, han decidido una mudanza estratégica inaplazable que, de concretarse, los llevará al puerto de la institucionalidad como fuerza política legal.
Algunas cabezas del EPR parecen haber leído con cuidado los códigos resultantes de julio de 2006, y luego de mostrarse como aliados del PRD y de su candidato, habrían entendido que el estanco de la izquierda partidista se había vaciado y la izquierda del FAP era una izquierda viciada y más bien un clon del viejo PRI. ¿Y quién iba a llenar ese espacio? ¿Pues quién mejor que una evolución de un grupo guerrillero como el EPR al que, por cierto, algunos no ven más que como un puñado de forajidos, asaltabancos y secuestradores?
Esa hipótesis la planteamos en el Itinerario Político del 20 de septiembre de 2007, en donde dijimos: “Sin restarle un grado de legitimidad a la demanda del EPR, de que aparezcan sus compañeros, nadie puede creer que ese sea el objetivo último, en conjunto. ¿Entonces cuál es el todo? De nueva cuenta el más reciente comunicado deja ver que el EPR se asume como una nueva etapa de los grupos guerrilleros que en México hicieron posibles los cambios rumbo a la “apertura democrática” desde los años 1970 hasta la fecha.
“Pareciera que el EPR —igual que otras expresiones guerrilleras del pasado— pretendiera una contribución al avance democrático, mediante la combinación de violencia y negociación, y que cree que el actual es el momento propicio. Para ello requería —y en buena medida lo consiguió— tener la presencia nacional que no había logrado en décadas, operando en reductos como Oaxaca, Puebla y Guerrero. Pareciera que pretende un puente, una interlocución oficial del gobierno de Calderón...”. Hasta aquí la cita.
¿Qué ocurrió en los siguientes siete meses, después de los estallidos en instalaciones de Pemex, desde septiembre de 2007 a abril de 2008? Si vemos con cuidado, podríamos decir que ocurrieron muchas cosas. Pero la más importante de todas ellas, es que en efecto, como lo propusimos hace siete meses, se confirmó la hipótesis de que el EPR pretendía un puente de diálogo con el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, el ala negociadora y dialogante del EPR habría ganado la partida. Se habían convencido los dirigentes del grupo guerrillero que era tiempo de un paso evolutivo.
Calderón tiende la mano
La siguiente interrogante es de sentido común y hasta en orden progresivo: ¿para qué el diálogo? ¿Sólo para localizar a sus compañeros?
En el comunicado que difundió el EPR el 18 de septiembre de 2007, el grupo guerrillero hace una puntual enumeración de las situaciones de la realidad nacional —de cómo se ve esa realidad a los ojos de los milicianos y dirigentes del EPR—, y que los llevan a considerar que en México “no existe democracia”. Una lectura crítica de esa apreciación nos llevó a suponer que el EPR estaba planteando los escenarios en los que ellos actuarían para cambiar esa realidad, si es que se convierte en parte del aparato institucional.
Y el asunto pasó a un dato firme en el siguiente comunicado, el del 2 de octubre —con toda la carga de la fecha histórica de 1968— en donde el EPR hizo un esbozo de propuesta de programa de acción, por un lado, y de reclamos concretos de espacio y condiciones al gobierno federal para iniciar acercamientos e intercambios de opiniones. ¿A qué nos referimos?
Que en ese comunicado del 2 de octubre de 2007, en efecto el EPR inicia con el reclamo de la aparición con vida de sus compañeros, pero ese es sólo el punto uno de un total de 11 reclamos concretos, entre ellos el cese a la presión a presos de conciencia, acabar con grupos paramilitares —léase Oaxaca— y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Se confirmó, otra vez, que en efecto la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es la primera demanda del EPR, pero no la única. En realidad el EPR estaba y sigue preparando su inserción en la vida política nacional.
Y en el gobierno de Felipe Calderón parecen haber entendido el mensaje —sobre todo el ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien de inmediato propuso un diálogo con los rebeldes— y en el mes de noviembre Flavio Sosa dejó el Penal de Alta Seguridad del Altiplano y fue llevado a una prisión convencional. En diciembre de ese 2007 se empezaron a mover las piezas; resulta que sin más Héctor Cerezo Contreras, hijo de Tiburcio Cruz Sánchez, a la sazón jefe guerrillero del EPR, fue sacado del Penal de Alta Seguridad de Matamoros, Tamaulipas, y llevado a la cárcel de Atlacholoaya, en Morelos. A esa misma prisión fue llevado en marzo de 2008 otro de los hermanos Cerezo, de nombre Antonio, quien se encontraba en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano.
De manera simultánea, se desvanecieron los cargos contra el líder de la APPO, Flavio Sosa, quien dejó la cárcel el 19 de abril de 2008, en tanto que la PGR se encargó de dar una importante difusión a la detención de policías ministeriales de Oaxaca —y se filtraron partes del expediente respectivo— en el que se deja ver que la policía ministerial de Oaxaca, y el gobierno de Ulises Ruiz, habría sido responsables de la detención y desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hace casi un año precisamente en Oaxaca.
No es casual que luego del intercambio de las señales arriba citadas, el 24 de abril de 2008 y formado en “algún lugar de Querétaro”, el EPR diera a conocer un comunicado en el que propone al gobierno de Felipe Calderón iniciar un proceso de diálogo “con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo”.
Diálogo con el adversario
Muchos se preguntan sobre el giro de 180 grados del EPR, sobre un cambio al parecer inexplicable de un grupo guerrillero que hace meses proponía derrocar al gobierno de la derecha, que calificaba de “espurio” al presidente Calderón y que ahora propone un proceso de diálogo con ese gobierno. ¿Qué pasó?
La del EPR, más allá de que se concrete o no el diálogo, parece una jugada inteligente y audaz. Como ya vimos arriba, el Ejército Popular Revolucionario parece haber entendido que el actual es el mejor momento para su causa, en tanto cuerpo social que asume la evolución estratégica como parte de su proceso de maduración. ¿Por qué dialogar y no derrocar a la derecha?
Porque al transitar por el camino del diálogo —luego de haber dado muestra de su poder organizativo en Oaxaca, con la APPO y de grupo violento con los estallidos en ductos de Pemex— el EPR asume el papel de adversario natural de la derecha. ¿Y cuál es el adversario natural de la derecha? En efecto, la izquierda. Es decir, el EPR parece haber decidido su salto evolutivo, dejar la clandestinidad y alcanzar un lugar en el concierto de las fuerzas partidistas. Así, al colocarse frente al gobierno de Calderón y al proponer un diálogo directo, lo que hace es arrebatarle al PRD, al FAP y a los delirantes fanáticos de “el movimiento soy yo”, el papel de adversario natural de la derecha gobernante.
El EPR está a un paso de ocupar el vacío que ha dejado el PRD y las rémoras de la dizque izquierda PT y Convergencia, y podría entrar a esas lides por la puerta grande. El problema es que en el gobierno de Calderón parecen no entender que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es ya un cartucho quemado como para llevar adelante la delicada encomienda de impulsar un diálogo con un grupo radical como el EPR.
En el proceso de diálogo se requiere inteligencia, audacia, creatividad, talento... pero también credibilidad y confianza en el interlocutor. Está claro que el gobierno de Calderón pretende vetar a algunos de los personajes que ha propuesto el EPR como interventores —en especial a la señora Rosario Ibarra— pero nadie le ha dicho al presidente Calderón que su protegido, el secretario Mouriño, no es precisamente la mejor carta para el diálogo.
Choque con el PRI
Por lo pronto, parece inevitable un choque entre el gobierno de Felipe Calderón y el sector más conservador del PRI, representado por un grupo de gobernadores, entre ellos y de manera destacada el de Oaxaca, Ulises Ruiz, al que el gobierno federal ha detectado como el responsable de la desaparición de los dos eperristas reclamados desde hace casi un año. ¿Qué va a ocurrir si en efecto, la PGR comprueba que el gobierno de Ulises Ruiz está detrás de la desaparición y probable muerte de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez?
Todos sabemos de la existencia de una alianza entre el PRI, el PAN y el gobierno de Calderón, y que esa alianza se ha expresado y podría seguir viva en torno a la reforma petrolera. Pero si el gobierno de Calderón se lanza contra el gobernador de Oaxaca, es muy probable que los anticuerpos del PRI reaccionen y que esté en peligro la reforma petrolera. ¿Qué tendrá que dar a cambio el gobierno de Calderón, que valga tanto como la cabeza del gobernador Ulises Ruiz? En el fondo, la cabeza del gobernador de Oaxaca ya tiene precio. Y claro, en política un alfil vale un alfil. Y también está en la cuerda floja el gobernador de Jalisco, el motejado góber-piadoso. Todo puede ocurrir. Al tiempo.
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