El ministro Presidente

Acotado por el conservadurismo

Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proces, # 1784, 9 de enero de 2010:

Los retos que deberá enfrentar el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, no se limitan a las relaciones del máximo tribunal con el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo: los mayores obstáculos le esperan en el Consejo de la Judicatura Federal, donde cuenta con escaso apoyo. Al parecer tampoco le será sencillo lidiar con ministros entre los que prevalece el conservadurismo y que podrían ponerle trabas a su empeño por promover un “Estado social de derecho, revertir la desigualdad social, mejorar los niveles de seguridad pública, abolir la impunidad…”.

 Dominada por el conservadurismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) neutralizó a su ministro de discurso más liberal, Juan Silva Meza, al elegirlo como presidente para los próximos cuatro años.

Varios ministros lo consideran “incendiario”, por lo que en dos ocasiones consecutivas impidieron que llegara al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación. Ya como tal, Silva Meza estará bajo la mira no sólo del pleno de ministros, sino de aquellos a quienes en su calidad de ministro molestó con sus votaciones, en especial algunos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y dirigentes del PRI.

Su tarea dentro del Poder Judicial será aún más difícil que las relaciones con el Ejecutivo y el Legislativo. Enfrentará los mayores retos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo que presidirá durante el próximo cuatrienio y al que llega con el respaldo de sólo algunos de sus integrantes.

El CJF se encarga de la supervisión, vigilancia y control de los juzgados y tribunales federales en todo el país. A últimas fechas se ha convertido en factor de discordia en el Poder Judicial, toda vez que jueces y magistrados están inconformes con las decisiones de tres de sus integrantes que no pertenecen a la carrera judicial.

Se trata de los representantes de la Presidencia de la República y del Senado: el exprocurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca –herencia del expresidente Vicente Fox–, el exsenador del PAN César Jáuregui, y el exdiputado federal del PRI Jorge Moreno Collado, impulsado por el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Ninguno de esos tres consejeros acudió a la sesión del martes 3 en que Silva Meza obtuvo y asumió la presidencia del máximo tribunal.

No fue gratuito que en su discurso de toma de posesión Silva Meza apelara a la unidad, pero también adelantara que en el CJF “nuestros jueces y magistrados, que si bien habrán de ser más exigidos, también habrán de ser más arropados”.

Ante las diferencias que privan al interior del Poder Judicial, en su propuesta de trabajo para el periodo 2011-2014 se refirió a la necesidad de estrechar la colaboración entre la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

El nuevo presidente de la Corte, de 66 años, tendrá que lidiar también con las presiones del TEPJF, cuya presidenta, María del Carmen Alanís, pretende llegar a la Corte como ministra o como presidenta de una sala electoral que eventualmente se abriría en el máximo tribunal.

La presencia del TEPJF se hizo sentir desde el momento mismo en que Silva Meza, abogado egresado de la UNAM en 1970, asumió la máxima representación del Poder Judicial. En primera fila estuvo Emilio Rabasa Gamboa, esposo de Alanís y asesor de la Corte. 

El Tribunal Electoral representa otra complicación más inmediata a Silva Meza: su yerno Diego Gutiérrez Morales es el secretario administrativo de esa institución y le reporta directamente al presidente de la Corte. Además, participa en la definición de criterios para el manejo administrativo del CJF.

Con Silva Meza se espera que la Corte tenga “un gobierno de jueces”, pues su grupo compacto estará integrado por representantes de la carrera judicial a la que pertenece desde hace más de tres décadas. Uno de sus primeros nombramientos fue el del secretario general de la Presidencia, el magistrado José Arturo Pueblita Pelisio, quien era presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ministros de carrera

 El mismo día de su elección, Silva Meza mostró abiertamente su preferencia por el predominio de los jueces en el control y decisiones del Poder Judicial. En su primera conferencia de prensa expresó que en una “lógica constitucional” los ministros de la Corte deben ser “preferentemente” de carrera judicial, “no porque sean mejores, sino simplemente porque tienen otro oficio”. Sin embargo, matizó: “Sé de excelentes ministros que no tenían carrera judicial”.

De esa manera, hizo saber a Felipe Calderón y al Senado que prefiere a un integrante del Poder Judicial como sustituto del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció en septiembre de 2010.

En diciembre pasado, el Senado rechazó una terna de magistradas propuesta por la Presidencia de la República. Por ello, Calderón deberá enviar una nueva propuesta para que la designación del undécimo ministro de la Corte ocurra en febrero próximo, al reiniciarse el periodo legislativo.

La votación con que Silva Meza obtuvo la presidencia de la Corte –nueve sufragios a favor y uno en contra– lo convierte en uno de los presidentes con más respaldo desde 1995, cuando empezó la Novena Época del máximo tribunal con la reforma judicial impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fuera del primer ministro del actual periodo Vicente Aguinaco Aguilar, quien tuvo el respaldo unánime en el pleno de ministros, ningún presidente de la Corte había logrado tanto consenso como Silva Meza. Su antecesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los de éste, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel, llegaron al cargo con votación dividida.

El único voto en contra de Silva Meza fue el de su permanente opositor y representante máximo del conservadurismo en la Corte, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, exregidor del PAN en Guadalajara y excandidato a diputado local en Jalisco por el mismo partido.

Aguirre Anguiano votó a favor de la ministra Margarita Luna Ramos, quien pronto se desmarcó de la competencia ante el pleno de ministros, pues no estaba registrada como candidata. El deslinde fue para evitar las críticas que recibió el ministro Sergio Valls Hernández, quien durante la elección de Ortiz Mayagoitia, hace cuatro años, a pesar de no tener posibilidades de competir votó por sí mismo. Fue el único voto que tuvo.

Silva Meza, quien estará en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2014, llegó solo a la elección luego de que José Ramón Cossío Díaz se retiró de la competencia mediante una carta pública, que además de sorpresa causó molestia dentro del máximo tribunal.

Moderación discursiva

Con una amplia estructura de apoyo en la Corte (Proceso 1769), hasta octubre pasado, Cossío se perfilaba como fuerte candidato a la presidencia; sin embargo, decidió despejarle el camino a quien ha sido su opositor incluso en el trabajo de la Primera Sala de la Corte, con el argumento de que “la incidencia jurisdiccional del presidente es limitada”.

A Cossío sólo le queda una oportunidad para aspirar al máximo cargo del Poder Judicial, pues su retiro de la Corte está previsto para diciembre de 2018. Ha dicho que prefiere seguir como ministro para crear criterios jurídicos que dedicarse a las “labores administrativas, presupuestales, políticas y protocolarias” del presidente, cuyo ejercicio judicial, expuso, “percibo acotado”.

Ante la falta de contrincantes, en las últimas semanas del año pasado Silva Meza fue sumando votos hasta obtener casi el consenso. Pero su capital político en la Corte se podrá diluir si el pleno de ministros –donde prevalece el conservadurismo– considera que pretende imponer su discurso personal como representativo de este órgano donde las decisiones son colegiadas.

La poca actividad jurisdiccional que tiene la presidencia de la Corte le dará poca oportunidad para innovar criterios. Pese a ello, como presidente podrá decidir votaciones en última instancia y buscará consolidar –según ha declarado– un Poder Judicial “sobrio y discreto”, independiente y que tenga como norma la austeridad y la transparencia.

En su primer discurso como presidente adelantó que intentará hacer cambios en la Corte: “Me queda muy claro que no es válido generar expectativas de renovación, de mejoramiento, para después caer en la autocomplacencia o en la simulación. En el cambiar para seguir igual”.

Para llegar al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación Silva Meza tuvo que moderar su discurso. Durante el proceso de elección, cuando compitió con Ortiz Mayagoitia, proponía, tajante, “un cambio de rumbo” en la administración y trabajo de la Corte, tanto en la operación como en la toma de decisiones. Incluso, favorecía la revisión de criterios jurisprudenciales adoptados por el máximo tribunal “en una época dudosamente democrática” del país.

Sin embargo, en la propuesta que presentó luego del desistimiento de Cossío, habló de “reorientación de los métodos operativo y decisorio” para que los ministros reduzcan sus tareas administrativas y el tiempo destinado a los asuntos jurisdiccionales no trascendentes, a fin de ocuparse sólo de los “realmente relevantes”. Además, propuso agilizar y transparentar las sentencias de la Corte. 

En esta ocasión ya no habló del contexto político del país, aunque en su discurso de toma de posesión aseguró que el Poder Judicial debe contribuir a la paz social en momentos en que “diversos fenómenos nacionales trastocan primordialmente la seguridad y tranquilidad de la sociedad”.

En su propuesta de trabajo también se refirió a un “Estado social de derecho” y a la “urgente necesidad de revertir la desigualdad social; de mejorar los niveles de seguridad pública, de abolir la impunidad y establecer la plena adopción y ejercicio de los valores de la democracia”. Además, pidió a los juzgadores “generar más orden, tranquilidad, estabilidad y paz sociales” a través de sus sentencias.

Su discurso se contrapone al de la mayoría de los ministros, que muy pocas veces mencionan el contexto social o político en sus intervenciones. Incluso, en casi todas las votaciones relacionadas con el tema de los derechos humanos se quedó en minoría, sobre todo cuando se trataba de establecer responsabilidades de funcionarios de primer nivel.

Así ocurrió en los casos de Juan Molinar Horcasitas y de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; de Fox y de Ulises Ruiz, por el conflicto social en Oaxaca en 2006; del exprocurador general de la República y actual embajador de México en Londres, Eduardo Medina Mora, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto por el conflicto en San Salvador Atenco, también en 2006, y del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por la detención de la periodista Lidia Cacho, en 2005.

Sus arremetidas contra los gobernadores priistas y el expresidente Luis Echeverría al votar en la Primera Sala de la Corte por la imprescriptibilidad del delito de genocidio le generaron el rechazo del priismo. Como responsable de la investigación del caso de Lydia Cacho, propuso que se realizara juicio político contra Mario Marín. En respuesta, priistas poblanos amenazaron con someterlo a la misma medida, con el argumento de que “se extralimitó” en su investigación.

La opinión de que Silva Meza rebasó sus funciones de investigación fue compartida por la mayoría del pleno de ministros, que no sólo lo orilló a dejar el caso, sino que estableció unas reglas que en la práctica anularon los alcances de las investigaciones realizadas por la Corte.

El PRI fue más allá y con el aval del PAN y el acuerdo de la mayoría de los ministros, mediante una reforma constitucional aprobada en diciembre pasado, le quitó a la Corte la facultad de investigación en los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Ortodoxia en lo penal

En sus 15 años como ministro, Silva Meza ganó fama de liberal en temas sociales como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y su derecho a la adopción, y sobre todo en materia de derechos humanos; no obstante también dejó clara su ortodoxia en materia de justicia penal.

Prueba de ello fue su negativa a concederle el amparo a la periodista Olga Wornat en el juicio emprendido desde Los Pinos contra ella y Proceso por Marta Sahagún. Junto con los ministros Valls Hernández y el fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo, en octubre de 2009 hizo mayoría de tres a dos en la Primera Sala de la Suprema Corte para negarle el amparo a la periodista. Wornat terminó por ser condenada a pagarle medio millón de pesos a la esposa de Fox por haberle incurrido “en una ilicitud” al hacer imputaciones más allá de la información que presentó.

El nuevo presidente de la Corte aplicó entonces el criterio sobre la caducidad de los juicios. Aunque calificó esa norma como “una institución odiosa”, votó contra Wornat con el argumento de que la periodista dejó pasar más de los 300 días establecidos por la ley para hacer alguna promoción dentro del juicio.

Se apegó a la ortodoxia a pesar de que los ministros Olga Sánchez Cordero y Cossío argumentaron que desde el momento en que la Corte atrajo los amparos solicitados por este semanario y Wornat, el criterio de la opacidad no podía operar, además de que cuando esa misma Sala consideró el caso como de importancia y trascendencia había cambiado su naturaleza procesal (Proceso 1719).

Con su voto, evitó que la Corte definiera los alcances del derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la responsabilidad civil por daño moral, que eran los temas implicados en el amparo solicitado por la periodista. Además, se dejó de lado la delimitación de responsabilidades de las empresas editoras y de los autores.