El fantasma del exterminio/Rafael Croda

El fantasma del exterminio/Rafael Croda

Revista Proceso @ 1932, 9 de noviembre de 2013

BOGOTÁ.- La Unión Patriótica (UP) –coalición política de izquierda surgida en 1985 como parte de un proceso de paz entre el gobierno y las FARC, pero aniquilada mediante el asesinato sistemático de sus dirigentes y militantes a lo largo de dos décadas– alista su regreso a la vida política de Colombia gracias a un fallo judicial que le restituyó el registro electoral.

 Del 15 al 17 de noviembre la UP realizará su V Congreso para definir la estrategia ante los comicios legislativos y presidenciales del próximo año. Omer Calderón, presidente de ese instituto político, dice a Proceso que el exterminio padecido por ese partido fue tan brutal que le costará trabajo encontrar candidatos propios para participar en las elecciones, aunque aspira a ser un actor gravitante en ellas.

 “La mayoría de nuestros cuadros y dirigentes políticos que pudiesen ser candidatos fueron asesinados”, afirma.

 La devolución del registro a la UP –retirado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2002– tiene lugar cuando representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sostienen en la capital cubana unos diálogos de paz que aspiran a poner fin a un conflicto armado interno cuyo saldo es de 220 mil muertos en 54 años.

Para José Mario Aguilera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la rehabilitación electoral de la Unión Patriótica “es un anuncio muy importante y oportuno para los negociadores de La Habana, que el pasado miércoles 6 lograron un acuerdo sobre la incorporación de las FARC a la vida política legal.

“Con el restablecimiento de la personería de la UP, las FARC pueden revivir una experiencia política exitosa que en su momento fue aplastada por los enemigos de la paz”, afirma Aguilera.

Las FARC, asegura Calderón, tienen sus propias estructuras políticas clandestinas, las cuales “en un escenario de paz podrán tener algún desarrollo en la vida legal. Su participación o no en la UP, en la eventualidad de un acuerdo de paz, es algo que ellos (los jefes guerrilleros) tienen que resolver”.

Venganza política

 La UP nació hace 28 años como resultado del primer proceso de paz entre el gobierno de Colombia, que encabezaba Belisario Betancur, y las FARC. El partido político aglutinó a militantes y dirigentes de los partidos Comunista, Liberal y Conservador, así como a movimientos políticos regionales, organizaciones sociales y sindicales y guerrilleros desmovilizados de dos frentes del Ejército de Liberación Nacional, de la Autodefensa Obrera y de las propias FARC.

 En los comicios de 1986 –su primer año de participación electoral– la UP se reveló como un fenómeno político cuando su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, tuvo la tercera votación más alta y logró la elección de cinco senadores, diputados nacionales (entre ellos el hoy delegado de las FARC en La Habana, Iván Márquez), 14 locales, 23 alcaldes y 351 concejales municipales.

 Un año después ya habían sido asesinados 396 militantes de la UP, entre ellos Pardo Leal, dos senadores, dos diputados nacionales, cinco locales, 45 concejales y cuatro alcaldes. En junio de 1987 las FARC y el gobierno de Betancur suspendieron los diálogos y los guerrilleros desmovilizados se retiraron de la UP y volvieron al monte. Uno de ellos fue Márquez.

 A esas alturas el partido de la izquierda colombiana se había consolidado como la tercera fuerza políticas del país, detrás de los tradicionales partidos Liberal y Conservador, y era víctima de una campaña de exterminio sistematizado por parte de paramilitares aliados con organismos de seguridad del Estado y con dirigentes políticos regionales.

 En medio de la guerra sucia en su contra, la UP logró otro triunfo electoral en 1988 al obtener 95 alcaldías con candidatos propios y en coalición con otras fuerzas. Sus alcaldes llegaron a gobernar casi la mitad del país.

 “Demostramos que es falso que la izquierda no sabe gobernar y ninguno de nuestros congresistas, alcaldes y concejales se enriqueció. Esto asustó a las fuerzas tradicionales y la respuesta fue el genocidio. Políticos, paramilitares, organismos de seguridad, terratenientes… todos se articularon en función de liquidar lo que ellos consideraron una amenaza. Todos a una, como en Fuenteovejuna”, dice el presidente de la UP.

 En 1990 fue acribillado a tiros en el aeropuerto de Bogotá el líder y candidato presidencial del partido, Bernardo Jaramillo, quien había condenado repetidamente la vía armada como forma de lucha, pese a lo cual amplios sectores lo presentaban como un aliado incondicional de las FARC.

 “Ese fue un argumento persistente de la derecha: que la UP era el brazo político de las FARC. Este fue un recurso retórico para justificar el genocidio, pero la UP nunca combinó todas las formas de lucha. Si hubiera sido un grupo armado no lo habrían exterminado”, considera Aguilera.

 La Corporación Reiniciar documentó 3 mil 186 asesinatos de militantes y dirigentes de esa organización política entre 1984 y 2006, así como la desaparición de otros 514, mientras 2 mil 300 más debieron exiliarse o huyeron de sus comunidades. La justicia colombiana sólo ha emitido 265 condenas por esos asesinatos, lo que significa que 91.6% permanece en la impunidad.

 Calderón afirma que en los primeros años del genocidio “la estrategia nuestra era resistir y lograr más y mejores triunfos por la vía electoral para revertir esa política de aniquilación; pero las fuerzas del exterminio fueron superiores por todos los dispositivos de impunidad que tuvieron a su alcance”.

 En 2002 la UP decidió no presentarse a los comicios legislativos por falta de garantías, lo que le impidió obtener los 50 mil votos mínimos establecidos por ley para conservar el registro electoral, el cual le fue retirado por el CNE meses después.

Vuelta, pero con garantías

En una sentencia emitida el pasado julio, el Consejo de Estado –máxima Corte contencioso-administrativa– ordenó al CNE devolver la personería jurídica (registro electoral) a la UP con el argumento de que su pérdida no obedeció a la falta de apoyo popular, sino a “la total imposibilidad de ese partido para presentarse a las elecciones al Congreso de la República de 2002 en igualdad de condiciones a los demás partidos y movimientos políticos, en cuanto al goce de las garantías para la preservación de la vida e integridad personal de sus directivos, militantes y simpatizantes”.

Según el veredicto judicial, el Estado incumplió el compromiso asumido en 1985 de otorgar a la UP y a sus dirigentes “las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral”.

Los negociadores de las FARC en La Habana dijeron que el exterminio de la UP ha sido uno de los temas tratados con los representantes del gobierno. De hecho, el acuerdo de “Participación Política” que lograron el pasado miércoles 6 prevé “un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política” que tendrá como fundamento el respeto por la vida a fin de evitar un nuevo genocidio.

El tema pesa tanto en las negociaciones de paz, que la guerrilla habla de “dejación de las armas” en el marco de un acuerdo definitivo de paz, mas no de entregar las armas al Estado, lo que será un punto de enorme debate en los diálogos de La Habana.

El historiador y concejal independiente por Bogotá, Juan Carlos Flórez, sostiene que el exterminio de la UP “mató la posibilidad de que Colombia pudiera cambiar en los ochenta las balas por los votos, porque el asunto de fondo era, como hoy, ver si el país podía acabar con la guerra y se podía dar vuelta a esa página, pero fuerzas muy tenebrosas se encargaron de impedirlo”.