Carlos Acosta Córdova
Proceso # 1848, 1 de abril de 2012
El proceso electoral que culminará el próximo 1 de julio se encuentra en riesgo. Así lo reconoce incluso el propio consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, quien el 29 de marzo aseguró que “el clima de inseguridad y la búsqueda de vacíos legales constituyen los dos principales obstáculos del proceso electoral” en curso.
En consecuencia, hizo “un llamado, de manera especial a las fuerzas que se encargan de la seguridad pública en el país, para que le brinden garantías al IFE; para que se instalen las casillas; para que los ciudadanos puedan circular libremente el día de la elección, pero sobre todo para que se garantice la seguridad de los candidatos que participan en este proceso”.
El de la inseguridad ha sido uno de los temas torales del IFE en los últimos meses. De hecho, el instituto está elaborando, con el concurso de todos sus consejos locales y sus juntas distritales en todo el país, un atlas de riesgos, un mapa con todas las poblaciones y las secciones electorales que presentan algún tipo de conflicto que ponga en peligro alguna etapa del proceso, desde la capacitación de los funcionarios de casillas y la integración de las mesas directivas, hasta la instalación de casillas y la propia jornada comicial.
En sus Lineamientos para aprobar secciones de atención especial (SAE, como se les llama a las secciones “emproblemadas”), el IFE define 20 causales de conflicto que obstaculizan desde la propia integración de las mesas directivas de casilla.
Van desde zonas con ciudadanos sorteados que no saben leer ni escribir; franjas con población que no habla español; las que se rigen por usos y costumbres; las de prácticas machistas o matriarcales; o las que profesan creencias o religiones particulares; las de alto índice de migración o con población flotante; las que tienen menos de 50 habitantes.
Están las áreas que tienen viviendas muy dispersas o características geográficas que dificultan el acceso y traslado de las personas; las residenciales de acceso restringido o sistemas de seguridad que dificultan el contacto con los ciudadanos sorteados; las zonas con población reubicada por contingencias ecológicas o desastres naturales.
Igualmente, están las franjas con problemas de salud pública (alcoholismo, drogadicción, prostitución, enfermedades endémicas y asociadas a la pobreza); las que tienen conflictos religiosos, interétnicos, agrarios, políticos.
Y, por supuesto, las secciones en zonas de alta inseguridad pública. Esta es la causal número 20 para caracterizar a una sección electoral como de “atención especial”.
Y se refiere a los lugares donde se presentan hechos presuntamente delictivos de diversa naturaleza y violentos, zonas donde se identifica la presencia de fenómenos como pandillerismo, vandalismo y actividades ilícitas, además de áreas y caminos con personas armadas y acceso restringido para llegar a las localidades, según los Lineamentos del IFE.
Inseguridad creciente
El órgano electoral estableció el 30 de abril para tener completa la lista, ya actualizada, de todas las secciones de atención especial, de tal suerte que en mayo se tendrá el mapa o atlas de riesgos de cara a los comicios.
Sin embargo, durante la conformación de éste, consejeros y funcionarios electorales han difundido datos preliminares sobre las zonas de riesgo o con “focos rojos”.
El propio Valdés Zurita ha dicho que de las 66 mil 740 secciones electorales que hay en el país, 9 mil 343 (14%) son de atención especial. Pero de éstas, poco menos de la mitad, 4 mil 4, tienen problemas de inseguridad. Esas 4 mil 4 representan 6% del total de secciones y 43% de las de atención especial.
Muy por arriba de las mil 635 que se registraron en las elecciones de 2009. Es decir, 2 mil 365 más que hace tres años. Un aumento de 144% o, dicho de otra forma, 2.4 veces las de 2009.
Hablar de 4 mil 4 secciones con problemas de inseguridad parece poco, pero resulta que están distribuidas en 203 de los 300 distritos electorales en que está dividido el territorio nacional.
De acuerdo con el IFE, entre las poblaciones con el mayor incremento de la inseguridad son Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral (Chihuahua), El Fuerte (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Iztacalco (Distrito Federal), Zitácuaro (Michoacán) y Río Bravo (Tamaulipas), Monterrey (Nuevo León) y Acapulco (Guerrero).
Esos son los puntos específicos donde se ha recrudecido la inseguridad, pero es en esas entidades, salvo el Distrito Federal, donde más se ha extendido el problema de la violencia y la inseguridad.
Según un corte al mes de febrero, Nuevo León tenía 628 secciones con problemas de inseguridad; Tamaulipas, 387; Jalisco, 308; Chihuahua, 231; Sonora, 166; Durango, 124; Baja California Sur, 97; Coahuila, 88; Distrito Federal, 85, y Oaxaca, 65.
Dato relevante es que muchas de las regiones que hoy tienen graves problemas de inseguridad, para las elecciones de 2006 no registraban secciones, ya no digamos con problemas de inseguridad, sino que ni siquiera estaban clasificadas como “secciones de atención especial” por alguna otra causa.
Un caso concreto, según la información preliminar del IFE, es el distrito 1 de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez. Para la elección de 2006 no registraba una sola sección de atención especial. Pero a más de dos años y medio de iniciada la guerra oficial contra el crimen organizado, para las elecciones de 2009 ya tenía 265. Y para los comicios de este año acumula 388 secciones de atención especial, de las cuales 231 tienen problemas de inseguridad.
Finalmente, la información a febrero indica que, con respecto a 2006, las secciones con problemas de inseguridad pública aumentaron 27 veces en Nuevo León y 20 veces en Tamaulipas.
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