Inútil la alerta de género en Edomex: los feminicidios se multiplican

Revista Proceso # 2085, 15 de octubre de 2016..

Inútil la alerta de género en Edomex: los feminicidios se multiplican/

PATRICIA DÁVILA

El Estado de México fue la primera entidad donde se declaró la alerta de género a causa de la violencia asesina contra las mujeres, después de que dos organizaciones civiles derrotaran en juicio al gobierno federal. Sin embargo, esos crímenes siguen acumulándose, pues a decir de las activistas no se le da seguimiento a las obligaciones que la alerta implica para las autoridades estatales.

moreEl Estado de México, la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto y la que gobernó antes de lanzarse por la Presidencia de la República, es donde se cometen más crímenes contra mujeres y está bajo el escrutinio internacional después de que dos mexicanas y una española fueron encontradas muertas en su territorio.

Luego de una lucha jurídica de cinco años y medio, en julio de 2015 un juez obligó a la Secretaría de Gobernación a poner en marcha la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ese estado, el primero del país donde se implantó la medida. Le siguieron Morelos, Michoacán y Nayarit.

Pero de nada valió… Los feminicidios se multiplican igual que en los 17 estados en los que se ha negado la activación de la alerta en dos años.

El pasado 30 de septiembre, al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del quinto informe del gobernador Eruviel Ávila, el procurador general de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, expuso que del 1 de enero al 23 de septiembre del presente año su dependencia abrió 56 carpetas de investigación y calificó 176 delitos como feminicidios, es decir, casi se registró uno de estos crímenes por día.

Con base en esta cifra, y pese a la activación de dicha alerta, en 2016 se han cometido nueve asesinatos de mujeres más que en el mismo periodo de 2015. Pero, además, en los últimos meses se han extraviado 881 mujeres en el Estado de México.

El pasado lunes 3 cientos de ciudadanos protestaron en Naucalpan por el asesinato de Karen Rebeca Esquivel Espinosa, de 19 años, y Adriana Hernández, de 52, quienes fueron desaparecidas el 22 de septiembre y cuyos cuerpos se localizaron tres días después, ocultos en maletas.

La violencia de género rebasó el ámbito nacional el 15 de septiembre, cuando se encontró en Toluca, la capital mexiquense, el cuerpo de María Villar Galaz, secuestrada dos días antes en la Ciudad de México. Ella era sobrina del presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar.

María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del área de Género del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala que los índices de este delito se han incrementado porque el gobierno federal no vigila que los gobiernos estatales cumplan las recomendaciones de la alerta ni establece tiempos para que las acate.

Explica que, en el “tortuoso” caso del Estado de México, el 8 de diciembre de 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) la solicitud para que se activara la AVGM.

Desde su creación en 2009 esa instancia de la Secretaría de Gobernación asumió la presidencia suplente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

Las organizaciones civiles argumentaron que de 2005 a 2010, periodo en que Peña Nieto gobernó la entidad, se registraron mil tres feminicidios, y en seis de cada 10 de ellos los asesinos ejercieron un alto grado de violencia y les causaron a las víctimas daños como traumatismo craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia.

Los casos se concentraron en 10 municipios: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, que también aparecen en los primeros lugares en denuncias por violación sexual, pues suman 62.6% de las 4 mil 773 registradas en el estado en año y medio.

De los mil tres feminicidios registrados de 2005 a 2010, cuando las organizaciones civiles solicitaron la AVGM, en 522 casos se desconocía al responsable y el móvil del crimen. La autoridad argumentó “la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de muchas de las víctimas”.

Por esta razón la CMDPDH y el OCNF solicitaron la declaratoria en diciembre de 2010 en el estado. Sin embargo, en la sesión extraordinaria del 11 de enero de 2011 el SNPASEVM se negó a activarla. Estrada Mendoza señala que la dependencia de Gobernación emitió un acuerdo que no estaba debidamente fundado y motivado, “anteponiendo intereses políticos por encima de la vida, libertad y seguridad de las mujeres”.

En 2011 se registraron 282 asesinatos de mujeres en territorio mexiquense y aumentaron cada año hasta llegar a 396 en 2015; es decir que  desde 2010, cuando se solicitó la activación de la AVGM, hasta la fecha, se han documentado 3 mil 448 feminicidios.

En 2011 también se reportaron 569 ­desapariciones de mujeres, 62% de las cuales tenían entre 10 y 20 años.

Las autoridades estatales afirman que sólo desconocen la identidad de 99 víctimas de feminicidios registrados de 2005 a 2010, pero ese dato no es confiable porque no corresponde con la información proporcionada sobre el origen de las víctimas, donde la autoridad admite que lo desconoce en 105 casos.

De igual forma, las autoridades ignoran quiénes son los responsables en 56.72% de los crímenes de ese periodo. Sólo identificaron a los asesinos que eran conocidos de la víctima.

Resistencia oficial a la ley

El 27 de febrero de 2011, los solicitantes de la alerta presentaron una demanda de amparo contra la negativa del SNPASEVM y el 28 de noviembre de 2012  el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó el recurso. En su sentencia señaló que los integrantes del sistema no dieron lectura a la solicitud de declaratoria, sino que “simplemente” la votaron negativamente argumentando “cuestiones políticas”.

De acuerdo con el juez, “el actuar de los miembros del sistema violó la Constitución”, por lo que ordenó dejar sin efectos la negativa. Aun así, el juicio duró tres años más.

En la sesión extraordinaria del 21 de junio de 2013, las solicitantes de la activación denunciaron que el SNPASEVM incurrió en desacato, ya que su presidente, el secretario de Gobernación, y la secretaria del sistema, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se negaron a cumplir la sentencia.

El 24 de abril de 2014, Gobernación y el gobierno mexiquense agotaron sus argumentos para negar la activación de la alerta y aceptaron que existe violencia ­feminicida.

La siguiente fase del procedimiento, una investigación para determinar si se aprobaba la alerta, también fue lenta y los solicitantes recurrieron a otro  amparo “por retardo injustificado”. Por fin, 15 meses después, el 31 de julio de 2015, se emitió la declaratoria de procedencia de la AVGM.

“No es el informe que esperábamos –dice Estrada Mendoza–, aunque reconoció que existe un problema de feminicidio y falta de investigación. Además, fue la primera declaratoria en el país que reconoció el problema de mujeres desaparecidas. Es importante que la autoridad lo admita porque, de lo contrario, no hay manera de generar mecanismos de prevención y de búsqueda.”

–¿Por qué los gobiernos federal y estatal se niegan a emitir la alerta?

–Tiene que ver con la incomprensión de un mecanismo. Lo asocian a Ciudad Juárez, Chihuahua, que durante años se situó en el primer lugar en feminicidios. También porque hay un tema de machismo, pues los gobernantes aseguran que protegen a las mujeres. Consideran la alerta como una corrección a la política pública y que implica revisar a profundidad las fallas de un sistema en atención, prevención y sanción.

“Para una autoridad es duro que le digas que tienes un problema grave de desaparición y asesinatos de mujeres en la cual puede estar implicado el crimen organizado, no sólo la violencia doméstica. La autoridad prefiere invisibilizar el problema o afirmar que realiza todas las acciones para erradicarlo, pero las estadísticas muestran que en México cada día un promedio de siete mujeres son asesinadas y otras tantas desaparecen.”

La representante del OCNF agrega: “La autoridad ha generado grupos de trabajo, pero permanentemente hay cuestionamientos acerca de que no profundizan, es decir, que investigan y mandan recomendaciones generales, además de que les dan seis o hasta ocho meses a los gobiernos estatales para que empiecen a cumplirlas. Es inaudito”.

De esa forma, dice, se limitan a recomendar la publicación de un protocolo que todo el mundo va a tener, pero eso no mejora la investigación ni reduce los feminicidios.

“En el Estado de México revisamos expedientes que se tienen en reserva desde el período de Peña Nieto y de Eruviel Ávila, cuando la autoridad estaba acostumbrada a que sólo entregaba números. Ahora le exigimos indicadores de resultados, es decir, debe mostrar cuáles fueron los cambios que emanaron de los expedientes, de cada una de las reservas y metodología de la debida diligencia y perspectiva de género. De todo eso tomamos una muestra para ver si lo que hicieron es real.”

–¿Por qué sigue incrementándose la violencia de género, el feminicidio y la desaparición con todo y la AVGM en el Estado de México?

–Son problemas estructurales, graves fallas de impunidad. El estado tiene una actuación discriminatoria. No hay una metodología de investigación, no hay mecanismo de búsqueda de mujeres y dejan pasar hasta 48 horas antes de empezar a ­localizarlas: argumentan que se fugaron con el novio, cuando documentamos que el “novio” es un enganchador.

“Es un problema muy complejo. Estamos en la fase de generar las bases, pero no ha sido sencillo. Revisamos con la procuraduría, más allá de la falta de estructura humana y económica, qué genera los obstáculos en el acceso a la justicia, la causa de que la policía no investigue esos casos en un país que tiene alto índice de criminalidad, en el que a las mujeres no sólo las matan sus parejas, sino también el crimen organizado.”

El caso Morelos

El 27 de mayo de 2014, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, en representación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), solicitaron la declaratoria de AVGM en el estado de Morelos.

Después de 15 meses, el 10 de agosto de 2015, la Conavim emitió la declaratoria para los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Actualmente, 31 de los 33 municipios del estado forman parte del mapa del feminicidio.

La CIDHM plantea que entre 2000 y junio de 2013 se reportaron 530 feminicidios, a los que se sumaron 103 casos hasta febrero de 2016. García Quintanilla explica que 2012 fue el año en que se cometieron más feminicidios: 92. Relaciona el fenómeno con la llegada de militares a la entidad con el pretexto de combatir el crimen organizado.

En la solicitud de activación de la AVGM, la CIDHM señala que varias víctimas habían denunciado actos de violencia anteriores en su contra y no recibieron atención de las autoridades.

De enero de 2000 a junio de 2013 se reportaron en Morelos 273 casos de los que se desprenden 280 víctimas de feminicidios. Y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) contabiliza unas mil 500 mujeres explotadas sexualmente en esa entidad.

“A un año de (haberse declarado) la AVGM, se requiere reforzar la lucha contra el feminicidio, el cual se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. En cuanto a impartición de justicia, en los últimos meses se han emitido sólo dos sentencias, por 13 y 20 años de prisión, cuando la penalidad es de 40 a 70”, agrega García Quintanilla.

También el gobierno de Morelos ha incumplido las recomendaciones de la alerta: la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ofrecido un informe detallado de los 271 casos admitidos por el gobierno, ni mucho menos de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM cuando solicitó la AVGM.

Por cierto, cuando la fiscalía anuncia que reabrió todos los casos de feminicidio, se refirió a los 271 que reconoce, no a los 530 documentados por la CIDHM. No obstante, al comparar ambos listados se observa que coinciden en 180 casos, mientras que 89 de los crímenes reportados por la FGE no se hallaban originalmente en la Base de Datos de la comisión. Al integrar éstos, la CIDHM engrosó su lista a 619 casos, a reserva de aquellos con más de una mujer asesinada.

El 9 de marzo de 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas realizó el primer resarcimiento económico por Compensación Subsidiaria de un homicidio cometido en 2010, que reúne las características de un feminicidio.

“¡Uno de los 530!… Morelos, igual que el Estado de México, está fallando. Mientras no se conozca y reconozca el número total de feminicidios, lejos estaremos de la justicia y de la verdad como derecho humano”, explica la activista García Quintanilla.