Retrospectiva
Siete
años con Raúl Castro/Carmelo Mesa-Lago
El
País | 28 de agosto de 2013
En
agosto de 2006, Fidel Castro pasó el poder a su hermano Raúl. El 26 de julio de
2007, este planteó los problemas económicos del país y advirtió que demandaban
reformas estructurales. En febrero de 2008 Raúl fue elegido presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y en abril de 2011 primer secretario del
Partido Comunista. Las reformas se iniciaron en 2007, se aceleraron desde 2011
y continúan. ¿Cuál es el balance de siete años de Raúl en el poder?
Raúl
ha introducido una veintena de reformas económicas de diverso tipo, orientadas
hacia el mercado y las más importantes bajo la revolución.
Las
reformas no estructurales (porque no cambian la naturaleza del sistema) en
2007-2008 fueron: pago de deudas estatales a campesinos, aumento en los precios
de venta forzosa al Estado de parte de su producción (acopio), y venta de
insumos a aquellos; permiso para el transporte privado de pasajeros y carga;
supresión del tope salarial, autorización del pluriempleo, abono de parte del
salario en divisas; trabajo por resultado (destajo); reforma de las pensiones
que aumentó la edad de retiro en cinco años; y acceso de cubanos a hoteles y
restaurantes para turistas extranjeros.
Importantes
reformas estructurales (porque en algo cambian el sistema económico) introducidas
en 2008-2013 fueron: entrega en usufructo de tierras estatales ociosas;
cesantía de empleados estatales innecesarios; fomento de trabajos no estatales
(cuenta propia, cooperativas de producción no agrícola y servicios) para ocupar
a los parados; eliminación de “gratuidades” (escuela secundaria en el campo,
universidades municipales); extracción gradual de artículos del racionamiento y
su venta a precios de mercado a los subsidiados (la supresión total es
rechazada por grupos de bajos ingresos y que no reciben remesas del exterior);
reducción en gastos de servicios sociales financieramente insostenibles;
autorización de compraventa de viviendas y de coches; reforma tributaria que
estableció el impuesto progresivo a la renta; y mercado mayorista para el sector
no estatal.
Las
reformas estructurales son parte de la “actualización del modelo” acordada en
el VI Congreso del Partido en 2011, pero pasaron dos años antes de que el
Gobierno nombrase una comisión para definir el modelo. Sus parámetros clave
fijados por el Congreso son: el plan central predominará sobre el mercado y la
empresa estatal sobre la no estatal. Ese modelo de hecho fue experimentado sin
éxito en algunos países de Europa Oriental antes de la desaparición del campo
socialista, así como en Cuba bajo las tímidas reformas de 1975-1985.
Están
pendientes una serie de cambios estructurales fundamentales, necesarios para el
éxito de los ya emprendidos. Se anuncia una nueva etapa de las reformas, más
completa y profunda, para el resto de 2013 y 2014, como la desregulación de las
grandes empresas estatales (minería, manufactura), que prevé la reinversión y
el aumento de salarios con el 50% de sus ganancias, y el cierre de aquellas que
arrojen pérdidas. Estas medidas se ensayaron en Cuba en 1975-1985 para después
abandonarse. Durante dos años se pregonó una nueva ley de inversión extranjera
más flexible que la actual de 1995; se ha vuelto a anunciar en julio como un
complemento a la inversión estatal y siempre que aporte tecnología,
financiamiento, mercados y empleo.
Todo
el mundo está de acuerdo en la eliminación de la doble moneda (el peso nacional
—o CUP— y el peso convertible o CUC; 1 CUC equivale a 25 CUP) porque genera
distorsiones en la economía y castiga a la población, a quien se paga en CUP,
pero debe comprar en CUC la mayoría de los bienes de consumo; pero no hay
acuerdo de cómo hacerla. Según Marino Murillo, la aplicación “puramente
técnica” de la unificación provocaría un alza enorme de precios, por lo que
rechaza la “terapia de choque”. También hay que unificar y fijar de manera
realista la tasa de cambio. Por último, se requiere una reforma integral de
precios para que estos sean reflejo real del valor, pero ello conduciría a la
escalada de precios.
Las
reformas están bien orientadas y han logrado mejoras, pero están obstaculizadas
por excesivos controles y regulaciones, así como altos impuestos. Por ejemplo,
las reformas aumentaron las ocupaciones por cuenta propia, permitieron
contratar empleados sin límite, abrir cuentas bancarias, etc., pero subsisten
muchas trabas: ocupaciones muy específicas y no cualificadas (los profesionales
no pueden ejercer por su cuenta); cierre de tiendas de cuentapropistas en los
portales habaneros; tasa del impuesto a la fuerza laboral que sube de 25% a 75%
según crecen los empleados contratados, penalizando a los que crean empleo; y
fuerte oposición de la burocracia frecuentemente criticada por Raúl. Las
cooperativas, por ejemplo, requieren cuatro instancias para su aprobación y la
decisión final se deja al Consejo de Ministros.
Las
reformas políticas son menores que las económicas: liberación de más de 100
presos de conciencia; ley de migración con la salida y regreso de una veintena
de disidentes; fijación de dos mandatos de cinco años para cargos en el
Gobierno y el partido; campaña contra la corrupción con más de 300 funcionarios
y empresarios procesados, reconocimiento de la persistente discriminación
racial y sexual y nombramiento de algunos representantes de ambos grupos en
puestos del Gobierno y el partido; designación de miembros de una nueva
generación en posiciones clave; cierta apertura a la discusión y la crítica
(por ejemplo, las revistas Espacio Laical y Temas); y crítica a la burocracia y
la prensa oficial. Persisten el partido único, el control y la represión de
disidentes, el monopolio de medios de comunicación, los sindicatos subordinados
al Gobierno y la ausencia de derechos civiles y políticos.
Las
reformas económicas van a paso lento. En 2010 se estimó entre 1,3 y 1,8
millones el número de empleados estatales innecesarios que había que despedir;
frente a una meta de un millón en 2011, sólo 365.000 fueron despedidos en 2012
por no haberse creado suficientes empleos privados. En junio de 2013 había
430.000 trabajadores por cuenta propia, pero sólo el 18% eran parados en el
sector estatal. En 2012 se autorizaron 222 actividades en las nuevas
cooperativas, pero en julio de 2013 apenas comenzaron 124. Se distribuyeron 1,5
millones de hectáreas a 180.000 usufructuarios, pero entre el 33% y el 54% de
la tierra entregada no estaba en producción. Y se vendieron 45.000 viviendas en
2011-2012, sólo un 1,4% del total.
No
hay efectos macroeconómicos positivos. Murillo reconoció en junio que las
reformas no habían conducido al necesario incremento de la producción. La
agrícola total cayó 5% en 2010 y 1,2% en 2012; y la agrícola no azucarera
descendió 7% en el primer trimestre de 2013. La subida del PIB fue del 3% en
2012, la cuarta más baja en América Latina; en el primer semestre de 2013 se
desaceleró a 2.3% frente a una meta de 3.6%. Las reformas provocan efectos
sociales adversos y un aumento de la población vulnerable, pero los
beneficiarios de la asistencia social se recortaron en 72% en 2006-2011.
El
desempeño de Raúl en siete años en el poder muestra avances notables en la
puesta en marcha de reformas económicas y, en menor cuantía, políticas. Las
reformas son positivas, pero faltan varias cruciales, y las ya aprobadas van a
paso lento, enfrentan obstáculos y excesivas regulaciones e impuestos que
provocan desincentivos e impiden su progreso; son insuficientes para resolver
los problemas acumulados en 54 años de socialismo real. Raúl ha anunciado su
retiro en 2018 y le quedan poco más de cuatro años para completar las reformas,
pero insiste en que no hay que apurarse. La muerte de Hugo Chávez, el deterioro
de la economía venezolana y la inestabilidad política resultante de la
controvertida elección de Maduro son serios riesgos que deberían ser acicates
para agilizar y profundizar las reformas.
Carmelo
Mesa-Lago es catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la
Universidad de Pittsburgh, autor de Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas
económico-sociales y sus efectos (Madrid: Editorial Colibrí, 2012), y finalista
del Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2009.
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