Thomas A. Shannon ante la Comisión de A. Exteriores

Trancripción de las declaraciones del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental Thomas A. Shannon ante ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; ; Washington D.C. 15 de noviembre de 2007
Iniciativa de Mérida
Señor presidente, legisladora de rango Ros-Lehtinen y miembros de la Comisión:
Gracias por darme la oportunidad de conversar sobre la Iniciativa de Mérida y el nuevo paradigma que representa para la cooperación en materia de seguridad regional entre Estados Unidos, México y los países de América Central.
El presidente ha solicitado un suplemento presupuestario de 550 millones de dólares para la Iniciativa de Mérida. De esa cantidad, 500 millones se destinarían a México en una primera fracción de lo que esperamos que sea un paquete plurianual de cooperación en materia de seguridad por valor de 1.400 millones, y 50 millones de dólares se destinarían a América Central.
Este es un momento importante en la lucha contra el tráfico transnacional de drogas y la delincuencia organizada, uno que requiere medidas urgentes por parte de todos los países involucrados. El presidente Bush reconoció que Estados Unidos tiene la oportunidad sin precedentes de reducir el costo económico y humano que sufren nuestras ciudades y pueblos a causa de la delincuencia transfronteriza. Los gobiernos y los ciudadanos de México y América Central han reconocido la amenaza a su propia estabilidad y prosperidad. Están tomando medidas valientes para afrontar los elementos delictivos y buscan ahora el apoyo de Estados Unidos para concretar un esfuerzo regional amplio e integrado.
Durante la última década organizaciones de tráfico de drogas y otros grupos delictivos han aumentado en tamaño y fuerza, tratando de socavar e intimidar a las instituciones del gobierno en México y América Central, comprometiendo a los entes estatales encargados de aplicar la ley y debilitando de manera considerable la capacidad de dichos gobiernos para mantener el orden público y ampliar el estado de derecho. Esta proliferación ha producido un aumento en los delitos y la violencia en toda la región, incluyendo en Estados Unidos.
Hemos visto la irrupción de las pandillas como protagonistas sociales de importancia, la corrupción de la policía, del poder judicial y de los sistemas penitenciario, así como una creciente demanda popular a los gobiernos para que respondan a la amenaza que plantean estas organizaciones delictivas. Los efectos de este problema cada vez mayor también son visibles en Estados Unidos en forma de la violencia pandillera, los delitos y las tasas más elevadas de trata de seres humanos y tráfico de drogas, todo lo cual amenaza nuestra propia seguridad nacional e impone crecientes costos económicos.
Nada de lo que acabo de relatar es una sorpresa para nuestros asociados en la región: estos líderes han empleado el mismo lenguaje para describir y reconocer los desafíos que afrontan. Y están procediendo de manera acorde: los líderes de estos países ya han dirigido sus esfuerzos a combatir la violencia y los delitos que afectan a su ciudadanía y nos han pedido que nos sumemos a ellos, en calidad de colaboradores.
En México, el presidente Calderón ha procedido con determinación, utilizando las herramientas más eficaces a su disposición. Está reorganizando la policía federal, poniendo recursos nuevos y adicionales en manos de los servicios de seguridad, desplegando unidades militares en apoyo de las operaciones de policía, erradicando a los funcionarios corruptos, atacando la impunidad, deteniendo a los principales cabecillas del crimen y extraditando a Estados Unidos a una cantidad sin precedentes de cabecillas de la droga y otros delincuentes. La determinación y el compromiso que ha demostrado el gobierno de Calderón es histórica y los primeros resultados son impresionantes. Sin ir más lejos, en dos incautaciones realizadas en un mes se hallaron más de 30 toneladas de cocaína destinada a México o Estados Unidos, lo cual ha batido todos los récord anteriores en materia de incautaciones de drogas en México. De hecho, según tenemos entendido, en el primer año del gobierno de Calderón México ha confiscado más cocaína que en cualquier otro momento desde que se estableciera un registro.
Sin embargo, el presidente Calderón ha reconocido que no basta el liderazgo ni la voluntad política; él necesita recursos institucionales y materiales de mayor envergadura para garantizar tanto el éxito a corto plazo como el cambio institucional a largo plazo. En una medida sin precedentes, ha pedido a Estados Unidos establecer una nueva colaboración con México y ayuda para ayudarle a reforzar los organismos de aplicación de la ley mexicanos, la seguridad pública y la seguridad fronteriza para derrotar a las organizaciones delictivas y de tráfico de drogas. No se trata de un pedido “tradicional” de ayuda exterior. Es, como señala nuestra declaración conjunta, “un nuevo paradigma para la cooperación en materia de seguridad”.
Al mismo tiempo, los países de América Central se han comprometido a aplicar medidas colectivas para resolver estas preocupaciones comunes sobre seguridad. Por medio del Sistema de Integración de América Central (SICA) los gobiernos han demostrado la determinación política de sumar fuerzas para fortalecer la seguridad regional; no obstante, carecen de las herramientas suficientes y de la capacidad para poner en práctica esa voluntad. A pesar de estos desafíos las autoridades nacionales siguen teniendo un compromiso con la lucha [contra estos problemas] usando sus propios recursos limitados y equipos para frenar los narcóticos, detener a los integrantes de los carteles de la droga y extraditar a Estados Unidos a traficantes de alto perfil para su procesamiento.
Los países de América Central también están comprometidos a colaborar entre sí, así como con Estados Unidos. En marzo el gobierno de Panamá, en colaboración con la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Guardacostas, decomisó la cantidad sin precedentes de 17 toneladas de cocaína. Y apenas la semana pasada, en una operación conjunta en la que participaron organismos estadounidenses de aplicación de la ley y la policía nacional de Nicaragua y de Costa Rica, se confiscaron 250 kilos de cocaína en Nicaragua. Estos ejemplos demuestran que en América Central, al igual que en México, hay valientes asociados con los cuales podemos colaborar.
El impulso de la Iniciativa de Mérida surgió del viaje del presidente Bush a la región en el mes de marzo, particularmente de sus visitas a Guatemala y México, donde las cuestiones de seguridad dominaron las conversaciones con los presidentes Berger y Calderón. En el curso de estas conversaciones y las consultas que siguieron tanto con México y América Central, hemos podido desarrollar el marco de una nueva alianza regional de seguridad.
Durante este proceso, hemos intentado dar forma a la Iniciativa de Mérida para que sea abarcadora, equilibrada, y se lleve a la práctica en el momento adecuado. La iniciativa es abarcadora en el sentido de que trata todos los aspectos de la seguridad y se forma a partir de una variedad de iniciativas que tienen lugar ahora en Estados Unidos, México y América Central. Combinado con el empuje que le hemos dado a la lucha contra el tráfico de drogas y el flujo de otros bienes ilícitos en otros lugares de la región, la Iniciativa de Mérida representa un esfuerzo para integrar los programas de seguridad desde los Andes, a través del istmo de América Central y hacia México, hasta la frontera del sudoeste de Estados Unidos. Esto es un asalto hemisférico para debilitar el tráfico de drogas y las organizaciones delictivas, para desbaratar y desmantelar sus redes, y para ayudar a fortificar las instituciones estatales para asegurar que estos grupos no puedan operar eficazmente nunca más.
La iniciativa es equilibrada porque implica la participación de una gama de instituciones de seguridad en México y América Central, con un enfoque concreto en la creación de capacidad para los sectores civiles. Toda la parte que se refiere a la solicitud suplementaria para América Central y casi el 60 por ciento de la porción que se asigna a México va a ir a parar a organismos civiles en esos países. Nuestra meta es equilibrar el paquete para ayudar a México y América Central en su lucha inmediata contra la delincuencia organizada, para mejorar las conexiones y la comunicación entre los diversos organismos encargados de aplicar la ley y para apoyar las reformas institucionales necesarias para fortalecer las instituciones estatales de justicia y el estado de derecho que son esenciales para la protección a largo plazo de los derechos civiles y humanos.
Finalmente, la Iniciativa de Mérida tiene lugar en el momento adecuado, porque responde a una amenaza en tiempo real, cuando la delincuencia organizada intenta sobreponerse a la estabilidad y el bienestar de los estados democráticos en México y América Central. Nuestros aliados en esta región ya han empezado a actuar y han solicitado nuestra asistencia tan pronto como sea posible. La urgencia de su solicitud es palpable, y no debemos perder esta oportunidad para aprovechar los éxitos que hemos visto hasta ahora, así como para crear una alianza más fuerte con los asociados que estén interesados en ello.
Al tiempo que nuestros asociados en la región se dan cuenta de la extensión de la amenaza, el presidente Bush ha aceptado que Estados Unidos comparte esta responsabilidad y está preparado para hacer nuestra parte. Esta solicitud [presupuestaria] refleja el modo en que Estados Unidos desearía trabajar con los gobiernos de México y de los países de América Central utilizando fondos de asistencia al exterior. Yo ya me he pronunciado sobre el incremento de los esfuerzos con los que estos gobiernos han comenzado la lucha por sí mismos. Lo que no se ha captado en esta solicitud suplementaria es lo que Estados Unidos hace a nivel interno para contribuir a esta alianza.
Aunque me remito a los organismos internos estadounidenses de aplicación de la ley, les puedo asegurar que la Iniciativa de Mérida fue diseñada para complementar lo que Estados Unidos ha venido haciendo en nuestro lado de la frontera para abordar temas tales como el tráfico de armas y de dinero, las pandillas y la demanda de estupefacientes. Por medio de varias estrategias y programas internos, tales como la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera Sudoeste, la Estrategia Nacional para el Control de Drogas, y la Estrategia de Estados Unidos para Combatir las Pandillas Criminales de América Central y México, trabajamos a nivel interno para mejorar nuestros esfuerzos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, armas, dinero, y personas, así como para reducir la demanda de drogas en Estados Unidos.
Sin embargo, como expresó el presidente Bush, no es suficiente que cada país trabaje por sí solo. Los problemas regionales necesitan soluciones regionales. La Iniciativa de Mérida es la combinación de los esfuerzos internos de cada país con la cooperación regional para multiplicar los efectos de nuestras acciones. Muestra claramente que nos damos cuenta de que las organizaciones delictivas y de tráfico de drogas no respetan las fronteras políticas y que debemos sincronizar nuestras tácticas y enfrentarnos juntos al problema.
Este nuevo paradigma no está exento de desafíos, pero creemos que éstos pueden superarse. La fiscalización y la rendición de cuentas son esenciales en este proceso y hemos estructurado el paquete de modo que esto quede asegurado. También tenemos previsto continuar sobre la base de los esfuerzos que los gobiernos de México y los países de América Central hacen para proteger los derechos humanos y erradicar la corrupción; todos los participantes están de acuerdo en que estos son elementos indispensables de cualquier alianza de cooperación en materia de seguridad.
Al haber visitado México con el vicesecretario Negroponte hace dos semanas, y habiendo dirigido la delegación estadounidense en el primer Diálogo sobre Seguridad EE.UU.-SICA en Guatemala en el mes de julio, les puedo decir que estoy apabullado por lo inmediato de la amenaza. Igualmente, me ha impresionado el compromiso de los gobiernos en cuestión para trabajar juntos y poner fin de una vez al aumento de la violencia y la delincuencia.
La idea del presidente para este hemisferio se basa en la colaboración; el tipo de colaboración que la Iniciativa de Mérida representa. Ha destacado que todos en la región, incluyendo a Estados Unidos, tienen la responsabilidad compartida en la lucha contra la delincuencia y la violencia que tan gravemente afectan a nuestros ciudadanos. Tenemos profundos vínculos geográficos, económicos y demográficos con México y América Central y el interés urgente en la seguridad nacional de ayudar a los gobiernos de esta región a tener éxito en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Creemos que la Iniciativa de Mérida representa la mayor esperanza para acometer este problema de un modo definitivo junto con aquellos de nuestros asociados que desean lo mismo.
Gracias por su atención. Responderé a sus preguntas con mucho gusto.
(desafortunadamente las preguntas y resuetsas no están accesibles en español)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/esp)
Committee Statement of Senator Lugar
Statement for Hearing to Evaluate Anti-Drug Package for Mexico and Central America
Thursday, November 15, 2007
U.S. Senate Foreign Relations Committee Republican leader Dick Lugar made the following statement at today’s hearing:
Mr. Chairman, thank you for chairing this important hearing on the President’s supplemental funding request to combat narco-trafficking through Mexico and Central America, known as the Merida Initiative.
Since entering office last December, Mexican President Felipe Calderon moved to improve public security in his country. The Mexican government has committed $2.5 billion to combat drug trafficking next year, launched aggressive anti-drug operations in ten Mexican states, replaced numerous high-ranking federal police officers in anti-corruption campaigns, and created a unified national crime database.
The Calderon government has strengthened law enforcement cooperation, extraditing close to 80 criminals to the United States this year, including cartel kingpins. It has also made record seizures of cocaine, methamphetamine precursors, cash, and other assets.
The ongoing public security campaign has reduced the legal impunity that the drug cartels have traditionally enjoyed in Mexico, but it has come at a high cost. Mexico has suffered approximately 2,650 drug related killings since the beginning of this year, compared to 2,120 in 2006.
The Merida Initiative is an attempt to seize the opportunity created by Mexico’s invigorated anti-crime campaign by funding key programs and building stronger cooperation between Mexico and the United States. It recognizes that 90 percent of the cocaine entering the United States transits Mexico and that our efforts to combat this drug flow and associated criminal activities depend on a partnership with the Mexican government.
To assist Mexico’s efforts, the Merida Initiative provides $500 million -- including $306 million for counternarcotics, counter-terrorism, and border security; $100 million for institution building and the rule of law; and $56 million for public security and law enforcement.
In addition, the Administration has proposed $50 million to boost counternarcotics, counterterrorism, and law enforcement in Central America. I am concerned that this portion of the request falls short of what is required. Though Mexico has made progress against organized crime, the strength of criminal gangs in Central America is growing.
Gangs in Central American have emerged as major social forces, and they have been expanding their influence in relatively ungoverned areas that they exploit for their drug trafficking operations. Central American leaders and public opinion -- especially in Guatemala, El Salvador and Honduras -- have characterized this situation as a regional emergency requiring an urgent response.
Central America is the primary transit point for people and drugs destined for the United States from Colombia. Increasing crime in Central America threatens regional stability, debilitates national economies and exacerbates illegal migration to the United States.
In the past, political wrangling and resource constraints have hampered Central America’s response to the drug trade. Recently, Central American countries have agreed to strengthen regional security through the Central American Integration System. Together they have produced a comprehensive regional security strategy.
But Central American officials feel that they will not be able to confront threats effectively without more assistance. They fear that gang members and drug traffickers will flee Mexico for Central America where it will be easier to operate. As one senior Central American Government official stated: “in this case Mexico’s gain could be our loss.”
In this context, I am hopeful that additional funds will be found for Central America as this initiative goes forward – perhaps during the FYO9 Appropriations cycle. It is especially important that the Merida initiative be implemented as a regional plan and progress be evaluated according to what is happening in both Mexico and its neighbors to the south.
In Mexico, President Calderon is laying the groundwork for deeper cooperation with the U.S., articulating a message that makes clear that coordination in sensitive areas will require more compromise, mutual trust, and respect for each nation’s sovereignty. One area that requires more cooperation is arms trafficking.
A member of my senior staff returned this month from a visit to Mexico City where he met with Mexican Government officials and members of the Mexican Senate regarding attitudes towards the Merida Initiative. He found Mexican officials generally supportive, but they consistently called on him to relay their concerns about the flow of guns and explosives from the United States into Mexico. American Embassy officials confirmed that the U.S. is a major source of weapons for Mexican gangs and drug runners.
As the Merida Initiative goes forward, American agencies must work closely with Mexican officials to address this problem. We do not want to create a self-defeating situation in which a critical foreign assistance program meant to assist a neighbor and enhance U.S. security is being undercut by an illegal flow of weapons originating from within our own borders.
I look forward to the insights of our witnesses on these and other issues related to this initiative.
Subcommittee on the Western Hemisphere

News from Congressman Eliot Engel
Representing the Bronx, Westchester, and Rockland CountiesOffices in the Bronx, Mount Vernon and West Nyack2161 Rayburn HOB, Washington, DC 20515Contact: Eric Jacobstein or Jason Steinbaum, 202-226-9980For Release: Thursday, October 25, 2007
ENGEL HOLDS HEARING ON $1.4 BILLION SECURITY ASSISTANCE PACKAGE FOR MEXICO AND CENTRAL AMERICAWashington, D.C. – Congressman Eliot Engel, Chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere, is chairing a hearing today on the Bush Administration’s $1.4 billion request for security assistance to combat drugs and drug-related violence in Mexico and Central America. Witnesses at the hearing include Jess Ford (Director of International Affairs and Trade at the Government Accountability Office), Ambassador Jim Jones (a former member of Congress and U.S. Ambassador to Mexico), Joy Olson (Executive Director of the Washington Office on Latin America), John Bailey (Professor of Government from Georgetown University) and Armand Peschard-Sverdrup (CEO of Peschard-Sverdrup and Associates and a Senior Associate at the Center for Strategic and International Studies). The following is Chairman Engel’s opening statement at today’s hearing: “It is my pleasure to welcome you to today’s hearing on U.S. security assistance to Mexico. On Monday, the Bush Administration asked Congress to approve $1.4 billion over the next three years to help the Mexican government fight drug traffickers. The President has asked for the quick appropriation of $500 million for Mexico and an additional $50 million for Central America. I look forward to reviewing his proposal but let me be clear from the start: Congress was in no way consulted as this counter-narcotics package was developed. This is not a good way to kick off such an important bilateral effort to combat drug trafficking and drug-related violence in Mexico. Since my colleagues and I had no opportunity to be briefed on this aid package before it was released, we will have to carefully comb over every detail of the President’s request in the coming weeks and months. The U.S. inter-agency counter-narcotics community estimates that 90% of the cocaine that went from South America to the United States transited through Mexico in 2004 and 2005. And drug-related violence has left more than 4,000 Mexicans dead in the last two years. No one can deny the severity of this problem. Something must be done and as a country that consumes most of the drugs coming from Mexico, the United States has a moral responsibility to play a constructive role.But in considering foreign assistance to Mexico, we must first think carefully about our goals. Is our goal to curb the amount of drugs entering the United States or is it to help Mexico and communities on the U.S.-Mexico border to improve their security? I believe both are noble goals. But if our goal is to curb drugs entering the United States, I hope we have learned by now that supply-side drug reduction strategies when executed alone are not enough. Mexico increased its transit capacity when the major drug cartels in Medellin and Cali, Colombia shut down. The closure of cocaine trafficking routes through Florida also pushed greater drug flows to Mexico. We should not be so naïve as to think that the defeat of Mexico’s drug cartels alone will significantly reduce drug consumption in the United States. Drug traffickers can easily pick up once again and move on to new routes.Even if we are successful in Mexico and Central America, experience tells us that this will not end drug production or trafficking. It will merely go elsewhere, and the logical place seems to be the Caribbean. Will the Merida Initiative merely steer the drug flows to the Caribbean, and particularly to Haiti, the poorest country in the hemisphere with the smallest capacity to handle the problem? Colombia can serve as a helpful example. I believe that Plan Colombia has had a major impact in reducing homicides, kidnappings and massacres in Colombia. I just returned from Colombia where I saw the impressive results of President Alvaro Uribe’s efforts to reduce violence throughout his country. But if we are to judge Plan Colombia on its originally intended purpose – to curb the illegal flow of drugs into the United States – it would not receive very high marks. If we are really serious about reducing the amount of drugs on the streets and in the hands of our nation’s children, then I believe we must develop a nationwide drug demand reduction strategy to complement our efforts on the supply side. I was pleased that the joint U.S. – Mexico statement on our security cooperation efforts noted that “the U.S. will intensify its efforts to address all aspects of drug trafficking, including demand-related portions.” My staff saw the foreign assistance portion of the plan yesterday and asked what additional steps were proposed for demand reduction, but they did not receive a clear answer. I want to know from the Administration how they intend to meet this commitment to “intensify” demand reduction efforts in the United States. In addition to reducing the demand for drugs here at home, one of the most important things we can do to help our neighbor to the south is to stop the flow of arms from the United States into Mexico. Mexican authorities estimate that more than 90% of the weapons that they confiscate were originally purchased in the United States. While U.S. – Mexican cooperation on arms sales has improved, gun laws in border states like Arizona, New Mexico and Texas do not limit the number of handguns and assault weapons one can purchase and make it easy for weapons to flow south of our border. The State Department tells us that the United States has signed and is in compliance with the Inter-American Convention against Arms Trafficking. I would like to know if that is true and, if so, why the Senate has not ratified the treaty. Let me now say that I do believe it is critical for the U.S. to assist Mexico in combating its drug cartels which are responsible for far too much violence in Mexico and along the U.S. – Mexico border. As Maureen Meyer from the Washington Office on Latin America recently reported, the most alarming characteristic in the surge of drug-related violence in Mexico is not the sheer numbers of killings, but the brutal tactics adopted by drug traffickers. In recent years, this has included torture, execution and burning of rivals, severed heads being set on stakes in front of public buildings and in one instance being rolled across a dance floor in a nightclub.I am also concerned about the harsh impact that drug violence has had on journalists in Mexico. Because of the risks associated with reporting on narco-trafficking, Mexico was recently ranked as the second most dangerous country in the world for journalists, after only Iraq. For instance, I am aware of the killing of Brad Will, a U.S. journalist and documentary filmmaker, who was shot on October 27, 2006 in Mexico. I would like an update from U.S. and Mexican authorities on the investigation into his death.I am pleased that our counternarcotics program for Mexico includes technical and anti-corruption assistance for the justice system and vetting of Mexico’s police. In the past, fear of corrupt Mexico security personnel has impeded cooperation between our countries. In that vein, I hope that we do not simply provide short-term assistance for a few elite police or military units. There are 24,000 federal police and over 425,000 state and local law enforcement officers in Mexico. Any police professionalization or anti-corruption training must be widespread, and the focus should be on long-term improvement of the entire police force. I would be remiss not to discuss the $50 million in assistance requested for Central America. This Subcommittee has focused intensively on violence in Central America, and I am pleased to see that Central America is included in the President’s request. I am also pleased to have learned that the assistance for Central America will include investments in youth gang prevention programs and the justice system, two areas that I believe are fundamental.Finally, as I mentioned earlier, we must learn from the lessons of Colombia as we embark on this new campaign. Will the Merida Initiative be a multi-year, seemingly never-ending flow of hundreds of millions of dollars per year or is there an exit strategy? Is this only a security program or will we and the Mexicans follow security operations immediately with social assistance as the Mayor of Medellin, Colombia did so successfully when he demobilized the Escobar cartel is his city? And while we fight the drug trade in Colombia, and now Mexico and Central America, we must think about where the traffickers will go next, so that in the future we'll be better prepared.I am honored to now introduce our distinguished witnesses who are joining us here today. On our first panel, Jess Ford, the Director for International Affairs and Trade at the Government Accountability Office (GAO) will discuss his August 2007 report on U.S. counter-narcotics assistance to Mexico. On the second panel, we are particularly pleased to be joined by a former colleague. Jim Jones represented Oklahoma here in Congress from 1973 to 1987 and also served as U.S. Ambassador to Mexico from 1993 to 1997. He is currently Co-Chairman and CEO of Manatt Jones Global Strategies. Joy Olson is the Executive Director of the Washington Office on Latin America (WOLA) and we are pleased to welcome her back to the subcommittee. John Bailey is a Professor of Government at Georgetown University. And finally, Armand Peschard-Sverdrup is the Chief Executive Officer of Peschard-Sverdrup and Associates and a Senior Associate at the Center for Strategic and International Studies. We are delighted to have such a distinguished group with us here today. Thank you. I am pleased to call on Ranking Member Burton for his opening statement.”