SE BUSCAN SOPLONES
RICARDO RAVELO
RICARDO RAVELO
Revista Proceso www.proceso.com.mx, # 1692, 5 de abril de 2009;
El programa de recompensas anunciado en marzo pasado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico entraña serios riesgos. Uno de ellos: puede ser utilizado por los propios capos para “limpiar sus territorios” de rivales. Además, sostiene Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, ofrece “pocas posibilidades de éxito”, pues evidencia que la Procuraduría General de la República claudica en su responsabilidad de investigar los delitos y a quienes los cometen. Opta por un recurso cuestionable: la búsqueda de soplones.
Atrofiada desde hace varias décadas por la corrupción y la infiltración del narcotráfico, y paralizada por su incapacidad para investigar los delitos, la Procuraduría General de la República (PGR) recurre a un nuevo instrumento para intentar abatir el tráfico de drogas y la violencia: el pago de recompensas.
Pero la medida con la que el gobierno apuesta a la captura de los capos y sus sicarios puede ser capitalizada por los propios narcotraficantes al convertir este instrumento del Estado en una de las principales armas para “limpiar sus territorios” de rivales, sostiene Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y especialista en temas relacionados con la seguridad nacional.
Afirma: “El pago de recompensas ofrece pocas posibilidades de éxito, pues pone en evidencia que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar los delitos (y a quienes los cometen) y trata de construir una red de delatores y soplones a los que con un pago millonario pretende atraer para que realicen el trabajo que la institución legalmente está obligada a realizar”.
Pero eso no es todo. El también experto en temas castrenses señala que el programa de recompensas de la PGR tiene un problema estructural de origen. Explica: “Nunca habrá dinero que alcance, sobre todo siendo el narcotráfico un fenómeno al que se le compara con una hidra de mil cabezas: se captura a dos cabecillas y enseguida surgen otros dos o más”.
–¿Esto quiere decir que el programa de recompensas puede precipitarse al fracaso? –se le pregunta.
–Es una medida mediática y de impacto, y probablemente funcione mientras el gobierno mantenga la chequera abierta. Cuando ya no haya dinero, no habrá soplones.
Pero el investigador advierte que el funcionamiento de este recurso, que en Estados Unidos es complementario y no básico en las investigaciones contra el crimen organizado, enfrenta un obstáculo mayor: la complicidad de buena parte de la sociedad con el narcotráfico.
Dice: “La PGR apuesta a la desarticulación de los cárteles capitalizando las deslealtades, venganzas y revanchismos que existen en esos grupos criminales. Pero la realidad es distinta: desde hace cinco años se ha demostrado, mediante encuestas, que la gente que conoce a un narco o a un vendedor de drogas prefiere guardar silencio y seguirse de filo.
“Hay otras limitaciones: puede que los cárteles se atomicen y se hagan impenetrables, que haya mucho mayor control sobre la gente que rodea a los capos. Pero lo más grave –insisto– es que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar y abandona sus estructuras operativas y policiacas porque con ese tipo de programas, nos están diciendo que no funcionan para atajar al crimen.”
Erubiel Tirado observa que la ruta que sigue México, ahora con el ofrecimiento de recompensas, es la que transitó Colombia: “el gobierno de Felipe Calderón apuesta por frenar la violencia, que es un flagelo amenazante, pero aun si lo consigue, no es garantía de que se detenga el flujo de drogas que sigue llegando al país”.
El abogado Max Morales, amplio conocedor de las operaciones de la industria del secuestro en México, dice, a su vez, que el pago de recompensas puede detonar otro problema: la proliferación de los llamados caza recompensas, y mayor corrupción en la PGR, pues no existen controles para impedir, por ejemplo, que un funcionario de alto nivel utilice información y, por interpósita persona, la haga llegar a la PGR para capturar a un delincuente y beneficiarse del programa.
Tampoco observa –dice– que el Congreso haya determinado una partida especial para el pago de las recompensas, que la PGR viene ofreciendo desde 1997, cuando emprendió la búsqueda del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.
–¿Qué le falta, en su opinión, al programa de recompensas?
– Que tenga un sustento, que algún notario dé fe de que las recompensas se pagan contra datos ciertos, no sólo por señalar a un presunto responsable.
Dicho programa se establece en uno de los momentos más críticos que enfrenta todo el aparato de seguridad: cuando la base social en que la PGR confía para captar las denuncias está infiltrada y controlada por el narcotráfico en más de 180 municipios del país, según reconocen la propia procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
No es todo: la oferta de recompensas se hace oficial en medio de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos por la presunta protección que algunas estructuras gubernamentales ofrecen a varios cárteles; en un ambiente de falta de credibilidad que enfrenta la PGR por las infiltraciones que padece y, peor aún, cuando el programa de testigos protegidos cayó en crisis debido a que decenas de agentes ministeriales –la mayoría de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– han sido sorprendidos utilizando la información de testigos e informantes para extorsionar a personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.
Por ejemplo, testigos protegidos consultados por este reportero –y que pidieron el anonimato por temor a represalias de la PGR– aseguran que se encuentran “frustrados y desesperados” debido a que desde hace varios años están siendo “utilizados por la SIEDO” para denunciar a capos importantes a los que sirvieron y que, sin embargo, no son detenidos.
Uno de los casos más sorprendentes, aseguran, es que la PGR dispone de un voluminoso expediente sobre el capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande –quien opera para los hermanos Beltrán Leyva– y no lo pueden detener a pesar de que los testigos que lo incriminan han dado “pelos y señales” de los lugares que frecuenta en la Comarca Lagunera, como los bares El Grande (presuntamente de su propiedad) y La Masacuata, ubicado en Gómez Palacio, Durango.
Lo más grave, sostienen esos testigos, es que algunos agentes del Ministerio Público federal fueron destituidos por pérdida de confianza; tal es el caso de Ignacio Muñiz Chávez, quien tenía a su cargo la indagación sobre Villarreal Barragán.
Sobre Moisés Jiménez Hipólito, quien ocupó el puesto de Muñiz, los testigos aseguran que también perdió el control de la investigación, pues varios de sus subalternos “han extorsionado a empresarios del ramo automotriz, de venta y renta de casas que presuntamente están relacionados con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán”.
Excluidos o consentidos
El pasado 23 de marzo, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, anunció el acuerdo que oficializa “la delación” para capturar a los principales capos de la droga, ofreciendo recompensas hasta de 30 millones de pesos a quien aporte datos para detener a los jefes, lugartenientes y gatilleros de siete cárteles que operan en México.
El acuerdo fue publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación y en él se incluye por primera vez la lista de cárteles y de sus principales capos. Sin embargo, en esa relación no aparecen cabecillas ni pistoleros de tres organizaciones criminales que también tienen una gran actividad en el país. Las razones de esta omisión no se explican en el acuerdo ni fueron abordadas por el procurador Medina Mora en su conferencia de prensa.
El acuerdo publicado expone que la PGR pagará hasta 30 millones de pesos a las personas que, con base en información veraz y confiable, conduzca a la captura de los 24 capos más importantes, y hasta 15 millones por 12 líderes de menor rango en el escalafón de cada uno de los grupos a los que pertenecen.
De los 37 nombres difundidos por la PGR, 15 pertenecen al cártel del Golfo (y al grupo armado Los Zetas), la segunda organización criminal más pujante y poderosa después del cártel de Sinaloa; ocho forman parte del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, otros cinco están incrustados en el cártel del Pacífico (Sinaloa), cuatro son miembros de La Familia Michoacana: tres operan para los Carrillo Fuentes y sólo dos presuntos narcotraficantes son piezas del cártel de Tijuana, uno de los más golpeados durante el anterior sexenio y el actual.
En el rango más alto, las delaciones están tasadas en 30 millones de pesos. Se trata de capos como Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta (hermano de Osiel Cárdenas) y Gregorio Sauceda Gamboa, El Goyo. Todos ellos son miembros del cártel del Golfo.
Por parte del cártel del Pacífico figuran Joaquín Guzmán Loera –dueño de una fortuna de mil millones de dólares, según la revista Forbes–; Ismael Zambada García, El Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
De los Beltrán Leyva se cuenta a Arturo, El Barbas, y Mario Alberto, El General, así como a sus lugartenientes Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Y sólo dos figuras de la organización de los Carrillo Fuentes: Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Vicente Carrillo Leyva (detenido el miércoles 1 de abril en la Ciudad de México), vástago del extinto Amado Carrillo Fuentes, cuya “muerte oficial” fue declarada por la PGR en julio de 1997.
La PGR también incluyó a cabecillas y operadores de la organización denominada La Familia, cuya base se halla en Michoacán pero cuya expansión ya es vista como una amenaza en una decena de entidades. Ellos son: Nazario Moreno González, El Chayo; Servando Gómez Martínez, El Profe o El Tula; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío.
Del cártel de Tijuana, desarticulado tras la captura de Benjamín y el asesinato de Ramón Arellano Félix, se incluyeron los nombres de quienes son considerados sus nuevos líderes: Teodoro García Simental, El Teo, El 68, El K-1, El Álamo 6, o El Tres Letras, así como a Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix.
Las tres organizaciones criminales excluidas de la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación son el cártel de los hermanos Valencia, la organización Díaz Parada –una de las más importantes en el tráfico de marihuana en el Golfo de México– y las ramificaciones criminales de los hermanos Amezcua Contreras, precursores en el explosivo mercado de las drogas sintéticas.
El alcance de la PGR
En Estados Unidos, el programa de recompensas que ofrecen tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como la Drug Enforcement Administration (DEA) ha resultado poco exitoso, al menos en lo relativo a las más importantes figuras del narcotráfico en México.
Por ejemplo, tres años después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande el 19 de enero de 2001, la DEA difundió en buena parte de Estados Unidos carteles con la fotografía del capo. Se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a quien aportara información para capturarlo, pero un lustro después nadie lo ha denunciado.
Desde que la DEA difundió el monto de la recompensa, a El Chapo Guzmán no se le consideraba una figura menor: la DEA ya lo tenía fichado con estos datos: “El Chapo Guzmán es buscado en el sur de California por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, por posesión de droga para distribución, lavado de dinero y falsificación con fines ilícitos. Guzmán Loera ha asumido el control de su organización desde su fuga y la recompensa se ofrece conjuntamente con el Departamento de Estado”.
Otros capos emblemáticos, que figuran en las listas del FBI y de la DEA como “los más buscados”, son Ismael Zambada García, El Mayo, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Por obtener información que conduzca a las autoridades estadunidenses a detener a estos personajes, la DEA ofrece más dinero que la PGR: 5 millones de dólares. Desde 2005 se hizo pública la recompensa y hasta la fecha nadie se ha acercado a las autoridades de Estados Unidos para dar información sobre el paradero de ambos capos.
Primeras capturas
Dos días después de que el procurador Eduardo Medina Mora dio a conocer el acuerdo por el que se oficializaron las recompensas para la captura de narcotraficantes, un presunto delator telefoneó a la PGR y aportó la dirección del escondrijo de Héctor Huerta Ríos, La Burra, principal operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Nuevo León.
Su cabeza fue tasada en 15 millones de pesos y su nombre aparece en el acuerdo publicado el lunes 23 en el Diario Oficial de la Federación.
Su captura se ejecutó de la siguiente manera: Ese día, la SIEDO montó el operativo para detener al presunto cerebro financiero de los Beltrán Leyva y se dispuso de un taxi, legalmente registrado, supuestamente para trasladar al delator, quien previamente fue citado en una estación del metro. En adelante será la forma de operar de la PGR para mantener el sigilo en estos casos.
De acuerdo con una fuente consultada en la dependencia, el denunciante dio detalles del lugar exacto donde se encontraba Huerta Ríos, que fue detenido en Monterrey en vísperas de la visita a México –y precisamente a la capital nuevoleonesa– de la secretaria de Estado del gobierno estadunidense, Hillary Clinton.
Ese 23 de marzo también fue aprehendido en Saltillo, Coahuila, otro capo: Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, miembro del cártel del Golfo. Por él se ofrecían 15 millones de pesos. Las capturas de Huerta Ríos y Sigifredo Nájera han sido las más publicitadas por el Ejército Mexicano y el presidente Felipe Calderón.
Edgardo Buscaglia, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM), considera que las recompensas pueden funcionar sólo si la base social regional, que ya está focalizada y que protege a los capos, es neutralizada en sus zonas de influencia.
–¿Eso quiere decir que el programa de recompensas es un instrumento desarticulado?
–Si no va acompañado de programas de prevención social que les ofrezcan alternativas a las poblaciones socialmente marginadas y contaminadas por el narcotráfico, el riesgo que corre la PGR es que nadie denuncie. Esos grupos sociales reciben dádivas, mucho billete de las organizaciones criminales, y la PGR no puede competir contra el dinero que mueven los narcos.
El programa de recompensas anunciado en marzo pasado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico entraña serios riesgos. Uno de ellos: puede ser utilizado por los propios capos para “limpiar sus territorios” de rivales. Además, sostiene Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, ofrece “pocas posibilidades de éxito”, pues evidencia que la Procuraduría General de la República claudica en su responsabilidad de investigar los delitos y a quienes los cometen. Opta por un recurso cuestionable: la búsqueda de soplones.
Atrofiada desde hace varias décadas por la corrupción y la infiltración del narcotráfico, y paralizada por su incapacidad para investigar los delitos, la Procuraduría General de la República (PGR) recurre a un nuevo instrumento para intentar abatir el tráfico de drogas y la violencia: el pago de recompensas.
Pero la medida con la que el gobierno apuesta a la captura de los capos y sus sicarios puede ser capitalizada por los propios narcotraficantes al convertir este instrumento del Estado en una de las principales armas para “limpiar sus territorios” de rivales, sostiene Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y especialista en temas relacionados con la seguridad nacional.
Afirma: “El pago de recompensas ofrece pocas posibilidades de éxito, pues pone en evidencia que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar los delitos (y a quienes los cometen) y trata de construir una red de delatores y soplones a los que con un pago millonario pretende atraer para que realicen el trabajo que la institución legalmente está obligada a realizar”.
Pero eso no es todo. El también experto en temas castrenses señala que el programa de recompensas de la PGR tiene un problema estructural de origen. Explica: “Nunca habrá dinero que alcance, sobre todo siendo el narcotráfico un fenómeno al que se le compara con una hidra de mil cabezas: se captura a dos cabecillas y enseguida surgen otros dos o más”.
–¿Esto quiere decir que el programa de recompensas puede precipitarse al fracaso? –se le pregunta.
–Es una medida mediática y de impacto, y probablemente funcione mientras el gobierno mantenga la chequera abierta. Cuando ya no haya dinero, no habrá soplones.
Pero el investigador advierte que el funcionamiento de este recurso, que en Estados Unidos es complementario y no básico en las investigaciones contra el crimen organizado, enfrenta un obstáculo mayor: la complicidad de buena parte de la sociedad con el narcotráfico.
Dice: “La PGR apuesta a la desarticulación de los cárteles capitalizando las deslealtades, venganzas y revanchismos que existen en esos grupos criminales. Pero la realidad es distinta: desde hace cinco años se ha demostrado, mediante encuestas, que la gente que conoce a un narco o a un vendedor de drogas prefiere guardar silencio y seguirse de filo.
“Hay otras limitaciones: puede que los cárteles se atomicen y se hagan impenetrables, que haya mucho mayor control sobre la gente que rodea a los capos. Pero lo más grave –insisto– es que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar y abandona sus estructuras operativas y policiacas porque con ese tipo de programas, nos están diciendo que no funcionan para atajar al crimen.”
Erubiel Tirado observa que la ruta que sigue México, ahora con el ofrecimiento de recompensas, es la que transitó Colombia: “el gobierno de Felipe Calderón apuesta por frenar la violencia, que es un flagelo amenazante, pero aun si lo consigue, no es garantía de que se detenga el flujo de drogas que sigue llegando al país”.
El abogado Max Morales, amplio conocedor de las operaciones de la industria del secuestro en México, dice, a su vez, que el pago de recompensas puede detonar otro problema: la proliferación de los llamados caza recompensas, y mayor corrupción en la PGR, pues no existen controles para impedir, por ejemplo, que un funcionario de alto nivel utilice información y, por interpósita persona, la haga llegar a la PGR para capturar a un delincuente y beneficiarse del programa.
Tampoco observa –dice– que el Congreso haya determinado una partida especial para el pago de las recompensas, que la PGR viene ofreciendo desde 1997, cuando emprendió la búsqueda del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.
–¿Qué le falta, en su opinión, al programa de recompensas?
– Que tenga un sustento, que algún notario dé fe de que las recompensas se pagan contra datos ciertos, no sólo por señalar a un presunto responsable.
Dicho programa se establece en uno de los momentos más críticos que enfrenta todo el aparato de seguridad: cuando la base social en que la PGR confía para captar las denuncias está infiltrada y controlada por el narcotráfico en más de 180 municipios del país, según reconocen la propia procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
No es todo: la oferta de recompensas se hace oficial en medio de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos por la presunta protección que algunas estructuras gubernamentales ofrecen a varios cárteles; en un ambiente de falta de credibilidad que enfrenta la PGR por las infiltraciones que padece y, peor aún, cuando el programa de testigos protegidos cayó en crisis debido a que decenas de agentes ministeriales –la mayoría de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– han sido sorprendidos utilizando la información de testigos e informantes para extorsionar a personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.
Por ejemplo, testigos protegidos consultados por este reportero –y que pidieron el anonimato por temor a represalias de la PGR– aseguran que se encuentran “frustrados y desesperados” debido a que desde hace varios años están siendo “utilizados por la SIEDO” para denunciar a capos importantes a los que sirvieron y que, sin embargo, no son detenidos.
Uno de los casos más sorprendentes, aseguran, es que la PGR dispone de un voluminoso expediente sobre el capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande –quien opera para los hermanos Beltrán Leyva– y no lo pueden detener a pesar de que los testigos que lo incriminan han dado “pelos y señales” de los lugares que frecuenta en la Comarca Lagunera, como los bares El Grande (presuntamente de su propiedad) y La Masacuata, ubicado en Gómez Palacio, Durango.
Lo más grave, sostienen esos testigos, es que algunos agentes del Ministerio Público federal fueron destituidos por pérdida de confianza; tal es el caso de Ignacio Muñiz Chávez, quien tenía a su cargo la indagación sobre Villarreal Barragán.
Sobre Moisés Jiménez Hipólito, quien ocupó el puesto de Muñiz, los testigos aseguran que también perdió el control de la investigación, pues varios de sus subalternos “han extorsionado a empresarios del ramo automotriz, de venta y renta de casas que presuntamente están relacionados con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán”.
Excluidos o consentidos
El pasado 23 de marzo, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, anunció el acuerdo que oficializa “la delación” para capturar a los principales capos de la droga, ofreciendo recompensas hasta de 30 millones de pesos a quien aporte datos para detener a los jefes, lugartenientes y gatilleros de siete cárteles que operan en México.
El acuerdo fue publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación y en él se incluye por primera vez la lista de cárteles y de sus principales capos. Sin embargo, en esa relación no aparecen cabecillas ni pistoleros de tres organizaciones criminales que también tienen una gran actividad en el país. Las razones de esta omisión no se explican en el acuerdo ni fueron abordadas por el procurador Medina Mora en su conferencia de prensa.
El acuerdo publicado expone que la PGR pagará hasta 30 millones de pesos a las personas que, con base en información veraz y confiable, conduzca a la captura de los 24 capos más importantes, y hasta 15 millones por 12 líderes de menor rango en el escalafón de cada uno de los grupos a los que pertenecen.
De los 37 nombres difundidos por la PGR, 15 pertenecen al cártel del Golfo (y al grupo armado Los Zetas), la segunda organización criminal más pujante y poderosa después del cártel de Sinaloa; ocho forman parte del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, otros cinco están incrustados en el cártel del Pacífico (Sinaloa), cuatro son miembros de La Familia Michoacana: tres operan para los Carrillo Fuentes y sólo dos presuntos narcotraficantes son piezas del cártel de Tijuana, uno de los más golpeados durante el anterior sexenio y el actual.
En el rango más alto, las delaciones están tasadas en 30 millones de pesos. Se trata de capos como Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta (hermano de Osiel Cárdenas) y Gregorio Sauceda Gamboa, El Goyo. Todos ellos son miembros del cártel del Golfo.
Por parte del cártel del Pacífico figuran Joaquín Guzmán Loera –dueño de una fortuna de mil millones de dólares, según la revista Forbes–; Ismael Zambada García, El Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
De los Beltrán Leyva se cuenta a Arturo, El Barbas, y Mario Alberto, El General, así como a sus lugartenientes Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Y sólo dos figuras de la organización de los Carrillo Fuentes: Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Vicente Carrillo Leyva (detenido el miércoles 1 de abril en la Ciudad de México), vástago del extinto Amado Carrillo Fuentes, cuya “muerte oficial” fue declarada por la PGR en julio de 1997.
La PGR también incluyó a cabecillas y operadores de la organización denominada La Familia, cuya base se halla en Michoacán pero cuya expansión ya es vista como una amenaza en una decena de entidades. Ellos son: Nazario Moreno González, El Chayo; Servando Gómez Martínez, El Profe o El Tula; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío.
Del cártel de Tijuana, desarticulado tras la captura de Benjamín y el asesinato de Ramón Arellano Félix, se incluyeron los nombres de quienes son considerados sus nuevos líderes: Teodoro García Simental, El Teo, El 68, El K-1, El Álamo 6, o El Tres Letras, así como a Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix.
Las tres organizaciones criminales excluidas de la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación son el cártel de los hermanos Valencia, la organización Díaz Parada –una de las más importantes en el tráfico de marihuana en el Golfo de México– y las ramificaciones criminales de los hermanos Amezcua Contreras, precursores en el explosivo mercado de las drogas sintéticas.
El alcance de la PGR
En Estados Unidos, el programa de recompensas que ofrecen tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como la Drug Enforcement Administration (DEA) ha resultado poco exitoso, al menos en lo relativo a las más importantes figuras del narcotráfico en México.
Por ejemplo, tres años después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande el 19 de enero de 2001, la DEA difundió en buena parte de Estados Unidos carteles con la fotografía del capo. Se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a quien aportara información para capturarlo, pero un lustro después nadie lo ha denunciado.
Desde que la DEA difundió el monto de la recompensa, a El Chapo Guzmán no se le consideraba una figura menor: la DEA ya lo tenía fichado con estos datos: “El Chapo Guzmán es buscado en el sur de California por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, por posesión de droga para distribución, lavado de dinero y falsificación con fines ilícitos. Guzmán Loera ha asumido el control de su organización desde su fuga y la recompensa se ofrece conjuntamente con el Departamento de Estado”.
Otros capos emblemáticos, que figuran en las listas del FBI y de la DEA como “los más buscados”, son Ismael Zambada García, El Mayo, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Por obtener información que conduzca a las autoridades estadunidenses a detener a estos personajes, la DEA ofrece más dinero que la PGR: 5 millones de dólares. Desde 2005 se hizo pública la recompensa y hasta la fecha nadie se ha acercado a las autoridades de Estados Unidos para dar información sobre el paradero de ambos capos.
Primeras capturas
Dos días después de que el procurador Eduardo Medina Mora dio a conocer el acuerdo por el que se oficializaron las recompensas para la captura de narcotraficantes, un presunto delator telefoneó a la PGR y aportó la dirección del escondrijo de Héctor Huerta Ríos, La Burra, principal operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Nuevo León.
Su cabeza fue tasada en 15 millones de pesos y su nombre aparece en el acuerdo publicado el lunes 23 en el Diario Oficial de la Federación.
Su captura se ejecutó de la siguiente manera: Ese día, la SIEDO montó el operativo para detener al presunto cerebro financiero de los Beltrán Leyva y se dispuso de un taxi, legalmente registrado, supuestamente para trasladar al delator, quien previamente fue citado en una estación del metro. En adelante será la forma de operar de la PGR para mantener el sigilo en estos casos.
De acuerdo con una fuente consultada en la dependencia, el denunciante dio detalles del lugar exacto donde se encontraba Huerta Ríos, que fue detenido en Monterrey en vísperas de la visita a México –y precisamente a la capital nuevoleonesa– de la secretaria de Estado del gobierno estadunidense, Hillary Clinton.
Ese 23 de marzo también fue aprehendido en Saltillo, Coahuila, otro capo: Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, miembro del cártel del Golfo. Por él se ofrecían 15 millones de pesos. Las capturas de Huerta Ríos y Sigifredo Nájera han sido las más publicitadas por el Ejército Mexicano y el presidente Felipe Calderón.
Edgardo Buscaglia, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM), considera que las recompensas pueden funcionar sólo si la base social regional, que ya está focalizada y que protege a los capos, es neutralizada en sus zonas de influencia.
–¿Eso quiere decir que el programa de recompensas es un instrumento desarticulado?
–Si no va acompañado de programas de prevención social que les ofrezcan alternativas a las poblaciones socialmente marginadas y contaminadas por el narcotráfico, el riesgo que corre la PGR es que nadie denuncie. Esos grupos sociales reciben dádivas, mucho billete de las organizaciones criminales, y la PGR no puede competir contra el dinero que mueven los narcos.
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