Las normales rurales le estorban al modelo neoliberal

Revista Proceso No. 1981, 18 de octubre de 2014

Las normales rurales le estorban al modelo neoliberal/José Gil Olmos

La violencia contra las normales rurales llegó a su límite en Iguala, Guerrero, luego de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa. La desaparición de 43 compañeros suyos puso en movimiento a sus pares de otras entidades y evidencia que el intento por desaparecerlas o transformarlas en centros de formación de “técnicos en turismo” podría dar lugar a una lucha popular, a una expresión de rebeldía amplia, advierte a Proceso la investigadora Tanalis Padilla, quien prepara un libro sobre este tema. Esos centros de enseñanza, dice, son un estorbo para el proyecto neoliberal.

Abandonadas por el gobierno federal durante décadas, las normales rurales –otrora símbolo revolucionario para la educación de los campesinos– carecen de un presupuesto para atender a sus más de 7 mil alumnos, quienes hoy buscan el sustento en las calles, a riesgo de enfrentar los ataques sistemáticos de policías y bandas del crimen organizado, como sucedió el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, con los estudiantes de Ayotzinapa.

De las 29 instituciones originales sólo quedan 17. En los últimos 40 años, además de las agresiones, cada vez más frecuentes y violentas, los gobiernos estatales y el federal han intentado a toda costa cerrarlas o transformarlas en centros de educación técnica para formar sólo “técnicos de turismo”.

 Esa tendencia se manifestó en 2000, cuando la Escuela Normal Luis Villarreal, en El Mexe, Hidalgo, sufrió los embates y ocho años después se convirtió en universidad politécnica. En noviembre de 2012 le llegó el turno a la Normal Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, donde hubo 133 detenciones.

 En el ínterin, entre 2007 y 2011, se desató la represión contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos –conocida como Ayotzinapa–, en Guerrero. En ese periodo murieron dos jóvenes por disparos de la policía estatal. La desestabilización contra los estudiantes guerrerenses se agudizó el pasado 26 de septiembre, cuando policías de Iguala dieron muerte a dos de ellos. Ese día desaparecieron también 43 normalistas.

 El miércoles 8, luego de la marcha de protesta en Chilpancingo, un normalista de Ayotzinapa subió a la tarima y tomó el micrófono para demandar la presentación de sus 43 compañeros: “El Estado nos ve como el enemigo y sólo somos estudiantes”. Su voz retumbó en las paredes del palacio de gobierno.

 Desde los setenta, el gobierno federal asocia a las normales rurales con la rebeldía, pues de ellas han egresado luchadores sociales, como Othón Salazar, Pablo Gómez, José Santos Valdez, Misael Núñez Acosta, así como los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

 Para Tanalis Padilla –quien imparte historia en Dartmouth College, una universidad privada de New Hampshire y prepara un libro sobre las normales rurales–, estas escuelas comenzaron a ser atacadas a partir del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Las autoridades las consideran reproductoras de estudiantes revoltosos. La verdad es otra, dice desde Londres: esos centros no embonan en el proyecto neoliberal de educación.

 E insiste: La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo se propuso convertir las normales rurales en centros de formación de “técnicos en turismo”. Si el propósito de las autoridades estatales y federales sigue en pie, como todo parece indicar, ello puede provocar un brote social, pues muchos campesinos sólo tienen acceso a la educación en esos centros de enseñanza.

 El diputado perredista Miguel Alonso Raya, egresado de la normal de El Mexe, califica de “insensatez” cualquier pretensión de enterrar dicho proyecto sólo por considerarlo un “criadero de guerrilleros”.

 “Fue a partir de 1969 –comenta– cuando se inició la ofensiva contra este proyecto educativo. El presidente Díaz Ordaz ordenó la desaparición de 14 escuelas y la conversión de algunas de ellas en secundarias agropecuarias, como sucedió con las normales de Tamatán, Tamaulipas, y la de Roque, en Guanajuato.

 “Desde entonces ya había muchas carencias y mucha estigmatización porque de ahí salieron Arturo Gámiz, quien participó en el asalto del cuartel de Ciudad Madera; Lucio Cabañas, dirigente del Partido de los Pobres, y muchos más que estuvieron en la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros movimientos guerrilleros. De ahí se agarraron para decir que (las normales rurales) son nido de guerrilleros, de subversivos.”

 El abandono

 Desde el principio, las normales rurales fueron concebidas como parte de un proyecto educativo revolucionario para los campesinos. Su antecedente directo fueron las normales regionales y las escuelas centrales agrícolas creadas al término de la Revolución. Hacia 1926 ambas se fundieron para dar origen a las normales rurales, señala la investigadora Tanalis Padilla en un estudio.

 Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se extendieron a las regiones más pobres y recibieron todo el apoyo oficial, sin perder su esencia. Sus programas académicos tenían un carácter socialista e incluían actividades prácticas para que los alumnos aprendieran diversos oficios; tenían módulos para la actividad agropecuaria y también para la cultural –como el cultivo de la música popular y la danza regional–, así como para inculcar valores cívicos y patrios.

 También preveían el deporte y un módulo político en el cual se estudiaba el marxismo-leninismo –el cual aún está vigente– para analizar la realidad política y social del país.

 Pero todo ese apoyo fue retirado luego del movimiento estudiantil de 1968 y la irrupción de grupos guerrilleros en diversas partes del país. Las normales rurales fueron abandonadas y comenzaron a ser atacadas desde el gobierno.

 Las 17 que aún existen son consideradas como escuelas de educación superior, aunque no tienen un presupuesto específico etiquetado en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. Hoy, los apoyos financieros están sujetos a la voluntad de cada gobernador; además, muchos profesores no tienen el perfil para formar a los alumnos, y las plazas para nuevas contrataciones están canceladas.

 Para las autoridades, la comunidad estudiantil de estos centros es revoltosa y muchos de sus alumnos no estudian; éstos sobreviven con lo que les dan para la alimentación, y en los planteles no hay rigor académico, admite Alonso Raya.

 El panorama es desolador para esas 17 escuelas, considera la investigadora Tanalis Padilla: “Para tener comida o recursos después de graduarse, los normalistas han recurrido a las movilizaciones. Algunas escuelas sólo defienden el derecho a la educación; en este caso, a la educación rural”, comenta desde Londres.

 Pero el gobierno insiste en descalificar a los alumnos mediante campañas de criminalización. Viene haciéndolo desde hace cuatro décadas: “En general, los medios de comunicación o las instancias de gobierno se han encargado de difundir que los alumnos son una bola de agitadores, que no estudian y se dedican al ocio y a secuestrar camiones…

 “Se ha evitado hablar del contexto social, de que son jóvenes de extracción humilde –muchos de ellos de familias campesinas e indígenas pobres–; son tratados como criminales, de agitadores. De ahí la represión, como la de 2011, cuando fueron asesinados dos estudiantes, y la del mes pasado, en la cual los policías de Iguala mataron a seis personas y desparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.”

 Es en este ámbito en el que debe analizarse la desaparición de los muchachos: “El último ataque tenemos que verlo y entenderlo dentro de un contexto general donde las normales rurales y sus estudiantes han sido criminalizados. Primero, comenzaron a abandonarlas desde mediados del siglo pasado por considerarlas nidos de comunistas y guerrilleros; luego se inició un ataque político contra la comunidad estudiantil.

 “Las (autoridades) dejaron caer las normales rurales, y es precisamente esa situación de precariedad la que obligó a los estudiantes a buscar sus recursos fuera para poder tener los derechos más básicos.”

 Y matiza: las normales rurales han sido abandonadas porque no entran en el modelo privatizador del neoliberalismo en el que se han montado los últimos presidentes.

 “No caben dentro de una política neoliberal donde el financiamiento a la educación pública y a los derechos de la población que se ganaron en la Revolución y están en recogidos en la Constitución han ido retrocediendo lentamente”, sostiene la entrevistada.

 De ahí que estén atrapadas, dice Padilla, entre un proyecto político y económico privatizador y la violencia y represión del gobierno hacia los movimientos sociales, en particular a los campesinos e indígenas.

 Las 17 escuelas normales rurales tienen una población superior a los 7 mil 300 alumnos, pero la demanda continúa. Según información de la Secretaría de Educación Pública (SEP), salvo los planteles de San José de las Flores, Tamaulipas, y Saucillo, Chihuahua, las demás trabajan con interrupciones; algunas no cumplen ni la mitad de los 200 días del calendario escolar. La mayoría de los planteles son precarios y los profesores están mal preparados.

 El miércoles 8, durante su comparecencia en el Senado, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, aseguró que las normales rurales no van a desaparecer, pues el compromiso del gobierno federal es darles todo el apoyo.

 Para el diputado Alonso Raya, sería una insensatez desaparecerlas. Si las autoridades lo hacen, advierte, ya no existirá la formación de docentes que pueden ir a las zonas más marginadas del país, lo cual sería muy grave.