Los Vallarta: Los olvidados del caso Cassez

Los olvidados del caso Cassez/DELPHINE RIGAUD,  corresponsal en México de la cadena de prensa francesa BFM TV.

Revista Proceso # 1942, 18 de enero de 2014;

Perdida su historia en el alboroto mediático y político del caso Florence Cassez, Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos –supuestos cómplices de la francesa en la banda Los Zodiaco– siguen encarcelados en penales de máxima seguridad. No han recibido sentencia en primera instancia y sus procesos están estancados. De sus expedientes se desprende que fueron sometidos a torturas y que sus casos están plagados de violaciones al debido proceso. Esto último, clave para liberar a Cassez, en los Vallarta no se ha aplicado. La liberación de la francesa no ha tenido efecto alguno sobre sus destinos.

El 23 de enero 2013, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, miraba las pantallas más cercanas de la Primera Sala en espera de una decisión que podría cambiar el futuro de su familia: el otorgamiento del amparo liso y llano a favor de Florence Cassez.

Su apellido alimentó durante años las portadas de los medios de México desde que el 8 de diciembre de 2005 la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizó el montaje de la detención de su hermano Israel y de la novia de éste, Florence Cassez.

Pero los periodistas que siguieron la sesión de la Suprema Corte de Justicia no advirtieron su presencia. Su rostro no era conocido por la prensa. De hecho los medios han ignorado el destino de la familia Vallarta, la otra cara del caso Cassez.

Cuando los ministros votaron la absoluta e inmediata liberación de la francesa, Guadalupe pensó ingenuamente que Israel, sus hermanos René y Mario y tres sobrinos, Alejandro, Juan Carlos y Sergio Cortés Vallarta, se verían beneficiados por el fallo, pues también fueron encarcelados sin pruebas, sometidos a torturas y sujetos a un linchamiento mediático.

 Un año después de la liberación de Cassez nada ha cambiado para los Vallarta, acusados junto con ella de formar parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Doble rasero

Calificados como miembros de una familia de secuestradores, ignorados por los intelectuales y juristas quienes un día agitaron la bandera del debido proceso, ninguno de los Vallarta ha sido juzgado siquiera en primera instancia después de ocho años de que se inició la acusación en su contra. Todos están en cárceles de máxima seguridad: Israel en el Altiplano y el resto en el complejo penitenciario de Tepic. Sus procesos judiciales están en un punto muerto y sus nombres quedaron ocultos por el alboroto mediático y diplomático del cual sólo se benefició Cassez.

No es una sorpresa. En los días siguientes a la liberación de la francesa se observaron signos que ya indicaban que los Vallarta iban a sufrir la indiferencia general, incluida la de los más altos representantes de la justicia mexicana.

Olga Sánchez Cordero, la ministra que propuso la liberación de Cassez por la violación de sus derechos consulares y por el “efecto corruptor” del montaje televisivo realizado por el exdirector de la AFI y exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró el 26 de enero de 2013 a los medios: “Vallarta tiene otros procesos abiertos y a diferencia de Cassez no tiene (que recurrir a la) ayuda consular (…) No es una situación que pudiera prevalecer para otros de los secuestradores” de la banda Los Zodiaco.

Sin embargo ninguna resolución de la justicia mexicana ha reconocido la culpabilidad de los Vallarta como organizadores de secuestros. Incluso, en junio de 2011, el juez primero de distrito de Procesos Penales en Nayarit, José Clemente Cervantes, descartó por incongruentes los testimonios de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Christian, dos de las supuestas víctimas secuestradas en el rancho de Israel Vallarta (Proceso 1890).

En una entrevista con Radio Fórmula, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, explicó el 26 de enero 2013: “No sucedió lo mismo (con Israel Vallarta). En donde se plantean todas estas fallas procesales es precisamente en este caso (de Cassez). En los otros casos (de la banda) hay otras evidencias de otro tipo; aquí lo que deciden los ministros es que las evidencias, con los errores de procedimiento, quedan desvirtuadas”.

Sin embargo, contra lo que afirmó Murillo, los expedientes de los Vallarta han mostrado que también en éstos han abundado los “errores de procedimiento”.

La acusación contra Israel Vallarta está basada principalmente en su declaración ministerial del 9 de diciembre de 2005, en la cual reconoció los secuestros. Sin embargo se retractó de ella en su segunda declaración, el 9 de marzo de 2006. Argumentó que la primera declaración fue arrancada mediante tortura.

Ello fue reconocido oficialmente por dos peritos los días posteriores a su detención. Uno, de la Procuraduría General de la República, constató que “equimosis violáceas” cubrían el cuerpo de Vallarta. Y el 12 de diciembre de 2005, en un reporte en relación con el folio 57768-57769, el doctor Gerardo Montfort Ramírez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enlistó 16 tipos de lesiones, entre ellas varias en la zona inguinal “compatibles con lesiones producidas con un objeto transmisor de corriente eléctrica”.

En su declaración del 9 de marzo de 2006 Israel Vallarta describió, además de la tortura, el chantaje padecido durante su detención; agentes de la AFI le “(decían) que (a Cassez) la estaban tratando igual que a mí, describiendo que ella tenía muy bonita ropa interior (…) La persona que se acercaba a mí me dijo: ‘Si haces lo que se te dice, tu novia se va’. Yo acepté”.

Esa confesión obtenida bajo coacción y tortura va contra el debido proceso.

Cuando los policías y las cámaras de Televisa y TV-Azteca penetraron en el rancho Las Chinitas para liberar a las supuestas víctimas, el caso de Vallarta sufrió, tanto como el de Cassez, el “efecto corruptor” del montaje televisivo, lo cual derivó en perjuicio al principio de la presunción de inocencia.

Así, lo que prevaleció en el caso Cassez­ no se ha aplicado en el caso Vallarta.

Si la cuestión política y diplomática parece evidente en la resolución del caso Cassez, ni el montaje ni la tortura despertaron la duda de los defensores del debido proceso. En todo caso, no fueron suficientes para que se interesaran o se expresaran sobre el caso Vallarta.

De hecho, los mismos mecanismos de fabricación de pruebas y de creación de una historia mediática se aplicaron a los Vallarta. En las semanas posteriores a la liberación de la francesa, durante una reunión de personas que participaron en su defensa jurídica y mediática, Agustín Acosta, abogado de Cassez, recordó en un discurso improvisado que todavía quedaban personas en la cárcel y un drama humano estaba ocurriendo.

El comentario no tuvo efecto pese a la presencia de los más importantes juristas del país, provocando que se pensara que hay más lucimiento en resolver un caso internacional y altamente político que seguir el caso de una familia anónima.

Pistas ignoradas

Además de las tres supuestas víctimas liberadas en el rancho Las Chinitas, Israel enfrenta otra acusación de secuestro: el que se cometió contra Valeria Cheja Tinajero a principios de septiembre de 2005.

En su declaración ministerial del 4 de diciembre de 2005 (clasificada con el número PGR/SIEDO/UEIS/190/2005), la joven sostiene haber reconocido en el tráfico del Distrito Federal el auto marca Volvo de color gris plata en el que había sido secuestrada. Valeria estaba entonces acompañada por agentes federales quienes le habían pedido reconocer la zona de su secuestro. Ese auto habría permitido a la policía dar con la pista de Israel Vallarta.

En las fotos que la policía presentó a Valeria para que reconociera al conductor del vehículo, éste llevaba una barba de candado. Pero en las fechas que indica la joven, la familia de Vallarta asegura que Israel estaba afeitado. Además Israel declaró que durante ese tiempo el auto se encontraba inmovilizado en un taller mecánico.

Vallarta también demostró que se encontraba en Guadalajara cuando sucedió el supuesto secuestro de Valeria. El consulado de Estados Unidos en esa ciudad confirmó que en esas fechas tramitaba una visa.

Tal como ocurrió en el caso de la ciudadana francesa, la policía descartó o ignoró pistas que apuntaban a otros personajes implicados en el caso. En su declaración del 4 de diciembre de 2005, Valeria Cheja no menciona en particular a Israel Vallarta. Subraya en cambio que reconoció a otros dos hombres, quienes nunca fueron investigados por la policía: los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho.

En sus primeras declaraciones ministeriales Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian –supuestas víctimas liberadas por la AFI en el montaje para las televisoras– no mencionan a Cassez ni a Israel Vallarta como partícipes en su secuestro,  sino a los hermanos Rueda Cacho.

Sin embargo cambiaron su versión para implicar a Vallarta y a Cassez sólo después de que ésta desenmascaró durante el programa Punto de partida (5 de febrero de 2006) el montaje televisivo realizado por la AFI. Así, convocadas varias veces después por el Ministerio Público, las supuestas víctimas declararon que reconocían a la ciudadana francesa y a Vallarta, dejando fuera los nombres de los Rueda Cacho.

El otro testigo que incrimina directamente a Israel Vallarta es Ezequiel Elizalde Flores, tercera supuesta víctima liberada en el rancho Las Chinitas.

Elizalde reconoció la voz de Vallarta desde su primer testimonio ante la policía. En su declaración del 9 de marzo de 2006, Israel cuenta cómo también reconoció la voz de su acusador. En ese momento, Elizalde estaba siendo torturado en las oficinas de la SIEDO.

Dice Vallarta en su declaración ministerial: “Escuche a otra persona (Elizalde) quejándose porque la estaban golpeando, y él gritaba que él sólo había participado un par de veces y que sólo hacía plática con las personas, haciéndose pasar por otro secuestrado (…) Él se había autosecuestrado porque necesitaba dinero para el hospital de su esposa”.

Cuando se calmaron los gritos, la funcionaria que tenía a Vallarta a cargo le dijo: “Ya ves pendejo, aquel pagó y ya se lo llevan. Acepta la propuesta que te van a hacer”.

En su papel de acusador, negociado con la policía, Elizalde se transformó en un actor clave para la detención de los otros miembros de la familia Vallarta. Proceso (número 1890) cita documentos de investigaciones judiciales a partir de los cuales se desprenden dos hipótesis: Elizalde era uno de los secuestradores o en su secuestro se había confabulado su propia madre, Raquel Flores Martínez.

De hecho cuando Elizalde hizo su primera declaración ministerial, el 9 de diciembre de 2005, se encontraba golpeado porque los agentes de la AFI pensaron que era cuidador de los secuestrados.

El 7 de mayo de 2009 Elizalde amplió el número de personas que, según él, eran miembros de la banda de Los Zodiaco. Incluyó a René Vallarta Cisneros, hermano de Israel, y a los sobrinos de éste, Alejandro y Juan Carlos Cortés Vallarta, quienes actualmente también están en prisión. Sin embargo varios testimonios ignorados por las autoridades aseguran que ninguno de ellos tiene el perfil de secuestrador.

Peor aun, Alejandro no vivía en la Ciudad de México en el momento de los secuestros. Trabajaba en obras de construcción en Akumal, Quintana Roo. El dueño de la empresa dio fe de ello en un testimonio público.

En realidad las detenciones de los Vallarta ocurrieron cada que había un momento importante del proceso de Florence Cassez, como si se tratara de reforzar un guión al que le faltara credibilidad.

Presentes durante las audiencias de Cassez y de Vallarta, en esos momentos ya conocidos por las autoridades, el hermano y los dos sobrinos de Israel nunca fueron buscados por la policía. Su detención ocurrió el 7 de mayo de 2009, unas semanas después de la visita a México del presidente francés Nicolas Sarkozy y de que un juez confirmó la culpabilidad de Cassez, luego de que sus abogados habían interpuesto un recurso de apelación.

El 27 de abril de 2012, siete años después de iniciado el caso, Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel, y Sergio Cortes Vallarta, su sobrino y hermano de Juan Carlos y Alejandro, fueron arrestados. Estos hechos ocurrieron cuando los padres de Cassez organizaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Por esas fechas también circulaban rumores sobre que el proyecto de resolución de la ministra Sánchez Cordero proponía la liberación de la francesa.

La prensa difundió supuestos extractos de la declaración de Mario. En ellos afirma que fue fundador de la banda de Los Zodiaco y que Florence participaba de manera muy activa en los secuestros.

Corresponsales de la prensa francesa tuvieron acceso a esta declaración. Nada de lo que se publicó en la prensa aparece en el documento oficial.

Además, testigos relataron que los agentes de la policía detuvieron con violencia a Mario Vallarta y a Sergio Cortes Vallarta, y que en los hechos se encontraba presente Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de García Luna y uno de los organizadores de la operación para detener en diciembre 2005 a Cassez y a Vallarta.

Cuando Cárdenas Palomino se dio cuenta de que vecinos lo estaban grabando con sus celulares, estalló en un ataque de ira. Guadalupe Vallarta, hermana de Mario e Israel, y la esposa de Sergio presentaron demandas ante la CNDH. No recibieron respuestas.

Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta tampoco se salvaron de la tortura. De hecho, en los expedientes de los miembros detenidos de esta familia aparecen lesiones certificadas por médicos. A René, Juan Carlos y Alejandro les aplicaron el Protocolo de Estambul, cuyo resultado reconoció un trauma provocado por torturas.

A pesar de ser protagonistas del caso Cassez y de estar en condiciones de entregar respuestas de fondo sobre el tema, los Vallarta no han podido atraer la atención de los medios ni de los defensores de los derechos humanos. Según especialistas, hasta que su caso no tenga un costo mediático para el Poder Judicial y para la vida política del país, ellos seguirán, como miles de mexicanos encarcelados, siendo utilizados por las autoridades para justificar la fabricación de culpables.