El aumento de la violencia en México, opinión de Poiré

El aumento de la violencia en México /Por Alejandro Poiré

En años recientes, particularmente en algunas entidades del país, en México enfrentamos un fenómeno que nos duele y que ocupa de manera primordial nuestra atención: el incremento de la violencia asociada a las organizaciones criminales.

En la última entrega de la serie 10 Mitos de la lucha por la seguridad,

 explicaba que es falso que México sea uno de los países más violentos del mundo pues los niveles de homicidio que hoy se presentan son similares a los registrados en la década de los noventa, e incluso menores a los de otros países que enfrentan retos delincuenciales semejantes. También destacaba que se trata de un fenómeno focalizado. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la violencia ha crecido; ello sería tan irresponsable como no haber decidido combatir con toda firmeza el crecimiento de la delincuencia.

Ahora bien, entonces ¿cómo explicar el incremento de la violencia? En mi tarea como vocero en materia de seguridad, con frecuencia me plantean preguntas como: ¿por qué el narcotráfico implica violencia?; si el narcotráfico tiene tantos años en México, ¿por qué ahora vemos estos niveles de violencia?; ¿hay posibilidades de que la violencia deje de ser un problema en nuestro país?

En este ensayo, presento tres elementos útiles para entender mejor estas interrogantes. Primero señalo algunas de las razones por las que el consumo y tráfico de droga suele relacionarse estrechamente con la violencia. En una segunda parte detallo algunas de las principales causas del incremento de la violencia. Finalmente, señalo qué debemos hacer desde el Gobierno – lo mismo el Federal, el Estatal o Municipal- e incluso desde la sociedad civil para reducir con efectividad este fenómeno.

La relación entre las drogas y la violencia

De acuerdo con Goldstein (1985), las drogas y la violencia se relacionan en tres formas:

a) La violencia psicofarmacológica: resulta del estado alterado o de intoxicación de una persona que ha consumido drogas. Desde luego, el tipo de sustancia genera reacciones distintas, pero en este sentido, las actitudes agresivas que podría manifestar una persona intoxicada son una forma de violencia.

b) La violencia económico-compulsiva: se deriva de la necesidad desarrollada por una persona adicta para conseguir el dinero que le permita adquirir este tipo de sustancias, especialmente cuando son de alto precio, como la cocaína o la heroína. Este tipo de  violencia es detonada por el síndrome de abstinencia y puede manifestarse en la comisión de delitos violentos, como el robo.

c) La violencia “sistémica” o inherente al tráfico y venta de las sustancias ilícitas. La violencia es el recurso utilizado por los criminales para resolver sus controversias. La controversia fundamental entre ellos consiste en determinar quién controla y se queda con las ganancias del negocio ilícito, mediante esquemas de competencia que se resuelven por la aplicación de la violencia en un contexto constante de inestabilidad entre grupos criminales y hacia el interior de las propias organizaciones. Así, este tipo de violencia puede ser producto de diversos factores, entre otros, las disputas por los “territorios” criminales, los ataques derivados de la aplicación de medidas “disciplinarias” y de amedrentamiento al interior de las organizaciones criminales, el cobro de deudas, etc.

Los dos primeros tipos de violencia están directamente relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, mientras que el tercer tipo se relaciona especialmente con las características de la actividad criminal de la producción y distribución de la droga. En México, como en otros países, se presentan los tres tipos de violencia y de hecho, son abundantes los datos sobre la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos2, sin embargo la violencia sistémica es la que ha generado la mayor proporción de las cifras de homicidios registrados actualmente, como se verá más adelante.

Algunas causas del incremento de la violencia

Las cifras de violencia muestran un incremento, particularmente en algunas zonas del país que, sin duda, nos preocupan y estamos atendiendo en corresponsabilidad con las autoridades locales. Algunos analistas han propuesto como hipótesis que las acciones del Gobierno Federal son el detonador de la violencia. Sin embargo, una aseveración de este tipo pasa por alto la complejidad del fenómeno delictivo en el que no puede haber una sola explicación posible, sino distintos factores que en conjunto produjeron –lo que podemos denominar como- una tormenta perfecta: la debilidad institucional en algunos ámbitos cruciales—particularmente de las instituciones de seguridad y justicia locales; crisis económicas recurrentes que hacia finales del siglo pasado dañaron al país; y especialmente la diversificación, crecimiento y expansión en la capacidad de acción de las organizaciones criminales y muchos otros factores que permanecen ausentes en los análisis disponibles. Ello además de los graves errores metodológicos de los estudios hasta ahora presentados.

En todo caso, un acercamiento más completo y objetivo, tendría que considerar todos estos factores, comprenderlos y dimensionarlos de la manera más adecuada. Para ello, es necesario comprender cómo se transformó este problema y cómo llegamos al punto en el que actuar decididamente era una tarea ineludible.

Es necesario considerar que el negocio de tráfico de drogas no es reciente en México, sin embargo, este fenómeno se transformó con el paso de los años. A principios de los años 80, el crimen organizado en México se dedicaba fundamentalmente a la producción y tráfico de marihuana, y poco a poco fueron ampliando su actividad a la distribución de cocaína.

Se trataba de pequeñas células que se dedicaban, sobre todo, a pasar la droga que provenía de Centro y Sudamérica y cuyo destino final era, como hasta hoy, poner estas sustancias ilícitas a disposición del mercado norteamericano.

Debe recordarse que el territorio mexicano no era la principal ruta de trasiego, pues en aquella época, los cárteles colombianos utilizaban sobretodo la llamada ruta del Caribe—a través de Florida—para hacer llegar este producto ilegal a Estados Unidos.

A finales de los años 80 y principios de los 90, el negocio del narcotráfico en la región cambió radicalmente debido a algunos factores que lo hicieron complejo y lo convirtieron en lo que es hoy. Esto se dio por cuatro tipos de factores: a) exógenos; b) endógenos; c) estructurales y d) coyunturales.

a) Factores exógenos: el combate al narco en Colombia

A mediados de los años ochenta, el gobierno colombiano fortaleció el combate a los principales cárteles, responsables de la mayor proporción de la producción y tráfico de cocaína. A principios de los 90, el debilitamiento de los cárteles de Medellín -encabezado por Pablo Escobar- y de Cali –por los hermanos Rodríguez Orejuela-, aunado al fortalecimiento de la vigilancia en las rutas de acceso de drogas hacia Estados Unidos, complicaron el paso de la droga por el camino ordinario, la ruta del Caribe. Por ello, los traficantes colombianos vieron en nuestro país una vía alternativa, lo cual derivó en la modificación en su relación con los cárteles mexicanos, a quienes necesitaban en la labor de trasiego y distribución.

b) Factores endógenos: crecimiento y diversificación de las organizaciones

El nuevo papel de los cárteles mexicanos los llevó a participar no sólo del trasiego, sino que se abrieron a la oportunidad de incrementar la distribución de drogas. Para lograrlo, fueron generando las redes que les permitieran completar su papel en la cadena productiva, por esa  razón, tuvieron que abandonar su bajo perfil y su participación acotada en el negocio criminal. En este sentido, la corrupción o amedrentamiento de autoridades se convirtió en un elemento indispensable para generar redes de distribución en negocios ilícitos, pues de esa manera ampliaban y afianzaban su estructura, generaban mayores ganancias, además de conseguir el control de rutas completas.

A la par que una organización criminal va consolidando su red de distribución–especialmente cuando la resistencia que se opone es mínima o inexistente—es fácil expandir su mercado y diversificarlo en cuanto al tipo de drogas que ofrecen y actividades delictivas que controlan. Es decir, aprendiendo mejor del proceso podían incrementar la producción o la cantidad que recibían de Colombia, además, una vez asumiendo los costos de delinquir, podían incorporar con cierta facilidad otros delitos a sus actividades—al cooptar o suplantar a la delincuencia local que se dedicaba a eso, obteniendo utilidades adicionales y haciendo crecer su estructura.

Este crecimiento de su estructura trajo una implicación muy importante: los cárteles vieron la oportunidad de ocupar un mayor espacio en la oferta de droga, e incluso, tener una posición dominante en el trasiego. De esa manera, las organizaciones criminales dejaron de funcionar como células, y comenzaron a expandirse, lo que provocó el traslape entre áreas de influencia. En otras palabras, las organizaciones emprendieron una lucha por “la plaza”, es decir, por el dominio de las actividades delictivas de una zona estratégica en relación a su papel en la cadena productiva. Controlar una “plaza” no solamente significaba ya el controlar muchos delitos que se realizaban en esa zona, sino incluso poder controlar la mayor parte del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.

c) Factores estructurales: La atrofia institucional

Actualmente, los debates económicos en nuestro país son los de un México que cuenta con mejores condiciones e instrumentos para enfrentar las crisis económicas mundiales. Pero en la época de los ochenta y la primera mitad de los noventa, en la que las organizaciones criminales iban incrementando su poder, la historia económica era otra. Eran las épocas en las que teníamos que superar una crisis económica tras otra, con grandes incrementos de la inflación, devaluaciones, y daños severos en la inversión pública (Lustig y Székely, 1997). Desde luego, el manejo inadecuado de la economía fue generando graves costos sociales, sobre todo pobreza y marginación en distintas zonas del país, y especialmente un daño profundo en el tejido social.

Aunado a ello, las instituciones de procuración e impartición de justicia, especialmente a nivel local, no fueron receptoras de suficientes esfuerzos de fortalecimiento y transformación. De esa manera, mientras las organizaciones criminales iban creciendo y aprendiendo las ventajas comparativas de su negocio, las instituciones encargadas de combatirlas se iban debilitando, perdiendo capacidad de reacción y credibilidad ante una sociedad que dejó de confiar en ellas.

d) Factores coyunturales: la carrera armamentista

Un evento coyuntural abonó el terreno para lo que sería un claro aumento de la violencia entre las organizaciones criminales: el 13 de septiembre de 2004 expiró en Estados Unidos la Prohibición Federal sobre Armas de Asalto (Federal Assault Weapons Ban), lo que generó que los ciudadanos estadounidenses pudieran volver a adquirir armas de alto calibre, en principio, para su protección personal. Esto derivó en un incremento en el tráfico ilícito de armas de alto poder hacia México, en un contexto de alta rivalidad delincuencial que puso en manos de criminales no solo una mayor cantidad de armas, sino más dañinas. La mayor disponibilidad de armas, aunado a los conflictos manifiestos entre las organizaciones por el control de las plazas generó lo que Williams (2010) ha denominado una “carrera armamentista inter organizacional”.

Si recapitulamos los factores descritos es posible señalar que las organizaciones criminales iban encontrando un escenario óptimo para generar ganancias y en el que las instituciones responsables de detenerlos se iban debilitando. Pero también es la historia de grupos que, por su naturaleza ilegal, son desconfiados, predispuestos a la trampa o a cuidarse de las traiciones, de manera que las células acotadas se convirtieron en organizaciones en franca competencia con otras, fortalecidas con brazos armados que les permitirían disciplinar a sus miembros y/o confrontar a sus enemigos. Por ello, la violencia es el resultado de la combinación de estos factores y su incremento era una bola de nieve que no podía subestimarse, y ante la cual sólo quedaba enfrentarla o dejarse aplastar por su ritmo acelerado.

De no haber actuado, no solamente habría crecido aún más la violencia—las organizaciones estaban ya compitiendo entre sí y en su interior con gran lujo de violencia desde 2004 y 2005 en lugares como Acapulco, Michoacán, Nuevo Laredo y Sinaloa-, sino que los criminales se habrían infiltrado en las instituciones, mermando su credibilidad; se habría potencializado el uso de drogas, la impartición de justicia habría deteriorado a tal grado que la ley de “plata y plomo” sería su ritmo, cerrándole todos los espacios a cualquier persona honesta. El destino del país estaría en manos de los criminales, y no de los ciudadanos.

Tareas pendientes frente a la rivalidad criminal

El costo más alto para una organización criminal es el riesgo que implica para ellos la intervención del Estado para neutralizarlos. El combate sistemático a sus estructuras altera sus procedimientos y dificulta que obtengan ganancias y expandan el mercado formado por la diversificación criminal. Si el combate es ininterrumpido y preciso, cada vez les resultará más costoso mantener sus estructuras y actividades delictivas.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno Federal ha tenido logros contundentes, no sólo porque ha neutralizado a importantes líderes, sino porque el proceso de recuperación o reestructuración de una organización criminal tras la pérdida de su liderazgo se ve entorpecida por una acción constante, porque la captura de los liderazgos emergentes cada vez toma menos tiempo. La implementación de la Estrategia ha evitado que se fortalezcan las organizaciones criminales, hoy se encuentran divididas y debilitadas. Esto hace que el poder de la autoridad sea creciente sobre quienes pretenden sembrar miedo e inseguridad en la sociedad.

Por otra parte, la transformación de las instituciones de impartición y procuración de justicia afecta directamente su red de distribución. Si no hay funcionarios dispuestos a corromperse, pierden un eslabón indispensable de su cadena de producción-distribución-venta, razón por la que esta Administración ha apostado tanto por la transformación de las instituciones municipales, estatales y federales, mediante la evaluación y depuración de sus integrantes.

Estas transformaciones tomarán algún tiempo, en buena medida porque fueron muchos años de descomposición. Lo importante es que en este gobierno se están planteando las bases para que un esfuerzo constante, sistemático y que implique a todos los órdenes de gobierno, garantice instituciones fuertes y confiables en el mediano plazo. Así, la debilidad de las organizaciones criminales será constante y no estará supeditada a la presencia de las fuerzas federales, quienes hacen una labor subsidiaria y temporal en apoyo al cumplimiento de las responsabilidades que tienen las autoridades locales.

En el mediano plazo, el objetivo es que las instituciones de procuración e impartición de justicia en el ámbito local sean lo suficientemente fuertes como para combatir a los grupos criminales que, por otra parte, estarán acotados, pues no tendrán frente a sí una vez más los elementos que, en otros tiempos, les permitieron crecer y aumentar su poder.

Desde luego, tenemos que asegurarnos que nuestro país no será en el futuro un terreno fértil para la multiplicación del crimen y la violencia. Por esa razón este gobierno ha emprendido acciones claras para la prevención y el combate a las adicciones y el delito, pero también para dar mejores oportunidades a las y los mexicanos, para que la criminalidad no sea una práctica social tolerada.

Sin duda, el problema de la violencia exige el esfuerzo de gobierno y sociedad. El primero para debilitar a las organizaciones criminales hasta su mínima expresión, restaurar el andamiaje institucional, sanar el tejido social. La segunda, para construir una cultura de la legalidad, que garantice que la seguridad auténtica sea una forma de vida para los mexicanos desde ahora y en el futuro.

1 Alejandro Poiré es Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

2 El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), señala en un su informe más reciente que durante 2009, el robo ocupa la proporción más alta (72%) entre los delitos cometidos por los menores internos en los Consejos Tutelares, seguido de la posesión de armas (34%), y se destaca que independientemente del delito cometido, el 24% de la población interna lo cometió bajo el influjo de alguna sustancia; asimismo, prácticamente 7 de cada 10 menores infractores refirieron el consumo habitual de drogas, siendo la marihuana la sustancia más reportada (35% del total de los infractores). Fuente: SISVEA, Informe 2009. [En línea].

Disponible en: http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes_sisvea_2009.pdf Recuperado el 17 de agosto de 2011.

Referencias

GOLDSTEIN, Paul J. (1985). "The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework." En Journal of Drug Issues, v. 39:143-174.

LUSTIG, Nora y Székely, Miguel (1997). México, evolución económica, pobreza y desigualdad. Washington. [En línea], disponible en: http://www.alternativasociales.org/images/biblioteca/Desigualdad.pdf Recuperado el 11 de agosto de 2011.

WILLIAMS, Phil (2010). “El crimen organizado y la violencia en México: una perspectiva comparativa” en Istor Año XI, número 42, otoño. Mosaico del Crimen Organizado. CIDE.