Castigo a Zerón, exigen padres de los normalistas/
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso # 2095, a 24 de diciembre de 2016..
A raíz de la divulgación, en este semanario, del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –retomada por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias–, padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen ahora castigo a los funcionarios que entorpecieron la investigación, señaladamente a Tomás Zerón de Lucio. Por su parte, la PGR desestima el informe de su propio órgano de control, lo que en el fondo abona a la impunidad y, como recalcan los afectados, a la protección a los militares.
Decididos a evitar que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa quede en el olvido, padres y defensores de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos luchan por que sean sancionados los servidores públicos que obstaculizaron las investigaciones para localizar a los jóvenes.
Tras la revelación hecha por este semanario el pasado 19 de noviembre (Proceso 2090) del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se exponen las irregularidades cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y otros cinco funcionarios de la dependencia –información retomada días después por los diarios Reforma y The New York Times y el portal Aristegui Noticias–, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de dos de las víctimas, exigen la culminación de la indagatoria interna y el castigo a los funcionarios que cometieron actos ilegales.
En ello coincide Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan, una de las organizaciones que representan a los padres y madres de los 43 desaparecidos, quien emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto a demostrar que “no hay otros intereses ocultos dentro de la PGR ni actores que estén por encima de los intereses de las víctimas, para que se pueda llamar a cuentas a los responsables, porque se ha ocultado la investigación sobre esas omisiones”.
Barrera y padres de los normalistas fueron entrevistados mientras se desarrollaba la Caravana +43 por la Memoria y la Esperanza, que partió de la normal de Ayotzinapa el martes 20; continuó por Iguala, donde los padres colocaron una ofrenda floral en el sitio en que el 27 de septiembre de 2014 se localizaron los restos de Julio César Mondragón; siguió su recorrido por Taxco y se extendió a localidades de Morelos.
La caravana concluirá el lunes 26 en la Basílica de Guadalupe, con una misa oficiada por el obispo Raúl Vera y Carlos Garfías Merlos, exarzobispo de Acapulco y ahora arzobispo de Morelia.
Los entrevistados comparten sus opiniones ante los intentos de la PGR por restar relevancia al documento interno dado a conocer por Proceso, así como a un expediente de investigación más, publicado también por este semanario (Proceso 2091).
El Acuerdo de Conclusión, a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General, hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón de Lucio y de cinco funcionarios más que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Ante las conductas irregulares cometidas por el ahora secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, el documento de Asuntos Internos considera que tiene responsabilidades sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por “haber excedido el ejercicio de sus facultades”, al trasladar el 28 de octubre de 2014 a uno de los inculpados, Agustín García Reyes, a Cocula, diligencia que deliberadamente omitió notificar.
De acuerdo con la conclusión, esa actuación “generó que las víctimas indirectas no pudieran conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día, ni expresar su opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella”.
Por ello, el documento recomienda dar vista a la Secretaría de la Función Pública, pues Zerón incurrió en “violaciones a las garantías judiciales, acceso a la justicia y derecho a la verdad”.
Contraofensiva
Tras la divulgación del Acuerdo de Conclusión, hecha por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias, el jueves 15 la PGR emitió un comunicado para restar importancia a las consideraciones de la Visitaduría General.
“Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal”, se lee en el comunicado 2039/2016.
Sin desconocer la autenticidad de los documentos, la dependencia señala que “se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización; al carecer de los requisitos legales que les aplican resultan jurídicamente inexistentes; por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación”.
El lunes 19, decenas de organizaciones civiles se sumaron a la exigencia de las organizaciones que representan a los padres de las víctimas para que se formalice el proceso contra Zerón.
En un comunicado agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales” y, peor, “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Mario González, padre del normalista César Manuel González, señala que pese a los intentos por restar valor al Acuerdo de Conclusión, los padres ya tenían referencias de las irregularidades, aunque no los detalles.
Cuenta: “Un mes antes de que rompiéramos el diálogo, el visitador (César Chávez) nos había dicho que había varias irregularidades cometidas por Tomás Zerón y varios ministerios públicos, que ya estaba casi terminada la averiguación; entonces fue cuando lo despidieron”.
El diálogo entre la entonces titular de la PGR y los padres de familia de los 43 se rompió el 18 de agosto, fecha en que se terminó el Acuerdo de Conclusión, mientras de forma paralela avanzaba una investigación más amplia sobre 214 tomos de la averiguación previa del caso Ayotzinapa, que entre otras de sus recomendaciones preliminares apunta a la urgencia de interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala (Proceso 2091).
En el documento de mil 150 fojas, correspondiente a los “Papeles de trabajo preliminares de la Evaluación Técnico Jurídica, practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015”, realizada por personal de la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez –dado a conocer por este semanario–, se destaca:
“La conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería, en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de la Escuela Normal Superior (sic) Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol ‘Los Avispones de Chilpancingo’, al conocer que la policía municipal del lugar había realizado disparos contra los estudiantes de los autobuses donde viajaban”.
Responsabilidad militar
Entre las observaciones que hacen los responsables de la auditoría respecto a los miembros del Ejército, se destaca una serie de cuestionamientos sobre hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014, que hasta ahora las unidades de la PGR encargadas de la investigación no han hecho al realizar los interrogatorios, y que urgen que sean planteados.
El documento destaca que no se solicitó al entonces comandante del batallón, José Rodríguez Pérez, ampliar la información sobre la comunicación que entabló con el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, así como detalles del personal de los Órganos de Búsqueda de Información que se desplegaron esa noche, ni se le solicitó el acceso al “correo electrónico denominado ZIMBRA”, medio por el cual se comunicaban asuntos relevantes a los mandos sin dar cuenta a otra autoridad.
De igual manera se deplora que a los militares “nunca se les requirió se pusiera a la vista de la Representación Social los informes y bitácoras generados los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, tomando en cuenta que “uno de sus monitores reportó previamente el ataque al autobús por policías encapuchados, tomando incluso fotografías del evento”.
De la revisión de los más de 200 tomos, los investigadores de la Visitaduría consideran que “no se ha llevado a cabo una investigación seria imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles, orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad, en la que se hayan efectuado las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Apoyo internacional
Don Mario González retoma otra revelación publicada por Proceso (número 2089), sobre la existencia de una libreta decomisada a Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos –grupo delincuencial al que se le adjudica la desaparición de los 43 normalistas–, en la que están el nombre y el teléfono de Omar García Harfuch como su contacto, cuando el ahora sucesor de Zerón en la AIC fungía como inspector general de la Policía Federal en Guerrero, así como los datos del entonces secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez.
“Si bien para nosotros lo principal es encontrar a los muchachos, estamos convencidos de que para saber la verdad es importante castigar a los servidores que manosearon esas averiguaciones y las pruebas; ya sabemos los nombres, ya sabemos quién está en la libreta negra, ya sabemos quiénes son los cómplices, ya sabemos quiénes son los responsables”, enfatiza.
Tras resaltar que la misma investigación ampliada de la PGR respalda que militares y policías federales rindan cuentas, Mario González recuerda que instancias como la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han urgido a localizar a actores identificados como “el patrón” –a quien policías municipales habrían entregado a los estudiantes– y el “caminante”, quien habría coordinado la desaparición mediante su celular.
Ante los intentos de la PGR de mantener oculta la investigación interna, Mario González destaca que una vez más los padres de los desaparecidos tienen fundadas sus esperanzas en que sean instancias internacionales, en este caso el Mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, de la CIDH, las que empujen hacia el esclarecimiento de los hechos.
“Nuestras esperanzas siguen en el Mecanismo, porque sin ninguna vigilancia internacional el Estado no va a hacer nada, no se pueden autoinvestigar, y peor si siguen poniendo a gente que está en la libreta negra al frente de la Agencia de Investigación, mucho menos si siguen subiendo de rango a los culpables, menos vamos a llegar a la verdad”.
Para Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, las investigaciones de la Visitaduría General les han dado la razón sobre la urgencia de investigar a fondo la actuación militar y sobre los reclamos continuos de la falta de actuación de las autoridades para localizar a sus hijos.
Don Emiliano recuerda que el 27 de septiembre, cuando padres de familia se dirigieron a Iguala en busca de sus hijos, “en Mezcala se dieron cuenta de que los iban siguiendo, se pararon y agarraron a esa persona, que dijo ser de inteligencia militar, y se fue a refugiar al Batallón de Iguala; ese es uno de los motivos por los que nosotros como padres siempre tuvimos la sospecha de que los militares tenían algo que ver con este asunto”.
Cuenta que en los primeros días de la desaparición se integró, junto con otros tres padres de familia, en operativos de búsqueda en colaboración con las autoridades federales.
El padre de José Ángel puso a disposición de las autoridades federales informes que recibió de forma anónima en su teléfono celular:
“Por un militar, una persona se enteró de que a los muchachos los tenían los soldados en una bodega, y después esa misma persona me dijo que sacaron a los chavos de Iguala en camionetas, entre seis y siete, eso fue a los 10 días del 26 de septiembre.
“Otra me dijo que los policías municipales que agarraron no eran los que se habían llevado a los muchachos, y me dieron los lugares donde estaban los policías responsables; toda esa información se la pasamos a las autoridades, pero nunca hicieron nada.”
Abel Barrera considera “muy grave” que, en un intento por “mantener firme la versión histórica, la PGR desacredite y no tome en cuenta una investigación que realmente ella prometió, en la voz de la exprocuradora Gómez, a los padres y madres de familia, en una reunión en la que les pidió que esperaran las investigaciones del órgano interno de control para delimitar las responsabilidades” por las actuaciones no reportadas de personal de la PGR el 28 de octubre de 2014.
Al enfatizar que el incumplimiento de Gómez de entregar los resultados de la investigación interna fue el motivo del rompimiento del diálogo que sostenían los padres con la PGR, Barrera señala que, a la luz de las revelaciones, “hoy sabemos que ese órgano interno hizo su trabajo y delimitó las responsabilidades, mostró que sí hubo afectación a los derechos de los padres, mostró que hubo omisiones que evitaron una investigación manejada con transparencia.
“Se está pidiendo una investigación exhaustiva, una demostración de que en verdad no hay otros intereses ocultos dentro de la PGR ni actores que estén por encima de los intereses de las víctimas, para que se pueda llamar a cuentas a los responsables de construir la versión del basurero de Cocula, que no tiene sustento científico, que además actuaron violentando los procedimientos, que han causado daños a las víctimas y, sobre todo, al derecho a la verdad”, concluye.
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Intercambio de reproches entre congresistas estadunidenses y el gobierno mexicano/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El gobierno de Enrique Peña Nieto repartió culpas a Estados Unidos por la crisis de derechos humanos que padece México.
En un intercambio epistolar entre el Congreso y el Departamento de aquella nación y la embajada mexicana en Washington, la administración de Peña Nieto repitió el argumento de su antecesor, Felipe Calderón: que la violación a los derechos humanos en el país se explica también por las armas estadunidenses que fortalecen a los grupos de delincuencia organizada mexicanos.
El embajador en Estados Unidos, Carlos M. Sada, reeditó el argumento de Calderón para responder a una carta que casi un centenar de integrantes de la Cámara de Representantes le envió al secretario de Estado, John Kerry, sobre la “grave crisis” de derechos humanos en el país, en las que están implicadas las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, entre otros agentes del Estado mexicano.
Si Estados Unidos controlara su mercado de armas, en especial en la frontera con México, la violencia y las violaciones a los derechos humanos se reducirían de forma significativa, escribió el embajador en respuesta a un nutrido grupo de legisladores estadunidenses que en varias ocasiones se ha dirigido a Kerry por la situación de los derechos humanos en México.
Lo hicieron en junio de 2015 y lo reiteraron el pasado 9 de agosto. En ambos casos, expresaron su preocupación por la falta de esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 y al que toman como muestra de “los más de 27 mil casos registrados de personas desaparecidas en México desde 2007”, cuando Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”.
En su carta de agosto pasado, los representantes estadunidenses subrayaron los escasos avances de México en el respeto a los derechos humanos, pues “no basta con tener buenas leyes”, sino hacer justicia y efectivo ese respeto.
Se refirieron también a la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, perpetrada por miembros del Ejército, y la muerte de manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, ocasionada por elementos de la Policía Federal apenas en junio último, durante el desalojo de una carretera federal que estaba tomada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Asimismo, insistieron en lo que habían planteado en su primera misiva, del 30 de junio del año pasado, sobre los agravios cometidos por las Fuerzas Armadas: Ayotzinapa y Tlatlaya “ilustran un patrón extendido de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.
Esos casos, recordaron los legisladores estadunidenses, han sido documentados por el propio Departamento de Estado en sus reportes anuales sobre derechos humanos en el mundo, por la ONU y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
La respuesta de México
Ante la insistencia de los miembros de la Cámara de Representantes, la respuesta de México fue casi inmediata a la segunda carta, fechada el 9 de agosto y firmada por 79 legisladores. Dos días después, el embajador de México en Estados Unidos, Carlos M. Sada, les contestó que la mayoría de las armas de la delincuencia organizada en México son de origen estadunidense y son causantes también de violaciones a los derechos humanos –el mismo argumento que en varias ocasiones utilizó Felipe Calderón para responder a las críticas originadas en el país vecino.
“Los urjo a considerar un elemento adicional no mencionado en su carta: el efecto perverso en la violencia y por lo tanto en los derechos humanos en México que es causado por la introducción ilegal a mi país de cantidades masivas de armas de fuego y rifles de asalto, la gran mayoría de las cuales entran clandestinamente desde los Estados Unidos”, les dijo el embajador, de acuerdo con la respuesta conocida por Proceso.
Carlos Sada continuó: el tráfico ilegal de armas desde ese país “es un elemento principal que exacerba los retos que nuestro gobierno confronta cada día. Un control más riguroso del mercado de armas estadunidense, especialmente en la región fronteriza, sería una contribución significativa para reducir la violencia y debilitar las capacidades de la delincuencia organizada”.
Ese control tendría un impacto “en muchas de las condiciones que llevaron a la mayoría de los deplorables y desafortunados ejemplos que menciona en su carta”, añadió el embajador en la citada respuesta, dirigida a Jim McGovern, representante del Partido Demócrata por Massachusetts y copresidente de la comisión bipartidista del Congreso sobre Derechos Humanos.
Al igual que Calderón, el representante de Peña Nieto en Washington lanzó el reproche a los legisladores estadunidenses aun cuando la anterior administración mexicana estuvo de acuerdo y participó en el operativo Rápido y Furioso para el tráfico de casi 2 mil armas de alto poder de Estados a México, al inicio del gobierno de Calderón, que acabaron en manos de la delincuencia organizada.
El gobierno de Peña Nieto ha evitado investigar la participación de exfuncionarios o de actuales funcionarios mexicanos en esa operación, a pesar de la demanda penal que la organización no gubernamental México Desarma presentó desde 2014 en contra de funcionarios calderonistas por haber consentido y participado en ese tráfico de armas (Proceso 1978).
Entre ellos se encuentra el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que entonces era el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y quien asimismo fue embajador de México en Estados Unidos al inicio del gobierno de Peña Nieto (Proceso 2003).
La respuesta del gobierno mexicano a los congresistas estadunidenses es un catálogo de lo que presenta como avances y logros en el respeto a los derechos humanos. Con el tono de un informe burocrático, minimiza la dimensión de las violaciones a la integridad de las personas en México, agravadas desde que hace una década Calderón declaró la guerra al narcotráfico y ordenó a los militares salir de sus cuarteles para combatir en las calles a la delincuencia organizada.
En cuanto a los desaparecidos, el titular de la principal representación de México en el extranjero rebate a los congresistas sobre el total de casos en el país: “No hay evidencia factual que respalde el señalamiento de que hay 27 mil desapariciones forzadas no resueltas”.
Les dice que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta a las personas que pudieron haber salido de sus casas de manera voluntaria, personas extraviadas y de alegadas víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, evita dar cualquier cifra. Cuando la da, es para citar que de acuerdo con el Sistema Nacional de Personas Extraviadas y sin Identificar de Estados Unidos (NamUs), en ese país hay 85 mil personas extraviadas.
En lo que atañe a México, asegura que “cada caso de persona extraviada o desaparecida recibe la debida atención” de las autoridades.
Lo mismo hace ante los señalamientos de que la tortura es una práctica generalizada en México y menciona que el gobierno de Peña Nieto presentó al Congreso una propuesta de Ley para Prevenir, Investigar y Castigar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esa ley, sin embargo, se mantiene congelada en la Cámara de Diputados en espera de que sea alineada con la Ley de Seguridad Interior que promueve el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con el apoyo del PRI y Peña Nieto, para que los militares puedan llevar a cabo acciones de “restauración del orden interno” sin que puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos y sin que se sujeten a mecanismos efectivos de rendición de cuentas al Congreso (Proceso 2094).
Ante los señalamientos de los legisladores estadunidenses en torno al involucramiento de los militares en violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Tlatlaya, el embajador asegura que el número de efectivos castrenses en operaciones de apoyo a las autoridades civiles encargadas del cumplimiento de la ley se redujo de 51 mil en 2012, al inicio del actual gobierno, a 37 mil en 2015.
Dice que como resultado de esa disminución y de la publicación del Manual sobre el Uso de la Fuerza por parte de las Tres Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), se redujeron las quejas de mil 450 a 538 en el mismo periodo. Además, añade, “hay que destacar que las alegadas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar ahora se procesan ante tribunales civiles”.
Cita el caso de Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, cuando una partida militar ejecutó a 22 civiles, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en lo que presentó como un enfrentamiento en ese municipio del Estado de México. El embajador destaca el que las violaciones a los derechos humanos denunciadas se radiquen en tribunales civiles y que las faltas a la disciplina militar se hayan seguido ante la justicia castrense.
Los siete efectivos acusados por la CNDH de haber ejecutado de manera extrajudicial a por lo menos 15 personas ya fueron puestos en libertad por la justicia militar al considerar que cometieron faltas a la disciplina militar, aunque el caso sigue en tribunales civiles.
Sobre la desaparición de los 43 normalistas, el embajador reconoce la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, pese a los desencuentros del gobierno de Peña Nieto con ese grupo internacional avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Señala que gracias al GIEI y a la CNDH, la Procuraduría General de la República abrió nuevas líneas de investigación, como la participación en los hechos de elementos de la Policía de Huitzuco y de la Policía Federal, además de que acordó con la CIDH darle seguimiento a las medidas precautorias emitidas por la propia Comisión Interamericana y a las recomendaciones hechas por el GIEI en sus dos reportes.
Menciona que la PGR tiene abiertas seis averiguaciones previas por tortura en relación con 31 potenciales víctimas por ese mismo caso y que ha detenido a 130 personas, de un total de 168 identificadas como participantes en los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
La investigación de la PGR sobre Ayotzinapa, identificada como “la verdad histórica”, acabó cuestionada por la Dirección de Asuntos Internos de la propia Procuraduría en un amplio informe difundido por este semanario (Proceso 2090 y 2091).
Según ese reporte, elaborado por el extitular de la Visitaduría General de la PGR César Alejandro Chávez Flores, los testimonios de los presuntos autores de la desaparición de los normalistas se obtuvieron mediante tortura para sostener la versión oficial de que en los hechos sólo participaron policiales municipales coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
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