En evidencia, las miserias de la justicia penal: ex ombudsman

En evidencia, las miserias de la justicia penal/

GLORIA LETICIA DÍAZ, reportera.

Proceso #1942, 18 de enero de 2014;

A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la liberación de Florence Cassez, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda Solórzano, sostiene que en México las instituciones requieren “revoluciones profundas” para alcanzar “un sistema de justicia honorable”.

Autor del libro ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo (Grijalbo, 2013), De la Barreda comenta a Proceso que el caso Cassez puso en evidencia las fallas de las instituciones procuradoras de justicia, las cuales se lanzaron como “jauría” contra la acusada. Lo grave es que, al final de la historia, quedaron “muy mal paradas”.

 En ese papel quedaron “la AFI (Agencia Federal de Investigación), responsable de la detención de Florence Cassez) y las tres instancias judiciales que la condenaron prácticamente a cadena perpetua”.

Según el exómbudsman capitalino “sólo se salva de esta catástrofe, de esta podredumbre jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no podemos dejar de lamentar que la resolución no se haya emitido durante el gobierno de Felipe Calderón”.

El exdirector del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad también habla de TV Azteca y Televisa que participaron en el montaje de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, así como de la animadversión contra Cassez mostrada, dice, por “90% de los medios y líderes sociales”, entre ellos Isabel Miranda de Wallace, la organización Alto al Secuestro, los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) José Luis Soberanes y Raúl Plascencia, así como el exómbudsman del Distrito Federal Emilio Álvarez Icaza.

Todos ellos, dice, “se sumaron al linchamiento contra la acusada sin conocer el expediente, lo cual ya es grave; o se negaron a ver anomalías e inconsistencias que eran muy notorias, siguiendo una tendencia muy recurrente a lo largo de la historia de una multitud que se vuelve una jauría contra un acusado”.

En su momento, recuerda, Soberanes y Álvarez Icaza se manifestaron en contra de que Cassez compurgara su sentencia en Francia conforme al Tratado de Estrasburgo.

Plascencia, a su vez, pidió a los ministros de la primera sala de la SCJN que “fuera una resolución que se orientara a favor de las víctimas, no en el sentido de las pruebas existentes sino en contra de la acusada”.

Durante los años que duró “el juicio del siglo”, De la Barreda defendió el principio de presunción de inocencia y consideró insostenibles las pruebas formuladas contra la francesa, sentenciada primero a 96 años de prisión y después a 60. “Ningún otro caso”, dice, “ha provocado tanta atención y desatado tantas pasiones como el de Cassez”.

En su libro de 150 páginas divididas en 12 capítulos, el exómbudsman capitalino revisa de manera sucinta la indagatoria: las tres sentencias que mantuvieron a Cassez en prisión siete años; la solicitud de su defensa, encabezada por Agustín Acosta, para que la SCJN asumiera el caso; el proyecto del ministro Arturo Zaldívar de marzo de 2012 y la resolución final de enero de 2013 dirigida por la ministra Olga Sánchez Cordero.

El caso llamó su atención, relata, desde que vio a Cassez en la televisión: “No tenía facha de secuestradora; más bien parecía una madona del Greco, joven, alta y esbelta”. Se interesó más en ver la respuesta de los diversos actores sociales y políticos en Francia y México –sobre todo de los presidentes Nicolas Sarkozy, Francois Hollande y Felipe Calderón– y de la opinión pública en ambos países.

“Las reacciones oscilaron entre la ira y el júbilo”, comenta.

Juicios por consigna

En lenguaje llano, De la Barreda desmenuza las pruebas presentadas por la PGR contra Cassez y exhibe las contradicciones de los testimonios de sus tres principales acusadores: Cristina Ríos, Christian Ramírez y Ezequiel Elizalde, así como los asentados en actas judiciales y los públicos. Y concluye: “Los testigos víctimas mintieron”.

Según De la Barreda, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las presuntas víctimas colaboraron con las autoridades para hundir a Cassez “por gratitud” a los uniformados que las liberaron; o bien porque, asegura, los policías estaban convencidos de la responsabilidad de Israel Vallarta y Florence Cassez, aun cuando no pudieron comprobar su presunta relación.

“Aunque suene novelesco, podría tratarse de una venganza privada por motivos ignotos –y quizá contra una persona que no tenía que ver con tales motivaciones–, para la cual un personaje poderoso habría contado con los servicios de agentes sin escrúpulos. Las víctimas, reales o no, pudieron ser sobornadas o coaccionadas para participar en tan truculenta intriga”, escribió De la Barreda.

En entrevista, el primer ómbudsman del Distrito Federal sostiene que el caso Cassez demostró una vez más que en México hay juicios de consigna, es sistemática la fabricación de culpables y los funcionarios responsables permanecen impunes.

“¿Por qué un juez y los magistrados que conocieron (el expediente) en la primera y segunda instancias la condenaron a pesar de las contradicciones tan evidentes?”, se pregunta.

“Sólo hay dos posibles explicaciones: una, que no revisaron con cuidado el expediente, lo cual sería imperdonable por lo que estaba en juego: la libertad de una mujer en la flor de la edad; dos, porque se dejaron presionar por el entorno pasional o por las propias declaraciones del entonces presidente de la República (Calderón), quien se puso en papel de Ministerio Público.”

–¿En su investigación logró descifrar qué hubo detrás de esta consigna? –se le pregunta.

–No lo sé. Eso tendría que ser producto de otra investigación, pero no es inusual que en México se hagan falsas acusaciones, armadas de manera fraudulenta. Eso ha sido una constante. Nuestro Ministerio Público es terriblemente ineficaz y con frecuencia recurre a esa canallada de fabricar culpables.

–¿Se pretendía proteger a quien fuera director de la AFI: el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna?

–No, porque podemos enumerar muchísimos casos de fabricación de culpables y la constante es que los culpables quedan totalmente impunes.

 El entrevistado se explaya:

“No hubo ningún castigo para el doctor Samuel I. del Villar y los funcionarios que armaron todas las acusaciones respecto al caso Stanley (asesinado en junio de 1999), una acusación fraudulenta muy burda; no hubo ningún castigo para Chapa Bezanilla con todo aquel escándalo de La Paca; tampoco se castigó a quienes mantuvieron presos a los indígenas acusados de la matanza de Acteal, ni para el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Ignacio Carrillo Prieto).

“En fin, se puede acusar falsamente en México, inventando pruebas, inventando hechos y esto puede permanecer en la total impunidad. Lo más triste en el caso Florence es que la fabricación haya sido convalidada por tres instancias judiciales.”

Especialista en seguridad y derechos humanos, De la Barreda critica en su libro al actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien, dice, interpuso sendas denuncias contra los funcionarios que participaron en el montaje contra Cassez días después de darse el fallo definitivo de la SCJN; es decir, tres años después de estar al frente de la comisión y tras siete de que la operación de García Luna y las televisoras fuera un escándalo dentro y fuera de México.

De la Barreda compara el caso Cassez con el de Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, de origen judío y acusado de espionaje a favor de Alemania en 1894, quien fue deportado a la Isla del Diablo en la Guyana Francesa y cuyo juicio dividió a la sociedad gala durante 12 años. Y expone en su libro: el de Florence “es sólo un ejemplo más de las miserias del sistema de justicia penal en México”.

También alude al caso del indígena chiapaneco Alberto Patishtán Gómez, encarcelado 12 años por un homicidio que nunca se le comprobó. “Eso habla”, dice, “de un Poder Judicial en el cual no está garantizando el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia; tampoco los derechos humanos del acusado.

“La SCJN no conoció del caso porque procesalmente no le correspondía, y como último recurso se tuvo que reformar la ley para que el presidente pudiera liberarlo (a Patishtán). No es la Corte la que falló, sino el conjunto del sistema judicial.”

Para De la Barreda este escenario obliga a pensar en una “revolución copernicana en las instituciones: tener un Ministerio Público que investigue objetiva y honestamente, dé con los verdaderos culpables de los delitos y no los fabrique; tener jueces que asuman su delicadísima función de decidir por la libertad o prisión de un acusado”.

Con motivo del aniversario de la liberación de la francesa tras la intervención de la SCJN, el autor de ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo considera que es prematuro saber si esa decisión removió las estructuras del sistema judicial mexicano.

“Es probable que en estos momentos haya muchos inocentes en la cárcel, cuyos casos no conocemos porque no son extranjeros (ni fueron defendidos por su embajada); porque no han llegado a la Corte o porque no hubo plumas, aunque sea minoritarias, que los defendieran.

“Lamentablemente tendrá que venir otro caso así tan sonado como el de Florence para que nos demos cuenta si el Ministerio Público y los jueces están actuando de una manera distinta.”