Gloria Leticia Díaz, reportera,
Publicado en Proceso, 1631, 13/04/2008;
El gobierno de Felipe Calderón y el PAN impulsan con todo la reforma energética e hicieron lo mismo con la judicial, pero frenaron la iniciativa de un grupo plural para incorporar los temas de derechos humanos a la reforma del Estado. Las organizaciones que participaron en los trabajos atribuyen la cancelación de los acuerdos al temor de que un compromiso constitucional obstaculice la política de mano dura, tan útil a la derecha.
Los legisladores panistas reventaron las negociaciones para elaborar iniciativas de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que se desarrollaban en la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA).
Diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) y organizaciones no gubernamentales que participaron en la mesa de negociación de Garantías Sociales, se llevaron una sorpresa el jueves 3, en la reunión de la subcomisión redactora de la CENCA, cuando Acción Nacional canceló toda posibilidad de integrar el tema de derechos humanos a la reforma del Estado.
Seis meses de intensos trabajos de legisladores, ONG, académicos e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como 93 acuerdos iniciales, fueron borrados por un súbito cambio de la postura del Partido Acción Nacional.
Con este retroceso “Calderón y su partido dejan ver su posición de palo y garrote con la reforma judicial, y nada de protección a derechos humanos”, señala la diputada Holly Matus Toledo, del PRD.
Aunque el presidente Felipe Calderón continuamente hace declaraciones a favor de los derechos indígenas y de los derechos humanos, “instruyó a sus diputados para que tomaran una posición distinta a la que tuvieron durante seis meses, y plantearan una reforma que es más una falacia que un hecho real”.
Matus y el diputado petista Pablo Arreola señalan a la diputada Dora Alicia Martínez Valero como la “mensajera” de Calderón que bloqueó la negociación, toda vez que el 3 de abril suplió “sin previo aviso” a los legisladores panistas que durante seis meses trabajaron en el Grupo de Garantías Sociales, coordinado por su correligionario Éctor Jaime Ramírez Barba.
Antes de esa reunión, representantes de los ocho grupos parlamentarios habían avalado 30 propuestas en materia de reconocimiento, protección y principios de derechos humanos; 24 sobre derechos sociales, y 38 acuerdos sobre “derechos civiles, políticos y otros derechos”.
Acusa Holly Matus: “Fue la primera vez que la diputada Dora llegó a una reunión de negociación del grupo para señalar que su partido sólo iba con cuatro de los 93 acuerdos, aunque después se ampliaron a seis, pero que no dicen nada ni sirven de cobijo a los derechos humanos”.
Matus Toledo destaca que a ese encuentro también acudió personal de la Secretaría de Gobernación con documentos que textualmente decían “Observaciones del Ejecutivo en Contra” y que fueron la base para que Martínez Valero cerrara la negociación.
Además de Ramírez Barba, antes de la maniobra participaron en el grupo la senadora Teresa Ortuño Gurza y los diputados María Gabriela González Martínez, Omeheira López Reyna y Franciso Antoni Fraile García, entre otros.
De pronto –dice la diputada perredista– todos ellos “fueron sustraídos de toda relación con nosotros y no se presentaron en esa reunión. Ellos nos dicen que sólo obedecieron al coordinador parlamentario (Héctor Larios), pero no es difícil pensar que la línea venga del Ejecutivo federal para que no prosperaran las iniciativas en materia de derechos humanos”.
Originaria de Coahuila, Dora Alicia Martínez Valero tiene 32 años y es abogada. Sustituyó al hoy líder nacional del PAN, Germán Martínez, en la representación de su partido ante el Instituto Federal Electoral.
Legisladora plurinominal sin mayor presencia política, es secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el exgobernador de Oaxaca, exsecretario de Gobernación y hoy diputado panista Diódoro Carrasco.
En la legislatura pasada fungió como secretaria técnica de la Comisión de Economía, presidida por Manuel López Villarreal, exalcalde de Saltillo y cabeza de los intereses políticos y económicos del Grupo Industrial Saltillo, creado por Rosendo Villarreal Dávila.
Su hermano José Guadalupe Martínez Valero, connotado litigante en Saltillo, es un fuerte crítico del trabajo que realiza el obispo Raúl Vera en defensa de los derechos humanos.
Noventa pasos atrás
Los legisladores panistas reventaron las negociaciones para elaborar iniciativas de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que se desarrollaban en la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA).
Diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) y organizaciones no gubernamentales que participaron en la mesa de negociación de Garantías Sociales, se llevaron una sorpresa el jueves 3, en la reunión de la subcomisión redactora de la CENCA, cuando Acción Nacional canceló toda posibilidad de integrar el tema de derechos humanos a la reforma del Estado.
Seis meses de intensos trabajos de legisladores, ONG, académicos e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como 93 acuerdos iniciales, fueron borrados por un súbito cambio de la postura del Partido Acción Nacional.
Con este retroceso “Calderón y su partido dejan ver su posición de palo y garrote con la reforma judicial, y nada de protección a derechos humanos”, señala la diputada Holly Matus Toledo, del PRD.
Aunque el presidente Felipe Calderón continuamente hace declaraciones a favor de los derechos indígenas y de los derechos humanos, “instruyó a sus diputados para que tomaran una posición distinta a la que tuvieron durante seis meses, y plantearan una reforma que es más una falacia que un hecho real”.
Matus y el diputado petista Pablo Arreola señalan a la diputada Dora Alicia Martínez Valero como la “mensajera” de Calderón que bloqueó la negociación, toda vez que el 3 de abril suplió “sin previo aviso” a los legisladores panistas que durante seis meses trabajaron en el Grupo de Garantías Sociales, coordinado por su correligionario Éctor Jaime Ramírez Barba.
Antes de esa reunión, representantes de los ocho grupos parlamentarios habían avalado 30 propuestas en materia de reconocimiento, protección y principios de derechos humanos; 24 sobre derechos sociales, y 38 acuerdos sobre “derechos civiles, políticos y otros derechos”.
Acusa Holly Matus: “Fue la primera vez que la diputada Dora llegó a una reunión de negociación del grupo para señalar que su partido sólo iba con cuatro de los 93 acuerdos, aunque después se ampliaron a seis, pero que no dicen nada ni sirven de cobijo a los derechos humanos”.
Matus Toledo destaca que a ese encuentro también acudió personal de la Secretaría de Gobernación con documentos que textualmente decían “Observaciones del Ejecutivo en Contra” y que fueron la base para que Martínez Valero cerrara la negociación.
Además de Ramírez Barba, antes de la maniobra participaron en el grupo la senadora Teresa Ortuño Gurza y los diputados María Gabriela González Martínez, Omeheira López Reyna y Franciso Antoni Fraile García, entre otros.
De pronto –dice la diputada perredista– todos ellos “fueron sustraídos de toda relación con nosotros y no se presentaron en esa reunión. Ellos nos dicen que sólo obedecieron al coordinador parlamentario (Héctor Larios), pero no es difícil pensar que la línea venga del Ejecutivo federal para que no prosperaran las iniciativas en materia de derechos humanos”.
Originaria de Coahuila, Dora Alicia Martínez Valero tiene 32 años y es abogada. Sustituyó al hoy líder nacional del PAN, Germán Martínez, en la representación de su partido ante el Instituto Federal Electoral.
Legisladora plurinominal sin mayor presencia política, es secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el exgobernador de Oaxaca, exsecretario de Gobernación y hoy diputado panista Diódoro Carrasco.
En la legislatura pasada fungió como secretaria técnica de la Comisión de Economía, presidida por Manuel López Villarreal, exalcalde de Saltillo y cabeza de los intereses políticos y económicos del Grupo Industrial Saltillo, creado por Rosendo Villarreal Dávila.
Su hermano José Guadalupe Martínez Valero, connotado litigante en Saltillo, es un fuerte crítico del trabajo que realiza el obispo Raúl Vera en defensa de los derechos humanos.
Noventa pasos atrás
Luego de vetar 89 propuestas el jueves 3, Martínez Valero dijo en la reunión de la subcomisión redactora que “lo sentía mucho, que sabía que implicaba un trabajo de seis meses en el que habían participado compañeros suyos, senadores y diputados, pero como no había intervenido el equipo jurídico del PAN, no podían avalar esas negociaciones”, recuerda Itzel Checa, representante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Coincide con ella Elizabeth Plácido, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Al quedar claro que el PAN no apoyaría las reformas acordadas por sus legisladores, los representantes del PRD, PT (Matus y Arreola, respectivamente) y Convergencia (Martha Tagle) manifestaron su indignación, en tanto que el senador perredista Graco Ramírez presentó una iniciativa propia.
Fue entonces que los representantes de todos los partidos, excepto el PAN, decidieron elaborar y firmar siete iniciativas que agrupan 90 de las 93 propuestas aprobadas inicialmente, en tanto que una octava, sobre educación, alcanzó el consenso de todas las bancadas, incluida la panista.
“Tomamos la decisión de presentar nuestras propias iniciativas luego de que vimos que la secretaría técnica no hacía nada, y se quedaron con el PAN para hacer una iniciativa con puntos mínimos que no contienen la parte medular de la reforma”, destaca la diputada Holly Matus.
La secretaría técnica estuvo a cargo de Ricardo Sepúlveda Iguiniz, cercano al senador Santiago Creel y a Daniel Cabeza de Vaca, actualmente subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sepúlveda colaboró con ambos en el sexenio de Vicente Fox, cuando se encargó de coordinar trabajos con organizaciones no gubernamentales para elaborar una reforma constitucional en derechos humanos, que tampoco prosperó.
El jueves 10, durante una reunión encabezada por el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el diputado Pablo Arreola entregó las iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos económicos, sociales y ambientales; transversalidad de género; derechos de los pueblos indígenas; laicidad en el Estado mexicano; derechos de niñas, niños y adolescentes; e identidad y derechos humanos.
Los documentos fueron firmados por las bancadas del PRD, PT, Convergencia, PRI, Panal y Alternativa, en tanto que el Partido Verde Ecologista de México quedó pendiente de rubricarlo, aunque sus representantes manifestaron su intención de hacerlo.
El petista Arreola dice en entrevista: “Queremos evidenciar al PAN. Sus legisladores quisieron tirar el trabajo al bote de la basura después de haber participado en las mesas de trabajo, y eso no es justo”.
En tanto, el coordinador del grupo de Garantías Sociales, Éctor Jaime Ramírez, anunció que entregaría una iniciativa en la que sólo se incluyen seis modificaciones constitucionales: garantizar la autonomía a los organismos de derechos humanos estatales y del Distrito Federal; reconocer el derecho de toda persona a una vida libre de violencia; otorgar fuero al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la posibilidad de que el titular de la CNDH sea sujeto a juicio político; respetar los derechos humanos en el sistema penitenciario, y reconocer el derecho de las mujeres a la educación.
Entre las modificaciones constitucionales que el PAN había avalado y después vetó, se propuso denominar “De los Derechos Humanos” el primer capítulo del título primero de la Constitución –actualmente “De las garantías individuales”–; la incorporación y jerarquización de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales; la prohibición de que la justicia militar investigue delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos, y establecer que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Para la diputada Holly Matus, excluir de la negociación preceptos como los anteriores “revela la visión del gobierno de Calderón, su interés por mantener el poder a través de la militarización por todas partes, lo que finalmente no da un techo y un cobijo a los ciudadanos para evitar las violaciones a derechos humanos”.
Consensos desechados
Los representantes de ONG que participaron en los trabajos del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA se quedaron particularmente frustrados, pues desde mayo de 2007, a propuesta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y bajo su coordinación, cerca de un centenar de agrupaciones y una veintena de académicos –entre ellos Miguel Carbonell, Miguel Sarre, Santiago Corchera y Sergio Aguayo– diseñaron una propuesta integral de reforma constitucional en la materia.
“Fue un trabajo que equilibró la presencia de las organizaciones que tenemos la experiencia en el terreno y a los académicos que tienen los conocimientos más avanzados a nivel teórico. Básicamente se buscaba que nuestra Constitución se adaptara a los estándares internacionales en derechos humanos, civiles y sociales”, destaca Humberto Guerrero, representante de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH).
El primer borrador de la propuesta, recuerda Guerrero, fue presentado a finales de agosto de 2007 a las presidentas de las comisiones de derechos humanos en el Senado, Rosario Ibarra de Piedra, y en la Cámara de Diputados, la panista Omeheira López Reyna.
“Logramos que la senadora se comprometiera a presentar como propia nuestra propuesta, pero en septiembre Santiago Creel anunció que él iba a presentar una iniciativa, Rosario se apresuró a presentar la propia y nos dejó colgados de la brocha”, cuenta el activista.
En noviembre, Creel presentó su iniciativa con las firmas de los coordinadores de los otros siete grupos parlamentarios en el Senado, pero “afortunadamente no se aprobó porque hubo disensos en las bancadas, señalando que no se había discutido lo suficiente”, acota Itzel Checa, de Fundar.
En entrevistas por separado, representantes de las ONG señalan que sólo porque insistieron ante legisladores y lograron el respaldo del Alto Comisionado de la ONU lograron colarse en las discusiones de la CENCA, cuya dinámica inicial limitaba la consulta pública a la recepción de ponencias.
Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala que la propuesta de las ONG y de académicos se enfrentó en las mesas de discusión “a las posiciones ideológicas del PAN; vetaron todo lo que les olía a sexualidad y a los derechos de las mujeres, pero sin argumentos sólidos para revertir los planteamientos que hicimos, cuando nuestra trabajo no sólo tiene el aval del Alto Comisionado sino que cada punto tiene un sustento en el derecho internacional”.
Itzel Checa destaca que algunos de los argumentos de los legisladores panistas para negar el reconocimiento de algunos derechos económicos, sociales y culturales, tenían que ver con cuestiones presupuestales.
De hecho, el martes 8 de abril, en una discusión del presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, con la panista Dora Alicia Martínez, ésta se opuso a que se utilizara la palabra “garantizar” aplicada a la educación media superior, porque “impacta en el presupuesto”.
Lo mismo alegaba en materia de cultura, pese a que el asesor de la comisión correspondiente, Arturo Saucedo, le replicaba que el Estado mexicano había aceptado su obligación de garantizar la cultura en tratados internacionales, además de que se trata de una recomendación de la ONU.
A su vez, Elizabeth Plácido relata que antes de la intervención de la diputada Dora Martínez habían llegado a un acuerdo con el coordinador Éctor Jaime Ramírez: las ONG iban a “dejar de insistir en la inclusión del tema de derechos sexuales y reproductivos, y los panistas, a eliminar de la discusión el Estado laico”. Así llegaron a los 93 acuerdos.
Pero el 3 de abril los esfuerzos de seis meses se vinieron abajo. Las ONG enviaron una carta a cada uno de los 207 legisladores del PAN para manifestarles su “desconcierto” y preguntarles sus razones para “echar por la borda el esfuerzo de cientos de personas y decenas de millones de pesos, sin mayor justificación”.
El documento está fechado el 7 de abril y fue firmado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH, Fundar, GIRE y Sin Fronteras.
En el documento se les recuerda a los panistas que en los trabajos del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA, además de legisladores y asesores, participaron especialistas de la CNDH y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; se presentaron mil 395 propuestas en la consulta pública; se recibieron 293 ponencias; se elaboró la propuesta de reforma constitucional bajo la coordinación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y en los trabajos se gastó parte de los 79 millones de pesos que el Congreso de la Unión presupuestó para la Reforma del Estado.
Señalan, así mismo, que los 93 acuerdos iniciales tenían “un profundo alcance, introducirían expresamente el concepto de derechos humanos en la Constitución, reconocerían la jerarquía de los tratados internacionales (esto ya cabalmente aplicado, pero no formalmente reconocido), incorporarían derechos económicos, sociales y culturales y reforzarían los mecanismos de protección y derechos específicos para las mujeres y los pueblos indígenas”.
El 8 de abril representantes de las ONG acudieron a un desayuno en la Cámara de Diputados con los panistas, quienes por toda respuesta a sus inquietudes les prometieron enviar “por escrito” sus razones para echar abajo la reforma.
Itzel Checa y Elizabeth Plácido recuerdan que desde el gobierno de Vicente Fox hubo un intento, dirigido por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, de formular una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Para ambas activistas, durante el presente sexenio el panorama es más desalentador: “Hay un evidente endurecimiento de políticas de seguridad pública, organismos públicos de derechos humanos ineficaces, sentencias de tribunales no apegadas a los derechos humanos, y el impulso de una reforma de justicia como la aprobada. Lo que se ve es un nulo compromiso del gobierno de PAN con los derechos humanos, a pesar del discurso”, señala Checa.
A Elizabeth Plácido le llama la atención la resistencia de los legisladores panistas a incluir la palabra “garantizar” en las iniciativas:
“Es muy reveladora de la falta de compromiso y de que no hay visión de los derechos humanos en el gobierno panista, porque reconocer, garantizar, respetar y promover son las obligaciones que establecen los pactos firmados por el Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos. Es lamentable que a nivel internacional el Estado mexicano aparente ser más avanzado en derechos humanos, y a nivel doméstico vaya para atrás”.
Clientelismo” en la CNDH/ reportaje
José Gil Olmos, reportero.
Al quedar claro que el PAN no apoyaría las reformas acordadas por sus legisladores, los representantes del PRD, PT (Matus y Arreola, respectivamente) y Convergencia (Martha Tagle) manifestaron su indignación, en tanto que el senador perredista Graco Ramírez presentó una iniciativa propia.
Fue entonces que los representantes de todos los partidos, excepto el PAN, decidieron elaborar y firmar siete iniciativas que agrupan 90 de las 93 propuestas aprobadas inicialmente, en tanto que una octava, sobre educación, alcanzó el consenso de todas las bancadas, incluida la panista.
“Tomamos la decisión de presentar nuestras propias iniciativas luego de que vimos que la secretaría técnica no hacía nada, y se quedaron con el PAN para hacer una iniciativa con puntos mínimos que no contienen la parte medular de la reforma”, destaca la diputada Holly Matus.
La secretaría técnica estuvo a cargo de Ricardo Sepúlveda Iguiniz, cercano al senador Santiago Creel y a Daniel Cabeza de Vaca, actualmente subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sepúlveda colaboró con ambos en el sexenio de Vicente Fox, cuando se encargó de coordinar trabajos con organizaciones no gubernamentales para elaborar una reforma constitucional en derechos humanos, que tampoco prosperó.
El jueves 10, durante una reunión encabezada por el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el diputado Pablo Arreola entregó las iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos económicos, sociales y ambientales; transversalidad de género; derechos de los pueblos indígenas; laicidad en el Estado mexicano; derechos de niñas, niños y adolescentes; e identidad y derechos humanos.
Los documentos fueron firmados por las bancadas del PRD, PT, Convergencia, PRI, Panal y Alternativa, en tanto que el Partido Verde Ecologista de México quedó pendiente de rubricarlo, aunque sus representantes manifestaron su intención de hacerlo.
El petista Arreola dice en entrevista: “Queremos evidenciar al PAN. Sus legisladores quisieron tirar el trabajo al bote de la basura después de haber participado en las mesas de trabajo, y eso no es justo”.
En tanto, el coordinador del grupo de Garantías Sociales, Éctor Jaime Ramírez, anunció que entregaría una iniciativa en la que sólo se incluyen seis modificaciones constitucionales: garantizar la autonomía a los organismos de derechos humanos estatales y del Distrito Federal; reconocer el derecho de toda persona a una vida libre de violencia; otorgar fuero al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la posibilidad de que el titular de la CNDH sea sujeto a juicio político; respetar los derechos humanos en el sistema penitenciario, y reconocer el derecho de las mujeres a la educación.
Entre las modificaciones constitucionales que el PAN había avalado y después vetó, se propuso denominar “De los Derechos Humanos” el primer capítulo del título primero de la Constitución –actualmente “De las garantías individuales”–; la incorporación y jerarquización de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales; la prohibición de que la justicia militar investigue delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos, y establecer que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Para la diputada Holly Matus, excluir de la negociación preceptos como los anteriores “revela la visión del gobierno de Calderón, su interés por mantener el poder a través de la militarización por todas partes, lo que finalmente no da un techo y un cobijo a los ciudadanos para evitar las violaciones a derechos humanos”.
Consensos desechados
Los representantes de ONG que participaron en los trabajos del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA se quedaron particularmente frustrados, pues desde mayo de 2007, a propuesta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y bajo su coordinación, cerca de un centenar de agrupaciones y una veintena de académicos –entre ellos Miguel Carbonell, Miguel Sarre, Santiago Corchera y Sergio Aguayo– diseñaron una propuesta integral de reforma constitucional en la materia.
“Fue un trabajo que equilibró la presencia de las organizaciones que tenemos la experiencia en el terreno y a los académicos que tienen los conocimientos más avanzados a nivel teórico. Básicamente se buscaba que nuestra Constitución se adaptara a los estándares internacionales en derechos humanos, civiles y sociales”, destaca Humberto Guerrero, representante de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH).
El primer borrador de la propuesta, recuerda Guerrero, fue presentado a finales de agosto de 2007 a las presidentas de las comisiones de derechos humanos en el Senado, Rosario Ibarra de Piedra, y en la Cámara de Diputados, la panista Omeheira López Reyna.
“Logramos que la senadora se comprometiera a presentar como propia nuestra propuesta, pero en septiembre Santiago Creel anunció que él iba a presentar una iniciativa, Rosario se apresuró a presentar la propia y nos dejó colgados de la brocha”, cuenta el activista.
En noviembre, Creel presentó su iniciativa con las firmas de los coordinadores de los otros siete grupos parlamentarios en el Senado, pero “afortunadamente no se aprobó porque hubo disensos en las bancadas, señalando que no se había discutido lo suficiente”, acota Itzel Checa, de Fundar.
En entrevistas por separado, representantes de las ONG señalan que sólo porque insistieron ante legisladores y lograron el respaldo del Alto Comisionado de la ONU lograron colarse en las discusiones de la CENCA, cuya dinámica inicial limitaba la consulta pública a la recepción de ponencias.
Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala que la propuesta de las ONG y de académicos se enfrentó en las mesas de discusión “a las posiciones ideológicas del PAN; vetaron todo lo que les olía a sexualidad y a los derechos de las mujeres, pero sin argumentos sólidos para revertir los planteamientos que hicimos, cuando nuestra trabajo no sólo tiene el aval del Alto Comisionado sino que cada punto tiene un sustento en el derecho internacional”.
Itzel Checa destaca que algunos de los argumentos de los legisladores panistas para negar el reconocimiento de algunos derechos económicos, sociales y culturales, tenían que ver con cuestiones presupuestales.
De hecho, el martes 8 de abril, en una discusión del presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, con la panista Dora Alicia Martínez, ésta se opuso a que se utilizara la palabra “garantizar” aplicada a la educación media superior, porque “impacta en el presupuesto”.
Lo mismo alegaba en materia de cultura, pese a que el asesor de la comisión correspondiente, Arturo Saucedo, le replicaba que el Estado mexicano había aceptado su obligación de garantizar la cultura en tratados internacionales, además de que se trata de una recomendación de la ONU.
A su vez, Elizabeth Plácido relata que antes de la intervención de la diputada Dora Martínez habían llegado a un acuerdo con el coordinador Éctor Jaime Ramírez: las ONG iban a “dejar de insistir en la inclusión del tema de derechos sexuales y reproductivos, y los panistas, a eliminar de la discusión el Estado laico”. Así llegaron a los 93 acuerdos.
Pero el 3 de abril los esfuerzos de seis meses se vinieron abajo. Las ONG enviaron una carta a cada uno de los 207 legisladores del PAN para manifestarles su “desconcierto” y preguntarles sus razones para “echar por la borda el esfuerzo de cientos de personas y decenas de millones de pesos, sin mayor justificación”.
El documento está fechado el 7 de abril y fue firmado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH, Fundar, GIRE y Sin Fronteras.
En el documento se les recuerda a los panistas que en los trabajos del Grupo de Garantías Sociales de la CENCA, además de legisladores y asesores, participaron especialistas de la CNDH y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; se presentaron mil 395 propuestas en la consulta pública; se recibieron 293 ponencias; se elaboró la propuesta de reforma constitucional bajo la coordinación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y en los trabajos se gastó parte de los 79 millones de pesos que el Congreso de la Unión presupuestó para la Reforma del Estado.
Señalan, así mismo, que los 93 acuerdos iniciales tenían “un profundo alcance, introducirían expresamente el concepto de derechos humanos en la Constitución, reconocerían la jerarquía de los tratados internacionales (esto ya cabalmente aplicado, pero no formalmente reconocido), incorporarían derechos económicos, sociales y culturales y reforzarían los mecanismos de protección y derechos específicos para las mujeres y los pueblos indígenas”.
El 8 de abril representantes de las ONG acudieron a un desayuno en la Cámara de Diputados con los panistas, quienes por toda respuesta a sus inquietudes les prometieron enviar “por escrito” sus razones para echar abajo la reforma.
Itzel Checa y Elizabeth Plácido recuerdan que desde el gobierno de Vicente Fox hubo un intento, dirigido por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, de formular una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Para ambas activistas, durante el presente sexenio el panorama es más desalentador: “Hay un evidente endurecimiento de políticas de seguridad pública, organismos públicos de derechos humanos ineficaces, sentencias de tribunales no apegadas a los derechos humanos, y el impulso de una reforma de justicia como la aprobada. Lo que se ve es un nulo compromiso del gobierno de PAN con los derechos humanos, a pesar del discurso”, señala Checa.
A Elizabeth Plácido le llama la atención la resistencia de los legisladores panistas a incluir la palabra “garantizar” en las iniciativas:
“Es muy reveladora de la falta de compromiso y de que no hay visión de los derechos humanos en el gobierno panista, porque reconocer, garantizar, respetar y promover son las obligaciones que establecen los pactos firmados por el Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos. Es lamentable que a nivel internacional el Estado mexicano aparente ser más avanzado en derechos humanos, y a nivel doméstico vaya para atrás”.
Clientelismo” en la CNDH/ reportaje
José Gil Olmos, reportero.
Revista Proceso, 13/04/2008;
Por ley y por definición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe ser autónoma, imparcial e independiente de los grupos de poder. Pero desde que José Luis Soberanes asumió la presidencia del organismo, en noviembre de 1999, se rodeó de familiares de políticos en activo, así como de exfuncionarios del PAN y del PRI.
Es más: algunos funcionarios de la CNDH impuestos por Soberanes han sido señalados como violadores de derechos humanos o por presuntas ligas con el crimen organizado.
Miguel Sarre, secretario técnico y visitador de la Comisión durante las gestiones de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, asegura que la situación expuesta pone en entredicho los principios rectores de cualquier ombudsman en el mundo. Y advierte que está en riesgo la imparcialidad de la dependencia porque un organismo que se dice autónomo e independiente, afirma, no puede contratar a su personal con base en amiguismos, clientelismos o intereses políticos.
“Es un vicio que debe terminar, no se puede seguir con la práctica del clientelismo. No se puede contratar a quienes fueron actores políticos porque la comisión no es moneda de cambio”, asegura Sarre, director de la Atalaya, un proyecto del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) enfocado al análisis de gestión de la CNDH.
En una revisión hecha por este reportero a la lista de los funcionarios y trabajadores del organismo destacan casos como el de Luis Antonio Ibáñez Cornejo, actual director general adjunto de la oficina de la Comisión en la frontera norte con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Este abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene un largo historial desde que fue funcionario de la PGR. En 2003, cuando Ibáñez ya era funcionario de la CNDH, el periodista Jesús Blancornelas, experto en el tema de narcotráfico, le dedicó su columna Conversaciones privadas en la edición del 6 de mayo del diario La crónica de hoy. El también editor del semanario Zeta de Tijuana se decía sorprendido por la decisión de Soberanes de arropar a Ibáñez en la Comisión.
Entre los señalamientos contra Ibáñez destaca el siguiente: Cuando a principios de 1995 se desempeñaba como delegado de la PGR en el estado de Chiapas, se prestó a una maniobra del gobierno federal, encabezado entonces por Ernesto Zedillo, para detener a integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y años antes el funcionario presumía su estrecha relación con el llamado Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, cuyos escoltas violaron a una veintena de mujeres a finales de los ochenta en diversos puntos del sur del Distrito Federal.
Tiempo después, Ibáñez fue delegado de la PGR en Hidalgo y, más adelante, comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
En 1996, Blancornelas escribió que Ibáñez tenía vínculos con el delegado de la PGR en Baja California Sur, Arturo Gutiérrez Velasco, quien, afirmó, estuvo involucrado en el aterrizaje de naves con cocaína en zonas de esa entidad y en otras partes del país
Por esos años, Ibáñez fue denunciado por Ricardo Cordero Ontiveros, un panista de San Luis Potosí que al incorporarse a la PGR aseguró haber descubierto que aquel y otros funcionarios “vendían plazas” en la institución.
Otros casos
En la revisión de la estructura de funcionarios de la CNDH realizada por este reportero destaca, por ejemplo, el caso del doctor Máximo Carvajal Contreras, actual responsable de la dirección general de Quejas y Orientación del organismo.
Director de la Facultad de Derecho de la UNAM durante dos períodos, Carvajal fue invitado en enero de 2005 por Soberanes para dirigir la Cuarta Visitaduría, encargada de velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos protestó entonces por el nombramiento. Arguyó que Carvajal no cumplía con el perfil para el cargo, pues su especialidad es el derecho aduanero. Anteriormente sólo se había desempeñado como Oficial Mayor en la Secretaría de la Reforma Agraria y como subprocurador federal del Medio Ambiente.
Carvajal estuvo vinculado orgánicamente al PRI, pues fue vicepresidente de la Fundación Colosio, representante del candidato presidencial Francisco Labastida en la campaña de 2000 y luego asesor de Roberto Madrazo, también candidato a la Presidencia, en 2006.
En 2004, Soberanes le dio un contrato de servicios profesionales para que realizara una investigación en torno a las bandas conocidas como Mara Salvatrucha, por lo que le pagó 1 millón 304 mil 347 pesos.
Carvajal renunció a la Cuarta Visitaduría el 13 de enero de 2005.
Otro favorecido es Miguel Sadot Sánchez Carreño, quien fue senador por el PRI en la Legislatura pasada. A él, Soberanes lo nombró director de área de la Quinta Visitaduría, dedicada a la protección de los derechos de los migrantes. Ajeno a la materia, el priista fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, desde donde operó a favor de la reelección de José Luis Soberanes en 2004.
Otro caso es el de José Francisco Zapata Perogordo, quien gracias a su hermano, el exsenador del PAN Alejandro Zapata Perogordo, fue instalado como visitador adjunto de la Quinta Visitaduría. También destaca Jesús Alan Arias Marín, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, quien fue el principal asesor del Comisionado para la Paz, Emilio Rabasa Gamboa, uno de los principales detractores del EZLN y partidario de que no se cumplieran los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Jesús Naime Libien, identificado con el grupo de políticos de origen libanés del Estado de México, es otro de los acogidos por el ombudsman nacional. Actualmente es secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Su hermano Alejandro fue director de Comunicación Social de Ignacio Pichardo Pagaza cuando éste fue gobernador del Estado de México.
En la estructura de funcionarios del organismo también aparece como secretario ejecutivo Javier Moctezuma Barragán, hermano del exsecretario de Gobernación Esteban Moctezuma Barragán. En la coordinación general de Comunicación Social, Soberanes ubicó a Pedro Antonio Camacho Marín, quien fue responsable de prensa en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con Francisco Salazar Sáenz.
Sarre concluye que con este cuadro la Comisión pierde imparcialidad porque quienes atienden las quejas son actores políticos. Y se pregunta: “¿Qué va a pasar con aquellas quejas que llegan a la CNDH y van en contra de los intereses de estos grupos?”.
Para Juan Carlos Hernández, investigador del centro de análisis Fundar, que desde hace tres años realiza una investigación en torno de la CNDH, la institución sigue operando bajo las viejas concepciones corporativistas del poder.
Puntualiza: “Sigue inserta en el viejo sistema político mexicano, sigue siendo un botín, un espacio de los partidos políticos para beneficiar a sus propios grupos… Esto crea intereses y las burocracias que en un momento dado están manejando las comisiones de derechos humanos, porque responden más a las redes de interés y a los grupos que las han favorecido que a la sociedad”.
Es más: algunos funcionarios de la CNDH impuestos por Soberanes han sido señalados como violadores de derechos humanos o por presuntas ligas con el crimen organizado.
Miguel Sarre, secretario técnico y visitador de la Comisión durante las gestiones de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, asegura que la situación expuesta pone en entredicho los principios rectores de cualquier ombudsman en el mundo. Y advierte que está en riesgo la imparcialidad de la dependencia porque un organismo que se dice autónomo e independiente, afirma, no puede contratar a su personal con base en amiguismos, clientelismos o intereses políticos.
“Es un vicio que debe terminar, no se puede seguir con la práctica del clientelismo. No se puede contratar a quienes fueron actores políticos porque la comisión no es moneda de cambio”, asegura Sarre, director de la Atalaya, un proyecto del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) enfocado al análisis de gestión de la CNDH.
En una revisión hecha por este reportero a la lista de los funcionarios y trabajadores del organismo destacan casos como el de Luis Antonio Ibáñez Cornejo, actual director general adjunto de la oficina de la Comisión en la frontera norte con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Este abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene un largo historial desde que fue funcionario de la PGR. En 2003, cuando Ibáñez ya era funcionario de la CNDH, el periodista Jesús Blancornelas, experto en el tema de narcotráfico, le dedicó su columna Conversaciones privadas en la edición del 6 de mayo del diario La crónica de hoy. El también editor del semanario Zeta de Tijuana se decía sorprendido por la decisión de Soberanes de arropar a Ibáñez en la Comisión.
Entre los señalamientos contra Ibáñez destaca el siguiente: Cuando a principios de 1995 se desempeñaba como delegado de la PGR en el estado de Chiapas, se prestó a una maniobra del gobierno federal, encabezado entonces por Ernesto Zedillo, para detener a integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y años antes el funcionario presumía su estrecha relación con el llamado Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, cuyos escoltas violaron a una veintena de mujeres a finales de los ochenta en diversos puntos del sur del Distrito Federal.
Tiempo después, Ibáñez fue delegado de la PGR en Hidalgo y, más adelante, comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
En 1996, Blancornelas escribió que Ibáñez tenía vínculos con el delegado de la PGR en Baja California Sur, Arturo Gutiérrez Velasco, quien, afirmó, estuvo involucrado en el aterrizaje de naves con cocaína en zonas de esa entidad y en otras partes del país
Por esos años, Ibáñez fue denunciado por Ricardo Cordero Ontiveros, un panista de San Luis Potosí que al incorporarse a la PGR aseguró haber descubierto que aquel y otros funcionarios “vendían plazas” en la institución.
Otros casos
En la revisión de la estructura de funcionarios de la CNDH realizada por este reportero destaca, por ejemplo, el caso del doctor Máximo Carvajal Contreras, actual responsable de la dirección general de Quejas y Orientación del organismo.
Director de la Facultad de Derecho de la UNAM durante dos períodos, Carvajal fue invitado en enero de 2005 por Soberanes para dirigir la Cuarta Visitaduría, encargada de velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos protestó entonces por el nombramiento. Arguyó que Carvajal no cumplía con el perfil para el cargo, pues su especialidad es el derecho aduanero. Anteriormente sólo se había desempeñado como Oficial Mayor en la Secretaría de la Reforma Agraria y como subprocurador federal del Medio Ambiente.
Carvajal estuvo vinculado orgánicamente al PRI, pues fue vicepresidente de la Fundación Colosio, representante del candidato presidencial Francisco Labastida en la campaña de 2000 y luego asesor de Roberto Madrazo, también candidato a la Presidencia, en 2006.
En 2004, Soberanes le dio un contrato de servicios profesionales para que realizara una investigación en torno a las bandas conocidas como Mara Salvatrucha, por lo que le pagó 1 millón 304 mil 347 pesos.
Carvajal renunció a la Cuarta Visitaduría el 13 de enero de 2005.
Otro favorecido es Miguel Sadot Sánchez Carreño, quien fue senador por el PRI en la Legislatura pasada. A él, Soberanes lo nombró director de área de la Quinta Visitaduría, dedicada a la protección de los derechos de los migrantes. Ajeno a la materia, el priista fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, desde donde operó a favor de la reelección de José Luis Soberanes en 2004.
Otro caso es el de José Francisco Zapata Perogordo, quien gracias a su hermano, el exsenador del PAN Alejandro Zapata Perogordo, fue instalado como visitador adjunto de la Quinta Visitaduría. También destaca Jesús Alan Arias Marín, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, quien fue el principal asesor del Comisionado para la Paz, Emilio Rabasa Gamboa, uno de los principales detractores del EZLN y partidario de que no se cumplieran los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Jesús Naime Libien, identificado con el grupo de políticos de origen libanés del Estado de México, es otro de los acogidos por el ombudsman nacional. Actualmente es secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Su hermano Alejandro fue director de Comunicación Social de Ignacio Pichardo Pagaza cuando éste fue gobernador del Estado de México.
En la estructura de funcionarios del organismo también aparece como secretario ejecutivo Javier Moctezuma Barragán, hermano del exsecretario de Gobernación Esteban Moctezuma Barragán. En la coordinación general de Comunicación Social, Soberanes ubicó a Pedro Antonio Camacho Marín, quien fue responsable de prensa en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con Francisco Salazar Sáenz.
Sarre concluye que con este cuadro la Comisión pierde imparcialidad porque quienes atienden las quejas son actores políticos. Y se pregunta: “¿Qué va a pasar con aquellas quejas que llegan a la CNDH y van en contra de los intereses de estos grupos?”.
Para Juan Carlos Hernández, investigador del centro de análisis Fundar, que desde hace tres años realiza una investigación en torno de la CNDH, la institución sigue operando bajo las viejas concepciones corporativistas del poder.
Puntualiza: “Sigue inserta en el viejo sistema político mexicano, sigue siendo un botín, un espacio de los partidos políticos para beneficiar a sus propios grupos… Esto crea intereses y las burocracias que en un momento dado están manejando las comisiones de derechos humanos, porque responden más a las redes de interés y a los grupos que las han favorecido que a la sociedad”.
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