Petrobras, ejemplo... de lo que no debe hacerse/Jenaro Villamil

Petrobras, ejemplo... de lo que no debe hacerse/Jenaro Villamil

Revista Proceso # 1932, 9 de noviembre de 2013

Cuando un gobierno convoca a empresas extranjeras a compartir la producción o las utilidades en el rubro energético, se está perdiendo el poder como nación, sostiene Paulo Smith Metri, experto que trabajó para la brasileña Petrobras, en entrevista realizada al mismo tiempo que el diario The Wall Street Journal difundía la versión de las negociaciones privadas entre el PRI y el PAN para que la reforma energética incluya “producción compartida”. Según el experto, las autoridades de su país hicieron un “mal negocio” al entregar en bandeja a las trasnacionales un campo petrolífero cuyas reservas seguras ascienden a 10 mil millones de barriles.

“No somos ejemplo de lo que (México) debe hacer en materia petrolera. Por el contrario, en Brasil existen fuertes protestas contra los contratos de producción y de utilidad compartida recientes”, advierte el ingeniero Paulo Smith Metri, quien trabajó para Petrobras y actualmente es consejero del Club de Ingeniería de su país.

 Experto en exploración de campos profundos y en los modelos de contrato que se han impulsado en esa nación, Smith Metri pone como ejemplo el caso reciente de las protestas sociales generadas por la licitación del campo petrolífero de Libra –zona de aguas ultraprofundas ubicada a 170 kilómetros de Río de Janeiro– adjudicada el pasado 21 de octubre a un consorcio formado por Petrobras (40%), la trasnacional holandesa-británica Shell y la francesa Total (20% cada una) y las chinas CNPC y CNOCC (10% cada una).

 La concesión de Libra se considera la mayor licitación para extraer petróleo en la historia de Brasil. Según la Agencia Nacional de Petróleo, sólo ese yacimiento alberga entre 8 mil y 12 mil millones de barriles de reserva, lo que duplicaría las reservas del país sudamericano, que ascienden a 18 mil millones de barriles. Se prevé que produzca hasta 1.4 millones de barriles por día y el consorcio se comprometió a pagarle al Estado brasileño 41.65% de las utilidades.

 “Es un pésimo negocio para el Estado brasileño. No había necesidad de licitar un campo con una reserva de 10 mil millones de barriles de petróleo en promedio, donde la explotación no representa ningún riesgo de no encontrar petróleo. Fue un manjar puesto para las trasnacionales”, advierte Smith Metri en entrevista con Proceso poco antes de su participación en la XIV sesión del debate sobre la reforma energética organizada por la bancada del PRD en el Senado.

 El caso referido, sentencia, “es un ejemplo de lo que no debe hacerse. Si un país concesiona las reservas petroleras, pierde el poder estratégico que representa el petróleo. No es un asunto de tecnología o de recursos, sino de soberanía.

 “En todo caso, Brasil es un ejemplo de cuánto perdemos de reservas, de ganancias, de integración regional y de soberanía por abrir las licitaciones a compañías privadas que van ya sobre seguro.”

 La reflexión de Smith Metri ocurrió la misma semana que el periódico estadunidense The Wall Street Journal publicó la versión acerca de una supuesta negociación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la cúpula del PAN para que la reforma energética en México no se limite sólo a los contratos de utilidad compartida (contenidos en la propuesta original del Ejecutivo federal), sino que incluya los contratos de producción compartida y concesiones, tal como se aplicaron en Brasil desde la reforma constitucional de 1995.

 La semana pasada los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Senado negaron que tales negociaciones se hayan realizado, aunque el representante de los panistas, Jorge Luis Preciado, admitió que fue él quien explicó al diario estadunidense que la iniciativa de su partido prevé la figura de las concesiones.

 En su discurso en el evento “México 2013”, organizado por la revista británica The Economist, Peña Nieto no negó las versiones publicadas por The Wall Street Journal; más aún, reafirmó que de no lograrse la reforma constitucional de los artículos 27 y 28 este año, el país “perderá competitividad”. Y puso como ejemplo a Brasil.

 “Así ocurrió en Brasil, así ocurrió en Colombia que, prácticamente, duplicaron la exportación y, sobre todo, los niveles de producción petrolera, precisamente a través de haber modificado su andamiaje jurídico. Y México se mantuvo frente a esto pasivo y rezagado”, afirmó.

 Presiones de las trasnacionales

“En Libra hubo una presión directa de los gobiernos estadunidense y británico representando a las empresas privadas directamente, frente al gobierno de Dilma Roussef”, especifica Smith Metri.

Desde algunos días antes del 21 de octubre, más de mil militares acordonaron la zona del hotel Windsor, en Barrada Tijuca, Río de Janeiro, donde se daría a conocer el resultado de la licitación más grande en la historia de Brasil. Cientos de personas protestaron por el “regalo” a las trasnacionales.

Ildu Sauer, exdirectivo de Petrobras y actual secretario del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, destacó que no se trataba de una licitación, sino de “una entrega a manos privadas” de la soberanía petrolera brasileña. Sauer encabezó un litigio ante tribunales para echar abajo la licitación, con el argumento de que el Estado perderá miles de millones de dólares.

“El 21 de octubre será recordado en Brasil como un gran delito contra la nación”, declaró Sauer a la prensa especializada.

A su vez, la directora de la Agencia Nacional de Petróleo, Magda Chaimbriard, defendió la licitación al consorcio formado por Petrobras y cuatro trasnacionales, pues, afirmó, era “una excelente oportunidad de acelerar el desarrollo industrial del país y el crecimiento del empleo” porque aplicarían 75% de las utilidades del Presal (como se le denomina a los campos petroleros brasileños que están en aguas profundas) a la educación y 25% al sector de la salud.

 Smith Metri rebate ese argumento: señala que Shell ya había tenido a su cargo ese campo y lo devolvió a las autoridades, después de que abandonó su exploración. Fue Petrobras, puntualiza, la que invirtió alrededor de 60 millones de dólares para explorar los campos conocidos como Presal y garantizó que la explotación sería rentable.

 “No hay necesidad de regalar así el petróleo”, indica. También recuerda que Shell, Total y las dos compañías chinas son las mismas que operan la explotación de campos petrolíferos en Nigeria, Gabón y Etiopía, donde han cometido “verdaderos crímenes contra la población por el dominio del petróleo”.

 “Los técnicos conscientes de la riqueza que representa el campo de Libra y del valor estratégico de tener el control sobre el petróleo respectivo saben que debió ser entregado a Petrobras, mediante el contrato de repartir, sin previa licitación, haciendo uso del artículo 12 de la ley 12.351.

 “Además, esta entrega no debió hacerse ahora, y sí en la época en que esta empresa ya estuviera cosechando los ingresos de las varias inversiones hechas en el Presal y en otras áreas. La sociedad brasileña tiene el abastecimiento seguro del petróleo para los próximos 40 años gracias a Petrobras; entonces, no hay prisa para explotar el Presal”, abunda el experto.

 En contraste con el caso Libra, Smith Metri pone como ejemplo las reservas del campo Tupi (hoy rebautizado como Lula, en honor al expresidente), donde Petrobras invirtió 260 millones de dólares para explotar en aguas profundas, cantidad que ninguna empresa privada estuvo dispuesta e invertir. Tupi es explotado por Petrobras.

 “En Brasil, las empresas extranjeras no pretenden descubrir nuevas reservas: quieren desarrollar la explotación del petróleo ya descubierto por Petrobras, que es el que sabe cómo llevar a cabo la exploración y determinar las nuevas reservas”, argumenta.

Los errores de una apertura

“México no debe seguir el ejemplo del cambio constitucional que impuso Fernando Henrique Cardoso en 1995”, indica Paulo Smith Metri en referencia al cambio que abrió la industria petrolera de Brasil a las empresas privadas, en quebranto de la ley que reservaba el monopolio de la producción petrolera a la compañía estatal.

En el país sudamericano, la industria petrolera quedó en el ámbito estatal desde la ley de 1953, que estableció el monopolio de Petrobras, resultado del movimiento social conocido como El Petróleo es Nuestro. Las presiones de las trasnacionales, a las que el general Getulio Vargas llamó “aves de rapiña” en su carta testamento, no se hicieron esperar.

Desde 1960, Petrobras logró la autosuficiencia en inversión, investigación científica y tecnología, sobre todo en exploración en aguas profundas.

En 1995, el presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó una reforma constitucional para pasar del monopolio estatal al modelo de contratos con entidades privadas, vía concesiones. Pero ninguna empresa privada, sostiene Smith Metri, “descubrió reservas nuevas; todas fueron exploradas por Petrobras”.

Añade: “Cardoso agarró el peor modelo: el de las concesiones al ciento por ciento, porque con éste se pierde todo el poder del Estado y no benefició en ninguna tecnología”.

Petrobras fue la única compañía que comenzó a desarrollar investigación y exploración en aguas profundas, con una calidad superior a Shell y a otras firmas privadas. En 2006 se descubrió que los campos de Presal, de gran profundidad, pueden contener entre 40 mil y 100 mil millones de barriles de petróleo de reserva, colocando al país sudamericano entre las naciones con mayor volumen de reservas.

Durante el gobierno de Lula, ante la falta de inversión por parte del capital privado, y a pesar de las enormes concesiones otorgadas, el Congreso aprobó un nuevo marco regulatorio, la ley 12.351, mediante el cual se modificó el régimen de concesiones y se añadió el de utilidad compartida.

Desde entonces, Brasil tiene dos modelos: el de concesiones y el de utilidad compartida.

Esa reforma dispuso que con las utilidades de la explotación petrolera se constituyera un fondo destinado a programas sociales. La nueva legislación impulsada por Lula determinó que Petrobras fuera la operadora única de los campos de Presal en aguas profundas, asociada a empresas extranjeras. Para 2012, las reservas probadas de petróleo y gas en Brasil ya ascendían a 17 mil 260 millones de barriles, de los cuales 15 mil 720 millones eran “suficientes para el abastecimiento del país por 17 años”, argumenta Smith Metri.

Actualmente, bajo el esquema de contratos de utilidad compartida existen en ese país cerca de 12 pozos en perforación, de los cuales el más importante es el de Libra, que se entregó en condiciones muy favorables a un consorcio en el que Petrobras no tendrá el control más que de 40%.

Smith Metri precisa que en su país no se ha explotado el shale gas o gas de lutitas –que se plantea como modelo de negocio privado en México– porque la Sociedad Brasileña del Progreso de la Ciencia (BPC) determinó que la explotación podría afectar la cuenca acuífera del Guaraní.

 –¿Cómo se ha manifestado el fenómeno de la corrupción en Brasil desde la apertura? –se le pregunta.

 –La corrupción no se dejó atrás. Al contrario, ahora tenemos una corrupción legalizada, que es aquella que permite que el petróleo se vaya al extranjero y no se quede en Brasil.

 –¿Qué es lo que no se debe hacer, de acuerdo con la experiencia brasileña?

 –No se debe cambiar de un monopolio estatal a un oligopolio privado.

 –¿Por qué?

 –Porque un monopolio estatal tiene más responsabilidad y más posibilidades de control por parte del gobierno que un oligopolio privado. Además, se pierde algo muy importante: el poder. Cuando tú llamas a empresas extranjeras a compartir la producción o las utilidades, estás perdiendo el poder como nación.